Posts tagged ‘derechos’

mayo 2, 2013

De la reforma laboral a la reforma penal: todos a la cárcel

Iturria: Héctor Illueca / Adoración Guamán – Publico.es – 2013/05/01

Las políticas de austeridad impuestas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y aplicadas por el Partido Popular están provocando una silenciosa redefinición de las funciones del Estado progresivamente conquistadas luego de un trayecto secular. De manera relativamente rápida, el Estado reduce su intervención social al tiempo que refuerza los dispositivos disciplinarios mediante la intensificación de su intervención penal. Como si fuera una persona arrepentida de haber sobreprotegido a sus hijos, el Estado neoliberal se dispone a tratar severamente a los ciudadanos, criminalizando la miseria y elevando la acción penal a la categoría de función pública prioritaria. De este modo, la cansina apelación al orden público del Gobierno del Partido Popular constituye el reverso inevitable de la normalización del trabajo precario y el desmantelamiento del Estado de bienestar.

Veamos. El 10 de febrero de 2012 el Gobierno aprobó una reforma laboral que consagraba el abaratamiento del despido y la desarticulación de la negociación colectiva, con el fin de inducir un violento retroceso salarial y un no menos feroz ajuste de plantillas en las empresas. Transcurrido un año desde su entrada en vigor, las consecuencias más dramáticas de la acción gubernamental encuentran reflejo en los diferentes datos estadísticos: la Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al tercer trimestre de 2012 situaba el coste salarial total por trabajador en 1.805,63 euros, un 7 por ciento menos que en el segundo trimestre (1.939,73), mientras la última Encuesta de Población Activa eleva el número de parados a un nuevo máximo histórico, 6.202.700 personas, con una tasa de desempleo del 27,16% de la población activa.

Poco después de la aprobación de la reforma laboral, el Ministro del Interior anunció la tramitación de una importante reforma del Código Penal, cuyo principal objetivo parece ser reprimir y criminalizar las crecientes protestas contra las políticas de austeridad. Esta iniciativa, que ha merecido una severa crítica del Consejo General del Poder Judicial, se encuentra actualmente en sede parlamentaria y, entre otros aspectos, prevé que la resistencia pasiva a las fuerzas de seguridad se considere como delito de atentado a la autoridad, lo que podría abarcar una amplia gama de comportamientos hasta ahora no penalizados: por ejemplo, realizar una sentada colectiva durante una manifestación o encadenarse por los brazos para evitar un desahucio. También se pretende tipificar como delito la difusión por Internet de convocatorias violentas o que alteren gravemente el orden público, lo que probablemente evoca, en la intención del Gobierno, la manifestación acaecida el 15 de mayo de 2011 y las diferentes movilizaciones que la sucedieron.

En nuestra opinión, ambas reformas están relacionadas entre sí y suponen la culminación de un proceso iniciado en la década de los noventa y orientado a la generalización del trabajo precario por medio de la coerción política. O, por expresar la idea con mayor precisión, se trata de sustituir nuestro modesto e incompleto Estado de bienestar por un Estado penal que sea capaz de imponer el trabajo mercantilizado como norma societal. La filosofía que subyace a este proceso es la de un Estado crecientemente invasivo y represor de una población atenazada por el desempleo y la precariedad laboral, que contempla atónita la obscena tolerancia del poder con los abusos cometidos por los más privilegiados de la sociedad. De este modo, el progresivo debilitamiento del Estado social conlleva un crecimiento distópico del aparato penal, alumbrando una sociedad cada vez más instalada en la violencia, la injusticia y la desigualdad.

Ciertamente, las estadísticas avalan un incremento fulminante de la población reclusa durante los últimos veinte años, coincidiendo con la llegada a nuestro país del llamado neoliberalismo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 1990 y 2010 la población penitenciaria española prácticamente se duplicó en términos relativos, pasando de 85 a 160 reclusos por cada cien mil habitantes, lo que implica un incremento superior al 90 por ciento. Es muy significativo que la actual hipertrofia carcelaria haya despertado el interés del Defensor del Pueblo, que en reiterados informes ha venido denunciando la masificación y el hacinamiento de los presos como hechos que afectan a la dignidad de las personas y constituyen una pena adicional no prevista por el legislador. A la vista de tales datos, parece que debemos dar la razón a Eduardo Galeano cuando afirmaba que, para dar libertad al dinero, había que encarcelar a la gente.

Partiendo de esta base, la crisis económica que asola nuestro país ha puesto sobre la mesa la imperiosa necesidad de criminalizar la miseria para acelerar la transición hacia un Estado darwinista que se repliega sobre sus primitivas funciones de mantenimiento del orden público, en detrimento de su actividad tradicional en materia económica y social. En una situación de desempleo masivo y precariedad generalizada, el aparato penal se erige en instrumento imprescindible para someter a los sectores insubordinados y reafirmar el monopolio del Estado sobre la violencia institucionalizada. La mano invisible del mercado, tan cara a la tradición liberal, encubre y disimula un verdadero puño de hierro que concentra la enorme fuerza del Estado hobbesiano para imponer el trabajo precario y recluir o amedrentar a los sectores insumisos del naciente orden social.

Curiosamente, no es la primera vez que el liberalismo radical defiende y estimula la creación de un aparato penal destinado a contener las consecuencias deletéreas de la desregulación social y laboral. La huelga, por ejemplo, constituye un fenómeno social percibido con desconfianza por parte del poder político, que históricamente ha tratado de imponer restricciones o limitaciones de variada naturaleza. Recordemos que en una primera etapa era considerada como delito en los Códigos penales europeos, prolongándose tal situación hasta bien entrado el siglo XIX. El reconocimiento legal del derecho de huelga se produjo posteriormente, tras una larga historia de violencia y represión de la que el movimiento obrero fue especialmente víctima. Importantes personalidades liberales como Lloyd George, Theodore Roosevelt o Walter Lippmann, por citar sólo algunos ejemplos, invocaron y justificaron la violenta represión de los trabajadores mientras defendían el principio de intervención mínima en la economía.

Al igual que sus predecesores, los ideólogos neoliberales apelan abiertamente a la violencia del Estado para reprimir o contener los efectos devastadores del laissez-faire. En esta ocasión, sin embargo, los destinatarios de la oleada represiva no son sólo los sindicatos de trabajadores, sino también, y preferentemente, los sectores populares que están protagonizando las diferentes luchas sociales desencadenadas por la crisis: desempleados, estudiantes, trabajadores precarios, hombres y mujeres que lo han perdido todo y están viviendo esta época como un profundo terremoto social y cultural. La anunciada reforma del Código Penal o el intento de criminalización de los escraches protagonizados por la PAH son sólo una muestra de la nueva doxa punitiva concebida para atenazar a las regiones inferiores de nuestro espacio social.

Ya no es posible ocultar que las razzias policiales observadas en Valencia, Madrid o Barcelona persiguen objetivos políticos y mediáticos, mucho más que judiciales. La respuesta gubernamental al creciente y justificado enojo ciudadano es el recurso al uso generalizado o la amenaza de la fuerza como medio de dominación. La crisis de legitimidad se extiende a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Es muy importante que todos comprendamos que las políticas de austeridad no sólo ponen en entredicho los derechos económicos y laborales conquistados durante generaciones, sino también los derechos políticos reconocidos al término de la dictadura. O, por decirlo con otras palabras, la salida de la crisis que el Partido Popular está tratando de imponer no sólo es incompatible con el Estado de bienestar, sino también, y fundamentalmente, con la democracia.

Héctor Illueca Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Adoración Guamán Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

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abril 2, 2013

Escrache

Iturria: Javier Gallego / Eldiario.es – 2013/03/28

Nos habéis perseguido a todos. Primero fuisteis a por los jubilados pero como vosotros tenéis la jubilación asegurada, no os importó hacerles daño. Después fuisteis a por los enfermos, los discapacitados, los dependientes y como vosotros no tenéis problemas de dinero, no os importo cargar a las familias con un peso que no pueden soportar. Entonces fuisteis a por los funcionarios, los médicos, los profesores. Fuisteis a por nuestra sanidad y a por nuestros colegios porque vosotros tenéis los vuestros asegurados. Protestamos y no os importó enviarnos a los antidisturbios a que nos hicieran daño.

