Denuncian los recortes en gasto y en empleados en un acto oficial en Cruces

Iturria: Gara.net – 2013/07/09

Sindicatos de la Sanidad Pública denunciaron ayer los recortes en gasto y en empleados que se están materializando en Osakidetza, ante la visita efectuada por el lehendakari Iñigo Urkullu y el consejero de Salud, Jon Darpón, al nuevo laboratorio del Hospital Universitario de Cruces.

Medio centenar de trabajadores sanitarios de los sindicatos ESK, SATSE, ELA, UGT, SME, FFHE, CCOO y LAB recibieron ayer en el Hospital de Cruces al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al consejero de Sanidad, Jon Darpón, con gritos de «la sanidad pública no se vende» y «Darpón dimisión», en protesta por los recortes en gasto y empleados que, según indicaron, sufre la sanidad vasca, durante la inauguración del nuevo laboratorio del centro sanitario situado en Barakaldo.

Tras intercambiar unas palabras con el consejero a las puertas del nuevo edificio, uno de los trabajadores obtuvo permiso para acceder al mismo, y, durante la visita a las instalaciones, entregó a ambos mandatarios una carta que recogía sus críticas, centradas, fundamentalmente, en la «mayor carga de trabajo» que, aseguran, sufren los trabajadores de Osakidetza, así como la «menor contratación» llevada a cabo por el Departamento este año.

Durante su intervención ante los medios, Darpón no pudo obviar la protesta y señaló que Osakidetza «funciona bien, con pitos o sin ellos», y argumentó que los ciudadanos que acuden al servicio «se sienten en buenas manos». Insistió en el «compromiso» del Gobierno autonómico por trabajar en favor de un servicio sanitario «público, gratuito, y de calidad» y dijo que la crisis «no va a ser una excusa para lo contrario».

No obstante, el consejero admitió que su Departamento está pidiendo «un esfuerzo importante, pero necesario» a los trabajadores de Osakidetza y que ha tomado la decisión de «no gastar lo que no tenemos», si bien destacó su apuesta por «avanzar y mejorar» hacia una gestión «eficiente» de los sistemas sanitarios.

Sin embargo, los sindicatos presentes en la concentración señalaron que la gestión llevada a cabo por los responsables de Cruces supone un ataque a la sanidad pública y a los derechos de sus trabajadores, «como lo certifican las más de 10.000 firmas» de usuarios de este centro recogidas en defensa de una sanidad pública y de calidad.

Ante esta visita del lehendakari, las centrales trasladaron a la opinión pública «la otra cara» de Osakidetza y denunciaron los «efectos negativos» que las «políticas de recorte» del Gobierno de Urkullu están teniendo en la calidad asistencial y en los derechos laborales.

Entre otras medidas, criticaron la apuesta de Osakidetza por la privatización de las tareas de limpieza del nuevo edificio de laboratorios, lo que supone «un incumplimiento del acuerdo de mesa general y del Acuerdo Regulador de las Condiciones de trabajo» del ente sanitario.

Los sindicatos denunciaron el déficit de personal que eleva las cargas y ritmos de trabajo, lo que «dificulta un trato adecuado» e «incide en la posibilidad de mayores errores».

20.000 análisis cada día

El nuevo laboratorio de Cruces realizará 20.000 pruebas cada día, algunas de las cuales se derivaban con anterioridad a laboratorios externos.

El nuevo edificio, incluido en un proyecto de reforma del hospital iniciado en 2007, ha supuesto una inversión de 20 millones de euros, y dará servicio a las comarcas de Ezkerraldea, Enkarterri, Uribe-Kosta y a los hospitales de San Eloy y el futuro hospital de Urduliz.

Sanitarios de hospitales públicos vascos se encierran en protesta por los recortes en Osakidetza

Iturria: elcorreo.com – 2013/04/10

Personal sanitario de los principales hospitales públicos vascos está protagonizando este miércoles encierros de 24 horas en hospitales públicos vascos en protesta por los recortes en Osakidetza y por el aumento de la jornada laboral acordados por el Gobierno de Iñigo Urkullu.

Estos actos, organizados la víspera de la celebración de la segunda Mesa Sectorial de Sanidad, han sido convocados por los sindicatos SATSE, ESK, ELA, SME-FFHE, UGT, CCOO y LAB en los hospitales de Cruces y Galdakao, en Bizkaia; Txagorritxu, en Álava, y Donosti, en Gipuzkoa.

