Archive for diciembre, 2012

diciembre 31, 2012

Cientos de personas se manifiestan en Donostia por una vivienda digna y contra los desahucios

Iturria: Naiz.info – 2012/12/29

Varios cientos de personas se han manifestado por las calles de la capital guipuzcoana para reclamar el derecho a una vivienda digna y la paralización de los desahucios. La marcha, convocada por la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa, ha partido pasadas las 12.30 horas del Boulevard donostiarra bajo el lema ‘Por una vivienda digna’ en una pancarta.

Además, durante la movilización los manifestantes han coreado lemas como ‘Así, así, ni un paso más, todos los desahucios los vamos a parar’ o ‘Vivienda sí, hipotecas no’ y han pegado carteles con consignas como ‘Este banco estafa’ en las principales sucursales bancarias de la donostiarra avenida de la Libertad.

Entre los participantes en la marcha se encontraban el diputado foral de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, los concejales donostiarras Nekane Burutaran y Axier Jaka (Bildu), Arantza González de Ezker Anitza-IU, el portavoz de la izquierda abertzale Joseba Alvarez, la parlamentaria de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia y Xabi Soto de Alternatiba, entre otros, así como afectados por desahucios.

En declaraciones a los medios, la portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa Rosa García se ha referido a la enmienda a la totalidad registrada este sábado por el PSOE en el Congreso español con texto alternativo al proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección del deudor hipotecario, respecto a la cual ha señalado que «más vale tarde que nunca».

Además, ha recordado que en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Stop Desahucios en la que se reclama la dación en pago, que suma ya el apoyo de más de 700.000 firmas algunas de las cuales se han recogido en el mismo Boulevard donostiarra antes de la marcha, se recogen «soluciones reales para terminar con el drama social de los desahucios», como terminar con los «abusivos y usureros» intereses de demora de un 18 y 22 por ciento que contempla la Ley hipotecaria.

«Basta ya»

Tras calificar de «burla e insulto» el Decreto Ley del Gobierno español para frenar los desahucios, García ha considerado «importante» que PSOE apoye la ILP que promueve Stop Desahucios, porque «sin un cambio en la Ley Hipotecaria el drama de los desahucios va a continuar».

«Hay 150.000 ejecuciones hipotecarias pendientes de desahucios», ha destacado, tras animar a «manifestarse y retirar las nóminas, ahorros, depósitos y sueldos de los funcionarios de las instituciones, como ayuntamientos y diputaciones, de los bancos que subastan y desahucian». Al respecto, ha opinado que la ciudadanía ha dicho «basta ya» a esta situación y a lo largo del próximo año las manifestaciones como la de este sábado se van a repetir «un día sí, uno no».

 

Imagen de la cabecera de la manifestación que ha recorrido Donostia «por una vivienda digna». (Andoni CANELLADA / ARGAZKI PRESS)

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diciembre 31, 2012

Las demandas por despido aumentaron el 24,6 por ciento hasta septiembre

Iturria: eldiario.es – 2012/12/30

En 2012 se alcanzará un récord en el número de demandas por despido, que se han duplicado desde el inicio de la crisis

Las demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social entre enero y septiembre llegaron a 109.278, el 24,6 % más respecto al mismo periodo un año antes, con lo que ya suman dos años consecutivos al alza.

De acuerdo con la estadística que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para tener una medida del efecto de la crisis sobre los órganos judiciales, las reclamaciones por despido se han duplicado con respecto a las que se producían antes de la crisis, ya que entre enero y septiembre de 2007 se habían registrado 49.145 demandas.

A la vista de la cifra alcanzada en septiembre, la estadística apunta a que en 2012 se alcanzará un nuevo récord que superará al registrado en 2009, que hasta ahora había sido el año de la crisis con mayor destrucción de empleo.

De momento, en los tres primeros trimestres de 2012 ya se han sobrepasado en un 3,4% las demandas registradas en el mismo periodo de 2009, en el que hubo 105.701, mientras que en el conjunto de 2009 llegaron a 135.379.

A lo largo de 2012, el ritmo de crecimiento se ha ido moderando, ya que el primer trimestre las demandas crecieron el 12,3% respecto a los tres meses precedentes, en el segundo trimestre aumentaron el 10,7% y en el tercero, el 3,1%.

No obstante, la cifra de demandas registradas en el tercer trimestre (38.384) es la segunda más alta de la serie, por detrás de la del primer trimestre de 2009 (38.510).

Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana aglutinan el 61,7 % de las demandas presentadas en lo que va de año, aunque en todas ellas el aumento de las reclamaciones está en línea con la media nacional.

Las comunidades donde mayores incrementos se han producido son Extremadura (74,9 %), Navarra (58,5 %), Castilla-La Mancha (52,8 %) y Cantabria (51,8 %).

