Posts tagged ‘Derechos Humanos’

mayo 23, 2013

Nueva dieta: escarabajos, chinches, moscas… y esclavitud

Iturria: Rosa María Artal – 2013/05/22

Escarabajos, orugas, abejas, hormigas, grillos, cigarras, saltamontes, libélulas, chinches o moscas. La FAO ha encontrado una solución al hambre en el mundo: comer insectos. Estima esta organización de Naciones Unidas que muchas especies tienen tantas proteínas como la carne y que su producción es barata. Anima a su consumo, tanto por seres humanos como por animales. Muchos países con gran parte de población sin apenas recursos ya los utilizan y el informe imagina un futuro aún más prometedor: “En los países en desarrollo, los miembros más pobres de la sociedad [nótese que este menú “tan saludable y nutritivo” no es para ricos]  pueden participar en la recolección, el cultivo, el procesamiento y la venta de insectos. Estas actividades pueden mejorar directamente sus propias dietas y proporcionar ingresos en efectivo a través de la venta de los excedentes de producción”, dicen.

Seguramente la FAO tiene razón, la dieta humana ha incorporado muchas especies a su alimentación a lo largo del tiempo y los insectos, como la más prolífica y extendida, representan una fuente inagotable. Aún. Porque no hemos de olvidar que también se trafica y especula con la necesidad humana de comer. Incluso cotiza en bolsa. En concreto y más que en ninguna otra en la de Comercio de Chicago, CBT (Chicago Board of Trade) especializada desde 1848 en “negociación de contratos en el comercio de bienes básicos agrícolas”. Tampoco se libran los alimentos de “productos financieros” de esos que compran y venden sin recibir mercancía alguna.

En un mundo en el que sobra y se desperdicia la comida, la primera gran crisis alimentaria –tras décadas de suaves descensos- estalla en 2008, pocos meses antes de la gran crisis financiera. Y se reproduce con dureza en 2010, cuando la FAO refleja un 39% de subida en sólo un año, con mayor incidencia en cereales, aceites y grasas, que superaron el 71%. Como los tsunamis siempre se organizan en un punto y luego se extienden –aunque la conciencia popular lo obvie- este enorme saqueo social fue uno de los detonantes de la revolución en la primavera árabe.

Por tanto, cuantos más productos ofrezcamos “al mercado”, más “oportunidades de negocio”. Habrá que ser más imaginativos. Aunque púdicos y políticamente correctos ojos no puedan seguir leyendo. El problema es acuciante. ¿Que hay que buscarse chinches en el pelo para freírlas con patatas o cazar moscas en todos los lunes al sol? Antes que no comer, cualquier cosa, dirán muchos. También estamos brindando a la usura el empleo porque  igualmente antes que morirse de hambre sin trabajo preferible es… morirse de hambre trabajando. Uno está más entretenido, que es de lo que se trata.

Esto viene de lejos y se reproduce siempre que la ciudadanía hace dejación de su dignidad consintiendo la codicia de unos pocos. En 1729, sí, siglo XVIII, el escritor irlandés Jonathan Swift escribió  su “ Modesta proposición… para acabar con el hambre en Irlanda. Su propuesta –irónicamente trágica- conmocionó a la sociedad de la época muy alarmada porque desgranaba cómo los niños podían ser un alimento de lo más rentable, una solución al problema: “ Me ha asegurado un americano muy entendido que conozco en Londres, que un tierno niño sano y bien criado constituye al año de edad el alimento más delicioso, nutritivo y saludable, ya sea estofado, asado, al horno o hervido; y no dudo que servirá igualmente en un fricasé o un ragout”.

No, niños no, pobrecitos, aunque ya lo sean y hayan dejado de considerarse fetos a proteger. Pero mientras llega hasta bañarnos los pies la ola de la avaricia extrema podemos ir pensando en nuevos productos destinados al consumo. Hay uno del que todos disponemos –en mayor o menor medida- según la ingesta de alimentos: la mierda. Yo creo que convenientemente procesada –por empresas privadas naturalmente- se puede reciclar también. Es asequible, muy eficiente y susceptible de ahorro general. No resulta tan descabellado, IKEA –esa gran pionera- ya se adelantó al incluirla en sus tartas de chocolate.

O podemos comernos unos a otros. Otro escritor, el estadounidense conocido como Harry Harrison, publicó en 1966 la novela que daría origen a la película (de 1973) Soylent Green. Imaginaba en ella un futuro -entonces lejano- que hoy encontramos asombrosamente cerca: 2022. Un Nueva York atestado de mendigos hacinados. Sólo la élite minoritaria –como siempre- tiene acceso a alimentos básicos y nutritivos como la carne y las verduras. A la mayoría les reparten Soylent Green –hecho de ese plancton que comen sin esfuerzo los percebes – y Soylent Red… que un día llegarán a saber, estupefactos, de qué se compone. Sí, todo se recicla. Es más productivo.

Llevamos los 5 años de la crisis advirtiendo, desgañitándonos, de un futuro que se cumple inexorable. La UE acaba de decretarnos “austeridad” hasta final de la década en sus nuevos presupuestos. A todos, pero más a los países “malos”, como el nuestro. No nos faltaba más que alimentarnos de insectos  como solución. Su captura y elaboración en las nuevas granjas de la miseria. En España los dirigentes actuales se están comiendo también… el Estado (con auténtica saña sus Servicios Públicos), la gallina de todos los huevos. ¿Todavía seguirán soñando algunos que la crisis se resuelve así? ¿Aún espera alguien que los depredadores devuelvan y repartan su botín?

