Posts tagged ‘gobierno de españa’

mayo 24, 2013

Las razones de Hacienda para recortar el sueldo a los empleados locales

Iturria: Cincodias.com – 2013/05/21

  • Quiere limitar el complemento específico, que puede suponer hasta el 50% del salario
  • Pretende homogeneizar los sueldos en los administraciones, que varían hasta un 90%

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Hacienda está dispuesta a poner coto a la disparidad de sueldos que se perciben en los 8.116 ayuntamientos que hay en España. Y para ello ha introducido una disposición adicional en el anteproyecto de ley de reforma de la Administración Local, en el que se fija que “las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las entidades locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo de clasificación profesional así como de otros factores que se puedan determinar en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado”.

La nómina de los empleados públicos locales está dividida en cinco grandes conceptos: sueldo base, trienios, complemento de destino, complemento específico y de productividad. Los dos primeros los establece el Ejecutivo y no pueden ser modificados por las corporaciones locales, mientras que el de destino lo marca el Gobierno con unas horquillas orientativas para los ayuntamientos. Los dos últimos los fijan las entidades locales y son, según fuentes sindicales, los que han sido utilizados de forma discrecional sin atenerse a ningún criterio de racionalidad. “En algunos casos supone hasta el 50% del sueldo”, apuntan.

Los cambios introducidos en el anteproyecto de ley de la Administración Local quieren acabar con la regulación, vigente desde el año 1986. En esta se establece el reparto de los complementos con los que se paga a los empleados locales, que surge de restar la retribución básica de la masa salarial total del ayuntamiento. La norma establece que hasta el 75% de esa cifra se podrá destinar al complemento específico, mientras que el límite para el complemento de productividad y las gratificaciones es del 30% y del 10%.

Fuentes sindicales apuntan a que ese 75% el porcentaje que se quiere limitar con dos objetivos: rebajar la masa salarial y acabar con la profunda brecha de sueldos que hay entre funcionarios de distintas administraciones, pese a que ocupan una misma categoría profesional y tienen el mismo nivel.

Y el ejemplo que más se utiliza es la comparación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado. Un informe elaborado por el sindicato USO establece que hay diferencias de hasta 10.000 euros según la administración a la que esté adscrito el profesional. Así, un guardia civil o un policía nacional (ambos dependientes de la Administración General del Estado) cobran de media 22.948 y 25.198 euros brutos al año, mientras que un mosso d´Esquadra o un ertzaintza (dependientes de Cataluña y el País Vasco) superan los 30.000. Una diferencia que se agranda aún más si se compara con un policía local ligado al municipio madrileño de Parla, donde el salario supera los 45.000 euros.

El informe va más allá y denuncia que dos empleados públicos con la misma titulación y el mismo nivel salarial pueden tener sueldos diferentes. Un titulado superior (categoría A1) con un nivel salarial 26 (el máximo es 30) cobra 46.505 euros en Castilla-La Mancha, mientras que en Castilla y León recibiría 27.691 euros, lo que significa una diferencia de 18.000 euros. ¿Cómo se justifica esa brecha si el salario base y el complemento de destino son iguales? La respuesta está en el complemento específico. Mientras en Castilla-La Mancha es de 23.449 euros, en Castilla y León es tan solo de 4.635,60 euros.

¿Cómo se divide la nómina de un funcionario?

Sueldo base y trienios: Los fija el Estado en función de las seis categorías profesionales existentes de funcionarios (A1, A2, B, C1, C2 y E).

Complemento de destino: Es la retribución que se percibe según el lugar del puesto que se ocupa. Varía según la administración que lo aplique.

Complemento específico: Es la parte del sueldo en función del puesto de trabajo. Lo establecen comunidades y ayuntamientos y puede suponer hasta el 50% del sueldo

Complemento de productividad: Es la parte variable que premia la mayor productividad de forma individual.

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mayo 21, 2013

Hacienda recortará 900 millones en sueldos de funcionarios y planea quitar competencias a 5.586 municipios

Iturria: eldiario.es – 2013/05/20

  • El Gobierno espera un ahorro de 8.000 millones de euros con la reforma de la administración local.
  • La entrada en vigor de la reestructuración, que el Ministerio calcula para el 1 de enero de 2014, quitará a los municipios “ineficientes” con menos de 20.000 habitantes la capacidad de gestionar servicios.
  • La gestión de cementerios, recogida de residuos, el agua potable o la pavimentación de calles, entre otros, quedarán en manos de las diputaciones, a las que irá la financiación y parte del personal municipal.
  • Los ayuntamientos quedarían como meros “interlocutores políticos” con las diputaciones hasta que, cinco años después, presenten un plan de viabilidad para recuperar sus competencias.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. / Efe

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. / Efe

Unos 5.586 ayuntamientos españoles de hasta 20.000 habitantes están a punto de perder la gestión de los servicios que se brindan en sus municipios por “ineficientes”. Esa es una de las consecuencias de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que el Ministerio de Hacienda presenta este martes a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), “la norma más discutida de todas las que llevamos”, según la ha descrito el secretario de Estado de Administraciones Locales, Antonio Beteta. Y ya es decir.

Aunque el proyecto de ley fue aprobado el 15 de febrero en el Consejo de Ministros su tramitación ha sido toda una carrera de obstáculos. No sólo ha provocado el rechazo unánime de la oposición –todos los grupos del Parlamento menos el PP presentaron hace unas semanas un escrito en el que lo rechazaban– sino que también ha generado preocupación entre los propios populares, ya que son muchos los alcaldes del partido que han puesto pegas a los cambios con los que el ministro Cristóbal Montoro planea ahorrar 8.000 millones de euros. Si el establecimiento de baremos para los sueldos de alcaldes y concejales (que dejaría al 82% de ellos sin remuneración alguna) ha levantado ampollas, el desarrollo de medidas de eficiencia como la del coste estándar puede literalmente ‘vaciar’ de funciones al 72% de los Ayuntamientos españoles de hasta 20.000 habitantes. 

Esto sumado al ahorro que el ministerio de Hacienda pretende obtener de unificar criterios para establecer los sueldos de los empleados públicos. “En la Ley de Presupuestos se establecerán rangos salariales, estableciendo horquillas con retribuciones mínimas y máximas”, ha explicado Beteta. Esto significaría un ahorro extra de casi 900 millones de euros, la diferencia entre los 7.129 millones de ahorro con los que se presentó el proyecto y los 8.000 con los que ha acabado su desarrollo. Esto afectaría a los sueldos de los trabajadores de las corporaciones locales y de las diputaciones provinciales.

El ‘coste estándar’ y los “ineficientes”

El ministerio tiene ya una vara para medir la gestión de los ayuntamientos, y aquellos que no cumplan con esos criterios se quedarán sin parte de sus funciones. Este baremo se calcula con el coste medio de los servicios en los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes (445,44 euros) y el de los municipios pequeños (1.219,98), y la diferencia entre ellos, a la que han aplicado algunas correcciones como por ejemplo la de densidad o dispersión de la población. Los ayuntamientos que hasta abril de 2014 no se ajusten a estos “estándares de eficiencia”, deberán ceder automáticamente sus competencias en la gestión de servicios obligatorios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas en los de menos de 5.000 habitantes. A estos se les suman parques públicos, bibliotecas, mercados y tratamiento de residuos en las de más de 5.000 y hasta 20.000. Si el consistorio entra en la ‘lista negra’ también deberá dejar de brindar automáticamente servicios no obligatorios, como los relacionados con la asistencia social. Los municipios de más de 20.000 habitantes no están obligados a renunciar a ellos, pero podrán hacerlo voluntariamente.

Las competencias las asumirán entonces las diputaciones, a las que irán también el dinero para financiar los servicios (independientemente de si son tasas municipales o de la aportación del Estado) y también parte de los recursos humanos, aunque no se sabe en qué medida. Las diputaciones tendrán la gestión de los trabajadores pero no la titularidad de sus contratos.

Así, los ayuntamientos podrán perder el control de todos o parte de los servicios que brinda. Lo que dejaría algunos de ellos “si no hay ninguna gestión eficiente, con ninguna financiación”, según ha explicado Beteta. Todos tendrán la posibilidad de recuperar sus funciones. Deberán presentar un plan de viabilidad que garantice una adecuada gestión. Aunque para ello deberán pasar cinco años. “Establecimos ese plazo para huir de los ciclos políticos”, ha asegurado Beteta.

El cambio de funciones en las administraciones y la complejidad que supone un entramado de 8.117 municipios, 1.021 mancomunidades, 81 comarcas y miles de entidades menores a los que afecta esta ley siembra dudas acerca de que su aplicación sea factible desde el primer momento. La diputación de Ourense “que ya estaba trabajando en este sentido” llevará a cabo una “prueba piloto” durante este año para garantizar que la puesta a punto del sistema en cuanto la ley entre en vigor. “No va a ser fácil pero es preciso avanzar en la senda del déficit publico”, ha zanjado Beteta.

mayo 3, 2013

Todo lo que nunca quiso saber sobre el copago judicial

Iturria: Tamara Fariñas / Diagonalperiodico.net – 2013/04/16

Una guía para no perderse tras la entrada en vigor de la reforma de las tasas judiciales planteada por Justicia.