También por encima de la media se sitúan Aragón (30,7 %), País Vasco (30,2 %) y Madrid (25,7 %).

La estadística del CGPJ también recoge las demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, que al contrario de las demandas por despido muestran una tendencia a la baja, con 110.147 presentadas entre enero y septiembre, que suponen el 5,2 % menos que en el mismo periodo de 2011.

Estas reclamaciones incluyen, además de los despidos, la responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, el recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo y las tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias.

Las reclamaciones de cantidad llevan seis meses disminuyendo y la cifra alcanzada en el tercer trimestre de 2012 (30.949) se sitúa prácticamente en los niveles registrados antes de la crisis en 2007.

La cifra más alta de la serie se registró en el primer trimestre de 2010, con 49.437 demandas.

diciembre 29, 2012

El Banco Malo: La estafa prosigue

Explicación del Banco Malo con Carlos Sánchez Mato, Profesor en la Universidad Complutense, Miembro de Attac y de la Plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorro.

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diciembre 29, 2012

Los recortes en la sanidad pública, otra vez

Iturria: Vicenç Navarro (vnavarro.org ) – 2012/12/28

Este artículo critica los recortes en el sector sanitario público de España que afectan muy negativamente la universalidad y la calidad de tal sector.

La sanidad pública española es la menos financiada de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea que tienen un desarrollo económico similar al de nuestro país). En 2008 (cuando se inició la crisis), se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. El bajo gasto sanitario en España explica que tenga también un gasto privado elevado, el más alto de la UE-15. De todo el gasto sanitario español en 2008, el 71,6% era público y el 28,4% era privado (el público era el porcentaje más bajo, y el privado el más elevado de la UE-15). Los recortes en la sanidad pública conllevarán un incremento notable del peso del sector privado cuyo tamaño ya es muy elevado.

Tales datos muestran claramente la falsedad de la postura sostenida por los economistas y políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) que justifican los enormes recortes de gasto público sanitario que están ocurriendo en España y en Cataluña con el argumento de que el sector sanitario público está hipertrofiado y necesita una reducción para sanearlo. Los datos señalan lo opuesto. La sanidad pública en España y en sus CCAA está profundamente subfinanciada.

En realidad, España se gasta en sanidad una cantidad menor de lo que debiera gastarse por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita ya es el 94% del PIB per capital promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% fuera el 94%, España se gastaría 13.500 millones de euros más de los que se gasta. No es, pues, tampoco cierto, que España se gaste demasiado o que se gaste más de lo que España puede pagar. En realidad, los recursos existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y esto es de lo que no se habla ni en los forums mediáticos ni políticos del país. La postura, claramente ideológica, surgida del dogma neoliberal, y reproducida en los medios de mayor difusión, es que la sanidad debe adelgazarse, añadiéndose además (con cierto cinismo) que se necesita reducir tal gasto para “salvarla”. Tales recortes están afectando seriamente la calidad de la atención pública sanitaria, generando una mayor demanda por la sanidad privada (objetivo clave pero no explícito en gran parte de estos recortes).

La presión de los mercados financieros como causa de los recortes de gasto sanitario. La falsedad de este argumento

Conscientes de la gran impopularidad de tales recortes, las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales que las están imponiendo los justifican con los argumentos de que tienen que realizarse debido a la presión de los mercados financieros y/o de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) y/o del gobierno Merkel que lidera las propuestas de austeridad de gasto público social en la Eurozona. Por mucho que parezca sorprendente, tal aseveración es errónea y, a la luz de los datos existentes, poco creíble. Un cálculo del tamaño que el Estado (central y autonómico) quiere ahorrarse con tales recortes nos lleva a una cifra de alrededor de 6.000 millones de euros. Pero tal reducción del déficit podría haberse conseguido, no a través de los recortes sanitarios, sino mediante el aumento de impuestos que afectan primordialmente a las rentas superiores, tal como el impuesto de patrimonio (2.100 millones), manteniéndolo en lugar de eliminarlo tal como se ha hecho; el impuesto de sucesiones (2.552 millones), eliminando su reducción aprobada, por cierto, por los partidos que están apoyando los recortes; y el impuesto de las grandes empresas (5.300 millones) que facturan más de 150 millones de euros al año (0,12% de todas las empresas), anulando la bajada de tales impuestos, también aprobada por tales partidos. El hecho de que tales alternativas –la subida de impuestos- hubieran recaído primordialmente en sectores de la población (las clases pudientes), que, aún cuando sean minoritarios, tienen una enorme influencia política, habiendo gozado históricamente de grandes privilegios fiscales, explica que ni siquiera se considere, optando, en cambio, por la reducción del déficit público del Estado mediante recortes del gasto público social que financia el Estado del Bienestar utilizado por la mayoría de la población. Ello señala el poder diferencial que las distintas clases sociales tienen sobre el aparado del Estado, tanto central como autonómico.

