El interés del Banco Mundial en el recorte de nuestras pensiones

Iturria: Carlos Gómez Gil / Rebelión.org – 2013/06/13

La aprobación del informe para la reforma del sistema de pensiones realizado por el grupo técnico designado por el Gobierno , anuncia lo que será un recorte efectivo de lo que, según decía el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy, era una de las líneas rojas intocables; una más que cae. Desde hacía tiempo, la Troika, el FMI y el BM, además de todo el aparato político y mediático neoliberal en España, venían reclamando un recorte de las pensiones públicas, en línea con lo que se ha hecho en aquellos países sometidos a planes de rescate, como Portugal, Grecia e Irlanda, y anteriormente otros muchos.

El argumento esencial para justificar dicho recorte se basa en el aumento en la esperanza de vida, algo que parece convertirse en un costoso capricho que hay que penalizar. Sin embargo, no se ha insistido en el esfuerzo que desde hace lustros vienen desplegando el FMI y el BM para recortar al máximo el sistema público de pensiones, tratando así de trasladar estos recursos del Estado a las entidades bancarias y financieras privadas, al tiempo que rompen con un componente de solidaridad esencial de los Estados modernos para convertirlo en un componente especulativo más del capital privado.

El Partido Popular va a proceder a un recorte efectivo de las pensiones, y con ello, va a socavar uno de los escasos espacios que no había tocado hasta el momento. Para ello ha encontrado en las proyecciones demográficas y el aumento en la esperanza de vida la coartada para justificar este recorte, un argumento que coincide con las repugnantes declaraciones que se han venido haciendo desde organismos como el FMI, y con las exigencias que desde hace tiempo vienen haciendo públicas el BCE, la Comisión Europea y Alemania . El argumento demográfico admite muchas lecturas contrarias a las que se dan, si bien, sería bueno que se conociera que todas las proyecciones demográficas que ha venido realizando la ONU resultaron fallidas al no contemplar la evolución de indicadores complejos. Sin embargo, lo llamativo es que todos estos sesudos especialistas, muchos de los cuales trabajan para bancos y fondos de pensiones, no se hayan dado cuenta de que lo que pone en riesgo al sistema público de pensiones en España no es que vivamos más, sino la falta de cotizantes a la Seguridad Social como consecuencia de liderar a nivel mundial las tasas de desempleo. ¿Nadie considera que esa debe ser la prioridad política y económica para cambiar el rumbo de nuestra sociedad, y con ello también garantizar las pensiones futuras?

La tesis de que como la sociedad española está envejeciendo hay que reformar el sistema de pensiones porque es insostenible, ignora que, cuando se miran otras partidas presupuestarias, como el ejército, allí no hay cálculo de sostenibilidad de ningún tipo porque se plantea que hay que pagar un ejército y lo tenemos que hacer entre todos, sea cual sea su coste. Es una lógica perversa que aplicamos en función del resultado político que queremos tener, porque la lógica de la sostenibilidad también podríamos llevarla a la partida de deuda pública o a otras tantas.

Los mismos argumentos que defiende el Banco Mundial desde hace lustros

Sin embargo, lo que ahora ha pronosticado este grupo de técnicos designado por el Gobierno del PP viene siendo anunciado desde hace años por otros supuestos “expertos” que fracasaron estrepitosamente en sus anuncios de calamidades y desastres sobre las pensiones, bajo el patrocinio del propio Banco Mundial. Efectivamente, desde hace años el BM viene pronosticando la quiebra del sistema de pensiones públicas en Europa y en España, promoviendo los sistemas privados gestionados por los bancos. ¿Cuál es la razón de tanta osadía intelectual y política? Muy sencilla, el interés de recortar el Estado por un lado y transferir al sistema privado la gestión de un volumen de capital formidable derivado de los fondos de pensiones públicos.

La conexión entre los fondos privados y los recortes públicos viene de lejos. A mediados de la década de los 90 ya proliferaron los estudios que auguraban la quiebra de los sistemas públicos de pensiones y exigían recortes inmediatos o privatizar las pensiones. Los lanzaron simultáneamente instituciones internacionales, como el Banco Mundial y los servicios de estudios de las entidades financieras, las principales interesadas en el desarrollo de los fondos privados. En todos los casos se repetía el argumento de que el envejecimiento de la población llevaría a la quiebra del sistema público de pensiones. En consecuencia, se aconsejaba pasar de un sistema de reparto, en el que todos los trabajadores están obligados a cotizar para pagar las pensiones de los jubilados actuales, a otro de capitalización, en el que cada cual ahorra para su propia pensión futura a través de una entidad bancaria.

Más aún, cuando se está analizando la propuesta de reforma contenida en el informe que se ha trasladado al Gobierno, empieza a confirmarse que el recorte propuesto es de los más duros en los países occidentales, similar al que Suecia ha llevado a cabo , pero con un mercado de trabajo y Estado del Bienestar bien distinto. Pero, qué casualidad, esa misma reforma emprendida por Suecia es la que el Banco Mundial viene reclamando aplicar al resto de países, y que ahora España pone encima de la mesa.

Los fracasados anuncios de colapso en el sistema de pensiones de España

Entre 1995 y 2000, coincidiendo con esta primera batería de informes, los fondos privados vivieron un auge excepcional, pasando de gestionar 4,9 billones de euros a 11,5 billones en sólo cinco años. En España, donde la catarata de estudios partió del Círculo de Empresarios y tuvo aportaciones de los servicios de estudios de las principales instituciones financieras, pasaron en el mismo periodo de 13.000 a 38.000 millones de euros. Entonces, el horizonte de quiebra solía situarse ya en el año 2000, pero el derrumbe nunca llegó. Por el contrario, desde entonces, todos los ejercicios de la Seguridad Social se han cerrado con superávit. Pese a los errores en sus anuncios de desastre, las instituciones insisten periódicamente con nuevos informes equivalentes. El Círculo de Empresarios, por ejemplo, lanzó el último en junio de 2009, sin mencionar que en 1996 había pronosticado que el sistema público español acumularía hoy un déficit equivalente al 10,74% del PIB cuando en realidad hay una hucha de ahorro que equivale al 6% del PIB, una cantidad superior a los 60.000 millones de euros, la llamada “hucha de las pensiones”, una de las más elevadas entre los países occidentales.

Los efectos de las políticas de ajuste del FMI y del BM

Desde el comienzo de la década de los 90, el debate internacional sobre la reforma de los sistemas de pensiones ha estado dominado por las teorías surgidas en el entorno del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, apoyadas en los planes de ajuste estructural aplicados, que defienden fuertes recortes en los sistemas de públicos pensiones acompañados de la capitalización individual a través del sector privado.

La implantación del modelo privado del Banco Mundial adolece de graves defectos, al basar todo el sistema sobre el mecanismo de las cuentas de ahorro individual y, en consecuencia, marginando a todos aquellos trabajadores a quienes sus circunstancias laborales les impiden tener una vida laboral continuada y unos ingresos apreciables, algo particularmente grave en el mercado de trabajo de España.

Las experiencias privatizadoras en el sistema de pensiones impulsadas por el BM y el FMI en los países del Este y particularmente en Chile, en el marco de sus políticas macroeconómicas, han provocado que pocos años después de su implantación la mayoría de estos países estén estudiando reformas sobre sistemas que se consideran fracasados, cuando no descapitalizados e incapaces de cumplir sus fines.

Por ello, simplemente con ver el despliegue de informes realizado por el Banco Mundial exigiendo la urgente reforma de los sistemas públicos de pensiones basta para comprender los motivos reales de la reforma que se va a llevar a cabo en España. Una reforma que pretende erosionar el papel y la capacidad del Estado en la provisión de servicios esenciales, en este caso, unos recursos básicos a las personas mayores, en línea con los deseos de un capitalismo voraz, para transferir todo este capital público a las instituciones bancarias y financieras privadas.

