Posts tagged ‘Justicia’

junio 27, 2013

Reparten “chorizos” contra la privatización del Registro Civil y de la Administración de Justicia

Iturria: lahaine.org – 2013/06/27

Se hiere de muerte al derecho universal, poniendo las bases para una justicia clasista, una justicia sólo para ricos.

chorizada

Según han manifestado con este acto han querido denunciar las políticas de destrucción masiva de todo lo público, los ataques y recortes no sólo en la Administración de Justicia, sino también del resto de servicios públicos y sociales. Añadiendo que aunque desde los gobiernos se dice que falta dinero, ellos dicen que NO, que no falta dinero sino que SOBRAN CHORIZOS. De ahí el reparto público de chorizos en la calle.

Para estos empleados públicos el proyecto de privatización del Registro Civil es un ejemplo de cómo dilapidar dinero público. Ya que, según han manifestado, después de haberse gastado, en los últimos años, casi 130 millones de euros en informatizar y escanear los vetustos libros registrales de nacimiento, matrimonio, defunción y tutelas de todos y cada uno de los Registros Civiles de hasta el más remoto pueblo del estado español, AHORA se pretende regalar todo ese esfuerzo de las arcas pública a los intereses privados (Registradores de la Propiedad y Notarios, curiosamente cuerpos muy ligados a eminentes miembros del P.P); haciendo recaer, al mismo tiempo, en la ciudadanía un nuevo copago-repago inaceptable.

Según han expresado en nota de prensa no se debe olvidar que, el Registro Civil es sólo un ejemplo de la política privatizadora de las administraciones públicas en general, y de la Administración de Justicia, en particular. La ley de tasas, el endurecimiento de los requisitos para acceder a la Justicia gratuita, la privatización de los servicios de notificaciones y ejecución, el alejamiento de la Justicia de la ciudadanía con el proyecto de desaparición de los Juzgados de Paz, la reducción de partidos judiciales, suponen en la práctica, han añadido, el fín del concepto de justicia universal para todas y todos.

Según sus palabras “si hasta ahora una gran parte de la población intuía que la Justicia no era igual para todas y todos, con estas medidas se corrobora. Se hiere de muerte al derecho universal, derecho constitucional, no lo olvidemos, a una tutela judicial efectiva, poniendo las bases para una justicia clasista, una justicia sólo para ricos.

mayo 3, 2013

Todo lo que nunca quiso saber sobre el copago judicial

Iturria: Tamara Fariñas / Diagonalperiodico.net – 2013/04/16

Una guía para no perderse tras la entrada en vigor de la reforma de las tasas judiciales planteada por Justicia.

21_libertades_tasas_judiciales_ala_abogados

Desde el mes de noviembre, cuando entró en vigor la Ley 10/2012, ha habido un bombardeo informativo en torno a la cuestión de la aplicación de tasas en procedimientos judiciales que hasta entonces eran gratuitos. Se paralizaron los pagos de tasas por falta de formularios en las instituciones públicas, se detuvieron en algunas comunidades autónomas para evitar duplicidades de liquidaciones, y el Gobierno ha intentado recular en algunas cuestiones concretas, para disminuir la presión a la que el Ministerio de Justicia se estaba viendo sometido. Pero, ¿en qué se ha quedado la aplicación de tasas?

La nueva política de pago de tasas judiciales abre el abanico de pagadores y provoca un incremento del gasto por parte de los ciudadanos. Hasta ahora sólo las personas jurídicas con una facturación de más de diez millones de euros estaban obligadas a pagar las tarifas en procedimientos judiciales. A partir de la nueva ley, las personas físicas con más de 15.000 euros percibidos anualmente tendrán que pagar la misma cantidad que las empresas con facturaciones millonarias.

¿Cuánto pagaremos?

La cuota de liquidación en procedimientos jurídicos oscilará entre los 150 euros en procesos verbales y cambiarios de jurisdicción civil, y los 1.200 para los recursos de casación, tanto en el ámbito civil como en el contencioso-administrativo: unas cuotas muy altas si las comparamos con otros países europeos.

Estarán sujetos a estas tasas todos los procedimientos de jurisdicción de lo contencioso-administrativo, lo social y lo civil –pero no los procesos penales– con algunas excepciones: solicitudes de concursos voluntarios por los deudores, juicios monitorios y demandas de juicios verbales de menos de 2.000 euros, recursos de lo contencioso-administrativo por parte de funcionariado público, recursos de lo contencioso-administrativo cuando sean por silencio o inactividad de la Administración pública, procesos relacionados con la custodia de hijos menores y, por último, procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. El último real decreto que modificaba esta ley incluye además otras exenciones tarifarias: las separaciones y divorcios llevados a cabo por mutuo acuerdo –los que sean sin acuerdo pagarán una tasa de más de 150 euros–; los procedimientos de desahucios y todos aquellos impuestos por víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos. Además, se han reducido las cuantías en primera instancia, las tarifas en procedimientos laborales para todos los trabajadores –incluyendo a los funcionarios– y las de reclamaciones en materia de consumidores.

