Archive for febrero, 2013

febrero 28, 2013

Trabajadores de Huyck Wangner de Zizurkil pedirán la nulidad del ERE

Iturria: Finanzas.com – 2013/02/28

Trabajadores de la empresa Huyck Wangner de Zizurkil (Gipuzkoa), que llevan ya un mes de huelga indefinida, han anunciado hoy que pedirán en los tribunales la nulidad del ERE de extinción planteado por la compañía, que supone el despido de 75 de los 81 empleados y el cierre de la fábrica.

“Estos procesos judiciales son largos y complejos, pero estamos preparados, y tenemos sobradas razones para continuar adelante”, han advertido estos trabajadores en una rueda de prensa en Tolosa (Gipuzkoa), en la que se han mostrado convencidos de que “pronto llegarán las cartas de despido” a los 75 operarios.

En ese momento, interpondrán una demanda solicitando la declaración de nulidad del Expediente de Regulación de Empleo, ya que están convencidos de que el “partido aún no ha terminado” y de que todavía queda “una segunda parte por jugar”.

Han asegurado que “la multinacional no ha mostrado ninguna voluntad negociadora” y que la decisión de “vaciar” la planta de Zizurkil era “estratégica” con lo que únicamente se “aprovechan” de la reforma laboral para despedir ahora en “condiciones más penosas”.

De hecho, han afirmado que “todo estaba preparado desde hace tiempo” ya que, según han podido conocer, “desde el año 2010 se han traspasado de la planta de Zizurkil a la multinacional más de 5 millones de euros, los precios intercompany han sido desequilibrados intencionadamente” y se han puesto “límites comerciales muy estrictos” que perjudican a la fábrica guipuzcoana.

Pese a todo, “la planta de Zizurkil ha seguido dando beneficios año a año”, han recalcado estos empleados, que han pedido la implicación decidida de las instituciones, especialmente del Gobierno Vasco, después de que la reunión que mantuvieron con su director de Industria no haya dado “el resultado esperado”.

Los trabajadores de la antigua Perot han expresado asimismo su convencimiento de que “todavía no es demasiado tarde” y han hecho un llamamiento a participar en la manifestación que han convocado el próximo sábado a mediodía en el Triángulo de Tolosa.

La compañía comunicó el pasado mes de enero a los representantes de los trabajadores que la decisión de los despidos se había tomado debido a la excesiva inversión -entre 19 y 24 millones de euros- que supondrían renovar la obsoleta maquinaria de la planta, dedicada a la fabricación de tejidos metálicos para la industrial del papel, y a la crisis que padece el sector papelero en general y la multinacional en particular.

Los sindicatos sospechan que la intención de la multinacional es que la producción del centro de Zizurkil sea absorbida por otras plantas, sobre todo en Italia, pero también en Alemania y Austria, según denunciaron poco después de conocer las intenciones de la empresa.

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febrero 28, 2013

Personas en paro se movilizan por las pricipales calles de Bilbo en exigencia de unos presupuestos justos y solidarios

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) / Kaos – 2013/02/28

Marcha desde la Subdelegación del Gobierno de Plaza Moyua organizada por diferentes asociaciones de personas en paro y colectivos sociales de Bizkaia. Al finalizar se ha realizado una sentada ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao. En esta movilización han participado cerca de 400 personas.

Por unos presupuestos más justos y solidarios
 
A través de esta manifestación se ha denunciado que las instituciones recortan los derechos sociales y laborales; sin dar respuesta a las situaciones de paro, precariedad, desahucios y exclusión social que sufre buena parte de la población que conforma el Gran Bilbao.
Murrizketarik EZ!
Esta iniciativa surge en Bizkaia para exigir unos presupuestos más justos, solidarios y participativos. Hay que tener en cuenta la grave situación socio-económica que padece la comarca del Gran Bilbao:
-Del total de 97.761 personas desempleadas de Bizkaia, 62.324 residen en la comarca del Gran Bilbao; lo que representa el 64% del total de personas en paro. La tasa de paro es del 17’3%; de las el 54% no percibe ningún tipo de prestación o subsidio.
Según la última “Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2012” -elaborada por el Gobierno Vasco-, más de la mitad de la pobreza se concentra en Bizkaia; donde la ‘pobreza real’ alcanza al 6,1% de la población. Unas 70.000 personas sufren condiciones de exclusión social grave.
-En concreto el Gran Bilbao tiene la tasa de pobreza más alta de toda la comunidad autónoma, el 9,5% de la población se encuentra en esta situación.
Según el Consejo del Poder Judicial en los 9 primeros meses del año 2012 –últimos datos conocidos-, 2.088 familias han sido desahuciadas de sus viviendas en Bizkaia.
BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
[youtube https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kSnkUI9AexA#!]
febrero 28, 2013

Las causas reales de los recortes

Iturria: Vicenç Navarro / Publico.es 2013/02/28

Uno de los argumentos que se dan con mayor insistencia para justificar las políticas públicas de recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, es que los Estados se están gastando mucho más de lo que pueden hacerlo. Desde esta postura se argumenta que los gastos en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en escuelas de infancia y una larga lista de transferencias y políticas públicas del Estado del Bienestar han  alcanzado dimensiones que no son sostenibles para las arcas del Estado, sean éstas del gobierno central o de las Comunidades Autónomas (CCAA). De acuerdo con tal teoría, el gobierno español ha tomado la decisión de recortar nada menos que 39.000 millones de euros en 2013 que van a afectar muy negativamente a los componentes citados del Estado del Bienestar de España y de sus Comunidades Autónomas, incluyendo Catalunya. Los recortes impuestos por el gobierno central a las CCAA -que son las que gestionan la mayoría de los servicios públicos de tal Estado del Bienestar- representan un ataque frontal (y no hay otra manera de describirlo) a estos servicios públicos, que ya están entre los menos financiados de la UE-15, el grupo de países de nivel de desarrollo semejante al español, incluyendo el catalán. El gasto social (predominantemente público) por habitante en España y en Catalunya está entre los más bajos en tal comunidad. La media de la UE-17 (que es la UE-15 más Eslovaquia y Estonia) fue de 8.030 unidades de poder de compra en 2010, mientras que en España fue de 6.284 y en Catalunya de 6.563. Es decir, que tanto España en su conjunto como Catalunya gastan en protección social aproximadamente una quinta parte menos de lo que gastan los países con semejante nivel de desarrollo.