¿Todavía creen que son solo razones demográficas las que están detrás del informe recientemente aprobado para justificar el recorte de las pensiones? Pues aquí tienen algunos de los numerosos estudios impulsados por el Banco Mundial, y que también inspiran el informe que se acaba de aprobar:

-WORLD BANK. (1994), Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth, Oxford University Press.

– WORLD BANK, (2000), Social Protection Team, Human Development Sector Unit. Europe and Central Asia Region. Balancing Protection and Opportunity: A strategy for social protection in transition economies, The World Bank, Washington DC.

– WORLD BANK, (2000), World Development Indicators on line, ( http://www.devdata

worldbank.org/data on line).

– WORLD BANK, (2000), “Modelo de reforma de los sistemas de pensiones”, Pension Reform Primer, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2000), “La cobertura. El alcance de la protección de los sistemas de retiro”. Pension Reform Primer Note, Washington.

– WORLD BANK, (2000), “El retiro. ¿Puede la reforma de las pensiones invertir la tendencia hacia el retiro anticipado? Pension Reform Primer Note, Washington.

– WORLD BANK. (2000), “La Administración Pública, 1ª Parte. ¿Invierten bien los gobiernos las reservas de pensiones? Pension Reform Primer.

– WORLD BANK. (2000), World Development Report, 2.000/2.001. Attacking Poverty. The World Bank, Washington D.C.

-WORLD BANK. (2001), “La cobertura. El alcance de la protección de los sistemas de retiro”. Pension Reform Primer. The World Bank, Washington DC. Septiembre.

– WORLD BANK, (2001), Social Protection Sector Strategy. From safety net to springboard, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2001), “Second pillars. Provider and product selection for funded individual accounts”. WORL BANK Pension Reform Primer.

– WORLD BANK, (2001), New ideas about old age security. Toward sustainable pension systems in the 21 century. Edited by HOZLMANN, R. and STIGLITZ J.E. The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2003), Pension Reform in Europe: Process and Progress, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2005), Keeping the Promise of Old Age Security in Latin America, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2006), Independent Evaluation Group, Pension Reform and the

Development of Pension Systems. An evaluation of World Bank Assistance, World

Bank, Washington DC.

El Supremo exime a trabajadores y sindicatos de pagar tasas judiciales

Iturria: eldiario.es – 2013/06/07

La Sala de lo Social considera que los trabajadores, los funcionarios, los beneficiarios de Seguridad Social y los sindicatos deben ser beneficiarios de justicia gratuita cuando interpongan recursos en la jurisdicción social.

El Supremo exime a los trabajadores de pagar tasas. EFE

Desde que las tasas judiciales entraron en vigor, recurrir un despido o reclamar salarios impagados costaba dinero. Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo ha acordado que los trabajadores, los funcionarios o personal estatutario, los beneficiarios de Seguridad Social y los sindicatos cuando representan los intereses de los trabajadores están exentos de pagar las tasas cuando interpongan recursos de suplicación o de casación en las jurisdicción social.

La Sala de los Social del Tribunal considera que estos colectivos deben ser beneficiarios de la justicia gratuita. «Las tasas suponían pagar, por ejemplo, por recurrir un despido, reclamar salarios pendientes, por reclamar indemnizaciones en caso de haber sufrido un accidente de trabajo, por recurrir un expediente de regulación de empleo o interponer una demanda de conflicto colectivo por incumplimiento de un convenio», explican fuentes jurídicas, que asegura que la decisión del Supremo abre una vía crucial «para seguir luchando contra las tasas».

La decisión se basa en el artículo 119 de la Constitución: «La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar». En su escrito, la Sala explica que ese derecho se articuló en una Ley de 1996 en la que se dice que entre los beneficiarios de justicia gratuita deberán estar -independientemente de sus recursos- los trabajadores y beneficiarios de Seguridad Social cuando recurran a la jurisdicción social, «tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales». También se les reconocía este derecho a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios ante el orden contencioso-administrativo.

El Supremo concluye, por tanto, que estos colectivos -trabajadores y beneficiarios de Seguridad Social- «tienen el beneficio de justicia gratuita». En cuanto a los funcionarios y el personal estatutario, la Sala de los Social hace extensiva sus reflexiones y estima que «tampoco ellos tendrá que abonar tasa alguna por interponer recursos de suplicación y casación».

En cuanto a los sindicatos, considera que estos tienen reconocido el beneficio de justicia gratuita porque actúan como representantes de sus afiliados pero también del interés colectivo de los trabajadores cuando se personan, por ejemplo, en conflictos individuales y colectivos o «interviniendo en otros procesos donde estén en juego intereses colectivos».

La Sala subraya que las tasas no son exigibles ni siquiera en los recursos interpuestos con anterioridad, lo que abre la puerta a que los trabajadores o sindicatos que ya hayan tenido que pagarlas puedan exigir su devolución.

Pentsioen jaitsiera orokorrari atea ireki dio adituen proposamenak

Iturria: Jon Fernández / Berria.info – 2013/06/08

• Pentsioak gaurkotzeko inflazioa erabili beharrean iraunkortasun faktorea erabiltzea proposatu du aditu batzordeak

• Espainiako Gobernuak alderdiei bidali die proposamena, erreforma negoziatzeko

Praktikan, egungo erretiratuen erosteko ahalmena jaistea ekarriko du Espainiako pentsioen erreformak. Aurrerantzean pentsioak ez dira KPI kontsumo prezioen indizearen arabera gaurkotuko. Beste aldagai batzuei lotuta egongo da pentsioen eguneraketa etorkizunean: alde batetik, Gizarte Segurantzaren diru kutxaren osasunari lotuta, eta, bestetik, pentsiodunen bizi-itxaropenari. Baina hemendik aurrera erretiratzen direnentzat gogorragoa izango da kolpea: zuzeneko jaitsiera nabariko dute euren pentsioan. Eta luzera begira pentsio nominalak igotzen jarraitu arren, erreformaren proposamena egin duen aditu taldeak onartu du soldataren batez bestekoaren eta pentsioaren arteko zuloa geroz eta handiagoa izango dela, pentsioen kaltetan. Hau da, gaurko zein biharko pentsiodunen poltsikoek igarriko dituzte erreformaren eraginak.

Oraindik ez da erreforma onartu —Mariano Rajoyren gobernuak irailerako prest egotea agindu dio Bruselari—, baina prozesua aurrera doa. Gobernuak orain hilabete inguru hautatutako hamabi kideko aditu taldeak erreformarako proposamen txostena onartu zuen atzo, kontrako boto bakarrarekin eta abstentzio batekin. Hain zuzen, txosten horrek proposatu dio Madrilgo gobernuari pentsioak KPIaren arabera egin beharrean iraunkortasun faktorearen arabera gaurkotzea. Hamabi adituetatik zortzi bankuen edo aseguru etxeen soldatapekoak izanak dira, eta atzokoan CCOOko ordezkariak ere txostenaren alde bozkatu zuen. UGTko ordezkaria izan zen kontra bozkatu zuen bakarra, eta PSOEren ordezkariak egin zuen abstentzioaren alde. Txostena dagoeneko Espainiako Enplegu Ministerioaren esku dago.

1. Zein da aldaketa nagusia?

Desindexizazioa. Pentsioaren eguneraketa KPIaren arabera —inflazioaren arabera— neurtu beharrean iraunkortasun faktorearen arabera kalkulatzea. Bi aldagaik osatzen dute iraunkortasun faktorea: alde batetik, FEI —belaunaldi arteko zuzentasun faktorea— aldagaia sortu dute, eta, bestetik, FRA —urteroko errebaluazio faktorea—.

2. Zer da FEI?

Erretiratu berrien hasierako pentsioak kalkulatzeko erabiliko den faktore bat da, haien bizi-itxaropen estimazioan oinarrituta. Printzipioz, arrisku demografikoei aurre egitea du helburu. Txostengileen arabera, Espainian gaur bederatzi milioi pentsiodun daude, baina 2052an hamabost milioi izango dira.