No os importó que hubiera millones de parados y fuisteis también a por ellos. Les quitasteis un pedazo de lo poco que les queda y les gritasteis que se jodan en mitad del Parlamento. Y empezasteis a jodernos a todos los demás, a la cultura, a los mineros, a todos los contribuyentes. Fuisteis a por todos nosotros y no os importó hacernos daño para no hacérselo a los vuestros. Los bancos vinieron a por nosotros y vosotros nos quitasteis los cuatro cuartos que nos habían dejado en los bolsillos. Ellos nos robaban, vosotros hacíais negocio con nuestro dinero. Volvimos a protestar y nos disteis la espalda de nuevo.  

No queríais ver cómo la gente saltaba por las ventanas o se colgaba del cuello. Los bancos que nos habían puesto la soga iban a por los que menos tenían y les dejasteis hacer. Dejasteis que se aprovecharan con las preferentes de los más indefensos y vulnerables y jamás perseguisteis a los timadores. Dejasteis que algunos se quitaran la vida angustiados por su desahucio. Les empujasteis al vacío sin mover un solo dedo y permitisteis que pelotones de policía siguieran sacando a la gente de sus casas a empujones. Podríais haberlo evitado pero seguíais mirando para otro lado.

Los jueces españoles y el tribunal europeo han decretado que las hipotecas españolas son ilegales y abusivas y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles de personas en la calle y un millón y medio con su firma, os han pedido parar esta sangría y habéis tratado de escaparos de ellos. Nos disteis unas medidas insuficientes que no sirvieron para nada y ahora nos volvéis a ofrecer un simulacro de solución en diferido. Os pedimos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos dais antidisturbios. Os pedimos que nos echéis una mano y nos la echáis al cuello. 

Ahora van a por vosotros y reclamáis que os amparemos pero ya no queda casi nadie de nosotros que lamente lo que os está pasando. Os toca sentir lo que sienten los perseguidos. Ahora nos pedís la justicia que vosotros nos habéis negado. Invocáis la democracia que habéis destruido y el respeto que no nos tenéis. Exigís que se respeten los derechos que no habéis respetado. Llamáis terroristas a los que os persiguen pero sois vosotros los que los habéis aterrorizado. Nos llamáis golpistas mientras nos moléis a golpes. Hay que ser muy miserable para llamar acosador al acosado. 

Seguid así. Seguid dando la espalda a la realidad, seguid llamándonos criminales en lugar de ciudadanos. Seguid aumentando la pobreza, la desigualdad y el paro. Seguid dejando que a la gente la estafen, la echen a la calle y los ladrones anden sueltos. Seguid haciendo un escrache masivo a la población y acabaréis sufriendo un escrache masivo y violento. No es una amenaza, es una advertencia de lo que, desgraciadamente, podría pasar.

Ahora solo van a por vosotros pero mañana irán a por vuestra seguridad, la seguridad que les habéis negado, y a por vuestros privilegios, a por el dinero que les habéis quitado, los coches en los que huis de nosotros, las casas que tenéis y que ellos han perdido, el bienestar que les habéis arrebatado. Querrán infligiros el mismo dolor que le habéis causado. Y a nadie le importará si os hacen daño porque el daño que habréis hecho nos habrá anestesiado a todos. Serán tan violentos como lo habéis sido vosotros. Se saltarán tantas leyes como vosotros habéis violado. Serán peligrosos porque están desesperados. Y serán incontrolables porque no tendrán nada que perder.

Vosotros se lo estáis quitando todo. Vosotros sois los responsables de lo que os pase. Os lo merecéis. Vosotros no sois las víctimas, sois los culpables, sois la causa de los escraches que estáis padeciendo. Vosotros sois el escrache de este país. Le habéis hecho un escrache a esta democracia hasta obligarla a huir por patas. Nos habéis hecho escraches cada vez que nos reuníamos en las plazas y en las calles. Le habéis hecho decenas, cientos de  escraches a los ciudadanos a golpe de porra, recorte, insulto y decretazo.

Sois vosotros los que permitís el acoso a los ciudadanos de una banca miserable que impone una ley injusta. Sois vosotros los que dejáis que miles de familias sean humilladas delante de sus vecinos, que sus casas sean señaladas con una cruz de “desahuciado” en la puerta, que queden marcados como parias y excluidos, que ancianos, niños, enfermos y gente sin recursos estén sufriendo la derrota, la violencia policial y la vergüenza pública. Sois vosotros los que lleváis más de cuatro años haciéndonos un escrache tras otro, los que lleváis años huyendo de los que ahora os persiguen, los que estáis empujando a miles de personas por un barranco por el que os acabarán arrastrando, los que estáis provocando una pobreza, un odio y una desesperación que puede acabar estallando.

Si dejáis que eso ocurra, recordaréis el último verso del poema de Niemöller: “Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”. Nadie protestará porque os estaremos persiguiendo todos.

febrero 24, 2013

Las personas sin familia no tendrán acceso a la justicia gratuita si ganan más de 1.065 euros al mes

Iturria: Eva Belmonte / lamarea.com – 2013/02/23

El Real Decreto-Ley sobre las tasas judiciales aprobado ayer en Consejo de Ministros aumenta además, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, los beneficiarios del servicio de justicia gratuita. Así, podrán utilizar este servicio, independientemente de su renta, víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de personas; menores y discapacitados que denuncien un abuso o maltrato y heridos graves en accidente de tráfico que queden en situación de discapacidad. Además, el Gobierno modifica los umbrales de renta máximos que permiten a un cuidadano hacer uso de este derecho. Según las palabras de Santamaría y de algunos mediosese tope de ingresos se eleva y más personas pueden acceder. Pero esto no es del todo cierto.

En realidad, el máximo de ingresos que pueden tener aquellas personas que no estén integradas en ninguna unidad familiar se ha visto reducido. El articulado que recoge hoy el BOE marca unos umbrales de renta según el tipo de unidad familiar: para personas solas, dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiles (IPREM); para unidades familiares de menos de cuatro miembros, 2,5 veces el IPREM; para las que superen los cuatro miembros, 3 veces ese indicador. Hasta ahora, el tope de ingresos era, para todos, de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una cifra algo superior al IPREM.

Así, este cambio en los cálculos de renta perjudica a aquellos que no estén integrados en una unidad familiar, cuyo umbral ha bajado de los 1.290,6 (dos veces el SMI) a 1.065,02 euros mensuales (dos veces el IPREM). Las personas que pertenezcan a una unidad familiar sí verán aumentado el tope de ingresos que no pueden superar para acceder. Por ejemplo, el de una familia de tres miembros pasa de 3.871,8 euros mensuales (dos veces los 645,3 euros del SMI para 2013 multiplicado por los 3 miembros) a 3.993,8 (2,5 veces los 532,1 euros del IPREM x 3). En el caso de una familia de, por poner otro ejemplo, de cinco miembros, el tope sube desde los 6.453 euros mensuales (2 x 645,3 x 5) a 7.987, 65 euros (3 x 645,3 x 5).

Además, el Real Decreto-Ley incluye un añadido para el acceso a la justicia gratuita: “Se tendrán en cuenta los signos externos que manifiesten su real capacidad económica”.

Eva Belmonte es autora de elboenuestrodecadadia.com

noviembre 24, 2012

Un nuevo modelo de sociedad – Carmen Castro

Iturria: ATTAC / Carmen Castro – 2012/11/22

Carmen Castro es economista y experta en Políticas Europeas de Género. Nos cuenta desde distintas perspectivas cómo la gran estafa que estamos viviendo es producto de una sociedad donde priman los objetivos monetarios frente al actualmente tan vulnerado derecho básico de ciudadanía, un derecho imprescindible para generar el corpus de los derechos colectivos y sociales desde la igualdad.