El argumento de que nos hemos estado gastando más de lo que podemos gastarnos carece pues de credibilidad científica. Mientras que el nivel de riqueza de España y Catalunya fue el 91% y el 110% del PIB del promedio de la UE-15 respectivamente, el gasto social por habitante fue sólo del 78% y del 82% del promedio de tal comunidad incluyendo también Estonia y Eslovaquia. Tanto España como Catalunya son lo suficientemente ricas como para gastar muchos más recursos de los que gastan en su Estado del Bienestar. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Los ingresos al Estado y a la Generalitat de Catalunya son más bajos de lo que les correspondería por el nivel de riqueza que tales países tienen. Mírese como se mire, el hecho es que los recortes no pueden justificarse porque nos gastemos demasiado.

La causa de tales recortes hay que buscarla en otro lugar. Y éste es, precisamente, en el enorme poder que las entidades financieras tienen, tanto en Catalunya y en España, como en la Eurozona, donde recae la responsabilidad por tales recortes. Veamos los datos. A la vez que el gobierno español quiere recortar 39.000 millones de euros, el mismo gobierno tiene pensado gastarse 38.589 millones de euros sólo en pagar los intereses de la deuda pública, intereses que han sido artificialmente elevados como resultado del diseño del sistema financiero de la Eurozona. Si el Banco Central Europeo (BCE), y antes el Banco de España, hubieran prestado desde 1989 al Estado español dinero a los mismos intereses a los que el BCE lo ha prestado a la banca privada, la deuda pública española sería hoy un 14% del PIB, en lugar del 90%. El Banco Central Europeo no es un Banco Central sino un enorme lobby de los intereses financieros. De ahí que preste dinero a un 1% a la banca privada y que sea ésta la que con este dinero compre bonos del Estado español a unos intereses del 6% y del 7%. Un negocio redondo y que la población paga a base de recortes y recortes del gasto público, incluyendo el social. Ésta es la razón de que haya tantos recortes. Y todo un tinglado ideológico se ha construido y promovido por los medios de mayor difusión a fin de justificar tal realidad. Así de claro.

Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

febrero 28, 2013

Martxoaren 2an LOMCEren aurkako manifestazioak Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan

Prentsaurreko bitartez, hezkuntzako langile, guraso eta ikasleen ordezkaritzak Hego Euskal Herriko gobernuei, alderdiei, hezkuntza eragileei eta jendarte osoari dei egin die LOMCEri aurre egitera eta gure herriak behar eta nahi duen hezkuntza indartzeko eta Euskal Herrian erabaki eta eraiki dezagun pausoak ematera. Deialdia ELA, LAB, STEE-EILAS, Ikasle Abertzaleak eta Sortzen-Ikasbatuazek egin dute, baina hezkuntza-komunitate osoari eta jendarteari egiten diote gonbitea larunbatean LOMCEren aurka kalera irteteko.

Azken urte eta hilabeteetan hezkuntza komunitatea eta euskal jendartea, orohar, izugarrizko erasoak pairatzen ari da. Espainiar Estatuko gobernuak, Nafarroako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak inposaturiko dekretuen bidez eta toki eta modu ezberdinetan ezartzen ari diren murrizketak direla eta, hezkuntzako langileak, ikasleak, gurasoak eta jendarte osoa hezkuntza kalitatearen kaltetzea eta funtsezko ditugun zerbitzu publikoen suntsiketa pairatzen ari gara.

Hartzen ari diren neurrien guztiz bestelako norantzan, Euskal Herriko hezkuntzak murrizketa neurriak alde batera utzi eta baliabide eta inbertsio handiagoak behar ditu.

Euskal Herriko hezkuntzaren eraso bide honetan azkena, eta benetan larria, Wert Hezkuntza Ministroak inposatu nahi duen LOMCE aurreproiektua da.

Asko izaten ari dira azken hilabete eta asteetan inposizio saiakera honen aurrean bere kritika eta aurkako jarrera agertzen ari diren eragile eta erakundeak. Gure ustetan, hezkuntza erreforma hau gure ikasgeletan sar ez dadin hezkuntza komunitatearen eta jendarte osoaren erantzun sendo eta zabala beharrezkoak dira.

Izan ere, gure ustetan, hezkuntza-Lege aurreproiektu horrek:

  • Estatuaren berzentralizazioa eta Euskal Herrian gure hezkuntza erabakitzerako orduan erabateko muga inposatzea bilatzen du (curriculum propioa are gehiago mugatuz, edukiak Madrildik finkatuz, ebaluazio sistemak zentralizatuz…)
  • Gure nortasun, eskubide eta hezkuntza sistemaren ardatz beharko lukeen euskarari eraso zuzena suposatzen du. Lege aurreproiektu horrekin euskara bigarren mailako hizkuntza izatera pasako bailitzateke eta hezkuntza sisteman bere ezagutza eta erabilera inola ere ez litzateke bermatuko, azken urte luzetan emaniko pausoak guztiz baliogabetuz.
  • Merkatu eta enpresen zerbitzura jarriaz hezkuntza merkantilizatzeko urrats oso larria suposatzen du, hezkuntzaren helburu beharko luken pertsonaren eta jendartearen garapena guztiz perbertituz (horen adibide dira DBHko aldaketak, hezkuntza ibilbideen aukeraketa aurreratzea, hautazko materien gutxitzea, Lanbide Heziketa birmoldatzea, unibertsitateko hauta frogak unibertsitateen esku uztea…).
  • Espainiar Estatuaren uniformazioa, espainolizazioa eta baliorik atzerakoienak oinarritzat hartuz adoktrinamentu ideologiko, politiko eta erlijiosorako bidea irekitzen du, modu berean, hezkuntza segregatzaile eta klasista bultzatuz.
  • Ikasleen garapen pertsonala, heziketa integrala eta aukera berdintasuna mugatzen du, oso goiz emaitza akademikoen baitan hezkuntza ibilbideak finkatzera derrigortuz.
  • Hezkuntza tokian tokiko beharretara egokitzeko moduak eta garapen pertsonal eta ebaluazio pertsonalizaturako aukerak mugatzen ditu eta ikastetxe eta irakasleen lanarekiko muga eta mesfidantza handitzen du, Espainiar Estatuak erabakitako irizpideen baitan derrigorrezko azterketa orokorrak ipiniz eta “kanpotik” eginiko ebaluazioak ezarriz.
  • Hezkuntza komunitatearen partehartzeko aukera eta bideak murrizten ditu, hezkuntzan eragile ezberdinen partehartzea mugatuz eta ikastetxetako kudeaketa demokratikoa oztopatuz.
  • Zerbitzu publikoak pribatizatzeko aukera areagotzen du.