Estas nuevas tasas judiciales deberán pagarlas ya no sólo las personas jurídicas –entes, organismos, empresas, etc.– sino que pasan, por vez primera, a ser soportadas también por personas físicas, siempre que se perciban más de 14.900 euros anuales por unidad familiar. Además, reciben una rebaja tarifaria del 60% los trabajadores por cuenta ajena y autónomos que interpongan recursos de casación y suplicación en materia social.

¿Qué se hará con ese dinero?

Sólo en dos casos se procederá a la devolución de las tasas: cuando se alcance una terminación extrajudicial en la que se ahorre parte de los costes, y cuando las tasas son acumulativas. En este último caso, se pagan todas las tasas, Justicia se queda sólo con las de uno de los procesos y se devuelven las tasas correspondientes a los demás.

El Estado pretende, con la imposición de estos aranceles, recaudar fondos para, según explican, mantener la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, para esto han tenido que acudir a un sistema de pago utilizado durante el Franquismo, y que ya había sido derogado en los ‘80.

marzo 28, 2013

Contra los recortes en la Justicia

Iturria: diariovasco.com – 2013/03/28

Trabajadores de la Administración de Justicia en Gipuzkoa se concentraron ayer al mediodía ante las juzgados de la plaza Teresa de Calcuta, en Donostia, para protestar por los recortes decretados por el Gobierno central. Varias decenas de funcionarios se reunieron en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde permanecieron tras una pancarta con el lema ‘Murrizketarik ez/Recortes no’. La convocatoria había sido realizada por la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Gipuzkoa.

concentracion-justicia--647x231

febrero 24, 2013

Las personas sin familia no tendrán acceso a la justicia gratuita si ganan más de 1.065 euros al mes

Iturria: Eva Belmonte / lamarea.com – 2013/02/23

El Real Decreto-Ley sobre las tasas judiciales aprobado ayer en Consejo de Ministros aumenta además, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, los beneficiarios del servicio de justicia gratuita. Así, podrán utilizar este servicio, independientemente de su renta, víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de personas; menores y discapacitados que denuncien un abuso o maltrato y heridos graves en accidente de tráfico que queden en situación de discapacidad. Además, el Gobierno modifica los umbrales de renta máximos que permiten a un cuidadano hacer uso de este derecho. Según las palabras de Santamaría y de algunos mediosese tope de ingresos se eleva y más personas pueden acceder. Pero esto no es del todo cierto.

En realidad, el máximo de ingresos que pueden tener aquellas personas que no estén integradas en ninguna unidad familiar se ha visto reducido. El articulado que recoge hoy el BOE marca unos umbrales de renta según el tipo de unidad familiar: para personas solas, dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiles (IPREM); para unidades familiares de menos de cuatro miembros, 2,5 veces el IPREM; para las que superen los cuatro miembros, 3 veces ese indicador. Hasta ahora, el tope de ingresos era, para todos, de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una cifra algo superior al IPREM.

Así, este cambio en los cálculos de renta perjudica a aquellos que no estén integrados en una unidad familiar, cuyo umbral ha bajado de los 1.290,6 (dos veces el SMI) a 1.065,02 euros mensuales (dos veces el IPREM). Las personas que pertenezcan a una unidad familiar sí verán aumentado el tope de ingresos que no pueden superar para acceder. Por ejemplo, el de una familia de tres miembros pasa de 3.871,8 euros mensuales (dos veces los 645,3 euros del SMI para 2013 multiplicado por los 3 miembros) a 3.993,8 (2,5 veces los 532,1 euros del IPREM x 3). En el caso de una familia de, por poner otro ejemplo, de cinco miembros, el tope sube desde los 6.453 euros mensuales (2 x 645,3 x 5) a 7.987, 65 euros (3 x 645,3 x 5).

Además, el Real Decreto-Ley incluye un añadido para el acceso a la justicia gratuita: “Se tendrán en cuenta los signos externos que manifiesten su real capacidad económica”.

Eva Belmonte es autora de elboenuestrodecadadia.com

febrero 21, 2013

Movilización en Bilbo contra los recortes en el “Día Mundial por la Justicia Social”

Iturria: Berri-Otxoak (Barakaldo) – 2013/02/20

Esta mañana se ha representado el ahorcamiento de los derechos sociales ante las oficinas del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide en el barrio de Miribilla. Esta movilización se realiza en conmemoración del “Día Mundial por la Justicia Social”.

Por este motivo, y a través de esta iniciativa, se ha denunciado los continuos recortes que sufren las personas y/o familias afectadas por la actual situación de crisis económica. Así, y los recortes sociales.

  • Existe una alarmante demora en la atención a las personas que necesitan las prestaciones sociales para poder llegar a fin de mes.
  • Se impone un número máximo de personas que pueden ser atendidas por día, esto supone guardar cola durante toda la noche a las puertas de la mayoría de oficinas de Lanbide.
  • Hay una falta de operatividad en las oficinas y fallos en el sistema informático.
  • Se producen retrasos en la actualización de los expedientes de entre 6 y 8 meses; y se conculca de forma sistemática la normativa que rige la tramitación y acceso a las prestaciones sociales.
  • Se retira las prestaciones sociales que perciben las personas que tienen empleos precarios con salarios bajos.
  • Las personas “sin techo” ya no podrán acceder a las prestaciones de Lanbide.
  • Muchas personas inmigrantes están perdiendo la tarjeta de residencia al no ver suspendido el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos. Esto les supone volver a una situación de irregularidad.

COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA:

Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, “Asamblea de Invisibles (Ikustezinak)”, Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal) y SOS Racismo.

diamundialnoseke

El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, instrumento de la precariedad…

febrero 5, 2013

Doble rasero en la persecución del fraude

Iturria: Olga Rodríguez / eldiario.es – 2013/02/04

Siempre se ha dicho que hay una justicia para pobres y otra para ricos. En determinados sectores sociales existe un consenso que disculpa más fácilmente a un rico que defrauda a Hacienda cantidades elevadas que a una persona económicamente humilde que, para vivir dignamente, obtiene ayudas públicas de forma fraudulenta. Ya se sabe que incluso la normativa existente allana el camino para que los que más recursos tienen puedan pagar menos impuestos.

Hay leyes que ejemplifican esta doble vara de medir. Según varios abogados consultados por eldiario.es, este es el caso de la reforma del Código Penal en materia de lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, y en concreto el artículo 307 ter., que sanciona las actuaciones fraudulentas contra acciones protectoras de la Seguridad Social. Sus disposiciones han entrado en vigor el 17 de enero de este año.

El abogado Alejandro Gámez Selma, de la Asociación Libre de Abogados, ha elaborado un texto que denuncia una serie de particularidades del mencionado artículo:

“Lo fundamental es que no existe una cuantía mínima para su comisión, frente a otros casos en los que sí se establece. Además, el tipo agravado surge en los fraudes superiores a 50.000 euros, mientras que en los delitos contra la Hacienda Pública no se establece hasta los fraudes superiores a 600.000 euros”, indica en conversación con este diario.

Es decir, a diferencia del fraude contra la Hacienda Pública, estatal, autonómica o local, que tiene que alcanzar los 120.000 euros de cuota defraudada para tipificarse como delito y castigarse con pena de prisión, este delito de defraudación a la Seguridad Social por disfrute indebido de prestaciones se -desempleo, pensión, invalidez, etc.- castiga desde el primer euro percibido ilegalmente, con una pena que va desde multa equivalente a lo defraudado hasta tres años de prisión.

Además, el tipo agravado para el fraude en prestaciones a la Seguridad Social se establece si el valor de las ayudas cobradas ilícitas es superior a 50.000 euros, con una pena de 2 a 6 años de cárcel, mientras que el tipo agravado para el fraude a Hacienda tiene que alcanzar los 600.000 euros para idéntica pena, o bien ser cometido “en el seno de una organización criminal”, o empleando “entes interpuestos”, “instrumentos fiduciarios” o “paraísos fiscales”.

Por si fuera poco, el cálculo de la cantidad defraudada en caso de delito contra la Hacienda Pública se realiza por cada ejercicio impositivo, mientras que en el caso de los delitos contra la Seguridad Social por percepción indebida de prestaciones se suman todas las cuantías defraudadas en los últimos cuatro años naturales.

Un doble rasero

Es decir, que si alguien cobra desde hace cinco meses 800 euros de la prestación por desempleo y desde hace tres meses trabaja en B con un sueldo mensual de 500 euros, está cometiendo un delito (Juzgado en sede penal), será castigado con una pena de multa con un mínimo equivalente a lo defraudado y un máximo seis veces mayor, podría exponerse a penas de cárcel de hasta 3 años -ya que la ley no especifica a partir de qué cuantía se aplica cárcel-, perderá la posibilidad de obtener subvenciones y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 3 a 6 años y quedará marcado con antecedentes penales.

Además, si el valor de las prestaciones cobradas fuera superior a 50.000 euros constituiría lo que se denomina tipo agravado, que conlleva una pena de dos a seis años de prisión y no tendría derecho a subvenciones o beneficios fiscales durante un periodo de cuatro a ocho años.

Sin embargo, si una constructora no ha declarado unas plusvalías en la venta de unos terrenos por las que debería haber ingresado a Hacienda cada año 110.000 euros -440.000 en cuatro años- solo habrá cometido una infracción administrativa.

Gámez Selma lo explica con estos y otros ejemplos:

a/ Nuria tiene varios pisos en propiedad alquilados y productos en mercados financieros por los que debería haber ingresado 80.000 euros a Hacienda, pero no lo ha hecho. Tampoco lo hizo en los tres años anteriores. Son por tanto 320.000 euros que ha dejado de pagar en cuatro año.

b/ Manuel no dijo hace tres años que se había operado con éxito del hígado, pues tenía una enfermedad que le incapacitaba parcialmente. De ese modo siguió cobrando una prestación por incapacidad de 450 euros al mes. Le han pillado ahora, cuando lleva defraudados 16.200 euros al Estado.

