Posts tagged ‘tasas’

junio 8, 2013

El Supremo exime a trabajadores y sindicatos de pagar tasas judiciales

Iturria: eldiario.es – 2013/06/07

La Sala de lo Social considera que los trabajadores, los funcionarios, los beneficiarios de Seguridad Social y los sindicatos deben ser beneficiarios de justicia gratuita cuando interpongan recursos en la jurisdicción social.

El Supremo exime a los trabajadores de pagar tasas. EFE

El Supremo exime a los trabajadores de pagar tasas. EFE

Desde que las tasas judiciales entraron en vigor, recurrir un despido o reclamar salarios impagados costaba dinero. Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo ha acordado que los trabajadores, los funcionarios o personal estatutario, los beneficiarios de Seguridad Social y los sindicatos cuando representan los intereses de los trabajadores están exentos de pagar las tasas cuando interpongan recursos de suplicación o de casación en las jurisdicción social.

La Sala de los Social del Tribunal considera que estos colectivos deben ser beneficiarios de la justicia gratuita. “Las tasas suponían pagar, por ejemplo, por recurrir un despido, reclamar salarios pendientes, por reclamar indemnizaciones en caso de haber sufrido un accidente de trabajo, por recurrir un expediente de regulación de empleo o interponer una demanda de conflicto colectivo por incumplimiento de un convenio”, explican fuentes jurídicas, que asegura que la decisión del Supremo abre una vía crucial “para seguir luchando contra las tasas”.

La decisión se basa en el artículo 119 de la Constitución: “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. En su escrito, la Sala explica que ese derecho se articuló en una Ley de 1996 en la que se dice que entre los beneficiarios de justicia gratuita deberán estar -independientemente de sus recursos- los trabajadores y beneficiarios de Seguridad Social cuando recurran a la jurisdicción social, “tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales”. También se les reconocía este derecho a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios ante el orden contencioso-administrativo.

El Supremo concluye, por tanto, que estos colectivos -trabajadores y beneficiarios de Seguridad Social- “tienen el beneficio de justicia gratuita”. En cuanto a los funcionarios y el personal estatutario, la Sala de los Social hace extensiva sus reflexiones y estima que “tampoco ellos tendrá que abonar tasa alguna por interponer recursos de suplicación y casación”.

En cuanto a los sindicatos, considera que estos tienen reconocido el beneficio de justicia gratuita porque actúan como representantes de sus afiliados pero también del interés colectivo de los trabajadores cuando se personan, por ejemplo, en conflictos individuales y colectivos o “interviniendo en otros procesos donde estén en juego intereses colectivos”.

La Sala subraya que las tasas no son exigibles ni siquiera en los recursos interpuestos con anterioridad, lo que abre la puerta a que los trabajadores o sindicatos que ya hayan tenido que pagarlas puedan exigir su devolución.

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mayo 3, 2013

Todo lo que nunca quiso saber sobre el copago judicial

Iturria: Tamara Fariñas / Diagonalperiodico.net – 2013/04/16

Una guía para no perderse tras la entrada en vigor de la reforma de las tasas judiciales planteada por Justicia.

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Desde el mes de noviembre, cuando entró en vigor la Ley 10/2012, ha habido un bombardeo informativo en torno a la cuestión de la aplicación de tasas en procedimientos judiciales que hasta entonces eran gratuitos. Se paralizaron los pagos de tasas por falta de formularios en las instituciones públicas, se detuvieron en algunas comunidades autónomas para evitar duplicidades de liquidaciones, y el Gobierno ha intentado recular en algunas cuestiones concretas, para disminuir la presión a la que el Ministerio de Justicia se estaba viendo sometido. Pero, ¿en qué se ha quedado la aplicación de tasas?

La nueva política de pago de tasas judiciales abre el abanico de pagadores y provoca un incremento del gasto por parte de los ciudadanos. Hasta ahora sólo las personas jurídicas con una facturación de más de diez millones de euros estaban obligadas a pagar las tarifas en procedimientos judiciales. A partir de la nueva ley, las personas físicas con más de 15.000 euros percibidos anualmente tendrán que pagar la misma cantidad que las empresas con facturaciones millonarias.

¿Cuánto pagaremos?

La cuota de liquidación en procedimientos jurídicos oscilará entre los 150 euros en procesos verbales y cambiarios de jurisdicción civil, y los 1.200 para los recursos de casación, tanto en el ámbito civil como en el contencioso-administrativo: unas cuotas muy altas si las comparamos con otros países europeos.

