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marzo 12, 2014

Castigando a las víctimas: guía de la UE y la crisis para principiantes

Iturria: acordem.org – 2014/03/02

La eurocrisis le ha cambiado la cara a la Unión Europea. Tras la crisis se han puesto en marcha nuevas leyes y opacos mecanismos de gobernanza que aseguran austeridad para los ciudadanos y desregulación para los negocios. Pese a que un mercado financiero desregulado fue una de las causas clave de la crisis, es la población europea a la que se está castigando. Hoy en día, las mayores amenazas para la democracia, el bienestar y los derechos sociales en Europa son la troika y el nuevo sistema de “gobernanza económica” neoliberal que la UE está instaurando sin mucho debate público. Esta guía de las políticas de austeridad de la UE y el ataque a los derechos sociales para principiantes explica qué normas se han puesto ya en marcha y algunas de las que nos podemos esperar.

La crisis económica y financiera en Europa lleva golpeando fuertemente al continente desde hace más de cinco años. Cada vez hay más gente que pierde su puesto de trabajo, sufre desahucios, depende de bancos de alimentos o ya no puede permitirse tratamientos médicos. La crisis ha afectado a gente en toda Europa, pero ha sido especialmente dura con los países que se encuentran en la periferia sur de la Unión Europea, en sitios como España, Grecia y Portugal.

Lo que empezó como una crisis financiera en 2008 a causa de la especulación temeraria de los bancos llevó directamente a una segunda crisis en Europa, la eurocrisis. Pero al final, no fueron los bancos o los especuladores a los que se obligó a pagar las cuentas. Mientras se afirmaba que la crisis era consecuencia de un ostentoso gasto público o de la pereza de los trabajadores en los países más afectados, la élite económica y política de Europa recetaba una medicina que dañaría a millones de personas.

El resultado de esta medicina estaba claro desde el principio: se impusieron duras medidas de austeridad y se adoptaron políticas que atacaban a los derechos sociales, incluyendo las pensiones y las leyes laborales de toda Europa, en total armonía con la política neoliberal, que tiende a servir los intereses de las empresas, las finanzas y las élites.

Estas medidas se han impuesto de dos formas diferentes: primero, a través de la llamada “troika”, un triángulo de instituciones (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) que hasta ahora ha impuesto duras medidas neoliberales de austeridad en cuatro países. Y segundo, a través de una serie de nuevas leyes y medidas de la UE, presentadas bajo el título de “gobernanza económica”, que se han instaurado especialmente durante los últimos tres años.

Los resultados eran predecibles. La experiencia histórica muestra que las medidas de austeridad pueden llevar a una crisis incluso más profunda, y desde luego los problemas económicos de varios estados miembros parecen no tener fin. El desempleo ha alcanzado cifras astronómicas en muchos países (especialmente entre la población joven), los servicios sociales se están deteriorando y la pobreza y la desigualdad están creciendo.

Pese a todo ello, la Comisión Europea y el Consejo planean seguir desarrollando nuevas formas de consolidar estas mismas políticas. Esto es porque, básicamente, los grandes bancos y empresas de Europa, los cuales están prosperando gracias a estas políticas, tienen permiso para marcar la pauta de la respuesta de la UE a la crisis.

Muchos de estos acontecimientos son complejos, por lo que creemos que es necesario proporcionar una especie de “guía para principiantes” de la UE en crisis. En lo que sigue, revisaremos las siguientes cuestiones: ¿qué causó la crisis para que las instituciones europeas implementaran estas políticas neoliberales? ¿Qué se ha implementado hasta ahora? ¿Qué nuevas medidas tienen programadas?

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La crisis financiera

¿Exactamente cuáles son los orígenes de esta crisis que hicieron que las instituciones Europeas sintieran la necesidad de intervenir en primer lugar? Según la retórica de muchos gobiernos, así como de la Comisión Europea, fueron el alto gasto público, los altos gastos laborales o el rechazo a pagar impuestos los que causaron la crisis en ciertos países europeos.

En realidad, la crisis en Europa la inició una debacle financiera que empezó en EE. UU. en 2008 y se extendió rápidamente a Europa. Aquí, muchas economías ya se encontraban en un estado frágil, por lo que eran más propensas a sufrir cuando el sistema financiero mundial empezó a caer.

La quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers se ha convertido en el emblema del inicio de la crisis en 2008. Este banco, como muchos, había estado concediendo deliberadamente grandes préstamos e hipotecas que era poco probable que sus clientes pudieran devolver, por los bajos requisitos necesarios para conseguirlos y una evaluación de riesgos muy descuidada. Esta burbuja inmobiliaria estalló cuando los bancos se dieron cuenta de que nunca recuperarían la mayoría de esos préstamos, lo que provocó un terremoto en el sistema financiero mundial. En septiembre del 2008, Lehman Brothers tuvo que pedir la suspensión de pagos y quedó claro que no podría volver a poner sus finanzas en orden. El banco quebró. Debido a la gran interconexión de los bancos en todo el mundo, Lehman puso en marcha un efecto dominó.

La confianza en el sector financiero cayó espectacularmente y los gobiernos sintieron la necesidad de impedir su quiebra rescatando aquellos bancos que se creía dañarían la economía gravemente si se permitiera que cayeran en bancarrota (“too big to fail”, demasiado grandes para caer). Estos rescates contribuyeron al enorme crecimiento de la deuda de los gobiernos, y por lo tanto los ciudadanos de esos países los están pagando indirectamente.

La eurocrisis

La crisis creó graves problemas a lo largo de Europa, pero algunos países sufrieron más que otros. Los problemas más serios surgieron en la Eurozona, especialmente en España, Grecia, Irlanda, Portugal e Italia.

¿Por qué?

Durante casi una década, se habían desarrollado lo que se conoce como desequilibrios macroeconómicos entre los diferentes países de Europa. Este tipo de desigualdades se pueden detectar por ejemplo consultando la balanza comercial de un país: algunos países como Alemania habían desarrollado un superávit comercial (en pocas palabras, esto significa que un país exporta más de lo que importa), mientras que otros países como España, Grecia y Portugal vieron cómo el déficit aumentaba en sus balanzas comerciales (la situación contraria, cuando las importaciones de un país exceden sus exportaciones).

El superávit de Alemania aumentó aún más con las políticas del gobierno alemán que bajaron los salarios en el país. Como consecuencia, las empresas alemanas podían competir en base a costes de producción muy bajos, lo que dañó la “competitividad” de los países que ya tenían un déficit comercial y eran incapaces de seguir el ritmo.

Si la moneda común que es el euro no hubiera existido, estos países podrían haber usado la devaluación (bajar el valor de la moneda de un país) como solución abaratando así sus productos, lo cual puede aumentar las exportaciones y reducir el déficit comercial. Sin embargo, tras la introducción del euro usar esta herramienta ya no era una opción, y los países con déficits comerciales se encontraron en una situación que desembocó en un aumento de la deuda.