La crudeza del momento exige reflejar esta amarga realidad tal cual es. Pero también sus soluciones. Nada fáciles, insisto. No tan “fáciles” como abrir la boca y que entren las moscas por todo alimento. Ni siquiera tan “difíciles” como seguir aguantando, resistiendo, los atropellos de esta inconmensurable estafa. Hay que echar a la Europa azul de sus mayorías en la UE. Con los votos. Eso no representa un enorme esfuerzo físico. Y a los dirigentes de cada país que desean, amparan y ejecutan estas políticas. Y, posiblemente, juzgarlos, para que sean ellos los que atrapen moscas “a la sombra”. No hay más. Es cuestión de supervivencia. ¿Y no habla de eso la FAO? Ingerir justicia, cordura y valor, en lugar de cucarachas.

abril 11, 2013

¿Cuánto vale la vida humana?

Iturria: Santiago Alba Rico / Rebelion.org – 2013/04/05

¿Cuánto vale una vida humana? Una forma de calcularlo es la que utilizaron los abogados de la multinacional Union Carbide para fijar las indemnizaciones a las víctimas del desastre de Bhopal en 1984. Si la renta per capita de la India es (lo era en ese entonces) de 250 dólares mientras que la de los EEUU supera los 15.000, podemos concluir que el valor medio de una “vida india” es de 8.300 dólares mientras que el de una “vida estadounidense” asciende a 500.000. Las casas de seguro utilizan habitualmente este tipo de evaluaciones para aumentar sus márgenes de beneficios. Otra posibilidad, que juzgamos más bárbara, es la de esos sistemas “primitivos” de equivalentes que llamamos “venganza”. La forma más extrema es el Talión (“ojo por ojo, diente por diente”), aunque hay otras más benignas en distintos pueblos de la tierra que permiten cambiar una vida humana por cuatro ovejas o la pérdida de un miembro por un pedazo de tierra o una mujer en edad fértil.

En definitiva, cuando calculamos el valor de la vida humana solemos recurrir a “expresiones dinerarias”; es decir, a formas contables exteriores mediante las cuales tratamos de asir una cantidad inconmensurable: dinero, ganado, mercancías. Pero, ¿cuál es el valor del dinero, el ganado y las mercancías?

Como sabemos, David Ricardo y Adam Smith fueron los primeros en formular en el molde de una ley una relación que todos los pueblos aceptaban intuitivamente en sus trueques y mercadeos: la que asocia el “valor” de un objeto a una determinada combinación de Tiempo y Trabajo. Luego, Karl Marx afinó esta formulación sustituyendo “trabajo” por “fuerza de trabajo” e identificando el valor de una mercancía con “el tiempo socialmente necesario para su producción”. A partir de ahí Marx dedujo una forma objetiva y paradójica de explotación, independiente de los latigazos y los capataces, escondida en una cifra positiva y apetecible: el salario. Marx nunca olvidó la condición previa (“la fuente de toda riqueza es la naturaleza y no el trabajo”, corrigió a sus compañeros en el Programa de Gotha), pero digamos que elevó a categoría “científica” una cenestesia subjetiva elemental: la de que un objeto vale tanto más cuanto más tiempo y esfuerzo hemos dedicado a elaborarlo o fabricarlo.

El problema estriba en saber cuánto vale la mercancía llamada “fuerza de trabajo”; es decir, la vida humana trasladada al objeto. Para eso, Marx aplicó la lógica valor/trabajo y demostró que si una mercancía vale tanto como el trabajo socialmente necesario invertido en su producción, la “vida humana” vale tanto como el conjunto de las mercancías indispensables para su (re)producción: pan, calzado, un lecho, todo lo necesario, en fin, para renovar las energías físicas del trabajador, de manera que esté en condiciones, todas las mañanas, para emprender una nueva jornada laboral. El hecho de que el capitalismo (no Marx) calcule de esta manera el valor de la vida humana plantea un doble dilema, uno ético y otro lógico. El ético parece evidente, pues este “cálculo” (el de las mercancías básicas que permiten la reproducción de una vida desnuda) trata al ser humano como si fuera una mercancía más. Pero ilumina también una paradoja, en la medida en que esa mercancía se diferencia de las otras mercancías en que es la única cuyo valor se define estrictamente en el mercado. En efecto, mientras que el valor -digamos- de una mesa o de un carro procede de la “fuerza de trabajo” humana invertida en su producción (que es una “fuerza” exterior añadida a los procesos productivos), el valor de esa “fuerza” se fija en relación con las mercancías que ella misma ha producido.

Pero esta paradoja responde de algún modo a la pregunta fundamental: ¿no tiene el ser humano ningún valor propio, ningún valor autónomo? El capitalismo le reconocerá uno: precisamente su capacidad para “valorizar”, a través de la combinación tiempo/trabajo, la materia muerta o, lo que es lo mismo, para producir riqueza capitalista. La “fuerza de trabajo” es una mercancía peculiar que, lejos de consumirse con el uso, añade valor a las mercancías que produce. El resultado, lo sabemos, es que esta potencia mágica del ser humano para dar valor se traduce, en condiciones de explotación de clase, en una desvalorización radical del ser humano. Cuanto más valoriza lo que toca, más se desvaloriza él mismo y al final, precisamente porque es la fuente de todo valor, es la única mercancía que no vale nada. O sólo 8.300 dólares, como en el caso de los trabajadores indios asesinados por la Union Carbide.