[youtube http://youtu.be/Ur8bGlo9Wus]
noviembre 24, 2012

Las nuevas tasas judiciales, un ataque al Servicio Público de la Administración de Justicia

Iturria: ATTAC / Cristina Gómez / María del Pilar Barceló – 2012/11/23

A menudo cuando se habla de servicios públicos la gente piensa en los más básicos, como salud y educación, y olvida un servicio que, si bien no utilizan necesariamente todos los ciudadanos, no tiene alternativa cuando se suscitan determinados conflictos: la Administración de Justicia. Un divorcio, unas medidas sobre custodia de menores, propietarios morosos que no pagan las cuotas de la comunidad de propietarios, accidentes de tráfico, reclamación de indemnizaciones a aseguradoras, trabajadores despedidos, impagos de salarios, robos o daños… ¿Quién no ha tenido que recurrir alguna vez a la Justicia, o quién no tiene algún familiar o amigo que lo haya hecho?

Esta falta de conciencia de la Justicia como servicio público es la que está permitiendo que el Gobierno introduzca feroces recortes sin oposición ciudadana, aunque sí y muy firme desde los ámbitos jurídicos (jueces, abogados…) que con unanimidad han manifestado su repulsa frente a reformas que de hecho impedirán el acceso de muchos ciudadanos a este servicio.

Así el BOE de 21 de noviembre publica la Ley de tasas, por la cual la Justicia no sólo deja de ser gratuita para las personas físicas, sino que además por la cuantía de las tasas establecidas se convertirá de hecho en un servicio inaccesible.

Si bien es cierto que con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, se recuperaron las tasas, hasta ahora sólo se aplicaban en los órdenes civil y contencioso – administrativo a empresas cuyos negocios superasen los ocho millones de euros (básicamente entidades financieras y aseguradoras).

Ahora las tasas se extienden a todas las personas físicas que no tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita (para lo cual es preciso tener ingresos inferiores a 14.910 euros anuales computando los de toda la unidad familiar) y además se aumenta su importe desproporcionadamente.

Injusta herramienta disuasoria

El argumento del Gobierno es que la Justicia está saturada y es necesario disuadir a la población del acceso a los tribunales. Olvida que la saturación se debe en parte a que España está a la cola de Europa en número de jueces por 100.000 habitantes, y que con su reforma únicamente va a disuadir a los ciudadanos corrientes pero no a las grandes empresas (bancos, aseguradoras…) que son las que colapsan los juzgados y que además a diferencia de los ciudadanos pueden desgravarlas.

La Sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional, dictada en relación a la Ley 53/2002, si bien avaló las tasas judiciales como medio de financiación de la administración de justicia cuestionó la legalidad de este tributo si su elevado importe de hecho impidiera u obstaculizara del derecho de acceso a la jurisdicción, que es lo que ocurre ahora. Por ello el Consejo General de la Abogacía ha instado a diversos organismos e instituciones para que interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

Algunos ejemplos: Si usted está disconforme con las visitas a sus hijos o la pensión alimenticia acordada en un proceso de divorcio, tendrá que pagar al Estado 800 euros para poner un recurso de apelación. Si quiere recurrir una multa de tráfico, un mínimo de 200 euros. Y si es un trabajador que disconforme con una sentencia quiere interponer un recurso de suplicación, 500 euros.

Errónea solución recaudatoria

La ley ha sido defendida por Ruiz Gallardón como necesaria para poder financiar los gastos que supone el mantenimiento de la Justicia Gratuita. Incurre así en un error técnico y vulnera un principio esencial de la configuración de las tasas, que es el de que las tasas deben recaudarse para contribuir a satisfacer el coste del servicio o de la actividad de la Administración de la que se beneficia el usuario. Este principio es infringido por el artículo 11 de la ley, que vincula la tasa judicial a la financiación de la asistencia de Justicia Gratuita y por tanto únicamente al servicio prestado a determinados usuarios. Además la Justicia ha de considerarse un servicio público y su financiación debe correr a cargo de los impuestos generales.

Conclusión

El afán recaudatorio que supone la aprobación de las nuevas tasas judiciales va a tener como consecuencia inmediata que el acceso a la justicia se convierta en un privilegio de clase (de la clase adinerada, evidentemente), porque al no predicarse de las tasas el principio de progresividad tributaria (aquel que determina el reparto de la carga tributaria en función de la capacidad contributiva de que disponen los diferentes obligados), dará como resultado que se enfrenten al pago de un mismo importe una persona con ingresos de 15.000 € (computando los de la unidad familiar) y por ejemplo, el tercer hombre más rico del mundo (nuestro compatriota, Don Amancio Ortega).

El teórico objetivo de racionalización de la Administración de Justicia a que se refiere la Exposición de Motivos de la Ley que aprueba las nuevas tasas judiciales, se hace a costa de cercenar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la jurisdicción proclamado por el art. 24 CE (derecho a la tutela judicial efectiva).

octubre 25, 2012

Militar en los medios de comunicación

Iturria: Attac.tv – 2012/10/24

Pablo Iglesias es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense y presentador del debate político La Tuerka. En esta entrevista nos habla del papel de los medios de comunicación alternativos para generar debate sobre la definición de conceptos clave para la interpretación de la realidad y la lucha por la construcción de la verdadera democracia, sin caer en el estancamiento del mero discurso crítico hacia los medios mayoritarios.

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octubre 9, 2012

Un proyecto de ley de tasas judiciales lamentable, para dejarnos sin Justicia

Iturria: Hayderecho.com – 2012/10/08

Está en tramitación parlamentaria un Proyecto de ley en verdad tremendo, por el que se regulan determinadas tasas en la Administración de Justicia.  Si el Proyecto acaba en ley, se cercenará la posibilidad de tutela judicial en perjuicio de los más débiles. No abundaremos, para este blog, en consideraciones jurídicas elementales, relativas tanto al derecho a la tutela judicial efectiva, del art. 24.1 CE, que sería frontalmente contrariado, como al art. 119 de nuestra Norma Fundamental, cuyo espíritu no puede ser más opuesto a impedir el acceso a la Justicia a quien no disponga de amplios recursos económicos para litigar, que es lo que resulta del proyecto legislativo. Vamos a los hechos del proyecto: se pretende que se abonen al Estado unas tasas judiciales altísimas como requisito para acceder a los tribunales en todas las jurisdicciones excepto la penal. Las tasas se imponen a cualquier persona, sea física o jurídica y si es física, sólo se exime a quienes tengan ingresos inferiores a 12.780€ anuales y computando no solo los del propio interesado sino los de su unidad familiar (doble del IPREM, límite para derecho a justicia gratuita). La crisis económica es un puro pretexto porque ninguna consideración económica es aceptable como fundamento de unas tasas tan rotundamente restrictivas del acceso a la Justicia.

Se proyecta que se paguen como tasas unas sumas de dinero que pueden muy fácilmente alcanzar los varios millares de euros por interponer una demanda civil (efecto del sistema de cálculo escogido en el procedimiento ordinario: sumar a un fijo de tasa de 300 euros el porcentaje del 0,5% de la cuantía procesal, que, por ejemplo, tratándose de un inmueble, es el precio de mercado del inmueble, y tratándose de una reclamación de cantidad, la cantidad reclamada). Se proyecta que un trabajador o un pensionista que ve desestimada su demanda en el Juzgado de lo social pague 500 euros por recurrir. Se proyecta que la tasa por impugnar una multa de tráfico sea de importe superior a la propia multa. Impunidad del poderoso de cualquier clase (también del Estado) y ley del más fuerte. No sería ya una justicia de dos velocidades, sino una justicia exclusiva para quienes puedan pagar esas tasas y ninguna justicia para el que no pueda. Y también se vería afectado directamente otro derecho constitucional; porque la protección al consumidor está en la Constitución y en las normas europeas, y nadie va a defenderse del abuso de las grandes empresas si sigue adelante el proyecto, que, además de tasas altísimas para pleitos cotidianos, impone también tasas en asuntos pequeños, como los de consumo, que directamente disuaden de reclamar, por ser mayor la tasa que el importe reclamado.