Manuel está cometiendo delito y podría ser castigado con penas de cárcel. Sin embargo, Nuria solo ha cometido una infracción administrativa.

“Se sanciona gravemente, en sede penal, comportamientos rayanos en el estado de necesidad mientras se sobreprotege el enriquecimiento ilícito de las altas rentas derivadas de la propiedad privada”, subraya el letrado Gámez Selma.

Desproporción 

En su Exposición de motivos, la ley reformada indica que su finalidad es luchar contra tramas organizadas. “Sin embargo, castiga cualquier fraude en la prestación para uno mismo, sin una cuantía mínima de defraudación”, advierte Jesús Rodríguez Alcázar, magistrado de lo Social nº 1 de Granada. Y relata:

“Hace poco tuve un par de casos relacionados con prestaciones no contributivas. Para que una persona pueda cobrar este tipo de prestaciones su familia tiene que tener un tope de ingresos. Puede que al cabo de un tiempo alguien de la familia reciba una paga extraordinaria y se supere ese tope. Quien recibe la prestación tiene entonces que comunicarlo, pero a veces la gente se olvida, o está mal informada y por eso no lo hace. Hasta ahora lo que ocurría es que se le reclamaba la cantidad y se interrumpe la prestación. Ahora esto se convierte en delito, muchísima gente será castigada por vía penal, aunque haya actuado de forma inconsciente. Y así conductas que no revisten gravedad son delito y además supondrá más trabajo para los juzgados de lo penal”.

“Si comparamos este castigo con el límite establecido para los fraudes a la Hacienda, la desproporción es evidente”, añade el juez.

Doble vara de medir también a la hora de regularizar 

Hay otras cuestiones llamativas: Tanto el fraude a la Hacienda Pública como a la acción protectora de la Seguridad Social dejan de ser perseguibles si el autor regulariza su situación antes de conocer la existencia de un procedimiento administrativo o penal dirigido contra él por estos hechos, pero en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública se prevé que la confesión y devolución de la cantidad en los dos meses siguientes a la citación del defraudador como imputado en el proceso penal permita al Juez rebajar la pena en uno o dos grados.

Esta posibilidad no es contemplada para aquél que defraude a la Seguridad Social cobrando indebidamente sus prestaciones.

En la práctica, esto puede vulnerar el principio de igualdad ante la ley.

“Esto supone una criminalización de la pobreza justo en tiempos de carencia, ya que precisamente los ciudadanos en condiciones más necesitadas son potencialmente los principales afectados por esta nueva sanción”, denuncia Gámez Selma.

“Este doble rasero a la hora de sancionar constituye un reconocimiento explícito y sangrantemente vergonzoso de la permisividad y tolerancia de la corrupción por los agentes públicos, en particular de la corrupción de los más acaudalados, es decir, ese porcentaje de ciudadanos y sobre todo empresas que pueden permitirse tener ingresos o beneficios tan altos que la normativa fiscal les imponga el pago de cuotas tan altas como 120.000 euros sin ser siquiera amonestados penalmente por ello”, añade.

Discriminación 

De la misma opinión es Sebastián Martín, profesor de la Facultad de derecho en la Universidad de Sevilla, especialista en historia del derecho penal contemporáneo:

“El artículo no cumple con las exigencias mínimas de seguridad jurídica, otorga a los jueces un poder de disposición sobre las penas propio de un régimen penal autoritario y además incurre en prácticas deleznables aludiendo a las ‘circunstancias personales del autor’ como un elemento decisivo para ponderar la gravedad del fraude, cuando a este respecto habría bastado con una clasificación puramente numérica de las cantidades defraudadas, como ocurre en el caso del delito contra la Hacienda Pública”, señala Martín a eldiario.es

“Hay una justicia para ricos y una para pobres. Frente a casos como el de Bárcenas, vemos cómo alguien es condenado a penas cárcel por haber robado unos cartones de leche. Siempre pagan los de siempre. En este caso, evidentemente se debería haber establecido una cuantía mínima exenta de delito, como la hay en otros casos. No creo que sea intencionado, sino más bien fruto de las típicas chapuzas a la hora de legislar”, señala el abogado Gonzalo Boye, especializado en derecho penal.

“Este delito sanciona a las personas que más necesidad tienen, es decir, a las más vulnerables, que han tenido acceso a una prestación o han estado muy cerca de tenerla”, explica Gámez Selma.

“La discriminación es doble respecto del delito de defraudación de impuestos. Por un lado, objetiva, ya que se castiga como delito desde el primer euro defraudado. Y por otro lado, subjetiva, ya no que no tiene en cuenta las diferentes necesidades del defraudador, por ejemplo, si alguien tiene cargas económicas es posible que se vea obligado a aceptar trabajos en B. Dicho de otra manera: quien roba por hambre es menos ladrón que otros, a los que, sin embargo, se les castigará menos”, añade.