La culpa era de los bancos

Sin embargo, en un principio esta deuda era principalmente de empresas y organizaciones privadas, no de las cuentas de los gobiernos. Pero después de rescatar a los bancos, los gobiernos tenían enormes cantidades de deuda pública. El balance actual muestra que los gobiernos de la UE gastaron 1,6 billones de euros en ayudas a los bancos, según la Comisión. Después de esto, efectivamente los países tenían un problema de deuda pública, pero era una consecuencia de la crisis, no la causa.

Antes de la crisis, en la UE se había alabado a países como España o Irlanda por sus políticas económicas, las cuales habían mantenido a ambos países estrictamente dentro de las normas de política fiscal de la UE. Además, se consideraba que Grecia iba “por el buen camino”. Pero con la crisis, el entusiasmo en los escalones más altos de la Unión Europea se desvaneció completamente.

Estos países se convirtieron en chivos expiatorios, y se aplicaron varias políticas de austeridad bajo la falsa suposición de que el problema era la deuda pública y los altos sueldos. Se tenía que reembolsar a los acreedores internacionales a toda costa, mientras se daba la espalda al sufrimiento del pueblo. Este enfoque de la crisis muestra que la élite europea se ha empeñado en explotar la crisis para propiciar sus propios planes, en vez de centrarse en las causas reales: la desregulación de los mercados financieros y los efectos del euro que causaron graves desequilibrios entre países, como hemos explicado.

Además, aquí hay algo más esencial en juego: la crisis es testigo de algunas de las características más importantes del capitalismo moderno. Pese a que la desigualdad de ingresos ha aumentado durante décadas, billones de dólares y euros se han vertido en la especulación financiera en mercados cada vez más desregulados, haciendo el sistema crónicamente frágil.

Ninguna reforma real en el sector financiero

El paso lógico a dar por los gobiernos europeos como respuesta a la crisis habría sido revisar el euro, abordar las desigualdades entre países, tomar acción sobre las instituciones financieras para detener o ralentizar el interminable flujo de dinero hacia la especulación irresponsable en los mercados financieros (la cual crea tal volatilidad e inestabilidad) y asegurarse de que ningún banco pueda ser tan grande como para necesitar un rescate que le impida destruir el sistema financiero entero si quiebra.

Por desgracia, esto no ha ocurrido: la política neoliberal dicta que no se debería poner casi ninguna restricción o norma al sector financiero que pueda impedir que la misma crisis ocurra de nuevo. Y fuerzas poderosas, como los representantes de los lobbies financieros, han rebajado con éxito las ambiciones por cambiar los mercados financieros. Las reformas que se han adoptado son poco sistemáticas, poco entusiastas y siempre ideadas de forma que ponen los intereses del sector financiero por encima de todo.

En su lugar, la Comisión Europea y el Consejo Europeo se han centrado en medidas reactivas (reglas y procedimientos sobre cómo actuar la próxima vez que quiebre un banco) en lugar de actuar contra la raíz del problema tomando medidas preventivas. Por ejemplo, las instituciones están ultimando detalles sobre una “unión bancaria” que resultará en un enfoque común para lidiar con los bancos en quiebra. Sin embargo, no han estado dispuestos a aprobar leyes que prevengan el fallo de los bancos en primer lugar.

En vez de regular el sector financiero que causó la crisis en primera instancia, los gobiernos están trasladando el peso de la crisis sobre los ciudadanos; en especial los pobres, los jóvenes y los desempleados.

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Los acuerdos letales de la troika

Una de las piezas clave a la hora de imponer reformas económicas a los ciudadanos en vez de regular las causas reales de la crisis es la troika. La troika (originalmente el término ruso para un carruaje de tres ruedas) está formada por tres instituciones: la Comisión Europea (CE) el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La troika supervisa aquellos países con graves problemas económicos que reciben préstamos financieros de la UE y el FMI. El objetivo de estos préstamos no es tanto contribuir a la recuperación de las economías de esos países como asegurar que se devolverá el dinero a los prestamistas. A cambio de los préstamos, la troika exige reformas económicas durísimas y planes de austeridad. Privatizaciones, sueldos más bajos, despidos de funcionarios, recortes de pensiones y un descenso en el gasto social son solo algunas de las condiciones del acuerdo.

Estas medidas y reformas, las condiciones que los países tienen que cumplir para seguir recibiendo dinero, se establecen en una especie de contrato llamado memorándum de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés). La troika organiza misiones de evaluación en las que visita aquellos países con los que tiene un MOU; si concluye que un país no ha hecho suficiente a cambio del préstamo, puede decidir posponer el pago del siguiente tramo. Así pues, la troika tiene una enorme influencia sobre la política económica y financiera nacional de los países que están bajo sus normas.

La troika actuó por primera vez en 2010 en Grecia. Parecía que la situación económica y financiera de Grecia era grave y como último recurso el país pidió asistencia financiera a las instituciones internacionales en mayo del 2010. La CE, el BCE y el FMI emprendieron una misión conjunta en Atenas y unos días después pusieron un paquete financiero sobre la mesa junto con el primer MOU. Esto desencadenó una serie de duras medidas: la troika había llegado.

Después de Grecia, otros tres países europeos se metieron en esos acuerdos letales de la troika: Irlanda en diciembre del 2010 (en diciembre del 2013 abandonó el programa de la troika, al menos oficialmente), Portugal en mayo del 2011 y Chipre en abril del 2013. En Rumanía y Letonia se han impuesto planes similares a los de la troika, pero sin la participación del BCE, ya que estos países no eran parte de la eurozona cuando se negociaron sus préstamos.

Cuando empezó a cerrar estos acuerdos letales con ciertos países europeos, la troika ni siquiera tenía un papel legítimo escrito en la legislación europea. La troika solo ha tenido un estatus oficial desde marzo del 2013, cuando la llamada norma de reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria se puso en marcha. Por desgracia, esta base legal le permite a la troika seguir con sus asuntos como de costumbre.

La troika, con sus políticas neoliberales, no debería ser vista como un agente individual, sino como un instrumento que es parte de una presión general hacia medidas y reformas neoliberales en Europa. Porque lo que estamos viendo es que el ataque contra los derechos sociales, la democracia y el estado de bienestar se está extendiendo gradualmente por toda Europa a través de una serie de leyes y mecanismos nuevos que se han instaurado durante los últimos años bajo el título de “gobernanza económica”.

A continuación resumimos los más importantes en la Unión Europea:

Six-Pack 1: haz recortes o paga sanciones

La primera parte del Six-Pack, un paquete de seis textos legislativos que entró en vigor a finales del 2011, se creó para reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que existe para asegurar la disciplina fiscal en todos los estados miembros.

Este pacto estipula que la deuda pública no puede ser más alta que el 60 % del PIB, y que el déficit público no debe superar el 3 % del PIB.  Si un país no consigue mantener sus finanzas dentro de estos límites, se arriesga a entrar en un “procedimiento de déficit excesivo”: seguir un estricto “plan de ajuste” que incluye medidas económicas y reformas neoliberales para cumplir las normas del PEC.

El Six-Pack se ideó para que los países cumplieran con mayor rapidez con los límites de deuda enunciados en el PEC. Los plazos de tiempo se acortaron (lo que supuso mayores y más rápidos recortes en el gasto público) y las sanciones económicas por no seguir este “plan de ajuste” adecuadamente ahora pueden alcanzar hasta el 0,5 % del PIB. Es decir: si no recortas el gasto público lo suficientemente rápido o en las áreas adecuadas, puedes recibir una multa.