Pentsiodun bakoitzak jasoko beharreko dirua haren bizi-itxaropenaren arabera banatuko da: zenbat eta bizi-itxaropen luzeagoa izan, urtean kopuru txikiagoa kobratuko du erretiratuak. Hau da, zenbat eta gehiago bizi, pertsona bakoitzari aurreikusitako bizi arteko pentsio bolumen osoa urte gehiagotan zatituko zaio kalkulua egiterakoan. Horrek, praktikan, etorkizuneko pentsioak jaitsiko ditu: hamarkada bakoitzean %5 inguru beheratu daiteke, hainbat kalkuluren arabera. Txostenak pentsio txikiak «aurrezki pribatuekin» osatzeko aukera ere aipatzen du.

Gainera, aldiro aldatu beharko lirateke FEIren balioak, unean uneko bizi-itxaropen datuen arabera. Zehaztu beharko da zenbat urtetik behin egin bizi-itxaropenaren berrikusketa.

Dena dela, jada pentsiodunei FEI faktorea ez aplikatzeko gomendatzen du txostenak. Horren ordez, Gizarte Segurantzaren egoera ekonomikoa okerra denean, pentsioak izoztea proposatzen du. Izozte hori «egungo pentsiodunentzako babes saretzat» jo dute adituek.

3. Zer da FRA?

Urtetik urtera pentsioak eguneratzerakoan Gizarte Segurantzaren kontuei begiratuko dio FRAk. Txostengileen esanetan, «pentsio sistemaren oreka bermatuko du». Hau da, Gizarte Segurantzak irabaziak baino gastu gehiago dituen urteetan behera egingo dute pentsioek —edozein delarik KPIaren joera—, eta Gizarte Segurantzak superabita lortzen duenean gora egingo dute pentsioek. Alegia, pentsioak igoko direla soilik Gizarte Segurantzak ondo funtzionatzen duenean.

Faktore horrek Espainiako egoera ekonomikoaren menpe jartzen ditu pentsiodunen diru sarrerak. %27ko langabezia tasarekin eta aurreikuspen ekonomiko ilunekin ez dirudi urte gutxiren buruan lortuko denik Gizarte Segurantzan kotizazioak igo eta geroz eta desorekatuagoa dagoen langile (pentsio ordaintzaile) eta pentsiodun (pentsio jasotzaile) kopuruen arteko oreka lortzea. Ahultasun ekonomikoa ez eze, demografia ere arazo zaio Madrili, datozen urtetan pentsiodunen kopurua nabarmen handituko duelako baby boom belaunaldiak.

4. Pentsiodunek aurrez kalkulatu ahal izango dute pentsioaren gaurkotzea?

Gaur egun KPIaren bilakaerari begira jakin dezakete pentsiodunek hurrengo urtean zer bilakaera izango duten euren pentsioek. Erretiratuei segurtasun batzuk emate aldera, KPI bezalako indize bat sortzea gomendatu diote adituek gobernuari, eta indize hori aldiro argitaratzea pentsiodunek haren bilakaera jarraitu ahal izan dezaten.

5. Inflazioaren gainetik hazi ahal izango dira pentsioak?

Txostenak atea zabalik laga dio ekonomia hazten ari denean eta Gizarte Segurantzaren kutxak superabita daukanean pentsioen eguneraketa inflazioa baino handiagoa izateari. Areago, txostengileak baikorrak dira, eta epe ertainera eta luzera erreformarekin pentsioen batez bestekoa igo egingo dela uste dute. Hori bai, aitortu dute pentsioen balizko hazkunde hori datozen hamarkadetako soldaten hazkundea baino txikiagoa izango litzatekeela.

6. Noiz sartuko litzateke indarrean pentsio eredu berria?

Iraunkortasun faktorearen oinarritako pentsio sistema datorren urtetik 2019ra bitartean indarrean sartzea gomendatu dute adituek. Azken hitza, dena den, gobernuak dauka.

7. Noiz onartuko dute erreforma?

Datorren udazkenean onartzea espero du Rajoyren gobernuak. Baina oraindik bidea du egiteko txostenak. Gobernuak dagoeneko alderdi politikoei igorri die adituen proposamena. Printzipioz Toledoko batzordearen esku geratuko da erreforma adosteko ardura. Halere, alderdiak ados jartzen ez badira, PPk gehiengo osoa baliatuko du. Pentsioen erreforma da Europako Batzordeak Madrili eskatutako egiturazko erreformetako bat.

Ostera, Jose Luis Rodriguez Zapateroren gobernu sozialista hasi zen erreformarekin. Urtarrilaz geroztik indarrean da erretiro adina 65etik 67ra atzeratu, aurretiazko erretiroak zaildu eta kotizazio urteak luzatzen dituen erreforma. 2027. urtera bitartean mailaka ezartzekoa zen erreforma, baina Rajoyk azkartu egin nahi du prozesua, eta baldintzak gehiago gogortu.

 

ERREAKZIOAK

Adolfo Muñoz ELAko idazkari nagusia

«Sortzen ari diren sistema da pentsioen aurkako eraso nagusia. Iraunkortasun faktore bakarra da enpleguak funtzionatzea. Enpleguaren eta soldaten aurka egiten ari direna Gizarte Segurantza hustutzen ari da».

Ainhoa Etxaide LABeko idazkari nagusia

«Gehiengo handia gizarte honen motorra gara, aberastasuna sortzen dugunak. Eskubideak ditugu, eta iraunkortasun faktoreak esan nahi du ez dugula pentsiorako eskubiderik, aukera bat izango dela».

Unai Sordo Euskadiko CCOOko idazkari nagusia

«Gobernuak aurrez aurre izango gaitu pentsio sistema elkarrizketarik gabe aldatu nahi badu. Unerik txarrena da orain sistema aldatzeko, baina hala egingo dute ereduaren aldaketa erradikala justifikatzeko».

Fatima Bañez Espainiako Enplegu ministroa

«Eskerrak eman nahi dizkiet adituei, beren profesionaltasun eta zintzotasunarengatik. Espero dut alderdiek eta gizarte eragileek ere ezaugarri horiek erakustea. Ahalik eta adostasun handiena behar dugu».

J. Antonio Garcia Rubio IUko Enplegu idazkaria

«Aditu ustez inpartzial horien ondorioak onartezinak dira, eta pentsio plan pribatuak laguntzera bideratuak. Erabilitako indizeek nahi zuten ondorioa lortu dute, eta zenbakiak trikimailuz josita daude».

Candido Mendez UGTko idazkari nagusia

«Pentsioen jaitsiera ez da ibili beharreko bide bat. Gobernuak zuhur jokatu beharko luke, eta Toledoko Itunean eta elkarrizketa sozialean beste neurri batzuk proposatu. Oraingo legea errespetatu behar da».

Joan Tarda ERCko diputatua Espainiako Kongresuan

«Eraso bat da langile klasearen koroaren harribitxiaren aurka. Sistema berriaren helburua da publikoa zenean funtzionatu duen sistema pribatizatzea, marrazoei eta eta finantza merkatuei mesedei egiteko».

La reducción de costes laborales eres tú

Iturria: Isaac Rosa / diario.es – 2013/06/03

¿Te han bajado el sueldo en la empresa? ¿Has dejado de cobrar horas extra o alguna paga extraordinaria? ¿Echas más horas que nunca? ¿Hacéis entre dos el trabajo que antes hacíais entre cuatro? ¿Has dejado de ser asalariado para convertirte en un falso autónomo? Pues si estás en uno de esos casos, sonríe y saca pecho, que el gobierno está orgulloso de ti. Has contribuido con tu sacrificio a reducir los costes laborales. Y ese es el único “éxito” que Rajoy podrá enseñar mañana en Bruselas.