“La base de la reforma del Código Penal supone la violación por parte del Legislador del principio de intervención mínima o ultima ratio del derecho penal. Esto significa que cuando existe la posibilidad de sancionar una conducta por medio de otros órdenes jurisdiccionales, menos lesivos para los derechos de las personas, debe optarse por ellos y dejar el derecho penal para los casos más graves que merecen un reproche social más severo, como es la pena de privación de libertad”, indica la abogada Lorena Ruiz-Huerta, especialista en derecho penal.

Inseguridad jurídica

“Por pequeña que sea la cantidad de la prestación que se reciba (por ejemplo, del subsidio de desempleo), se cometerá el delito, si para obtener la prestación se han simulado o tergiversado los hechos, o se han ocultado conscientemente, provocando error en la Administración. Este tipo básico está castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años”, ha indicado el abogado Jordi Tirvió en una publicación jurídica reciente. Y añade:

“Evidentemente, estos conceptos deberán ser delimitados por los Tribunales, pero lo que es seguro es que nos espera un largo período de inseguridad jurídica, circunstancia agravada por el hecho de que, por la pena asignada al delito, la mayoría de asuntos serán juzgados en primera instancia en los Juzgados de lo Penal y el proceso finalizará con el recurso de apelación ante las distintas Audiencias Provinciales, lo que dará lugar a abundantes resoluciones dispares”.

En definitiva, una persona que defraude a la Hacienda Pública 110.000 euros -una cifra que desvela que dispone de una cantidad importante de dinero- se verá sancionada con una infracción administrativa. Alguien que cobre, sin tener derecho a ello, el subsidio del desempleo o cualquier otra mínima prestación corre el riesgo de ser castigada con pena de cárcel aunque el fraude haya sido de 400 euros. Es sin duda una doble vara de medir que provoca discriminación.

Que la ley condicione la decisión del juez a “las circunstancias personales del autor” del fraude o que cree un concepto jurídico indeterminado con la expresión “que no revistan especial gravedad” para atenuar el castigo de cárcel supone además una ambigüedad que generará inseguridad jurídica y perjudicará a los más débiles, en un momento en el que crece el número de personas que pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad.

diciembre 20, 2012

Una justicia sorda, ciega y muda

Iturria: Esther Vivas / Público.es – 2012/12/19

A la Señora Justicia se le han descompensado tanto las balanzas que finalmente se le han roto. Ni equidad ni imparcialidad ni acceso universal. Olvídense del artículo 24 de la Carta Magna que dice: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Los derechos, tristemente, han pasado a la historia. Y la Justicia se ha quedado sorda, ciega y muda como los tres monos sabios chinos que se negaban a escuchar, ver y decir maldades.

El copago judicial ya está aquí. Este lunes han entrado en vigor las tasas judiciales. A partir de ahora, todos aquellos que tengamos que hacer uso de la justicia nos veremos obligados a pagar, o volver a pagar aquello que previamente ya hemos abonado mediante impuestos. Pero, ¿vamos a poder con tanto copago? Que si copago en sanidad, que si copago en justicia… y parece que tarde o temprano llegará el copago educativo. Pero la realidad es que cada vez cobramos menos, si es que cobramos, y pagamos más. Echen cuentas.

Y no sólo ahora nos toca pagar a todos sino que, además, las tasas, que antes únicamente abonaban las empresas con más de ocho millones al año de facturación, se duplican. ¿Cuánto nos costará tener acceso a la justicia? Entre 100 y 1200 euros más una parte variable en función de la cuantía del pleito, que puede hacer aumentar, y mucho, el total. Así, una persona mayor que haya sido estafada con las preferentes y quiera reclamar al banco sus ahorros de, por ejemplo, 128 mil euros, si no prospera la vía penal y tiene que acudir a la civil, deberá pagar 940 euros.

La situación llega al absurdo, por no decir al “robo”, cuando por querer interponer una demanda contra la Administración por una multa de tráfico de 100 euros tengas que desembolsar 200. Y si la sentencia es adversa y quieres recurrir al Tribunal Superior entonces la cifra aumenta a 800. ¿Y si te despiden? A pagar. El recurso de un trabajador contra una sentencia de despido ante el Tribunal Superior costará 200 euros y ante el Supremo 300.

Las tasas actuales perjudican especialmente a las mujeres maltratadas, ya que, aunque la demanda por malos tratos no implica el pago de tasas, es necesario abonar 300 euros, más la variable del 0,5% de los bienes que se reclamen, para pedir el divorcio. Si ya teníamos dudas de que la justicia fuese igual para todos, ahora es obvio de que no lo es. La justicia ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio accesible sólo a quienes se lo pueden costear.

La polémica desatada por las tasas judiciales se suma a un malestar creciente dentro y fuera de la judicatura, por asuntos como el caso Dívar, que llevó a la dimisión, después de intensas presiones, al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo tras el escándalo por sus numerosos y cuantiosos viajes privados a cargo del erario público. Un caso que generó la mayor crisis en la historia del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces en el Estado español, y que, por cierto, quedó impune ante la ley. No hay que perder de vista, recordémoslo, que si en un ámbito del Estado pesa como una losa la herencia del franquismo éste es el aparato judicial, reducto de la derecha reaccionaria y exponente de la continuidad entre el régimen anterior y el presente.