En Cruces, los trabajadores han instalado una tienda de campaña y sacos de dormir en el vestíbulo principal, donde permanecerán hasta las 11:00 horas de mañana. Gotzon Álvarez, en nombre de la junta de personal del centro sanitario, ha criticado en declaraciones a los medios que en la mesa sectorial de este jueves, el Gobierno Vasco pretende alargar la jornada laboral del personal sanitario, después de haber congelado los salarios, no abonar la paga de Navidad y «penalizar» el hecho de estar de baja.

Esta nueva situación implicaría, según ha añadido, que se trabajará más por menos dinero y «lo que es más grave, que las 2.600 personas que trabajan en sustituciones por días libres, bajas y ausencias se quedan en el paro». Ha asegurado además que los usuarios ya están afectados por estos recortes, que inciden en la «calidad asistencial», y ha subrayado que los centros sanitarios «están en pié de guerra».

Chorizo asado en Galdakao

En el Hospital de Galdakao, medio centenar de trabajadores se han manifestado contra los recortes de Osakidetza y han repartido octavillas y chorizo asado, bajo el lema «No hay pan para tanto chorizo». Las movilizaciones se han iniciado a las 7.30 horas con una marcha encabezada por una pancarta con el lema «Murrizketarik ez (No a los recortes). Por una sanidad pública universal, gratuita y de calidad».

La manifestación, que ha sido secundada por medio centenar de trabajadores, ha discurrido durante unos 45 minutos desde el Hospital de Galdakao hasta la rotonda de Usánsolo por la carretera N-240, que como consecuencia ha registrado problemas de tráfico. Tras la marcha, en la que se han coreado gritos contra las privatizaciones y en favor del mantenimiento del empleo, los manifestantes han llenado de carteles contra los recortes el Hospital de Galdakao y han repartido octavillas.

A las 11.00 horas, han distribuido chorizo asado y pan a los viandantes, y después han iniciado un recorrido por las distintas plantas del hospital para informar a los trabajadores sobre la política de los representantes de Osakidetza.

Encerrados en Txogorritxu desde las 7.30

En Vitoria, alrededor de un centenar de trabajadores de Osakidetza participan desde las 7.30 horas en el encierro convocado contra los recortes en la sanidad que tiene lugar en el vestíbulo del Hospital de Txagorritxu. El encierro se prolongará hasta mañana por la mañana, cuando los trabajadores abandonen el hospital y se desplacen hasta la sede de los Servicios Centrales de Osakidetza, donde se concentrarán mientras se celebra la mesa sectorial de sanidad, convocada a las 10.00 horas.

En Álava, el encierro ha sido convocado por la junta de personal de la atención especializada de Álava y se han adherido los comités de empresa de los hospitales de Txagorritxu, Santiago y de Salud Mental, así como la asamblea de trabajadores eventuales.

En el bilbaíno Hospital de Basurto, los sindicatos han convocado un acto de protesta contra los recortes el próximo viernes.

Movilizaciones en Donostia y Txagorritxu contra los recortes en Sanidad

Iturria: Gara.net – 2013/03/22

Los hospitales de Txagorritxu y Donostia volvieron a convertirse ayer en escenario de sendas movilizaciones en defensa de la sanidad pública y en contra de los recortes. La protesta del hospital alavés estaba convocada por la junta de personal, mientras en Donostia, las secciones sindicales de ELA, LAB, SAE, CCOO, UGT y UTESE dieron cuenta de la recogida de firmas iniciada el pasado mes de enero y que lleva ya recabadas un total de 9.179 adhesiones a favor de una sanidad «pública, universal y de calidad».

Tras una concentración celebrada junto al centro hospitalario donostiarra bajo el lema «Zerbitzu publikoen alde. Murrizketarik ez», el portavoz del sindicato LAB, Juanra Villarubia, acompañado de la portavoz de SAE, Idoia Usón, informó de que las firmas serán entregadas al consejero de Sanidad, Jon Darpón.

Denunciaron que los recortes se ven plasmados «en disminución significativa de sustituciones del personal, aumentos de jornada efectiva o el deterioro de la calidad asistencial que oferta Osakidetza por el consiguiente aumento de las cargas de trabajo y listas de espera».