El preámbulo del proyecto hace referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, de 16 de febrero de 2012, para fundamentar la constitucionalidad de tasas judiciales. Pero -¡atención a la grosera manipulación, peor que la mentira!- esa sentencia, y otras tres del TC que el preámbulo no menciona, se referían a la legislación precedente, que imponía tasas módicas a personas jurídicas, tasas de unos 70 euros a sociedades mercantiles de gran facturación. El Tribunal Constitucional, con cita de jurisprudencia europea, declara la constitucionalidad de las tasas y del mecanismo de contribuir al sostenimiento de la Administración de Justicia  si, y solo si las tasas no significan una barrera al acceso a la jurisdicción y matizando que se referían al caso concreto. Que no se dé curso a una demanda por no pagar una tasa módica, proporcionada y asumible es constitucional, pero que se impida la defensa con tasas desproporcionadas, disuasorias y desorbitadas, imposibles de pagar para un significativo porcentaje de población, es inconstitucional e infringe los convenios internacionales.

Como las tasas no se modulan en función de la capacidad económica, las sufrirán las clases medias; y serán ellas quienes se encuentren ante una barrera infranqueable e inconstitucional. Si es que en realidad entra en la clase media una familia que sobrevive con los 1.100€ mensuales fijados por el proyecto como límite para exención de tasas, o si de verdad se diferencia en algo de quien gana un euro menos y por tanto se beneficia de la exención. A las empresas les resulta irrelevante la tasa –a diferencia de los particulares, la tasa es gasto fiscalmente deducible, como lo son  el IVA y las minutas de los profesionales que intervienen, abogado y procurador, con manifiesta desigualdad procesal-, y al deudor en concurso se le exime, y al Estado también, sea cual sea su forma.

El proyecto no prevé más mecanismo  sobre la capacidad económica que la inadmisión de plano por el secretario judicial del escrito al que deba acompañarse la autoliquidación (por cierto: ¿con o sin algún tipo de recurso al juez?). Bastante trabajo tienen ya los secretarios judiciales, a quienes se encarga comprobar que se acompaña la autoliquidación de las tasas actuales, como para colapsar del todo los Juzgados imponiéndoles la comprobación individual de la capacidad económica de cada justiciable. Pero que sea inviable en la práctica graduar las tasas por nivel de ingresos si es el secretario el encargado de ese control no afecta al hecho de que imponer tasas altas a cualquiera sin tener en cuenta la capacidad económica resulta inconstitucional y contrario a los convenios internacionales.

Naturalmente que hay quien demanda sin ningún fundamento. Los abusos existen, y por eso también prevé desde siempre el Derecho Procesal la figura jurídica de la condena en costas a los litigantes temerarios. Si el legislador quiere que se contribuya al sostenimiento de la Administración de Justicia, con el repetido pretexto de una (discutible) hiperjudicialización de la sociedad española, que imponga esa carga a quien de verdad da lugar a pleitos innecesarios, es decir, a quien pierda el pleito con condena en costas y, además, sea declarado temerario. Que el querulante pague tasas, y, si se quiere, además multas, cuando sea condenado y en ese momento; pero que no se cargue a todo justiciable sistemáticamente con tasas como si demandar fuera un lujo o un capricho y no un derecho constitucional de primer orden. Ningún pleito es deseable en sí mismo, como tampoco una intervención quirúrgica por una apendicitis o un cáncer; pero a nadie que sufre una apendicitis jurídica o un cáncer jurídico se le puede reprochar que busque el remedio para ello, un remedio que está en la Constitución y que protegen los convenios internacionales

Se prevé que las tasas sean incluidas en la condena en costas del que sea condenado, y por tanto quien tuvo que adelantarlas (si se lo permitía su capacidad económica, que si no, se quedó sin pleito o sin recurso, y sin derecho) podría en teoría recuperarlas del contrario perdedor. Pero no solo existe –y se aplica- la posibilidad legal de que no haya condena en costas en caso de asuntos dudosos (y entonces el litigante contrario es con frecuencia insolvente y por tanto la  recuperación resulta imposible), sino que además esa solución de que pague el que pierda tampoco es necesariamente justa. Perder un juicio no significa siempre que la postura procesal fuera infundada; y no es lo mismo perder y ser condenado -o no- a costas, que perder con declaración expresa de temeridad y mala fe. Con leyes muchas y malas, en vez de pocas y buenas, y opiniones jurídicas para todos los gustos en cualquier tema, y muchas con fundamento, de modo que se sostiene una postura procesal al amparo de doctrina y jurisprudencia y, sin embargo, se pierde el pleito, pero no por eso se está necesariamente abusando de recursos públicos. La propia técnica legislativa frecuentemente defectuosa fomenta los pleitos con la inseguridad jurídica que origina.

Y al hilo de la cuestión de la inseguridad jurídica que propicia el mismo legislador, hay otro aspecto preocupante en el proyecto de ley: que -dejando ahora a un lado el espinoso asunto de la muy discutible autonomización de nuestra Justicia- ya hay tasas judiciales autonómicas en Cataluña por Ley Ley catalana 5/2012 (título III bis, capítulo I) e inminentes en la Comunidad Valenciana. En lo que respecta a su contenido, la ley catalana es razonable por dos motivos: por número de exenciones en materias, justiciables y jurisdicciones –por ejemplo, nada en laboral ni Derecho de Familia en sentido amplio- y por imponer cuotas muy inferiores a las estatales, de modo que no puede decirse que esas tasas impidan el acceso a la jurisdicción a la generalidad de la población. Así, por demanda de un juicio ordinario, 120 euros fijos de tasa autonómica, frente a las  cuantías que llegan muy fácilmente a miles de euros de tasa nacional al establecerse un fijo de tasa estatal de 300 y sumarse el variable del 0,5% de la cuantía procesal. El proyecto de tasas estatales especifica que se impone la  tasa en todo el ámbito nacional, sin perjuicio de las tasas autonómicas “que puedan exigir las Comunidades autónomas en ejercicio de sus respectivas competencias financieras, las cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles”. Pero la ley catalana, que también se establece “sin perjuicio de las tasas y otros tributos de carácter estatal que puedan exigirse” en efecto parece que sí grava los mismos hechos imponibles que la estatal: interposición de demanda, de reconvención, monitorio, apelación, etc. Quien deba acudir a la jurisdicción en Cataluña –no necesariamente catalanes, que el sistema procesal obliga a demandar en todo el territorio nacional, donde las leyes indican en el caso concreto- tendrá que pagar la tasa autonómica y además la tasa estatal, mientras se aclara el conflicto de competencias; y otro tanto en la Comunidad Valenciana. Perjudicado inmediato: el justiciable. El Estado y la Comunidad Autónoma gravan y cobran, y después, dentro de un incierto número de años, el justiciable que haya pagado duplicado conseguirá quizá la devolución de ingresos indebidos (¿cuál de las dos tasas sobra?); y el justiciable privado de jurisdicción por motivos económicos al sumarse dos tasas se quedó sin su derecho.