La política de indultos del gobierno español, ya sea del PP o del PSOE, se caracteriza por otorgar la medida de gracia principalmente a personas relacionadas con la administración pública, funcionarios y policías, o lo que es lo mismo, políticos ladrones, cargos de confianza corruptos y policías torturadores. Un claro y reciente ejemplo: 16 febrero de 2012, el Consejo de Ministros indulta a varios Mossos d’Esquadra condenados hasta cuatro años y seis meses de prisión por torturas, al amenazar de muerte a un detenido, pisarle la cabeza e introducirle una pistola en la boca, al más puro estilo Tarantino. Mayo de 2012, la Audiencia de Barcelona, en una medida atípica, ordena la ejecución de la condena y señala que de indultarse de nuevo sería “fraude de ley”. 23 de noviembre de 2012, el Consejo de Ministros indulta por segunda vez a los agentes. Impunidad y menosprecio. Más de 200 jueces firmaron en contra y señalaron que dicha acción atentaba contra el Estado de derecho.

Jueces, fiscales, abogados, usuarios… se levantan ahora en pie de guerra contra el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Sobran los motivos. En Catalunya, sin embargo, hay quienes esta misma semana cumplen un año luchando por la justicia en la Ciudad de la (In)Justicia. Se trata de la Asamblea de trabajadoras y trabajadores de la Ciudad de la Justicia que en diciembre de 2011 empezaron a organizarse contra la precariedad, los recortes y la liberalización del sistema judicial que afecta al conjunto de la ciudadanía. Desde entonces, no han parado: cortes de la Gran Vía, ocupaciones del vestíbulo de la Ciudad de la Justicia, coordinación con otros movimientos sociales, performances, despliegue de pancartas, charlas, participación en la Coordinadora Laboral del 15M, caceroladas y hasta un “juicio popular” a la justicia. Como dicen ellos: “Basta de recortes, sumemos luchas”.

Y acabo el artículo citando una de sus performances que, emulando los anuncios de megafonía del metro de Barcelona, dice: “Aviso a toda la población. ¡Precaución! Los carteristas de Convergència i Unió y el Partido Popular esperan una distracción para llevarse lo que es suyo: la nómina, los días personales, la paga de Navidad, su puesto de trabajo, su salud, su educación y su libertad. Así que organícese y luche, porque le están robando sus derechos, le están robando la vida”. Tomen buena nota.

diciembre 14, 2012

Los jueces se rebelan contra la reforma laboral

Iturria: Deia.com – 2012/12/14

  • Los tribunales desestiman en Euskadi varios ERE de rescisión presentados por las empresas

  • Garbiñe Biurrun afirma que la judicatura seguirá vigilando “la proporcionalidad de los despidos”

La reforma laboral pretendía agilizar la tramitación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en favor de la empresa, pero el Gobierno español no contaba con que podía generar más inseguridad jurídica y que los jueces fijasen el criterio de que no todo vale en los ERE, en especial los que contemplan rescisiones de contratos en despidos colectivos. El miércoles se conoció que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró nula la decisión de la empresa metalúrgica Corrugados Azpeitia, la antigua Marcial Ucin, de extinguir los contratos de 60 trabajadores de su plantilla. Esta sentencia, junto con la de Laminaciones Arregui-Grupo Celsa, es una más de un proceso en el que los jueces se han convertido en el último dique de contención frente a los posibles abusos de ciertas prácticas empresariales.

La propia presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la magistrada Garbiñe Biurrun, no dudó en señalar ayer en referencia a la citada sentencia que anula 60 despidos en Corrugados Azpeitia, que los jueces “se han rebelado contra alguna pretensión de la reforma laboral” y que seguirán vigilando la proporcionalidad de los despidos.

¿Qué están valorando los jueces en la ristra de sentencias contrarias a las pretensiones empresariales? Que no todo vale en la aplicación de la reforma laboral, que la misma no es un instrumento para aumentar el beneficio de los accionistas o para vulnerar el derecho de huelga y la libertad sindical sin mayor cortapisa. De hecho, en la sentencia de Corrugados el TSJPV afirma que la empresa incumplió de forma “grave e injustificada” la obligación de “negociar de buena fe” las medidas de ajuste.

La postura de los jueces de lo Social ha visto redoblada su repercusión social en un contexto en el que el número de ERE y de trabajadores afectados registra un fuerte crecimiento en la CAV. En los tres primeros trimestres de 2012 se han presentado ante la administración vasca, 1.906 ERE, un 87% más que en el año anterior, que han afectado a 27.679 personas. Y eso sin contar los expedientes, por ejemplo el de Gamesa, presentados en Madrid porque afectan a centros de trabajo en varios territorios, según el Consejo de Relaciones Laborales (CRL). La propia Garbiñe Biurrun reconoció “la trascendencia” que tiene la negociación en este tipo de procedimientos y la “obligación” de dialogar “de buena fe”.

CONFIANZA EN LA JUSTICIA La jueza considera que resoluciones como la de Corrugado hacen a los ciudadanos “confiar en la acción de los tribunales y en su eficacia”, ya que demuestran que la judicatura, en este caso la vasca, “se ha rebelado contra alguna de las pretensiones de la reforma laboral, que era evitar el control judicial de los despidos”.