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Desde el mes de noviembre, cuando entró en vigor la Ley 10/2012, ha habido un bombardeo informativo en torno a la cuestión de la aplicación de tasas en procedimientos judiciales que hasta entonces eran gratuitos. Se paralizaron los pagos de tasas por falta de formularios en las instituciones públicas, se detuvieron en algunas comunidades autónomas para evitar duplicidades de liquidaciones, y el Gobierno ha intentado recular en algunas cuestiones concretas, para disminuir la presión a la que el Ministerio de Justicia se estaba viendo sometido. Pero, ¿en qué se ha quedado la aplicación de tasas?

La nueva política de pago de tasas judiciales abre el abanico de pagadores y provoca un incremento del gasto por parte de los ciudadanos. Hasta ahora sólo las personas jurídicas con una facturación de más de diez millones de euros estaban obligadas a pagar las tarifas en procedimientos judiciales. A partir de la nueva ley, las personas físicas con más de 15.000 euros percibidos anualmente tendrán que pagar la misma cantidad que las empresas con facturaciones millonarias.

¿Cuánto pagaremos?

La cuota de liquidación en procedimientos jurídicos oscilará entre los 150 euros en procesos verbales y cambiarios de jurisdicción civil, y los 1.200 para los recursos de casación, tanto en el ámbito civil como en el contencioso-administrativo: unas cuotas muy altas si las comparamos con otros países europeos.

Estarán sujetos a estas tasas todos los procedimientos de jurisdicción de lo contencioso-administrativo, lo social y lo civil –pero no los procesos penales– con algunas excepciones: solicitudes de concursos voluntarios por los deudores, juicios monitorios y demandas de juicios verbales de menos de 2.000 euros, recursos de lo contencioso-administrativo por parte de funcionariado público, recursos de lo contencioso-administrativo cuando sean por silencio o inactividad de la Administración pública, procesos relacionados con la custodia de hijos menores y, por último, procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. El último real decreto que modificaba esta ley incluye además otras exenciones tarifarias: las separaciones y divorcios llevados a cabo por mutuo acuerdo –los que sean sin acuerdo pagarán una tasa de más de 150 euros–; los procedimientos de desahucios y todos aquellos impuestos por víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos. Además, se han reducido las cuantías en primera instancia, las tarifas en procedimientos laborales para todos los trabajadores –incluyendo a los funcionarios– y las de reclamaciones en materia de consumidores.

Estas nuevas tasas judiciales deberán pagarlas ya no sólo las personas jurídicas –entes, organismos, empresas, etc.– sino que pasan, por vez primera, a ser soportadas también por personas físicas, siempre que se perciban más de 14.900 euros anuales por unidad familiar. Además, reciben una rebaja tarifaria del 60% los trabajadores por cuenta ajena y autónomos que interpongan recursos de casación y suplicación en materia social.

¿Qué se hará con ese dinero?

Sólo en dos casos se procederá a la devolución de las tasas: cuando se alcance una terminación extrajudicial en la que se ahorre parte de los costes, y cuando las tasas son acumulativas. En este último caso, se pagan todas las tasas, Justicia se queda sólo con las de uno de los procesos y se devuelven las tasas correspondientes a los demás.

El Estado pretende, con la imposición de estos aranceles, recaudar fondos para, según explican, mantener la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, para esto han tenido que acudir a un sistema de pago utilizado durante el Franquismo, y que ya había sido derogado en los ‘80.

mayo 2, 2013

Este es el gráfico sobre el paro que Fátima Báñez no quiere que veas

Iturria: Ana Mulet / elcomunista.net – 2013/04/30

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Hay un dato sobre el paro en España que es mucho peor que los 6.277.000 desempleados que tenemos en nuestro país según público la última encuesta de la EPA. Lo que realmente es dramático del paro en España es la evolución que está teniendo la duración del paro.

Observad bien el gráfico. En la línea azul celeste tenéis las personas que están en el paro pero que están encontrando trabajo, es el 1% de el aproximadamente 27% de desempleo que tenemos. La línea azul son los parados nos muestra la evolución de los parados que llevan menos de 6 meses sin trabajo. En rojo los que lleva entre 6 y 12 meses y atención porque empieza lo dramático. La línea verde nos muestra la evolución del % de parados que llevan entre 1 y 2 años sin encontrar trabajo y el verdadero drama, lo encontramos en la línea lila, la gente que lleva ya más de dos años sin poder trabajar, y que como podéis ver es la que se está incrementado de forma más exponencial y ya representa el 9% del 27% de la tasa de paro.

Es decir no sólo tenemos una tasa de paro terriblemente elevada del 27%, sino que además tenemos una tasa de paro del 9% que podríamos denominar parados crónicos, con más de dos años sin empleo y que sigue incrementándose a un ritmo vertiginoso. Es decir el 9,2% de nuestra fuerza de trabajo no ha encontrado ningún tipo de empleo en más de dos años. Casi todo el incremento del paro en España desde 2010 lo tenemos prácticamente por el incremento del desempleo de larga duración.

El paro se ha convertido para una gran parte de la población Española en una trampa en la que caes pero de la que parece que no hay salida. En cierto modo han sido expulsados del mercado y de la sociedad y lo peor es que es está cifra precisamente la que sigue en aumento.

abril 28, 2013

Los trabajadores afectados por ERE suben un 30,7% en un año de reforma laboral

Iturria: kaos / Agencias – 2013/04/28

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas (con la reforma laboral del Gobierno, en vigor desde el pasado 12 de febrero, ya no hace falta autorización) aumentaron un 30,7% hasta febrero en comparación con el mismo periodo de 2013.

En concreto, un total de 82.582 trabajadores se vieron afectados por un ERE en los dos primeros meses del año, en contraste con los 63.172 trabajadores que estuvieron implicados en una regulación de empleo durante el mismo periodo de 2012, según los últimos datos que constan en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo.

En ese mismo plazo, los expedientes de regulación de empleo autorizados/comunicados aumentaron un 20,9% en comparación con el mismo periodo de 2012, hasta sumar 5.736, frente a los 4.742 de un año antes.

Los ERE en los que se alegaron aplicación de medidas económicas se duplicaron en relación a los dos primeros meses de 2012, hasta sumar 4.046 expedientes, casi el 70,5% del total de ERE registrados en el periodo.

Por causas técnicas se autorizaron 92 expedientes, un 43,7% más que un año antes, mientras que por causas organizativas o de producción se registraron 1.517 expedientes, con una subida interanual del 9,5%. Por fuerza mayor hubo 81 ERE, un 14,7% menos que en enero y febrero de 2012.

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.

No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.

La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.

LOS ERES NO PACTADOS AUMENTAN UN 42,8%

Del total de expedientes autorizados/comunicados en enero y febrero, 5.359 fueron pactados con los representantes de los trabajadores, un 19,6% más, mientras que los no pactados se incrementaron un 42,8%, hasta sumar 377 expedientes.

De esta forma, los ERE pactados representaron el 93,4% de todos los expedientes comunicados/autorizados en enero y febrero, casi la misma proporción que un año antes, cuando los ERE pactados representaban el 94,4% de todos los expedientes registrados.

De acuerdo con los datos de Empleo, los ERE pactados afectaron a 70.535 trabajadores, un 23% más, en tanto que los no pactados englobaron a 12.047 trabajadores, más del doble que hace un año.

Los ERE de extinción (despidos colectivos) se incrementaron un 19,3% hasta febrero de este año, hasta sumar 936 expedientes, mientras que los de suspensión temporal de empleo aumentaron un 7,6%, hasta los 2.529, y los ERE de reducción de jornada aumentaron un 41,2%, situándose en 2.271 expedientes.

Así, en enero y febrero de 2013, los ERE de suspensión suponían el 39,5% de los expedientes comunicados/autorizados y los de reducción de jornada un 44%, mientras que los despidos colectivos sumaban el 16,3%. Un año atrás, estos ERE de extinción eran el 16,5% del total.

Por su parte, los trabajadores afectados por ERE de extinción (despidos colectivos) se incrementaron un 13,9% hasta febrero de este año, con 12.635 personas, mientras que los de suspensión temporal de empleo aumentaron un 39,2%, hasta los 54.377, y los ERE de reducción de jornada aumentaron un 19,5%, situándose en 15.570 empleados.

Empleo considera que estos datos demuestran que se mantiene la tendencia a la moderación del peso de las extinciones de contratos sobre el total. Así, destaca que los trabajadores afectados por ERE sólo en febrero descendieron un 21,6%, hasta las 36.273 personas.