En definitiva, el legislador no debe en ningún caso aprobar el proyecto en los inconstitucionales e injustos términos en los que está planteado, y esperemos que se imponga el sentido común. En caso contrario los efectos serán inmediatos y graves, además de la indefensión provocada por la impunidad del más poderoso y la desprotección frente a la arbitrariedad del Estado, dos conflictos de competencias en momento nada oportuno y avalancha de recursos al Tribunal Constitucional cuando empiecen a ser rechazadas peticiones que no adjunten el justificante de la tasa: aumento inmediato del número de asuntos penales, pues al estar esa jurisdicción exenta de tasa, se intentará esa vía cuando se vea la menor posibilidad; el Derecho del Consumo convertido en papel mojado; alteración de la paz social, pues habrá quien no pudiendo defenderse en los juzgados haga uso del inadmisible sistema de tomarse de justicia por su mano; significativa elevación de las primas de las pólizas de seguros que cubran defensa jurídica; y fomento del despacho de abogados “a la estadounidense” que financien a sus clientes a cambio de un elevado porcentaje del resultado, sistema éste, por cierto, que lejos de disuadir de pleitos temerarios, más bien los fomenta. Por principio negamos la mayor de que haya de aprobarse una ley de tasas judiciales, cuyo mismo concepto evoca ingratas y superadas épocas, pero si en efecto de verdad resultara indispensable aprobarlas, que lo sea con un sistema muy distinto: que pague el temerario, que para eso ha dado lugar a un pleito inútil o, en todo caso, que pague el condenado en costas, si hay tal condena y cuando la haya; que se rebajen radicalmente a cuantías muy módicas las tasas fijas y se eliminen por completo las variables, además de suprimir las tasas en la jurisdicción laboral y ampliar las exenciones por materias en lo civil y en lo contencioso-administrativo.

febrero 27, 2012

Los embates del gran capital contra el mundo del trabajo

Por Adrián Sotelo V. – Rebelión 27/02/2012

El gran capital, representado en la UE por la llamada troika —integrada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo—, ha emprendido una furiosa cruzada contra los trabajadores y el mundo del trabajo para tratar de resarcirse de la profunda crisis que asola al capitalismo europeo y mundial.

Desde 2008—2009, que marcó la anterior crisis, y que tuvo como epicentro a Estados Unidos, los poderosos dueños de los bancos y de las bolsas de valores han impulsado, a través del Estado capitalista, una serie de medidas de austeridad cuyo objetivo declarado formalmente es contrarrestar—y superar— el déficit del gobierno que en una buena parte de los países europeos, pero en particular, en los de la Eurozona, rebasa con creces el límite máximo de 3% impuesto por la Unión Europea. Los países hasta ahora más afectados son Grecia, España y Portugal, donde en los últimos meses se han aprobado, por los dóciles parlamentos y gobiernos de esos países, una serie de medidas de austeridad contra la población que atentan contra sus derechos económicos, sociales y humanos, sin que hasta ahora se vislumbren indicios de una pronta salida a la crisis.

Por vez primera los voceros del gran capital internacional temen que esta no sea solamente una crisis regional, sino que se pueda convertir, en el transcurso de 2012, en crisis mundial, que va a afectar a los países dependientes y subdesarrollados (por cierto mal llamados países “en vías de desarrollo” o “emergentes”) que venían experimentando aumentos importantes en sus tasas de crecimiento en los últimos años. Nos referimos, en particular, a los sudamericanos (como Brasil y Argentina) que de alguna manera soportaron la crisis anterior gracias a su fuerte vinculación y dependencia de la dinámica de la economía China que experimentaba sustanciales incrementos internos de sus tasas de crecimiento, así como de sus importaciones de aquella región.

Los informes actuales de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) e, incluso, de los propios miembros del gobierno chino, revelan que también este país está experimentando, aunque en menor medida que las demás regiones económicas del mundo, una cierta desaceleración de su proceso de crecimiento económico que va a afectar, en menor o mayor grado, a los países que dependen de la dinámica de su comercio internacional.

En este contexto de crisis estructural del capitalismo salvaje el mundo del trabajo, vale decir parafraseando a Marx, el conjunto de procesos productivos y de relaciones sociales de producción que crean y regeneran la producción de valor y de plusvalor a través de la explotación del trabajo por el capital, está sometido a un profundo ataque en los elementos centrales que lo constituyen, tales como reducción de los empleos y aumento del desempleo; reducción de los salarios y de los ingresos reales de los trabajadores; en las funciones que éstos desempeñan y en las categorías bajo las que el capital los contrata para desplegar sus labores. De manera particular el gran capital, a través del Estado (y éste de los parlamentos y de los partidos políticos), han desplegado una campaña en contra de los derechos históricos conseguidos por las luchas de los trabajadores a lo largo del siglo XX, tales como el conjunto de prestaciones que constituyen una forma del salario indirecto, la reducción de la jornada laboral y los tiempos de jubilación y las pensiones que son las formas de vida útil para subsistir una vez que el trabajador deja de estar formalmente contratado.

Insistimos en que la actual —como la anterior de 2008–2009— no es una crisis financiera, una crisis monetaria o de déficit del sector público, por más que éstos sean partes constituyentes de ella, y se manifiesten en los comportamientos de los bancos y de las bolsas de valores de todo el mundo. En el fondo la crisis radica, a nuestro juicio, en el hecho de que el sistema capitalista, o más exactamente el modo capitalista de producción universal, presenta cada vez más límites estructurales en la producción de valor y de plusvalor que atentan y afectan directamente a la tasa de ganancia promedio y extraordinaria del gran capital internacional. Este, en sí mismo, no produce valor; sólo el trabajo, bajo el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción y reproducción de las mercancías y de la propia fuerza de trabajo, puede hacerlo bajo las relaciones sociales capitalistas de producción y apropiación cimentadas en la propiedad privada, en la dinámica del mercado y en las condiciones estructurales y superestructurales que dicta el estado través de leyes, códigos, reglamentos y medidas represivas que garanticen el buen funcionamiento de lo que István Mészáros denomina metabolismo social del capital, que devora y destruye hombres, recursos naturales y materiales para garantizar el orden existente y su reproducción.

Sin embargo, este proceso no es lineal, sino dialéctico y contradictorio ya que al mismo tiempo en que el capital reproduce su rentabilidad en los bancos y bolsas de valores con la especulación y la centralización, al mismo tiempo reduce la masa y la tasa de plusvalor lo que en el largo plazo termina por castigar a la tasa de beneficio. Entonces al capital —y al mundo empresarial ligado a él— sólo le queda el recurso de incrementar la explotación del trabajo a través de lo que Marini denomina superexplotación, que implica la constante propensión a expropiar, incluso, parte del fondo de consumo de la fuerza de trabajo para convertirlo en una fuente suplementaria de la acumulación de capital, junto al aumento de la intensidad promedio del trabajo de los ocupados en activo, de la jornada laboral y la rebaja de los salarios y prestaciones para compensar las caídas en la producción de plusvalor.

Hasta ahora este círculo vicioso tiene un punto de inflexión en los actuales intentos de reformar las leyes laborales con el objetivo de reglamentar y legalizar las condiciones de superexplotación del trabajo, la precariedad laboral y la flexibilización, en tanto piezas clave para romper la unidad económica, social y política del mundo del trabajo, y de esta manera, profundizar, aún más, las medidas de austeridad y la políticas neoliberales en curso.

En otra dimensión del lenguaje dialéctico, no unidimensional ni posmoderno o romántico, esto se llama lucha de clases, que hasta ahora ha sido ganada por el capital y el Estado gracias a la profunda fragmentación social y, sobre todo, política, que la clase obrera y el mundo del trabajo experimentaron, particularmente, a partir de la década de los años ochenta del siglo pasado.

La reciente reforma laboral implementada por el gobierno derechista de Mariano Rajoy, es un precioso baluarte del proceso de flexibilización, precarización y construcción de un sólido acueducto que de cause a la libre entrada de la superexplotación del trabajo y que adelanta las medidas que se habrán de tomar, en el corto y mediano plazos, para garantizar la continuidad de las políticas neoliberales que, probablemente, hagan innecesaria la puesta en marcha de un “plan” o “programa” de recate elaborado por la Troika para la economía española.