Las CCAA no pueden excusar tales recortes en su teórica imposibilidad para generar recursos. Las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos. Así, la Generalitat de Catalunya tiene la potestad para elevar la mayoría de impuestos, incluyendo el IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos finalistas, impuestos sobre el patrimonio, y tributos sobre el juego, entre otros, potestad que no ha utilizado para reducir su déficit. En realidad, todos los recortes del déficit de la Generalitat se han basado en recortar los gastos públicos sanitarios (entre otros) sin intentar paliar este efecto, incrementando los impuestos. Ha sido la región de la UE-15 que ha sido más dura, motivo de orgullo de la opción gobernante de la Generalitat, según su portavoz parlamentario Oriol Pujol “En el sur de Europa no hay ninguna institución pública que actúe como lo estamos haciendo en Cataluña. Lo que estamos haciendo desde Cataluña es actuar de faro para todo el sur del Mediterráneo, porque no hay nadie del sur de Europa, ni Grecia, ni Portugal, ni tan siquiera en España, que se esté comportando con el coraje de CiU”. (El País, 09.11.11). Una situación un tanto semejante se está produciendo en la comunidad de Madrid.

Aunque la protesta popular ha sido muy intensiva, tal propuesta ha tenido poca repercusión en los medios, incluyendo los medios públicos, siendo un caso claro los medios públicos de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio, donde es frecuente ver moderadores de tertulias que cobran 900.000 euros al año, defender la necesidad de que las clases populares se aprieten el cinturón.

Las causas de la subfinanciación de la sanidad pública y de sus recortes

Una causa de este bajo gasto público sanitario es la concentración del poder político y mediático en el 25% de la población española que se resiste a pagar el mismo nivel de impuestos que el promedio de la UE-15 y cree erróneamente que no queda afectada por la pobreza de la sanidad pública al utilizar la privada. Tal visión, sin embargo, es profundamente errónea. La pobreza de la pública les afecta, pues en caso de enfermedad crónica y/o grave, la privada no podrá atenderles y terminarán en la pública. La privada discriminará a favor de los casos leves. Y de ahí el error de creerse que no les afecta. Sí lo hace, y mucho.

La sanidad privada es, en general, mejor que la pública en aspectos importantes para el usuario, tales como el confort (una cama por habitación), menor tiempo de espera, y un tiempo promedio de visita más largo que en la medicina pública. Pero la pública es mejor que la privada en la calidad del personal profesional y asistencial, y en la riqueza de la infraestructura técnica, lo cual explica que en casos que requieran mayor nivel de atención tecnológica, la privada deriva los pacientes a la pública. En realidad, la evidencia de que la calidad de la atención sanitaria en las instituciones públicas o en instituciones sin afán de lucro es mayor que en las instituciones con afán de lucro (es decir, sociedades limitadas que tienen por objetivo maximizar los beneficios) es robusta y abrumadora. En el conflicto calidad de atención versus beneficios, los últimos siempre ganan. De ahí que la mortalidad sea mayor en estos últimos. Esta polarización pública/privada por clase social es perjudicial para todas las clases, incluyendo las pudientes, que creen erróneamente ver satisfechas sus necesidades en la sanidad privada.

El error de la polarización social que se reproduce en la dicotomía pública versus privada

Lo que el país necesita es una sanidad multiclasista que tenga los atributos de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Pero ello requiere un gasto público mayor, obtenido de una mayor recaudación de las rentas superiores. En lugar de seguir este camino, las fuerzas conservadoras y neoliberales están promoviendo políticas que polarizarán todavía más la sanidad española. Mediante la desgravación del aseguramiento sanitario privado están facilitando la privatización de la sanidad y su polarización por clase social. Esta privatización, sin embargo, no sigue la línea tradicional de desarrollo de instituciones privadas como alternativa a las públicas. Hoy, la complejidad y carestía de la medicina no permite establecer centros de financiación privada que alcancen niveles de alta calidad y excelencia. De ahí que la vía a seguir por la privada sea el desarrollar privilegios dentro de la pública. De ello se deduce que se intente dar autonomía financiera a los centros públicos sanitarios para que estos contraten con aseguradoras privadas para el goce de privilegios dentro de la pública. Esta es la estrategia neoliberal que se presenta bajo el argumento de que se necesita dinero, mientras que la alternativa de incrementar los impuestos ni siquiera es tenida en cuenta.