En todo caso, creo que debemos renunciar a demostrar el valor autónomo de la vida humana. Si el ser humano vale algo debe de ser sin duda, al igual que en el caso de los objetos que produce, por algo que se le ha hecho a él . Los propios cristianos aceptan esta lógica como principio ontológico al identificar el carácter “sagrado” de la vida humana con un “trabajo” de Dios: un trabajo liviano, es cierto, completado en pocos días, pero que convierte la vida humana en un “producto divino”. ¿Y los ateos? Para los que no creemos ni en Dios ni en los cálculos capitalistas, ¿el ser humano no vale nada? El resultado de una sucesión de azares, de una acumulación de contingencias geológicas y químicas, ¿podrá ser destruido sin remordimientos ni pesar una vez se revele económicamente no rentable su existencia?

No, el ser humano tiene un valor inmenso y lo tiene, en efecto, porque es el resultado de un trabajo. Pero de un trabajo realizado fuera y antes del mercado; de un trabajo que han hecho siempre o casi siempre las mujeres: los cuidados. El cuerpo humano no es sagrado sino frágil y su fragilidad lo convierte en un objeto -lo contrario de una mercancía- cuya supervivencia depende de la atención ajena. Si no se puede matar sin horror a un ser humano, si su existencia es irreemplazable no es porque el ser humano tenga la capacidad de valorizar la materia muerta sino porque ha sido valorizado, despertado a la vida, por otro ser humano que casi siempre es una “mujer”: ha sido alimentado, limpiado, peinado, curado, acariciado, protegido por otras manos, en un trabajo entre cuerpos del que se desprende ese valor incalculable, inasible, sin equivalente, sobre el que se levantan la ética y el Derecho.

No cuidamos, en fin, los cuerpos humanos porque tengan valor sino que, al contrario, adquieren valor en la medida en que los cuidamos y los tocamos y los miramos; en la medida, en definitiva, en que los trabajamos. Por eso quizás hay más maltratadores masculinos que femeninos y por eso quizás hay tantas mujeres prisioneras de sus verdugos: porque es casi imposible no querer a aquél al que has lavado los calcetines y preparado la comida, aunque te maltrate, y es casi imposible querer, y casi imposible no maltratar, a quien has mirado poco, tocado mal y cuidado nunca. Es esto lo que une, en una intersección de paradójico desprecio, al capitalismo y al patriarcado: pues el capitalismo desvaloriza al trabajador que valoriza todas las mercancías y el patriarcado desvaloriza a la trabajadora que valoriza todos los cuerpos. Por eso, si es que queremos conservar la riqueza y la dignidad humanas (cuya fuente es una combinación de Trabajo y Tiempo) debemos librar una lucha doble y simultánea a favor de la independencia económica y de la dependencia recíproca.

¿Cuánto vale un ser humano? El tiempo que hemos trabajado en él. A eso los cursis lo llaman “amor”.

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febrero 20, 2013

Desahucios, el drama de una gran estafa

Iturria: Ernest Cañada / rel-uita.org – 2013/02/20

Si algún fenómeno ilustra con mayor claridad la naturaleza de la crisis que se vive en España es el de los desahucios de miles de familias que no han podido cumplir con los pagos de sus hipotecas.

Lejos de ser un “problema social”, como recordó en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados porla Hipotecas (PAH), el pasado 5 de febrero de 2013, los desahucios son parte de una estafa generalizada, la que han cometido los bancos contra la mayoría de la población.

Y de esto va fundamentalmente esta crisis: del fraude que están cometiendo unos pocos, en su mayoría vinculados al poder financiero y a la gran patronal, contra la gente, ese 99% que se corea en las manifestaciones en decenas de ciudades de todo el país.

La gestación de una estafa

Entre 1998 y 2007, cuando estalló la crisis financiera, en España cada año se negociaron más de 800.000 hipotecas. En solo 9 años fueron cerca de 8 millones. La construcción de viviendas fue desmesurada, y se llegaron a hacer más viviendas que en Francia, Alemania e Inglaterra juntas.Pero las familias no se hipotecaron porque quisieran, si no porque no tuvieron alternativa, tal como explicó Ada Colau ante la citada Comisión. Durante años las políticas públicas hicieron que la única vía para acceder a una vivienda fuera el sobreendeudamiento. Las viviendas de alquiler, cuyo mercado fue desregulado, eran caras, inestables y estaban en mal estado. Asimismo la política fiscal desgravaba la compra pero no el alquiler. Las autoridades públicas insistieron que no había una burbuja inmobiliaria – incluso cuando todos los indicadores eran más que evidentes [1] –, que la adquisición de una vivienda era la mejor inversión que uno podía hacer, y además había que hacerla rápido, antes de que su precio subiera. De este modo, la compra se convirtió prácticamente en la única vía para resolver esta necesidad vital, porque la vivienda en alquiler no era una alternativa real.

Muchas personas, siguiendo las recomendaciones de las distintas administraciones públicas, lo que hicieron fue comprarse una vivienda. Y para ello accedieron a los préstamos hipotecarios que ofrecían las entidades financieras en condiciones muy dudosas. Por una parte, recordó Colau ante los diputados, los créditos se ofrecieron mediante contratos que las mismas entidades financieras elaboraban sin posibilidad de cambio, incluían cláusulas abusivas y nunca se informó en dichos contratos que la hipoteca, en caso de impago, no quedaba saldada con la devolución de la casa, si no que la deuda podía perseguir al deudor de por vida, hasta su completa cancelación. Por otra parte, las tasaciones fueron hinchadas con precios sobrevalorados por empresas tasadoras impuestas por los mismos bancos. Además se concedieron préstamos a personas cuyos ingresos eran demasiado bajos y que claramente iban a estar en una situación de riesgo.