Al respecto, nos dice Vicenç Navarro, que la reforma laboral “…es la más agresiva que haya existido en España en su periodo democrático…tiene como objetivo reducir los salarios a base de intervenciones que intentan debilitar al mundo del trabajo; como son la facilitación del despido (que inevitablemente aumentará el desempleo), la descentralización y debilitamiento de los convenios colectivos y el debilitamiento muy marcado de la protección social (con reducción muy acentuada de derechos laborales y sociales que la clase trabajadora y otros sectores de las clases populares habían adquirido). Los recortes en gasto público social, con reducción de las transferencias, como las pensiones, así como del gasto en los servicios del Estado del bienestar, tienen también como objetivo debilitar al mundo del trabajo, diluyendo la universalidad de tales servicios, convirtiéndolos en servicios de beneficencia, de tipo asistencial. Hoy, las clases populares en España están sometidas al ataque más frontal que hayan experimentado en el periodo democrático, bajo el pretexto de aumentar la competitividad.” (“Salarios y competitividad (I)”, en: rebelión: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=145263&titular=salarios-y-competitividad-(i)-, 25 de febrero de 2012).

La voracidad del gran capital se revela en las declaraciones del presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, cuando dice que el recientemente aprobado “rescate” de Grecia, el 21 de febrero de 2012, por un monto de 130 mil millones de euros, puede ser insuficiente y, quizás, se requiera de la implementación de un tercer paquete condicionado, sin embargo, a los resultados que arroje el segundo; es decir, de acuerdo como el gobierno implemente e imponga las medidas de superexplotación y austeridad social contra la población (El país on line: http://economia.elpais.com/economia/2012/02/25/actualidad/1330146234_949691.html. Y aquí las reformas regresivas y autoritarias desempeñan un papel central dentro de las estrategias patronales de recuperación de la crisis.

De esta forma, el mundo del trabajo está sometido a una profunda reestructuración y regresión social y laboral, que pone en jaque la posibilidad de que se mantengan las condiciones de trabajo y de seguridad social que mínimamente había garantizado el llamado Estado (capitalista y autoritario) de “bienestar social”.

Lo que se asoma en el horizonte es que las políticas neoliberales y protocapitalistas seguirán profundizándose al ritmo en que se profundice la crisis, y en la medida en que se multipliquen y se hagan más complejas las problemáticas de la producción del plusvalor en el capitalismo contemporáneo.

Por todo ello, la respuesta de la clase trabajadora está por venir.

febrero 15, 2012

La “equilibrada” Reforma Laboral

Enrique Javier Díez Gutiérrez – publicado en Rebelión – 2012/02/15

Tras un año de sucesivas reformas laborales por parte del gobierno del PSOE, que han demostrado su total fracaso no sólo para crear empleo sino para frenar el paro, el PP aprueba una nueva reforma laboral que facilita el despido.

Se reduce la indemnización por despido improcedente, injustificado, a 33 días por año con tope de 24 mensualidades , frente al anterior de 45 días durante 3 años y medio. Con ello, la indemnización máxima se reduce en un 42%.

Se crea el nuevo “contrato Rajoy”, único y novedoso en la legislación europea. Un contrato indefinido “de apoyo a los emprendedores” que permite el despido totalmente libre y 100% gratis durante el primer año para empresas de hasta 50 trabajadores (el 99,23%). Además sin límite de encadenar contratos de este tipo mientras se “cambie” de funciones. Tiene además el incentivo de una bonificación fiscal para la empresa de 3.000 euros y si se contrata a un parado podrá deducirse fiscalmente el 50% de lo que estuviera cobrando el parado durante un año. Tiene la ventaja de que h ace innecesarios los contratos temporales y acaba con la temporalidad del empleo en las estadísticas.

Se modifican las condiciones que permiten el despido. A partir de ahora, será suficiente con declarar que se ha producido una disminución de los ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos o que se prevén pérdidas para poder despedir por causas objetivas de carácter económico con 20 días de indemnización y con el límite máximo de un año. En esta época de crisis qué empresa no tiene reducción de ventas.

Se prepara el desmantelamiento del sector público, con despidos objetivos y Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) para el personal laboral de las Administraciones y empresas públicas si éstas aducen llevar 9 meses de insuficiencia presupuestaria.

Se suprime la autorización administrativa previa en los ERE, con lo cual las empresas tras un periodo de negociación extinguirán contratos con 20 días por año con tope de un año sin limitación de umbral numérico ninguno. Pero es que los EREs se facilitan hasta el punto de requerir tan sólo: “…cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos” .

Se establece la primacía del convenio de empresa sobre los de ámbito superior. Lo que significa que el convenio de empresa puede regular condiciones inferiores al del sector en salario y jornada. Incluso se facilita a las empresas “en dificultades” la posibilidad de no aplicar el convenio de ámbito superior. Es más, el artículo 41 permite que el empresario pueda bajar unilateralmente el sueldo, la jornada, los horarios, los sistemas de rendimiento y sin previo acuerdo, por razón de competitividad.

Por fin la patronal ha conseguido que se limite la denominada ultraactividad de los convenios a dos años. Es decir, que si en dos años no se suscribiera un nuevo convenio colectivo perderá su vigencia y decaerán los acuerdos alcanzados durante la negociación colectiva en sueldos y otros derechos. Algo en lo que es especialista la FELE, como tantas veces han denunciado los sindicatos.

Se podrá despedir a un trabajador con 20 días por año por acumular individualmente periodos de Incapacidad Temporal por enfermedad común. Es decir, que si tuvieras dos bajas en dos meses que sumaran 9 días te podrán hacer un despido objetivo procedente sin necesidad alguna de que tu empresa haya tenido un perjuicio por tu ausencia ni haya tenido pérdidas. Sólo por el hecho de estar enfermo (con todas las justificaciones necesarias) pierdes tu empleo.

Los parados que estén cobrando la prestación por desempleo podrán ser requeridos para hacer labores de interés general en beneficio de la comunidad, a parte de formarse y buscar empleo. Todo ello responde a la lógica de que el trabajador es culpable de no tener empleo.

Se autoriza a las ETT a ser agencia privadas de colocación, relegando al sector público en una privatización más de lo público. Ello supondrá que empresas que tienen como finalidad el beneficio gestionen la colocación.

Elimina las bonificaciones mensuales de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para los contratos indefinidos de las mujeres que regresan a su puesto de trabajo tras la maternidad o una excedencia por cuidado de hijos, durante “los 4 años siguientes a la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo”. Lo cual supone un retroceso en la igualdad pues los empresarios volverán a justificar la no contratación de mujeres con la excusa de la maternidad.

Se abre la vía del contrato de aprendizaje y formativo con formación en la propia empresa y sin limitación hasta los 30-33 años si la actividad laboral es distinta con unas retribuciones de 481,05 €. Anteriormente este contrato contaba con una limitación de tres años, ahora se podrán hacer tantos contratos como actividades laborales distintas en las que se trabaje, por lo cual es una posibilidad real prestar servicios desde los 16 hasta los 33 años con un salario equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Se crean así las condiciones para condenar definitivamente a los jóvenes al desempleo y al infraempleo a través de estos “infrajobs”.

En definitiva, se puede afirmar con rotundidad que esta Reforma Laboral del PP sólo servirá para que los y las trabajadoras de este país pierdan más derechos y se destruya más empleo. De hecho, de las 52 reformas laborales que se han hecho al Estatuto de los Trabajadores desde el año 1980, ni una sola ha creado empleo.

Es un golpe de estado contra los derechos de los trabajadores. Es la reforma de los empresarios y el mayor recorte de derechos laborales de la historia de nuestro Estado. Nos tendríamos que preguntar que habrían hecho ellos si el golpe de estado hubiera sido a la inversa: que un gobierno hubiera decretado la nacionalización de todas las fortunas superiores a los 50 millones de euros mediante decreto ley. A ellos al menos les habrían dejado 50 millones, ¿a nosotros qué nos queda si nos arrebatan nuestros exiguos derechos laborales?

febrero 14, 2012

Reforma laboral del PP: la voladura controlada del derecho protector del trabajo

Iturria: http://altereconomia.org

Juan Torres López y Alberto Garzón.

El pasado viernes el gobierno del PP anunció una nueva reforma laboral que se tramitará como proyecto de ley en las próximas semanas.