El copago no es la solución

El gran debate en el sistema sanitario se ha centrado en si hay que tener copago o no. La justificación de que es importante hacer el copago de un euro para evitar el abuso del sistema no tiene evidencia que apoye tal argumentación. En primer lugar, pese a que se repite machaconamente que el ciudadano español abusa del sistema público, los datos no lo confirman. El indicador de 9 visitas por año (que contrasta con las 6 visitas del promedio de la UE-15) tiene poco valor para demostrar tal supuesto abuso. En realidad, estas 3 visitas extra son debidas más a la pobre organización del sistema (las necesidades que los médicos firmen partes y documentos que en otros países firman personal administrativo) o a la sub-utilización de la enfermería en España, forzando al médico a realizar tareas que en otros países hacen otros profesionales. El hecho de que el médico tenga que ver muchos pacientes no es tampoco un indicador de tal abuso. Referente a desalentar el supuesto abuso (que no existe), el euro a abonar tendría muy poco impacto desincentivador y únicamente podría tenerlo para los sectores de bajos ingresos que son los que serían más vulnerables a caer enfermos.

¿Cuál es el objetivo del copago? Me parecería lógico que fuera ingresar más dinero al sector sanitario, una necesidad clara en el subfinanciado sistema sanitario español. Pero ahí el punto clave es cómo conseguir este dinero y cuánto, temas que no se discuten. Implementar el copago en el momento del servicio (mientras que se mantienen unos bajos ingresos al Estado a través de impuestos), es hacer recaer la carga en los usuarios en lugar de en todos los ciudadanos. Puesto que las clases populares tienen más posibilidad de enfermar y utilizar los servicios que las clases pudientes, incrementar el gasto en los usuarios es aumentar todavía más la regresividad en la financiación. De ahí que sería mucho más justo (y con mayor capacidad recaudatoria) que se aumentaran los impuestos, incrementando los impuestos finalistas y/o creando otros nuevos. Es sorprendente que se haya tardado tanto en aumentar los impuestos del tabaco y del alcohol. Pero hay otros impuestos finalistas, como el aprobado en varias provincias en Canadá, en que todos los ciudadanos pagan según su nivel de renta a la sanidad; o sancionar las intervenciones sancionables según su nivel de renta, tal como ocurre en Finlandia, en que las multas de tráfico se pagan según el nivel de renta, pudiéndose dedicar tales recursos a la sanidad; o pedir tres euros por cada vuelo que salga de aeropuertos del país dedicándolo a sanidad, medidas todas ellas que serían altamente populares. El hecho de que no se discutan y en su lugar se centre todo el debate en el copago, es comenzar la casa por el tejado. El mayor incremento de recursos a la sanidad debería proceder de la vía impositiva, impuestos generales y finalistas. Y sólo cuando se hubiera alcanzado un nivel mucho mayor, recurrir al copago. Pero hacerlo al revés, es injusto y una manera de continuar protegiendo a los que no pagan impuestos suficientemente, recargando en el usuario tal déficit fiscal. Todo esto los economistas neoliberales –de los cuales hay una elevada densidad en el área sanitaria- ni siquiera lo entienden y no quieren considerarlo.

Por último, la consideración de que hay que recortar para aumentar la eficiencia del sistema me parece una incoherencia. Si hay despilfarro en el sistema, debe corregirse. Pero asumir que este despilfarro es generalizado es reproducir el sesgo anti público neoliberal que lleva el debate a discusiones talmúdicas, irrelevantes en lugar de análisis rigurosos y serios basados en evidencia. No hay –repito, no hay- ninguna evidencia de que el sector público sea más ineficiente que el privado, o que tenga más despilfarro. La evidencia existente muestra precisamente lo contrario. Uno de los sistemas sanitarios más ineficientes es el estadounidense, donde la mayoría de la financiación es privada. Es el sistema más caro del mundo, representa ni más ni menos que el 16,7% del PIB norteamericano, y en cambio el 68% de la población está enormemente insatisfecha. ¿Quieren aplicar aquel sistema a España? Cuando estuve trabajando en la Casa Blanca, en el grupo de trabajo liderado por la Sra. Clinton para hacer la reforma del sistema sanitario, pude ver que EEUU, que tiene algunos de los centros sanitarios mejores y más importantes del mundo, tiene en cambio uno de los sistemas sanitarios más ineficientes e insatisfactorios para la población, mostrando el dicho de Max Webber de que la totalidad de un sistema no es la mera suma de sus componentes. Los componentes pueden ser muy buenos y el sistema puede ser muy malo. Y al revés. De ahí que el problema que tenga España no es del sistema (como constantemente se señala), sino de su financiación, además de la necesidad de mejorar sus componentes. Creerse que los recortes mejorarán la situación es un profundo error. Es el triunfo del dogma y de la fe sobre la razón y la evidencia.