Estarán sujetos a estas tasas todos los procedimientos de jurisdicción de lo contencioso-administrativo, lo social y lo civil –pero no los procesos penales– con algunas excepciones: solicitudes de concursos voluntarios por los deudores, juicios monitorios y demandas de juicios verbales de menos de 2.000 euros, recursos de lo contencioso-administrativo por parte de funcionariado público, recursos de lo contencioso-administrativo cuando sean por silencio o inactividad de la Administración pública, procesos relacionados con la custodia de hijos menores y, por último, procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. El último real decreto que modificaba esta ley incluye además otras exenciones tarifarias: las separaciones y divorcios llevados a cabo por mutuo acuerdo –los que sean sin acuerdo pagarán una tasa de más de 150 euros–; los procedimientos de desahucios y todos aquellos impuestos por víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos. Además, se han reducido las cuantías en primera instancia, las tarifas en procedimientos laborales para todos los trabajadores –incluyendo a los funcionarios– y las de reclamaciones en materia de consumidores.

Estas nuevas tasas judiciales deberán pagarlas ya no sólo las personas jurídicas –entes, organismos, empresas, etc.– sino que pasan, por vez primera, a ser soportadas también por personas físicas, siempre que se perciban más de 14.900 euros anuales por unidad familiar. Además, reciben una rebaja tarifaria del 60% los trabajadores por cuenta ajena y autónomos que interpongan recursos de casación y suplicación en materia social.

¿Qué se hará con ese dinero?

Sólo en dos casos se procederá a la devolución de las tasas: cuando se alcance una terminación extrajudicial en la que se ahorre parte de los costes, y cuando las tasas son acumulativas. En este último caso, se pagan todas las tasas, Justicia se queda sólo con las de uno de los procesos y se devuelven las tasas correspondientes a los demás.

El Estado pretende, con la imposición de estos aranceles, recaudar fondos para, según explican, mantener la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, para esto han tenido que acudir a un sistema de pago utilizado durante el Franquismo, y que ya había sido derogado en los ‘80.

febrero 24, 2013

Las personas sin familia no tendrán acceso a la justicia gratuita si ganan más de 1.065 euros al mes

Iturria: Eva Belmonte / lamarea.com – 2013/02/23

El Real Decreto-Ley sobre las tasas judiciales aprobado ayer en Consejo de Ministros aumenta además, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, los beneficiarios del servicio de justicia gratuita. Así, podrán utilizar este servicio, independientemente de su renta, víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de personas; menores y discapacitados que denuncien un abuso o maltrato y heridos graves en accidente de tráfico que queden en situación de discapacidad. Además, el Gobierno modifica los umbrales de renta máximos que permiten a un cuidadano hacer uso de este derecho. Según las palabras de Santamaría y de algunos mediosese tope de ingresos se eleva y más personas pueden acceder. Pero esto no es del todo cierto.

En realidad, el máximo de ingresos que pueden tener aquellas personas que no estén integradas en ninguna unidad familiar se ha visto reducido. El articulado que recoge hoy el BOE marca unos umbrales de renta según el tipo de unidad familiar: para personas solas, dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiles (IPREM); para unidades familiares de menos de cuatro miembros, 2,5 veces el IPREM; para las que superen los cuatro miembros, 3 veces ese indicador. Hasta ahora, el tope de ingresos era, para todos, de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una cifra algo superior al IPREM.

Así, este cambio en los cálculos de renta perjudica a aquellos que no estén integrados en una unidad familiar, cuyo umbral ha bajado de los 1.290,6 (dos veces el SMI) a 1.065,02 euros mensuales (dos veces el IPREM). Las personas que pertenezcan a una unidad familiar sí verán aumentado el tope de ingresos que no pueden superar para acceder. Por ejemplo, el de una familia de tres miembros pasa de 3.871,8 euros mensuales (dos veces los 645,3 euros del SMI para 2013 multiplicado por los 3 miembros) a 3.993,8 (2,5 veces los 532,1 euros del IPREM x 3). En el caso de una familia de, por poner otro ejemplo, de cinco miembros, el tope sube desde los 6.453 euros mensuales (2 x 645,3 x 5) a 7.987, 65 euros (3 x 645,3 x 5).

Además, el Real Decreto-Ley incluye un añadido para el acceso a la justicia gratuita: “Se tendrán en cuenta los signos externos que manifiesten su real capacidad económica”.