Como en ocasiones anteriores, el gobierno la presenta como el camino imprescindible y seguro para solucionar el problema del paro que es el que más preocupa desde hace años a los españoles. Ahora se dice textualmente en el texto con el que ha sido presentada en sociedad que gracias a ella habrá más empleo, más empleo estable, más flexibilidad interna en la empresa, más eficacia del mercado de trabajo, más control y lucha contra el fraude…

Muy buenas palabras para que la opinión pública sienta confianza y acepte sin rechistar la nueva reforma.

¿Quién podría negarse a apoyar unas medidas que pretenden estos objetivos tan deseables?

El problema radica en que, aunque se oculte, ya disponemos de suficiente experiencia sobre lo que de verdad se consigue con el tipo de medidas flexibilizadoras, de recorte de derechos laborales y de abaratamiento del trabajo que de nuevo se vuelven a imponer.

En esta primera valoración de urgencia de la reforma no podemos hacer una análisis exhaustivo de todas ellas así que nos vamos a limitar a poner de manifiesto que, a nuestro juicio, la estrategia general que persigue y las medidas concretas más relevantes que contiene no han permitido nunca alcanzar los objetivos que dice el gobierno que van a conseguir ahora (más empleo, más empleo de calidad y mejores condiciones de la economía en general). Y que, por tanto, no hay razones para esperar que ahora puedan lograrlo.

 

La estrategia de la reforma

Las diferentes medidas que contiene la reforma no comportan una a una grandes novedades (salvo las referidas a la negociación colectiva que comentamos más abajo) y podrían incluirse fácilmente en las grandes líneas estratégicas de las reformas laborales que se vienen llevando a cabo desde los años ochenta:

– Abaratar el despido:

La nueva reforma reduce la indemnización de 45 días por año con un limite de 42 mensualidades en el despido improcedente y a 33 días con un limite de 24 mensualidades en todos los contratos indefinidos; modifica las causas de despido para evitar el control judicial; elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos; y facilita el despido por absentismo y el debido a enfermedad.

–  Flexibilizar el marco general de las relaciones laborales:

La nueva reforma amplía las posibilidades de movilidad geográfica; facilita al empresario la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo; y permite suspender o reducir temporalmente la jornada de trabajo, sin autorización administrativa.

– Promover la negociación individual de las condiciones de trabajo acabando con la colectiva:

La nueva reforma permite la inaplicación de los convenios mediante el arbitraje obligatorio; acaba con la prórroga automática de los convenios colectivos a los dos años de la terminación de su vigencia inicial; y da preferencia siempre al convenio de empresa respecto al sectorial.

– Abaratar el empleo (especialmente de los jóvenes) permitiendo la existencia de auténticos contratos basura y la intensificación del trabajo femenino:

La nueva reforma crea un nuevo tipo de contrato indefinido que podrán utilizar el 95% de las empresas españolas y que podrá extinguirse durante su primer año sin indemnización alguna por la simple voluntad del empresario; también otro contrato para la formación y el aprendizaje que se desvincula de la formación del trabajador; modifica el contrato a tiempo parcial para permitir la realización de horas extraordinarias y se fomenta este último tipo de contratación, como dice textualmente la propia nota informativa, para compatibilizar el empleo con la vida familiar y personal, lo que, en ausencia de políticas de corresponsabilidad, especializará a las mujeres en este tipo de empleos.

Además de todo ello conlleva otras medidas como las de bonificaciones y subvenciones, cambios institucionales significativos (como acabar con el monopolio de la formación de patronales y sindicatos lo que aún es pronto para saber el efecto práctico que pueda tener), la posibilidad de que los organismos públicos lleven a cabo expedientes de regulación de empleo, más privilegios a las grandes empresas de trabajo temporal y,como corolario de todo lo anterior, facilitar la reducción de los costes laborales y la moderación salarial.

Aparentemente, a grandes rasgos, la reforma podría simplemente considerarse como realmente limitada y una más en la línea de las anteriores y tendría la misma utilidad que han tenido y que ya hemos denunciado en otros textos (¿Qué se pretende con la reforma laboral?). Pero creemos que sería un gran error no descubrir la auténtica carga de profundidad que llevan consigo estas nuevas medidas laborales.

A nuestro juicio, la reforma del Partido Popular comporta una gran novedad y es que prácticamente renuncia a llevar a cabo modificaciones profundas en las condiciones relativas al entorno general en el que se mueven las relaciones entre empresarios y trabajadores (en la flexibilidad del mercado) para centrarse en la protección de los intereses del empresario, aumentando la flexibilidad interna de la empresa por la vía de darle a un poder de decisión frente a los trabajadores mucho mayor que el que hasta ahora tenían.

Lo que esta reforma busca no es, como en otras ocasiones, que el mercado de trabajo español responda en mayor medida a los principios que vienen sosteniendo los economistas neoliberales, que todo él sea más flexible para facilitar un mejor ajuste entre oferta y demanda de trabajo. No. Lo que creemos que el gobierno ha buscado ahora es limitarse a proteger y ampliar el poder de decisión de las empresas españolas a costa de los derechos de los trabajadores, posiblemente en la previsión de que no va a ser capaz de mejorar las condiciones del entorno económico a corto y medio plazo y que lo que se avecina es, por tanto, muchos más y peores nubarrones en el panorama económico.

Por eso la reforma va a ser mejor recibida por la patronal que por los analistas económicos neoliberales que, en realidad, han visto frustradas sus propuestas de los últimos años (sobre todo, la del contrato único) orientadas a desregular la totalidad del mercado y no solo la actividad en el interior de la empresa (aunque valoren positivamente lo que la reforma propone en este campo).

La reforma es efectivamente tímida desde el punto de vista neoliberal en lo que se refiere a la macroregulación del mercado laboral pero posiblemente sea la reforma más profunda y radical de los últimos treinta años desde el punto de vista de la distribución de los poderes de decisión y por tanto de apropiación entre propietarios del capital y los trabajadores. Y esto es lo que no debe pasar desapercibido.Es una reforma decisiva no por lo que va a conseguir a corto plazo sino por las condiciones que establece para el futuro de la economía española que, con el nuevo diseño del marco laboral que se le impone, no podrá especializarse sino en el suministro de servicios de baja calidad y valor añadido para ponerse a la altura, en todo caso, de las economías más empobrecidas de nuestro entorno.

El gobierno no ha planteado una reforma para crear empleo, ni para crearlo de calidad, ni para disminuir la temporalidad, ni la dualidad, ni mejorar la formación sino para proteger a los empresarios cuando sabe que la economía no se va a recuperar y que, como consecuencia de las políticas de austeridad que aplica y de las concesiones que hace a la banca, sus negocios tendrán menos demanda y menos actividad productiva y, por tanto, menos necesidad de empleo.

Las medidas verdaderamente relevantes de la reforma son las encaminadas a dar prioridad a los convenios de empresa, a permitir que los empresarios puedan modificar unilateralmente las condiciones individuales de los trabajadores (con control judicial ex post) y las condiciones laborales y salariales de los convenios colectivos, especialmente las relativas a jornada, y a eliminar la prórroga automática indefinida de los convenios (la ultraactividad).

Así, el artículo 12 del proyecto modifica el Estatuto de los Trabajadores estableciendo que a partir de ahora “la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”. Y esas modificaciones se considerarán sustanciales cuando afecten a materias como jornada de trabajo,
 horario y distribución del tiempo de trabajo, 
régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento 
y, en algunos casos, funciones. Es decir, a la práctica totalidad de las que tienen que ver con las condiciones de trabajo.

Este es el cambio radical que comporta la reforma. Radical pues lo que hace en la práctica es una auténtica voladura controlada de los derechos laborales y de los principios que dieron lugar al Derecho del Trabajo. En lugar de que el legislador admita que en la relación laboral hay una asimetría profunda porque empresario y trabajador parte de situaciones diferentes y disponen de un poder de negociación muy desigual, y que, por tanto, el segundo necesita normas que lo protejan, se concede ahora todo el poder de decisión a quien lo tiene de partida por ser el propietario del capital frente a quien solo dispone de su fuerza de trabajo.