Después de eso, el Six-Pack aumentó la probabilidad de que un país recibiera estas sanciones económicas al establecer el principio de votación por mayoría cualificada inversa. Esto significa que las sanciones solo se pueden evitar si una mayoría cualificada vota en contra en el Consejo, en vez de necesitar que una mayoría cualificada vote a su favor para imponerlas, como es habitual. A este procedimiento a veces se le llama “semiautomático”.

Six-Pack 2: bajada de salarios

La segunda parte del Six-Pack establece nuevas sanciones contra el desequilibrio macroeconómico. Como hemos comentado antes, estos desequilibrios implican que existen desigualdades entre las economías de los países europeos, por ejemplo respecto a sus balanzas comerciales, las cuales muestran superávit en algunos países (como Alemania o Finlandia) y déficits en otros (España, Grecia o Portugal).

Como hemos explicado, los costes de producción son un factor significativo al determinar el volumen de las exportaciones, ya que un producto más barato es más atractivo para un comprador en otro país: así, las políticas de reducción de salarios en Alemania son una causa importante del superávit comercial del país, ya que sus costes de producción son mucho más bajos de lo que algunos otros países se pueden permitir.

Para reducir los desequilibrios en la UE, las normas del Six-Pack pretenden abordar la discordancia de costes de producción que resulta de las diferentes políticas de cada gobierno. Esto lleva a la errónea conclusión de que rebajar los salarios ayudará a los países a salir de la crisis. De hecho, lo que hace es empeorar la crisis, y otra vez son las víctimas las que son castigadas (en este caso, en forma de salarios más bajos para los trabajadores).

Porque realmente, en un intento de “armonizar” los salarios y por lo tanto los costes de producción en todos los países de la UE, los procedimientos dispuestos en el Six-Pack no se centran en subir los salarios de los países más “competitivos”. Al contrario, la UE quiere que se bajen los salarios, para así abaratar los productos en todos los países. Por lo que se ve, las instituciones europeas consideran el creciente número de “trabajadores pobres” de Alemania (solo una de las consecuencias de las políticas de costes laborales del país) un ejemplo a seguir para todos los países de la UE.

Para hacer cumplir las normas del Six-Pack sobre desequilibrios macroeconómicos se ha identificado un conjunto de indicadores, incluyendo un porcentaje máximo de aumento de salarios. Si los salarios de un país suben demasiado durante un periodo de tiempo, este puede enfrentarse a un “procedimiento de desequilibrio excesivo” que en última instancia puede llevar a sanciones. Dicho de otro modo, un país será sancionado por subir los salarios por encima de cierto nivel aprobado de antemano por la UE.

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El Pacto Fiscal: el gasto público bajo presión continua

El Pacto Fiscal es parte del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza que entró en vigor en enero del 2013. Lleva la gobernanza económica europea a otro nivel, reforzando los elementos de sus predecesores, el PEC y el Six-Pack.

Un país debe comprometerse a no tener un déficit estructural de más de un 0,5 % del PIB si su deuda está sobre el 60 % de su PIB, y un 1 % del PIB si su deuda pública está por debajo del 60 %. En resumen, esto hace las demandas de austeridad incluso más duras que las del PEC.

Los países tienen que incluir las normas y reglamentos del Pacto Fiscal en su legislación nacional, preferiblemente en su constitución, en un periodo de un año. La Comisión Europea comprueba que hayan logrado hacerlo, y si no es así, un país podría tener que enfrentarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recibir una multa de hasta el 0,1 % de su PIB.

Esto supone que el Pacto Fiscal es básicamente un acuerdo de por vida, ya que sus normas y regulaciones se fijan en las leyes nacionales, para el gobierno actual y los futuros gobiernos de un país.

También supone que el poder democrático de los gobiernos se debilita, pues estas normas se tendrán que cumplir siempre, sin importar a quién voten los ciudadanos, o si el gobierno al mando es socialista o conservador. Además, puesto que está incluido en la legislación nacional, el Pacto Fiscal pone el gasto público bajo presión constantemente, como con la inversión pública, la educación, la sanidad y el sistema de seguridad social.

El Semestre Europeo: control presupuestario

El llamado “Semestre Europeo” se probó por primera vez en 2011. El término se refiere al periodo de seis meses en el que los estados miembros presentan sus proyectos de presupuesto para su aprobación. Empieza cada año en abril, y la Comisión Europea discute y comenta no solo los proyectos de presupuesto, sino toda reforma o medida para el crecimiento económico del próximo año.

Luego en junio la Comisión asesora estos presupuestos y reformas de cada estado miembro, y hace recomendaciones específicas para cada país, las cuales el Consejo adopta en julio. En los meses siguientes, se espera que los estados miembros tomen en cuenta estas recomendaciones al redactar su presupuesto definitivo para el próximo año. Naturalmente, estas “recomendaciones” siguen el modelo neoliberal.

En un principio, el Semestre Europeo no iba a ser una herramienta para el cumplimiento de las medidas económicas impuestas. Sin embargo, la Comisión pretende convertirlo precisamente en eso a la larga, ya que otro par más de normas sobre coordinación económica siguió al Semestre Europeo del año pasado.

El Two-Pack: cumplimiento de las normas

Otro paquete de medidas, llamado Two-Pack y ejecutado por primera vez en 2013,  consiste en intensificar aún más el control central sobre las finanzas. Como indica su nombre en inglés, el Two-Pack consta de dos reglamentos que tratan de reforzar las normas establecidas en el Six-Pack y el proceso de coordinación económica cubierto por el Semestre Europeo descrito anteriormente.

Primero, a partir de ahora la Comisión tiene derecho a opinar sobre los proyectos de presupuesto que los estados miembros presentan, y puede pedir una revisión de los mismos. Si los países no incluyen las recomendaciones de la Comisión en su presupuesto definitivo, esta puede pedir una explicación al respecto. A continuación se realiza un examen de la distribución del gasto presupuestario, lo que hace el control presupuestario todavía más estricto.

Segundo, hace posibles normas y procedimientos más explícitos con respecto a una mayor vigilancia de los “países en apuros” de la eurozona. Esto incluye países que están en una o más de tres categorías: países frente a dificultades relacionadas con la estabilidad financiera, países que reciben asistencia financiera o países que están dejando esa asistencia.

Este aumento de la vigilancia obliga a los países en apuros a adoptar medidas contra lo que la Comisión considera el origen de la inestabilidad, a participar en misiones de evaluación, a poner en marcha un programa de ajustes, a pedir la asistencia técnica de la Comisión si fuera necesario y a aceptar las consecuencias económicas en caso de no cumplir con el programa. Por ejemplo, se ha recomendado a casi todos los estados miembros implementar reformas fundamentales de los mercados laborales, incluyendo la reducción de la importancia de las negociaciones colectivas, medidas para facilitar el despido, etcétera.

El Two-Pack es un paso importante hacia la centralización de la toma de decisiones en la UE sobre los presupuestos de los estados miembros y sus políticas económicas. Pero no es el último.