LAB llevará a la mesa sectorial de Osakidetza, que tendrá lugar hoy, el derecho a la negociación colectiva y la creación de empleo en la sanidad pública.

Los recortes de la sanidad británica matan a miles de pacientes

Iturria: Carlos Elordi / eldiario.es – 2013/02/07

La prensa británica lleva varios días encendida por la publicación, este martes, de un informe oficial según el cual en un solo hospital de la red sanitaria pública, el de Stafford, la falta de atención y la negligencia habrían producido, al menos, 1.200 muertes innecesarias de pacientes entre 2005 y 2009. El primer ministro David Cameron tuvo ayer que pedir perdón por esos desmanes en un debate parlamentario destinado sobre el escándalo. Y prometió que otros cinco hospitales serán investigados tan minuciosamente como el de Stafford. El diario The Independent dice hoy que serán los de Colchester, Tameside, Blackpool, Basildon y Lancashire. Y el Telegraph asegura que en esos cinco centros se habrían producido otras 3.000 muertes innecesarias por culpa de la malas prácticas sanitarias.

Aunque están en curso otras investigaciones a este respecto, la atención estrictamente médica no es el objeto principal del informe en cuestión, que ha producido una ola de indignación entre los británicos, para los cuales su confianza en el NHS, el sistema nacional de salud, “es lo más parecido a la fe religiosa”, según han destacado varios periódicos, citando lo que dijo hace más de veinte años el entonces ministro del presupuesto Nigel Lawson. “Esa confianza ha sido traicionada”, dijo ayer Cameron.

El texto, de más de 2.000 páginas, describe de manera exhaustiva “fallos espantosos y graves negligencias” en el trato dado a los pacientes y a sus familias por parte del personal auxiliar. La lista de barbaridades incluye actuaciones como permitir a los enfermos beber agua de los jarrones de flores y que las recepcionistas tomaran decisiones sobre sus tratamientos. Pero también implica a la dirección del hospital de Stafford “por haber ignorado las señales de alarma y haber puesto los intereses corporativos y el control de los costes por delante de la seguridad de los pacientes”.

“El informe ha identificado al culpable: es la cultura del NHS, que mira por el negocio y no por los pacientes”, escribe Randeep Ramesh en el Guardian. “Se denuncia una cultura inspirada en la ideología de los dirigentes empresariales, en la que éstos ven el vaso medio lleno, cuando en realidad está vacío. Porque subraya que la “baja calidad” que ponía en riesgo a los pacientes era tolerada y que existía una cultura institucional que “daba más importancia a la información positiva sobre el servicio que la información que podía ser una causa de preocupación”.

A fin de reducir costes, el hospital de Stafford, y posiblemente los demás que van a ser investigados, permitía que parcelas crecientes del tratamiento de los enfermos quedara exclusivamente en manos del personal auxiliar, por debajo del nivel de los enfermeros y enfermeras, que en Reino Unido no tiene que someterse a ninguna prueba ni figurar en registro colegial alguno para ser contratado. “Desde hace años se ha denunciado este hecho, pero muchos en el NHS se han resistido a que se cambie el procedimiento, debido al aumento de costes que supondría regular la actividad de ese amplio sector del personal hospitalario, que percibe bajos salarios”, añade Ramesh.

Pero si es la política de recortes de los gastos sanitarios la que ha generado esa cultura de ahorro insensato por parte de los directivos hospitalarios, la perspectiva de una más honda privatización de la sanidad británica –acercarse al modelo norteamericano es el objetivo de Cameron y de los conservadores- plantea incógnitas aún mucho más preocupantes. La polémica al respecto arde en Gran Bretaña. Los conservadores han entendido que las 1.200 muertes innecesarias de Stafford refuerzan la necesidad de acelerar los planes de privatización, hace poco aprobados en el parlamento con el voto contrario de la oposición laborista. Para los defensores de la sanidad pública, en cambio, que la cultura empresarial en la gestión hospitalaria provoca males terribles, que la privatización agravaría hasta extremos imprevisibles.

Ese debate también está abierto en España. También aquí se están denunciando hasta la saciedad los riesgos que implican los recortes y la privatización del sistema. La diferencia con Gran Bretaña –cuyo NHS, tanto sus épocas de esplendor como las de las reformas,  ha sido el referente principal referente de lo que se ha hecho en nuestro país- es que allí esa polémica tiene lugar también sobre la base de informes oficiales que no tienen reparo en denunciar las verdades. Y genera auténticos debates parlamentarios. En los que cada uno dice lo que le interesa. Pero que sirven, al menos, para que la gente sepa lo que piensan unos y otros.

ONG denuncian que el Gobierno incumple la Constitución con las políticas adoptadas en respuesta al VIH/sida en 2012

Iturria: Europa Press – 2012/11/27

LA ALIANZA DE PLATAFORMAS DEL VIH Y EL SIDA

Pide al Gobierno 750.000 euros más para programas no aprobados este año

La Alianza de Plataformas del VIH y el sida denuncia que el presupuesto del Gobierno y la política puesta en marcha para dar respuesta al VIH en España es «insuficiente», supone un «retroceso» e incumple sus obligaciones respecto a la protección de la salud, dictadas en la Constitución, la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública.

Por este motivo, las más de 300 entidades que la forman, se unen bajo el lema ‘Más derechos, menos recortes, menos excusas’, y buscan el apoyo de los ciudadanos para que conviertan el próximo 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, «en un día de reivindicación y lucha para garantizar el estado de bienestar, el acceso universal a la sanidad y las políticas de respuesta al VIH».

«No aceptamos las medidas del Gobierno porque la realidad que marca el VIH no nos permite dar un paso atrás», afirma Montse Pineda, portavoz de la Alianza de Plataformas, quien recuerda que, tras los recortes realizados durante 2012, no están dispuestos a aceptar que ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quiera destacar como un aspecto positivo el mantenimiento del presupuesto para el Plan Nacional sobre el Sida en el año 2013, tal y como ha hecho recientemente en la presentación en el Congreso del Presupuesto de este Ministerio para 2013.

De este modo, se realizarán acciones coordinadas en toda España, donde se dará a conocer que este año 2012 «ha sido un año trágico para la respuesta frente al VIH» que, añaden, «deja una realidad y un contexto desesperanzador si lo comparamos con el de solamente un año antes».

Así, desde la plataforma se tacha de irresponsable al Gobierno que ha «roto» el acceso igualitario de toda la ciudadanía a las coberturas sanitarias básicas y, denuncia, «está abonando el terreno para que aumente en los próximos años el número de personas infectadas por el VIH y el de enfermas de sida, así como la marginalización de muchas de ellas, lo que va a tener grandes y graves repercusiones personales, sociales, sanitarias y también económica».

«El VIH no entiende de crisis y el abandono o el recorte de las acciones de prevención del VIH incrementará el número de nuevas infecciones», explica otro de sus portavoces Juan Ramón Barrios, quien destaca las acciones preventivas, «que son más baratas, en dinero y en vidas humanas, que los tratamientos para el sida».

DEMANDA UN MAYOR PRESUPUESTO EN 2013

Pare evitar el retroceso reivindican la aprobar un adendo presupuestario de 750.000 euros como medida correctora ante la actual resolución provisional de la convocatoria estatal de subvenciones para ONG en 2012 con el fin de incluir los programas que, «a pesar de ser considerados como favorables», han quedado excluidos de la propuesta de subvención y que no han obtenido otra financiación para acciones relacionadas con el VIH ni en esta convocatoria ni en otras partidas de Sanidad.

Asimismo, pide incrementar las partidas presupuestarias para la respuesta al VIH en 2013, incluidas las destinadas a la convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro, a las transferencias específicas para las comunidades autónomas y para el ámbito penitenciario, además de que éstas aparezcan consignadas, de forma explícita e inequívoca, en los Presupuestos Generales del Estado que se elaboren en los próximos años.

Desde la Alianza de Plataformas se pide una respuesta a la infección por VIH y el sida «comprometida, eficaz, sostenida y solidaria», exigiendo a Sanidad, y, para ello, pide que se convoque de forma inmediata el Comité Asesor y Consultivo (COAC) de ONG de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de programas de prevención del sida, así como convocar inmediatamente la propia Comisión Nacional.