Hau guztia honela, agiri hau babesten dugun eragile eta erakundeok ez dugu inola ere gure herriko hezkuntzan inolako murrizketarik onartzen eta ez gaude prest LOMCE aurreproiektuak inposatu nahi dituen atzerapausoak onartzeko. Guztiz bestela, gure hezkuntza sistemak baliabide eta inbertsio handiagoa behar ditu eta inolako injerentziarik gabe euskal hezkuntza eragileok eta euskal jendarteak erabaki behar dugu nolako hezkuntza behar eta nahi dugun. Horregatik:

  • Hezkuntza erreforma aurreproiektu honen aurka agertzen gara inposatzailea, zentralizatzailea, uniformatzailea, espainolizatzailea, atzerakoia, adoktrinatzailea, segregatzailea eta elitista delako.
  • Hego Euskal Herriko gobernuei, Nafarroako Gobernuari nahiz Eusko Jaurlaritzari, eta alderdi politikoei murrizketa politikei eta lege aurreproiektu honi aurre egitea eta gure herrian ez ezartzea eskatzen diegu.
  • Hego Euskal Herriko gobernuei, alderdiei, hezkuntza eragileei eta jendarte osoari dei egiten diogu gure herriak behar eta nahi duen hezkuntza indartzeko eta Euskal Herrian erabaki eta eraiki dezagun pausoak ematera.

Hau guztia salatu eta aldarrikatzeko, modu berezian egiten diegu dei eragile eta herritar guztiei, datorren larunbatean, martxoaren 2an, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan egingo diren manifestazioetan parte hartzera.

Manifak Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan:

Iruñean, 17:30etan Autobus Geltokitik
Bilbon, 17:30etan Jesusen Bihotzetik
Gasteizen, 19:00etan Bilbo Plazatik
Donostian, 17:30etan Bulebarretik

febrero 28, 2013

Manifestaciones 2 de marzo, en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria en protesta por la LOMCE

En rueda de prensa ofrecida el 25/02/2013, una representación las trabajadoras y trabajadores del ámbito educativo, de madres y padres y alumnas y alumnos han emplazado a los gobiernos de Hego Euskal Herria, a los partidos políticos, a los agentes educativos y al conjunto de la sociedad a mostrar su oposición a la LOMCE y a trabajar para impulsar la educación que necesita y quiere nuestro pueblo y a dar pasos para que podamos decidir y construirla en Euskal Herria. La convocatoria, realizada por ELA, LAB, STEE-EILAS, Ikasle Abertzaleak y Sortzen-Ikasbatuaz emplaza a toda la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad a manifestarse este sábado en contra de la LOMCE.

En los últimos años y meses, tanto la comunidad educativa como el conjunto de la sociedad vasca, estamos sufriendo graves ataques. Por medio de los decretos y decisiones que el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco están adoptando y los recortes que de diferente manera se están imponiendo en diferentes sectores, las trabajadoras y trabajadores del ámbito educativo, las alumnas y alumnos, las madres y padres y el conjunto de la sociedad estamos padeciendo el deterioro de la calidad de la educación y el desmantelamiento de los servicios públicos básicos.

En dirección contraria a las medidas que se están adoptando, la educación en Euskal Herria necesita abandonar las políticas de recortes y incrementar los recursos y la inversión destinada a ella.

En la senda de ataques contra la educación vasca, el último y extremadamente grave, es el anteproyecto de LOMCE que quiere imponer el ministro de educación Wert.

Están siendo múltiples los agentes y organizaciones que en los últimos meses y semanas están mostrando su crítica y oposición a este intento de imposición. Creemos que es necesaria una respuesta contundente y amplia de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad para que este reforma educativa no se aplique en nuestras aulas.

Consideramos que este anteproyecto de Ley:

  • busca la recentralización del Estado y limitar totalmente nuestra capacidad para decidir en Euskal Herria nuestra propia educación (limitando aun más el curriculum, decidiendo los contenidos en Madrid, centralizando los sistemas de evaluación…)
  • supone un ataque directo al euskara en cuanto elemento de identidad, derecho y eje de nuestro sistema educativo. Con este anteproyecto de ley el euskara pasaría a ser idioma subsidiario y el sistema educativo de ninguna manera garantizaría su conocimiento y su uso, desandando los pasos dados en los últimos años.
  • supone un grave paso hacia la mercantilización de la educación poniéndola al servicio de los mercados y las empresas, pervirtiendo así el objetivo principal de la educación que debiera ser el desarrollo personal y social (son ejemplo de esta deriva los cambios en la ESO, el adelanto en la elección de los itinerarios educativos, la reducción de las materias optativas, la reestructuración de la FP, que las pruebas de selección para el acceso a la universidad queden en manos de las universidades…).
  • basándose en los valores más conservadores, abre el camino para el adoctrinamiento ideológico, político y religioso, la españolización y la uniformización del estado español e impulsa una educación segregadora y clasista.
  • obligando a decidir muy tempranamente los itinerarios educativos, limita el desarrollo personal de las alumnas y alumnos, la educación integral y la igualdad de oportunidades.
  • imponiendo exámenes generales obligatorios y evaluaciones “externas” en función de los criterios impuestos por el estado español, limita las posibilidades para adecuar la educación a las necesidades locales, las posibilidades para la evaluación personalizada y el desarrollo personal, e incrementa los límites y la desconfianza respecto a la labor de los centros educativos y el trabajo de las y los profesionales.
  • limita la participación de los diferentes agentes educativos en la vida de los centros, reduciendo así los cauces y posibilidades de participación de la comunidad educativa e impidiendo la gestión democrática de los centros educativos.
  • incrementa las posibilidades para privatizar los servicios públicos.