Reformas estructurales: ataque contra los derechos

Para las instituciones de la UE, la manera de salir de la crisis y estimular el crecimiento económico es incrementar la “competitividad” atacando esos derechos sociales que tanto costó conseguir. Para alcanzar esta meta, se consideran necesarias “reformas estructurales” más generales: estas reformas, que tienen el objetivo de crear beneficios económicos a largo plazo (de ahí “estructurales”), suelen conllevar privatizaciones, recortes en el gasto social y las pensiones y ataques contra las leyes laborales para bajar los salarios.

Otra vez, la amenaza de sanciones económicas ejerce presión. Si los salarios no se bajan al nivel que se cree que contribuye a la “competitividad” (es decir, el favorable para los beneficios de las grandes empresas), si el gasto social no se mantiene bajo y si no se planean o llevan a cabo reformas de las pensiones, se disparan varios mecanismos para ejercer presión o imponer sanciones económicas.

Al contrario que en el pasado, ahora los países de fuera de la eurozona también pueden estar expuestos a estos procedimientos. Este cambio permite a la Comisión involucrarse en casi cualquier tipo de política económica de un estado miembro. Pero algunas áreas son más importantes que otras. La Comisión está especialmente interesada en usar esta situación para presionar a los estados miembros para que reduzcan las leyes laborales, reformen los sistemas de pensiones e introduzcan otras “reformas estructurales”. El problema de la Comisión (y de los gobiernos más deseosos por introducir estas reformas) es que la UE no tiene plena competencia en muchas de las áreas más relevantes.

El siguiente paso: los contratos

El resultado final de todas estas leyes y medidas europeas es que la toma de decisiones económicas se está arrancando de las manos de los parlamentos nacionales electos, no para realizarla de manera democrática a nivel europeo, sino para forzar políticas neoliberales a través de innumerables mecanismos burocráticos, con la amenaza de sanciones como arma definitiva.

Esto tiene implicaciones enormes para la toma de decisiones democrática sobre cómo gastar el dinero de los contribuyentes o quién necesita apoyo financiero en tiempos de crisis. Por desgracia, el futuro próximo de Europa no parece acarrear una gran mejora en este aspecto. Nuevas reformas neoliberales ya están en camino.

Aunque los cambios que se han hecho desde el inicio de la crisis parecen colosales, estos podrían ser solo el principio. En noviembre del 2012, la Comisión publicó su estrategia a largo plazo de reformas adicionales para asegurar que los estados miembros cumplen con las políticas neoliberales en el futuro. La estrategia incluye futuras reformas del Tratado de la UE para asegurarse de que las instituciones de la UE aumentan sus poderes en gran medida para llevar a cabo las reformas neoliberales ya mencionadas.

El siguiente paso es hacer que los estados miembros accedan a firmar “contratos” de política económica con la Comisión, contratos que permitirían a la Comisión y al Consejo obligar a aceptar “reformas estructurales” tales como los ataques contra los salarios mencionados anteriormente.

Mientras tanto, la troika dejó Irlanda en diciembre del 2013, el primer país en salir de su control. No obstante, el país seguirá bajo seguimiento a través de una vigilancia semestral. El Parlamento Europeo también ha observado el papel cuestionable que la troika ha jugado y la dura política neoliberal que está imponiendo sobre los países: se ha creado una comisión que investigará la legitimidad democrática de la troika y la proporcionalidad de las medidas que ha impuesto. El informe final debería presentarse antes de las elecciones europeas en mayo del 2014.

La necesidad de acción europea

Está claro que tanto la troika como el cada vez más exhaustivo sistema de “gobernanza económica” neoliberal son elementos clave de una estrategia europea; una estrategia dispuesta a reducir el bienestar, los derechos laborales e incluso la democracia. Sin duda, se pueden ganar algunas concesiones movilizándose a nivel nacional, pero para contrarrestar este ataque con éxito es necesario concienciar al público y coordinarse a nivel europeo.

Las elecciones europeas son una oportunidad para concienciar y para empujar a las nuevas élites europeas hacia un cambio de dirección. Sin embargo, los problemas causados por las mencionadas políticas que la Unión Europea ha adoptado durante la crisis son fundamentales, y no desaparecerán en el futuro próximo, sino que estarán en el corazón de la lucha en Europa durante los años venideros.

 

Lectura complementaria

Sobre la troika: www.troikawatch.net

Sobre el Semestre Europeo: ‘Business Europe and the Commission: in league against labour rights?’

Sobre el lobby de los negocios y la crisis: ‘BusinessEurope and economic governance’

Sobre la regulación de los bancos en la Unión Europea: ‘A union for big banks’

Sobre el lobby de los bancos: ‘Stop listening to banks!’

Sobre el Six-Pack‘Austerity forever’

Sobre el Pacto Fiscal: ‘Automatic austerity: ten things you should know about the Fiscal Compact’

Sobre el TwoPack‘The dangers of the Two-Pack’

Sobre los contratos: ‘Mad men of the Roundtable’ y ‘Cracks in the armour’

Conceptos básicos

Austeridad Recortes en el gasto público, impuestos en mayor o menor medida   sobre todos los estados miembros de la UE
Déficit   público Un gobierno está en déficit si gasta más de lo que ingresa.   Normalmente la medida del déficit se calcula respecto a cuánto se ha gastado   de más en un año
Desequilibrios   macroeconómicos Estos son los grandes desequilibrios entre economías nacionales.   Pueden ser respecto al comercio (algunos ganan, otros pierden), respecto a la   “competitividad” y otras muchas cosas
Eurocrisis Una crisis económica y financiera que empezó en 2010 tras la crisis   financiera dos años antes. Las economías de varios países de la eurozona   sufrieron un gran golpe y la deuda pública aumentó considerablemente,   principalmente a consecuencia de los rescates de los bancos. Se ha notado   especialmente en los países que se encuentran en el sur de la Unión Europea
 Eurozona El área dentro de la Unión Europea de los 18 países que comparten   una moneda única, el euro. Como consecuencia, estos países ya no pueden usar   la devaluación o revaluación de su moneda para reducir el déficit o el   superávit comercial. Esto ha llevado a desequilibrios entre los países   europeos, y los bajos salarios de Alemania dificultan especialmente que los   estados del sur de Europa puedan competir
Gobernanza económica El conjunto de normas y reglamentos diseñado por las instituciones   europeas para gobernar la política económica y fiscal. En general, resultan   en un cambio de poder del nivel nacional al europeo. Básicamente, la   gobernanza económica consiste en imponer la austeridad y adoptar “reformas   estructurales”
Neoliberalismo La teoría económica y política predominante de nuestro tiempo que   favorece el libre comercio, la privatización y la reducción del gasto público   en servicios sociales y bienestar
Pacto de Estabilidad   y Crecimiento Pacto que contiene las normas clave de la política fiscal. Son   obligatorias para los países de la eurozona, y su violación puede resultar en   multas
Pacto Fiscal Medidas de la UE relacionadas con la política fiscal que conllevan   una presión constante sobre el gasto público de los estados miembros, ya que   estas medidas deben incluirse en las leyes nacionales. El Pacto Fiscal entró   en vigor a principios del 2012. Predice medidas sobre el gasto público más   estrictas que el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento
Reformas   estructurales Las reformas estructurales no tienen una definición clara, pero   normalmente el término se refiere a las reformas fundamentales y de larga   duración en el gasto social y los mercados laborales, las cuales llevan a   salarios reducidos y prestaciones y pensiones más bajas. Se suele argumentar   que su finalidad es apoyar al sector empresarial estimulando la   competitividad
Rescate Ayuda   económica que los gobiernos proporcionan a los bancos al borde de la   bancarrota, porque se supone que son demasiado grandes para caer. Esto lleva   a un aumento de la deuda pública
Sector   financiero El conjunto total de bancos y otras instituciones financieras, como   fondos de alto riesgo o de pensiones. Los problemas sistémicos en este sector   son la raíz de la crisis
Semestre   Europeo Un periodo de seis meses en el que cada año la Comisión y el Consejo   revisan los presupuestos de los estados miembros
SixPack Un paquete de seis textos legislativos, en vigor desde 2011, que   regula la disciplina fiscal y la política salarial en los estados miembros de   la UE
Troika El triunvirato de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el   Fondo Monetario Internacional que proporciona préstamos financieros a cambio   de los cuales los países tienen que aplicar políticas neoliberales
TwoPack Un paquete de dos reglamentos de la UE que intensifica el control de   la Comisión sobre los presupuestos de los países y asegura una mayor   vigilancia sobre los países con problemas económicos
Unión Europea Una cooperación económica y política entre 28 países en Europa. Las   decisiones se toman a través de    instituciones supranacionales y discusiones intergubernamentales entre   los estados miembros. Durante los últimos años, el poder de las instituciones   sobre las políticas económicas y fiscales ha aumentado