También que se favorezca la participación de las ONG en la elaboración del nuevo Plan Estratégico 2013-2017 y en la puesta en marcha del mismo; así como en el establecimiento de las líneas de acción prioritarias para la SPNS; y mantener la consideración de la excepcionalidad del VIH

Finalmente, incluir a las personas inmigrantes en situación irregular dentro del sistema sanitario y garantizar el acceso a la atención y tratamiento en las mismas condiciones que el resto de la población. De este modo, España evitaría incumplir sus «compromisos internacionales que tiene suscritos en la respuesta frente al VIH», explica Carlos Savoie otro de los portavoces.

¿Quién se beneficia del negocio de la sanidad pública?

Iturria: Raúl Rejón / eldiario.es – 2012/11/20

Grandes empresas sanitarias como Capio y Ribera Salud ensanchan su mercado al privatizarse la gestión de hospitales públicos de donde proviene la mayoría de sus ingresos

La privatización de la asistencia sanitaria abre una vía de negocio, de ingresos, para las empresas a las que las administraciones terminan por ceder la gestión sanitaria. La reciente decisión de la Comunidad de Madrid de sacar a concurso seis hospitales de la región –que ahora funcionan bajo dirección de la consejería- pone encima de la mesa una tarta que puede alcanzar los 400 millones de euros anuales. La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, también anunció un proceso similar para cuatro centros de su comunidad.

¿A quiénes se le abre el mercado con esta decisión política? El mayor operador privado de centros sanitarios públicos es la ya famosa Capio Sanidad. Esta compañía pertenece a un fondo de inversión: CVC Partners, que desembolsó en marzo de de 2011 unos 900 millones de euros para hacerse con la compañía.  CVC, lógicamente, se dedica a ganar dinero para sus inversores: “Desde 1996  […] hemos multiplicado por 2,7 el retorno de las cantidades invertidas “, explican. Entre sus inversores están “los líderes mundiales en fondos de pensiones e inversión”. El resto del accionariado es más opaco ya que la empresa no accede a ofrecer una relación pormenorizada. El único nombre contrastado es el de Teresa Echániz Salgado, Subdirectora de Investigación y hermana del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha José Ignacio Echániz.

75% de ingresos públicos

¿De dónde obtiene Capio Sanidad sus beneficios? Pues según el análisis ofrecido por CVC, el 75% de sus ingresos proviene de la sanidad pública “administrada por los gobiernos regionales con los que Capio tiene contratos a largo plazo”, reseña.  El negocio suma unos ingresos de 551 millones de euros y un beneficio de 112 en 2010, cifra que ofrece CVC para ilustrar la magnitud de su adquisición. Entonces gestionaba  directamente los hospitales de Valdemoro (Madrid) y La Fundación Jiménez Díaz (Madrid) además de los ambulatorios de esa área sanitaria de la capital (unos 400.000 vecinos de la capital). A eso hay que añadirle los hospitales que ha conseguido desde entonces: en la Comunidad de Madrid los de la ciudad de Móstoles (71,4 millones en 2012 y 106 para 2013) y Collado Villalba  (todavía por estrenar). En Cataluña, recibió en 2011, de las arcas públicas,  43,9 millones por los servicios sanitarios del hospital del Sagrat Cor (el que más facturó a la Generalitat) y  16,99 millones, un 12,68% más que en 2010 por el Hospital General de Catalunya, según los datos del Ejecutivo catalán.

Otras empresas

El otro gran operador privado de la sanidad pública es Ribera Salud (propiedad de Bankia y SabadellCAM) quien obtuvo 36 millones de beneficios en 2011. Gestiona cuatro departamentos sanitarios de la Comunidad Valenciana y otros cuatro hospitales. La semana pasada vendió su parte del hospital madrileño de Torrejón de Ardoz (y el control sanitario) además del de Manises (Valencia) a Sanitas por 77 millones de euros. Santias pasó así a ser el tercer gran operador en España. Ribera Salud dijo que reforzaba «su posición financiera».

Compra venta de hospitales públicos

Iturria: eldiario.es / Raúl Rejón – 2102/11/15

• Los hospitales públicos privatizados se convierten en objeto de transacciones comerciales
• La empresa que gestiona el centro de Torrejón de Ardoz, en Madrid, negocia su venta
• Bankia y SabadellCam son las dueñas de la mayoritaria de la concesionaria: Ribera Salud

Cambiar el modelo de sanidad mediante la privatización de hospitales públicos convierte a estos centros en mercancía de compra venta. Tan sólo unos días después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciara la privatización de seis hospitales, la sanidad madrileña ve cómo otro de sus centros que ya nació privatizado en 2011 (el de la localidad de Torrejón de Ardoz) y que atiende a 140.000 vecinos, es objeto de ofertas, contraofertas y negociaciones por parte de las empresas que lo gestionan y los aspirantes a hacerse con su cartera de servicios.

Torrejón es un ejemplo del tipo de sistema sanitario que la Comunidad de Madrid quiere extender -al igual que Castilla- La Mancha- en el que la gestión corre a cargo de una empresa privada a cambio de un pago anual por persona asignada.

Así, la empresa Ribera Salud, estaría estudiando vender su participación en la gestora del centro (Torrejón Salud S.L.) y que supone el 60% de la empresa, a Sanitas (perteneciente al grupo británico BUPA: British United Provident Association). El asunto ha causado gran revuelo en la Comunidad Valenciana (reflejada en Las Provincias y El Levante)ya que Ribera Salud está allí presente “en la gestión de cinco Departamentos de Salud, con cinco hospitales y más de 100 centros de Atención Primaria y en la sociedad Erescanner salud que gestiona el servicio de Resonancias Magnéticas”, según recoge en su página web.

Los implicados se han mostrado evasivos a las preguntas de eldiario.es sobre la transacción: El Gobierno de la Comunidad de Madrid dice estar “a la expectativa” de ver si se “hace la venta” para dar su opinión. Ribera Salud no ha querido comentar el asunto “hasta que se haga oficial”.

Detrás de las decisiones y estrategias de Ribera Salud están Bankia (al heredarla de Bancaja) y SabadellCam (de su fusión con Caja de Ahorros del Mediterráneo) que la poseen al 50%. El grupo se alió con Asisa, FCC y Concessia para adquirir la concesión del hospital madrileño en 2009. El importe neto de la adjudicación, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, asciende a 2.127.651.697 de euros por 30 años. Los presupuestos de la región para 2013 le asignan un pago de 79,7 millones.

Privatizar hospitales sale caro

Iturria: eldiario.es / Raúl Rejón – 2012/11/12

El pago a empresas subcontratadas para atender a los pacientes cuesta más que la asignación anual de la Comunidad a varios de los hospitales que va a privatizar

Privatizar hospitales públicos, como prevé hacer la Comunidad de Madrid, sale caro. El sistema escogido, pagar a una empresa una cantidad por habitante y año para atender a la población asignada a los hospitales, suma en muchas ocasiones más dinero que el que la Consejería de Sanidad destina al servicio médico de esos hospitales mediante los presupuestos.

Este desfase se da sobre todo cuanto mayor es el hospital y a más pacientes (clientes) se atiende. Con los datos disponibles, el Hospital Infanta Leonor (del barrio madrileño de Vallecas), recibió de  las cuentas públicas 99 millones de euros en 2012. Su memoria anual de 2010 recoge un gasto de 100 millones. Su población de referencia es de 325.000 vecinos, que multiplicado por los 441 euros por año que calcula Sanidad que se abona en los convenios privatizadores por la asistencia sanitaria da un total de 143.325.000 euros. 43 millones más. Para que la asignación de dinero público a la futura empresa por esa asistencia sumara 100 millones, la cuota per capita debería quedarse, aproximadamente, en 307 euros por persona y año. En los presupuestos de 2013, Vallecas tiene asignados 13 millones a la espera de su externalización.

El Infanta Leonor es uno de los seis centros que se estrenaron con una fórmula por la que la atención sanitaria es gestionada por una empresa pública que recibe una asignación anual con la que tiene que administrarse. Así, en este centro, al comienzo de este ejercicio, la gerencia explicó a la plantilla que su objetivo era “poder pagar todas las nóminas” como objetivo principal. Con su asignación, la dirección médica del hospital tiene que decidir si profundizar en la plantilla, el material, la investigación u otra partida. Y justificarlo ante la consejería en su memoria. Según una facultativa del centro: “No damos pérdida ninguna”.

Lo mismo ocurre si se miran las cuentas del Infanta Sofía en la localidad de San Sebastián de los Reyes (anexa a Madrid). Su memoria de 2010 suma 108 millones y los presupuestos de 2012 registraron 107,9. Su área de influencia suma 300.000 cartillas, es decir, 132,3 millones de euros si la asistencia fuera privatizada. En 2013, su partida es de 13 millones.

El Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, recibió en 2012 55 millones por sus 150.000 vecinos de referencia. El convenio les augura unos 66 millones. El del Henares en Coslada tuvo una partida de 74 millones con lo que quedaría más o menos igual.

Los centros más pequeños (ahora más costosos) sí verían reducida su partida con este sistema al pasar el Infanta Cristina de Parla (120.000 cartillas sanitarias) de 71 a 55 millones y el del Tajo en Aranjuez de 47 a 28 millones (su población de referencia es la más pequeña, 65.000 ciudadanos).

Sindicatos rechazan el «desmantelamiento» del servicio de urgencias rurales

Iturria: Noticiasdenavarra.com – 2012/11/12

Esta reforma conlleva «la supresión de 57 puestos de trabajo, 32 médicos y 25 enfermeras», según fuentes sindicales

Los sindicatos Afapna, CCOO, ELA, LAB, SATSE, SMN y UGT han rechazado este viernes en la mesa sectorial del Servicio Navarro de Salud la última propuesta lanzada por el Gobierno foral para «desmantelar» el Servicio de Urgencias Rurales (SUR) y «convertirlo en un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP)».

Según han explicado los sindicatos, esta reforma conlleva «la supresión de 57 puestos de trabajo, 32 médicos y 25 enfermeras» y han subrayado que la propuesta, «planteada como definitiva, reincide en la imposición de jornadas diarias que pueden llegar a las 10 horas consecutivas».

Por otra parte, en un comunicado, los sindicatos han criticado que el Gobierno foral «sigue insistiendo en imponer guardias localizadas en lugar de las jornadas de trabajo, lo que entre otras cosas implica una desatención temeraria de amplias zonas rurales, además de suponer jornadas maratonianas para los trabajadores».

«Por si fuera poco, la supresión del SUR implica que todos sus trabajadores deberán solicitar nueva plaza en el futuro SUAP, con lo que muchos de ellos serán reubicados lejos de sus lugares de residencia, rompiendo trayectorias vitales y profesionales establecidas tras años de concursos y traslados», han lamentado las centrales sindicales.

Por todo esto, los sindicatos de la mesa sectorial del Servicio Navarro de Salud han exigido la «inmediata» retirada del proyecto y «la recuperación del acuerdo de 13 de marzo de 2008, aprobado entonces por unanimidad, y cuyo desarrollo consensuado servirá para una óptima atención de las urgencias rurales».

De no ser así, y si el Ejecutivo no cambia de postura, los sindicatos han llamado a los trabajadores a sumarse a las movilizaciones que «se determinen en próximas fechas».

Una concentración anterior del Servicio de Urgencias Rurales de Navarra. (Patxi Cascante)

El Sistema Nacional de Salud está siendo desmantelado

Iturria: ATTAC / Marciano Sánchez Bayle y Elvira S. Llopis – 2012/11/11

Al calor del discurso de la “necesaria austeridad en el gasto público”, se está abordando un cambio de modelo sanitario que vira peligrosamente hacia la privatización desde el punto de vista de la provisión (ampliación del campo de negocio de la salud), y hacia la fragmentación y la exclusión desde el punto de vista de la prestación (inmigrantes en situación irregular, medicamentos y servicios que dejan de formar parte del sistema), impactando así en los grupos económicamente más desfavorecidos y/o con mayores necesidades de atención sanitaria.

No hay que extrañarse: es el modelo neoliberal. Pero sí hay que rebelarse contra él.

El Sistema Nacional de Salud en España se puso en marcha a imagen y semejanza del NHS británico con la única diferencia de la provisión en la Atención Primaria. En España la Atención Primaria se proveía a partir de centros de salud con equipos multidisciplinares de profesionales de la salud (médicos, enfermería, etc), en contraste con una prestación mas individualizada en Reino Unido, aunque posteriormente se fueron constituyendo equipos con características mas similares a la situación de España, pero sin llegar a la asalarización de los profesionales.