A nuestro juicio, la nueva reforma laboral se basa en el principio más reaccionario e injusto que puede tener una norma: tratar igual a los desiguales. Poniendo al empresario frente al trabajador individual, sin que a éste le pueda apoyar un convenio que es el resultado del poder colectivo mucho mayor que el suyo propio, la consecuencia inevitable no va a ser otra que la degradación de las condiciones laborales.

Y lo cínicamente paradójico es que el gobierno y los economistas neoliberales llamen a eso “modernización de la negociación colectiva” cuando lo que hace la reforma en realidad es retroceder a la forma en que se contrataba a los trabajadores en el sigo XIX.

Todo lo demás de esta reforma es accesorio y en el debilitamiento del poder negociados de los trabajadores en donde se encuentra su núcleo duro de la reforma.

A medio y largo plazo, como queda dicho, no va a traer otra consecuencia que el deterioro del mercado laboral y la degeneración de las condiciones de trabajo y, con ello, el de toda la economía. Y está por determinar cuál va a ser su efecto definitivo a corto plazo teniendo en cuenta que el gobierno ha puesto al alcance de los empresarios dos vías de respuesta ante la mala coyuntura en la que estamos que provocarán efectos diferentes según se use preferentemente una u otra: el despido más barato para aliviar plantillas y el reajuste interno, ahora más cómodo, para evitarlo.

 

¿Qué podemos esperar de la reforma?

¿Llevarán razón los neoliberales y el gobierno y será verdad que con el despido más barato las empresas contratarán a partir de ahora más empleo indefinido que temporal?

¿Optarán mejor la mayoría de las empresas por aprovecharse en los próximos meses del despido más barato para desembarazarse de contratos indefinidos y sustituirlos por temporales o por los más precarios que crea la reforma?

¿O aprovecharán las empresas las facilidades que le concede la reforma para llevar ajustes internos sin recurrir a despidos, consolidando entonces plantillas más precarias, versátiles y baratas?

¿Es cierto, como creen los dirigentes empresariales, que lo que se necesita para salvar a las empresas españolas en esta coyuntura crítica es darle más poder a los empresarios y reducir los derechos laborales y el coste del trabajo? ¿Será suficiente con eso para evitar que sigan cerrando miles de empresas y perdiéndose cientos de miles de empleos?

Naturalmente no tenemos la intención de jugar a ser adivinos ni tampoco queremos ser agoreros. Pero resulta, como decíamos al principio, que hoy día sabemos lo que ha ocurrido en España y en otros países cuando se han tomado este tipo de medidas y que, en consecuencia, se puede aventurar lo que va a volver a suceder con las que se van a aprobar ahora.

La evidencia empírica nos dice con bastante claridad lo que suele suceder cuando se reduce el coste del despido, que es lo que viene haciéndose desde los años ochenta y en España en mayor medida que en ningún otro país de la OCDE. A saber:

– No se crea empleo neto porque facilita mucho su destrucción en etapas de recesión como la actual.

– No disminuye el nivel de desempleo porque también se ha demostrado hace tiempo que las decisiones sobre contratación de los empresarios dependen de otros factores distintos a los costes del despido.

– No reduce la temporalidad ni se produce un incremento sustantivo de la contratación indefinida.

Por tanto, ahora, en una coyuntura recesiva como la actual, lo que con toda probabilidad cabe esperar de la medida que ha tomado el gobierno es que produzca lo mismo que se consiguió con las sucesivas reducciones del coste del despido: que aumenten los despidos.

Por otro lado, la evidencia empírica también demuestra justamente lo contrario de lo que afirman quienes defienden este tipo de reformas. La mayor flexibilidad interna en las empresas puede ser generadora de empleo en algunas. En realidad, casi exclusivamente en las que no resulten muy afectadas por la caída en la demanda que inevitablemente lleva consigo la reducción de los ingresos que produce la mayor precarización del empleo cuando se recortan los derechos y el poder de negociación de los trabajadores.

Y es fácil constatar que ha sido precisamente la progresiva flexibilización de las relaciones laborales que se viene produciendo en los últimos treinta años la que ha traído consigo el empleo de baja calidad, los salarios más bajos y el fenómeno de la “dualidad” en el mercado de trabajo, esto es, la existencia, por un lado, de trabajadores con contratos indefinidos, alto grado de seguridad y aceptables condiciones de trabajo y, por otro, de otros con empleo temporal, inseguro y mal pagado. Y, como resultado de todo ello, una menor demanda y ritmos más bajos de crecimiento de la actividad económica y en la creación de empleo.

Es por eso que se pueda aventurar que si las empresas españolas optan por el reajuste interno haciendo uso de la mayor flexibilidad interna que ofrece la nueva reforma, quizá podría mantenerse el empleo pero esto siempre que existiese suficiente demanda efectiva. Pero incluso en ese caso, lo que ocurriría sería que empeoraría la situación de los trabajadores con mejores empleos sin mejorar a los precarios de contratos temporales. Una vía retrógrada de “luchar” contra la dualidad.

Pero sin mejorar las condiciones de entorno del mercado de trabajo, manteniendo las políticas de restricción del gasto y de moderación salarial, lo que inevitablemente va a ocurrir es que habrá menos demanda y que la inmensa mayoría de las empresas (las que no disponen de gran poder de mercado o de yacimientos de actividad en el mercado global) no van a poder sobrevivir ni mantener el empleo actual por mucho poder de decisión que acumulen los empresarios. Imponiendo salarios cada vez más bajos y reduciendo el gasto en la economía, ese poder no les va a servir de mucho. Nadie puede salir de un hoyo tirándose de los pelos que es lo que en realidad le ofrece el gobierno a los empresarios con este nuevo marco de legislación laboral tan favorable para ellos.

En definitiva, esta nueva reforma sigue dejando sobre el cuello de las empresas y los trabajadores españoles la misma espada de Damocles que se obstinan en no tener en cuenta ni la patronal ni los economistas neoliberales: la falta de actividad y las malas condiciones macroeconómicas. Un gran número de análisis empíricos han mostrado que, incluso si se pudiera aceptar que actuar sobre algunas de las variables institucionales que las tesis ortodoxas consideran como causa del desempleo tuviera un efecto significativo sobre el nivel de empleo o sobre su calidad cuando se analizan aisladamente, lo que generalizadamente ocurre cuando se toman en consideración otras variables es que o no lo tienen o es mucho menos determinante que otros factores relativos a las condiciones macroeconómicas en que se desenvuelve el mercado de trabajo (Ver V. Navarro, J. Torres y A. Garzón, “Hay alternativas. propuestas para crear empleo y bienestar social en España”, Sequitur, pp. 83 y siguientes).

Dicho de otra forma: incluso si ocurriera que las empresas españolas vayan a optar en esta situación recesiva que va a ir a peor por reajustar internamente sus plantillas y no por despedir con menos coste a sus trabajadores, los fundamental está sin resolver: en la economía española no hay demanda suficiente ni la financiación necesaria para que las empresas pueden crear o incluso mantener el empleo por muy protectoras del empresariado que sean las nuevas normas laborales.

En lugar de abordar este asunto, que es el prioritario y del que realmente depende que se mejore el mercado laboral y se salven miles de empresas y millones de empleos, el gobierno del Partido Popular ha preferido ir por la vía más fácil de concederle más poder a los empresarios ya de por sí más poderosos y de quitarle derechos y capacidad de decisión a los trabajadores. Pero ni siquiera a la inmensa mayoría de los empresarios les va a compensar disponer de estos privilegios decimonónicos porque empobrecer a los trabajadores es empobrecer a la sociedad y, a la larga, a los propios empresarios que realmente se dedican a crear riqueza y empleo.

¿Quién se puede creer que de verdad se puede progresar en el siglo XXI tomando como referencia los principios de actuación y las normas del XIX?

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