Eva Belmonte es autora de elboenuestrodecadadia.com

noviembre 24, 2012

Las nuevas tasas judiciales, un ataque al Servicio Público de la Administración de Justicia

Iturria: ATTAC / Cristina Gómez / María del Pilar Barceló – 2012/11/23

A menudo cuando se habla de servicios públicos la gente piensa en los más básicos, como salud y educación, y olvida un servicio que, si bien no utilizan necesariamente todos los ciudadanos, no tiene alternativa cuando se suscitan determinados conflictos: la Administración de Justicia. Un divorcio, unas medidas sobre custodia de menores, propietarios morosos que no pagan las cuotas de la comunidad de propietarios, accidentes de tráfico, reclamación de indemnizaciones a aseguradoras, trabajadores despedidos, impagos de salarios, robos o daños… ¿Quién no ha tenido que recurrir alguna vez a la Justicia, o quién no tiene algún familiar o amigo que lo haya hecho?

Esta falta de conciencia de la Justicia como servicio público es la que está permitiendo que el Gobierno introduzca feroces recortes sin oposición ciudadana, aunque sí y muy firme desde los ámbitos jurídicos (jueces, abogados…) que con unanimidad han manifestado su repulsa frente a reformas que de hecho impedirán el acceso de muchos ciudadanos a este servicio.

Así el BOE de 21 de noviembre publica la Ley de tasas, por la cual la Justicia no sólo deja de ser gratuita para las personas físicas, sino que además por la cuantía de las tasas establecidas se convertirá de hecho en un servicio inaccesible.

Si bien es cierto que con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, se recuperaron las tasas, hasta ahora sólo se aplicaban en los órdenes civil y contencioso – administrativo a empresas cuyos negocios superasen los ocho millones de euros (básicamente entidades financieras y aseguradoras).

Ahora las tasas se extienden a todas las personas físicas que no tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita (para lo cual es preciso tener ingresos inferiores a 14.910 euros anuales computando los de toda la unidad familiar) y además se aumenta su importe desproporcionadamente.

Injusta herramienta disuasoria

El argumento del Gobierno es que la Justicia está saturada y es necesario disuadir a la población del acceso a los tribunales. Olvida que la saturación se debe en parte a que España está a la cola de Europa en número de jueces por 100.000 habitantes, y que con su reforma únicamente va a disuadir a los ciudadanos corrientes pero no a las grandes empresas (bancos, aseguradoras…) que son las que colapsan los juzgados y que además a diferencia de los ciudadanos pueden desgravarlas.

La Sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional, dictada en relación a la Ley 53/2002, si bien avaló las tasas judiciales como medio de financiación de la administración de justicia cuestionó la legalidad de este tributo si su elevado importe de hecho impidiera u obstaculizara del derecho de acceso a la jurisdicción, que es lo que ocurre ahora. Por ello el Consejo General de la Abogacía ha instado a diversos organismos e instituciones para que interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

Algunos ejemplos: Si usted está disconforme con las visitas a sus hijos o la pensión alimenticia acordada en un proceso de divorcio, tendrá que pagar al Estado 800 euros para poner un recurso de apelación. Si quiere recurrir una multa de tráfico, un mínimo de 200 euros. Y si es un trabajador que disconforme con una sentencia quiere interponer un recurso de suplicación, 500 euros.

Errónea solución recaudatoria

La ley ha sido defendida por Ruiz Gallardón como necesaria para poder financiar los gastos que supone el mantenimiento de la Justicia Gratuita. Incurre así en un error técnico y vulnera un principio esencial de la configuración de las tasas, que es el de que las tasas deben recaudarse para contribuir a satisfacer el coste del servicio o de la actividad de la Administración de la que se beneficia el usuario. Este principio es infringido por el artículo 11 de la ley, que vincula la tasa judicial a la financiación de la asistencia de Justicia Gratuita y por tanto únicamente al servicio prestado a determinados usuarios. Además la Justicia ha de considerarse un servicio público y su financiación debe correr a cargo de los impuestos generales.

Conclusión

El afán recaudatorio que supone la aprobación de las nuevas tasas judiciales va a tener como consecuencia inmediata que el acceso a la justicia se convierta en un privilegio de clase (de la clase adinerada, evidentemente), porque al no predicarse de las tasas el principio de progresividad tributaria (aquel que determina el reparto de la carga tributaria en función de la capacidad contributiva de que disponen los diferentes obligados), dará como resultado que se enfrenten al pago de un mismo importe una persona con ingresos de 15.000 € (computando los de la unidad familiar) y por ejemplo, el tercer hombre más rico del mundo (nuestro compatriota, Don Amancio Ortega).

