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febrero 5, 2013

No es la austeridad, es el cambio de modelo

Iturria: Ignacio Urquizu / eldiario.es – 2013/02/04

Desde que en 2010 los gobiernos europeos comenzaran con las políticas de ajuste, no ha habido día que no se clame contra la austeridad. Es cierto que lo que se ha denominado austericidio está estrangulando nuestras economías. Tal y como acaban de reconocer dos prestigiosos investigadores del FMI, los recortes en el gasto público han tenido efectos mucho más devastadores de lo esperado sobre las economías.

La segunda consecuencia de la austeridad es social y se refleja en los enormes recortes del Estado del bienestar. Pero si sólo nos centramos en la reducción del gasto, minusvaloramos lo que realmente se está produciendo: un cambio de modelo. Es innegable que el austericidio está teniendo efectos sociales en el corto plazo, aumentando las desigualdades y la exclusión. Pero no es menos cierto que, en el momento que las economías se recuperen, un gobierno comprometido con el Estado del bienestar puede aumentar sustancialmente sus partidas presupuestarias. Por lo tanto, los recortes por sí mismos no dejan de ser un problema temporal.

En cambio, la transformación del modelo del Estado del bienestar apunta a una cuestión más bien estructural, que implica cambios más profundos. Continuando con las ideas que han dominado en las últimas décadas, los gobiernos conservadores están persiguiendo dos objetivos en estos momentos: privatizar la mayor parte de los servicios públicos y cambiar la forma de financiarlos. Ambas cuestiones exigen de un debate sosegado y con datos, más allá de los lugares comunes y los intereses particulares.

En relación a la privatización, sería un error pensar que toda gestión privada es un ejemplo de eficacia y calidad. Pero también sería una equivocación atribuir estas virtudes únicamente a lo público. De hecho, la literatura comparada muestra que factores como la adecuada supervisión del financiador o los diseños institucionales son los que realmente explican que una gestión sea mejor o peor. Por ello, el foco no debería ponerse tanto en un debate estéril entre lo público y lo privado, sino en saber qué servicios se quieren externalizar, por qué y bajo qué condiciones.

En estos momentos, algunos gobiernos autonómicos están proponiendo transferir la gestión integral de algunos centros sanitarios a empresas externas. Pero si se opta por esta opción, es muy probable que estas corporaciones acabe abusando de su posición ventajosa. Existen numerosos ejemplos de compañías que, ante la amenaza de una quiebra o la suspensión de los servicios, acaban recibiendo dinero público. Este chantaje se puede repetir en el tiempo, siempre y cuando la empresa que presta el servicio tenga capacidad de amenaza. Por ello, es muy importante evitar posiciones abusivas por parte de las compañías que prestan los servicios a la administración.

¿Cómo determinamos que una posición es ventajosa para la empresa externa? Si esta compañía tiene capacidad de parar la prestación integral de un servicio, su capacidad de amenaza es enorme. Así, por ejemplo, no es lo mismo que en un conflicto se paralicen totalmente uno o varios hospitales, que la presión se “reduzca” a los servicios de limpieza. Además, cuanto más sofisticado y mayor tecnología exija un trabajo, más ventaja tendrá la empresa externa. En este caso, sustituir a la compañía prestataria del servicio será mucho más costoso que acceder a sus peticiones.

Pero además de definir muy claramente qué servicios se externalizan y en qué condiciones, también es cierto que no siempre resultan más baratas las privatizaciones. RecientementeSalvador Peiró y Ricard Meneu mostraban en el blog de FEDEA que, en la Comunidad Valenciana, los costes de hospitalización por habitante eran un 7,5 por ciento más caros en las áreas que eran gestionadas por una concesión que los que disfrutaban de una gestión directa por parte de la administración.

Otro ejemplo de incremento de costes en la prestación de servicios lo encontramos en el Reino Unido. Desde que se privatizó la red ferroviaria, los costes para el Estado son el doble, si lo comparamos con lo que costaba cuando era pública. Entre los aumentos de gasto, destacan los desorbitados sueldos de los ejecutivos, quienes se elevaron su sueldo un 56 por ciento una vez fueron privatizadas las compañías.

Junto a la privatización de los servicios públicos, un segundo cambio de mayor trascendencia es la financiación de las políticas sociales. Aquí el debate tiene dos vertientes que afectan tanto a la calidad de las políticas sociales como a la capacidad redistributiva del Estado del bienestar.

Por un lado, están los partidarios de permitir la financiación privada de la sanidad, la educación o las pensiones. De nuevo, la política comparada muestra datos que deberían invitar a la reflexión. En un reciente post en este blog, Víctor Lapuente se hacía eco de un estudio de Holmberg y Rothstein. En él se muestra que la financiación pública de la sanidad tiene efectos muy positivos sobre algunos indicadores de salud como, por ejemplo, la esperanza de vida. En cambio, la financiación privada tiene efectos negativos, aunque no significativos. Es decir, mientras que la salud de las personas mejora cuando la sanidad es financiada de forma pública, no se puede decir lo mismo cuando se realiza con dinero privado.

Por otro lado, también nos encontramos a los partidarios de financiar los servicios públicos a través de tasas. De esta forma, serían los usuarios los que asumirían parte de los costes de las políticas sociales a través de fórmulas como, por ejemplo, el copago. De optarse por esta vía, lo que correría peligro sería la capacidad redistributiva del Estado del bienestar. En toda política pública, su redistribución depende de quién financia el servicio y quién se beneficia de él. Cuando los costes los asumen las clases más acomodadas y los beneficiarios son los de menor renta, se produce una gran redistribución. En cambio, si un servicio lo financian las clases bajas y disfrutan de él las clases altas, entonces la política es muy regresiva.

Por ello, la solución sería analizar cada una de las políticas públicas, viendo cómo se financian y quién los utiliza. Si vamos al ejemplo de la sanidad, un servicio donde se quieren instaurar el sistema del copago, descubriremos que la probabilidad de ponerse enfermo depende de la edad y la clase social de las personas. En el último barómetro sanitario disponible en el CIS (2010), vemos que el 82 por ciento de los mayores de 65 años fueron a la consulta del médico en el último año, mientras que en los menores de 35 años esta cifra desciende al 66 por ciento. Si distinguimos por clase social, observamos que el 75 por ciento de los obreros no cualificados usaron los servicios sanitarios, un porcentaje que baja al 69 por ciento para las clases altas y medias-altas. Es decir, si financiamos el sistema público de salud a través de sus usuarios, serán los pensionistas y las clases sociales más bajas quienes contribuirán más que los demás a su sostenimiento. Estaremos atacando uno de los principales objetivos de las políticas sociales: la redistribución

En definitiva, la austeridad es un problema a corto plazo para el Estado del bienestar. En cambio, el cambio de modelo debería preocuparnos mucho más, puesto que estamos ante una transformación estructural. De imponerse propuestas como la privatización integral de los servicios públicos o cambios en su financiación pública, pasaremos a tener unas políticas sociales de peor calidad, rehenes de las grandes corporaciones y con menor capacidad redistributiva.

febrero 5, 2013

Doble rasero en la persecución del fraude

Iturria: Olga Rodríguez / eldiario.es – 2013/02/04

Siempre se ha dicho que hay una justicia para pobres y otra para ricos. En determinados sectores sociales existe un consenso que disculpa más fácilmente a un rico que defrauda a Hacienda cantidades elevadas que a una persona económicamente humilde que, para vivir dignamente, obtiene ayudas públicas de forma fraudulenta. Ya se sabe que incluso la normativa existente allana el camino para que los que más recursos tienen puedan pagar menos impuestos.

Hay leyes que ejemplifican esta doble vara de medir. Según varios abogados consultados por eldiario.es, este es el caso de la reforma del Código Penal en materia de lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, y en concreto el artículo 307 ter., que sanciona las actuaciones fraudulentas contra acciones protectoras de la Seguridad Social. Sus disposiciones han entrado en vigor el 17 de enero de este año.

El abogado Alejandro Gámez Selma, de la Asociación Libre de Abogados, ha elaborado un texto que denuncia una serie de particularidades del mencionado artículo:

“Lo fundamental es que no existe una cuantía mínima para su comisión, frente a otros casos en los que sí se establece. Además, el tipo agravado surge en los fraudes superiores a 50.000 euros, mientras que en los delitos contra la Hacienda Pública no se establece hasta los fraudes superiores a 600.000 euros”, indica en conversación con este diario.

Es decir, a diferencia del fraude contra la Hacienda Pública, estatal, autonómica o local, que tiene que alcanzar los 120.000 euros de cuota defraudada para tipificarse como delito y castigarse con pena de prisión, este delito de defraudación a la Seguridad Social por disfrute indebido de prestaciones se -desempleo, pensión, invalidez, etc.- castiga desde el primer euro percibido ilegalmente, con una pena que va desde multa equivalente a lo defraudado hasta tres años de prisión.

Además, el tipo agravado para el fraude en prestaciones a la Seguridad Social se establece si el valor de las ayudas cobradas ilícitas es superior a 50.000 euros, con una pena de 2 a 6 años de cárcel, mientras que el tipo agravado para el fraude a Hacienda tiene que alcanzar los 600.000 euros para idéntica pena, o bien ser cometido “en el seno de una organización criminal”, o empleando “entes interpuestos”, “instrumentos fiduciarios” o “paraísos fiscales”.

Por si fuera poco, el cálculo de la cantidad defraudada en caso de delito contra la Hacienda Pública se realiza por cada ejercicio impositivo, mientras que en el caso de los delitos contra la Seguridad Social por percepción indebida de prestaciones se suman todas las cuantías defraudadas en los últimos cuatro años naturales.

Un doble rasero

Es decir, que si alguien cobra desde hace cinco meses 800 euros de la prestación por desempleo y desde hace tres meses trabaja en B con un sueldo mensual de 500 euros, está cometiendo un delito (Juzgado en sede penal), será castigado con una pena de multa con un mínimo equivalente a lo defraudado y un máximo seis veces mayor, podría exponerse a penas de cárcel de hasta 3 años -ya que la ley no especifica a partir de qué cuantía se aplica cárcel-, perderá la posibilidad de obtener subvenciones y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 3 a 6 años y quedará marcado con antecedentes penales.

Además, si el valor de las prestaciones cobradas fuera superior a 50.000 euros constituiría lo que se denomina tipo agravado, que conlleva una pena de dos a seis años de prisión y no tendría derecho a subvenciones o beneficios fiscales durante un periodo de cuatro a ocho años.

Sin embargo, si una constructora no ha declarado unas plusvalías en la venta de unos terrenos por las que debería haber ingresado a Hacienda cada año 110.000 euros -440.000 en cuatro años- solo habrá cometido una infracción administrativa.

Gámez Selma lo explica con estos y otros ejemplos:

a/ Nuria tiene varios pisos en propiedad alquilados y productos en mercados financieros por los que debería haber ingresado 80.000 euros a Hacienda, pero no lo ha hecho. Tampoco lo hizo en los tres años anteriores. Son por tanto 320.000 euros que ha dejado de pagar en cuatro año.

b/ Manuel no dijo hace tres años que se había operado con éxito del hígado, pues tenía una enfermedad que le incapacitaba parcialmente. De ese modo siguió cobrando una prestación por incapacidad de 450 euros al mes. Le han pillado ahora, cuando lleva defraudados 16.200 euros al Estado.

Manuel está cometiendo delito y podría ser castigado con penas de cárcel. Sin embargo, Nuria solo ha cometido una infracción administrativa.

“Se sanciona gravemente, en sede penal, comportamientos rayanos en el estado de necesidad mientras se sobreprotege el enriquecimiento ilícito de las altas rentas derivadas de la propiedad privada”, subraya el letrado Gámez Selma.

Desproporción 

En su Exposición de motivos, la ley reformada indica que su finalidad es luchar contra tramas organizadas. “Sin embargo, castiga cualquier fraude en la prestación para uno mismo, sin una cuantía mínima de defraudación”, advierte Jesús Rodríguez Alcázar, magistrado de lo Social nº 1 de Granada. Y relata:

“Hace poco tuve un par de casos relacionados con prestaciones no contributivas. Para que una persona pueda cobrar este tipo de prestaciones su familia tiene que tener un tope de ingresos. Puede que al cabo de un tiempo alguien de la familia reciba una paga extraordinaria y se supere ese tope. Quien recibe la prestación tiene entonces que comunicarlo, pero a veces la gente se olvida, o está mal informada y por eso no lo hace. Hasta ahora lo que ocurría es que se le reclamaba la cantidad y se interrumpe la prestación. Ahora esto se convierte en delito, muchísima gente será castigada por vía penal, aunque haya actuado de forma inconsciente. Y así conductas que no revisten gravedad son delito y además supondrá más trabajo para los juzgados de lo penal”.

“Si comparamos este castigo con el límite establecido para los fraudes a la Hacienda, la desproporción es evidente”, añade el juez.

Doble vara de medir también a la hora de regularizar 

Hay otras cuestiones llamativas: Tanto el fraude a la Hacienda Pública como a la acción protectora de la Seguridad Social dejan de ser perseguibles si el autor regulariza su situación antes de conocer la existencia de un procedimiento administrativo o penal dirigido contra él por estos hechos, pero en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública se prevé que la confesión y devolución de la cantidad en los dos meses siguientes a la citación del defraudador como imputado en el proceso penal permita al Juez rebajar la pena en uno o dos grados.

Esta posibilidad no es contemplada para aquél que defraude a la Seguridad Social cobrando indebidamente sus prestaciones.

En la práctica, esto puede vulnerar el principio de igualdad ante la ley.

“Esto supone una criminalización de la pobreza justo en tiempos de carencia, ya que precisamente los ciudadanos en condiciones más necesitadas son potencialmente los principales afectados por esta nueva sanción”, denuncia Gámez Selma.

“Este doble rasero a la hora de sancionar constituye un reconocimiento explícito y sangrantemente vergonzoso de la permisividad y tolerancia de la corrupción por los agentes públicos, en particular de la corrupción de los más acaudalados, es decir, ese porcentaje de ciudadanos y sobre todo empresas que pueden permitirse tener ingresos o beneficios tan altos que la normativa fiscal les imponga el pago de cuotas tan altas como 120.000 euros sin ser siquiera amonestados penalmente por ello”, añade.

Discriminación 

De la misma opinión es Sebastián Martín, profesor de la Facultad de derecho en la Universidad de Sevilla, especialista en historia del derecho penal contemporáneo:

“El artículo no cumple con las exigencias mínimas de seguridad jurídica, otorga a los jueces un poder de disposición sobre las penas propio de un régimen penal autoritario y además incurre en prácticas deleznables aludiendo a las ‘circunstancias personales del autor’ como un elemento decisivo para ponderar la gravedad del fraude, cuando a este respecto habría bastado con una clasificación puramente numérica de las cantidades defraudadas, como ocurre en el caso del delito contra la Hacienda Pública”, señala Martín a eldiario.es

“Hay una justicia para ricos y una para pobres. Frente a casos como el de Bárcenas, vemos cómo alguien es condenado a penas cárcel por haber robado unos cartones de leche. Siempre pagan los de siempre. En este caso, evidentemente se debería haber establecido una cuantía mínima exenta de delito, como la hay en otros casos. No creo que sea intencionado, sino más bien fruto de las típicas chapuzas a la hora de legislar”, señala el abogado Gonzalo Boye, especializado en derecho penal.

“Este delito sanciona a las personas que más necesidad tienen, es decir, a las más vulnerables, que han tenido acceso a una prestación o han estado muy cerca de tenerla”, explica Gámez Selma.

“La discriminación es doble respecto del delito de defraudación de impuestos. Por un lado, objetiva, ya que se castiga como delito desde el primer euro defraudado. Y por otro lado, subjetiva, ya no que no tiene en cuenta las diferentes necesidades del defraudador, por ejemplo, si alguien tiene cargas económicas es posible que se vea obligado a aceptar trabajos en B. Dicho de otra manera: quien roba por hambre es menos ladrón que otros, a los que, sin embargo, se les castigará menos”, añade.

“La base de la reforma del Código Penal supone la violación por parte del Legislador del principio de intervención mínima o ultima ratio del derecho penal. Esto significa que cuando existe la posibilidad de sancionar una conducta por medio de otros órdenes jurisdiccionales, menos lesivos para los derechos de las personas, debe optarse por ellos y dejar el derecho penal para los casos más graves que merecen un reproche social más severo, como es la pena de privación de libertad”, indica la abogada Lorena Ruiz-Huerta, especialista en derecho penal.

Inseguridad jurídica

“Por pequeña que sea la cantidad de la prestación que se reciba (por ejemplo, del subsidio de desempleo), se cometerá el delito, si para obtener la prestación se han simulado o tergiversado los hechos, o se han ocultado conscientemente, provocando error en la Administración. Este tipo básico está castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años”, ha indicado el abogado Jordi Tirvió en una publicación jurídica reciente. Y añade:

“Evidentemente, estos conceptos deberán ser delimitados por los Tribunales, pero lo que es seguro es que nos espera un largo período de inseguridad jurídica, circunstancia agravada por el hecho de que, por la pena asignada al delito, la mayoría de asuntos serán juzgados en primera instancia en los Juzgados de lo Penal y el proceso finalizará con el recurso de apelación ante las distintas Audiencias Provinciales, lo que dará lugar a abundantes resoluciones dispares”.

En definitiva, una persona que defraude a la Hacienda Pública 110.000 euros -una cifra que desvela que dispone de una cantidad importante de dinero- se verá sancionada con una infracción administrativa. Alguien que cobre, sin tener derecho a ello, el subsidio del desempleo o cualquier otra mínima prestación corre el riesgo de ser castigada con pena de cárcel aunque el fraude haya sido de 400 euros. Es sin duda una doble vara de medir que provoca discriminación.

Que la ley condicione la decisión del juez a “las circunstancias personales del autor” del fraude o que cree un concepto jurídico indeterminado con la expresión “que no revistan especial gravedad” para atenuar el castigo de cárcel supone además una ambigüedad que generará inseguridad jurídica y perjudicará a los más débiles, en un momento en el que crece el número de personas que pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad.

febrero 5, 2013

La Privatización del Agua: Un Robo de las Empresas, Amparado por los Gobiernos

La Privatización del Agua: Un Robo de las Empresas, Amparado por los Gobiernos

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febrero 5, 2013

Movilización contra el temporal de recortes del Ayuntamiento de Barakaldo

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) – 2013/02/04

Coincidiendo con la apertura del plazo para solicitar las ayudas sociales en el municipio de Barakaldo, se ha realizado una concentración ante el consistorio fabril. A lo largo de este día 1.120 familias han solicitado una cita con los servicios sociales; y se estaba dando cita para el 17 de mayo.
Murrizketarik EZ!!
►Esta mañana, y coincidiendo con la apertura del plazo para solicitar las ayudas sociales en el municipio de Barakaldo, se ha realizado una concentración ante el consistorio fabril con el ánimo de denunciar las consecuencias de los recortes sociales introducidos por la corporación municipal para este año; la reducción de los recursos destinados al Departamento de Acción Social; y la supresión de las ayudas a la educación.
•A lo largo de este día 1.120 familias han solicitado una cita con los servicios sociales municipales; y se estaba dando cita para el 17 de mayo, a esta dilación en la atención hay que sumarle los tres meses que se tarda en resolver los expedientes. Esto supone que hasta finales de julio no se empezarán a producir los primeros ingresos de la ayuda solicitada.
 
“Iniciativa ante el Temporal de Recortes Sociales”
 
►Ante el temporal de recortes aplicados por el Ayuntamiento de Barakaldo se ha querido denunciar que…
•El recorte en un 50% de la asignación económica para hacer frente a los gastos derivados de alquileres e hipotecas. Así, como para los contratos de coarrendamiento o los contratos de hospedaje o pupilaje;
La tardanza en más de seis meses en la atención a las familias necesitadas de la localidad. Situación provocada por la reducción en un 40% de la jornada laboral de 8 personas (5 administrativos y 3 trabajadoras sociales) de los servicios sociales municipales.
►Además,
•Se eliminan las ayudas para las tasas municipales de alcantarillado, basuras, IBI, luz y agua.
•Se suprimen íntegramente las ayudas dedicadas a educación; y que percibían la totalidad de familias de la localidad con niños y niñas en edad escolar.
Colectivos Sociales y Sindicales de Barakaldo:
Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barakaldo, Asamblea de Parad@s de Barakaldo, Barakaldoko Gazte Asanblada, Berri-Otxoak, Centro Asesor de la Mujer “Argitan”.
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, CGT y CNT.
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febrero 5, 2013

Sin dinero público, no somos nada

Iturria: Carlos Sánchez Mato / Attac – 2013/01/31

A pesar de las triunfalistas declaraciones pronunciadas recientemente por el Gobierno español, el sector bancario no ha solucionado aún sus graves problemas de solvencia. Hasta el mes de diciembre de 2012, las entidades financieras españolas han recibido más de 589 mil millones de euros de fondos públicos en concepto de ayudas. Únicamente el 13,72% del total son ayudas de capitalización mientras que el 86,28% han sido ayudas a la financiación de las mismas. Ayudas directas en forma de capital, seguros contra pérdidas futuras, avales a las emisiones de deuda, adquisición de activos líquidos, suelo e inmuebles, suscripción de participaciones o bonos preferentes convertibles y préstamos ilimitados del Banco Central Europeo. Toda una batería de variados instrumentos para mantener a flote a las entidades bancarias al que hay que añadir el aval implícito gratuito que el Estado está dando al permitir que un Fondo de Garantía de Depósitos en quiebra técnica y que no dispone de patrimonio garantice los depósitos que los ciudadanos tienen en las entidades hasta un importe de 100 mil euros. Solamente la confianza en que el Estado protegerá los ahorros de la gente y no la solvencia de los bancos permite su supervivencia.

Aunque la propaganda oficial intenta evitar la difusión de esta información, todas las entidades han precisado de ayudas públicas en mayor o menor medida porque la insolvencia habitual de las mismas se precipita en escenarios de crisis como la que vivimos en la actualidad. Culpabilizar únicamente a una parte del sector, concretamente a las cajas de ahorro, de la debacle no es más que un argumento interesado que no pretende otra cosa que salvar a los grandes bancos a costa de la fagocitación de las cajas de ahorro. Y todo ello realizado con enormes ayudas públicas.

En el mes de diciembre del pasado año se ha formalizado la última inyección que ha superado los 81 mil millones de euros si sumamos al capital desembolsado en las entidades ya nacionalizadas, las adquisiciones de activos por parte del “banco malo”. No será la última.

Ver Cuadros de ayudas públicas al sector bancario español (Datos actualizados a diciembre de 2012)

http://matoeconomia.blogspot.es/img/ayudabancos.pdf

febrero 5, 2013

Pensiones y deuda pública

Iturria: Vicenç Navarro / ATTAC – 2013/02/04

Uno de los objetivos más importantes del capital financiero (es decir, de la banca, de los fondos de alto riesgo y de las compañías de seguros, entre otras instituciones) es privatizar la Seguridad Social y, muy en particular, las pensiones públicas. Éstas representan los fondos más importantes en cualquier país, incluyendo en España. Los trabajadores y empresarios cotizantes pagan sus cuotas a la Seguridad Social para financiar, entre otros beneficios, las pensiones. Y, como hay más ingresos al fondo de pensiones que beneficios, se ha ido acumulando un fondo de reserva considerable (alrededor de 65.000 millones de euros). Es mucho dinero y el capital financiero quiere meterle mano. Representa una gran golosina. En contra de lo que se informa a la población en los medios influenciados por el capital financiero (que son la mayoría), hoy el capital financiero tiene mucho dinero y va en busca de más. Éste es su próximo gran proyecto: que esta reserva pase a manos de las instituciones financieras privadas en lugar de las públicas (esto también ocurre, por cierto, con la sanidad pública, de la que hoy tal capital financiero desea la privatización para poder también meterle mano, beneficiándose de ello. La evidencia de que esto es así es abrumadora).

Uno de los argumentos que utiliza el capital financiero a través de sus portavoces o grupos de investigación afines, como FEDEA, es que el crecimiento de las pensiones públicas es una de las mayores causas del crecimiento del déficit y de la deuda pública. Y de ahí la necesidad de que se reduzcan tales pensiones públicas. Este argumento se ha repetido miles de veces en los mayores medios donde la sabiduría convencional se produce y reproduce. Y de tanto repetirse, la gente normal y corriente, que adquiere su información a través de tales medios, acaba creyéndoselo.

Pues bien, tal argumento es una mentira enorme. Y utilizo el término mentira deliberadamente. Mis lectores saben que no me gusta utilizar expresiones en mis escritos que puedan interpretarse por mis adversarios, que son muchos, como insultos. Pero es imposible que los portavoces del capital financiero no sepan que la Seguridad Social es una institución autónoma que no se contabiliza en el presupuesto del Estado. No puede, por lo tanto, contribuir al déficit del Estado. Es más, donde sí están entrelazadas ambas instituciones es en la compra de la deuda pública por parte de la Seguridad Social. Los fondos de reserva de las pensiones públicas son uno de los mayores compradores de deuda pública del Estado español, tal como ha indicado The Wall Street Journal en sus series sobre la deuda pública en España. Y lo que es más preocupante es que el 90% de los fondos de reserva de la Seguridad Social están invertidos en bonos públicos del Estado.

La Seguridad Social está, pues, resolviendo, en lugar de dificultando, el llamado problema de la deuda pública española, deuda pública que, por cierto, ha sido creada artificialmente debido al enorme poder del mismo capital financiero. Si el Banco Central Europeo (BCE) (que no es un Banco Central sino un lobby de la banca) hubiera prestado dinero al Estado español a los mismos intereses que ha prestado a la banca, hoy España no tendría ningún problema de deuda pública. Ha sido el capital financiero el que ha creado el problema de la deuda pública a través de su dominio de las instituciones que gobiernan el euro y muy en particular el BCE. Y ahora que la deuda pública está en peligro, son, de nuevo, los fondos públicos de la Seguridad Social los que la salvan. Esto, que está ocurriendo sin que apenas se conozca, se está haciendo a un elevadísimo coste: el de que no puedan pagarse las pensiones del futuro, lo cual no tendrá nada que ver (repito nada que ver) con la famosa transición demográfica y la supuesta inviabilidad de las pensiones (debido a que no habrá suficientes jóvenes para pagar las pensiones de los ancianos), sino con el elevadísimo riesgo de haber invertido la gran mayoría de los fondos de reserva en la deuda pública que probablemente el Estado no podrá pagar. En realidad, los responsables de los fondos de reserva han actuado bajo presiones del Estado, comprando y comprando deuda pública en dimensiones claramente excesivas, poniendo al propio sistema de pensiones en peligro.

A aquellos que continúan alarmando a la ciudadanía indicando que las pensiones no son viables o que la deuda pública está causada por las pensiones, hay que señalarles que la evidencia científica no apoya ni lo uno ni lo otro. Es más, la deuda pública podría resolverse fácilmente, bien imprimiendo euros por el Banco de España y con ello comprar deuda pública (lo cual es permitido en la normativa del Sistema Europeo de Bancos Centrales) o estableciendo agencias públicas de crédito que pudieran pedir prestado dinero al Banco Central Europeo a los mismos intereses que la banca privada (lo cual es permitido por el artículo 123.1 del Tratado de Lisboa) como bien documenta Juan Torres en su artículo “Hay alternativas, incluso dentro del euro” en la revista Alternativas Económicas. Que no se consideren estas alternativas, se debe al enorme poder del capital financiero. Así de claro.

 Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

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