http://corporateeurope.org/eu-crisis/2014/02/punishing-victims-beginners-guide-eu-and-crisis

marzo 6, 2013

Dictadura en Europa

Iturria: Juan Torres López / ATTAC – 2013/03/04

No habían pasado ni veinticuatro horas del cierre de las urnas en Italia cuando Angela Merkel dictó lo que hay que seguir haciendo allí. El portavoz de su partido afirmó que sea cual sea el gobierno que se forme sólo admitirá un camino a seguir, el de las reformas de Monti. Y su ministro de Economía ha reiterado que no hay más alternativas que las medidas que llevaba a cabo el presidente-banquero que ahora acaba de perder estrepitosamente las elecciones.

No hay forma más clara de señalar que lo que hayan dicho los ciudadanos a través del voto le importa un rábano a quienes hoy día han convertido Europa en una dictadura de facto.

En Europa se está desmantelando la democracia y es lógico que esto esté ocurriendo. Es la única manera que tienen las autoridades de garantizar que se puedan seguir aplicando políticas cuyo fracaso es indisimulable si no es para beneficiar a una minoría muy poderosa que vive de un modelo social muy desigual e injusto.

El informe de invierno que hace unos días presentó el comisario de Economía, Olli Rehn, demuestra claramente que los resultados de las políticas que se vienen imponiendo son totalmente distintos a los que dijeron que se iban a conseguir cuando las anunciaban como nuestra salvación. Todo es al revés de como habían previsto: el crecimiento es menor, el paro ha aumentado, los bancos no financian, las empresas siguen cerrando, el déficit y la deuda crecen y en lugar de recuperarse, la economía europea entra en recesión.

Los daños sociales que esto ocasiona aumentan en todos los países sin excepción. Los indicadores que Eurostat, la oficina de estadística europea, ha presentado esta semana muestran que ya casi uno de cada cuatro europeos (24,2%) y un 27% de los jóvenes menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión social. Porcentajes que son terriblemente más altos en algunos países de la Unión, como Bulgaria (49,1 y 51,8%), donde la gente en la calle acaba de derribar al gobierno. Y que alcanzan proporciones siderales cuando se dan en familias de bajos niveles de estudios. En este caso, el porcentaje de menores de 18 años en riesgo de pobreza monetaria en el conjunto de la Unión es del 49,2%, y del 76.2% en Chequia o del 78.3% en Rumanía. Incluso en países que siempre habíamos considerado la vanguardia del progreso está empezando a ser desorbitada la pobreza infantil y juvenil en familias con bajo nivel de estudios: 54.4% en Suecia, 52.5% en Francia o 55.1% en Alemania . Lo único que avanza en Europa es la concentración de la renta y el peso de las rentas del capital en el conjunto de los ingresos.

Y el problema mayor que todo esto está produciendo es que el deterioro económico está dejando de ser coyuntural. Estamos a punto de cruzar una frontera a partir de la cual los daños, en forma de destrucción de tejido empresarial, de empleo, de innovación y de capital físico, social, investigador y humano para la inversión futura, serán irreversibles. Por eso es dramático que los líderes europeos se cierren en banda ante cualquier atisbo de reforma que no sean las que ellos pregonan como representantes de los grandes capitales, cuyos negocios ayudan a gestionar ya sea en el ámbito público o en el privado a través de las puertas giratorias que tan bien funcionan bajo su mandato.

Alemania está cometiendo con Europa el mismo error que cometieron con ella los países europeos que la vencieron en la Primera guerra mundial. Entonces, se le impuso una política de reparaciones que creó el demonio que años más tarde incendió a todo el continente y ahora los alemanes se empeñan en imponer una política de austeridad que no solo es injusta y torpe sino que es imposible que pueda ser exitosa. De nuevo prenden fuego a Europa.

Los reclamos alemanes para que los demás países sigan reduciendo salarios y exporten cada vez más son sencillamente estúpidos. Es materialmente inviable que todos los países se especialicen de la misma forma y que todos puedan tener ventajas si se dedican a desarrollar la misma estrategia. Es un engaño porque oculta que así solo se benefician las grandes corporaciones exportadoras a costa de empobrecer a todo el mercado interno europeo. Y el empeño en reducir gastos públicos es paranoico porque lo que de verdad genera cada día más deuda son los intereses por culpa de un banco central europeo que no lo es.

Lo impresionante, sin embargo, es que no haya reacción potente de los gobiernos europeos de países que contemplan cómo esta estrategia hunde sus economías y destroza a sus sociedades. Incluso el de una gran potencia como Francia la asume sin apenas rechistar. España tiene peso suficiente en Europa como para forzar cambios, pero ni siquiera se intenta. Y así uno detrás de otro, pues no parece que al nuevo gobierno italiano se le vaya a dar mucha capacidad de maniobra.

Las imposiciones de Merkel y del capital alemán son ya mucho más que un empeño ideológico. No vale con recurrir otra vez al santo temor alemán a la inflación o a su concepto pecaminoso de deuda. Son sus políticas las que alientan un poder de mercado que arrasa con el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de las familias europeas o quienes imponen un banco central que es la fuente real del incremento de los déficit y la deuda.