El teórico objetivo de racionalización de la Administración de Justicia a que se refiere la Exposición de Motivos de la Ley que aprueba las nuevas tasas judiciales, se hace a costa de cercenar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la jurisdicción proclamado por el art. 24 CE (derecho a la tutela judicial efectiva).

abril 30, 2012

La agenda oculta de la política universitaria

Miguel Ángel Quintanilla Fisac. Director del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología. – Público 24/04/2012

La única medida realmente impactante de la política universitaria que el gobierno ha puesto en marcha en estos días es la que todo el mundo estaba temiendo: la desproporcionada subida de los precios de matrícula. Nadie ha calculado todavía qué repercusión tendrá esto sobre los ciudadanos de a pie. Pero hay algo que ya podemos adelantar: 1) Una subida del 50% en el precio de cualquier servicio deja a una parte de la población “fuera del mercado”. 2) En el caso de las universidades los afectados negativamente no serán los hijos de los poderosos, ni de los ricos, muchos de los cuales ya están pagando elevados precios por conseguir en el sector privado nacional e internacional lo que sus méritos académicos no les permiten conseguir en el sector público.

Una de las joyas de la corona de la democracia española es que habíamos conseguido un elevado nivel de formación superior, con un elevado nivel de igualdad de oportunidades y de homogeneidad territorial. Pero al gobierno actual esto no le gusta y va a aprovechar la crisis económica para echar de la universidad a los menos ricos. Y de paso ha calentado el ambiente desprestigiando a las universidades, mintiendo acerca de su productividad científica y lanzando sombras de sospecha sobre sus profesores, su organización interna y su capacidad para afrontar los problemas de nuestra sociedad.

¿Por qué? Yo no creo que los ataques a la universidad ayuden a justificar la subida de los precios de matrícula; si el objetivo solo era ese, la artillería utilizada parece completamente inapropiada. Así que seguramente estamos asistiendo tan solo al preludio de toda una agenda oculta de política universitaria que pronto se irá desvelando ante nuestros ojos, y cuya partitura, me temo, sonará más o menos así:

1. La universidad pública será sometida a una presión social insoportable hasta conseguir que una parte, al menos, de la actividad universitaria pase a ser competencia directa del Ministerio del Interior y las fuerzas de orden público. Para ello, además de la política de tasas, y de restricción de las becas, se intentará abrir de nuevo las guerras corporativas en torno al catálogo de títulos oficiales, se agitará la demagogia sobre la gobernanza de las universidades, y se promoverá la criminalización del inconformismo académico. Los desórdenes públicos confirmarán el diagnóstico: la universidad necesita profundas reformas.

2. Con la excusa de introducir la cacareada competitividad del sector privado en la enseñanza superior, se facilitará la privatización del sector público, de forma directa o indirecta, parcial o total, a través de medias como flexibilizar el régimen de compatibilidades del profesorado, facilitar la entrada de capital privado en las universidades públicas, etc.

3. El gobierno no resistirá la tentación de controlar los contenidos de la enseñanza universitaria, empezando por las carreras más vinculadas a la Administración (abogados, economistas, médicos, ingenieros) y terminando por los curricula de ciencias y humanidades: diseño inteligente en biología, negacionismo del cambio climático, recuperación de las visiones más rancias de la historia en humanidades, reivindicación de la ideología nacional-católica-neo-liberal-conservadora, barra libre para la presencia de la religión en las facultades….

4. Cuando el sistema esté a punto de colapsar alguien ofrecerá una solución mágica: dos o tres instituciones internacionales de prestigio se ofrecerán para instalar en los Monegros o en los aledaños de la Complutense una franquicia que garantizará que los estudiantes más afortunados puedan acceder a una de las universidades que figuran entre los 100 primeros puestos del ranking de Shanghay y estudiar en inglés sin necesidad de salir de la casa de papá. El gobierno se apresurará a subvencionar la iniciativa y a cambiar la legislación, si fuera preciso, para que se pueda integrar fácilmente en nuestro sistema.

¿Exagerado? Hago una apuesta. Si antes de las próximas elecciones generales no se han cumplido al menos el setenta por ciento de estas lúgubres previsiones, me comprometo a invitar a una cena en un comedor universitario al sucesor del ministro Wert.


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