Para Biurrun, “sigue mereciendo la pena acudir a los tribunales si alguien considera que alguno de sus derechos está siendo vulnerado”, algo que han hecho por ejemplo los trabajadores de la empresa Formica antes de alcanzar un acuerdo con la empresa y retirar la demanda, o los de Cementos Lemona que siguen con ella. En este sentido, la magistrada aseguró, en lo que parece un aviso para navegantes, que los jueces vigilarán para que “los despidos deban seguir teniendo una causa justa” y someterse a la Constitución, así como aplicar la razonabilidad y la proporcionalidad de la causa del despido.

Pese a la disposición judicial a salvaguardar los derechos de los trabajadores, la reforma laboral acota el efecto práctico de las sentencias favorables al colectivo de empleados, ya que no se prevé la readmisión de los afectados por un despido colectivo anulado en los tribunales lo que da lugar a que los jueces, como en el caso de Laminaciones Arregui, dejen la decisión en manos de la empresa o en demandas individuales.

noviembre 30, 2012

Gallardón, un ministro contra la Justicia y los jueces

Iturria: Joaquim Bosch – Magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia / eldiario.es – 2012/11/29

Recientemente se concentraron cientos de jueces y fiscales ante la sede del Ministerio de Justicia para protestar por la grave situación de la Administración de Justicia. Lo mismo ocurrió ante las sedes judiciales de las principales ciudades del país. La convocatoria partió de todas las asociaciones de forma unitaria en un hecho histórico y sin precedentes. Es una muestra clara de que la gestión del ministro Gallardón ha conseguido generar un amplio malestar en todos los sectores de la Justicia.

Sin embargo, a pesar del creciente descontento, el ministro ha sido incapaz de abrir espacios de diálogo o líneas de negociación para buscar soluciones a las carencias estructurales de nuestro sistema judicial. Al contrario, ha optado por mantener sus visiones exclusivas, así como por remitir de forma unilateral sus proyectos de ley al Parlamento, con la convicción de que disponer de mayoría absoluta significa tener la razón absoluta. Ante semejante actitud, todas las asociaciones de jueces y fiscales hemos acordado considerar que el ministro Gallardón ha dejado de ser un interlocutor válido, por lo que hemos solicitado directamente una reunión al presidente del Gobierno para intentar solventar las graves carencias existentes en la Administración de Justicia.

Sería aventurado afirmar que el ministro no asume iniciativas. Casi siempre a golpe de titular, para obtener la proyección pública que cree merecer. A menudo con propuestas populistas que actúan sobre los resortes emocionales de la población, como en su proyecto de reforma para endurecer el Código Penal, en el país europeo con más presos por habitante. En muchas ocasiones con propuestas con olor a naftalina, como su intención de criminalizar a las mujeres que aborten, incluso en los supuestos de malformación del feto, lo cual nos transporta a los oscuros tiempos del régimen anterior. Todo este barullo de iniciativas inconexas escenifican la falta de un proyecto serio para modernizar nuestro sistema judicial.

Y ello es así porque nuestra Administración de Justicia necesita más jueces, para no seguir a la cola en el ámbito europeo. Pero el ministro ha congelado la creación de plazas judiciales. Porque la sobrecarga de trabajo imposibilita un tramite eficaz de los procedimientos. Pero el ministro va a retirar a 1.200 jueces sustitutos, para recortar 20 millones de euros, lo cual provocará un mayor colapso judicial que perjudicará a la ciudadanía. Porque resulta necesario el acceso a los tribunales en condiciones de igualdad. Pero el ministro ha aplicado unas tasas judiciales que limitan el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que beneficiarán a los sectores más privilegiados y expulsarán del acceso a los juzgados a gran parte de las clases medias y de la clase trabajadora. Porque tenemos un sistema procesal injusto que concede privilegios a los bancos en perjuicio de los ciudadanos que no pueden pagar sus hipotecas. Pero el ministro no se plantea ninguna reforma legal y opta por un tipo de moratoria insuficiente que no va a resultar aplicable a la mayoría de los afectados. Porque este país necesita un poder judicial fuerte para que pueda controlar los abusos en determinados ámbitos. Pero el ministro impulsa proyectos que atentan contra la independencia judicial. Hay razones más que suficientes para entender que el ministro Gallardón no es capaz de resolver los graves problemas de la administración de justicia. Los jueces y los fiscales necesitamos otro interlocutor.

noviembre 19, 2012

Jueces mileuristas y precarios

Iturria: Eldiario.es / Teniente Kaffee – 2012/11/18

Recientemente, se ha presentado el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que el ministro de la cosa ha incluido una disposición que ha dado poco que hablar, pero que tiene un extraordinario calado.

Ni más ni menos que adecuar la situación de la judicatura a la realidad social y laboral de nuestros días: crear una nueva categoría de jueces completamente dependientes, con una espada de Damocles sobre su togada cabeza, y todo ello por el sueldo de un becario.