Incapaz de bajar el déficit ni la deuda, con el sistema financiero que todavía da miedo, y teniendo pendientes las principales reformas que la Troika nos exige, la única medalla que Rajoy puede colgarse para el examen de mañana es esa. Ya este fin de semana, en un encuentro con empresarios, presumió de ello: “Desde la creación del euro, los costes laborales unitarios no habían estado tan bajos en relación con los de la Unión Económica y Monetaria”.

Reducción de los costes laborales unitarios, lo llaman. Es decir, lo que cuesta en términos salariales la producción. Y su bajada se debe por un lado al recorte de sueldos, y por otra a la destrucción de empleo, que hace más “productivos” a los empleados que quedan: es decir, que trabajan más que antes por el mismo o menos sueldo. En parte por miedo a ser despedidos, en parte por tener que hacer entre menos el trabajo que antes se hacía con más empleados.

Ese es el ajuste español: despedir trabajadores de mil en mil, y “flexibilizar” a los que quedan, bajándoles sueldos, recortando derechos y haciéndolos más “productivos”. Así llevamos ya tres años de reducción de costes laborales. Y los que nos quedan. Porque mientras el ajuste se haga principalmente sobre los trabajadores, sobre nuestros empleos, sueldos y derechos, y no se toquen los márgenes empresariales, los impuestos de las rentas altas y las grandes empresas, ni se hagan quitas de deuda, el ajuste será largo y duro. Muy largo y muy duro.

Si pretenden que el ajuste lo soportemos los trabajadores, harán falta muchos años, y tendremos que empobrecernos mucho más que ahora. La magnitud de lo que queda por ajustar (y más estando en recesión) es tal que obligaría a bajadas de sueldo muy superiores a las actuales, a recortes y contrarreformas mucho más profundas. Y aun así, tal vez no sea suficiente.

El economista Nouriel Roubini, famoso por su desconfianza hacia las posibilidades de España, decía este fin de semana en un artículo en El Economista que España no ha tocado todavía fondo, y que nos esperaban una o dos décadas de ajuste duro. Frente al optimismo con que de vez en cuando nos salpica el gobierno (hoy mismo, cuando publiquen los datos del paro registrado), la mayoría de economistas, de un signo u otro, coincide en que todo es empeorable, y que aun nos queda recorrido en el pozo para seguir hundiéndonos.

Además, el camino elegido, la devaluación laboral, no puede hacerse a lo bestia, sino poco a poco. Para evitar un estallido social, pero también para no romper del todo la delgada cuerda que todavía sostiene en pie la economía, pues terminaría de hundir la demanda interna, deprimiendo más el consumo y destruyendo más empleo, como advirtió ayer la OIT.

De modo que mientras pretendan que esta enorme montaña de basura nos la comamos solo los trabajadores, la quimérica recuperación se hará esperar, y será muy lenta. Y medidas como las que propone el Banco de España, de trabajar por debajo del salario mínimo, son solo un aperitivo para lo que nos espera si seguimos por ese camino.

Lo legal pero ilegítimo

Iturria: Clemente Hernández / ATTAC Alacant – 2013/05/23

“…es razonable que las víctimas de viejas leyes pretendan su derogación y que aspiren, si gobiernan, a la reparación del daño ocasionado por los beneficiarios de entonces.[…]…lo cierto es que PP y PSOE lo han puesto muy difícil al dejar anclado en la Constitución que la deuda financiera se paga caiga quien caiga.”

La voz “legítimo/a” tiene tres acepciones: “lo conforme a las leyes; lo ajustado a la equidad y la razón; lo cierto, genuino y verdadero”. Un concepto polisémico como éste produce malentendidos cuando su uso indiscriminado en una conversación no aclara la acepción utilizada, salvo que alguien piense que cualquier ley se ajusta a los criterios de equidad, razón y verdad. Algo de esto pudo haber ocurrido en el rifirrafe que mantuve con Ángel Luna, a raíz de una moción en el Ayuntamiento de Alicante sobre la deuda pública, pues así lo percibí en las redes sociales que se hicieron eco de la polémica.

Muchas personas comparten juicios de valor y argumentos para calificar de no equitativas ni ajustadas a la razón y la verdad las leyes que rigen la vida económica actual, y sabemos que las convenciones sociales sobre lo que es razonable y equitativo cambian a medida que lo hace la interpretación de la realidad, que de tenerse por verdadera se convierte en falsa. De no reconocerlo, se negaría la base misma de la democracia, esto es, la posibilidad de cambios legislativos pacíficos cuando ganan las elecciones fuerzas que identifican el interés general de forma radicalmente opuesta a sus antecesores.

Es de esa tensión entre virtudes que son interpretadas de forma diferente por grupos que tienen intereses en conflicto de donde surge la voluntad de modificar las leyes. Si la legislación plasma la cultura y el poder dominante en cada época, es razonable que las víctimas de viejas leyes pretendan su derogación y que aspiren, si gobiernan, a la reparación del daño ocasionado por los beneficiarios de entonces. ¿Cómo se repara, por ejemplo, el daño causado a los hipotecados, con cláusulas legales en su día, pero abusivas a la luz de la nueva legislación?, ¿y cómo garantizamos que un contrato con compromisos futuros -eso es la deuda pública- respete el bien común si sus cláusulas, sus causas o sus efectos son calificados por un nuevo poder legislativo como contrarios a la equidad, la razón y la verdad?

En un Estado de Derecho, la garantía jurídica de los acuerdos del pasado no debe impedir que pueda surtir efecto el interés general, con todas las cautelas que se quiera, a la luz de los nuevos criterios de equidad, razón y verdad legitimados por los que ostentan el poder de legislar en cada momento. Paradójicamente, se aplica ese criterio para justificar los recortes de los derechos de los trabajadores, pues arguye el PP que hacerlo responde al interés general; pero se acusa de atentado al Estado de Derecho cuando se pide el mismo rasero a la deuda pública, si cambia la correlación de fuerzas y un nuevo parlamento define un interés general contrario al vigente.

Eso es lo que han venido haciendo las sociedades civilizadas a lo largo del tiempo. Nada nuevo bajo el sol, salvo que cuando hablamos de tocar a bancos, grandes empresas y gobiernos, a algunas personas les entra el síndrome de Estocolmo y se ponen de abogados del diablo. Esa es la impresión que dio el arrebato de Ángel Luna, aunque él no lo pretendiera y se rectifique con Julián López, portavoz de Economía del PSPV, en su brillante artículo Más financiación, más responsabilidad, en INFORMACIÓN, pues lo cierto es que PP y PSOE lo han puesto muy difícil al dejar anclado en la Constitución que la deuda financiera se paga caiga quien caiga.

En España es legal que las empresas tengan negocios en paraísos fiscales, y casi todas las del IBEX los tienen ¿no es legítimo pretender que, algún día, se pueda recuperar la ganancia obtenida por un procedimiento al que no tiene acceso todo hijo de vecino? También es legal que los empresarios españoles fabriquen en Bangladesh, aprovechándose de una legislación laboral inhumana, ¿no es legítimo exigir que, algún día, los propietarios de esas empresas reparen con sus beneficios el daño causado?

En España es legal que los bancos reciban dinero de un banco público (BCE) al 0,5% y lo presten a los gobiernos al 4% o más, ¿no es legítimo esperar que una ley permita retornar los beneficios obtenidos por la deuda contraída en esas condiciones, si el no hacerlo atenta al interés general? También es legal que la Generalitat Valenciana tenga una financiación per cápita del 85% de la media del conjunto del sistema autonómico, ¿no es legítimo esperar que se compense al País Valenciano por los más de 13.000 millones de deuda contraída por esa financiación injusta? El análisis de la deuda permite conocer esas y otras causas de legalidad ilegítima -por no ajustarse a los principios de equidad, razón y verdad- y la participación de la ciudadanía aumentaría el respaldo de cualquier gobierno que tenga que enfrentarse a sus financieros.

Nadie es tan insensato como para no prever que cualquier cambio legislativo sobre la deuda será contestado duramente y que las consecuencias no son inocuas, por lo que habrá que imponer, negociar y pleitear con inteligencia y tesón, pero de eso se trata, de cargarse de argumentos de razón, verdad y equidad en favor de las víctimas del orden económico imperante, que sus beneficiarios ya tienen sus propios voceros y abogados.