Cuando estalló la crisis

El resultado fue que entidades financieras, empresas inmobiliarias, constructoras y algunas administraciones públicas se lucraron enormemente con lo que constituyó un fraude hipotecario generalizado, tal como denunció la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en su Manifiesto de presentación.

Pero cuando la crisis estalló ninguno de estos actores asumió responsabilidad alguna que, contrariamente, se trasladó en su totalidad a quienes contrajeron las deudas. De este modo, mientras miles de viviendas están vacías, sin venderse o alquilarse, y se concentran cada vez más en manos de las entidades financieras, que se han quedado con los inmuebles de las constructoras y empresas inmobiliarias endeudadas y quebradas, a quienes sí se han perdonado sus deudas a cambio de los inmuebles, miles y miles de familias son sacadas de sus casas por no poder hacer frente a las hipotecas que asumieron. Según datos de la PAH actualmente están siendo desalojadas de sus casas más de 500 familias al día, lo que supone que desde que estalló la crisis en 2007 se hayan producido más de 400.000 desahucios. El mismo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial reconoció que las ejecuciones hipotecarias o desahucios habían aumentado más de un 134% durante el año 2012.

El incremento de los desahucios ha provocado una situación de desamparo y empobrecimiento de una gran cantidad de personas. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE)  en 2012, el 12% de las personas sin hogar habríasufrido un desahucio. También se han incrementado dramáticamente el número de suicidios asociados a esta causa, aunque los datos estadísticos oficiales tienen serias limitaciones en este aspecto. En los últimos días, se han producido al menos cinco suicidios directamente asociados a desahucios. El pasado viernes 8 de febrero un hombre de 36 años, activista de Stop Desahucios, con esposa e hija, con una orden de desahucio por impago de alquiler se suicidaba en Córdoba; el lunes 11 lo hacía un hombre de 56 años en Basauri, País Vasco; el martes 12 una pareja de jubilados en Calvià, Mallorca, después de recibir el aviso de desalojo; y el miércoles 13, en Alicante, lo hacía un hombre de 55 años momentos antes de llegar la comisión encargada de su desahucio. Se trata de los casos más recientes, pero la lista es muchísimo mayor. En esta situación, resulta revelador que el periodista Antonio Maestre haya elaborado por medio de googlemaps unmapa de suicidios relacionados con los desahucios y las dificultades económicas provocadas por la crisis en España.

El conocimiento de las consecuencias directas de la política vigente en materia de vivienda y préstamos hipotecarios, hizo que Ada Colau acusara de criminal al secretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pelliter, durante la comentada comparecencia. Momentos antes que ella interviniera el representante de la banca había ninguneado el problema de los desahucios, considerando que “la legislación española era estupenda”, en un acto más de la evidencia del poder del sistema financiero sobre los estados [2].

También desde fuera de España han arreciado las críticas y denuncias a esta política de vivienda e hipotecaria. La población inmigrante que llegó del extranjero para trabajar y  acabó contrayendo hipotecas para poder acceder a una vivienda, se encuentra ahora que, además de perder su vivienda por impago de la deuda contraída, y todo el dinero que invirtieron en ellas, tienen que seguir pagándola aunque retornen a sus lugares de origen y con la amenaza de embargo de sus ingresos por las entidades financieras en esos mismos países. Esta situación llevó el pasado 21 de enero de 2013 a Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo de Ecuador, a interponer una demanda contra España en el registro del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la política de desahucios.

Lucha social y alternativas, el protagonismo de la sociedad civil

Frente a la inacción de los poderes públicos españoles, la sociedad civil ha tenido que organizarse para analizar y denunciar el problema, pero también para defender los derechos y necesidades de la gente ante los desahucios y, finalmente para proponer cambios en las políticas públicas. Buena parte del liderazgo público en la lucha social frente al problema de la vivienda ha estado a cargo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Constituida en febrero de 2009 en Barcelona, hoy tiene núcleos organizados en más de cien municipios de toda España.

Por medio de estas estructuras la gente se ha auto-organizado para defenderse y apoyar a sus vecinos ante los desahucios, e incluso se ha logrado involucrar a colectivos como los cerrajeros que se han comprometido en muchas ciudades a no participar en más desalojos. También se ha presionado a las entidades financieras o se ha acompañado a la gente en las negociaciones para lograr gran cantidad de daciones en pago (saldo de la deuda con la entrega del inmueble), condonaciones de deuda, o que algunas familias fueran realojadas en viviendas públicas. E incluso en algunos municipios han desarrollado cierta obra social, ofreciendo estructuras de protección y acompañamiento a las personas más desamparadas. Pero sobre todo, lo más importante es que organizándose la gente ha logrado darse esperanza. Rodrigo Fernández Miranda, investigador de Alba Sud, destacaba que en respuesta al “paulatino deterioro del vínculo entre ciudadanía e instituciones públicas y al aumento de la injusticia social, emerge una ciudadanía más activa que está ensayando una democracia participativa y real” [3].

En esta perspectiva cabe entender el trabajo desarrollado por la PAH con la presentación en el Congreso de los Diputados de 1.402.854 firmas a favor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para cambiar la legislación hipotecaria en España. Entre las principales medidas propuestas incluyen la dación en pago con carácter retroactivo, moratoria universal para los desahucios y un alquiler de carácter social. El 12 de febrero de 2013 el Congreso de los Diputados ha tenido que aceptar, con el voto favorable de todos los grupos políticos pese a su rechazo hasta último momento del Partido Popular, que se debata esta ILP. La presión ciudadana fuera y dentro del Congreso es cada vez más fuerte y previsiblemente continuará en ascenso si no se aceptan las propuestas “de mínimos” planteados por la voz de la calle.

