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marzo 12, 2014

Castigando a las víctimas: guía de la UE y la crisis para principiantes

Iturria: acordem.org – 2014/03/02

La eurocrisis le ha cambiado la cara a la Unión Europea. Tras la crisis se han puesto en marcha nuevas leyes y opacos mecanismos de gobernanza que aseguran austeridad para los ciudadanos y desregulación para los negocios. Pese a que un mercado financiero desregulado fue una de las causas clave de la crisis, es la población europea a la que se está castigando. Hoy en día, las mayores amenazas para la democracia, el bienestar y los derechos sociales en Europa son la troika y el nuevo sistema de “gobernanza económica” neoliberal que la UE está instaurando sin mucho debate público. Esta guía de las políticas de austeridad de la UE y el ataque a los derechos sociales para principiantes explica qué normas se han puesto ya en marcha y algunas de las que nos podemos esperar.

La crisis económica y financiera en Europa lleva golpeando fuertemente al continente desde hace más de cinco años. Cada vez hay más gente que pierde su puesto de trabajo, sufre desahucios, depende de bancos de alimentos o ya no puede permitirse tratamientos médicos. La crisis ha afectado a gente en toda Europa, pero ha sido especialmente dura con los países que se encuentran en la periferia sur de la Unión Europea, en sitios como España, Grecia y Portugal.

Lo que empezó como una crisis financiera en 2008 a causa de la especulación temeraria de los bancos llevó directamente a una segunda crisis en Europa, la eurocrisis. Pero al final, no fueron los bancos o los especuladores a los que se obligó a pagar las cuentas. Mientras se afirmaba que la crisis era consecuencia de un ostentoso gasto público o de la pereza de los trabajadores en los países más afectados, la élite económica y política de Europa recetaba una medicina que dañaría a millones de personas.

El resultado de esta medicina estaba claro desde el principio: se impusieron duras medidas de austeridad y se adoptaron políticas que atacaban a los derechos sociales, incluyendo las pensiones y las leyes laborales de toda Europa, en total armonía con la política neoliberal, que tiende a servir los intereses de las empresas, las finanzas y las élites.

Estas medidas se han impuesto de dos formas diferentes: primero, a través de la llamada “troika”, un triángulo de instituciones (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) que hasta ahora ha impuesto duras medidas neoliberales de austeridad en cuatro países. Y segundo, a través de una serie de nuevas leyes y medidas de la UE, presentadas bajo el título de “gobernanza económica”, que se han instaurado especialmente durante los últimos tres años.

Los resultados eran predecibles. La experiencia histórica muestra que las medidas de austeridad pueden llevar a una crisis incluso más profunda, y desde luego los problemas económicos de varios estados miembros parecen no tener fin. El desempleo ha alcanzado cifras astronómicas en muchos países (especialmente entre la población joven), los servicios sociales se están deteriorando y la pobreza y la desigualdad están creciendo.

Pese a todo ello, la Comisión Europea y el Consejo planean seguir desarrollando nuevas formas de consolidar estas mismas políticas. Esto es porque, básicamente, los grandes bancos y empresas de Europa, los cuales están prosperando gracias a estas políticas, tienen permiso para marcar la pauta de la respuesta de la UE a la crisis.

Muchos de estos acontecimientos son complejos, por lo que creemos que es necesario proporcionar una especie de “guía para principiantes” de la UE en crisis. En lo que sigue, revisaremos las siguientes cuestiones: ¿qué causó la crisis para que las instituciones europeas implementaran estas políticas neoliberales? ¿Qué se ha implementado hasta ahora? ¿Qué nuevas medidas tienen programadas?

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La crisis financiera

¿Exactamente cuáles son los orígenes de esta crisis que hicieron que las instituciones Europeas sintieran la necesidad de intervenir en primer lugar? Según la retórica de muchos gobiernos, así como de la Comisión Europea, fueron el alto gasto público, los altos gastos laborales o el rechazo a pagar impuestos los que causaron la crisis en ciertos países europeos.

En realidad, la crisis en Europa la inició una debacle financiera que empezó en EE. UU. en 2008 y se extendió rápidamente a Europa. Aquí, muchas economías ya se encontraban en un estado frágil, por lo que eran más propensas a sufrir cuando el sistema financiero mundial empezó a caer.

La quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers se ha convertido en el emblema del inicio de la crisis en 2008. Este banco, como muchos, había estado concediendo deliberadamente grandes préstamos e hipotecas que era poco probable que sus clientes pudieran devolver, por los bajos requisitos necesarios para conseguirlos y una evaluación de riesgos muy descuidada. Esta burbuja inmobiliaria estalló cuando los bancos se dieron cuenta de que nunca recuperarían la mayoría de esos préstamos, lo que provocó un terremoto en el sistema financiero mundial. En septiembre del 2008, Lehman Brothers tuvo que pedir la suspensión de pagos y quedó claro que no podría volver a poner sus finanzas en orden. El banco quebró. Debido a la gran interconexión de los bancos en todo el mundo, Lehman puso en marcha un efecto dominó.

La confianza en el sector financiero cayó espectacularmente y los gobiernos sintieron la necesidad de impedir su quiebra rescatando aquellos bancos que se creía dañarían la economía gravemente si se permitiera que cayeran en bancarrota (“too big to fail”, demasiado grandes para caer). Estos rescates contribuyeron al enorme crecimiento de la deuda de los gobiernos, y por lo tanto los ciudadanos de esos países los están pagando indirectamente.

La eurocrisis

La crisis creó graves problemas a lo largo de Europa, pero algunos países sufrieron más que otros. Los problemas más serios surgieron en la Eurozona, especialmente en España, Grecia, Irlanda, Portugal e Italia.

¿Por qué?

Durante casi una década, se habían desarrollado lo que se conoce como desequilibrios macroeconómicos entre los diferentes países de Europa. Este tipo de desigualdades se pueden detectar por ejemplo consultando la balanza comercial de un país: algunos países como Alemania habían desarrollado un superávit comercial (en pocas palabras, esto significa que un país exporta más de lo que importa), mientras que otros países como España, Grecia y Portugal vieron cómo el déficit aumentaba en sus balanzas comerciales (la situación contraria, cuando las importaciones de un país exceden sus exportaciones).

El superávit de Alemania aumentó aún más con las políticas del gobierno alemán que bajaron los salarios en el país. Como consecuencia, las empresas alemanas podían competir en base a costes de producción muy bajos, lo que dañó la “competitividad” de los países que ya tenían un déficit comercial y eran incapaces de seguir el ritmo.

Si la moneda común que es el euro no hubiera existido, estos países podrían haber usado la devaluación (bajar el valor de la moneda de un país) como solución abaratando así sus productos, lo cual puede aumentar las exportaciones y reducir el déficit comercial. Sin embargo, tras la introducción del euro usar esta herramienta ya no era una opción, y los países con déficits comerciales se encontraron en una situación que desembocó en un aumento de la deuda.

La culpa era de los bancos

Sin embargo, en un principio esta deuda era principalmente de empresas y organizaciones privadas, no de las cuentas de los gobiernos. Pero después de rescatar a los bancos, los gobiernos tenían enormes cantidades de deuda pública. El balance actual muestra que los gobiernos de la UE gastaron 1,6 billones de euros en ayudas a los bancos, según la Comisión. Después de esto, efectivamente los países tenían un problema de deuda pública, pero era una consecuencia de la crisis, no la causa.

Antes de la crisis, en la UE se había alabado a países como España o Irlanda por sus políticas económicas, las cuales habían mantenido a ambos países estrictamente dentro de las normas de política fiscal de la UE. Además, se consideraba que Grecia iba “por el buen camino”. Pero con la crisis, el entusiasmo en los escalones más altos de la Unión Europea se desvaneció completamente.

Estos países se convirtieron en chivos expiatorios, y se aplicaron varias políticas de austeridad bajo la falsa suposición de que el problema era la deuda pública y los altos sueldos. Se tenía que reembolsar a los acreedores internacionales a toda costa, mientras se daba la espalda al sufrimiento del pueblo. Este enfoque de la crisis muestra que la élite europea se ha empeñado en explotar la crisis para propiciar sus propios planes, en vez de centrarse en las causas reales: la desregulación de los mercados financieros y los efectos del euro que causaron graves desequilibrios entre países, como hemos explicado.

Además, aquí hay algo más esencial en juego: la crisis es testigo de algunas de las características más importantes del capitalismo moderno. Pese a que la desigualdad de ingresos ha aumentado durante décadas, billones de dólares y euros se han vertido en la especulación financiera en mercados cada vez más desregulados, haciendo el sistema crónicamente frágil.