Cada día un nuevo ataque. Cada día un nuevo motivo para rebelarnos

Iturria: Carlos Martínez / ATTAC – 2013/05/24

La voracidad neoliberal, autoritaria y criminal contra los derechos de las personas, del PP no tiene límite, no da tregua. Se amontonan los motivos para echarlos de una vez y dejarnos de paños calientes. Hay que derrotarlos, pero ya. En la calle, sí, primero en la calle, pero no seamos ingenuos, también en las urnas.

La reaparición y el serio aviso del neofranquista y pro-imperialista ex presidente del Gobierno del Reino de España José María Aznar la noche del 22 de Mayo en Antena3, hace real y confirma lo que algunos habíamos vaticinado y es que un golpe conservador está en marcha. Rajoy ya no les sirve. A nosotros tampoco, pero ¿Vamos a permitir que sean ellos los que a nuestras espaldas lo echen? No, es imprescindible y ya exigir nuevas elecciones. Pero habrá que conseguirlo y con contundencia en la calle.

Tienen preparado ya otro proyecto maldito que puede además resultar engañoso para muchas personas y es el de la “reforma” de la Administración local al objeto de privatizar servicios municipales, despedir funcionarios y empleados públicos y hurtar la autonomía local, dejando vacía de contenido la democracia y la forma de gobierno más cercana a la ciudadanía. El pueblo se va a quedar sin una de sus fórmulas más próximas al objeto de elegir su gobierno inmediato y/o de poder incluso construir su Utopía local o simplemente dotarse de los vecinos que desee le gobiernen.

Los municipios se van a quedar intervenidos, sin competencias y sin posibilidad de diseñar sus políticas locales o bien cuidar y atender las necesidades de los más humildes y débiles de cada pueblo, cada barrio o cada calle. Los presupuestos intervenidos por los llamados “precios estándar”. Precios fijados por una comisión en Madrid. En resumen otra vuelta de tuerca a la operación recentralización del Estado, pues los ayuntamientos serán controlados por el Ministerio de Hacienda. En tiempos de Franco, era el de Gobernación, -así se llamaba-el  que los controlaba. Ahora será Hacienda.

Como el PP tiene el control sobre la inmensa mayoría de las Diputaciones de derecho común, estas tendrán las competencias de los ayuntamientos menores de 5000 Habitantes y muchas de las de los municipios mayores. Pero sobre todo las Diputaciones sacarán a concurso los servicios públicos privatizados, ojo a precios estándar, lo que llevará a la ruina a miles de empresas familiares y cooperativas. Pero esa actuación, supone mover un negocio de millones y millones de euros, pues por economía de escala las grandes empresas si podrán competir. Por lo que el PP tiene prisa y lo va a llevar al Consejo de Ministros en junio. Sacando la contra-reforma local ahora, adjudicará miles de contratos a empresas privadas del sector y premiará a los Florentinos de turno, que ya se están frotando las manos. Y luego, si las tornas cambian y una nueva ley o la derogación de la que quieren imponer, permite volver a recuperar la autonomía local nuevamente, -con otra correlación de fuerzas políticas diferente-, los contratistas privados ya tendrán derechos adquiridos y se pleiteará de forma que aunque las Corporaciones Locales democráticas puedan ganar en los tribunales, estarán obligadas a fuertes indemnizaciones, de forma que el negocio estará asegurado, salga bien o mal.

Todo esto acaba de dejar todavía más claro que se está gobernando en favor de los poderosos. Que la crisis capitalista está siendo utilizada para favorecer la privatización de la vida pública y apoderarse las grandes fortunas y empresas de todo el patrimonio y de desmontar el estado por obra del estado, en beneficio de bancos, ricos y grandes empresas privadas.

Ahora el negocio son los bienes municipales y acabar para ello con la democracia local el objetivo puntual del momento. Al capitalismo le sobra la democracia.

Por todo esto y porque cada vez son más las tropelías y atracos sociales, el 1 de Junio volveremos a salir a la calle. Pero hemos de ser más, muchos más de los cada vez más numerosos activistas, es cierto, pero con todo insuficientes.

Hay que llamar ya a la insurrección popular. Hay que iniciar ya el periodo destituyente, que acabe con este régimen podrido. Solo el estallido social nos salvará. Hay que reventar ya de una vez, porque no nos toman en serio, se ríen de nosotros y nos desprecian profundamente. Sobre nuestro empobrecimiento y sufrimiento, construyen ellos su riqueza y su poder. No hay medias tintas, tampoco vuelta atrás.

Hacienda recortará 900 millones en sueldos de funcionarios y planea quitar competencias a 5.586 municipios

Iturria: eldiario.es – 2013/05/20

• El Gobierno espera un ahorro de 8.000 millones de euros con la reforma de la administración local.
• La entrada en vigor de la reestructuración, que el Ministerio calcula para el 1 de enero de 2014, quitará a los municipios «ineficientes» con menos de 20.000 habitantes la capacidad de gestionar servicios.
• La gestión de cementerios, recogida de residuos, el agua potable o la pavimentación de calles, entre otros, quedarán en manos de las diputaciones, a las que irá la financiación y parte del personal municipal.
• Los ayuntamientos quedarían como meros «interlocutores políticos» con las diputaciones hasta que, cinco años después, presenten un plan de viabilidad para recuperar sus competencias.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. / Efe

Unos 5.586 ayuntamientos españoles de hasta 20.000 habitantes están a punto de perder la gestión de los servicios que se brindan en sus municipios por «ineficientes». Esa es una de las consecuencias de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que el Ministerio de Hacienda presenta este martes a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), «la norma más discutida de todas las que llevamos», según la ha descrito el secretario de Estado de Administraciones Locales, Antonio Beteta. Y ya es decir.

Aunque el proyecto de ley fue aprobado el 15 de febrero en el Consejo de Ministros su tramitación ha sido toda una carrera de obstáculos. No sólo ha provocado el rechazo unánime de la oposición –todos los grupos del Parlamento menos el PP presentaron hace unas semanas un escrito en el que lo rechazaban– sino que también ha generado preocupación entre los propios populares, ya que son muchos los alcaldes del partido que han puesto pegas a los cambios con los que el ministro Cristóbal Montoro planea ahorrar 8.000 millones de euros. Si el establecimiento de baremos para los sueldos de alcaldes y concejales (que dejaría al 82% de ellos sin remuneración alguna) ha levantado ampollas, el desarrollo de medidas de eficiencia como la del coste estándar puede literalmente ‘vaciar’ de funciones al 72% de los Ayuntamientos españoles de hasta 20.000 habitantes. 

Esto sumado al ahorro que el ministerio de Hacienda pretende obtener de unificar criterios para establecer los sueldos de los empleados públicos. «En la Ley de Presupuestos se establecerán rangos salariales, estableciendo horquillas con retribuciones mínimas y máximas», ha explicado Beteta. Esto significaría un ahorro extra de casi 900 millones de euros, la diferencia entre los 7.129 millones de ahorro con los que se presentó el proyecto y los 8.000 con los que ha acabado su desarrollo. Esto afectaría a los sueldos de los trabajadores de las corporaciones locales y de las diputaciones provinciales.

El ‘coste estándar’ y los «ineficientes»

El ministerio tiene ya una vara para medir la gestión de los ayuntamientos, y aquellos que no cumplan con esos criterios se quedarán sin parte de sus funciones. Este baremo se calcula con el coste medio de los servicios en los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes (445,44 euros) y el de los municipios pequeños (1.219,98), y la diferencia entre ellos, a la que han aplicado algunas correcciones como por ejemplo la de densidad o dispersión de la población. Los ayuntamientos que hasta abril de 2014 no se ajusten a estos «estándares de eficiencia», deberán ceder automáticamente sus competencias en la gestión de servicios obligatorios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas en los de menos de 5.000 habitantes. A estos se les suman parques públicos, bibliotecas, mercados y tratamiento de residuos en las de más de 5.000 y hasta 20.000. Si el consistorio entra en la ‘lista negra’ también deberá dejar de brindar automáticamente servicios no obligatorios, como los relacionados con la asistencia social. Los municipios de más de 20.000 habitantes no están obligados a renunciar a ellos, pero podrán hacerlo voluntariamente.