Siendo esto así, los agentes y organizaciones que apoyamos este manifiesto, no aceptamos ningún tipo de recorte en nuestro sistema educativo y no estamos dispuestos a aceptar ninguno de los retrocesos que el anteproyecto de LOMCE quiere imponer. Justo en sentido contrario, manifestamos que nuestro sistema educativo necesita más recursos y mayor inversión y que los agentes educativos de Euskal Herria y la sociedad vasca debemos decidir la educación que necesitamos y queremos. Por ello:

  • Nos oponemos a este anteproyecto de reforma educativa por considerarlo impositor, centralizador, uniformizador, españolizante, regresivo, adoctrinador, segregador y elitista.
  • Pedimos a los gobiernos de Hego Euskal Herria, tanto al Gobierno de Navarra como al Gobierno Vasco, y a los partidos políticos que hagan frente a las políticas de recorte y este anteproyecto de ley y no lo impongan en nuestro pueblo.
  • Emplazamos a los gobiernos de Hego Euskal Herria, a los partidos políticos, a los agentes educativos y al conjunto de la sociedad a trabajar para impulsar la educación que necesita y quiere nuestro pueblo y a dar pasos para que podamos decidir y construirla en Euskal Herria.

Para denunciar esta imposición y sozializar nuestras reivindicaciones, llamamos a todos los agentes educativos y el conjunto de la ciudadanía a participar en las manifestaciones que tendrán lugar el próximo sábado, 2 de marzo, en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria.

Manifestaciones en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria:

Iruñea, 17:30 desde la antigua Estación de Autobuses
Bilbo, 17:30 desde el Sagrado Corazón
Gasteiz, 19:00 desde la Plaza Bilbao
Donostia, 17:30 desde el Boulevard

febrero 27, 2013

No pagar la deuda para salir de la crisis

Iturria: La hiedra / Kaos en la red – 2013/02/27

Análisis del papel del Estado en la crisis de la deuda, su incremento incesante y la función de los recortes. Se argenta por qué es imprescindible oponerse a la política de austeridad promovida por la UE y promover el impago de la deuda de forma unilateral a diferencia del caso argentino.

En este artículo, Carlos Schwartz nos explica el papel del Estado en la crisis de la deuda, la función de los recortes del gasto social y el incremento incesante de la deuda. Asimismo, destaca el protagonismo de la Unión Europea (UE) como principal motor de estas políticas de ajuste y defensora de los intereses de los grandes capitales del continente. Schwartz cree imprescindible oponer a la política de austeridad y sobreexplotación de la UE el impago de la deuda de forma unilateral a diferencia del caso argentino.

Crisis y explosión de la deuda

Desde la proclamación de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, el candidato del Partido Popular (PP) en las elecciones generales de noviembre de 2011, su equipo ministerial se ha dedicado a cercenar las conquistas sociales y las prestaciones del Estado en todos los terrenos. El argumento central de una parte considerable de esta liquidación de derechos sociales y asistenciales es la necesidad de lograr un equilibrio de los presupuestos generales del estado, es decir, la eliminación del déficit de las administraciones públicas. Este objetivo de estabilidad presupuestaria no es un afán exclusivo del gobierno del PP. También era una aspiración del gobierno que le precedió, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista (PSOE), quien convocó a su adversario Rajoy en agosto de 2011 para pactar una reforma constitucional hecha entre gallos y media noche para satisfacer a las autoridades de la Unión Europea (UE) y al Banco Central Europeo (BCE).

La reforma consistió en incorporar a la constitución los objetivos de estabilidad presupuestaria. Esa fue la condición impuesta por los capitales europeos para que el BCE interviniera en los mercados comprando deuda pública española evitando así también la intensa presión especulativa sobre la deuda soberana de Italia. Desde entonces y en diversas oportunidades la deuda pública española ha estado en el ojo de la tormenta. Desde julio de 2012 el anuncio del BCE de que tenía aprobado un mecanismo de intervención para sostener la deuda soberana de los países que solicitaran su asistencia a través de la UE, ha frenado la ola especulativa.

La deuda pública del Estado español alcanzará al final de este año en cifras redondas el billón de euros. Al cierre del segundo trimestre (últimos datos disponible del Banco de España) la cifra era de 978.368 millones de euros. Al finalizar el año 2012 la deuda pública total alcanzará el 100% del producto interior bruto (PIB). En el año 2007, antes de que la crisis capitalista se hiciera evidente en toda su magnitud la deuda era de 503.906 millones de euros o un 47,8% del PIB de ese año.1 Es decir que en términos porcentuales más que se duplicó y en términos absolutos es el doble. Mientras, la deuda externa de la banca privada española se ha reducido entre 2008 y 2012 en 200.000 millones de euros2, de 794.086 millones a 591.736 millones.

Esto es lo que los economistas burgueses denominan desapalancamiento, y es la contrapartida del incremento del endeudamiento público durante las crisis. Por si quedara alguna duda señalemos que la deuda externa del banco de España en el segundo trimestre de 2008 era de 12.326 millones de euros mientras que en el segundo trimestre de 2012 totalizaba 408.695 millones de euros.3 La lectura de este proceso es que parte de la deuda privada se transforma en pública y pasa a ser una carga directa de la sociedad. De acuerdo con los presupuestos generales del Estado para 2013 enviados por el gobierno a las Cortes, el pago de intereses de la deuda pública del año 2013 será de 30.000 millones de euros, tanto como el gasto salarial de la Administración.

Repercusión de la deuda a los y las trabajadoras

Este cuadro no es el resultado del incremento del gasto que suponen los y las trabajadoras en paro, y de una menor recaudación fiscal del impuesto sobre la renta y las empresas, porque las rentas del trabajo caen y los beneficios de la pequeña y mediana empresa se reducen o se transforman en pérdidas. Es el resultado directo del traslado de la crisis capitalista al Estado. Dentro de esta operación de rescate de los intereses capitalistas la cuestión central es el saneamiento bancario y del sector financiero cuya crisis es una expresión de la tendencia a la disolución de las relaciones económicas del régimen burgués, de la tendencia al derrumbe del capitalismo. El sistema bancario y financiero es parte de la esencia misma de las relaciones de producción capitalistas porque a través de él se materializa la circulación de las mercancías, la reproducción del capital y su ampliación mediante la extracción de plusvalía, y la concentración de los capitales para destinarlos al crédito necesario en el ciclo de la producción. Sin sistema bancario y financiero el capitalismo no puede existir. El incremento de la deuda pública que resulta del salvamento de los intereses capitalistas privados es repercutido sobre los y las trabajadoras de forma directa por el estado burgués.