Lo que hay detrás de todo esto es la decisión de salvaguardar el poder financiero por encima de cualquier otra voluntad y la voluntad firme de saltarse a la torera las preferencias de los pueblos, y de obviar lo que dicen en las urnas. Pero vamos a dejarnos de disimulos. Eso lo hemos conocido en Europa y se llama dictadura.

febrero 27, 2013

No pagar la deuda para salir de la crisis

Iturria: La hiedra / Kaos en la red – 2013/02/27

Análisis del papel del Estado en la crisis de la deuda, su incremento incesante y la función de los recortes. Se argenta por qué es imprescindible oponerse a la política de austeridad promovida por la UE y promover el impago de la deuda de forma unilateral a diferencia del caso argentino.

En este artículo, Carlos Schwartz nos explica el papel del Estado en la crisis de la deuda, la función de los recortes del gasto social y el incremento incesante de la deuda. Asimismo, destaca el protagonismo de la Unión Europea (UE) como principal motor de estas políticas de ajuste y defensora de los intereses de los grandes capitales del continente. Schwartz cree imprescindible oponer a la política de austeridad y sobreexplotación de la UE el impago de la deuda de forma unilateral a diferencia del caso argentino.

Crisis y explosión de la deuda

Desde la proclamación de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, el candidato del Partido Popular (PP) en las elecciones generales de noviembre de 2011, su equipo ministerial se ha dedicado a cercenar las conquistas sociales y las prestaciones del Estado en todos los terrenos. El argumento central de una parte considerable de esta liquidación de derechos sociales y asistenciales es la necesidad de lograr un equilibrio de los presupuestos generales del estado, es decir, la eliminación del déficit de las administraciones públicas. Este objetivo de estabilidad presupuestaria no es un afán exclusivo del gobierno del PP. También era una aspiración del gobierno que le precedió, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista (PSOE), quien convocó a su adversario Rajoy en agosto de 2011 para pactar una reforma constitucional hecha entre gallos y media noche para satisfacer a las autoridades de la Unión Europea (UE) y al Banco Central Europeo (BCE).

La reforma consistió en incorporar a la constitución los objetivos de estabilidad presupuestaria. Esa fue la condición impuesta por los capitales europeos para que el BCE interviniera en los mercados comprando deuda pública española evitando así también la intensa presión especulativa sobre la deuda soberana de Italia. Desde entonces y en diversas oportunidades la deuda pública española ha estado en el ojo de la tormenta. Desde julio de 2012 el anuncio del BCE de que tenía aprobado un mecanismo de intervención para sostener la deuda soberana de los países que solicitaran su asistencia a través de la UE, ha frenado la ola especulativa.

La deuda pública del Estado español alcanzará al final de este año en cifras redondas el billón de euros. Al cierre del segundo trimestre (últimos datos disponible del Banco de España) la cifra era de 978.368 millones de euros. Al finalizar el año 2012 la deuda pública total alcanzará el 100% del producto interior bruto (PIB). En el año 2007, antes de que la crisis capitalista se hiciera evidente en toda su magnitud la deuda era de 503.906 millones de euros o un 47,8% del PIB de ese año.1 Es decir que en términos porcentuales más que se duplicó y en términos absolutos es el doble. Mientras, la deuda externa de la banca privada española se ha reducido entre 2008 y 2012 en 200.000 millones de euros2, de 794.086 millones a 591.736 millones.

Esto es lo que los economistas burgueses denominan desapalancamiento, y es la contrapartida del incremento del endeudamiento público durante las crisis. Por si quedara alguna duda señalemos que la deuda externa del banco de España en el segundo trimestre de 2008 era de 12.326 millones de euros mientras que en el segundo trimestre de 2012 totalizaba 408.695 millones de euros.3 La lectura de este proceso es que parte de la deuda privada se transforma en pública y pasa a ser una carga directa de la sociedad. De acuerdo con los presupuestos generales del Estado para 2013 enviados por el gobierno a las Cortes, el pago de intereses de la deuda pública del año 2013 será de 30.000 millones de euros, tanto como el gasto salarial de la Administración.

Repercusión de la deuda a los y las trabajadoras

Este cuadro no es el resultado del incremento del gasto que suponen los y las trabajadoras en paro, y de una menor recaudación fiscal del impuesto sobre la renta y las empresas, porque las rentas del trabajo caen y los beneficios de la pequeña y mediana empresa se reducen o se transforman en pérdidas. Es el resultado directo del traslado de la crisis capitalista al Estado. Dentro de esta operación de rescate de los intereses capitalistas la cuestión central es el saneamiento bancario y del sector financiero cuya crisis es una expresión de la tendencia a la disolución de las relaciones económicas del régimen burgués, de la tendencia al derrumbe del capitalismo. El sistema bancario y financiero es parte de la esencia misma de las relaciones de producción capitalistas porque a través de él se materializa la circulación de las mercancías, la reproducción del capital y su ampliación mediante la extracción de plusvalía, y la concentración de los capitales para destinarlos al crédito necesario en el ciclo de la producción. Sin sistema bancario y financiero el capitalismo no puede existir. El incremento de la deuda pública que resulta del salvamento de los intereses capitalistas privados es repercutido sobre los y las trabajadoras de forma directa por el estado burgués.

La forma bajo la cual se repercute sobre la clase trabajadora el salvamento de los intereses capitalistas es esencialmente reduciendo la renta disponible para los derechos sociales y asistenciales de la sociedad en general, y en el caso de los trabajadores de las administraciones públicas también los ingresos salariales. La privatización de los servicios públicos como sanidad y educación, el incremento de los costes de los servicios como las tasas universitarias o el transporte, la reducción de los derechos sanitarios, la reducción de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la retirada de la asistencia a los dependientes, los recortes a las prestaciones por desempleo, son todos expresión del traslado de la crisis a los y las trabajadoras. Lo que el estado se ahorra en esta operación se destina a ayudar a los capitalistas. Este proceso es todavía más injusto que lo que pueda parecer a primera vista, puesto que se lleva a cabo después de que los capitalistas han extraído ya una plusvalía del trabajo ajeno. Es decir, cuando ya se han apropiado parte del trabajo socialmente necesario para la producción por el trabajador de bienes y servicios mediante el mecanismo de no pagarlo en el salario.

Parte de la operación de traslado es el régimen fiscal. La recaudación fiscal con la cual el estado burgués hace frente a su gasto se concentra en el Estado español en el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), que se basa en la tributación de las y los trabajadores. Por la vía de las retenciones a cuenta y la declaración de la renta el Estado exprime los salarios mientras las grandes fortunas no tributan. La eliminación del impuesto sobre el patrimonio, y de todo vestigio de fiscalidad progresiva, la preservación de las exenciones fiscales para las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), las numerosas exenciones fiscales dentro del impuesto de sociedades, son parte de este proceso. Mientras, el Gobierno y los grupos de interés capitalistas argumentan que el gasto público se dispara por los compromisos sociales que tiene el Estado con el seguro de desempleo a los desocupados por la crisis, el pago de las pensiones y los gastos asistenciales. La evidencia es que sólo el saneamiento de la banca supondrá entre 2012 y 2013 100.000 millones de euros aportados bajo la forma de deuda por la UE. Sin tener en cuenta lo que ya ha costado hasta ahora.