La lucha contra los desahucios es parte esencial de este relato sobre la crisis. Es parte de la lucha de los de abajo contra los de arriba, la necesaria respuesta social a una crisis que, en realidad, no es más que una gran estafa.

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Notas:

[1] Sobre las características del sector de la vivienda en España véase: José Manuel Naredo y Antonio Montiel Márquez, El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano, Icaria Editorial, Barcelona, 2011.

[2] José Antonio Estévez, El poder del sistema financiero sobre los estados, Alba Sud, 25 de diciembre de 2011.

[3] Rodrigo Fernández Miranda,Desahucios: cuando el Estado también entregó las llaves de su casa, Alba Sud, 27 de enero de 2013.

 

febrero 7, 2013

Marcha en Bilbo contra los recortes hasta la oficina de extranjería

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) – 2013/02/07

Un centenar de personas realizan una marcha desde el Gobierno Vasco hasta la Oficina de Extranjería para denunciar que muchas personas inmigrantes que llevan años en Bizkaia y que habían conseguido un trabajo y su tarjeta de residencia, la están perdiendo y volviendo a una situación de irregularidad
 
El caos de Lanbide hace que las personas extranjeras no puedan renovar su tarjeta de residencia
 
•Esta mañana un centenar de personas han realizado una marcha desde la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao hasta la sede de la Oficina de Extranjería, en gran vía 50, para denunciar que muchas personas inmigrantes que llevan años empadronadas en Bizkaia y que habían conseguido un trabajo y su tarjeta de residencia, la están perdiendo y volviendo a una situación de irregularidad.
Mientras la crisis y los recortes dejan cada vez a más personas sin trabajo y sin prestaciones los requisitos para renovar los permisos de residencia del Reglamento de extranjería del 2011 son implacables: si no se han cotizado 9 meses en el año o se tiene contrato o la RGI en vigor, se pierde el permiso de residencia, se vuelve a la situación de irregularidad.
•Si el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide suspende el cobro de la RGI en el momento de renovar la tarjeta de residencia y trabajo, por lo que no se puede acreditar ingresos, la pérdida de la tarjeta es definitiva; aunque meses después Lanbide reconozca el derecho a la prestación de la persona afectada.

No a los recortes de Lanbide

•El Gobierno Vasco está dejando a muchas personas inmigrantes sin tarjeta de residencia y trabajo debido a la pésima gestión y malas prácticas de Lanbide, que incluyen:
  • Colas para hacer la solicitud
  • Tiempo de resolución de prestaciones superior a los 2 meses que obliga la Ley
  • Suspensiones sin motivar
  • Meses y meses sin contestar a las alegaciones y recursos
  • Extinción del derecho a la prestación ante cualquier supuesto incumplimiento. En vez de poner una sanción se toma como falta de requisito y se extingue definitivamente el derecho.
•El Gobierno Vasco ha ido tomando decisiones con el objetivo de excluir de la RGI a personas precarias y extranjerasdejó sin prestación a las personas que vivían en un piso en el que ya hubiese dos personas que recibían RGI, aumentó el requisito de empadronamiento a 3 años, dejó fuera a las personas extranjeras que tuviesen cónyuge en el extranjero incluso en el caso de que tengan hijas e hijos a su cargo…
COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA:

Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, “Asamblea de Invisibles (Ikustezinak)”, Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal), Harresiak Apurtuz – Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes y SOS Racismo.

febrero 5, 2013

La Privatización del Agua: Un Robo de las Empresas, Amparado por los Gobiernos

La Privatización del Agua: Un Robo de las Empresas, Amparado por los Gobiernos

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diciembre 20, 2012

Una justicia sorda, ciega y muda

Iturria: Esther Vivas / Público.es – 2012/12/19

A la Señora Justicia se le han descompensado tanto las balanzas que finalmente se le han roto. Ni equidad ni imparcialidad ni acceso universal. Olvídense del artículo 24 de la Carta Magna que dice: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Los derechos, tristemente, han pasado a la historia. Y la Justicia se ha quedado sorda, ciega y muda como los tres monos sabios chinos que se negaban a escuchar, ver y decir maldades.

El copago judicial ya está aquí. Este lunes han entrado en vigor las tasas judiciales. A partir de ahora, todos aquellos que tengamos que hacer uso de la justicia nos veremos obligados a pagar, o volver a pagar aquello que previamente ya hemos abonado mediante impuestos. Pero, ¿vamos a poder con tanto copago? Que si copago en sanidad, que si copago en justicia… y parece que tarde o temprano llegará el copago educativo. Pero la realidad es que cada vez cobramos menos, si es que cobramos, y pagamos más. Echen cuentas.

Y no sólo ahora nos toca pagar a todos sino que, además, las tasas, que antes únicamente abonaban las empresas con más de ocho millones al año de facturación, se duplican. ¿Cuánto nos costará tener acceso a la justicia? Entre 100 y 1200 euros más una parte variable en función de la cuantía del pleito, que puede hacer aumentar, y mucho, el total. Así, una persona mayor que haya sido estafada con las preferentes y quiera reclamar al banco sus ahorros de, por ejemplo, 128 mil euros, si no prospera la vía penal y tiene que acudir a la civil, deberá pagar 940 euros.

La situación llega al absurdo, por no decir al “robo”, cuando por querer interponer una demanda contra la Administración por una multa de tráfico de 100 euros tengas que desembolsar 200. Y si la sentencia es adversa y quieres recurrir al Tribunal Superior entonces la cifra aumenta a 800. ¿Y si te despiden? A pagar. El recurso de un trabajador contra una sentencia de despido ante el Tribunal Superior costará 200 euros y ante el Supremo 300.