Ninguna reforma real en el sector financiero

El paso lógico a dar por los gobiernos europeos como respuesta a la crisis habría sido revisar el euro, abordar las desigualdades entre países, tomar acción sobre las instituciones financieras para detener o ralentizar el interminable flujo de dinero hacia la especulación irresponsable en los mercados financieros (la cual crea tal volatilidad e inestabilidad) y asegurarse de que ningún banco pueda ser tan grande como para necesitar un rescate que le impida destruir el sistema financiero entero si quiebra.

Por desgracia, esto no ha ocurrido: la política neoliberal dicta que no se debería poner casi ninguna restricción o norma al sector financiero que pueda impedir que la misma crisis ocurra de nuevo. Y fuerzas poderosas, como los representantes de los lobbies financieros, han rebajado con éxito las ambiciones por cambiar los mercados financieros. Las reformas que se han adoptado son poco sistemáticas, poco entusiastas y siempre ideadas de forma que ponen los intereses del sector financiero por encima de todo.

En su lugar, la Comisión Europea y el Consejo Europeo se han centrado en medidas reactivas (reglas y procedimientos sobre cómo actuar la próxima vez que quiebre un banco) en lugar de actuar contra la raíz del problema tomando medidas preventivas. Por ejemplo, las instituciones están ultimando detalles sobre una “unión bancaria” que resultará en un enfoque común para lidiar con los bancos en quiebra. Sin embargo, no han estado dispuestos a aprobar leyes que prevengan el fallo de los bancos en primer lugar.

En vez de regular el sector financiero que causó la crisis en primera instancia, los gobiernos están trasladando el peso de la crisis sobre los ciudadanos; en especial los pobres, los jóvenes y los desempleados.

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Los acuerdos letales de la troika

Una de las piezas clave a la hora de imponer reformas económicas a los ciudadanos en vez de regular las causas reales de la crisis es la troika. La troika (originalmente el término ruso para un carruaje de tres ruedas) está formada por tres instituciones: la Comisión Europea (CE) el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La troika supervisa aquellos países con graves problemas económicos que reciben préstamos financieros de la UE y el FMI. El objetivo de estos préstamos no es tanto contribuir a la recuperación de las economías de esos países como asegurar que se devolverá el dinero a los prestamistas. A cambio de los préstamos, la troika exige reformas económicas durísimas y planes de austeridad. Privatizaciones, sueldos más bajos, despidos de funcionarios, recortes de pensiones y un descenso en el gasto social son solo algunas de las condiciones del acuerdo.

Estas medidas y reformas, las condiciones que los países tienen que cumplir para seguir recibiendo dinero, se establecen en una especie de contrato llamado memorándum de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés). La troika organiza misiones de evaluación en las que visita aquellos países con los que tiene un MOU; si concluye que un país no ha hecho suficiente a cambio del préstamo, puede decidir posponer el pago del siguiente tramo. Así pues, la troika tiene una enorme influencia sobre la política económica y financiera nacional de los países que están bajo sus normas.

La troika actuó por primera vez en 2010 en Grecia. Parecía que la situación económica y financiera de Grecia era grave y como último recurso el país pidió asistencia financiera a las instituciones internacionales en mayo del 2010. La CE, el BCE y el FMI emprendieron una misión conjunta en Atenas y unos días después pusieron un paquete financiero sobre la mesa junto con el primer MOU. Esto desencadenó una serie de duras medidas: la troika había llegado.

Después de Grecia, otros tres países europeos se metieron en esos acuerdos letales de la troika: Irlanda en diciembre del 2010 (en diciembre del 2013 abandonó el programa de la troika, al menos oficialmente), Portugal en mayo del 2011 y Chipre en abril del 2013. En Rumanía y Letonia se han impuesto planes similares a los de la troika, pero sin la participación del BCE, ya que estos países no eran parte de la eurozona cuando se negociaron sus préstamos.

Cuando empezó a cerrar estos acuerdos letales con ciertos países europeos, la troika ni siquiera tenía un papel legítimo escrito en la legislación europea. La troika solo ha tenido un estatus oficial desde marzo del 2013, cuando la llamada norma de reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria se puso en marcha. Por desgracia, esta base legal le permite a la troika seguir con sus asuntos como de costumbre.