La sanidad española es buena (aunque se exagera la valoración positiva que la población hace de ella). No es cierto que es la mejor sanidad del mundo. Las encuestas señalan que la ciudadanía le da un 6,2 en una escala de 0 a 10, lo que quiere decir un aprobado, no un notable y todavía menos un sobresaliente. Es el servicio público mejor valorado. Pero ello no es suficiente. Pero la parte donde está menos valorada por el usuario y el ciudadano, es precisamente en las partes (tales como tiempo de visita y lista de espera) que puedan resolverse más rápidamente con la corrección del enorme déficit del gasto público. Y es en estos sectores donde los recortes están afectando la calidad más rápidamente. El indicador más importante para medir la calidad de un sistema sanitario no son los indicadores de mortalidad (los servicios sanitarios tienen poco que ver con la mortalidad de un país) sino los indicadores de satisfacción y confort del usuario y del profesional. Y ahí estamos todavía muy lejos de donde debiéramos estar. Y las medidas que se están aplicando empeorarán todavía más la situación actual. Los gobiernos socialistas a nivel de España y el gobierno tripartito en Catalunya habían incrementado notablemente los recursos financieros para la sanidad pública, reduciendo el enorme déficit de gasto público sanitario que tiene España. Los recortes actuales aumentaran enormemente este déficit, afectando negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares de nuestro país, tanto en Catalunya como en el resto de España.

diciembre 28, 2012

ELA denuncia que el Parlamento vasco renuncie a abonar todas las retribuciones de 2012 y llama a movilizarse

Iturria: Finanzas.com / Europa Press – 2012/12/28

Insta a “obligar” a los políticos vascos a confrontar “contra las políticas centralizadoras” de PP, “que Gobierno de vasco “hace suyas”

ELA ha denunciado que el Parlamento vasco renuncie a abonar todas las retribuciones de 2012 a los funcionarios y ha realizado un llamamiento a la movilización con el fin de “obligar” a los políticos vascos a confrontar “contra las políticas centralizadoras de Madrid”, que el Gobierno de vasco “hace suyas”.

Además, ha destacado que había hecho llegar al conjunto de partidos políticos con representación parlamentaria una propuesta para abonar un complemento retributivo en el mes de enero.

En un comunicado, la central sindical ha recordado que este viernes la Cámara autonómica ha aprobado, con los votos del PNV y la abstención del resto de los grupos, la propuesta del Gobierno Vasco de adelantar de forma obligatoria las pagas extraordinarias del año 2013.

“De este modo, han terminado por renunciar definitivamente a entregar las retribuciones completas del 2012 a los empleados y empleadas públicos”, ha indicado.

A su juicio, “esta renuncia va a terminar por consolidar un recorte salarial del 20 por ciento en solo dos años y medio, aunque los trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco hayan trabajado al 100 por ciento”. SIN CONSULTARLO

ELA ha criticado que el Ejecutivo de Urkullu haya impulsado el adelanto de las pagas extraordinarias “sin haber consultado dicha medida con la representación de los trabajadores, demostrando que no tiene ninguna intención de respetar la opinión del conjunto de estos trabajadores”.

“Resulta decepcionante comprobar que el gobierno vasco, que dice defender el autogobierno, no han tratado de explorar ninguna vía alternativa para el pago de todas las retribuciones del año 2012”, ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que “la vía correcta es la iniciada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, una vía de desobediencia que da prioridad a los derechos de los trabajadores por encima de los dictados de la política neoliberal”.

“Esa vía debe conllevar compromisos en el mismo sentido en otras administraciones vascas. Esperamos que esta fórmula se traslade al conjunto de instituciones, también a las gobernadas por Bildu, y que en el año 2012 no han realizado el abono de la paga extraordinaria”, ha subrayado.

Por último, ha realizado un llamamiento a los empleados de los servicios públicos “a seguir movilizándonos hasta obligar a la clase política vasca a confrontar contra las políticas neoliberales y centralizadoras de Madrid y que el Gobierno de Gasteiz hace suyas”.

diciembre 28, 2012

Empresa vasca: la internacionalización y los derechos humanos

Iturria: Gara.net / Juan Hernández Zubizarreta – Profesor de la UPV/EHU – 2012/12/28

En el discurso de investidura el lehendakari Urkullu propuso «que instituciones y empresas impulsemos una estrategia compartida de diplomacia económica para fortalecer la marca «Basque Coutry». Reforzando nuestra imagen exterior como país fiable, cumplidor y competitivo».

Puede parecer a primera vista que esta idea tiene un alto consenso social e institucional; pero, ¿es un consenso sin fisuras? ¿Los movimientos sociales, ONGs y sindicatos comparten, sin más, la marca «Basque Country»?