Las tasas actuales perjudican especialmente a las mujeres maltratadas, ya que, aunque la demanda por malos tratos no implica el pago de tasas, es necesario abonar 300 euros, más la variable del 0,5% de los bienes que se reclamen, para pedir el divorcio. Si ya teníamos dudas de que la justicia fuese igual para todos, ahora es obvio de que no lo es. La justicia ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio accesible sólo a quienes se lo pueden costear.

La polémica desatada por las tasas judiciales se suma a un malestar creciente dentro y fuera de la judicatura, por asuntos como el caso Dívar, que llevó a la dimisión, después de intensas presiones, al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo tras el escándalo por sus numerosos y cuantiosos viajes privados a cargo del erario público. Un caso que generó la mayor crisis en la historia del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces en el Estado español, y que, por cierto, quedó impune ante la ley. No hay que perder de vista, recordémoslo, que si en un ámbito del Estado pesa como una losa la herencia del franquismo éste es el aparato judicial, reducto de la derecha reaccionaria y exponente de la continuidad entre el régimen anterior y el presente.

La política de indultos del gobierno español, ya sea del PP o del PSOE, se caracteriza por otorgar la medida de gracia principalmente a personas relacionadas con la administración pública, funcionarios y policías, o lo que es lo mismo, políticos ladrones, cargos de confianza corruptos y policías torturadores. Un claro y reciente ejemplo: 16 febrero de 2012, el Consejo de Ministros indulta a varios Mossos d’Esquadra condenados hasta cuatro años y seis meses de prisión por torturas, al amenazar de muerte a un detenido, pisarle la cabeza e introducirle una pistola en la boca, al más puro estilo Tarantino. Mayo de 2012, la Audiencia de Barcelona, en una medida atípica, ordena la ejecución de la condena y señala que de indultarse de nuevo sería “fraude de ley”. 23 de noviembre de 2012, el Consejo de Ministros indulta por segunda vez a los agentes. Impunidad y menosprecio. Más de 200 jueces firmaron en contra y señalaron que dicha acción atentaba contra el Estado de derecho.

Jueces, fiscales, abogados, usuarios… se levantan ahora en pie de guerra contra el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Sobran los motivos. En Catalunya, sin embargo, hay quienes esta misma semana cumplen un año luchando por la justicia en la Ciudad de la (In)Justicia. Se trata de la Asamblea de trabajadoras y trabajadores de la Ciudad de la Justicia que en diciembre de 2011 empezaron a organizarse contra la precariedad, los recortes y la liberalización del sistema judicial que afecta al conjunto de la ciudadanía. Desde entonces, no han parado: cortes de la Gran Vía, ocupaciones del vestíbulo de la Ciudad de la Justicia, coordinación con otros movimientos sociales, performances, despliegue de pancartas, charlas, participación en la Coordinadora Laboral del 15M, caceroladas y hasta un “juicio popular” a la justicia. Como dicen ellos: “Basta de recortes, sumemos luchas”.

Y acabo el artículo citando una de sus performances que, emulando los anuncios de megafonía del metro de Barcelona, dice: “Aviso a toda la población. ¡Precaución! Los carteristas de Convergència i Unió y el Partido Popular esperan una distracción para llevarse lo que es suyo: la nómina, los días personales, la paga de Navidad, su puesto de trabajo, su salud, su educación y su libertad. Así que organícese y luche, porque le están robando sus derechos, le están robando la vida”. Tomen buena nota.

diciembre 19, 2012

Un juez decreta la suspensión de un desahucio hasta la decisión definitiva del TJUE sobre la Ley hipotecaria española

Iturria: Europa Press – 2012/12/14

Cree que, de no hacerlo, supondría aplicar “una justicia anacrónica”, en favor de “los poderosos” y en contra de “los más débiles”

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia (Gipuzkoa) ha decretado la suspensión de un desahucio de una familia de su vivienda hasta que se establezca una nueva regulación hipotecaria en España y haya una decisión definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley española.

A través de un auto emitido a finales de noviembre, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Israel Pérez Soto destaca que, de no actuar así, supondría aplicar “una justicia anacrónica”, en favor de “los poderosos”, que “han llevado a la actual crisis económica”, y en contra de “los más débiles”.

El magistrado recuerda que, sobre los procesos ejecutivos, la Abogacía General del TJUE el 8 de noviembre de 212 estableció que la normativa española sobre desahucios vulneraba la normativa europea, Directiva 93/13/CEE del Consejo del 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores“, cuando éstos, ni en el procedimiento ejecutivo ni en el judicial, “puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo, mediante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa”.

En este sentido, señala que esta cuestión “está pendiente de su resolución definitiva, que supondría que los procesos ejecutivos españoles, amparados en la Ley hipotecaria española actual y su ejecución, vulneran la normativa europea”.

De esta forma, subraya “las gravísimas consecuencias que supondría para las ejecuciones ya realizadas o en trámite” que se confirmara que la Ley del Estado español vulnera la normativa de la UE.

“GRAVE CRISIS SOCIAL”

A ello, añade “la grave crisis social que está suponiendo aplicar la legislación hipotecaria” en la actual situación de crisis económica, ya que “ha supuesto gravísimas consecuencias personales, no sólo materiales, para las personas a las que se les aplica la ley y que suponen pérdidas irreparables”.

El juez indica que todo ello “ha motivado que, en la actualidad, “se esté pendiente de un cambio legislativo en la normativa de la ejecución hipotecaria“, que, junto al dictamen definitivo por el Tribunal de la UE, “puede afectar de forma sustancial la legislación hipotecaria y sus consecuencias”.