Gobierno, Unión Europea y capitalistas quieren la derrota de los y las trabajadoras

Dentro del arsenal del Gobierno contra los trabajadores la piedra angular ha sido la reforma laboral. El abaratamiento del despido, la precarización del empleo, el ataque a los convenios colectivos y su subordinación a los convenios por empresa pretenden abaratar los costes laborales unitarios aumentando la explotación -menos trabajadores, más horas de trabajo, ritmo de producción más intenso- incrementando la productividad sobre esta base. Es que el capitalismo español en medio de una crisis brutal se juega su supervivencia en el intento por restablecer su tasa de beneficio.

Es una reforma laboral diseñada para que las grandes empresas incrementen su beneficio en medio de la crisis, procediendo a reducciones drásticas de plantilla en empresas sin pérdidas como el caso de Telefónica y bancos como Santander, BBVA, Caixabank. Esta es una operación de un inmenso calado, porque está destinada a sentar las bases de una mayor explotación de los trabajadores y es al mismo tiempo un apoyo estratégico del Estado al proceso de concentración de capitales que acompaña a las crisis capitalistas. El grave problema es que la única forma de que haya una recuperación económica es mediante un prolongado periodo de destrucción de fuerzas productivas de forma pacífica o violenta. Y cualquiera de estos escenarios requiere de la derrota de los y las trabajadoras para poder imponerlos como salida a la crisis. Esta estrategia no es ajena a la entrega al capital privado de las áreas asistenciales y formativas tradicionales del estado, como la salud y la educación, en su afán de garantizar a los capitalistas nuevas vetas de negocio. Forma parte indisoluble además del proceso por el cual la crisis de los sectores privados se traslada al estado, mientras este abre puertas al negocio privado argumentando que no puede sostener sus responsabilidades tradicionales por falta de unos recursos que gasta precisamente en sostener a un sistema económico en virtual disolución.

La UE es un motor impulsor de este proceso. Su papel es el de estado mayor de los capitales más concentrados de Europa encabezados por los de Alemania. El grupo de países con una mayor composición técnica y orgánica de capital, Alemania, Holanda, Finlandia, Reino Unido, y en menor medida y en posición intermedia Francia y Bélgica, se han repartido el mercado de los países de la denominada periferia del viejo continente en la zona del euro: Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Se han dedicado a exportar a estos países sus excedentes de capital para financiar el endeudamiento de la periferia que a su turno suponía la compra de bienes y equipos fabricados por las empresas de estos países en todo el mundo, incluidas las mismas naciones periféricas. El caso de Reino Unido con Irlanda, o el de Alemania con Grecia y España iluminan esta situación. La política de rescate de las naciones en crisis por parte de la UE ha sido un mecanismo de rescate de los bancos de los países centrales cargados de deuda privada y soberana de las naciones en crisis.

La UE se ha dedicado a ejercer una presión sin límite sobre los países en crisis para imponer sus soluciones de austeridad, y toda vez que una crisis política amenazó con desbordar los límites de la tolerancia de los socios mayores la UE ha propugnado métodos antidemocráticos que han pasado por encima de la vida parlamentaria de los países en cuestión. Han logrado una reforma constitucional en España sin siquiera una consulta parlamentaria. Han impedido un referéndum en Grecia sobre el programa del rescate obligando a la dimisión del gobierno de Georgos Papandreu en 2011. Han ejercido una presión sin límites sobre el establishment político griego en las elecciones generales de junio de 2012 con el objetivo de lograr que Nueva Democracia resultara el partido más votado y recibiera por tanto 50 escaños que es el premio de la ley electoral griega para el ganador. El objetivo de fondo era evitar que, aun a pesar de su política, la coalición de izquierda Syriza acabara sacando a Grecia de la UE al abrir un canal más poderoso a la movilización de masas.

En Italia la UE y sus aliados han impuesto una coalición de todas las organizaciones desde la derecha hasta el centro izquierda para proclamar primer ministro al tecnócrata Mario Monti que no fue elegido en las urnas. Como lo demuestra el caso griego con claridad el objetivo de los capitales más concentrados de Europa es transformar a las naciones de la periferia en protectorados carentes de soberanía a los que se les dicta la política económica que viene bien a los países con excedentes de balanza de pagos. La política de austeridad a ultranza impuesta a la periferia sirve a los intereses de reducir hasta el extremo las necesidades de financiación de los países intervenidos y por lo tanto preservar los recursos de los países centrales. Bien mirado, no se trata solo de la opresión de los países de la periferia por los países centrales, sino además de la opresión creciente de los y las trabajadoras de todos los estados de la UE, formen o no parte de la zona de la moneda común, el euro. Desde este punto de vista, actos como la entrevista de los líderes sindicales españoles de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, con la canciller de Alemania Angela Merkel el pasado mes de julio son profundamente reaccionarios porque despiertan la ilusión de que una intervención de Alemania, el primer impulsor de esta política de la UE, puede llegar a ser beneficiosa para el Estado español. No es posible una defensa consecuente de los intereses de los y las trabajadoras sin la denuncia de la UE y la lucha por su disolución.

En 1915 Lenin en un artículo titulado La Consigna de los Estados Unidos de Europa señala que “Desde el punto de vista de las condiciones económicas del imperialismo, es decir de la exportación de capitales y del reparto del mundo por las potencias coloniales ‘avanzadas’ y ‘civilizadas’, los Estados Unidos de Europa son imposibles o reaccionarios en el capitalismo”.4 Asistimos en pleno siglo XXI a la materialización de esta consigna como mecanismo de salvamento del capitalismo europeo en descomposición. Desde entonces, y especialmente desde 1923 tras su adopción por la Internacional Comunista en vida de Lenin, la consigna con que los socialistas revolucionarios se oponen a los Estados Unidos de Europa como unión reaccionaria de intereses de la burguesía es “Por los Estados Unidos Socialistas de Europa”. Es decir los revolucionarios se oponen a la UE no desde la estrechez de la nación dominada por la burguesía, sino desde una unión de estados soberanos socialistas.
Desde el punto de vista de la lucha de los y las trabajadoras contra esta ofensiva la consigna de rechazar la deuda usuraria, exigir la moratoria unilateral de la deuda pública, es una pieza central. La moratoria debe ser unilateral y no negociada, y en todo caso lo único que se puede atender es el derecho de los pequeños inversores.

La experiencia de los países que, como Argentina y Ecuador, han apelado a las moratorias negociadas de la deuda pública interior y exterior y a su reestructuración pone de relieve que la idea de una “Auditoría de la Deuda” para determinar cual se debe pagar y cual no es un callejón sin salida. Toda la deuda pública sin distinción es usuraria y forma parte del proceso de exacción que el estado capitalista ejerce contra su población trabajadora para sostener los resortes de un estado que arbitra toda su acción en favor de los propietarios de los medios de producción. Son los trabajadores los que acaban pagando la deuda pública.