Hay una primera observación; como afirma José Manuel Naredo, «la creencia de que la actividad económica está regida por la producción y el mercado induce a presuponer, de entrada, que apunta a fines utilitarios buenos de por sí y a cubrir demandas insatisfechas. Presupone también que las empresas trabajan para fabricar y vender bienes y servicios socialmente útiles». Las empresas vascas, por el mero hecho de invertir en el exterior no crean desarrollo ni en los países receptores, ni en Euskal Herria. Dependerá de dónde lo hagan, cómo lo hagan y en qué inviertan.

Además, en general los circuitos de las inversiones y del comercio internacional se expanden al margen de los derechos humanos, sociales y medioambientales. No se pueden aislar los núcleos duros del comercio, la inversión y la producción en el exterior de los derechos humanos. ¿Por qué al hablar de la internacionalización y de la diplomacia económica vasca, se menciona un país fiable, cumplidor y competitivo, y no un país que va a respetar y hacer respetar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a todas las empresas vascas inviertan donde inviertan?

Las instituciones y las empresas vascas deben analizar el caudal normativo y las políticas públicas de los países receptores; no basta con que haya negocio para las empresas vascas, hay que tener en cuenta si las legislaciones nacionales receptoras tutelan los derechos de las mayorías sociales y respetan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, ¿no importa que no se respete la normativa de la Organización Internacional del Trabajo? ¿La explotación de las mujeres en las maquilas y en las cadenas de subcontratación de las empresas textiles es indiferente a los flujos de comercio e inversiones? La mera inversión no implica, sin más, beneficio para todo el mundo.

En el ámbito global las administraciones vascas deben defender que el comercio y las inversiones no pueden ser fines en sí mismos. La necesidad de inserción o no en la economía internacional no es objeto de debate, pero sí lo es la valoración sobre los efectos sociales y la redistribución de la riqueza. Las normas, disposiciones, políticas de ajuste y los préstamos condicionados de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no son intrínsecamente útiles, sus normas y contenidos no pueden ser ajenos a las realidades internas de los países y a las necesidades del conjunto de la población, y no deben responder a los intereses de minorías económicas detentadoras de poder. Los contenidos de un acuerdo deben ser fruto del equilibrio entre variables económicas y resultados sociales.

Los tratados regionales de comercio e inversiones no sólo pretenden desregularizar los flujos de bienes, sino las inversiones, la propiedad intelectual y los servicios. Su lógica de libre comercio subordina al mercado las legislaciones nacionales. Son tratados internacionales que condicionan y determinan las políticas nacionales desde la total asimetría. Si Euskal Herria pretende el reconocimiento de su independencia, no puede hacerse a costa de la independencia de otros pueblos y países. No se pueden utilizar los mecanismos de impunidad que la arquitectura económico-financiera apuntala; no es legítimo sustentar nuestro bienestar en la pobreza de otros pueblos.

Desde una perspectiva nacional, el apoyo político y las subvenciones financieras a la internacionalización de las empresas vascas deben ir acompañados de una serie de regulaciones sobre las delegaciones comerciales, los lobbies y las puertas giratorias.

El Gobierno Vasco y las diputaciones deben tipificar como inversiones no responsables aquellas que colisionen frontalmente con los derechos humanos y medioambientales -la industria de armas, la energía nuclear…- y abrir cauces participativos para establecer nuevos parámetros sobre el concepto de desarrollo.

Las delegaciones comerciales no pueden estar compuestas únicamente por representantes políticos y empresarios; sindicalistas, miembros de ONGs, movimientos sociales, representantes de la economía social… deben formar parte de las delegaciones. Las inversiones y el comercio no son ajenos a los derechos humanos y a las prácticas empresariales y gubernamentales de los países receptores. Por otra parte, las delegaciones comerciales y la agenda de visitas, por ejemplo de empresarios colombianos a Euskal Herria, deben ajustarse a los criterios descritos.

Los lobbies son grupos o «empresas especializadas» en la presión política por encargo de un tercero, para el que trabajan, y que habitualmente suele ser una importante empresa; desarrollan su actividad principal fuera del espacio público. En Gasteiz, Donostia, Iruña y Bilbo existen lobbies fuera del control público. De ahí que deben regularse y, en su caso, prohibirse bajo principios de total transparencia y participación ciudadana.

Las «puertas giratorias» entre responsables políticos y económicos son expresiones de la crisis de legitimidad democrática. El poder financiero en la UE se traduce en 16 países con banqueros en puestos claves de responsabilidad política: ministros, gobernadores de los bancos centrales… han formado parte de los consejos de administración de la banca privada internacional. En Euskal Herria, los representantes institucionales y los consejos de administración no pueden actuar como vasos comunicantes; las «puertas giratorias» deben ser ilegales.

Las administraciones públicas -Gobierno Vasco y diputaciones- de apoyo a las inversiones directas deben asegurar mecanismos de control por medio de evaluaciones de impactos sociales, medioambientales, procesos de consultas con las comunidades afectadas, consultas públicas, sistemas de transparencia… en definitiva, establecer fórmulas que incorporen a las inversiones privadas la filosofía de los derechos humanos.

Si las diputaciones y el Gobierno Vasco quieren subvencionar la internacionalización de las empresas vascas, deben incorporar, al menos, los siguientes criterios:

a. Respeto a las legislaciones nacionales de los países receptores y, en todo caso, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos; si China no respeta la libertad sindical y la negociación colectiva, las empresas sí deben acatar las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, los estándares de cumplimiento -medioambientales, sociales, laborales…- deben ajustarse al Derecho Internacional de los Derechos humanos.

b. Creación de empleo en los países receptores y en Euskal Herria, y evaluación de la actividad de las empresas que reciben subvenciones en referencia a otros indicadores: medioambientales, derechos humanos, sociales, pago de impuestos, transferencia tecnológica…

c. Consulta a los trabajadores, y en su caso, a las comunidades indígenas, campesinas… de los países receptores, directa o indirectamente afectados.

d. Activar mecanismos extraterritoriales de responsabilidad. Deben establecerse sistemas de control de las prácticas de las empresas que reciben subvenciones; adecuar la recepción de denuncias por violación de derechos humanos y medioambientales, sea directamente por los colectivos afectados o, indirectamente, vía movimientos sociales y sindicatos vascos.

La marca «Basque Country» implica que la actividad de las empresas y administraciones se subordine al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, inviertan donde inviertan.

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diciembre 27, 2012

ELA critica que Adegi “desprecia” a la mesa negociadora del convenio del Metal de Gipuzkoa al no acudir a la reunión

Iturria: Finanzas.com – 2012/12/27

El sindicato ELA ha denunciado que Adegi “desprecia” a la mesa negociadora del convenio del metal de Gipuzkoa al no acudir a la reunión que estaba establecida para este jueves.

En un comunicado, la central sindical ha criticado que esta posición no impide a la patronal guipuzcoana “avanzar en la intención de aplicar la Reforma Laboral” a las empresas del metal del territorio.

En ese sentido, ha señalado que ese objetivo empresarial que “se ha visto reforzado” con la firma del primer convenio estatal del Metal, por parte de UGT, CC.OO. y CONFEMETAL.

En su opinión, el citado acuerdo busca hacer del convenio del metal de Gipuzkoa “un convenio recortado en las materias que puede negociar y en donde Adegi, de la mano de su franquicia estatal CONFEMETAL pretende abaratar y empeorar las condiciones laborales de los metalúrgicos guipuzcoanos”.

ELA ha denunciado la “falsedad y cinismo” de unas organizaciones sindicales y empresariales que “a la vez que hacen declaraciones en los medios de comunicación hablando de la defensa del convenio del metal de Gipuzkoa, firman en Madrid un convenio que amputa y cercena los derechos y las condiciones laborales que los metalúrgicos guipuzcoanos hemos conseguido a través de un gran sacrificio y una lucha sindical ejemplar”.

Finalmente, ha exigido una negociación donde “estén garantizados incrementos salariales y unas condiciones laborales dignas, que sean de aplicación general y mínimas” para todas las empresas del Metal de Gipuzkoa.

Asimismo, ha considerado que los convenios de empresa “son los únicos que garantizan el mantenimiento de las actuales condiciones laborales y sociales, a la vez que imposibilitan la introducción de la Reforma Laboral”.

diciembre 26, 2012

ELA denunciará al grupo Cortefiel ante la Inspección de Trabajo por la “sustitución ilegal” de trabajadores en huelga

Iturria: Finanzas.com – 2012/12/26

El sindicato ELA va a plantear una denuncia ante la inspección de trabajo contra al Grupo Cortefiel por la “sustitución ilegal de trabajadores” durante la huelga convocada el pasado 22 de diciembre.

En un comunicado, la central sindical ha explicado que el pasado día 22 de diciembre fue el primer día de convocatoria de huelga en las tiendas Cortefiel, Women’s Secret, Pedro del Hierro, Springfield y Fifty Factory, y ha destacado que fue secundado por “casi la totalidad de la plantilla”.

ELA ha denunciado que la empresa decidió abrir algunas tiendas con personal que habitualmente “no presta servicios en esos centros de trabajo ni realiza las funciones que el día 22 de diciembre se encontraba realizando”.

La central ha explicado que, en concreto, algunas tiendas “fueron abiertas por el Director del centro y Jefes de Ventas que se encontraban realizando labores de dependientes, cajeros, etc. cuando, en ningún caso, desempeñan este tipo de funciones ni pertenecen a los centros en los que se encontraban prestando servicios”.

El sindicato ha señalado que esos hechos motivaron que el comité requiriese la intervención de la Ertzaintza a fin de que identificara a las personas que se encontraban “suplantando” trabajadoras en huelga y levantara atestado con el fin de formalizar la denuncia ante la inspección de trabajo.

ELA ha indicado que la “sustitución ilegal” de trabajadores en huelga constituye la “vulneración” del derecho fundamental a la huelga recogido en el ordenamiento jurídico y puede dar lugar a sanciones administrativas, así como a la petición de daños y perjuicios.

Asimismo, también ha denunciado que la empresa contrató para las fechas de vacaciones navideñas a personal para realizar labores de reposición “a cinco euros la hora, salario muy por debajo de lo establecido en el convenio provincial”. Por último, el sindicato ha recordado que, si no se soluciona el conflicto, la plantilla desarrollará dos nuevas jornadas de huelga los días 5 y 7 de enero.

diciembre 25, 2012

La lucha de los desheredados del sistema capitalista

Iturria: Juanjo Basterra / Gara.net – 2012/12/24

Cuando estamos ya cerrando este año 2012 solo veo desesperación y desgracia para muchos, mientras que a otros les veo como siempre: protegidos por el poder político y rodeados de poder económico a pesar de la crisis. Más poder para los poderosos.

Nos hablan de optimismo los mismos que hace unos años ilustraban sus grandes discursos con los ya famosos brotes verdes. Vamos para el sexto año de crisis y, la verdad, el balance de este 2012 no puede ser peor para la clase trabajadora: una reforma laboral sobre otra que nos deja a pies de los caballos de la patronal. La amenaza de la ultraactividad en los convenios, es decir más poder para los empresarios para que puedan decidir las condiciones de trabajo.

Además, los empresarios no crean empleo, lo destruyen. Vemos que este año se cierra con niveles de paro elevados, que creíamos ya superados; con niveles de pobreza, que nos remontan a otras décadas y otros lugares, pero, a la vez, vemos que ese grupo de poderosos sigue ganando más y más, sigue incrementando su poder.

No sería justo pensar que la mayoría, -los desheredados del sistema capitalista-, no tenemos salida. Si que la hay: la lucha es el camino para transformar ese modelo. No podemos ceder. Tenemos que hacer frente a lo que nos viene, para recuperar todo esto que los gobiernos sumisos al poder nos han quitado en base a una democracia al servicio de los poderosos. Tenemos ejemplos directos de la lucha de los trabajadores que han dado resultados. Ese debe ser el camino. No hay más excusa. Porque, si duro esta siendo este último quinquenio, más lo será lo que va a venir por delante, porque tarde o temprano llegara el rescate al Estado español lo que generará más recortes, si queda alguno para hacer. Porque la Unión Europea ya esta pensando en intervenir en las pensiones, a pesar de que el Estado español es de los que menos gasto de PIB destina a las pensiones.

Tenemos que conseguir que esa tarta de la riqueza, que existe pero que está en pocas manos, se reparta con justicia. Por eso, ante este 2013 que nos viene solo puedo decir una cosa y animaros porque si queremos llegar a la meta, tenemos que salir y luchar. Aurrera.

diciembre 25, 2012

ELA critica que el adelanto de la paga de junio de 2013 no es más que un ‘parche’

Iturria: elmundo.es – 2012/12/25

Pide que se adopten medidas para ‘recuperar lo perdido’

El responsable de Servicios Públicos de ELA, Igor Eizagirre, ha calificado de “parche” la decisión del Gobierno vasco de adelantar a principio de enero y de julio las pagas extraordinarias de 2013 y cree que supone “dar cobertura a los recortes”.

En declaraciones a Europa Press, se ha referido, de esta manera, a la decisión del Ejecutivo de Iñigo Urkullu de dar luz verde al proyecto de Ley de medidas sobre las pagas extraordinarias de 2013, que se remitirá este miércoles al Parlamento vasco para abonarlas a los 67.000 funcionarios públicos dependientes del Ejecutivo autonómico a principios del mes de enero y con cargo a los presupuestos del próximo año.

Eizagirre ha exigido al Gobierno vasco y a los grupos parlamentarios que se adopten las medidas necesarias “para recuperar lo perdido” porque en dos años la pérdida de poder adquisitivo es “de más del 20 por ciento”.

En relación a las actuaciones que pueda adoptar el nuevo Ejecutivo respecto a los funcionarios, ha manifestado que el sindicato ve “con preocupación” el discurso que pronunció el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el debate de investidura.

“Nosotros tenemos un planteamiento muy claro, vamos a defender todos los puestos de trabajo, hoy más que nunca es necesaria la defensa de los puestos y también que, desde el Gobierno vasco, se haga autogobierno en defensa de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores públicos, porque es una defensa de toda la sociedad vasca”, ha añadido.

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