Las competencias las asumirán entonces las diputaciones, a las que irán también el dinero para financiar los servicios (independientemente de si son tasas municipales o de la aportación del Estado) y también parte de los recursos humanos, aunque no se sabe en qué medida. Las diputaciones tendrán la gestión de los trabajadores pero no la titularidad de sus contratos.

Así, los ayuntamientos podrán perder el control de todos o parte de los servicios que brinda. Lo que dejaría algunos de ellos «si no hay ninguna gestión eficiente, con ninguna financiación», según ha explicado Beteta. Todos tendrán la posibilidad de recuperar sus funciones. Deberán presentar un plan de viabilidad que garantice una adecuada gestión. Aunque para ello deberán pasar cinco años. «Establecimos ese plazo para huir de los ciclos políticos», ha asegurado Beteta.

El cambio de funciones en las administraciones y la complejidad que supone un entramado de 8.117 municipios, 1.021 mancomunidades, 81 comarcas y miles de entidades menores a los que afecta esta ley siembra dudas acerca de que su aplicación sea factible desde el primer momento. La diputación de Ourense «que ya estaba trabajando en este sentido» llevará a cabo una «prueba piloto» durante este año para garantizar que la puesta a punto del sistema en cuanto la ley entre en vigor. «No va a ser fácil pero es preciso avanzar en la senda del déficit publico», ha zanjado Beteta.

De la reforma laboral a la reforma penal: todos a la cárcel

Iturria: Héctor Illueca / Adoración Guamán – Publico.es – 2013/05/01

Las políticas de austeridad impuestas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y aplicadas por el Partido Popular están provocando una silenciosa redefinición de las funciones del Estado progresivamente conquistadas luego de un trayecto secular. De manera relativamente rápida, el Estado reduce su intervención social al tiempo que refuerza los dispositivos disciplinarios mediante la intensificación de su intervención penal. Como si fuera una persona arrepentida de haber sobreprotegido a sus hijos, el Estado neoliberal se dispone a tratar severamente a los ciudadanos, criminalizando la miseria y elevando la acción penal a la categoría de función pública prioritaria. De este modo, la cansina apelación al orden público del Gobierno del Partido Popular constituye el reverso inevitable de la normalización del trabajo precario y el desmantelamiento del Estado de bienestar.

Veamos. El 10 de febrero de 2012 el Gobierno aprobó una reforma laboral que consagraba el abaratamiento del despido y la desarticulación de la negociación colectiva, con el fin de inducir un violento retroceso salarial y un no menos feroz ajuste de plantillas en las empresas. Transcurrido un año desde su entrada en vigor, las consecuencias más dramáticas de la acción gubernamental encuentran reflejo en los diferentes datos estadísticos: la Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al tercer trimestre de 2012 situaba el coste salarial total por trabajador en 1.805,63 euros, un 7 por ciento menos que en el segundo trimestre (1.939,73), mientras la última Encuesta de Población Activa eleva el número de parados a un nuevo máximo histórico, 6.202.700 personas, con una tasa de desempleo del 27,16% de la población activa.

Poco después de la aprobación de la reforma laboral, el Ministro del Interior anunció la tramitación de una importante reforma del Código Penal, cuyo principal objetivo parece ser reprimir y criminalizar las crecientes protestas contra las políticas de austeridad. Esta iniciativa, que ha merecido una severa crítica del Consejo General del Poder Judicial, se encuentra actualmente en sede parlamentaria y, entre otros aspectos, prevé que la resistencia pasiva a las fuerzas de seguridad se considere como delito de atentado a la autoridad, lo que podría abarcar una amplia gama de comportamientos hasta ahora no penalizados: por ejemplo, realizar una sentada colectiva durante una manifestación o encadenarse por los brazos para evitar un desahucio. También se pretende tipificar como delito la difusión por Internet de convocatorias violentas o que alteren gravemente el orden público, lo que probablemente evoca, en la intención del Gobierno, la manifestación acaecida el 15 de mayo de 2011 y las diferentes movilizaciones que la sucedieron.

En nuestra opinión, ambas reformas están relacionadas entre sí y suponen la culminación de un proceso iniciado en la década de los noventa y orientado a la generalización del trabajo precario por medio de la coerción política. O, por expresar la idea con mayor precisión, se trata de sustituir nuestro modesto e incompleto Estado de bienestar por un Estado penal que sea capaz de imponer el trabajo mercantilizado como norma societal. La filosofía que subyace a este proceso es la de un Estado crecientemente invasivo y represor de una población atenazada por el desempleo y la precariedad laboral, que contempla atónita la obscena tolerancia del poder con los abusos cometidos por los más privilegiados de la sociedad. De este modo, el progresivo debilitamiento del Estado social conlleva un crecimiento distópico del aparato penal, alumbrando una sociedad cada vez más instalada en la violencia, la injusticia y la desigualdad.

Ciertamente, las estadísticas avalan un incremento fulminante de la población reclusa durante los últimos veinte años, coincidiendo con la llegada a nuestro país del llamado neoliberalismo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 1990 y 2010 la población penitenciaria española prácticamente se duplicó en términos relativos, pasando de 85 a 160 reclusos por cada cien mil habitantes, lo que implica un incremento superior al 90 por ciento. Es muy significativo que la actual hipertrofia carcelaria haya despertado el interés del Defensor del Pueblo, que en reiterados informes ha venido denunciando la masificación y el hacinamiento de los presos como hechos que afectan a la dignidad de las personas y constituyen una pena adicional no prevista por el legislador. A la vista de tales datos, parece que debemos dar la razón a Eduardo Galeano cuando afirmaba que, para dar libertad al dinero, había que encarcelar a la gente.

Partiendo de esta base, la crisis económica que asola nuestro país ha puesto sobre la mesa la imperiosa necesidad de criminalizar la miseria para acelerar la transición hacia un Estado darwinista que se repliega sobre sus primitivas funciones de mantenimiento del orden público, en detrimento de su actividad tradicional en materia económica y social. En una situación de desempleo masivo y precariedad generalizada, el aparato penal se erige en instrumento imprescindible para someter a los sectores insubordinados y reafirmar el monopolio del Estado sobre la violencia institucionalizada. La mano invisible del mercado, tan cara a la tradición liberal, encubre y disimula un verdadero puño de hierro que concentra la enorme fuerza del Estado hobbesiano para imponer el trabajo precario y recluir o amedrentar a los sectores insumisos del naciente orden social.

Curiosamente, no es la primera vez que el liberalismo radical defiende y estimula la creación de un aparato penal destinado a contener las consecuencias deletéreas de la desregulación social y laboral. La huelga, por ejemplo, constituye un fenómeno social percibido con desconfianza por parte del poder político, que históricamente ha tratado de imponer restricciones o limitaciones de variada naturaleza. Recordemos que en una primera etapa era considerada como delito en los Códigos penales europeos, prolongándose tal situación hasta bien entrado el siglo XIX. El reconocimiento legal del derecho de huelga se produjo posteriormente, tras una larga historia de violencia y represión de la que el movimiento obrero fue especialmente víctima. Importantes personalidades liberales como Lloyd George, Theodore Roosevelt o Walter Lippmann, por citar sólo algunos ejemplos, invocaron y justificaron la violenta represión de los trabajadores mientras defendían el principio de intervención mínima en la economía.