Este paralelismo se ha venido acentuando con el tiempo, sobre todo en términos negativos: el proceso privatizador empieza a plantearse en España como copia de las iniciativas de Margaret Thatcher (working for patients 1989) y se extiende en paralelo en los dos países (separación de financiación y provisión, empresarización de los centros sanitarios, establecimiento de pseudo mercados, incremento del papel del sector privado sufragado con fondos públicos, etc.), en general iniciándose en RU y copiándose  posteriormente en España, aunque alguno de los “inventos” españoles se han traspasado después a Inglaterra (por ejemplo, las fundaciones).

En esencia se trata de un proceso de recorrido en paralelo, en el que, hasta ahora, las iniciativas privatizadoras se han ensayado antes en Reino Unido y posteriormente se han extendido a España, pero todas ellas con la misma lógica: desregular el sistema sanitario publico, separar financiación y provisión, introducir modelos de mercado y pseudo mercado y abrir un espacio progresivamente mayor a la provisión privada.

Con el tiempo, podemos pensar que el acceso estará cada vez mas mediatizado por  la capacidad de pago, lo que socava un principio fundamental del Sistema Nacional de Salud. A pesar de que la emergencia de nuevos requerimientos para el cuidado de la salud del SNS requiere de una legislación aún más inclusiva, ya que los pacientes se enfrentan a un derecho a la salud reducido y mayores tiempos de espera, con lo que deben encararse al dilema de renunciar a la atención médica necesaria o la búsqueda de soluciones en el sector privado.

El mantenimiento de la Sanidad Pública precisa, ya sea en tiempos de crisis, ya sea en tiempos de bonanza, de recursos suficientes para asegurar la atención de calidad a los problemas de salud de la población y su prevención sin que medien barreras de ningún tipo en su acceso, ni legales ni económicas; el cuidado de la salud no se puede demorar sin consecuencias fatales tanto desde el punto de vista individual como colectivo.

Tanto en España como en el Reino Unido, la población está soportando drásticos recortes en el gasto público, entre ellos el dedicado a los servicios de salud, por creer que son irremediables en estos momentos. Sin embargo, un enfoque alternativo es posible; y es, además, deseable.

Un enfoque que se base en una reforma en profundidad de la recaudación fiscal que la haga bascular fundamentalmente en impuestos progresivos, acomodados al nivel real de renta, persiguiendo con contundencia la evasión fiscal, supone el primer e ineludible paso. Sobre él hay que construir un sistema de financiación de la Sanidad Pública suficiente y finalista, controlada por el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que asegure unos presupuestos sanitarios suficientes.

Como es necesario un mayor rigor en el debate sobre el gasto sanitario.

En España no existe un problema real de exceso de gasto sanitario público, sino mas bien lo contrario; tampoco existe una sobreutilización del sistema sanitario (la tasa de consultas/habitante y año esta por encima de la media de la UE, mientras que las estancias hospitalarias/habitante/año son las menores de toda la UE) y, por otro lado, tanto los medicamentos como las pruebas diagnósticas y los ingresos hospitalarios son indicaciones de los profesionales sanitarios, así como la mayoría de las consultas. Por otro lado los copagos / tasas o tickets moderadores no han demostrado ningún efecto sobre la contención de la demanda inapropiada y si sobre la equidad y la accesibilidad, además de tener elevados costes de transacción y efectos indeseados desde el punto de vista del estado de salud de la población.

Por todo ello es imprescindible el mantener la gratuidad en el momento del uso de las prestaciones asistenciales y además el garantizar que no se van a producir tasas en algunas CCAA rompiendo el principio de cohesión y equidad del SNS.

Hay límites a los recursos disponibles en cualquier sistema de salud. Sin embargo, un fuerte financiamiento público, que minimiza la importancia de la medicina privada contribuye al establecimiento de una “norma cultural” en el que el pago del cuidado de la salud no se produzca, salvaguardando así la posibilidad de un acceso equitativo. La mercantilización de la atención a la salud desafía esa norma cultural, tanto más cuando se establece normativamente el pago por el cuidado de la salud, erosionando su principio fundamental que es la gratuidad en el momento de uso.

Es por eso por lo que hay que rebelarse contra unas políticas que empobrecen la Sanidad Publica, establecen barreras en el acceso para los más pobres y los más enfermos y solo son favorables para los intereses económicos de las empresas aseguradoras y las multinacionales de la farmacia y la tecnología médica. Hace falta un gran acuerdo social y profesional para conseguir detener el desmantelamiento de nuestro sistema sanitario público.