La mayor parte de los ERE autorizados/comunicados hasta febrero  provenía del sector servicios (3.295, un 43,6% más que en igual periodo de 2012) y la industria (1.563, +1,1%). En la construcción, los expedientes descendieron a 746 (-4,2%) y en la agricultura aumentaron un 9%, hasta los 132 expedientes.

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abril 19, 2013

Ertzaintzak oihu artean atxilotu ditu gazteak, Herri Harresia bi orduz desegiten aritu ostean

Iturria: Berria.infolahaine.org – 2013/04/19

“Maite zaituztegu” oihu artean eraman dituzte. Ertzaintza 06:00etan sartu da Aske Gunean, eta jendea arrastaka eta kolpeka atera du. Zigortutako zortzi lagunetatik sei zeuden Aske Gunean. Zigortutakoez gain, beste bi lagun atxilotu dituzte, Ertzaintzari aurre egin diotelako. Gutxienez 20 zauritu badira, ertzainak borrekin hasi direlako eta harresian zeudenak indarrez eraman dituztelako. Herritarrak udaletxearen aurrean eta Alderdi Ederren bildu dira protesta egiteko.

Ertzaintza goizeko 06:00ak inguruan iritsi da Bulebarrera, eta ordu erdi geroago hasi da Herri Harresia desegin nahian. Bi ordu geroago atxilotu dituzte aurreko astean Segikoak izatea leporatuta, torturapeko deklarazioetan oinarrituta, espetxera zigortutako gazteak. Zigortuetako sei zeuden Aske Gunean. Tarte horretan, Herri Harresian zeuden ehunka lagun askatu behar izan dituzte ertzainek. Jarrera erabat baketsua izan dute harresikoek, baina Ertzaintza borrekin eta kolpeka oldartu zaie handik ateratzeko. Hainbat zauritu daude Ertzaintzaren indarkeriak eraginda. Harresitik atera ondoren ere ertzainek iraindu dituztela salatu dute zenbaitzuek: “Iletik tiraka eraman naute, betaurrekoak hautsi dizkidate, puta naizela esan eta guztiak bortxatuko gaituztela esan didate”, salatu du neska batek, AskeGunea Twitterreko erabiltzailearen arabera.

Kosta zaio, bai, Ertzaintzari jendea banaka ateratzea, iritsi diren unean ere ehunka baitziren gazteei babesa ematen ari zirenak. Lekukoen arabera asko ziren hurbildutako ertzainak. Bulebarra moztu egin dute ibilgailu eta oinezkoentzako, eta modu horretan hasi dira goizaldean gazteak atxilotu nahian. Hasiera arrastaka eraman dituzte Herri Harresian zeudenak baina gazteak dauden lekura gerturatu ahala, orduan eta jarrera bortitzagoa izan dutela ertzainek diote lekukoek.

Zortzi gazteen animoak, harresian zeudenei

Oier Lorente zortzi gazteetako batek animo mezuak eman dizkie eurak babesten ari direnei, atxilotu aurretik: “Aupa gazteak! Guk ere maite zaituztegu”. Herri Harresitik eramaten zituztenen artean pena eta amorrua ikus zitekeen, baita malkoak ere. Handik atera eta Alde Zaharrera sartzeko kale batera eraman dituzte. Ertzaintzaren aurrean, ordea, tinko eutsi diote euren jarrera baketsuari Herri Harresian egon bitartean. Twitter sare sozialean #resist8 etiketa ari dira erabiltzen. Gazteen aldeko oihuak uneoro entzun zitezkeen Herri Harresian, baita Ekaitz Iberoren aldeko oihuak ere. Aurreko astean atxilotu zuten Ibero, beste auzi batean zigortua.

Tarte guzti horretan, kazetariak urruneko lekukoak izan dira. Ertzaintza Bulebarrera iritsi denean, kazetariei handik ateratzeko eskatu ondoren, hiru abixu eman dituzte eta gero hasi dira jendea ateratzen, arrastaka hasieran eta indarkeria handituz gero. Kazetariei Kioskoan egoteko esan diete, euren lana ez “oztopatzeko”. Bazihoazenean argazkilari bati ere oldartu zaio ertzain bat, “ez dago ikusteko ezer hemen” esanez. Atxilotuak eraman ondoren, lekukorik gabe, karpan geratu direnei are eta gehiago oldartu zaizkiola esan dute lekukoek.

Iñigo Cabacas gogoan

Espero bezala, ehunka ziren zortzi gazteak babesten ari zirenak Herri Harresian. Elkarri helduz modu baketsuan eragotzi nahi dute bi orduz zortzi gazte zigortuen atxiloketa. “Euskal gazteria aurrera” eta beste batzuk ozen entzun dira Bulebarrean. Ertzaintzak indarra erabiltzen zuenean ere, oihuak eta txistuak asko izan dira. Iñigo Cabacasen aldeko oihuak ere entzuten dira Bulebarrean, eta ertzainei eurek hil zutela aurpegiratu diete.

Atzo egun osoz aritu zen Ertzaintza joango zelako zurrumurrua. Iñigo Urkulluk herenegun esan zuen Ertzaintza “polizia judiziala ere” badela eta epaileen agindua beteko zuela. Donostia inguruko komisaldegietan mugimenduak somatuta, Herri Harresia iristen zenerako prestatu ziren Bulebarrean zeudenak. Atzo goizaldean jada bi aldiz joan zen Ertzaintza baina bietan ere inor atxilotu gabe bueltatu ziren.

[youtube http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jL3m2h9WVEI]

Aske Gunea:

Alrededor de las 6.00, un amplísimo despliegue de la Policía autonómica ha irrumpido en el Boulevard donostiarra con la intención de arrestar a los ocho jóvenes condenados por el Tribunal Supremo. Han llegado en más de 20 furgonetas y han cortado todos los accesos y salidas al Boulevard.

Los jóvenes que se encontraban en Aske Gunea han formado el muro popular que en la madrugada del jueves evitó en dos ocasiones los arrestos.

Más de un centenar de agentes de la Brigada Móvil y de Seguridad Ciudadana han rodeado con un cordón policial a los congregados, que se han mantenido sentados alrededor de los seis jóvenes condenados que estaban en Aske Gunea.

Tras alertar en tres ocasiones de que se iba a proceder a las detenciones de los condenados, los agentes han comenzado, pasadas las 6.30, a llevarse uno a uno a los manifestantes, que permanecían sentados y han adoptado una actitud de resistencia pasiva al tiempo que coreaban gritos como «Zuena biolentzia, nazkagarria», «Herriak ez du barkatuko», «Iñigo Cabacas gogoan zaitugu» y también han podido escucharse canciones como ‘Lepoan hartu eta segi aurrera’.

Antes de comenzar la actuación, el mando responsable del operativo ha mantenido una conversación con el senador de Amaiur Urko Aiartza, quien le ha asegurado que los manifestantes mantendrían una actitud de resistencia pasiva y no actuarían de manera agresiva contra la Ertzaintza.

El mando, a su vez, le ha informado de que su intención era llevarse uno a uno a los concentrados de manera ordenada y sin efectuar cargas, siempre que estos mantuvieran una actitud pacífica.

Heridos

Acto seguido, han comenzado a sacar a los integrantes del muro popular, uno a uno y a rastras por el suelo. Muchos de los que han sido sacadas de la carpa han denunciado que la Ertzaintza ha actuado de forma muy violenta. Varias personas han sufrido heridas leves a causa de puñetazos y porrazos recibidos por la Ertzaintza.

Tras más de dos horas, los agentes han conseguido llegar al corazón de ese muro popular, donde resistían seis de los ocho condenados –Oier Lorente, Mikel Arretxe, Aitor Olaizola, Egoi Alberdi, Adur Otaegi y Ekaitz Ezkerra–, quienes han sido arrestados entre gritos de apoyo de los presentes.

Otros dos arrestados

Además de estos seis jóvenes, la Ertzaintza ha arrestado a otras dos personas, a las que acusa de «atentado a la autoridad», según fuentes del Departamento de Seguridad citadas por Europa Press y Efe.

Una vez que han concluido los arrestos, la Ertzaintza ha continuado en el lugar controlando todos los accesos y salidas al Boulevard e identificando a los jóvenes que se han quedado allí. Poco antes de las 10.00 se han marchado, mientras la multitud cantaba ‘Eusko Gudariak’.

Periodistas expulsados

Cuando ha irrumpido en el lugar, la Ertzaintza ha expulsado a los periodistas de Aske Gunea y solo ha permitido acceder al kiosko del Boulevard a las cámaras, aunque más tarde ha permitido hacerlo a todos los periodistas.