La troika, con sus políticas neoliberales, no debería ser vista como un agente individual, sino como un instrumento que es parte de una presión general hacia medidas y reformas neoliberales en Europa. Porque lo que estamos viendo es que el ataque contra los derechos sociales, la democracia y el estado de bienestar se está extendiendo gradualmente por toda Europa a través de una serie de leyes y mecanismos nuevos que se han instaurado durante los últimos años bajo el título de “gobernanza económica”.

A continuación resumimos los más importantes en la Unión Europea:

Six-Pack 1: haz recortes o paga sanciones

La primera parte del Six-Pack, un paquete de seis textos legislativos que entró en vigor a finales del 2011, se creó para reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que existe para asegurar la disciplina fiscal en todos los estados miembros.

Este pacto estipula que la deuda pública no puede ser más alta que el 60 % del PIB, y que el déficit público no debe superar el 3 % del PIB.  Si un país no consigue mantener sus finanzas dentro de estos límites, se arriesga a entrar en un “procedimiento de déficit excesivo”: seguir un estricto “plan de ajuste” que incluye medidas económicas y reformas neoliberales para cumplir las normas del PEC.

El Six-Pack se ideó para que los países cumplieran con mayor rapidez con los límites de deuda enunciados en el PEC. Los plazos de tiempo se acortaron (lo que supuso mayores y más rápidos recortes en el gasto público) y las sanciones económicas por no seguir este “plan de ajuste” adecuadamente ahora pueden alcanzar hasta el 0,5 % del PIB. Es decir: si no recortas el gasto público lo suficientemente rápido o en las áreas adecuadas, puedes recibir una multa.

Después de eso, el Six-Pack aumentó la probabilidad de que un país recibiera estas sanciones económicas al establecer el principio de votación por mayoría cualificada inversa. Esto significa que las sanciones solo se pueden evitar si una mayoría cualificada vota en contra en el Consejo, en vez de necesitar que una mayoría cualificada vote a su favor para imponerlas, como es habitual. A este procedimiento a veces se le llama “semiautomático”.

Six-Pack 2: bajada de salarios

La segunda parte del Six-Pack establece nuevas sanciones contra el desequilibrio macroeconómico. Como hemos comentado antes, estos desequilibrios implican que existen desigualdades entre las economías de los países europeos, por ejemplo respecto a sus balanzas comerciales, las cuales muestran superávit en algunos países (como Alemania o Finlandia) y déficits en otros (España, Grecia o Portugal).

Como hemos explicado, los costes de producción son un factor significativo al determinar el volumen de las exportaciones, ya que un producto más barato es más atractivo para un comprador en otro país: así, las políticas de reducción de salarios en Alemania son una causa importante del superávit comercial del país, ya que sus costes de producción son mucho más bajos de lo que algunos otros países se pueden permitir.

Para reducir los desequilibrios en la UE, las normas del Six-Pack pretenden abordar la discordancia de costes de producción que resulta de las diferentes políticas de cada gobierno. Esto lleva a la errónea conclusión de que rebajar los salarios ayudará a los países a salir de la crisis. De hecho, lo que hace es empeorar la crisis, y otra vez son las víctimas las que son castigadas (en este caso, en forma de salarios más bajos para los trabajadores).

Porque realmente, en un intento de “armonizar” los salarios y por lo tanto los costes de producción en todos los países de la UE, los procedimientos dispuestos en el Six-Pack no se centran en subir los salarios de los países más “competitivos”. Al contrario, la UE quiere que se bajen los salarios, para así abaratar los productos en todos los países. Por lo que se ve, las instituciones europeas consideran el creciente número de “trabajadores pobres” de Alemania (solo una de las consecuencias de las políticas de costes laborales del país) un ejemplo a seguir para todos los países de la UE.

Para hacer cumplir las normas del Six-Pack sobre desequilibrios macroeconómicos se ha identificado un conjunto de indicadores, incluyendo un porcentaje máximo de aumento de salarios. Si los salarios de un país suben demasiado durante un periodo de tiempo, este puede enfrentarse a un “procedimiento de desequilibrio excesivo” que en última instancia puede llevar a sanciones. Dicho de otro modo, un país será sancionado por subir los salarios por encima de cierto nivel aprobado de antemano por la UE.

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El Pacto Fiscal: el gasto público bajo presión continua

El Pacto Fiscal es parte del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza que entró en vigor en enero del 2013. Lleva la gobernanza económica europea a otro nivel, reforzando los elementos de sus predecesores, el PEC y el Six-Pack.