Al igual que sus predecesores, los ideólogos neoliberales apelan abiertamente a la violencia del Estado para reprimir o contener los efectos devastadores del laissez-faire. En esta ocasión, sin embargo, los destinatarios de la oleada represiva no son sólo los sindicatos de trabajadores, sino también, y preferentemente, los sectores populares que están protagonizando las diferentes luchas sociales desencadenadas por la crisis: desempleados, estudiantes, trabajadores precarios, hombres y mujeres que lo han perdido todo y están viviendo esta época como un profundo terremoto social y cultural. La anunciada reforma del Código Penal o el intento de criminalización de los escraches protagonizados por la PAH son sólo una muestra de la nueva doxa punitiva concebida para atenazar a las regiones inferiores de nuestro espacio social.

Ya no es posible ocultar que las razzias policiales observadas en Valencia, Madrid o Barcelona persiguen objetivos políticos y mediáticos, mucho más que judiciales. La respuesta gubernamental al creciente y justificado enojo ciudadano es el recurso al uso generalizado o la amenaza de la fuerza como medio de dominación. La crisis de legitimidad se extiende a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Es muy importante que todos comprendamos que las políticas de austeridad no sólo ponen en entredicho los derechos económicos y laborales conquistados durante generaciones, sino también los derechos políticos reconocidos al término de la dictadura. O, por decirlo con otras palabras, la salida de la crisis que el Partido Popular está tratando de imponer no sólo es incompatible con el Estado de bienestar, sino también, y fundamentalmente, con la democracia.

Héctor Illueca Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Adoración Guamán Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Los trabajadores afectados por ERE suben un 30,7% en un año de reforma laboral

Iturria: kaos / Agencias – 2013/04/28

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas (con la reforma laboral del Gobierno, en vigor desde el pasado 12 de febrero, ya no hace falta autorización) aumentaron un 30,7% hasta febrero en comparación con el mismo periodo de 2013.

En concreto, un total de 82.582 trabajadores se vieron afectados por un ERE en los dos primeros meses del año, en contraste con los 63.172 trabajadores que estuvieron implicados en una regulación de empleo durante el mismo periodo de 2012, según los últimos datos que constan en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo.

En ese mismo plazo, los expedientes de regulación de empleo autorizados/comunicados aumentaron un 20,9% en comparación con el mismo periodo de 2012, hasta sumar 5.736, frente a los 4.742 de un año antes.

Los ERE en los que se alegaron aplicación de medidas económicas se duplicaron en relación a los dos primeros meses de 2012, hasta sumar 4.046 expedientes, casi el 70,5% del total de ERE registrados en el periodo.

Por causas técnicas se autorizaron 92 expedientes, un 43,7% más que un año antes, mientras que por causas organizativas o de producción se registraron 1.517 expedientes, con una subida interanual del 9,5%. Por fuerza mayor hubo 81 ERE, un 14,7% menos que en enero y febrero de 2012.

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.

No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.

La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.

LOS ERES NO PACTADOS AUMENTAN UN 42,8%

Del total de expedientes autorizados/comunicados en enero y febrero, 5.359 fueron pactados con los representantes de los trabajadores, un 19,6% más, mientras que los no pactados se incrementaron un 42,8%, hasta sumar 377 expedientes.

De esta forma, los ERE pactados representaron el 93,4% de todos los expedientes comunicados/autorizados en enero y febrero, casi la misma proporción que un año antes, cuando los ERE pactados representaban el 94,4% de todos los expedientes registrados.

De acuerdo con los datos de Empleo, los ERE pactados afectaron a 70.535 trabajadores, un 23% más, en tanto que los no pactados englobaron a 12.047 trabajadores, más del doble que hace un año.

Los ERE de extinción (despidos colectivos) se incrementaron un 19,3% hasta febrero de este año, hasta sumar 936 expedientes, mientras que los de suspensión temporal de empleo aumentaron un 7,6%, hasta los 2.529, y los ERE de reducción de jornada aumentaron un 41,2%, situándose en 2.271 expedientes.

Así, en enero y febrero de 2013, los ERE de suspensión suponían el 39,5% de los expedientes comunicados/autorizados y los de reducción de jornada un 44%, mientras que los despidos colectivos sumaban el 16,3%. Un año atrás, estos ERE de extinción eran el 16,5% del total.

Por su parte, los trabajadores afectados por ERE de extinción (despidos colectivos) se incrementaron un 13,9% hasta febrero de este año, con 12.635 personas, mientras que los de suspensión temporal de empleo aumentaron un 39,2%, hasta los 54.377, y los ERE de reducción de jornada aumentaron un 19,5%, situándose en 15.570 empleados.

Empleo considera que estos datos demuestran que se mantiene la tendencia a la moderación del peso de las extinciones de contratos sobre el total. Así, destaca que los trabajadores afectados por ERE sólo en febrero descendieron un 21,6%, hasta las 36.273 personas.

La mayor parte de los ERE autorizados/comunicados hasta febrero  provenía del sector servicios (3.295, un 43,6% más que en igual periodo de 2012) y la industria (1.563, +1,1%). En la construcción, los expedientes descendieron a 746 (-4,2%) y en la agricultura aumentaron un 9%, hasta los 132 expedientes.

Amnistía para ricos, cárcel para pobres

Iturria: María José Esteso Poves / Ter García / diagonalperiodico.net – 2013/04/10

La reforma en el Código Penal facilita que el gran defraudador no vaya a la cárcel.

“En materia de delito fiscal, en el Estado español, no va a la cárcel casi nadie porque en general los jueces imponían penas de prisión inferiores a dos años”, explica el abogado Ignacio Trillo, del despacho Red Jurídica. Aunque el delito fiscal está penado con entre uno y cinco años de cárcel y una multa de entre el monto defraudado y seis veces lo defraudado, en los últimos años una mínima parte de los condenados por este tipo de delitos ha pisado la cárcel.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de las 298 sentencias condenatorias por delitos fiscales emitidas en 2010, sólo 19 fueron de más de dos años de cárcel. Las 279 restantes no implicaban la entrada en prisión si el defraudador no tenía una condena previa. Un año después fueron 23 los defraudadores condenados a una pena de más de dos años de cárcel de las 276 sentencias que se contaron.

“Puede darse el caso, como ha ocurrido en alguna ocasión, de que el defraudador pida a la Inspección que envíe su expediente al juzgado para tratarlo como delito fiscal, porque le resulta más favorable el trato en la vía penal que en la administrativa”, añade Leonardo Cárde­nas, de AGM Abogados, y explica que en muchos casos la multa por la vía penal del delito fiscal es bastante inferior a la que se recibiría por la infracción, por la vía administrativa.

Hasta el año 1995, la cantidad mínima defraudada a Hacienda que se consideraba delito era de cinco millones de pesetas. El impago por debajo de esa suma se consideraba una infracción administrativa, castigada con una multa del entre el 50% y el 150% del valor defraudado, según la cantidad. Ese año, el Gobierno del PSOE aprobó, mediante un pacto con CiU, una reforma del Código Penal por la que el importe se aumentaba a los 15 millones de pesetas. Los obstáculos a la hora de castigar el fraude a Hacienda fueron más allá, con la creación de la “excusa absolutoria”, por la que se perdonaba a los defraudadores que de forma voluntaria pagaran lo defraudado antes de ser llamados por los inspectores del fisco.

La ley ‘relaja’ el delito

La figura del delito fiscal se fue relajando más con una nueva modificación del Código Penal en 2003. Desde los 15 millones de pesetas (90.000 euros), la cantidad defraudada para que se considerara delito pasó a los 120.000 euros. De la mano de esta reforma, la nueva Ley Tributaria aprobada en diciembre de 2003 presentaba el “acta de acuerdo”, una nueva figura con la que se abría la vía de la negociación de lo defraudado evitando los juzgados y con rebajas de un 50% sobre la sanción.