UNOS 800 JOVENES PASARÁN LA NOCHE EN ASKEGUNE

Casi 800 jóvenes van a pasar la noche en Askegune, en defensa de los 8 condenados por su militancia política. Las informaciones periodisticas apuntan a que es inminente la aparición de la policia vascongada para detener y entregar a las cárceles españolas a los 8 jóvenes. Tendrán primero que derribar el muro de la solidaridad y el compromiso.
Que se sepa en todo el mundo!! En el estado español, se detiene y encarcela personas por el mero hecho de pensar diferente y ejercer el derecho a militar políticamente


AMPLIA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA CON LOS 8 JOVENES VASCOS

COMUNICADO DE YESCA

Desde Yesca, la juventud castellana y revolucionaria, queremos mostrar nuestra más sincera solidaridad y apoyo con l@s jóvenes donostiarras, condenados a seis años de prisión única y exclusivamente por su compromiso y militancia política, así como con sus familiares y amig@s. Sabemos que no se trata de un caso aislado, sino que forma parte de la estrategia represiva por parte del Estado español contra la juventud comprometida con su país. Son muchos l@s jóvenes que han pasado por prisión, siguen en ella, o están a la espera de juicio.

Una vez más comprobamos que el estado Español sigue empeñado en mantener una situación de guerra contra el pueblo vasco, en vez de estar dando pasos hacia la resolución del conflicto político, camino ya emprendido por el conjunto de la izquierda abertzale; y sigue encarcelando a la juventud por poner en práctica los derechos civiles y políticos. Se da la paradoja que en vez de ir poniendo en libertad a los cientos de pres@s políticos sigue encarcelando a un sector de la sociedad.

Para la juventud comunera, est@s jóvenes son un ejemplo de dignidad y lucha, y creemos que el mejor reconocimiento que se les puede hacer es continuar la lucha…hasta la victoria


COMUNICADO DE PURNA ARAGON

Desde Purna (la organización juvenil de la izquierda independentista aragonesa) queremos mostrar toda nuestra solidaridad y apoyo a los 8 jóvenes de Donostia que la semana pasada les fué ratificada la condena de 6 años de prisión por su militancia política.
Queremos enviaros todo el apoyo desde Aragón, en especial a Imanol Vicente, Nahikari Otaegi, Ekaitz Ezkerra, Aitor Olaizola, Adur Fernández, Oier Lorente, MIkel Arretxe y Egoi Alberdi y a todas sus familiares y amigos. Desde aquí seguimos cada día lo que esta pasando, sentimos no poder acudir este sábado 20 de abril porque tenemos también varias actividades programadas, una pena. Un fuerte abrazo a todas y todos.
Jo ta ke!
Euskal Gazteria aurrera!

COMUNICADO DE REGUELTA CANTABRIA

Desde Yesca, la juventud castellana y revolucionaria, queremos mostrar nuestra más sincera solidaridad y apoyo con l@s jóvenes donostiarras, condenados a seis años de prisión única y exclusivamente por su compromiso y militancia política, así como con sus familiares y amig@s. Sabemos que no se trata de un caso aislado, sino que forma parte de la estrategia represiva por parte del Estado español contra la juventud comprometida con su país. Son muchos l@s jóvenes que han pasado por prisión, siguen en ella, o están a la espera de juicio.

Una vez más comprobamos que el estado Español sigue empeñado en mantener una situación de guerra contra el pueblo vasco, en vez de estar dando pasos hacia la resolución del conflicto político, camino ya emprendido por el conjunto de la izquierda abertzale; y sigue encarcelando a la juventud por poner en práctica los derechos civiles y políticos. Se da la paradoja que en vez de ir poniendo en libertad a los cientos de pres@s políticos sigue encarcelando a un sector de la sociedad.

Para la juventud comunera, est@s jóvenes son un ejemplo de dignidad y lucha, y creemos que el mejor reconocimiento que se les puede hacer es continuar la lucha…hasta la victoria


BRIGA GALIZA

A juventude independentista basca está a enfrentar com muita fortaleça o desafio repressor do estado espanhol, que pretende afondar no conflito político prendendo 8 jovens por ter formado parte da organizaçom SEGI, ilegalizada no seu dia. Após ser condenad@s a 6 anos de prisom recentemente pola sua alegada pertença à entidade ilegalizada, é a hora de encarcerá-l@s.

Esta situaçom, politicamente improcedente e totalmente fora de lugar, só provoca mais sofrimento e mostra o caráter pouco negociador dumha Espanha que esgrime incessantes espasmos repressivos malia a oferta pacífica encetada pola esquerda abertzale. Enviar a prisom pessoas pola sua mera identificaçom política vulnera elementares direitos humanos.

Na cidade de Donosti, milhares de pessoas sustentam umha campanha de autodefesa utilizando métodos de desobediência popular que por enquanto estám a lograr paralisar a autoridade do estado para proceder à detençom d@s jovens. Nom é pouca cousa!

Esta madrugada, a polícia autonómica às ordens do PNV apareceu na “Zona Livre (Aske Gunea)”, ativando-se o protocolo de alerta com centenas de pessoas que fam vigília nas madrugadas para criar cordons humanos que obstaculizem o acesso policial às pessoas objeto das pretendidas detençons.

Desafortunadamente, consta-nos que várias unidades policiais se estám a deslocar para desenvolver um iminente desalojo violento do lugar. A brutalidade será a única forma do poder para ultrapassar a vontade popular de defender a juventude rebelde polo seu delito de autoorganizar-se para combater Espanha, o capital e o patriarcado.

BRIGA envia à nova organizaçom juvenil Ernai, à estudantil Ikasle Abertzaleak e a todos os agentes políticos e sociais involucrados neste exemplo de autodefesa e resistência umha grande aperta solidária e sinceros desejos de vitória. E particularmente a Imanol Vicente, Nahikari Otaegi, Ekaitz Ezkerra, Aitor Olaizola, Adur Fernández, Oier Lorente, MIkel Arretxe y Egoi Alberdi. Eles e elas encarnam hoje a juventude trabalhadora cujo sofrimento é semente dum mundo melhor.


SICILIA

NICARAGUA

RASD

URUGUAY

PAISOS CATALANS

[Audio]Periko Solabarria desde el hospital de Gorliz, convaleciente de una operación se dirige a los jovenes de Askegunea
http://www.naiz.info/eu/mediateca/audio/periko-solabarria-se-dirige-al-aske-gunea

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=3PyQcnLpc6A&feature=player_embedded#!]
abril 11, 2013

Amnistía para ricos, cárcel para pobres

Iturria: María José Esteso Poves / Ter García / diagonalperiodico.net – 2013/04/10

La reforma en el Código Penal facilita que el gran defraudador no vaya a la cárcel.

“En materia de delito fiscal, en el Estado español, no va a la cárcel casi nadie porque en general los jueces imponían penas de prisión inferiores a dos años”, explica el abogado Ignacio Trillo, del despacho Red Jurídica. Aunque el delito fiscal está penado con entre uno y cinco años de cárcel y una multa de entre el monto defraudado y seis veces lo defraudado, en los últimos años una mínima parte de los condenados por este tipo de delitos ha pisado la cárcel.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de las 298 sentencias condenatorias por delitos fiscales emitidas en 2010, sólo 19 fueron de más de dos años de cárcel. Las 279 restantes no implicaban la entrada en prisión si el defraudador no tenía una condena previa. Un año después fueron 23 los defraudadores condenados a una pena de más de dos años de cárcel de las 276 sentencias que se contaron.

“Puede darse el caso, como ha ocurrido en alguna ocasión, de que el defraudador pida a la Inspección que envíe su expediente al juzgado para tratarlo como delito fiscal, porque le resulta más favorable el trato en la vía penal que en la administrativa”, añade Leonardo Cárde­nas, de AGM Abogados, y explica que en muchos casos la multa por la vía penal del delito fiscal es bastante inferior a la que se recibiría por la infracción, por la vía administrativa.

Hasta el año 1995, la cantidad mínima defraudada a Hacienda que se consideraba delito era de cinco millones de pesetas. El impago por debajo de esa suma se consideraba una infracción administrativa, castigada con una multa del entre el 50% y el 150% del valor defraudado, según la cantidad. Ese año, el Gobierno del PSOE aprobó, mediante un pacto con CiU, una reforma del Código Penal por la que el importe se aumentaba a los 15 millones de pesetas. Los obstáculos a la hora de castigar el fraude a Hacienda fueron más allá, con la creación de la “excusa absolutoria”, por la que se perdonaba a los defraudadores que de forma voluntaria pagaran lo defraudado antes de ser llamados por los inspectores del fisco.

La ley ‘relaja’ el delito

La figura del delito fiscal se fue relajando más con una nueva modificación del Código Penal en 2003. Desde los 15 millones de pesetas (90.000 euros), la cantidad defraudada para que se considerara delito pasó a los 120.000 euros. De la mano de esta reforma, la nueva Ley Tributaria aprobada en diciembre de 2003 presentaba el “acta de acuerdo”, una nueva figura con la que se abría la vía de la negociación de lo defraudado evitando los juzgados y con rebajas de un 50% sobre la sanción.