Un país debe comprometerse a no tener un déficit estructural de más de un 0,5 % del PIB si su deuda está sobre el 60 % de su PIB, y un 1 % del PIB si su deuda pública está por debajo del 60 %. En resumen, esto hace las demandas de austeridad incluso más duras que las del PEC.

Los países tienen que incluir las normas y reglamentos del Pacto Fiscal en su legislación nacional, preferiblemente en su constitución, en un periodo de un año. La Comisión Europea comprueba que hayan logrado hacerlo, y si no es así, un país podría tener que enfrentarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recibir una multa de hasta el 0,1 % de su PIB.

Esto supone que el Pacto Fiscal es básicamente un acuerdo de por vida, ya que sus normas y regulaciones se fijan en las leyes nacionales, para el gobierno actual y los futuros gobiernos de un país.

También supone que el poder democrático de los gobiernos se debilita, pues estas normas se tendrán que cumplir siempre, sin importar a quién voten los ciudadanos, o si el gobierno al mando es socialista o conservador. Además, puesto que está incluido en la legislación nacional, el Pacto Fiscal pone el gasto público bajo presión constantemente, como con la inversión pública, la educación, la sanidad y el sistema de seguridad social.

El Semestre Europeo: control presupuestario

El llamado “Semestre Europeo” se probó por primera vez en 2011. El término se refiere al periodo de seis meses en el que los estados miembros presentan sus proyectos de presupuesto para su aprobación. Empieza cada año en abril, y la Comisión Europea discute y comenta no solo los proyectos de presupuesto, sino toda reforma o medida para el crecimiento económico del próximo año.

Luego en junio la Comisión asesora estos presupuestos y reformas de cada estado miembro, y hace recomendaciones específicas para cada país, las cuales el Consejo adopta en julio. En los meses siguientes, se espera que los estados miembros tomen en cuenta estas recomendaciones al redactar su presupuesto definitivo para el próximo año. Naturalmente, estas “recomendaciones” siguen el modelo neoliberal.

En un principio, el Semestre Europeo no iba a ser una herramienta para el cumplimiento de las medidas económicas impuestas. Sin embargo, la Comisión pretende convertirlo precisamente en eso a la larga, ya que otro par más de normas sobre coordinación económica siguió al Semestre Europeo del año pasado.

El Two-Pack: cumplimiento de las normas

Otro paquete de medidas, llamado Two-Pack y ejecutado por primera vez en 2013,  consiste en intensificar aún más el control central sobre las finanzas. Como indica su nombre en inglés, el Two-Pack consta de dos reglamentos que tratan de reforzar las normas establecidas en el Six-Pack y el proceso de coordinación económica cubierto por el Semestre Europeo descrito anteriormente.

Primero, a partir de ahora la Comisión tiene derecho a opinar sobre los proyectos de presupuesto que los estados miembros presentan, y puede pedir una revisión de los mismos. Si los países no incluyen las recomendaciones de la Comisión en su presupuesto definitivo, esta puede pedir una explicación al respecto. A continuación se realiza un examen de la distribución del gasto presupuestario, lo que hace el control presupuestario todavía más estricto.

Segundo, hace posibles normas y procedimientos más explícitos con respecto a una mayor vigilancia de los “países en apuros” de la eurozona. Esto incluye países que están en una o más de tres categorías: países frente a dificultades relacionadas con la estabilidad financiera, países que reciben asistencia financiera o países que están dejando esa asistencia.

Este aumento de la vigilancia obliga a los países en apuros a adoptar medidas contra lo que la Comisión considera el origen de la inestabilidad, a participar en misiones de evaluación, a poner en marcha un programa de ajustes, a pedir la asistencia técnica de la Comisión si fuera necesario y a aceptar las consecuencias económicas en caso de no cumplir con el programa. Por ejemplo, se ha recomendado a casi todos los estados miembros implementar reformas fundamentales de los mercados laborales, incluyendo la reducción de la importancia de las negociaciones colectivas, medidas para facilitar el despido, etcétera.

El Two-Pack es un paso importante hacia la centralización de la toma de decisiones en la UE sobre los presupuestos de los estados miembros y sus políticas económicas. Pero no es el último.