El magistrado cree que “es necesario, en este momento”, suspender el proceso ejecutivo y el desahucio pendiente, “hasta esperar a la nueva regulación hipotecaria definitiva y a la decisión definitiva que se adopte en el TJUE sobre si la normativa española vulnera la europea”.

“JUSTICIA ANACRÓNICA”

El auto judicial destaca que las leyes “deben ser aplicadas de acuerdo a la realidad social actual”. Para el juez, “en este momento, no hacerlo, supondría aplicar una justicia anacrónica, de espaldas a la sociedad”para actuar sólo en beneficio de “una de las partes, la más poderosa, en perjuicio de los más débiles, que deben soportar los excesos de los más poderosos”, que han llevado “a la presente situación de crisis económica”.

Asimismo, indica que, de no decretar la suspensión, supondría “un perjuicio irreparable para las personas y familias a las que no se les podría aplicar las modificaciones legislativas que se van a producir”.

De esta forma, cree que hay que suspender el desahucio y, “una vez establecida una nueva legislación, entonces, actuar conforme a la misma”. En esta línea, apunta que no puede “amparar el derecho la situación de crisis social que está produciendo la actual legislación hipotecaria que puede ser definitivamente afectada en su regulación por el dictamen que se adopte en el TJUE”, reitera.

SIN “REPARACIÓN POSIBLE”  

A su juicio, de procederse a este lanzamiento, “dadas las gravísimas consecuencias materiales y personales que un desahucio tiene”, si se realizase sin esperar a una nueva regulación y la decisión del Tribunal Europeo, “no tendría reparación posible”.

En este sentido, asevera que la justicia y el derecho no deben dar “la espalda” a todo esto porque, si no, los jueces se convertirían “en meros aplicadores de una legislación de la cual no se sabe si vulnera una legislación hipotecaria en el marco de la Unión Europea”. Contra la resolución judicial cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

diciembre 17, 2012

El Estado Español a nivel de Niger en reparto de la riqueza y a la cola de Europa en gasto social

Iturria: Agencias / Kaosenlared.net – 2012/12/16

Lisminución drástica de la igualdad de oportunidades en datos como consecuencia de la crisis provocada por el capital y los ajustes neliberales de Rajoy y la troika: 26’5% de abandono escolar, gasto social de apenas el 30%, crecimiento de la desigualdad social y aumento de la pobreza…

La igualdad de oportunidades en España ha retrocedido a niveles de 1998, según ha denunciado un informe publicado por la Fundación Ideas, que trata la evolución de la desigualdad económica y social en el país desde 1995.

En el estudio, que analiza diversos indicadores sociales como nivel educativo, sueldos o redistribución de impuestos a los grupos más desfavorecidos, se muestra que la igualdad de oportunidades en España en 2010 apenas llegaba a un 33 sobre 100, un resultado similar a los 30 puntos registrados en 1998.

Este dato supone una caída muy pronunciada con respecto a los 72 puntos alcanzados sólo dos años antes, en 2008, que se mantienen como el registro más alto de la serie que arranca en 1995. Entre los datos analizados por el estudio, España no resulta favorecida en comparación con los 15 países de la Europa occidental que formaban parte de la Unión Europea antes de la ampliación a los países del este en 2004 y 2007 (UE-15).

Así, según la oficina de datos europea Eurostat, España es el país con la mayor tasa de abandono escolar, llegando al 26,5 por ciento frente al 14 de media de la UE-15, y su tasa de paro entre titulados universitarios es superior en siete puntos (12,7 por ciento frente a 5,7 por ciento en la UE-15).

En gasto social, España es el penúltimo del ránking, sin llegar al 30 por ciento del producto interior bruto (PIB), sólo por delante de Luxemburgo y lejos del 35 por ciento de inversión que realizan Francia y Dinamarca. Respecto a la desigualdad de ingresos entre los ciudadanos más ricos y más pobres que estudia el índice Gini de la ONU, España alcanza los 340 puntos, empatada con Níger, y 38 puntos por encima de la media de la zona Euro, que se queda en 302.

Esta diferencia se refleja en el hecho de que en España, en 2010, el 20 por ciento más rico de la población tuviera 6,9 veces más ingresos que el 80 por ciento de la población restante, frente a 5 veces de media en la UE. Todos estos indicadores hacen que la tasa de riesgo de pobreza haya alcanzado el mayor nivel desde el inicio de la serie: 21,8 por ciento en 2011 frente a un 19 por ciento en 1995, según Eurostat.

En su análisis, la Fundación Ideas ha pedido proporcionar “alternativas y soluciones que se adelanten a las posibles situaciones de desigualdad” y ha abogado por mantener al Estado como “un instrumento al servicio de todos” que genere crecimiento económico y cohesión social.

diciembre 13, 2012

Cáritas avala un demoledor informe contra los recortes de Rajoy

Iturria: elboletin.com – 2012/12/11

Los esfuerzos del ministro de Educación, José Ignacio Wert, por mantener la simpatía de los sectores católicos hacia el Gobierno no están dando el resultado esperado. Al menos no ha conseguido que una institución tan respetada como Cáritas avale las políticas de austeridad del Gobierno. Todo lo contrario. La organización avala un demoledor informe de Intermón Oxfam en el que se advierte que de continuar en la misma línea España se convertirá “en un país más pobre, más desigual, con menos derechos sociales y con una democracia mermada”.