La forma bajo la cual se repercute sobre la clase trabajadora el salvamento de los intereses capitalistas es esencialmente reduciendo la renta disponible para los derechos sociales y asistenciales de la sociedad en general, y en el caso de los trabajadores de las administraciones públicas también los ingresos salariales. La privatización de los servicios públicos como sanidad y educación, el incremento de los costes de los servicios como las tasas universitarias o el transporte, la reducción de los derechos sanitarios, la reducción de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la retirada de la asistencia a los dependientes, los recortes a las prestaciones por desempleo, son todos expresión del traslado de la crisis a los y las trabajadoras. Lo que el estado se ahorra en esta operación se destina a ayudar a los capitalistas. Este proceso es todavía más injusto que lo que pueda parecer a primera vista, puesto que se lleva a cabo después de que los capitalistas han extraído ya una plusvalía del trabajo ajeno. Es decir, cuando ya se han apropiado parte del trabajo socialmente necesario para la producción por el trabajador de bienes y servicios mediante el mecanismo de no pagarlo en el salario.

Parte de la operación de traslado es el régimen fiscal. La recaudación fiscal con la cual el estado burgués hace frente a su gasto se concentra en el Estado español en el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), que se basa en la tributación de las y los trabajadores. Por la vía de las retenciones a cuenta y la declaración de la renta el Estado exprime los salarios mientras las grandes fortunas no tributan. La eliminación del impuesto sobre el patrimonio, y de todo vestigio de fiscalidad progresiva, la preservación de las exenciones fiscales para las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), las numerosas exenciones fiscales dentro del impuesto de sociedades, son parte de este proceso. Mientras, el Gobierno y los grupos de interés capitalistas argumentan que el gasto público se dispara por los compromisos sociales que tiene el Estado con el seguro de desempleo a los desocupados por la crisis, el pago de las pensiones y los gastos asistenciales. La evidencia es que sólo el saneamiento de la banca supondrá entre 2012 y 2013 100.000 millones de euros aportados bajo la forma de deuda por la UE. Sin tener en cuenta lo que ya ha costado hasta ahora.

Gobierno, Unión Europea y capitalistas quieren la derrota de los y las trabajadoras

Dentro del arsenal del Gobierno contra los trabajadores la piedra angular ha sido la reforma laboral. El abaratamiento del despido, la precarización del empleo, el ataque a los convenios colectivos y su subordinación a los convenios por empresa pretenden abaratar los costes laborales unitarios aumentando la explotación -menos trabajadores, más horas de trabajo, ritmo de producción más intenso- incrementando la productividad sobre esta base. Es que el capitalismo español en medio de una crisis brutal se juega su supervivencia en el intento por restablecer su tasa de beneficio.

Es una reforma laboral diseñada para que las grandes empresas incrementen su beneficio en medio de la crisis, procediendo a reducciones drásticas de plantilla en empresas sin pérdidas como el caso de Telefónica y bancos como Santander, BBVA, Caixabank. Esta es una operación de un inmenso calado, porque está destinada a sentar las bases de una mayor explotación de los trabajadores y es al mismo tiempo un apoyo estratégico del Estado al proceso de concentración de capitales que acompaña a las crisis capitalistas. El grave problema es que la única forma de que haya una recuperación económica es mediante un prolongado periodo de destrucción de fuerzas productivas de forma pacífica o violenta. Y cualquiera de estos escenarios requiere de la derrota de los y las trabajadoras para poder imponerlos como salida a la crisis. Esta estrategia no es ajena a la entrega al capital privado de las áreas asistenciales y formativas tradicionales del estado, como la salud y la educación, en su afán de garantizar a los capitalistas nuevas vetas de negocio. Forma parte indisoluble además del proceso por el cual la crisis de los sectores privados se traslada al estado, mientras este abre puertas al negocio privado argumentando que no puede sostener sus responsabilidades tradicionales por falta de unos recursos que gasta precisamente en sostener a un sistema económico en virtual disolución.

La UE es un motor impulsor de este proceso. Su papel es el de estado mayor de los capitales más concentrados de Europa encabezados por los de Alemania. El grupo de países con una mayor composición técnica y orgánica de capital, Alemania, Holanda, Finlandia, Reino Unido, y en menor medida y en posición intermedia Francia y Bélgica, se han repartido el mercado de los países de la denominada periferia del viejo continente en la zona del euro: Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Se han dedicado a exportar a estos países sus excedentes de capital para financiar el endeudamiento de la periferia que a su turno suponía la compra de bienes y equipos fabricados por las empresas de estos países en todo el mundo, incluidas las mismas naciones periféricas. El caso de Reino Unido con Irlanda, o el de Alemania con Grecia y España iluminan esta situación. La política de rescate de las naciones en crisis por parte de la UE ha sido un mecanismo de rescate de los bancos de los países centrales cargados de deuda privada y soberana de las naciones en crisis.

La UE se ha dedicado a ejercer una presión sin límite sobre los países en crisis para imponer sus soluciones de austeridad, y toda vez que una crisis política amenazó con desbordar los límites de la tolerancia de los socios mayores la UE ha propugnado métodos antidemocráticos que han pasado por encima de la vida parlamentaria de los países en cuestión. Han logrado una reforma constitucional en España sin siquiera una consulta parlamentaria. Han impedido un referéndum en Grecia sobre el programa del rescate obligando a la dimisión del gobierno de Georgos Papandreu en 2011. Han ejercido una presión sin límites sobre el establishment político griego en las elecciones generales de junio de 2012 con el objetivo de lograr que Nueva Democracia resultara el partido más votado y recibiera por tanto 50 escaños que es el premio de la ley electoral griega para el ganador. El objetivo de fondo era evitar que, aun a pesar de su política, la coalición de izquierda Syriza acabara sacando a Grecia de la UE al abrir un canal más poderoso a la movilización de masas.