Reformas estructurales: ataque contra los derechos

Para las instituciones de la UE, la manera de salir de la crisis y estimular el crecimiento económico es incrementar la “competitividad” atacando esos derechos sociales que tanto costó conseguir. Para alcanzar esta meta, se consideran necesarias “reformas estructurales” más generales: estas reformas, que tienen el objetivo de crear beneficios económicos a largo plazo (de ahí “estructurales”), suelen conllevar privatizaciones, recortes en el gasto social y las pensiones y ataques contra las leyes laborales para bajar los salarios.

Otra vez, la amenaza de sanciones económicas ejerce presión. Si los salarios no se bajan al nivel que se cree que contribuye a la “competitividad” (es decir, el favorable para los beneficios de las grandes empresas), si el gasto social no se mantiene bajo y si no se planean o llevan a cabo reformas de las pensiones, se disparan varios mecanismos para ejercer presión o imponer sanciones económicas.

Al contrario que en el pasado, ahora los países de fuera de la eurozona también pueden estar expuestos a estos procedimientos. Este cambio permite a la Comisión involucrarse en casi cualquier tipo de política económica de un estado miembro. Pero algunas áreas son más importantes que otras. La Comisión está especialmente interesada en usar esta situación para presionar a los estados miembros para que reduzcan las leyes laborales, reformen los sistemas de pensiones e introduzcan otras “reformas estructurales”. El problema de la Comisión (y de los gobiernos más deseosos por introducir estas reformas) es que la UE no tiene plena competencia en muchas de las áreas más relevantes.

El siguiente paso: los contratos

El resultado final de todas estas leyes y medidas europeas es que la toma de decisiones económicas se está arrancando de las manos de los parlamentos nacionales electos, no para realizarla de manera democrática a nivel europeo, sino para forzar políticas neoliberales a través de innumerables mecanismos burocráticos, con la amenaza de sanciones como arma definitiva.

Esto tiene implicaciones enormes para la toma de decisiones democrática sobre cómo gastar el dinero de los contribuyentes o quién necesita apoyo financiero en tiempos de crisis. Por desgracia, el futuro próximo de Europa no parece acarrear una gran mejora en este aspecto. Nuevas reformas neoliberales ya están en camino.

Aunque los cambios que se han hecho desde el inicio de la crisis parecen colosales, estos podrían ser solo el principio. En noviembre del 2012, la Comisión publicó su estrategia a largo plazo de reformas adicionales para asegurar que los estados miembros cumplen con las políticas neoliberales en el futuro. La estrategia incluye futuras reformas del Tratado de la UE para asegurarse de que las instituciones de la UE aumentan sus poderes en gran medida para llevar a cabo las reformas neoliberales ya mencionadas.

El siguiente paso es hacer que los estados miembros accedan a firmar “contratos” de política económica con la Comisión, contratos que permitirían a la Comisión y al Consejo obligar a aceptar “reformas estructurales” tales como los ataques contra los salarios mencionados anteriormente.

Mientras tanto, la troika dejó Irlanda en diciembre del 2013, el primer país en salir de su control. No obstante, el país seguirá bajo seguimiento a través de una vigilancia semestral. El Parlamento Europeo también ha observado el papel cuestionable que la troika ha jugado y la dura política neoliberal que está imponiendo sobre los países: se ha creado una comisión que investigará la legitimidad democrática de la troika y la proporcionalidad de las medidas que ha impuesto. El informe final debería presentarse antes de las elecciones europeas en mayo del 2014.

La necesidad de acción europea

Está claro que tanto la troika como el cada vez más exhaustivo sistema de “gobernanza económica” neoliberal son elementos clave de una estrategia europea; una estrategia dispuesta a reducir el bienestar, los derechos laborales e incluso la democracia. Sin duda, se pueden ganar algunas concesiones movilizándose a nivel nacional, pero para contrarrestar este ataque con éxito es necesario concienciar al público y coordinarse a nivel europeo.

Las elecciones europeas son una oportunidad para concienciar y para empujar a las nuevas élites europeas hacia un cambio de dirección. Sin embargo, los problemas causados por las mencionadas políticas que la Unión Europea ha adoptado durante la crisis son fundamentales, y no desaparecerán en el futuro próximo, sino que estarán en el corazón de la lucha en Europa durante los años venideros.

 

Lectura complementaria

Sobre la troika: www.troikawatch.net

Sobre el Semestre Europeo: ‘Business Europe and the Commission: in league against labour rights?’