El próximo jueves 13 de diciembre, Intermón Oxfam presenta el informe ‘Crisis, desigualdad y pobreza’ donde analiza la experiencia acumulada por la organización en las crisis de América Latina y el Este Asiático. El informe recuerda que los países de esas zonas tardaron entre 15 y 25 años en recuperar los niveles de pobreza anteriores al inicio de las crisis y que las políticas de ajustes impuestas sólo contribuyeron a generar más pobreza y desigualdad, que no se redujo de manera proporcional al crecimiento económico posterior, sino que consolidaron sociedades duales.

El informe será presentado por el director general de Intermón Oxfam (José María Vera) y el director de Pueblos Unidos (Daniel Izuzquiza). En el acto participará también el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora.

Con la presencia de Mora, Cáritas muestra al Gobierno su total rechazo a los recortes que está llevando a cabo. La institución se aleja así de la línea oficial marcada por la Conferencia Episcopal que se está manteniendo al margen del conflicto social abierto por el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque no es nada nuevo. Y es que la organización católica humanitaria está fuera de los ‘tentáculos’ de Antonio María Rouco Varela y actúa con personalidad jurídica propia.

No obstante, normalmente los cargos de Cáritas reciben antes el visto bueno de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Su presidente, Rafael del Río, fue director general de Policía entre 1982 y 1986 durante el primer Gobierno socialista, a las órdenes del ministro José Barrionuevo.

noviembre 28, 2012

ONG denuncian que el Gobierno incumple la Constitución con las políticas adoptadas en respuesta al VIH/sida en 2012

Iturria: Europa Press – 2012/11/27

LA ALIANZA DE PLATAFORMAS DEL VIH Y EL SIDA

Pide al Gobierno 750.000 euros más para programas no aprobados este año

La Alianza de Plataformas del VIH y el sida denuncia que el presupuesto del Gobierno y la política puesta en marcha para dar respuesta al VIH en España es “insuficiente”, supone un “retroceso” e incumple sus obligaciones respecto a la protección de la salud, dictadas en la Constitución, la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública.

Por este motivo, las más de 300 entidades que la forman, se unen bajo el lema ‘Más derechos, menos recortes, menos excusas’, y buscan el apoyo de los ciudadanos para que conviertan el próximo 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, “en un día de reivindicación y lucha para garantizar el estado de bienestar, el acceso universal a la sanidad y las políticas de respuesta al VIH”.

“No aceptamos las medidas del Gobierno porque la realidad que marca el VIH no nos permite dar un paso atrás”, afirma Montse Pineda, portavoz de la Alianza de Plataformas, quien recuerda que, tras los recortes realizados durante 2012, no están dispuestos a aceptar que ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quiera destacar como un aspecto positivo el mantenimiento del presupuesto para el Plan Nacional sobre el Sida en el año 2013, tal y como ha hecho recientemente en la presentación en el Congreso del Presupuesto de este Ministerio para 2013.

De este modo, se realizarán acciones coordinadas en toda España, donde se dará a conocer que este año 2012 “ha sido un año trágico para la respuesta frente al VIH” que, añaden, “deja una realidad y un contexto desesperanzador si lo comparamos con el de solamente un año antes”.

Así, desde la plataforma se tacha de irresponsable al Gobierno que ha “roto” el acceso igualitario de toda la ciudadanía a las coberturas sanitarias básicas y, denuncia, “está abonando el terreno para que aumente en los próximos años el número de personas infectadas por el VIH y el de enfermas de sida, así como la marginalización de muchas de ellas, lo que va a tener grandes y graves repercusiones personales, sociales, sanitarias y también económica”.

“El VIH no entiende de crisis y el abandono o el recorte de las acciones de prevención del VIH incrementará el número de nuevas infecciones”, explica otro de sus portavoces Juan Ramón Barrios, quien destaca las acciones preventivas, “que son más baratas, en dinero y en vidas humanas, que los tratamientos para el sida”.

DEMANDA UN MAYOR PRESUPUESTO EN 2013

Pare evitar el retroceso reivindican la aprobar un adendo presupuestario de 750.000 euros como medida correctora ante la actual resolución provisional de la convocatoria estatal de subvenciones para ONG en 2012 con el fin de incluir los programas que, “a pesar de ser considerados como favorables”, han quedado excluidos de la propuesta de subvención y que no han obtenido otra financiación para acciones relacionadas con el VIH ni en esta convocatoria ni en otras partidas de Sanidad.

Asimismo, pide incrementar las partidas presupuestarias para la respuesta al VIH en 2013, incluidas las destinadas a la convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro, a las transferencias específicas para las comunidades autónomas y para el ámbito penitenciario, además de que éstas aparezcan consignadas, de forma explícita e inequívoca, en los Presupuestos Generales del Estado que se elaboren en los próximos años.

Desde la Alianza de Plataformas se pide una respuesta a la infección por VIH y el sida “comprometida, eficaz, sostenida y solidaria”, exigiendo a Sanidad, y, para ello, pide que se convoque de forma inmediata el Comité Asesor y Consultivo (COAC) de ONG de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de programas de prevención del sida, así como convocar inmediatamente la propia Comisión Nacional.

También que se favorezca la participación de las ONG en la elaboración del nuevo Plan Estratégico 2013-2017 y en la puesta en marcha del mismo; así como en el establecimiento de las líneas de acción prioritarias para la SPNS; y mantener la consideración de la excepcionalidad del VIH

Finalmente, incluir a las personas inmigrantes en situación irregular dentro del sistema sanitario y garantizar el acceso a la atención y tratamiento en las mismas condiciones que el resto de la población. De este modo, España evitaría incumplir sus “compromisos internacionales que tiene suscritos en la respuesta frente al VIH”, explica Carlos Savoie otro de los portavoces.

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