La experiencia de Argentina es además ilustrativa. El país suspendió pagos en 2001. Entre 2004 y 2005 negoció de nuevo parte de su deuda y emitió nuevos bonos con un recorte del principal para sustituir la deuda vieja, pero utilizó como referencia una serie de indicadores que implican una alta rentabilidad lo que está asfixiando nuevamente a la economía del país. Con esta operación transformó una deuda de 65.000 millones de dólares en 35.300 millones de dólares.5 Volvió a negociar otra parte de la deuda en suspensión de pagos en 2010, y nuevamente cedió a la presión internacional concediendo nuevos bonos y redujo la deuda de 20.000 millones de dólares a 10.500 millones de dólares. Mientras, la caída de las exportaciones ha reducido la cantidad de divisas que ingresan al país. Las divisas son indispensables para el servicio de la deuda externa. El Gobierno se financia con un impuesto del 35% a las exportaciones agropecuarias. Pero el dinero se va en pagar los intereses de la deuda. Para atender a las necesidades presupuestarias interiores y al pago de la deuda externa e interna, el Gobierno utiliza la emisión de moneda del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las cajas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Estos mecanismos provocan inflación. Para frenar la inflación el BCRA retira del sistema bancario el dinero que inyecta el gobierno para pagar el gasto público. Para ello emite una deuda especial que rinde un interés muy alto destinada a los bancos y que en este momento representa 109.000 millones de pesos argentinos.6 Pero lo que es peor es que el “desendeudamiento” preconizado por los gobiernos de Néstor Kirchner entonces y Cristina Fernández ahora ha sido paradójico: la deuda pública ha aumentado hasta alcanzar los 182.741 millones de dólares incluyendo la deuda con el Club de París7. Es decir Argentina va camino de una crisis fiscal. No cabe la menor duda de que este no es el sendero a seguir por los y las trabajadoras españolas.

Para las y los socialistas revolucionarios, de lo que se trata es de transformar la realidad. En este sentido, debemos ser capaces de ofrecer a una sociedad en lucha objetivos claros que ayuden a agrupar fuerzas y concentrar el ataque en contra del traslado de la crisis a los y las trabajadoras por parte del Estado capitalista. La moratoria inmediata y unilateral de la deuda pública interna y externa se inscribe dentro de este objetivo. Para dar una salida real a la lucha por una sociedad justa este objetivo se debe acompañar de la expropiación de la banca y la nacionalización del crédito en el camino de un gobierno de los y las trabajadoras.

Carlos Schwartz es periodista especializado en asuntos económicos y miembro de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica (www.setcrit.net).

Notas

Datos tomados del Banco de España de acuerdo con los cuadros a1104, a1103 y a1102.
Datos tomados del Banco de España de acuerdo con el cuadro e0709 Deuda externa de España.
Ibid.
Disponible en: http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/8-1915eu.htm
Periódicos Clarín, Página12, La Nación, 10/02/2005, 15/02/2005, 13/02/2005.
Clarín, 11/11/2012
Ibid.

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octubre 23, 2012

Peores males que no pagar la deuda

Iturria: Xavier Caño Tamayo / ATTAC Acordem – 2012/10/23

Como explica Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, la minoría rica tiene una agenda oculta para desmantelar el estado social y privatizar los servicios públicos para apoderarse de ellos; los que garantizan el ejercicio de derechos sociales. Jeròme Duval, experto en deuda externa asegura que en Europa, como antes en América Latina y África, la deuda es modo de dominación para lograr esos objetivos.

Como recuerda Vicenç Navarro, una falacia sustenta la prioridad de reducir el déficit público: que la deuda es una carga para nuestros hijos en el futuro. Falso. El futuro de hijos y nietos no depende de la deuda; depende de la productividad y de la actividad económica. Y el dinero público dedicado hoy a educación, sanidad, bienestar social, investigación, infraestructuras y transporte no es gasto sino inversión. Por un futuro mejor.

Muchos economistas creen que no pagar la deuda pública de un país es malo. Pero bastantes consideran hoy que no pagar la deuda no es lo peor. Como dice Eric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda, hay algo peor que no pagar la deuda: que los ajustes para pagarla tengan terribles consecuencias sociales. Veamos algunos casos de bondad del impago de deuda.

Se cumplen diez años de la suspensión del pago de la deuda argentina. Rodríguez Saa, elegido Presidente para 90 días (mientras se convocaban elecciones presidenciales) lo fue solo siete, pero en ese tiempo suspendió pagos de la deuda pública. Estudiosos y analistas de la crisis lo consideran el paso inicial para la recuperación de Argentina. El primer año fue duro, pero la economía mejoró enseguida y, desde 2002, todos los años (salvo dos) ha habido crecimiento superior al 8%; el más rápido en Occidente en los últimos nueve años y con las tasas de crecimiento más altas del mundo, según el Center for Economic Policy Research de Washington.

En 2003 el presidente elegido, Néstor Kirchner, comunicó al FMI que debía dejar crecer al país porque “los muertos no pagan deudas”. La deuda pública de Argentina era el 168% del PIB en 2002. En 2003, el gobierno Kirchner pactó otras obligaciones de pago con FMI, Banco Mundial, el Interamericano de Desarrollo y otros. En 2004 la deuda externa argentina era de 178.000 millones de dólares. En 2005 hubo canje de bonos argentinos en suspensión de pagos desde 2001. Se consiguió el 75% de quita de deuda y Argentina propuso otra quita del 66% de 81.000 millones de dólares de origen privado e hizo frente a juicios promovidos por grandes propietarios de bonos. La mayoría de acreedores no cobró; en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia intentaron embargar activos argentinos en el exterior, pero estaban protegidos por convenios internacionales.

La historia de la reestructuración de deuda de Argentina se considera ejemplar porque permitió que la tercera economía latinoamericana creciera de nuevo y con ímpetu en los últimos años.

Argentina lleva once años sin pagar 6.241 millones de dólares que debe al Club de París (varios países acreedores) y partidos de izquierda más organizaciones de Derechos Humanos han solicitado al gobierno que precise qué deuda hay que pagar a ese Club y no pagarla sin completar la auditoría que determine origen de la deuda, quiénes se beneficiaron y cuánto se ha pagado. Porque parte de esa deuda es de la dictadura militar: deuda ilegítima. Y las deudas ilegítimas no se pagan.

Otro caso notable es el de Islandia. Los islandeses han rechazado en referéndum dos veces pagar 5.000 millones de dólares que prestaron Reino Unido y Dinamarca para tapar la quiebra de un banco islandés. Al dejar de pagar, Islandia creció 2,5% en 2011 y la tasa de paro se redujo 1,5 puntos.

Y en Ecuador, el Presidente Correa también decidió no pagar la deuda y se ahorraron 7.000 millones de dólares que se invirtieron en partidas sociales. Entre 2006 y 2011, lo dedicado a pagar la deuda pasó de 24% a 7% de los presupuestos del estado y los gastos sociales aumentaron del 12% al 25%. La deuda pública descendió a su nivel histórico más bajo en relación al PIB: 22% en 2011. Se aumentaron salarios y pensiones, mejoraron las condiciones de vida, paro y contratos precarios decrecieron y disminuyó la pobreza. Según la CEPAL, Ecuador es el segundo país latinoamericano que ha reducido más su pobreza: 9 puntos menos. En 2011, 650.000 personas salieron de la pobreza.

No pagar la deuda externa no es malo. Es una legítima y excelente opción.

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