En Italia la UE y sus aliados han impuesto una coalición de todas las organizaciones desde la derecha hasta el centro izquierda para proclamar primer ministro al tecnócrata Mario Monti que no fue elegido en las urnas. Como lo demuestra el caso griego con claridad el objetivo de los capitales más concentrados de Europa es transformar a las naciones de la periferia en protectorados carentes de soberanía a los que se les dicta la política económica que viene bien a los países con excedentes de balanza de pagos. La política de austeridad a ultranza impuesta a la periferia sirve a los intereses de reducir hasta el extremo las necesidades de financiación de los países intervenidos y por lo tanto preservar los recursos de los países centrales. Bien mirado, no se trata solo de la opresión de los países de la periferia por los países centrales, sino además de la opresión creciente de los y las trabajadoras de todos los estados de la UE, formen o no parte de la zona de la moneda común, el euro. Desde este punto de vista, actos como la entrevista de los líderes sindicales españoles de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, con la canciller de Alemania Angela Merkel el pasado mes de julio son profundamente reaccionarios porque despiertan la ilusión de que una intervención de Alemania, el primer impulsor de esta política de la UE, puede llegar a ser beneficiosa para el Estado español. No es posible una defensa consecuente de los intereses de los y las trabajadoras sin la denuncia de la UE y la lucha por su disolución.

En 1915 Lenin en un artículo titulado La Consigna de los Estados Unidos de Europa señala que “Desde el punto de vista de las condiciones económicas del imperialismo, es decir de la exportación de capitales y del reparto del mundo por las potencias coloniales ‘avanzadas’ y ‘civilizadas’, los Estados Unidos de Europa son imposibles o reaccionarios en el capitalismo”.4 Asistimos en pleno siglo XXI a la materialización de esta consigna como mecanismo de salvamento del capitalismo europeo en descomposición. Desde entonces, y especialmente desde 1923 tras su adopción por la Internacional Comunista en vida de Lenin, la consigna con que los socialistas revolucionarios se oponen a los Estados Unidos de Europa como unión reaccionaria de intereses de la burguesía es “Por los Estados Unidos Socialistas de Europa”. Es decir los revolucionarios se oponen a la UE no desde la estrechez de la nación dominada por la burguesía, sino desde una unión de estados soberanos socialistas.
Desde el punto de vista de la lucha de los y las trabajadoras contra esta ofensiva la consigna de rechazar la deuda usuraria, exigir la moratoria unilateral de la deuda pública, es una pieza central. La moratoria debe ser unilateral y no negociada, y en todo caso lo único que se puede atender es el derecho de los pequeños inversores.

La experiencia de los países que, como Argentina y Ecuador, han apelado a las moratorias negociadas de la deuda pública interior y exterior y a su reestructuración pone de relieve que la idea de una “Auditoría de la Deuda” para determinar cual se debe pagar y cual no es un callejón sin salida. Toda la deuda pública sin distinción es usuraria y forma parte del proceso de exacción que el estado capitalista ejerce contra su población trabajadora para sostener los resortes de un estado que arbitra toda su acción en favor de los propietarios de los medios de producción. Son los trabajadores los que acaban pagando la deuda pública.

La experiencia de Argentina es además ilustrativa. El país suspendió pagos en 2001. Entre 2004 y 2005 negoció de nuevo parte de su deuda y emitió nuevos bonos con un recorte del principal para sustituir la deuda vieja, pero utilizó como referencia una serie de indicadores que implican una alta rentabilidad lo que está asfixiando nuevamente a la economía del país. Con esta operación transformó una deuda de 65.000 millones de dólares en 35.300 millones de dólares.5 Volvió a negociar otra parte de la deuda en suspensión de pagos en 2010, y nuevamente cedió a la presión internacional concediendo nuevos bonos y redujo la deuda de 20.000 millones de dólares a 10.500 millones de dólares. Mientras, la caída de las exportaciones ha reducido la cantidad de divisas que ingresan al país. Las divisas son indispensables para el servicio de la deuda externa. El Gobierno se financia con un impuesto del 35% a las exportaciones agropecuarias. Pero el dinero se va en pagar los intereses de la deuda. Para atender a las necesidades presupuestarias interiores y al pago de la deuda externa e interna, el Gobierno utiliza la emisión de moneda del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las cajas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Estos mecanismos provocan inflación. Para frenar la inflación el BCRA retira del sistema bancario el dinero que inyecta el gobierno para pagar el gasto público. Para ello emite una deuda especial que rinde un interés muy alto destinada a los bancos y que en este momento representa 109.000 millones de pesos argentinos.6 Pero lo que es peor es que el “desendeudamiento” preconizado por los gobiernos de Néstor Kirchner entonces y Cristina Fernández ahora ha sido paradójico: la deuda pública ha aumentado hasta alcanzar los 182.741 millones de dólares incluyendo la deuda con el Club de París7. Es decir Argentina va camino de una crisis fiscal. No cabe la menor duda de que este no es el sendero a seguir por los y las trabajadoras españolas.

Para las y los socialistas revolucionarios, de lo que se trata es de transformar la realidad. En este sentido, debemos ser capaces de ofrecer a una sociedad en lucha objetivos claros que ayuden a agrupar fuerzas y concentrar el ataque en contra del traslado de la crisis a los y las trabajadoras por parte del Estado capitalista. La moratoria inmediata y unilateral de la deuda pública interna y externa se inscribe dentro de este objetivo. Para dar una salida real a la lucha por una sociedad justa este objetivo se debe acompañar de la expropiación de la banca y la nacionalización del crédito en el camino de un gobierno de los y las trabajadoras.

Carlos Schwartz es periodista especializado en asuntos económicos y miembro de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica (www.setcrit.net).

Notas

Datos tomados del Banco de España de acuerdo con los cuadros a1104, a1103 y a1102.
Datos tomados del Banco de España de acuerdo con el cuadro e0709 Deuda externa de España.
Ibid.
Disponible en: http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/8-1915eu.htm
Periódicos Clarín, Página12, La Nación, 10/02/2005, 15/02/2005, 13/02/2005.
Clarín, 11/11/2012
Ibid.

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febrero 27, 2013

“Sin techo” de Barakaldo acampan en un cajero

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) – 2013/02/27

Esta mañana personas que pernoctan en el albergue habilitado en el Polideportivo de Lasesarre para las personas “Sin Techo” de Barakaldo han acampado en el interior de un céntrico cajero de la localidad.

No a los recortes sociales
 
Esta iniciativa surge con el ánimo de llamar la atención sobre la situación de total desamparo en la que se encuentran; y, a la vez, para exigir un lugar donde poder vivir al cerrarse pasado mañana viernes este recurso para las personas “sin techo” del municipio.
•En estos momentos hay 27 personas “sin techo” usuarias del Polideportivo de Lasesarre que este viernes tendrán que volver a dormir en la calle al cerrarse este recurso asistencial. Servicio, por cierto, que en un principio estaba previsto para una veintena de personas.
 
Por el derecho a una vivienda digna
 
El portavoz de esta movilización es Luis Miguel Sousa, barakaldés de 39 años, que desde hace 65 días pernocta en este recurso asistencial. Persona que trabajó en la construcción y llego a ser autónomo durante cuatro años. En la actualidad cobra un subsidio de desempleo de 213 euros al mes, que se le agota en los dos próximos meses; y con los cuales ha de sobrevivir.
 
A través de esta movilización se ha exigido medidas reales para paliar el aumento de las personas “sin techo” en la localidad mediante la puesta en marcha de un albergue municipal que reúna unas condiciones dignas; y sobre todo, el acceso a pisos, residencias, centros de día y pensiones que garanticen al acceso a una vivienda y a unos recursos asistenciales que dispongan de unas mínimas condiciones.
BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
febrero 26, 2013

CAF zigortu du Donostiako epaitegi batek, greba eskubidea urratzeagatik

Iturria: berria.info – 2013/02/26

Beasaingo enpresak garbitzaile azpikontratatuen grebaren funtsezko eskubidea urratu zuela ebatzi du. Greban jaso gabeko soldaten %50 grebalariei ordaindu beharko die. ELAk jarri zuen salaketa.

Donostiako lan arloko epaitegiak hartu du erabakia. Garbitzaileen greba 2012an izan zen, eta ehun egunez baino gehiagoz egon ziren lanera joan gabe.

Salaketan agertzen denez, enpresak grebalariak ordezten zituen legez kontra, eta hala salatu zuen lan ikuskaritzan. Epaian adierazten denez, langileak ordeztea, ELAren askatasun sindikalaren eskubidea urratzea ez ezik, langileen greba eskubidea urratzea ere bada. Gainera, zuzendaritzaren jokabide horren helburua grebalariei “kalte egitea” dela dio.

Iazko uztailean soldatak igotzeko eta lan erreformaren aurka “blindatzeko” akordioa lortu zuten enpresa batzordeak eta zuzendaritzak, hiru hileko grebaren ostean.

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febrero 25, 2013

Nueva reforma laboral: El Gobierno se ensaña con la juventud

Iturria: Adoración Guamán / Héctor Illueca / Publico.es – 2013/02/25

El pasado viernes 22 de febrero el Gobierno del Partido Popular tuvo a bien confesar los verdaderos propósitos de las medidas laborales y de otra índole que viene impulsando en la presente legislatura. La Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 4/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, no deja lugar a dudas: tras las habituales y cansinas referencias a la “estabilidad macroeconómica” y a la consecución de “unas entidades financieras sólidas”, reconoce con sorprendente naturalidad que la estrategia del Ejecutivo persigue la instauración de “un alto grado de flexibilidad” que permita “ajustar los precios y salarios relativos”Mucho se ha escrito acerca de las reformas habidas hasta el momento y de sus objetivos, que no por inconfesos dejaban de ser una verdad a gritos. Los datos nos han dado la razón a los que afirmamos que la reforma laboral de 2012 sólo iba a conseguir provocar más desempleo, más precariedad, más desigualdad y más exclusión social.

Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular persiste en su empeño de acabar con los derechos laborales y sociales en nuestro país, dando vida a un texto legislativo que, en nuestra opinión, adolece de tres graves defectos o insuficiencias: falsear los verdaderos objetivos del legislador (afirma estar dirigido a estimular “la creación de empleo”); incumplir el mandato constitucional según el cual los poderes públicos deben perseguir la consecución de la igualdad material entre los ciudadanos (lo que no parece compatible con una legislación laboral claramente decantada hacia la parte empresarial); y repetir conscientemente errores del pasado, condenando a los trabajadores a un futuro de precariedad y sobreexplotación.

En efecto, repitiendo errores del pasado reciente y lejano, el citado Real Decreto-ley 4/2013 persiste en sendas ya transitadas y que se han demostrado como vías muertas para crear empleo. Un año después del tremendo Real Decreto-ley 3/2012, el Gobierno del Partido Popular impone, de nuevo por una vía jurídica de dudosa constitucionalidad y alejada del debate parlamentario y por supuesto social, otra vuelta de tuerca a los derechos laborales. Utilizando una orwelliana neolenguaque destruye las palabras para ocultar realidades (“emprendedor”, “cultura del emprendimiento”…)el legislador intenta, sin conseguirlo, difuminar el verdadero núcleo duro de esta sigilosa reforma laboral: la absoluta precarización de la situación contractual de los jóvenes menores de treinta años. Pensábamos que en materia de regulación de las relaciones de trabajo era difícil empeorar la situación creada por la reforma laboral de 2012, pero nos equivocamos. El Gobierno ha ido todavía más lejos.

Refiriéndonos sólo a las medidas dirigidas a los jóvenes de entre el amplio número de las contempladas en la norma, la primera sensación que provoca su análisis es una especie de déjà-vu, vinculado con una profunda sensación de inquietud. Sus medidas evocan aquella vieja política de empleo efectuada entre 1984 y 1997, basada en la flexibilidad laboral externa y en el fomento de la contratación temporal sin causa. Esta política consiguió modificar profundamente la estructura de nuestro mercado de trabajo, cuyo rasgo fundamental desde entonces, además de la especial sensibilidad del empleo a los diversos momentos de crisis económica, ha sido la persistencia de una elevada tasa de temporalidad, especialmente entre la juventud.

Las consecuencias de ello son suficientemente conocidas, pero no está de más recordarlas sucintamente. La contratación temporal genera precariedad laboral e inseguridad vital, así como volatilidad general en el trabajo, impidiendo la formación profesional en el puesto de trabajo y provocando pérdidas de ineficiencia en las relaciones de trabajo, situaciones de riesgo vital, relacionado con la menor preparación frente a los riesgos laborales, y una permanente discriminación entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones. Pues bien, ignorando estas consecuencias, y aprovechando que el desempleo masivo permite forzar a los trabajadores a la aceptación de cualquier empleo, la política del gobierno vuelve a colocarse bajo el signo de que “cualquier empleo es mejor que un no empleo”, regresando al antiguo fomento de la contratación por la vía de eliminar la estabilidad de los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral: los jóvenes.

Centrándonos en las medidas que mayormente impactarán en la precariedad del empleo juvenil, la norma crea una nueva modalidad contractual, el denominado “primer empleo joven”. Es éste un contrato temporal causal, fundamentado únicamente en la ausencia de experiencia laboral para menores de treinta años. Partiendo de esta base, los jóvenes podrán ser contratados sin importar si la actividad que van a realizar tiene carácter temporal o indefinido en la empresa, por un periodo de entre tres y seis meses, a tiempo completo o incluso a tiempo parcial. De este modo, el legislador de 2013 evoca al de 1984, asumiendo el denominado modelo de “flexibilidad en el margen”: los nuevos contratados pueden ser empleados sin restricciones por tiempo determinado, quedando así al margen de la normativa protectora de la estabilidad en el empleo, esto es, del ya mermado derecho a la protección contra el despido sin causa. Todos los esfuerzos realizados a partir de 1997 para reducir la temporalidad han sido en balde.

En segundo lugar, la nueva reforma laboral modifica los requisitos exigidos para la contratación en prácticas, eliminando la barrera temporal que ligaba el empleo a la formación al imponer un límite de cinco años entre la finalización de los estudios y la contratación bajo esta modalidad para poner en práctica lo estudiado. Este vínculo de continuidad entre la formación teórica y el desempeño de las prácticas fundamentaba el propio contrato que ahora queda, en buena medida, desnaturalizado. A partir de la entrada en vigor de la norma, los contratos en prácticas pueden ser utilizados a discreción con toda persona menor de treinta años, sin importar que los estudios a poner en práctica se hubieran finalizado diez años antes. Esta contratación de mano de obra cualificada y excepcionalmente barata (recordemos que el salario puede oscilar entre el 60 y el 75 por ciento del fijado en convenio durante los primeros años del contrato) está además bonificada en las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Como corolario, se permite la entrada de las Empresas de Trabajo Temporal en la realización de los contratos de prácticas y aprendizaje, traspasándose así otra de las líneas rojas relativa a la protección de los jóvenes.

A la vista de tales datos, causa repulsión que el Gobierno aluda en la Exposición de Motivos “a una segunda generación de reformas estructurales” supuestamente necesarias para “crear empleo”. La promoción de la temporalidad entre la juventud cuando el resto de trabajadores tenían todavía una fuerte protección frente al despido fueron perniciosas en términos de segmentación del mercado de trabajo. Pero, al menos, existía un importante colchón familiar sustentado por esos trabajadores relativamente protegidos por la legislación laboral. Hoy ese colchón ha desaparecido. La reforma laboral de 2012 precarizó el conjunto de la contratación laboral, facilitando y abaratando el despido y reduciendo salarios ya de facto en involución. En esta ocasión, la promoción de la temporalidad como única salida para nuestros jóvenes no contará con el sustento de las familias, llevadas al límite de su resistencia. El ensañamiento del Gobierno con este sector social sólo puede provocar más crispación entre la juventud y más desconfianza hacia un sistema político que se revela crecientemente incapaz de resolver los problemas que aquejan nuestro país.

Adoración Guamán – Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Héctor Illueca – Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

febrero 24, 2013

Las personas sin familia no tendrán acceso a la justicia gratuita si ganan más de 1.065 euros al mes

Iturria: Eva Belmonte / lamarea.com – 2013/02/23

El Real Decreto-Ley sobre las tasas judiciales aprobado ayer en Consejo de Ministros aumenta además, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, los beneficiarios del servicio de justicia gratuita. Así, podrán utilizar este servicio, independientemente de su renta, víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de personas; menores y discapacitados que denuncien un abuso o maltrato y heridos graves en accidente de tráfico que queden en situación de discapacidad. Además, el Gobierno modifica los umbrales de renta máximos que permiten a un cuidadano hacer uso de este derecho. Según las palabras de Santamaría y de algunos mediosese tope de ingresos se eleva y más personas pueden acceder. Pero esto no es del todo cierto.

En realidad, el máximo de ingresos que pueden tener aquellas personas que no estén integradas en ninguna unidad familiar se ha visto reducido. El articulado que recoge hoy el BOE marca unos umbrales de renta según el tipo de unidad familiar: para personas solas, dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiles (IPREM); para unidades familiares de menos de cuatro miembros, 2,5 veces el IPREM; para las que superen los cuatro miembros, 3 veces ese indicador. Hasta ahora, el tope de ingresos era, para todos, de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una cifra algo superior al IPREM.

Así, este cambio en los cálculos de renta perjudica a aquellos que no estén integrados en una unidad familiar, cuyo umbral ha bajado de los 1.290,6 (dos veces el SMI) a 1.065,02 euros mensuales (dos veces el IPREM). Las personas que pertenezcan a una unidad familiar sí verán aumentado el tope de ingresos que no pueden superar para acceder. Por ejemplo, el de una familia de tres miembros pasa de 3.871,8 euros mensuales (dos veces los 645,3 euros del SMI para 2013 multiplicado por los 3 miembros) a 3.993,8 (2,5 veces los 532,1 euros del IPREM x 3). En el caso de una familia de, por poner otro ejemplo, de cinco miembros, el tope sube desde los 6.453 euros mensuales (2 x 645,3 x 5) a 7.987, 65 euros (3 x 645,3 x 5).

Además, el Real Decreto-Ley incluye un añadido para el acceso a la justicia gratuita: “Se tendrán en cuenta los signos externos que manifiesten su real capacidad económica”.

Eva Belmonte es autora de elboenuestrodecadadia.com

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