La nueva modificación del delito fiscal en el Código Penal –de enero de 2013–incluye algunas novedades aplaudidas desde el ámbito de la Justicia y de la Agencia Tributaria, como la no detención del cobro de la deuda cuando se inicia el proceso penal, que se adapta a la normativa de la Unión Europea, a la vez que se anuncia a bombo y platillo la ampliación de la prescripción de este tipo de delitos de los cinco a los diez años, aunque sólo en los casos con agravantes (defraudar más de 600.000 euros, ser un fraude llevado a cabo por banda organizada o el uso de un paraíso fiscal), que pasan a estar penados con entre dos y seis años de cárcel.

En paralelo, una disposición en el artículo 305 permite que el juez rebaje en uno o dos grados la condena al defraudador que pague en el plazo de dos meses la deuda con Hacienda desde que es imputado. Así, es más posible que el defraudador no vaya a prisión si no ha sido condenado previamente y que se le aplique una multa menor a la que recibiría si la causa fuera por vía administrativa.

La consecuencia más importante de este cambio es, según explica José María Peláez, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que “se pierde el efecto disuasorio que debe representar un proceso penal, con la posibilidad de ingresar efectivamente en prisión. Si en cualquier proceso por delito fiscal se le permite al defraudador librarse de la cárcel si paga lo que no pagó en su día, la figura del delito fiscal pierde sentido, aunque se aumenten las penas o el plazo de prescripción se eleve a diez años en los supuestos de fraude más graves”, añade Peláez, quien señala también la escasa atención que se le ha dado en el Plan de Control del Fraude de 2013 a las declaraciones tributarias especiales (DTE) de la última amnistía fiscal, aprobada en marzo de 2012, medida que califica de fracaso.

“No exigía repatriar los capitales, por lo que los 40.000 millones de euros de bases imponibles declaradas correspondientes a bienes ocultos se desconoce si se han repatriado o no”, apostilla. Y entre aquellos que se acogieron a la amnistía, nombres comoDiego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin imputado en el caso Nóos, que utilizó la oportunidad prestada por el ministro de Hacienda para blanquear 160.000 euros que tenía ocultos en una cuenta en Luxemburgo; o el de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, que intentó acogerse a la amnistía para regularizar 19 millones de euros en cuentas de bancos suizos y a quien finalmente le fue denegada por la Agencia Tributaria a raíz del inicio de la investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular.

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy “supone un reconocimiento explícito de la falta de voluntad del Gobierno de perseguir el fraude fiscal y de acceder al chantaje de las grandes rentas de dejar de tributar cantidades que serían muy importantes para aumentar los ingresos del Estado”, afirma Alejandro Gámez, abogado penalista de la Asociación Libre de Abogados.

“El Gobierno ha optado voluntariamente por conformarse con migajas cuando tiene la obligación jurídica y ética de perseguir el fraude obteniendo con ello ingre­sos que evitaran tener que recortar por el lado del gasto público”, continúa Gámez, quien señala que, si se tienen en cuenta los altos límites de persecución de este delito, fijados en los 120.000 euros por tributo y año fiscal, es “una medida que favorece especialmente a las rentas más altas, hecha a medida de grandes defraudadores, sean del color que sean”.

Otros casos, como el de Emilio Botín, son una muestra de cómo la Administración mira a otro lado ante los delitos fiscales sin declarar una amnistía fiscal. El presidente del Banco Santander y varios miembros de su familia fueron investigados por fraude fiscal en 2011 a raíz del arresto en Francia de Hervé Falciani, un extrabajador al HSBC en Ginebra que robó del banco datos de 18.000 clientes que utilizaban la entidad para evadir impuestos. Entre los datos de cuentas encontradas en el ordenador de Falciani por las autoridades galas se encontraban las de la familia Botín y otras 3.000 personas con residencia en España, pero la Agencia Tributaria sólo encontró a 659 de los defraudadores, a los que invitó a regularizar su situación sin llevarles ante la justicia.

Dos años después, la Lista Falciani ha vuelto a poner sobre la mesa nombres de políticos del PP ya relacionados con la Gürtel, como Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, o Luis Bárcenas; y a otros aún no relacionados con la trama. Una lista de nombres relacionados con la política y ahora implicados en casos de delitos fiscales, entre otros, que, sin embargo, no ha provocado que se incluya a este colectivo entre los sometidos a un plan específico de inspección.

“En una situación normal, los representantes políticos no tendrían que tener controles adicionales, ni en concreto ser sometidos a inspección fiscal. En nuestro país, en el que se multiplican los casos de corrupción que afectan a nuestros políticos, un plan de inspección debería ser una de las muchas líneas de comprobación que debería acometer la Agencia Tributaria”, explica José María Peláez. “Además se deberían incluir entre los colectivos sometidos a vigilancia para la prevención del blanqueo de capitales, ya que se excluyeron en la ley de prevención aprobada en el año 2010”, concluye Peláez, y añade que estas reclamaciones ni tuvieron respuesta en 2008 ni las han tenido ahora.

Jaque a la clase trabajadora

Mientras se allana el camino a los grandes defraudadores, la última reforma del Código Penal aprobada en enero ha reducido de 120.000 a 50.000 euros el monto defraudado a la Seguridad Social para que éste constituya delito, menos de la mitad que en el caso de los delitos fiscales, un cambio de baremo tachado de “incomprensible” por Gestha y que muestra un “doble rasero”, según palabras de Gámez.

Así, mientras en el caso del fraude fiscal la cantidad fijada para que éste constituya delito es de 120.000 euros por ejercicio fiscal, en el caso de la defraudación a la Seguridad Social el monto para que ésta sea delito se reduce a los 50.000 euros, y permite que se sumen las cuantías defraudadas en los últimos cuatro años. Según explica Gámez: “Es mucho más fácil que se considere delito, y tampoco se tienen en cuenta las circunstancias de los sujetos que puedan cometer esos fraudes, la situación de precariedad en la que se puede ver envuelto un ciuda­dano que defraude a la Seguridad Social frente al músculo económico que tiene que tener un defraudador de Hacienda, que para alcanzar los 120.000 euros por año fiscal tiene que haber generado ingresos de al menos medio millón de euros en un sólo ejercicio”, explica.

“No van a recaudar mucho con ello –añade Gámez acerca del cambio de baremo en el fraude a la Seguridad Social–, y se ceban con una parte de la población que puede estar en situación de necesidad mientras a los defraudadores fiscales, que están guiados por la mera codicia, se les está perdonando”.


Carlos Fabra, el eterno evasor de la justicia, y de capitales

Por M.J.E.P. y T.G.

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra será juzgado a finales de este año por delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales según fuentes judiciales. Las investigaciones por los delitos cometidos por el expresidente de Castellón llevan ya abiertas durante más de nueve años, en los que sus abogados han ido tratando de atrasar los procedimientos. Los técnicos de Hacienda denunciaron hace años que Fabra contaba con cerca de 3,7 millones de euros de ingresos no justificados, dinero que además tampoco fue declarado a la Agencia Tributaria, por lo que también tendrá que comparecer, acusado de defraudar a Hacienda, junto a su entonces esposa, Amparo Fernández, 1,5 millones de euros entre los años 1999 y 2004. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fabra de 15 a 20 años de cárcel.

Recortes en AEAT: sin dinero para encontrar dinero

Desde 2008 a 2011, el número de expedientes por delitos fiscales tramitados por la Agencia Tributaria (AEAT) aumentaron en cerca de un 150%, pasando de los 679 expedientes a los 1.014, según datos publicados por la propia AEAT, que ha visto como su presupuesto bajaba este año en un 12%, lo que ha supuesto una merma en la financiación de las investigaciones llevadas a cabo por sus inspectores y técnicos y un descenso en el número de personas trabajando para sacar a la luz casos de fraude fiscal.

Por cada cien empleados de la Agencia Tributaria que se han jubilado, sólo se han repuesto diez, según señala José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). Unos recortes de personal no muy pronunciados, según señala Mollinedo, en comparación con otras áreas, pero que suponen una gran merma sobre una plantilla cuyo número no se ha ampliado desde hace más de veinte años.

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Carlos Fabra en un mitin. / PPCV

abril 4, 2013

32.000 millones de deuda estatal en programas de armamento

Iturria: diagonalperiodico.net / Ana Adela Rubio – 2013/03/05

El Centre Delàs calcula que el presupuesto del Ministerio de Defensa se duplicará en 2013

El Gobierno ha anunciado una revisión de la estrategia de seguridad que endurece la posición en Marruecos y que elude intervenir sobre el endeudamiento del Ministerio de Defensa.

El Ejecutivo de Rajoy elabora una nueva estrategia de seguridad para España con el fin de desarrollar la Directiva de Defensa Nacional 1/ 2012 (DDN), presentada públicamente en agosto de 2012, que será endurecida en el primer trimestre de 2013 para modificar los aspectos relacionados con Marruecos y el Norte de África. En el texto de la Directiva se esgrimen razones de carácter internacional para justificar este cambio estratégico, como son, por ejemplo, hacer cumplir el Tratado de Lisboa, o ajustar la política de defensa al nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, pero lo cierto es que ni desde la UE se ha elaborado un cambio de estrategia de seguridad –pues aún hoy mantienen el plan de 2008 elaborado por Javier Solana, a la cabeza entonces de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE–, tampoco desde la OTAN se ha definido todavía el nuevo Concepto Estratégico presentado en 2010 para los países firmantes del Tratado del Atlántico.

Así pues, y como el mismo texto indica, el principal motivo que ha llevado al Gobierno a hacer un cambio de rumbo poco menos de un año después del plan estratégico presentado por el gobierno de Zapatero, y de cuya redacción también se encargó Javier Solana, es la crisis económica y financiera, y que además, ha sido identificada como una amenaza para la seguridad del Estado.

El actual Ejecutivo ha decidido que será necesario un cambio evolutivo en el departamento de Defensa que conduzca “al logro de una credibilidad que se sostenga” frente a la UE y la OTAN. Para ello, se llevará a cabo una “necesaria transformación de las Fuerzas Armadas (…) en un momento de limitada disposición de recursos” con el fin de que la “noción tradicional de defensa (…) no quede desbordada”. Esas transformaciones han ido encaminadas a la creación de nuevos órganos de gestión más que a su supresión, y han suscitado críticas a la gestión de un Ministerio que hasta ahora ha generado 32.000 millones, que suponen un 3,6% del total de la deuda pública del Estado. Ésta ha sido generada principalmente por la ayuda a los Programas Especiales de Arma­mentos. Según palabras del propio ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien ha anunciado en RTVE que intentará negociar una quita de la deuda con las industrias que han suministrado este armamento, “tiene escasa utilidad estratégica para las necesidades reales de la defensa”, como denuncia el Centre Delàs d’Estudis per la Pau en su informe Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013.

Más gasto militar

El actual Gobierno cifró en un principio en casi 7.000 millones de euros el presupuesto para el Ministerio de Defensa –un 6,7 % menos respecto al año 2012–, cuando lo cierto es que el gasto militar real se prevé en 16.492 millones de euros, es decir, más del doble de lo anunciado y un 1,55% del PIB. También, las operaciones militares en el extranjero aumentarán 700 millones de euros sobre los 14,36 millones que cada año les eran asignados. Según el centro Delàs “se puede afirmar que hay recursos para aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas y no los hay para incrementar las partidas de gasto social o de desarrollo de la economía productiva” en un momento en el que España vive su peor crisis financiera desde la democracia.

Control mediterráneo

Para seguir con su estrategia, el Gobierno de Rajoy tomará en consideración el modelo de Defensa de EE UU, ya que “mantienen su liderazgo en la lucha contra los riesgos y amenazas globales”, con un proyecto “de continua expansión del ideal democrático”. El Ejecutivo de Rajoy creó en julio de 2012 el nuevo departamento de Seguridad Nacional con Alfonso de Senillosa al frente, quien ocupará el cargo de consejero del departamento, imitando así el modelo del departamento de Seguridad Nacional de EEUU. Este departamento será el “órgano permanente de asesoramiento y apoyo técnico en materia de Seguridad Nacional a la Presidencia del Gobierno”, creando la figura del Director Operativo del departamento de Seguridad Nacional con nivel de Subdirector General.

Ceuta y Melilla

A pesar del tono grandilocuente con el que está redactado el apartado de objetivos de la Directiva de Defensa Nacional, no ha pasado inadvertida la opacidad de su redacción con una falta notable de propuestas acerca del por qué y el cómo llevar a cabo la seguridad sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El texto aclara que el Estado garantizará “la disuasión (…) tomando en consideración la singularidad de los riesgos propios”, es decir, tomará las medidas necesarias y por cuenta propia para defender Ceuta y Melilla de las amenazas que se estimen oportunas.

Estando Ceuta y Melilla fuera de las áreas incluidas en el Tratado de Washington, el Ejecutivo quiere llevar a cabo esta política de defensa sin entrar en debate con la OTAN o la UE –que desde el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa garantiza el apoyo y seguridad a cualquier Estado miembro de la UE allá donde extienda su soberanía–, lo que podría situar a España en una posición de aislamiento diplomático que lejos de beneficiar a la seguridad estatal, podría mermarla en caso de una escalada del conflicto en las zonas que se revisarán en el nuevo plan estratégico. El vicepresidente del Gobierno melillense, Miguel Marín (PP), ya expresó su conformidad con este nuevo plan, que tiene como consecuencia la llegada de al menos 200 efectivos militares a la ciudad autónoma.

Enterrada la Alianza de Civiliza­ciones del anterior presidente, el Ejecutivo centra su atención en una estrategia geopolítica que tiene como foco principal el Mediterráneo, algo que sin lugar a dudas le acerca a aliados como EE UU y sus socios: Israel o Arabia Saudí. Así, la atención se centra en los cambios sufridos en los países del norte de África, haciendo referencia de modo indirecto a la Primavera Árabe, y percibiendo estas revueltas sociales, así como su situación fallida en algunos Estados, como una amenaza para la seguridad del país, todo ello sin olvidar la importante fuente de recursos naturales que poseen estos países, como por ejemplo Egipto o Argelia, de la que España depende hasta en un 45% para su consumo energético.

Morenés arropa a las armeras en Abu Dhabi

Desde que Pedro Morenés tomara el cargo de Ministro de Defensa, tampoco han pasado inadvertidos los contratos millonarios que ha hecho el Estado en materia de defensa y armamento con la empresa, especializada en munición y armas de infantería en la que el actual Ministro era consejero delegado. Instalaza reclamaba al Gobierno el pago de 40 millones de euros de indemnización en concepto de daño emergente y lucro cesante por la prohibición de la fabricación de bombas de racimo, principal producción de dicha empresa. Después de varias negociaciones, el Gobierno no sólo pagará la indemnización sino que, además, ha continuado haciendo contratos millonarios para material armamentístico con dicha empresa. Instalaza es una de las nueve empresas con capital español que han presentado sus productos en la Feria Internacional IDEX 13, que se ha celebrado en febrero en Abu Dhabi. Las firmas del sector armamentístico estuvieron acompañadas en este emirato por el propio Morenés, que tuvo ocasión de comprobar de primera mano cómo continúan vendiéndose bombas de racimo en una feria considerada uno de los bazares de armas del mundo.

 

Olmo Calvo

Olmo Calvo

 

febrero 25, 2013

Nueva reforma laboral: El Gobierno se ensaña con la juventud

Iturria: Adoración Guamán / Héctor Illueca / Publico.es – 2013/02/25

El pasado viernes 22 de febrero el Gobierno del Partido Popular tuvo a bien confesar los verdaderos propósitos de las medidas laborales y de otra índole que viene impulsando en la presente legislatura. La Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 4/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, no deja lugar a dudas: tras las habituales y cansinas referencias a la “estabilidad macroeconómica” y a la consecución de “unas entidades financieras sólidas”, reconoce con sorprendente naturalidad que la estrategia del Ejecutivo persigue la instauración de “un alto grado de flexibilidad” que permita “ajustar los precios y salarios relativos”Mucho se ha escrito acerca de las reformas habidas hasta el momento y de sus objetivos, que no por inconfesos dejaban de ser una verdad a gritos. Los datos nos han dado la razón a los que afirmamos que la reforma laboral de 2012 sólo iba a conseguir provocar más desempleo, más precariedad, más desigualdad y más exclusión social.

Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular persiste en su empeño de acabar con los derechos laborales y sociales en nuestro país, dando vida a un texto legislativo que, en nuestra opinión, adolece de tres graves defectos o insuficiencias: falsear los verdaderos objetivos del legislador (afirma estar dirigido a estimular “la creación de empleo”); incumplir el mandato constitucional según el cual los poderes públicos deben perseguir la consecución de la igualdad material entre los ciudadanos (lo que no parece compatible con una legislación laboral claramente decantada hacia la parte empresarial); y repetir conscientemente errores del pasado, condenando a los trabajadores a un futuro de precariedad y sobreexplotación.

En efecto, repitiendo errores del pasado reciente y lejano, el citado Real Decreto-ley 4/2013 persiste en sendas ya transitadas y que se han demostrado como vías muertas para crear empleo. Un año después del tremendo Real Decreto-ley 3/2012, el Gobierno del Partido Popular impone, de nuevo por una vía jurídica de dudosa constitucionalidad y alejada del debate parlamentario y por supuesto social, otra vuelta de tuerca a los derechos laborales. Utilizando una orwelliana neolenguaque destruye las palabras para ocultar realidades (“emprendedor”, “cultura del emprendimiento”…)el legislador intenta, sin conseguirlo, difuminar el verdadero núcleo duro de esta sigilosa reforma laboral: la absoluta precarización de la situación contractual de los jóvenes menores de treinta años. Pensábamos que en materia de regulación de las relaciones de trabajo era difícil empeorar la situación creada por la reforma laboral de 2012, pero nos equivocamos. El Gobierno ha ido todavía más lejos.

Refiriéndonos sólo a las medidas dirigidas a los jóvenes de entre el amplio número de las contempladas en la norma, la primera sensación que provoca su análisis es una especie de déjà-vu, vinculado con una profunda sensación de inquietud. Sus medidas evocan aquella vieja política de empleo efectuada entre 1984 y 1997, basada en la flexibilidad laboral externa y en el fomento de la contratación temporal sin causa. Esta política consiguió modificar profundamente la estructura de nuestro mercado de trabajo, cuyo rasgo fundamental desde entonces, además de la especial sensibilidad del empleo a los diversos momentos de crisis económica, ha sido la persistencia de una elevada tasa de temporalidad, especialmente entre la juventud.

Las consecuencias de ello son suficientemente conocidas, pero no está de más recordarlas sucintamente. La contratación temporal genera precariedad laboral e inseguridad vital, así como volatilidad general en el trabajo, impidiendo la formación profesional en el puesto de trabajo y provocando pérdidas de ineficiencia en las relaciones de trabajo, situaciones de riesgo vital, relacionado con la menor preparación frente a los riesgos laborales, y una permanente discriminación entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones. Pues bien, ignorando estas consecuencias, y aprovechando que el desempleo masivo permite forzar a los trabajadores a la aceptación de cualquier empleo, la política del gobierno vuelve a colocarse bajo el signo de que “cualquier empleo es mejor que un no empleo”, regresando al antiguo fomento de la contratación por la vía de eliminar la estabilidad de los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral: los jóvenes.

Centrándonos en las medidas que mayormente impactarán en la precariedad del empleo juvenil, la norma crea una nueva modalidad contractual, el denominado “primer empleo joven”. Es éste un contrato temporal causal, fundamentado únicamente en la ausencia de experiencia laboral para menores de treinta años. Partiendo de esta base, los jóvenes podrán ser contratados sin importar si la actividad que van a realizar tiene carácter temporal o indefinido en la empresa, por un periodo de entre tres y seis meses, a tiempo completo o incluso a tiempo parcial. De este modo, el legislador de 2013 evoca al de 1984, asumiendo el denominado modelo de “flexibilidad en el margen”: los nuevos contratados pueden ser empleados sin restricciones por tiempo determinado, quedando así al margen de la normativa protectora de la estabilidad en el empleo, esto es, del ya mermado derecho a la protección contra el despido sin causa. Todos los esfuerzos realizados a partir de 1997 para reducir la temporalidad han sido en balde.

En segundo lugar, la nueva reforma laboral modifica los requisitos exigidos para la contratación en prácticas, eliminando la barrera temporal que ligaba el empleo a la formación al imponer un límite de cinco años entre la finalización de los estudios y la contratación bajo esta modalidad para poner en práctica lo estudiado. Este vínculo de continuidad entre la formación teórica y el desempeño de las prácticas fundamentaba el propio contrato que ahora queda, en buena medida, desnaturalizado. A partir de la entrada en vigor de la norma, los contratos en prácticas pueden ser utilizados a discreción con toda persona menor de treinta años, sin importar que los estudios a poner en práctica se hubieran finalizado diez años antes. Esta contratación de mano de obra cualificada y excepcionalmente barata (recordemos que el salario puede oscilar entre el 60 y el 75 por ciento del fijado en convenio durante los primeros años del contrato) está además bonificada en las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Como corolario, se permite la entrada de las Empresas de Trabajo Temporal en la realización de los contratos de prácticas y aprendizaje, traspasándose así otra de las líneas rojas relativa a la protección de los jóvenes.

A la vista de tales datos, causa repulsión que el Gobierno aluda en la Exposición de Motivos “a una segunda generación de reformas estructurales” supuestamente necesarias para “crear empleo”. La promoción de la temporalidad entre la juventud cuando el resto de trabajadores tenían todavía una fuerte protección frente al despido fueron perniciosas en términos de segmentación del mercado de trabajo. Pero, al menos, existía un importante colchón familiar sustentado por esos trabajadores relativamente protegidos por la legislación laboral. Hoy ese colchón ha desaparecido. La reforma laboral de 2012 precarizó el conjunto de la contratación laboral, facilitando y abaratando el despido y reduciendo salarios ya de facto en involución. En esta ocasión, la promoción de la temporalidad como única salida para nuestros jóvenes no contará con el sustento de las familias, llevadas al límite de su resistencia. El ensañamiento del Gobierno con este sector social sólo puede provocar más crispación entre la juventud y más desconfianza hacia un sistema político que se revela crecientemente incapaz de resolver los problemas que aquejan nuestro país.

Adoración Guamán – Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Héctor Illueca – Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

febrero 23, 2013

El modelo de crecimiento económico del Partido Popular

Iturria: Alberto Garzón / eldiario.es – 2013/02/22

El 13 de febrero de 2013 el ministro de economía fue interpelado en el Congreso para que explicara el modelo de crecimiento de la economía española tras la crisis. Sus palabras fueron claras: “el modelo de crecimiento de la economía española es el que ya apunta la economía española hoy, es un modelo basado en las exportaciones de bienes y servicios”. Y después añadió que concretamente el crecimiento vendría por el lado de los “servicios no turísticos, que son normalmente servicios de alto valor añadido, en los cuales se compite en el mundo, como consecuencia básicamente del conocimiento. España tiene un superávit y capacidad de competir, y eso es una indicación clara de lo que decía anteriormente. Ese es el modelo que nosotros queremos”.

El ministro hacía así referencia a un cambio cualitativo muy importante que está viviendo la economía española: el desplazamiento desde un modelo dirigido por el endeudamiento y la demanda interna (debt-led) hacia un modelo basado en la exportaciones de bienes y servicios (export-led). Pero, además, concretaba el ministro que se tratará de servicios de alto valor añadido, lo que requerirá un nivel alto de cualificación de los trabajadores. Las preguntas que nos hacemos son: ¿es viable este modelo de crecimiento? ¿sobre qué sectores reales se asienta?

Los modelos export-led y sus críticas

Todas las economías capitalistas tienen que crecer para poder reproducirse, lo que significa que tienen que encontrar espacios de rentabilidad empresarial que hagan atractiva la inversión. Esa rentabilidad puede encontrarse en el mercado interno (los propias familias, empresas y Estado son los compradores) o en el mercado externo (las compras vienen desde el exterior). Obviamente cualquier economía abierta opera en ambos mercados, pero siempre alguno de ellos es el motor fundamental.

Para entender esto podemos aproximarnos al tema por la vía del Producto Interior Bruto (PIB), que medido en términos de demanda es la suma del Consumo (C), la Inversión (I), el Gasto Público (G) y las Exportaciones Netas (E). En España este último componente, que es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, había sido negativo en las últimas décadas de modo que para crecer la economía había tenido que propulsarse con el resto de componentes. Concretamente lo hizo a partir del crecimiento del consumo y la inversión vinculados al sector de la construcción. Pero cuando la burbuja pinchó, la demanda interna cayó y cayeron el consumo, la inversión y las importaciones de bienes y servicios. Eso condujo a la recesión y al inicio del proceso de ajuste.

En teoría económica los modelos export-led suponen que el crecimiento viene propulsado por las exportaciones, de modo que la capacidad de exportar bienes y servicios es la que empuja la inversión interna y la creación de empleo. Estos modelos se pusieron de moda en los años setenta en medio del renacimiento académico de la teoría neoclásica y del nuevo dominio de la teoría de las ventajas comparativas. Los países que adoptaron este modelo de crecimiento fueron Alemania y Japón en los años cincuenta y sesenta, pero especialmente importante fue el éxito de Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur en los años setenta. En los ochenta y noventa se extendió por Asia y por América Latina, siendo China y México los ejemplos más notables. Y ahora las instituciones internacionales (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo más concretamente) pretenden aprovechar la crisis para adaptar este modelo también a las economías de la periferia europea, es decir, a Grecia, Portugal y España.

Desde el punto de vista teórico un modelo export-led obliga a los distintos países a buscar sus mercados de especialización o, dicho de forma coloquial, aquellos nichos de mercado en los que son los mejores en lo que hacen. Es lo que llamamos la teoría de las ventajas comparativas. La división internacional del trabajo de Adam Smith aplicada al espacio internacional, todo lo cual llevará, supuestamente, a un estado de mayor bienestar para todos los países.

Las críticas a este modelo son innumerables. En primer lugar, hay críticas dentro de la propia teoría neoclásica respecto al realismo de tal planteamiento (sobre todo porque suelen suponerse mercados de competencia perfecta y movilidad plena del capital). En segundo lugar, porque la especialización en determinadas ramas puede llevar a los países a sufrir un deterioro en los términos de intercambio (la famosa tesis de los estructuralistas de la CEPAL). Esto quiere decir que los países especializados en bienes de primera necesidad o básicos –como materias primas o industria textil- ven como la abundancia de oferentes (muchos países vendiendo lo mismo) lleva a una caída de los precios mientras que los países especializados en bienes de alto valor añadido –como industria tecnológica-mantienen precios altos. Esa relación empobrece en el tiempo a los países dependientes. En tercer lugar, un modelo export-led conlleva una estrategia de empobrecimiento del vecino consistente habitualmente en disminuir los salarios para ser más competitivos. Ese efecto, generalizado, deteriora la demanda mundial y produce crisis de demanda. En cuarto lugar, existe la conocida como falacia de composición, que insiste en que a nivel mundial las exportaciones han de ser iguales a las importaciones y, en consecuencia, no todos los países pueden ser exportadores netos. Es decir, no todos los países pueden exportar más de lo que importan, con lo que buscar estrategias para que así sea es un imposible económico.

Apuntadas estas cuestiones, de extraordinaria relevancia para entender hacia dónde vamos, es importante analizar la composición de la balanza de pagos española para tratar de analizar el objetivo del Gobierno del PP cuando habla de implantar un modelo export-led.

El modelo export-led de España

Como hemos dicho antes, España no ha sido nunca un modelo export-led sino demand-led o alternativamente debt-led, esto es, propulsado por la demanda interna y concretamente por el estímulo de las deudas. Esto ha sido reflejado en el comportamiento de la cuenta corriente, la cual revela la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. El saldo durante los años de burbuja inmobiliaria ha sido crecientemente deficitario. Hay que hacer notar que antes de la implantación del euro solía producirse una devaluación monetaria que permitía que las exportaciones fueran más baratas y las importaciones más caras (lo que ayudaba a corregir el déficit). Con la implantación del euro esta medida no era ya viable y el déficit se acumuló hasta que la crisis hizo retroceder las importaciones mucho más que las exportaciones. Desde entonces las exportaciones han crecido más rápido (un 15’4% en 2011) que las importaciones (un 9’6% en 2011). Hasta el punto de que en el tercer trimestre de 2012 se obtiene un superávit que ha servido al Gobierno para defender “los brotes verdes” actuales.

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No obstante, la cuenta corriente está formada por la Balanza Comercial, la Balanza de Servicios, la Balanza de Rentas y la Balanza de Transferencias Corrientes. Dada la importancia menor de los dos últimos componentes, lo que nos interesa es saber qué ocurre con la balanza comercial y con la balanza de servicios.

La Balanza Comercial refleja las mercancías que cruzan las fronteras del país, y son el reflejo del comercio de bienes. Suele expresar la capacidad competitiva de la industria de un país, y dado que las decisiones de inversión son más lentas suele mostrar un comportamiento más estable en el tiempo. La Balanza de Servicios, por el contrario, incluye una serie de rúbricas muy distintas que se refieren a servicios contratados en un país por residentes de otro país distinto. En España el turismo es el componente más importante de la balanza de servicios y, dada su naturaleza, es muy estacional (mucha actividad en temporadas altas y poca en las temporadas bajas) y altamente dependiente de factores externos. De ahí que sea tan volátil.

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Como se puede comprobar la balanza de servicios siempre ha tenido superávit, mientras que la de bienes ha mostrado siempre déficit. Lo que ocurre es que la caída de las importaciones de bienes como consecuencia de la crisis ha reducido el déficit comercial y todo ello ha llevado finalmente a un superávit en la cuenta corriente. El “brote verde” es el hecho de que España ya es exportador neto y ello hace crecer el PIB (aunque no lo suficiente para compensar la caída del Consumo, Inversión y Gasto Público). Otra consecuencia es que ya no hace falta financiar el déficit con dinero exterior, algo de lo que también hace gala el presidente del Gobierno. ¿Luz de un día? Luego reflexionaremos sobre ello.

El ministro Guindos apuntó también que la economía estaría dirigida no por la rúbrica de servicios en general sino sobre todo por la de servicios no turísticos. De modo que para ver a qué se refería hay que descender un poco más en el análisis y estudiar la balanza de servicios y sus componentes.

La balanza de servicios

Como ya hemos indicado, el peso de la partida de turismo es extraordinario. Aporta ni más ni menos que el 90% del saldo positivo en la balanza de servicios; es el verdadero motor del sector servicios.

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Eso sí, el ministro quiso huir de la tradicional crítica de tener un país de servicios (cuestión que, como vemos, es un hecho constatado), y aseguró que nos centraríamos en “servicios no turísticos” tal y como estaría mostrando la dinámica reciente:

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De esta tendencia obtenemos que ahora mismo los sectores de servicios donde España es competitiva es en la informática, la construcción, las finanzas y recientemente también en los servicios a empresas y en los servicios personales, culturales y recreativos. Pero, ¿hacia dónde avanzará la economía española de aquí en adelante? ¿qué signos hay?

Un vistazo a los ingresos por servicios nos muestra que en 2011 las partidas más dinámicas fueron los seguros, los servicios personales, culturales y recreativos, los servicios financieros, los servicios prestados a empresas y los royalties y rentas de la propiedad.

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De mantenerse esta dinámica, podríamos decir que en lo que se refiere a servicios España se seguirá centrando en el turismo pero también, aunque con un valor ínfimo, en otras partidas. ¿Son estas de alto valor añadido como indica el ministro?

Las partidas de seguros y servicios financieros son, efectivamente, sectores de alto valor añadido. Tienen que ver con la intermediación financiera y el negocio de las primas de los seguros. Aquí se incluye toda la comercialización de productos financieros, y en general es muy dependiente de las burbujas financieras. Es decir, una burbuja financiera permite la existencia de grandes ingresos, pero una crisis financiera desmantela por completo el sector.

Entre los servicios personales, culturales y recreativos se incluye la producción de películas, programas de radio y televisión y todo el sector cultural. Está vinculado también a la partida de royalties y derechos de la propiedad inmaterial, aunque aquí se incluyen también los avances científicos que sean patentados. También son sectores de alto valor añadido.

Finalmente la partida de servicios prestados a las empresas incluye un gran número de actividades, habitualmente de intermediación en transacciones comerciales. Es difícil dilucidar si esta partida requiere un alto nivel de formación.

En todo caso, sorprende que el mismo ministerio que anuncia la promoción de estos sectores lleve acumulado un recorte del 40% en I+D+i en sólo dos años. ¿La razón? Probablemente la asunción y el reconocimiento de que estos sectores son muy pequeños, por lo que les corra mucha más prisa estimular la exportación de bienes y servicios de bajo valor añadido a través de la disminución salarial. Una trayectoria errática y muy peligrosa desde el punto de vista del modelo de sociedad.

Conclusiones

En definitiva, el proceso de ajuste de la economía española está pivotando sobre el retroceso del sector de la construcción (tanto en bienes como en servicios) y el soporte del sector turístico. Y aunque el ministro plantea que en el sector servicios hay sectores no turísticos de alto valor añadido que serán el motor de la economía, es difícil darle la razón cuando vemos el peso tan insignificante que tienen dentro de la balanza de pagos.

Aunque dicho crecimiento es cierto en sectores minoritarios y especialmente vinculados a la actividad financiera, podría ser perfectamente un espejismo derivado de una crisis económica que de momento se ha gestionado sobre la base de la ayuda al sector financiero. Un sector financiero que necesitará una economía real donde anclarse, problema acuciante en la actualidad.

Por otra parte, esta dinámica descrita es el resultado de dejar al libre mercado diseñar nuestro modelo de crecimiento. La consecuencia de depender de estos sectores marcará asimismo la naturaleza del mercado laboral, que será altamente flexible y volátil, y probablemente mucho más desigual en términos de renta. El sector turístico está enfrentado también a competencia, y el sector de bienes está siendo reconducido por la vía de la reducción de costes salariales (no olvidemos el discurso de Rajoy defendiendo que la industria automovilística llega al país). La OCDE ha documentado que en las últimas décadas existe una gran divergencia entre los trabajos de alta cualificación y los de baja cualificación (asociados al turismo, por ejemplo), con implicaciones sociales de importancia.

La trayectoria marcada por la economía española tiene altas probabilidades de chocar con los elementos planteados en la crítica al modelo export-led, pero incluso aunque fuera España uno de los pocos países en sobrevivir a la lucha competitiva el modelo resultante sería absolutamente indeseable desde el punto de vista social.

Con todo, se ha dejado de lado la alternativa de iniciar un proceso de reindustrialización que acerque la economía a una trayectoria más estable y basada en el alto valor añadido, permitiendo mejor redistribución de la renta entre capital y trabajo. Una economía que no sea export-led, con todo lo que ello conlleva, sino demand-led y con un proceso de crecimiento autocentrado. Claro que esta vía alternativa implica una reestructuración de la arquitectura institucional europea, cuestión que dada la correlación de fuerzas actual no parece muy probable. Aunque, desde luego y viendo el horizonte al que nos empuja el Gobierno, es más que necesaria.

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