La nueva modificación del delito fiscal en el Código Penal –de enero de 2013–incluye algunas novedades aplaudidas desde el ámbito de la Justicia y de la Agencia Tributaria, como la no detención del cobro de la deuda cuando se inicia el proceso penal, que se adapta a la normativa de la Unión Europea, a la vez que se anuncia a bombo y platillo la ampliación de la prescripción de este tipo de delitos de los cinco a los diez años, aunque sólo en los casos con agravantes (defraudar más de 600.000 euros, ser un fraude llevado a cabo por banda organizada o el uso de un paraíso fiscal), que pasan a estar penados con entre dos y seis años de cárcel.

En paralelo, una disposición en el artículo 305 permite que el juez rebaje en uno o dos grados la condena al defraudador que pague en el plazo de dos meses la deuda con Hacienda desde que es imputado. Así, es más posible que el defraudador no vaya a prisión si no ha sido condenado previamente y que se le aplique una multa menor a la que recibiría si la causa fuera por vía administrativa.

La consecuencia más importante de este cambio es, según explica José María Peláez, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que “se pierde el efecto disuasorio que debe representar un proceso penal, con la posibilidad de ingresar efectivamente en prisión. Si en cualquier proceso por delito fiscal se le permite al defraudador librarse de la cárcel si paga lo que no pagó en su día, la figura del delito fiscal pierde sentido, aunque se aumenten las penas o el plazo de prescripción se eleve a diez años en los supuestos de fraude más graves”, añade Peláez, quien señala también la escasa atención que se le ha dado en el Plan de Control del Fraude de 2013 a las declaraciones tributarias especiales (DTE) de la última amnistía fiscal, aprobada en marzo de 2012, medida que califica de fracaso.

“No exigía repatriar los capitales, por lo que los 40.000 millones de euros de bases imponibles declaradas correspondientes a bienes ocultos se desconoce si se han repatriado o no”, apostilla. Y entre aquellos que se acogieron a la amnistía, nombres comoDiego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin imputado en el caso Nóos, que utilizó la oportunidad prestada por el ministro de Hacienda para blanquear 160.000 euros que tenía ocultos en una cuenta en Luxemburgo; o el de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, que intentó acogerse a la amnistía para regularizar 19 millones de euros en cuentas de bancos suizos y a quien finalmente le fue denegada por la Agencia Tributaria a raíz del inicio de la investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular.

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy “supone un reconocimiento explícito de la falta de voluntad del Gobierno de perseguir el fraude fiscal y de acceder al chantaje de las grandes rentas de dejar de tributar cantidades que serían muy importantes para aumentar los ingresos del Estado”, afirma Alejandro Gámez, abogado penalista de la Asociación Libre de Abogados.

“El Gobierno ha optado voluntariamente por conformarse con migajas cuando tiene la obligación jurídica y ética de perseguir el fraude obteniendo con ello ingre­sos que evitaran tener que recortar por el lado del gasto público”, continúa Gámez, quien señala que, si se tienen en cuenta los altos límites de persecución de este delito, fijados en los 120.000 euros por tributo y año fiscal, es “una medida que favorece especialmente a las rentas más altas, hecha a medida de grandes defraudadores, sean del color que sean”.

Otros casos, como el de Emilio Botín, son una muestra de cómo la Administración mira a otro lado ante los delitos fiscales sin declarar una amnistía fiscal. El presidente del Banco Santander y varios miembros de su familia fueron investigados por fraude fiscal en 2011 a raíz del arresto en Francia de Hervé Falciani, un extrabajador al HSBC en Ginebra que robó del banco datos de 18.000 clientes que utilizaban la entidad para evadir impuestos. Entre los datos de cuentas encontradas en el ordenador de Falciani por las autoridades galas se encontraban las de la familia Botín y otras 3.000 personas con residencia en España, pero la Agencia Tributaria sólo encontró a 659 de los defraudadores, a los que invitó a regularizar su situación sin llevarles ante la justicia.

Dos años después, la Lista Falciani ha vuelto a poner sobre la mesa nombres de políticos del PP ya relacionados con la Gürtel, como Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, o Luis Bárcenas; y a otros aún no relacionados con la trama. Una lista de nombres relacionados con la política y ahora implicados en casos de delitos fiscales, entre otros, que, sin embargo, no ha provocado que se incluya a este colectivo entre los sometidos a un plan específico de inspección.

“En una situación normal, los representantes políticos no tendrían que tener controles adicionales, ni en concreto ser sometidos a inspección fiscal. En nuestro país, en el que se multiplican los casos de corrupción que afectan a nuestros políticos, un plan de inspección debería ser una de las muchas líneas de comprobación que debería acometer la Agencia Tributaria”, explica José María Peláez. “Además se deberían incluir entre los colectivos sometidos a vigilancia para la prevención del blanqueo de capitales, ya que se excluyeron en la ley de prevención aprobada en el año 2010”, concluye Peláez, y añade que estas reclamaciones ni tuvieron respuesta en 2008 ni las han tenido ahora.

Jaque a la clase trabajadora

Mientras se allana el camino a los grandes defraudadores, la última reforma del Código Penal aprobada en enero ha reducido de 120.000 a 50.000 euros el monto defraudado a la Seguridad Social para que éste constituya delito, menos de la mitad que en el caso de los delitos fiscales, un cambio de baremo tachado de “incomprensible” por Gestha y que muestra un “doble rasero”, según palabras de Gámez.

Así, mientras en el caso del fraude fiscal la cantidad fijada para que éste constituya delito es de 120.000 euros por ejercicio fiscal, en el caso de la defraudación a la Seguridad Social el monto para que ésta sea delito se reduce a los 50.000 euros, y permite que se sumen las cuantías defraudadas en los últimos cuatro años. Según explica Gámez: “Es mucho más fácil que se considere delito, y tampoco se tienen en cuenta las circunstancias de los sujetos que puedan cometer esos fraudes, la situación de precariedad en la que se puede ver envuelto un ciuda­dano que defraude a la Seguridad Social frente al músculo económico que tiene que tener un defraudador de Hacienda, que para alcanzar los 120.000 euros por año fiscal tiene que haber generado ingresos de al menos medio millón de euros en un sólo ejercicio”, explica.

“No van a recaudar mucho con ello –añade Gámez acerca del cambio de baremo en el fraude a la Seguridad Social–, y se ceban con una parte de la población que puede estar en situación de necesidad mientras a los defraudadores fiscales, que están guiados por la mera codicia, se les está perdonando”.

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Carlos Fabra, el eterno evasor de la justicia, y de capitales

Por M.J.E.P. y T.G.

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra será juzgado a finales de este año por delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales según fuentes judiciales. Las investigaciones por los delitos cometidos por el expresidente de Castellón llevan ya abiertas durante más de nueve años, en los que sus abogados han ido tratando de atrasar los procedimientos. Los técnicos de Hacienda denunciaron hace años que Fabra contaba con cerca de 3,7 millones de euros de ingresos no justificados, dinero que además tampoco fue declarado a la Agencia Tributaria, por lo que también tendrá que comparecer, acusado de defraudar a Hacienda, junto a su entonces esposa, Amparo Fernández, 1,5 millones de euros entre los años 1999 y 2004. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fabra de 15 a 20 años de cárcel.

Recortes en AEAT: sin dinero para encontrar dinero

Desde 2008 a 2011, el número de expedientes por delitos fiscales tramitados por la Agencia Tributaria (AEAT) aumentaron en cerca de un 150%, pasando de los 679 expedientes a los 1.014, según datos publicados por la propia AEAT, que ha visto como su presupuesto bajaba este año en un 12%, lo que ha supuesto una merma en la financiación de las investigaciones llevadas a cabo por sus inspectores y técnicos y un descenso en el número de personas trabajando para sacar a la luz casos de fraude fiscal.

Por cada cien empleados de la Agencia Tributaria que se han jubilado, sólo se han repuesto diez, según señala José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). Unos recortes de personal no muy pronunciados, según señala Mollinedo, en comparación con otras áreas, pero que suponen una gran merma sobre una plantilla cuyo número no se ha ampliado desde hace más de veinte años.

Carlos Fabra en un mitin. / PPCV