A nuestros sucesivos gobiernos, y a las mayorías parlamentarias que los sustentan (no se olviden este detalle, sobre todo a la hora de ir a votar), siempre les ha gustado la idea de una Justicia interina, soslayando los requisitos de inamovilidad e independencia que proclama nuestra Constitución. Sólo desde esta óptica se pueden explicar los miles de sustitutos, literalmente, que ocupan de forma casi permanente puestos de juez o de fiscal. Muchos son profesionales excelentes, y en no pocos casos resultan un pilar fundamental de la institución allá donde sirven. Pero su existencia es una anomalía del sistema. Porque al no haber aprobado una oposición, están al albur de quien les pone en su puesto. Dos informes negativos del Fiscal Jefe correspondiente, por ejemplo, inhabilitan a cualquier fiscal sustituto para formar parte de la bolsa de trabajo al año siguiente. El mecanismo es todavía más opaco y ominoso en el caso de los jueces.

El problema es que los sustitutos son caros de mantener, porque cobran lo mismo que el titular al que sustituyen. Así que en la inminente reforma de la L.O.P.J. se suprimen la mayoría de ellos, salvo contadas excepciones. Las necesarias sustituciones, cuando un juez o fiscal caen enfermos, disfrutan de un permiso por maternidad u otros supuestos legalmente previstos, serán cubiertas por sus compañeros, a cambio de un plus en su salario. Imagino pocos voluntarios para estas sustituciones: muchos juzgados trabajan al 120 % de su capacidad teórica, y algunos incluso duplican su carga de trabajo, así que quien apenas puede con su propio tajo, difícilmente se va a prestar a cargar con el del vecino. Así que muchas de estas sustituciones se cubrirán a la fuerza.

Pero hay otro preocupante supuesto, el que da la nueva redacción del artículo 307, apartado 4º, de la L.O.P.J. Como no quiero llenar el artículo de farragosas citas legales, les comento que el engendro se llama “Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”, y viene publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 19 de octubre de este año. En el PDF que pueden descargarse con el citado proyecto, el artículo que les cuento está en la página 9.

El asunto es que, hasta ahora, tras superar la oposición, los nuevos alumnos de la Escuela Judicial se enfrentaban a un curso teórico, seguido de unas prácticas tuteladas, periodo de formación que con el tiempo se ha ido convirtiendo en un enfrentamiento fratricida, en el que los todavía aspirantes se juegan subir o bajar decenas de puestos en el escalafón, lo que luego influirá en su primer destino cuando juren el cargo. La diferencia puede ir de pillar plaza cerca de su tierra natal, a acabar en Fuerteventura, a tres horas y media de avión de la familia, o en uno de los exóticos juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Azpeitia,Tolosa o Bergara, donde hasta hace poco tenían que ir con escolta. Pero eso, que era el régimen de antaño, era un chollo, comparado con lo que viene ahora, la nueva realidad.

Ahora, gracias a este artículo y los siguientes, tras terminar el curso teórico y las prácticas, y sin haber jurado el cargo, les pueden meter de sustitutos forzosos, allá donde toque. El truco es que siguen siendo jueces en prácticas, por lo que no son inamovibles, ni independientes. Les va a examinar la Escuela Judicial y, no se lo pierdan, el Presidente del TSJ de la Comunidad Autónoma en la que estén. Les recuerdo que un Tribunal Superior de Justicia es ese órgano en el que uno de cada tres magistrados es seleccionado de entre una terna propuesta de forma digital por el parlamento autonómico. Digital, de dedo, por si tenían alguna duda. Los Tribunales Superiores de Justicia son los órganos donde empieza el mamoneo político que tanto irrita a la ciudadanía. Y van a ser los que tengan en su mano cortarle las alas al nuevo juez en ciernes.

Si el juez sustituto en prácticas suspende, vuelve a la casilla de salida, al comienzo de la Escuela Judicial, para una 2ª oportunidad. Si vuelve a suspender, queda eliminado del proceso. Fuera de la carrera judicial, a pesar de su oposición aprobada. El periodo mínimo en el que se pueden tirar en esta situación es de cuatro meses, pero la Ley no marca el máximo. Guiño-guiño, codazo-codazo.

Y lo mejor de todo, sus emolumentos durante ese calvario de duración indefinida serán el 70 % del sueldo base, excluidos complementos. Unos 1.200 € netos al mes.

Así que dejemos volar la imaginación… Imaginen ese juzgado mixto de provincias, donde llega la policía con una investigación sobre corrupción política de los máximos responsables políticos locales, una causa con miles de folios, con presiones tremendas por los cuatro costados… Instruido por un juez con “contrato temporal”, al que pueden eliminar de la ecuación de un plumazo, y cobrando menos que el último de sus funcionarios. Imaginen el sumario del Prestige, el de los ERE’s en Andalucía, o cualquiera de esos cientos de causas abiertas que pueden consultar en el Corruptódromo. Imaginen, y ahora díganme si pueden dormir tranquilos. Porque yo no puedo.

A %d blogueros les gusta esto: