Fuera la Troika y sus amiguetes de Bilbao

Iturria:  Mikel Noval (ELA Sindikatua) – 2014/02/20

Han pasado más de 13 años desde que, en septiembre de 2000, tuvieron lugar en Praga unas importantes movilizaciones para rechazar las políticas de ajuste que han venido recetando invariablemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), con independencia del paciente y de la enfermedad a tratar.

Durante estos años, instituciones antidemocráticas como el FMI, el BM, el G-8 o la OMC han tenido que buscar sitios cada vez más recónditos, cada vez más protegidos por la policía, para poder seguir reuniéndose. Ello no ha evitado el desprestigio creciente de esas instituciones y de los gobiernos que han aplicado sus políticas a rajatabla. Este desprestigio no solo es obvio en América Latina, donde las políticas de ajuste acordadas entre los gobiernos y estas instituciones intergubernamentales internacionales arruinaron la vida de mucha gente, generando un fortísimo aumento de la pobreza, de la desigualdad social y enriqueciendo a una minoría poderosa. También lo es en la Unión Europea, donde todo el mundo reconoce que las políticas de ajuste nos han llevado a aumentar notablemente el paro, la pobreza y a agravar la recesión (quedan fuera quienes se dedican a dar ruedas de prensa sin preguntas o a responder lo que no tiene que ver con lo que se pregunta, que son unos cuantos).

Pero Spain is different. Y a lo que se ve hay quien quiere que Euskal Herria también lo sea. 13 años después de que se iniciase en Europa el calvario social de estas instituciones internacionales, el gobierno español no ha tenido mejor ocurrencia que organizar en Bilbao el 3 de marzo una Cumbre Económica Mundial (es decir, una especie de Davos 2) titulada ‘Foro Global España 2014: de la Estabilidad al Crecimiento’. Símbolo de normalidad, dicen. En esta Cumbre van a participar la directora general del FMI (Christine Lagarde, envuelta en casos de corrupción cuando fue ministra de Sarkozy, y cuyo salario está exento de pagar el Impuesto sobre la Renta), el secretario general de la OCDE (Ángel Gurría), la Comisión Europea (quizás su presidente Barroso, y ya confirmados Almunia, Michel Barnier y Karel de Gutch, responsable de las negociaciones del acuerdo comercial UE-USA), el presidente del Eurogrupo (que condiciona la concesión de créditos a la adopción de más recortes), el presidente del Banco Europeo de Inversiones (agente necesario para los negocios con la incineradora y las autopistas), la Casa Real (el Rey o el Príncipe Felipe), el presidente del Gobierno español (Mariano Rajoy), y el Lehendakari (Iñigo Urkullu).

Es decir, el 3 de marzo se reúnen en Bilbao la Troika y unos cuantos amigos. Los responsables de las políticas de empobrecimiento, del paro, de la corrupción, de la falta de democracia real. La misma gente que se tiene que esconder en Grecia o en Portugal. Que cuando van a Madrid dicen que solo van a analizar a la banca, aunque no sea verdad. Se reúnen en Bilbao quienes han decidido que vamos a salvar a la banca a escote, a la que han dado ya (y más que quieren dar en el futuro) decenas de miles de millones de euros de dinero público, que no se va a recuperar. Por supuesto, estarán a su lado los presidentes de las grandes empresas del estado español (Telefónica, BBVA, Inditex, Iberdrola, etc.), que tanto dinero ganan gracias a las políticas de los distintos gobiernos. Estarán juntos los responsables de que el 99% de la población viva cada vez peor. Y encima quieren que les aplaudamos.

No lo van a conseguir. Bilbao no va a ser diferente a otras partes del mundo. Bilbao va a ser un clamor contra la Troika. Va a ser un clamor contra los dirigentes del FMI, de la OCDE, de la Comisión Europea, del gobierno español, de la patronal, de la banca y de las grandes multinacionales, que son quienes nos recortan nuestros derechos laborales y sociales, quienes bajan los salarios, las pensiones, las prestaciones por desempleo, aumentan la precariedad laboral, vulneran el derecho a la negociación colectiva y un largo etcétera.

Por eso, el 3 de marzo va a ser un día de movilización social. Un día histórico. A las diez de la mañana dos columnas saldrán desde el Sagrado Corazón y el Arriaga, para llegar hasta el Museo Guggenheim, donde se celebra la Cumbre, y posteriormente habrá más actos.

Mención aparte se merece el Lehendakari Urkullu. Por las políticas que aplica no nos llama la atención que quiera aparecer, como uno más, en esa Cumbre del 3 de marzo. Realmente es uno más en la aplicación de las políticas de ajuste, como se ha demostrado a la hora de elaborar los presupuestos (que ELA ha analizado y valorado) o a la hora de utilizar la propaganda para ocultar su política real (como cuando habla de plan de empleo a la vez que recorta el empleo público). Su presencia muestra el acuerdo de su gobierno con las recetas económicas más rancias.

El 3 de marzo el Lehendakari no va a representar a la mayoría social vasca, que va a estar en la calle. Pocas veces habrá una desconexión mayor entre el sentir generalizado de la población, que no quiere que vengan la Troika y su capitalismo de amiguetes, y lo que va a hacer el Lehendakari, dando coba a toda esa gente sin alma. Valoraríamos su ausencia, como concluimos que su anunciada presencia legitima políticamente la tiranía de las grandes empresas y de la banca. Es su opción. Una opción a favor de una minoría que se enriquece a costa de exprimir cada vez más a la mayoría. ¡Y luego hay quien dice que no hay lucha de clases!

Lo legal pero ilegítimo

Iturria: Clemente Hernández / ATTAC Alacant – 2013/05/23

“…es razonable que las víctimas de viejas leyes pretendan su derogación y que aspiren, si gobiernan, a la reparación del daño ocasionado por los beneficiarios de entonces.[…]…lo cierto es que PP y PSOE lo han puesto muy difícil al dejar anclado en la Constitución que la deuda financiera se paga caiga quien caiga.”

La voz “legítimo/a” tiene tres acepciones: “lo conforme a las leyes; lo ajustado a la equidad y la razón; lo cierto, genuino y verdadero”. Un concepto polisémico como éste produce malentendidos cuando su uso indiscriminado en una conversación no aclara la acepción utilizada, salvo que alguien piense que cualquier ley se ajusta a los criterios de equidad, razón y verdad. Algo de esto pudo haber ocurrido en el rifirrafe que mantuve con Ángel Luna, a raíz de una moción en el Ayuntamiento de Alicante sobre la deuda pública, pues así lo percibí en las redes sociales que se hicieron eco de la polémica.

Muchas personas comparten juicios de valor y argumentos para calificar de no equitativas ni ajustadas a la razón y la verdad las leyes que rigen la vida económica actual, y sabemos que las convenciones sociales sobre lo que es razonable y equitativo cambian a medida que lo hace la interpretación de la realidad, que de tenerse por verdadera se convierte en falsa. De no reconocerlo, se negaría la base misma de la democracia, esto es, la posibilidad de cambios legislativos pacíficos cuando ganan las elecciones fuerzas que identifican el interés general de forma radicalmente opuesta a sus antecesores.

Es de esa tensión entre virtudes que son interpretadas de forma diferente por grupos que tienen intereses en conflicto de donde surge la voluntad de modificar las leyes. Si la legislación plasma la cultura y el poder dominante en cada época, es razonable que las víctimas de viejas leyes pretendan su derogación y que aspiren, si gobiernan, a la reparación del daño ocasionado por los beneficiarios de entonces. ¿Cómo se repara, por ejemplo, el daño causado a los hipotecados, con cláusulas legales en su día, pero abusivas a la luz de la nueva legislación?, ¿y cómo garantizamos que un contrato con compromisos futuros -eso es la deuda pública- respete el bien común si sus cláusulas, sus causas o sus efectos son calificados por un nuevo poder legislativo como contrarios a la equidad, la razón y la verdad?

En un Estado de Derecho, la garantía jurídica de los acuerdos del pasado no debe impedir que pueda surtir efecto el interés general, con todas las cautelas que se quiera, a la luz de los nuevos criterios de equidad, razón y verdad legitimados por los que ostentan el poder de legislar en cada momento. Paradójicamente, se aplica ese criterio para justificar los recortes de los derechos de los trabajadores, pues arguye el PP que hacerlo responde al interés general; pero se acusa de atentado al Estado de Derecho cuando se pide el mismo rasero a la deuda pública, si cambia la correlación de fuerzas y un nuevo parlamento define un interés general contrario al vigente.

Eso es lo que han venido haciendo las sociedades civilizadas a lo largo del tiempo. Nada nuevo bajo el sol, salvo que cuando hablamos de tocar a bancos, grandes empresas y gobiernos, a algunas personas les entra el síndrome de Estocolmo y se ponen de abogados del diablo. Esa es la impresión que dio el arrebato de Ángel Luna, aunque él no lo pretendiera y se rectifique con Julián López, portavoz de Economía del PSPV, en su brillante artículo Más financiación, más responsabilidad, en INFORMACIÓN, pues lo cierto es que PP y PSOE lo han puesto muy difícil al dejar anclado en la Constitución que la deuda financiera se paga caiga quien caiga.

En España es legal que las empresas tengan negocios en paraísos fiscales, y casi todas las del IBEX los tienen ¿no es legítimo pretender que, algún día, se pueda recuperar la ganancia obtenida por un procedimiento al que no tiene acceso todo hijo de vecino? También es legal que los empresarios españoles fabriquen en Bangladesh, aprovechándose de una legislación laboral inhumana, ¿no es legítimo exigir que, algún día, los propietarios de esas empresas reparen con sus beneficios el daño causado?

En España es legal que los bancos reciban dinero de un banco público (BCE) al 0,5% y lo presten a los gobiernos al 4% o más, ¿no es legítimo esperar que una ley permita retornar los beneficios obtenidos por la deuda contraída en esas condiciones, si el no hacerlo atenta al interés general? También es legal que la Generalitat Valenciana tenga una financiación per cápita del 85% de la media del conjunto del sistema autonómico, ¿no es legítimo esperar que se compense al País Valenciano por los más de 13.000 millones de deuda contraída por esa financiación injusta? El análisis de la deuda permite conocer esas y otras causas de legalidad ilegítima -por no ajustarse a los principios de equidad, razón y verdad- y la participación de la ciudadanía aumentaría el respaldo de cualquier gobierno que tenga que enfrentarse a sus financieros.

Nadie es tan insensato como para no prever que cualquier cambio legislativo sobre la deuda será contestado duramente y que las consecuencias no son inocuas, por lo que habrá que imponer, negociar y pleitear con inteligencia y tesón, pero de eso se trata, de cargarse de argumentos de razón, verdad y equidad en favor de las víctimas del orden económico imperante, que sus beneficiarios ya tienen sus propios voceros y abogados.

Las medidas neoliberales llevan a Grecia a un 30% de pobreza infantil

Iturria: librered.net – 2013/05/23

La infancia griega es uno de los sectores más afectados por las políticas neoliberales impuestas por la Troika (BCE, CE y FMI) y el Gobierno heleno, donde uno de cada tres niños vive en situación de pobreza o exclusión social según un informe presentado este miércoles.

“La situación de los niños en Grecia”, es un estudio realizado por la Universidad de Atenas en colaboración con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), donde se señala que un 30,4 por ciento de los menores, lo que equivale a 597.000 infantes, viven en la pobreza o en condiciones de exclusión social, mientras que otros 322.000 lo hacen en medio de graves necesidades en diferentes áreas sociales.

Los datos suministrados, corresponden al año 2011, lo que supone un incremento de ambos indicadores con respecto al año anterior del 9,1 por ciento y del 38,2 respectivamente.

“La realidad es muy preocupante”, aseguró el presidente de Unicef Grecia, Lambros Kanellopulos, durante la presentación, pues los índices de pobreza continúan aumentando y “esto afecta su calidad de vida, no sólo en el aspecto psicológico sino también en aéreas de salud, educación y formación en general”.

Las carencias relacionadas con el deterioro de las condiciones sociales a consecuencia de los severos paquetazos de recortes, hacen que aumente el número de menores de edad que viven en hogares donde los miembros de la familia están desempleados o con serias dificultades para hacer frente a los gastos familiares básicos.

La Oficina de Estadísticas Griegas (OEG), reveló meses atrás que la falta de empleo afecta principalmente a los menores de 24 años, por lo cual 50,8 por ciento de ese sector carece de ocupación.

Toda esta realidad incide en dietas alimentarias pobres, carentes de los nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo de los niños.

La dificultad habitacional que en la mayoría de los casos, no poseen in domicilio fijo, no cuentan con calefacción o están expuestos a problemas ambientales, como la contaminación.

Los ciudadanos han padecido restricciones en el acceso a servicios públicos de salud y hospitalarios a causa de los recortes presupuestarios y el proceso de privatización del sector.

Otro dato alarmante de la investigación fue el aumento de la delincuencia juvenil, la cual tuvo un incrementó del 53,4 por ciento entre los años 2010 y 2011.

Los responsables de Unicef mostraron su preocupación por los datos revelados y solicitaron a las autoridades un aumento de las coberturas sociales entre los menores, pues las características del presupuesto no permiten identificar los recursos asignados al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Las recetas capitalistas duplican la pobreza en Italia en los últimos dos años

Iturria: librered.net – 2013/05/23

Unos 8,6 millones de personas en Italia, el 14 por ciento de la población, vive en situación de pobreza, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística italiano (ISTAT).

ISTAT precisó que los números indican que la cifra de italianos que viven en situación de pobreza se duplicó en los últimos dos años, como consecuencia de las políticas capitalistas impuestas por el Gobierno y la llamada “Troika”, conformada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE).

De acuerdo al informe, miles de familias cumplen más de cuatro de los nueve indicadores de pobreza, entre los que se incluye el no poder utilizar la calefacción en sus hogares, cuestión que afectó en 2012 a una de cada cinco personas, dos veces más que en 2010.

También se incluye el número de personas que no pueden permitirse comer alimentos ricos en proteínas, como la carne, cada dos días, que pasó del 6,7 por ciento en 2010 al 16,6 por ciento en 2012.

ISTAT reveló también que cerca del 14,9 por ciento de los italianos vive en familias que cumplen al menos tres de los criterios de pobreza establecidos por el Instituto de Estadística.

De acuerdo al informe, el poder adquisitivo de los italianos cayó un 4,8 por ciento en 2012, una caída “excepcionalmente elevada” provocada en gran parte por los fuertes aumentos de los impuestos.

El instituto de estadísticas señaló que Italia es uno de los países europeos con mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, con un 23,9 por ciento, es decir, 2,25 millones. Esa tasa sube en las regiones del sur, donde uno de cada tres jóvenes entre 15 y 29 años está en esa situación.

Artillería jurídica contra la deuda externa

Iturria: Enric Llopis / Rebelion – 2013/03/13

La coordinadora del CADTM en Bélgica, Cécile Lamarque, reivindica los derechos humanos para que no se pague la deuda ilegítima

“No debemos, no pagamos”. Para materializar esta sencilla consigna hace falta acumular fuerza política. Pero también argumentos. Algunos de ellos, los de carácter jurídico, los ha expuesto en la Facultat de Ciències Socials de València, Cécile Lamarque, coordinadora del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) en Bélgica. Un arsenal de razones jurídicas para no pagar la deuda ilegítima a los acreedores.

En un acto organizado por la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià, Clínica Jurídica de la Facultat de Dret y el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Cécile Lamarque ha subrayado que la deuda se utiliza como “excusa” -en la realidad europea- para imponer políticas de austeridad y recortes. “Se nos dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, pero ¿a qué responde realmente el aumento de la deuda externa, sea pública o privada?

Primero, al “alza explosiva” de los tipos de interés en la década de los 80, coincidiendo con la llegada al gobierno de Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Gran Bretaña; además, a la aprobación de sucesivas contrarreformas fiscales para el beneficio de los grandes patrimonios y las rentas más altas, que han menguado los ingresos estatales; a dos tratados, primero el de Maastricht y después el de Lisboa, que fuerzan a los estados a financiarse en los mercados internacionales en lugar de hacerlo a través del Banco Central Europeo (BCE), a una tasa de interés muy inferior; por último, al coste de los planes de rescate y las maniobras de las agencias de calificación rebajando la nota de los estados. Es decir, “el endeudamiento en los países europeos no deriva de un incremento del gasto público”, subraya Lamarque.

El pago de la deuda y los planes de austeridad ahogan a las poblaciones del sur. Frente a lo que muchos ya califican de “austericidio”, el CADTM propone la realización de Auditorías Ciudadanas que delimiten qué parte de la deuda es ilegítima y, por tanto, no debe pagarse. Hay argumentos jurídicos que avalan las alternativas al binomio recortes-pago de la deuda. Por ejemplo, el último informe del experto de la ONU sobre deuda exterior, de abril de 2012, afirma que los estados acreedores y las instituciones financieras “no deben aprovechar las crisis para imponer reformas estructurales en los estados deudores”. También se explica en el mismo informe que los acreedores “no deberían imponer como condición de los préstamos o del alivio de la deuda, la aplicación de políticas como la privatización, la capitalización, la liberación del comercio, la desregulación de las inversiones o la liberalización del sector financiero”. Pero, afirma Cécile Lamarque, “la Troika impone actualmente estas medidas a los países de la periferia europea”.

Los Comités por la Auditoría de la Deuda priorizan la acción política de los ciudadanos para cancelar la deuda ilegítima al tiempo que desconfían de los tribunales y los mecanismos de arbitraje, “pues suelen dar la razón a las multinacionales y a los acreedores”, asegura la coordinadora del CADTM de Bélgica. “El derecho es siempre fruto de la correlación de fuerzas”, agrega. Por eso los argumentos jurídicos y las auditorías han de estar al servicio fundamentalmente de la lucha ciudadana. Siguiendo con las razones procedentes del Derecho, la activista recuerda que los estados “no tienen la obligación absoluta de reembolsar una deuda; deben hacerlo si se trata de deudas contraídas por el interés general”. Para ello, añade, puede invocarse la Carta de la ONU (1945); la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) o la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), entre otros textos.

El Derecho Internacional podría convertirse en un valioso aliado, de no ser porque las resoluciones de Naciones Unidas suelen quedarse en “papel mojado”. Una resolución del 18 de julio de 2012 llega a afirmar que todo estado “tiene la responsabilidad de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población (…) y no verse condicionado por fórmulas específicas de políticas económicas externas”. En otros casos, los estados pueden alegar motivos de fuerza mayor que les imposibilitan pagar las deudas. Según el Derecho Internacional, los estados también pueden ampararse en el “estado de necesidad” (“peligro para la existencia del estado y para su supervivencia política y económica”). Afirma Cécile Lamarque que Grecia podría invocar este principio para no reconocer parte de la deuda con los acreedores internacionales.

En los países de la periferia europea podría asimismo aplicarse el criterio sostenido por el experto de la ONU sobre deuda externa en su último informe: “cuando por causas ajenas a la voluntad del estado prestatario cambien las circunstancias, puede justificarse una moratoria de la deuda”. ¿Cuáles serían estas circunstancias? Por ejemplo, según la activista del CADTM, el incremento de los tipos de interés que se duplicaron en el periodo 2010-2011 respecto a 2008-2009. Otras veces el arsenal jurídico contra la deuda requiere de menos pormenores. Basta con invocar los principios generales del derecho internacional cuando se refieren a la “equidad”, “buena fe”, “abuso de derecho” o “fraude”.

Puede, así pues, tirarse de argumentario jurídico para considerar ilegítima una deuda contraída. También la casuística histórica es muy extensa y abundan los ejemplos a partir de los cuales podría reivindicarse el impago. Es el caso de las deudas contraídas por dictaduras, y que deben costear el conjunto de la población. Así, el CADTM reivindica este principio para las deudas contraídas por los regímenes recientemente caídos de Túnez y Egipto. “Se podría haber aplicado asimismo en las dictaduras militares de Grecia, Portugal o España”, subraya Lamarque. En contexto y época diferentes, tras la invasión de Iraq en 2003, el Club de París (foro internacional de países acreedores y deudores) consideró “odiosa” la deuda que mantenía este país y canceló el 80% de la misma. Aunque se tuvo cuidado en no difundir la noción de “deuda odiosa” por miedo a que cundiera el ejemplo.

Deudas ilegítimas por condicionalidades vinculadas a los préstamos. Éste es uno de los criterios con mayor potencial de materialización hoy en la Unión Europea. La deuda de los países de la periferia se halla íntimamente ligada a las políticas de austeridad e incluso a la imposición de gobiernos “títeres” (caso de Italia y Grecia). Lamarque también señala la posibilidad de declarar ilegítimo el endeudamiento producido por la compra de material militar (el ejemplo griego). O el derivado de la construcción de infraestructuras y grandes proyectos que afecten a las poblaciones y al medio ambiente.

No faltan ejemplos a los que acogerse y tomar como referencia. Algunos los cita el politólogo y jurista Joan E. Garcés en el epílogo de su libro “Soberanos e Intervenidos” (Ed. Siglo XXI), donde concluye que el empréstito “ha sido uno de los instrumentos financieros utilizados para intervenir, dividir o dominar a pueblos enteros”. En 1899, explica Garcés, Estados Unidos pidió que España asumiera las deudas contraídas por los cubanos alzados contra la corona. Un año antes, Reino Unido y Alemania suscribieron un acuerdo secreto para conceder un préstamo conjunto a Portugal y, anticipando que no podría reembolsarlo, repartirse en compensación los territorios portugueses de Angola, Mozambique y Timor, explica Garcés.

En el mismo libro se citan otras muestras de resistencia. Tras el pánico financiero de 1837, los estados de Mississippi, Arkansas, Florida y Michigan repudiaron la deuda pública contraída con inversores extranjeros. Se adujo que estas inversiones no habían producido beneficios. En 1860, el presidente mexicano Benito Juárez rechazó la deuda suscrita durante el régimen del general Zuloaga (1857-1860). Estados Unidos también obligó a repudiar la deuda que los estados confederados habían contraído con Francia y Reino Unido entre 1861 y 1865. Detalla Joan E. Garcés, asimismo, que tras 1877 los estados de Alabama, Arkansas, Luisiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee consideraron ilegítima la deuda pública contraída entre 1865 y 1877, porque el gobierno había actuado, se dijo, de manera corrupta y en beneficio propio.

En definitiva, resume Cécile Lamarque, hoy “el pago de la deuda se impone como condición absoluta; los estados lo aceptan para satisfacer a los mercados financieros”. De ahí nace la iniciativa de las Auditorías Ciudadanas. En Argentina (2001) se suspendió el pago de la deuda y ello no supuso, al contrario, una tragedia económica. En marzo de 2005, la Cámara de Representantes de Nigeria aprueba repudiar la deuda externa contraída por la dictadura militar. En 2010 y 2011 los ciudadanos islandeses decidieron mediante referéndum oponerse al reembolso de la deuda exterior, así como llevar a juicio a los gobernantes responsables.

Rafael Correa en Ecuador (2008) dejó de pagar, tras la realización de una auditoría con participación de los movimientos sociales, parte de la deuda exterior con la banca privada. Éste es uno de los grandes paradigmas aunque, según Cécile Lamarque, “podría haber llegado más lejos”. Grecia, Italia, Irlanda, Francia, Bélgica, Irlanda, Inglaterra, Portugal, España, Túnez, Grecia…Proliferan las plataformas por la auditoría de la deuda con la implicación de la sociedad civil. Trabajan en red para coordinar las luchas. “Porque el endeudamiento es un problema crónico del Sur, de los países periféricos de todo el mundo”, concluye Cécile Lamarque.

No pagar la deuda para salir de la crisis

Iturria: La hiedra / Kaos en la red – 2013/02/27

Análisis del papel del Estado en la crisis de la deuda, su incremento incesante y la función de los recortes. Se argenta por qué es imprescindible oponerse a la política de austeridad promovida por la UE y promover el impago de la deuda de forma unilateral a diferencia del caso argentino.

En este artículo, Carlos Schwartz nos explica el papel del Estado en la crisis de la deuda, la función de los recortes del gasto social y el incremento incesante de la deuda. Asimismo, destaca el protagonismo de la Unión Europea (UE) como principal motor de estas políticas de ajuste y defensora de los intereses de los grandes capitales del continente. Schwartz cree imprescindible oponer a la política de austeridad y sobreexplotación de la UE el impago de la deuda de forma unilateral a diferencia del caso argentino.

Crisis y explosión de la deuda

Desde la proclamación de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, el candidato del Partido Popular (PP) en las elecciones generales de noviembre de 2011, su equipo ministerial se ha dedicado a cercenar las conquistas sociales y las prestaciones del Estado en todos los terrenos. El argumento central de una parte considerable de esta liquidación de derechos sociales y asistenciales es la necesidad de lograr un equilibrio de los presupuestos generales del estado, es decir, la eliminación del déficit de las administraciones públicas. Este objetivo de estabilidad presupuestaria no es un afán exclusivo del gobierno del PP. También era una aspiración del gobierno que le precedió, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista (PSOE), quien convocó a su adversario Rajoy en agosto de 2011 para pactar una reforma constitucional hecha entre gallos y media noche para satisfacer a las autoridades de la Unión Europea (UE) y al Banco Central Europeo (BCE).

La reforma consistió en incorporar a la constitución los objetivos de estabilidad presupuestaria. Esa fue la condición impuesta por los capitales europeos para que el BCE interviniera en los mercados comprando deuda pública española evitando así también la intensa presión especulativa sobre la deuda soberana de Italia. Desde entonces y en diversas oportunidades la deuda pública española ha estado en el ojo de la tormenta. Desde julio de 2012 el anuncio del BCE de que tenía aprobado un mecanismo de intervención para sostener la deuda soberana de los países que solicitaran su asistencia a través de la UE, ha frenado la ola especulativa.

La deuda pública del Estado español alcanzará al final de este año en cifras redondas el billón de euros. Al cierre del segundo trimestre (últimos datos disponible del Banco de España) la cifra era de 978.368 millones de euros. Al finalizar el año 2012 la deuda pública total alcanzará el 100% del producto interior bruto (PIB). En el año 2007, antes de que la crisis capitalista se hiciera evidente en toda su magnitud la deuda era de 503.906 millones de euros o un 47,8% del PIB de ese año.1 Es decir que en términos porcentuales más que se duplicó y en términos absolutos es el doble. Mientras, la deuda externa de la banca privada española se ha reducido entre 2008 y 2012 en 200.000 millones de euros², de 794.086 millones a 591.736 millones.

Esto es lo que los economistas burgueses denominan desapalancamiento, y es la contrapartida del incremento del endeudamiento público durante las crisis. Por si quedara alguna duda señalemos que la deuda externa del banco de España en el segundo trimestre de 2008 era de 12.326 millones de euros mientras que en el segundo trimestre de 2012 totalizaba 408.695 millones de euros.³ La lectura de este proceso es que parte de la deuda privada se transforma en pública y pasa a ser una carga directa de la sociedad. De acuerdo con los presupuestos generales del Estado para 2013 enviados por el gobierno a las Cortes, el pago de intereses de la deuda pública del año 2013 será de 30.000 millones de euros, tanto como el gasto salarial de la Administración.

Repercusión de la deuda a los y las trabajadoras

Este cuadro no es el resultado del incremento del gasto que suponen los y las trabajadoras en paro, y de una menor recaudación fiscal del impuesto sobre la renta y las empresas, porque las rentas del trabajo caen y los beneficios de la pequeña y mediana empresa se reducen o se transforman en pérdidas. Es el resultado directo del traslado de la crisis capitalista al Estado. Dentro de esta operación de rescate de los intereses capitalistas la cuestión central es el saneamiento bancario y del sector financiero cuya crisis es una expresión de la tendencia a la disolución de las relaciones económicas del régimen burgués, de la tendencia al derrumbe del capitalismo. El sistema bancario y financiero es parte de la esencia misma de las relaciones de producción capitalistas porque a través de él se materializa la circulación de las mercancías, la reproducción del capital y su ampliación mediante la extracción de plusvalía, y la concentración de los capitales para destinarlos al crédito necesario en el ciclo de la producción. Sin sistema bancario y financiero el capitalismo no puede existir. El incremento de la deuda pública que resulta del salvamento de los intereses capitalistas privados es repercutido sobre los y las trabajadoras de forma directa por el estado burgués.

La forma bajo la cual se repercute sobre la clase trabajadora el salvamento de los intereses capitalistas es esencialmente reduciendo la renta disponible para los derechos sociales y asistenciales de la sociedad en general, y en el caso de los trabajadores de las administraciones públicas también los ingresos salariales. La privatización de los servicios públicos como sanidad y educación, el incremento de los costes de los servicios como las tasas universitarias o el transporte, la reducción de los derechos sanitarios, la reducción de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la retirada de la asistencia a los dependientes, los recortes a las prestaciones por desempleo, son todos expresión del traslado de la crisis a los y las trabajadoras. Lo que el estado se ahorra en esta operación se destina a ayudar a los capitalistas. Este proceso es todavía más injusto que lo que pueda parecer a primera vista, puesto que se lleva a cabo después de que los capitalistas han extraído ya una plusvalía del trabajo ajeno. Es decir, cuando ya se han apropiado parte del trabajo socialmente necesario para la producción por el trabajador de bienes y servicios mediante el mecanismo de no pagarlo en el salario.

Parte de la operación de traslado es el régimen fiscal. La recaudación fiscal con la cual el estado burgués hace frente a su gasto se concentra en el Estado español en el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), que se basa en la tributación de las y los trabajadores. Por la vía de las retenciones a cuenta y la declaración de la renta el Estado exprime los salarios mientras las grandes fortunas no tributan. La eliminación del impuesto sobre el patrimonio, y de todo vestigio de fiscalidad progresiva, la preservación de las exenciones fiscales para las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), las numerosas exenciones fiscales dentro del impuesto de sociedades, son parte de este proceso. Mientras, el Gobierno y los grupos de interés capitalistas argumentan que el gasto público se dispara por los compromisos sociales que tiene el Estado con el seguro de desempleo a los desocupados por la crisis, el pago de las pensiones y los gastos asistenciales. La evidencia es que sólo el saneamiento de la banca supondrá entre 2012 y 2013 100.000 millones de euros aportados bajo la forma de deuda por la UE. Sin tener en cuenta lo que ya ha costado hasta ahora.

Gobierno, Unión Europea y capitalistas quieren la derrota de los y las trabajadoras

Dentro del arsenal del Gobierno contra los trabajadores la piedra angular ha sido la reforma laboral. El abaratamiento del despido, la precarización del empleo, el ataque a los convenios colectivos y su subordinación a los convenios por empresa pretenden abaratar los costes laborales unitarios aumentando la explotación -menos trabajadores, más horas de trabajo, ritmo de producción más intenso- incrementando la productividad sobre esta base. Es que el capitalismo español en medio de una crisis brutal se juega su supervivencia en el intento por restablecer su tasa de beneficio.

Es una reforma laboral diseñada para que las grandes empresas incrementen su beneficio en medio de la crisis, procediendo a reducciones drásticas de plantilla en empresas sin pérdidas como el caso de Telefónica y bancos como Santander, BBVA, Caixabank. Esta es una operación de un inmenso calado, porque está destinada a sentar las bases de una mayor explotación de los trabajadores y es al mismo tiempo un apoyo estratégico del Estado al proceso de concentración de capitales que acompaña a las crisis capitalistas. El grave problema es que la única forma de que haya una recuperación económica es mediante un prolongado periodo de destrucción de fuerzas productivas de forma pacífica o violenta. Y cualquiera de estos escenarios requiere de la derrota de los y las trabajadoras para poder imponerlos como salida a la crisis. Esta estrategia no es ajena a la entrega al capital privado de las áreas asistenciales y formativas tradicionales del estado, como la salud y la educación, en su afán de garantizar a los capitalistas nuevas vetas de negocio. Forma parte indisoluble además del proceso por el cual la crisis de los sectores privados se traslada al estado, mientras este abre puertas al negocio privado argumentando que no puede sostener sus responsabilidades tradicionales por falta de unos recursos que gasta precisamente en sostener a un sistema económico en virtual disolución.

La UE es un motor impulsor de este proceso. Su papel es el de estado mayor de los capitales más concentrados de Europa encabezados por los de Alemania. El grupo de países con una mayor composición técnica y orgánica de capital, Alemania, Holanda, Finlandia, Reino Unido, y en menor medida y en posición intermedia Francia y Bélgica, se han repartido el mercado de los países de la denominada periferia del viejo continente en la zona del euro: Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Se han dedicado a exportar a estos países sus excedentes de capital para financiar el endeudamiento de la periferia que a su turno suponía la compra de bienes y equipos fabricados por las empresas de estos países en todo el mundo, incluidas las mismas naciones periféricas. El caso de Reino Unido con Irlanda, o el de Alemania con Grecia y España iluminan esta situación. La política de rescate de las naciones en crisis por parte de la UE ha sido un mecanismo de rescate de los bancos de los países centrales cargados de deuda privada y soberana de las naciones en crisis.

La UE se ha dedicado a ejercer una presión sin límite sobre los países en crisis para imponer sus soluciones de austeridad, y toda vez que una crisis política amenazó con desbordar los límites de la tolerancia de los socios mayores la UE ha propugnado métodos antidemocráticos que han pasado por encima de la vida parlamentaria de los países en cuestión. Han logrado una reforma constitucional en España sin siquiera una consulta parlamentaria. Han impedido un referéndum en Grecia sobre el programa del rescate obligando a la dimisión del gobierno de Georgos Papandreu en 2011. Han ejercido una presión sin límites sobre el establishment político griego en las elecciones generales de junio de 2012 con el objetivo de lograr que Nueva Democracia resultara el partido más votado y recibiera por tanto 50 escaños que es el premio de la ley electoral griega para el ganador. El objetivo de fondo era evitar que, aun a pesar de su política, la coalición de izquierda Syriza acabara sacando a Grecia de la UE al abrir un canal más poderoso a la movilización de masas.

En Italia la UE y sus aliados han impuesto una coalición de todas las organizaciones desde la derecha hasta el centro izquierda para proclamar primer ministro al tecnócrata Mario Monti que no fue elegido en las urnas. Como lo demuestra el caso griego con claridad el objetivo de los capitales más concentrados de Europa es transformar a las naciones de la periferia en protectorados carentes de soberanía a los que se les dicta la política económica que viene bien a los países con excedentes de balanza de pagos. La política de austeridad a ultranza impuesta a la periferia sirve a los intereses de reducir hasta el extremo las necesidades de financiación de los países intervenidos y por lo tanto preservar los recursos de los países centrales. Bien mirado, no se trata solo de la opresión de los países de la periferia por los países centrales, sino además de la opresión creciente de los y las trabajadoras de todos los estados de la UE, formen o no parte de la zona de la moneda común, el euro. Desde este punto de vista, actos como la entrevista de los líderes sindicales españoles de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, con la canciller de Alemania Angela Merkel el pasado mes de julio son profundamente reaccionarios porque despiertan la ilusión de que una intervención de Alemania, el primer impulsor de esta política de la UE, puede llegar a ser beneficiosa para el Estado español. No es posible una defensa consecuente de los intereses de los y las trabajadoras sin la denuncia de la UE y la lucha por su disolución.

En 1915 Lenin en un artículo titulado La Consigna de los Estados Unidos de Europa señala que “Desde el punto de vista de las condiciones económicas del imperialismo, es decir de la exportación de capitales y del reparto del mundo por las potencias coloniales ‘avanzadas’ y ‘civilizadas’, los Estados Unidos de Europa son imposibles o reaccionarios en el capitalismo”.⁴ Asistimos en pleno siglo XXI a la materialización de esta consigna como mecanismo de salvamento del capitalismo europeo en descomposición. Desde entonces, y especialmente desde 1923 tras su adopción por la Internacional Comunista en vida de Lenin, la consigna con que los socialistas revolucionarios se oponen a los Estados Unidos de Europa como unión reaccionaria de intereses de la burguesía es “Por los Estados Unidos Socialistas de Europa”. Es decir los revolucionarios se oponen a la UE no desde la estrechez de la nación dominada por la burguesía, sino desde una unión de estados soberanos socialistas.
Desde el punto de vista de la lucha de los y las trabajadoras contra esta ofensiva la consigna de rechazar la deuda usuraria, exigir la moratoria unilateral de la deuda pública, es una pieza central. La moratoria debe ser unilateral y no negociada, y en todo caso lo único que se puede atender es el derecho de los pequeños inversores.

La experiencia de los países que, como Argentina y Ecuador, han apelado a las moratorias negociadas de la deuda pública interior y exterior y a su reestructuración pone de relieve que la idea de una “Auditoría de la Deuda” para determinar cual se debe pagar y cual no es un callejón sin salida. Toda la deuda pública sin distinción es usuraria y forma parte del proceso de exacción que el estado capitalista ejerce contra su población trabajadora para sostener los resortes de un estado que arbitra toda su acción en favor de los propietarios de los medios de producción. Son los trabajadores los que acaban pagando la deuda pública.

La experiencia de Argentina es además ilustrativa. El país suspendió pagos en 2001. Entre 2004 y 2005 negoció de nuevo parte de su deuda y emitió nuevos bonos con un recorte del principal para sustituir la deuda vieja, pero utilizó como referencia una serie de indicadores que implican una alta rentabilidad lo que está asfixiando nuevamente a la economía del país. Con esta operación transformó una deuda de 65.000 millones de dólares en 35.300 millones de dólares.⁵ Volvió a negociar otra parte de la deuda en suspensión de pagos en 2010, y nuevamente cedió a la presión internacional concediendo nuevos bonos y redujo la deuda de 20.000 millones de dólares a 10.500 millones de dólares. Mientras, la caída de las exportaciones ha reducido la cantidad de divisas que ingresan al país. Las divisas son indispensables para el servicio de la deuda externa. El Gobierno se financia con un impuesto del 35% a las exportaciones agropecuarias. Pero el dinero se va en pagar los intereses de la deuda. Para atender a las necesidades presupuestarias interiores y al pago de la deuda externa e interna, el Gobierno utiliza la emisión de moneda del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las cajas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Estos mecanismos provocan inflación. Para frenar la inflación el BCRA retira del sistema bancario el dinero que inyecta el gobierno para pagar el gasto público. Para ello emite una deuda especial que rinde un interés muy alto destinada a los bancos y que en este momento representa 109.000 millones de pesos argentinos.⁶ Pero lo que es peor es que el “desendeudamiento” preconizado por los gobiernos de Néstor Kirchner entonces y Cristina Fernández ahora ha sido paradójico: la deuda pública ha aumentado hasta alcanzar los 182.741 millones de dólares incluyendo la deuda con el Club de París⁷. Es decir Argentina va camino de una crisis fiscal. No cabe la menor duda de que este no es el sendero a seguir por los y las trabajadoras españolas.

Para las y los socialistas revolucionarios, de lo que se trata es de transformar la realidad. En este sentido, debemos ser capaces de ofrecer a una sociedad en lucha objetivos claros que ayuden a agrupar fuerzas y concentrar el ataque en contra del traslado de la crisis a los y las trabajadoras por parte del Estado capitalista. La moratoria inmediata y unilateral de la deuda pública interna y externa se inscribe dentro de este objetivo. Para dar una salida real a la lucha por una sociedad justa este objetivo se debe acompañar de la expropiación de la banca y la nacionalización del crédito en el camino de un gobierno de los y las trabajadoras.

Carlos Schwartz es periodista especializado en asuntos económicos y miembro de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica (www.setcrit.net).

Notas

1 Datos tomados del Banco de España de acuerdo con los cuadros a1104, a1103 y a1102.
2 Datos tomados del Banco de España de acuerdo con el cuadro e0709 Deuda externa de España.
3 Ibid.
4 Disponible en: http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/8-1915eu.htm
5 Periódicos Clarín, Página12, La Nación, 10/02/2005, 15/02/2005, 13/02/2005.
6 Clarín, 11/11/2012
7 Ibid.

Las consecuencias del dominio neoliberal en el gobierno de la Eurozona

Iturria: vnavarro.org – 2013/01/29

Entrevista realizada al Profesor Navarro por la revista Aquí Europa basada en Bruselas

1. ¿Quiénes son los amos de Europa? ¿Los conocemos, o aguardan en la sombra?

El capital financiero –que incluye la banca, los hedge funds, las compañías de seguros y otras instituciones financieras- engloba a los grupos de presión más importantes en la Unión Europea que, a través de las instituciones sobre las cuales tienen gran influencia –tales como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional-, están imponiendo unas políticas de austeridad que están dañando enormemente el bienestar de las clases populares. Su objetivo es desmantelar el Estado del Bienestar y privatizar la Seguridad Social, áreas que esperan poder captar para sus inversiones financieras. A través de los medios de información e instituciones académicas, sobre las cuales también tienen gran influencia, han desarrollado y  promovido la ideología neoliberal que se ha convertido en el dogma de las instituciones que gobiernan el euro. Esta situación no es nueva. Ya en la manera como se diseñó el euro y su gobernanza estaba implícita esta ideología neoliberal que tenía y tiene como objetivo debilitar a los Estados. El BCE  es un ejemplo de ello. El BCE no es un Banco Central, es un lobby de la banca. Si todo el dinero que el BCE ha prestado a la banca lo hubiera prestado a los Estados, hoy no habría el llamado problema de la deuda pública.

2. Grosso modo, ¿cuántos representantes de este contrapoder encabezan las principales instituciones europeas?

Una manera de medir esta influencia es ver cuántos banqueros o profesionales relacionados con las instituciones financieras privadas ocupan lugares prominentes en el gobierno del euro. Su número es muy elevado. Pero este recuento tiene el riesgo de no incluir a aquellos profesionales que, sin ser banqueros, comulgan con la ideología promovida por la banca, es decir, los dirigentes de la Eurozona, que son neoliberales y que son la gran mayoría.

3. ¿Podría darnos algún nombre o alguna pista?

La lista es demasiado larga. Toda la estructura del BCE, liderado por el Sr. Mario Draghi (un banquero), es neoliberal. Compare con el Federal Reserve Board (FRB) en EEUU. Su Presidente ha dicho que un objetivo del FRB es estimular la economía y crear empleo. Draghi está enfatizando que ésta no es una responsabilidad del BCE. El contraste es enorme.

4. En 2002, bastante antes de que estallara la actual crisis económica y financiera, publicó su libro Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta: Sobre lo que no se habla en nuestro país. En este sentido, ¿cuál es la calidad democrática de Europa y, especialmente, de España? ¿Se ha empezado a hablar de los temas que entonces eran tabú?

La democracia en España es muy limitada. Hay múltiples indicadores de ello. Desde la imposibilidad de criticar al Jefe del Estado a la escasísima diversidad ideológica de los medios de mayor difusión, sin olvidar la enorme dificultad para tener referéndums dentro de un sistema electoral que está sesgado deliberadamente para favorecer a las fuerzas conservadoras.

La democracia europea se ha deteriorado marcadamente debido al enorme poder de capital financiero. Hoy un gran número de gobiernos están aplicando políticas de austeridad, que están dañando el bienestar de la población, sin que hayan sido aprobadas por la ciudadanía, pues no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes.

5. ¿Cómo podría revitalizarse la democracia en la UE?

Con un cambio muy profundo, que debería incluir varios elementos, tales como, por ejemplo: 1) un gran protagonismo del Parlamento Europeo, que hoy no tiene apenas influencia en las reformas que se están realizando en la UE y en la Eurozona; 2) una Comisión Europea que cambie su orientación  neoliberal y que rinda cuentas ante el Parlamento Europeo; 3) un Banco Central Europeo que sea un Banco Central, que deje de ser un lobby de la banca y que dependa y rinda cuentas ante el Parlamento Europeo. Y que adopte, como así lo hace el FRB en EEUU, un compromiso de facilitar el alcance del pleno empleo además de controlar la inflación; 4) facilitar el establecimiento de bancas públicas que garanticen la disponibilidad de crédito; 5) europeizar la deuda pública de los Estados, protegiéndolos de la especulación financiera; 6) fijar las condiciones legales para establecer convenios colectivos a nivel de la UE y de la Eurozona; 7) cambiar el Pacto de Estabilidad para flexibilizarlo y hacerlo también Pacto de Crecimiento, lo que no es, a pesar de su título, añadido a posteriori al de Estabilidad; 8 ) facilitar la existencia de referéndums a nivel de la UE; 9) establecer criterios sociales como condición de permanencia. Por ejemplo, exigir que el desempleo no pueda superar un 6%; y 10) garantizar derechos universales, con legislación laboral que asegure la protección social, incluyendo el establecimiento de un salario mínimo europeo.

Éstos son ejemplos de intervenciones tendentes a democratizar las instituciones europeas. Sin esta democratización  no habrá tales cambios. Dicha democratización es necesaria y urgente para cambiar las fuerzas políticas que controlan la troika. Son penosas las declaraciones del Comisario de Economía y Asuntos Monetarios, el Sr. Olli Rehn, todavía hoy insistiendo en las políticas de austeridad. Su dogmatismo neoliberal, impermeable a los datos, está llevando a Europa al desastre. Pero además de dogmáticos, los que gobiernan Europa parecen extraordinariamente ignorantes. Parecen no saber que, aunque el Estado español estuviera en superávit, esto no le impidió caer en la crisis. Es patético. Habrían suspendido en cualquier Master de Economía Política o de Políticas Públicas.

Pero, las alternativas, los partidos que fueron antes gobernantes de centroizquierda, tienen que cambiar también sustancialmente. Puede que el crecimiento de los partidos a su izquierda les fuerce a que cambien. Están todavía estancados en el pensamiento neoliberal que configuró la Tercera Vía. Fueron tales fuerzas las cómplices de la creación de una arquitectura institucional que debilita enormemente a los Estados.

En realidad, la dificultad para que aparezcan alternativas al neoliberalismo explica que cada vez un número mayor de fuerzas políticas –hoy minoritarias- estén pensando en salirse del euro, lo cual no puede excluirse como solución. El peor escenario es que continúe el status quo. No puede condenarse a los países a tener un 26% de paro durante varios años. ¡Esto no se puede tolerar!

6. Instrumentos de participación como la Iniciativa Ciudadana Europea o las consultas públicas ¿ayudan a revitalizar la participación política de los europeos o son un mero maquillaje?

Creo que las alternativas al status quo tienen que salir de la ciudadanía, de los movimientos sociales y de los sindicatos. Estos últimos tienen más poder de lo que ellos mismos creen. Si se movilizaran a nivel europeo podrían tener un impacto que ahora no tienen. En casi cualquier país, los sindicatos son las asociaciones más grandes de personas.

7. ¿Existe una auténtica ciudadanía europea?

Es obvio que no hay una ciudadanía europea. En realidad, las políticas que se están implementando están distanciando a la ciudadanía de los países miembros de la UE del concepto de ciudadanía europea.

8. ¿La democracia directa de los antiguos en la polis griega se puede conjugar con la democracia de los europeos modernos ejercida a escala continental?

El tamaño no tiene por qué dificultar la democracia. EEUU es una democracia y sus enormes limitaciones no se deben a su tamaño, sino al excesivo poder de los grupos financieros y empresariales en el proceso electoral, a la privatización de tal proceso y también al sistema electoral bipartidista que niega la proporcionalidad. Un ejemplo de ello es que, en las últimas elecciones, el Partido Demócrata ganara las elecciones tanto en el Senado como en la Cámara Baja y, sin embargo, el Partido Republicano controle la Cámara Baja. El sistema de referéndums a nivel local y estatal funciona bastante bien.

9. El siglo XX nos ha enseñado que los tiempos de crisis son el caldo de cultivo propicio para que emerjan regímenes totalitarios encumbrados por importantes sectores de la población. ¿Europa corre el riesgo de presenciar el ascenso de un nuevo Hitler? ¿La sociedad europea ya ha aprendido la lección, o podemos volver a tropezar con la misma piedra?

Hoy el desencanto y el enfado con las instituciones europeas son enormes. Las instituciones que gobiernan la Eurozona, lideradas por el pensamiento neoliberal, se han ganado a pulso el gran descrédito del proyecto europeo. El temor no es al nazismo. El temor es a que la situación existente continúe sin que haya cambios. Esto es lo peor. El enfado de la calle con Europa es enorme.

La causas reales de las políticas de austeridad

Iturria: Vicenç Navarro – 2012/12/13

En un artículo reciente indiqué que las medidas que se están tomando para racionalizar el sistema financiero en la Unión Europea no están teniendo un impacto en la resolución de la Gran Recesión que la Unión Europea está experimentando (“¿Qué está ocurriendo en la Eurozona?, Sistema 30.11.12). Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía española descenderá un 1,5% del PIB, la italiana un 2,3%, la portuguesa un 3%, la griega un 5,2%, la británica un 0,6%, la alemana un 0,9% y la francesa un 0,1%. Para el promedio de la Unión Europea, las predicciones de crecimiento económico son nulas, como señala la Comisión Europea. En realidad, se calcula que el descenso de la economía europea será de un 0,4% de su PIB. Un mal presente y un futuro peor. Las reformas financieras parecen no estar mejorando la situación. Antes al contrario, muchas de las medidas que se están tomando para mejorar el sistema financiero, están empeorando, en lugar de mejorando, la situación económica. El énfasis del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea en continuar las políticas de austeridad es un claro ejemplo de ello. Se argumenta que la disciplina fiscal (reducir el déficit público de los Estados) es clave para recuperar la confianza de los mercados financieros. De ahí que, como consecuencia, se están realizando más y más recortes en las transferencias y en los servicios públicos del Estado del Bienestar.

La inmensa mayoría de trabajos científicos creíbles muestran el profundo error de tales políticas. En realidad, tales políticas de austeridad han sido las responsables de que se vaya cayendo más y más en esta Gran Recesión. Y la causa de que ello sea así no es nada difícil de entender. El gran descenso de las rentas del trabajo en la mayoría de países del mundo occidental (y muy en especial Norteamérica y Europa occidental) ha creado un enorme problema de escasez de demanda, que aún cuando fue paliada, en parte, debido al enorme endeudamiento de la población (endeudamiento que benefició a la banca), ha llegado a un límite que ha paralizado el crecimiento económico. Pero la disminución de las rentas del trabajo se ha hecho a costa del enorme crecimiento de las rentas del capital y de su concentración en unos sectores de la población enormemente minoritarios (el famoso 1% del Occupy Wall Street Movement). Nos encontramos así con la aparente paradoja que vemos, junto a un enorme crecimiento de la cantidad de dinero existente en manos de unos pocos, una gran escasez de dinero para que la mayoría de la población pueda pagar los bienes y servicios que necesita para mantener su nivel de vida. En realidad, la pobreza está alcanzando dimensiones epidémicas, alcanzando grupos y clases sociales que se habían siempre considerado inmunes a tal escasez de recursos.

Lo que debería hacerse y no se hace
Parecería que lo más lógico es que se repartiera la enorme concentración de dinero para que se transfiriera a la población en general permitiéndoles que compren y atiendan a sus necesidades, recuperándose así la economía. La solución a esta recesión es extraordinariamente fácil de diseñar, si el conocimiento científico fuera el que motivara las decisiones políticas. De nuevo, toda la evidencia científica creíble existente señala que tal concentración de las rentas está dificultando la resolución de la crisis. Y la manera de corregir la concentración es la redistribución de tal dinero. Sólo en EEUU, el dinero acumulado (por la élite económica) durante estos años de crisis es de 2 trillones (americanos) de dólares. No hay, pues, falta de dinero. Su redistribución hacia las clases populares resolvería rápidamente el problema de falta de demanda en EEUU.

Que ello no se haga se debe al enorme poder que tiene este 1% de la población en cada país y las alianzas que se establecen entre ellos en varios países. Los argumentos que constantemente se dan, incluso por autores de izquierda, para explicar porqué no se hace tal redistribución y se estimule la demanda, es que los economistas que dirigen o aconsejan estas políticas de austeridad son incompetentes o ignorantes, argumentos que no son creíbles. Otro argumento que se ha utilizado es que tales economistas están imbuidos de una ideología, la ideología neoliberal que practican y promueven con una fe mancada de base empírica que la sustente. Pero tal argumento ignora que la fe siempre se reproduce porque beneficia a los que la promueven y sustentan. Hay intereses muy poderosos –para los cuales tales economistas trabajan- que apoyan la austeridad. Uno de ellos es el capital financiero, pues la expansión económica, que resultaría de las políticas redistributivas, afectaría la inflación. Y el enemigo número uno de la banca es siempre la inflación. Si el lector tiene 100 euros y la inflación anual es de un 10%, al final del año, su billete de 100 euros únicamente tiene un valor de 90 euros en comparación con los iniciales. Y la banca tiene billones de euros. Eso significa que ligeras variaciones de la inflación pueden tener impactos sumamente negativos para el capital financiero. De ahí que las políticas de austeridad que se están imponiendo en la Eurozona (y utilizo la expresión imponiendo porque en ninguno de los países donde tales políticas se han llevado a cabo éstas estuvieron en los programas electorales de los partidos gobernantes), y que están dañando el bienestar de la mayoría de la población, hayan sido las escogidas por el sistema de gobierno del euro (el Banco Central Europeo y también la Comisión Europea), enormemente influenciado por el capital financiero europeo (y muy en especial el alemán). Estas políticas han sido muy exitosas para tal capital financiero. La inflación en el promedio de la Eurozona ha sido alrededor del 2% por año, el objetivo que se diseñó cuando se estableció el euro (en noviembre fue el 2,2%).

Otras causas de las políticas de austeridad
Pero hay otra razón por la cual se continúan las políticas de austeridad. Y es que la enorme cantidad de dinero que se está utilizando por parte de la banca en prácticas especulativas tiene también sus elevados riesgos, como la banca es bien consciente. De ahí que lo que desea es buscar nuevas áreas de inversión que no sean especulativas, tales como la Seguridad Social y los servicios públicos del Estado del Bienestar. Se necesitan, pues, medidas de austeridad que empobrezcan las transferencias públicas (como las pensiones) y los servicios (como sanidad o educación), y que estimulen su privatización. Ello ofrece nuevas posibilidades para la banca y para las compañías de seguro de realizar amplios beneficios en actividades menos arriesgadas que las especulativas. Esta es la explicación de las medidas de austeridad. Y si no se lo cree, mire quien se está beneficiando de las privatizaciones de la sanidad en Catalunya, la Comunidad Autonómica de Madrid, donde tales políticas de privatización han sido más acentuadas. Entre muchos intereses financieros, existen inversiones de alto riesgo, compañías de seguro, consultorías afines al capital financiero y un largo etcétera. Es la “americanización de la sanidad”, es decir, la extensión del modelo sanitario estadounidense gestionado por las compañías financieras con afán de lucro, que han determinado el sistema sanitario más caro, más ineficiente y más impopular de los sistemas sanitarios existentes. En EEUU el sector sanitario es un campo de expansión del capital financiero. Y este es el objetivo de las políticas de austeridad en Europa (ver mi libro Medicine under Capitalism para analizar las consecuencias de este sistema de financiación de la sanidad).
Otra causa de la persistencia de tales políticas de austeridad es que está debilitando al mundo del trabajo y a los sindicatos. El caso español es un caso claro. Por primera vez en época democrática, las rentas del capital superan a las rentas del trabajo. Y la enorme influencia del capital financiero junto con la patronal, en el estamento político gobernante, hace y explica que, a pesar del descenso de la demanda y del escaso crecimiento económico, las rentas del capital continúen creciendo, ayudados por unas políticas fiscales que garantizan sus amplios beneficios (ver mi artículo “El “expolio” social del que no se habla”. Público. 06.12.12). La alianza del capital con el Estado garantiza la prioridad de unas políticas que, mientras benefician a una minoría de la población, dañan enormemente el bienestar de la mayoría.

No es sólo el 1%
Cuando escribo una minoría no me refiero sólo al 1% al cual el movimiento Occupy Wall Street hace referencia. Este 1% (los propietarios y controladores del gran capital) tiene un poder decisivo y determinante. En realidad, su porcentaje sobre la población, tanto en EEUU como en España, es mucho menor que el 1%. Pero este grupo controla los medios que configuran lo que uno de los analistas más agudos de las sociedades capitalistas, Gramsci, definió como hegemonía ideológica, que incluye desde las escuelas y las academias hasta los medios de información y persuasión, y que determinan la sabiduría convencional del país, que incluso hoy, tras tanto dolor y daño causado en la población, continúa dominando: el neoliberalismo. Toda una batería de fundaciones, centros de estudios o proyectos de investigación, están financiados por el capital, y muy en particular por el capital financiero. Los mayores bancos del país tienen centros de estudios, organizan conferencias, financian diarios y revistas llamadas científicas, donde el dogma se reproduce y se promueve a través de amplias cajas de resonancia, medios radiofónicos o televisivos, o prensa escrita, a su vez endeudada y dócil a tales poderes. El 1% para poder mandar necesita el aparato ideológico que lo sustente, Y de ahí que, a pesar del daño que tales políticas están causando, se continúen promoviendo.

Las ayudas directas a la banca suponen ya el 21% del PIB de España

Iturria: Lavanguardia.com – 2012/12/02

España pidió ayuda a Europa para rescatar a la banca, que será de 37.000 millones | Los bancos tienen emisiones de deuda avaladas por más de 76.000 millones | Las privatizaciones de cajas pueden suponer pérdidas al Estado de otros 19.000 millones

Las ayudas directas del Estado a la banca desde que empezó la crisis -sin contar las ya amortizadas u otras que se podrían sumar, como los préstamos del Banco Central Europeo (BCE)- comprometen en la actualidad alrededor de 216.000 millones de euros, el equivalente al 21% del producto interior bruto (PIB) de España. El sector se ha beneficiado del dinero público desde octubre del 2008, cuando la tormenta financiera que siguió a la caída del banco de inversión Lehman Brothers puso en jaque a la economía y las finanzas mundiales.En aquel momento se arbitraron dos medidas urgentes para paliar la falta de liquidez. Se creó el fondo de adquisición de activos financieros (FAAF), un sistema de avales que permitió a la banca captar 19.300 millones en los mercados, y que ya se liquidó; y se montó un programa de avales del Tesoro, aún vigente, y que a finales de octubre respaldaba emisiones de deuda del conjunto de la banca por valor de 76.200 millones de euros.

Pero las mayores partidas -y donde se concentra el mayor riesgo para el Estado y, en consecuencia, para el contribuyente- son en las inyecciones directas de préstamos y capital en las entidades financieras, por un lado, y en el banco malo, por el otro. Entre lo ya desembolsado y lo que llegará en los próximos meses por ambos conceptos se habrá regado a la parte más débil del sector financiero con unos 120.200 millones. A diferencia de las anteriores facilidades de liquidez, aquí de lo que se trataba y de lo que se trata es de la solvencia. En román paladino: miles de millones de euros para evitar (o retrasar) la quiebra de entidades concretas.

En el primero de estos apartados se enmarca la actividad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado en junio del 2009, pocos meses después de la intervención de Caja Castilla La Mancha (CCM) para propiciar la reestructuración del sector. Las participaciones preferentes y después la entrada directa en el capital regaron con miles de millones a las cajas de ahorros, lo que les permitió, en la mayoría de los casos, fusionarse, cerrar miles de oficinas, despedir a buena parte de sus plantillas y… llegar al 2012 con unos balances infestados de riesgo inmobiliario, con las cuentas de resultados en rojo o muy próximas a estarlo y con su viabilidad futura seriamente comprometida.

Este panorama, empeorado a propósito por el Gobierno al obligar a realizar a todo el sector provisiones por unos 85.000 millones de euros para sanear los activos tóxicos del ladrillo, es el que motivó, el pasado julio, la petición de ayuda europea concretada esta semana en los 37.000 millones de euros concedidos a Bankia, Catalunya Banc, Nova Galicia y el Banco de Valencia, las cuatro entidades nacionalizadas por el FROB. Entre los primeros préstamos (nunca devueltos), las primeras inyecciones del FROB y las que hará ahora gracias a la ayuda europea se rozan los 59.000 millones de euros. La cifra aún aumentará en unos pocos miles de millones más cuando Liberbank, BMN y la fusionada España-Duero pidan las ayudas necesarias para cubrir sus necesidades de capital dentro de dos semanas.

Precisamente, los fondos europeos han propiciado que la factura se dispare por la imposición de la troika -BCE, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Unión Europea- de crear un banco malo, bautizado como Sareb. La sociedad requerirá de entrada 2.400 millones en capital público y una parte esencial de su funcionamiento es que emitirá bonos con el aval del Estado que entregará a los bancos- a cambio de sus préstamos al sector promotor y activos inmobiliarios- para que puedan obtener liquidez inmediata del BCE.

Aunque el Gobierno quiere que el Estado sea minoritario en el banco malo, los bonos están garantizados y se consideran una ayuda pública a todos los efectos. Ya hay comprometidos bonos por 44.000 millones para las cuatro entidades nacionalizadas y el Banco de España calcula que harán falta unos 15.000 millones más para las que pedirán ayuda de inmediato.

Por último, resta contabilizar una partida incierta, asociada a la venta de las cajas por parte del Estado. Las subastas que ha realizado hasta ahora el Banco de España para adjudicar las entidades intervenidas o nacionalizadas han incorporado lo que en el sector se conoce como un esquema de protección de activos (EPA). Este instrumento es una especie de seguro que cubre al comprador de una parte de las pérdidas de una determinada cartera de créditos durante un tiempo determinado, generalmente diez años.

El mayor EPA de las cinco subastas ha sido el de la CAM, que es también la mayor caja rescatada. El Sabadell, su comprador, se garantizó la cobertura de créditos por 24.600 millones -casi todos ellos del sector inmobiliario-, que ya contaban con provisiones por 3.900 millones. Por lo tanto, el riesgo neto se reducía a 20.700 millones, de los que el fondo de garantía de depósitos (FGD) respondería en un futuro del 80%: 16.560 millones. El Sabadell dijo en su día que la pérdida esperada se acercará a esa cifra.

El resto de EPA concedidos ocasionarán, previsiblemente, quebrantos muy inferiores. El del Banco de Valencia, por ejemplo, sólo cubre una cartera de 5.500 millones y el Banco de España calcula que la pérdida esperada no será superior a los 600 millones de euros. Unnim fue traspasada al BBVA con un EPA que podría impactar en el FGD con otros 1.000 millones, mientras que CCM y CajaSur podrían añadir, en el peor de los casos, unos 1.000 millones más.

Cómo contar la crisis española hablando de Ecuador

Iturria: ATTAC / Bonifacio Cañibano / Publico.es – 2012/11/20

Rafael Correa en Sevilla: “Desde que dejamos al FMI y al Banco Mundial estamos mejor que nunca”

Rafael Correa llegó ayer por la tarde a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en olor de multitudes. Venía a contar cómo salió Ecuador de la crisis de su deuda o cómo él dijo “de la larga noche neoliberal” en la que hundieron a su país en la década de los noventa: la acción conjunta de banqueros insaciables, políticos corruptos y gobiernos ciegamente obedientes a las recetas desreguladoras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Parecía que estaba describiendo lo que está pasando en España y en el sur de Europa, porque la descripción del proceso seguido era casi una calcomanía, así que para no provocar conflictos diplomáticos advirtió desde el principio de la conferencia que “no venía a dar consejos al Gobierno español de cómo salir de la crisis sino a describir lo que había pasado en su país”.

La sala de la conferencia estaba abarrotada de estudiantes y otras tres aulas más en las que se seguía su intervención por videoconferencia. Aún así, el aforo estaba desbordado. Fuera, en el campus, un montón de estudiantes que se había quedado sin sitio, estuvieron gritando durante media conferencia: “¡Que salga Correa!”.

El presidente de Ecuador fechó el origen de los problemas económicos de su país en la década de los setenta, en pleno boom petrolero. En esos años Ecuador crecía a un ritmo del 10%, más rápidamente que China en la actualidad. Entonces, cuando había exceso de liquidez, empezaron a aparecer por Quito los burócratas del FMI, del BM y de la banca internacional predicando el endeudamiento agresivo. El país comenzó a comprar compulsivamente en el exterior, de todo, y por supuesto también, carísimos paquetes de armamento.

En el 82 Ecuador ya no pudo pagar su deuda y la situación explotó. Entonces, dijo, “entró en funcionamiento la lógica financiera del FMI que prioriza por encima de todo el pago de la deuda”. Los gobiernos ecuatorianos se vieron en la necesidad de endeudarse una y otra vez para poder pagar los intereses, cada vez más altos, de una deuda que seguía creciendo. “El objetivo de la economía pasó a ser el pago de las deudas del propio estado y de los bancos, mientras la población se iba empobreciendo” añadió, mientras los estudiantes empezaban a aplaudir con fervor. “El círculo infernal en el que están ahora Grecia y Portugal”, sostuvo Correa, que no mencionó en esta ocasión a España, por educación con el país anfitrión.

En Ecuador, subrayó el Presidente, “la deuda privada interna (la de los bancos) se pagó a base de préstamos externos, pero a costa de endeudarse el Estado”. Tampoco en esta ocasión habló de España, pero recordó que hace dos años en una visita a Portugal ya advirtió al gobierno luso del riesgo de que eso mismo ocurriera en el país vecino. Vaticinio cumplido.

El siguiente paso que dio Ecuador también es conocido en estos lares: “Fue el de las privatizaciones, las desregulaciones y los recortes sociales, predicados por el consenso de Washington, la biblia del neoliberalismo para América Latina”. (Algo similar a lo que ahora predica Berlín o Bruselas). “Nos impusieron leyes”, dijo el presidente, “que decían que impulsaban la competitividad y la flexibilidad en el trabajo, lo que es lo mismo que explotar a los trabajadores”, aclaró a unos estudiantes que seguían aumentando aplausos y entusiasmo. “Satanizaban el gasto público, cuando era para pagar a los maestros, pero no para comprar armas”, volvió a aclarar.

En esta coyuntura llegó Ecuador al año 2000 en el que quebraron 16 bancos. “Entonces los políticos, que no representaban a los ciudadanos, sino a los poderes económicos, hicieron todo lo posible para que la crisis la pagara el pueblo”, dijo cuidándose mucho de no mencionar a España, mientras las cuatro salas aplaudían a rabiar. Correa señaló que poco antes de la quiebra el gobierno de turno puso en marcha un Fondo de Garantía de Depósitos, lo que no hubiera sido una mala idea, si no hubiera tenido como objetivo cubrir las pérdidas de las entidades financieras que quebraron inmediatamente después. “Así se socializaron las pérdidas de la banca”. El presidente ecuatoriano se mantuvo firme en su línea de no hacer comparaciones con España.

El “corralito” ecuatoriano se llamó encautamiento de depósitos. Es decir, la prohibición del Gobierno de que los ciudadanos utilizasen el dinero que tenían en los bancos. Luego llegó la dolarización, los suicidios (“llegamos a conocer un nuevo fenómeno, el suicidio infantil”) y la emigración de millones de ecuatorianos. (Algunos de los cuales estaban presentes en la conferencia).

Correa criticó abiertamente la independencia del Banco Central Europeo “que no está haciendo lo necesario para que Europa salga de la crisis”. “La idea de que la economía no es política, dijo, no resiste un análisis serio y es una estupidez argumentar que los tecnócratas que la dirigen toman decisiones sin intereses políticos concretos, como si fueran seres celestiales que no están contaminados por la maldad terrenal”. A estas alturas el público estaba entregado. Luego se dirigió a los estudiantes y les espetó: “La burocracia financiera internacional cuando tomas decisiones no está pensando en solucionar vuestro paro, está pensando en el pago de la deuda”. Y lo dijo con la elegancia de poner cómo sujeto de esa acción a la burocracia internacional… no a los políticos locales.

Fue más directo al evocar una pancarta que había visto en Sevilla esta mañana y que decía: “Gente sin casas y casas sin gente”. “Si se sigue la lógica de los poderes financieros se va a llegar al peor de los mundos posibles, en el que las personas no tienen casas y los bancos casas que no necesitan”. Los desahucios son inhumanos, dijo, y “no tiene lógica que alguien que devuelva la casa, por no poder pagarla, permanezca endeudado de por vida”.  El presidente explicó que cuando llegó al Gobierno en el 2007 tomó varias medidas inmediatas: eliminó la hegemonía de su banco central, auditó y reestructuró la deuda, eliminando el tramo de “deuda ilegítima” y recomprando bonos a un 35% de su valor nominal. Después pagó el resto, “para librarse de la condicionalidad del FMI cómo hizo Brasil o Venezuela”. Correa terminó recordando que “expulsé de Quito a la misión del Banco Mundial y hace seis años que la burocracia financiera internacional no ha vuelto por mi país. Ahora estamos mejor que nunca”.