Sobre el lobby de los negocios y la crisis: ‘BusinessEurope and economic governance’

Sobre la regulación de los bancos en la Unión Europea: ‘A union for big banks’

Sobre el lobby de los bancos: ‘Stop listening to banks!’

Sobre el Six-Pack‘Austerity forever’

Sobre el Pacto Fiscal: ‘Automatic austerity: ten things you should know about the Fiscal Compact’

Sobre el TwoPack‘The dangers of the Two-Pack’

Sobre los contratos: ‘Mad men of the Roundtable’ y ‘Cracks in the armour’

Conceptos básicos

Austeridad Recortes en el gasto público, impuestos en mayor o menor medida   sobre todos los estados miembros de la UE
Déficit   público Un gobierno está en déficit si gasta más de lo que ingresa.   Normalmente la medida del déficit se calcula respecto a cuánto se ha gastado   de más en un año
Desequilibrios   macroeconómicos Estos son los grandes desequilibrios entre economías nacionales.   Pueden ser respecto al comercio (algunos ganan, otros pierden), respecto a la   “competitividad” y otras muchas cosas
Eurocrisis Una crisis económica y financiera que empezó en 2010 tras la crisis   financiera dos años antes. Las economías de varios países de la eurozona   sufrieron un gran golpe y la deuda pública aumentó considerablemente,   principalmente a consecuencia de los rescates de los bancos. Se ha notado   especialmente en los países que se encuentran en el sur de la Unión Europea
 Eurozona El área dentro de la Unión Europea de los 18 países que comparten   una moneda única, el euro. Como consecuencia, estos países ya no pueden usar   la devaluación o revaluación de su moneda para reducir el déficit o el   superávit comercial. Esto ha llevado a desequilibrios entre los países   europeos, y los bajos salarios de Alemania dificultan especialmente que los   estados del sur de Europa puedan competir
Gobernanza económica El conjunto de normas y reglamentos diseñado por las instituciones   europeas para gobernar la política económica y fiscal. En general, resultan   en un cambio de poder del nivel nacional al europeo. Básicamente, la   gobernanza económica consiste en imponer la austeridad y adoptar “reformas   estructurales”
Neoliberalismo La teoría económica y política predominante de nuestro tiempo que   favorece el libre comercio, la privatización y la reducción del gasto público   en servicios sociales y bienestar
Pacto de Estabilidad   y Crecimiento Pacto que contiene las normas clave de la política fiscal. Son   obligatorias para los países de la eurozona, y su violación puede resultar en   multas
Pacto Fiscal Medidas de la UE relacionadas con la política fiscal que conllevan   una presión constante sobre el gasto público de los estados miembros, ya que   estas medidas deben incluirse en las leyes nacionales. El Pacto Fiscal entró   en vigor a principios del 2012. Predice medidas sobre el gasto público más   estrictas que el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento
Reformas   estructurales Las reformas estructurales no tienen una definición clara, pero   normalmente el término se refiere a las reformas fundamentales y de larga   duración en el gasto social y los mercados laborales, las cuales llevan a   salarios reducidos y prestaciones y pensiones más bajas. Se suele argumentar   que su finalidad es apoyar al sector empresarial estimulando la   competitividad
Rescate Ayuda   económica que los gobiernos proporcionan a los bancos al borde de la   bancarrota, porque se supone que son demasiado grandes para caer. Esto lleva   a un aumento de la deuda pública
Sector   financiero El conjunto total de bancos y otras instituciones financieras, como   fondos de alto riesgo o de pensiones. Los problemas sistémicos en este sector   son la raíz de la crisis
Semestre   Europeo Un periodo de seis meses en el que cada año la Comisión y el Consejo   revisan los presupuestos de los estados miembros
SixPack Un paquete de seis textos legislativos, en vigor desde 2011, que   regula la disciplina fiscal y la política salarial en los estados miembros de   la UE
Troika El triunvirato de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el   Fondo Monetario Internacional que proporciona préstamos financieros a cambio   de los cuales los países tienen que aplicar políticas neoliberales
TwoPack Un paquete de dos reglamentos de la UE que intensifica el control de   la Comisión sobre los presupuestos de los países y asegura una mayor   vigilancia sobre los países con problemas económicos
Unión Europea Una cooperación económica y política entre 28 países en Europa. Las   decisiones se toman a través de    instituciones supranacionales y discusiones intergubernamentales entre   los estados miembros. Durante los últimos años, el poder de las instituciones   sobre las políticas económicas y fiscales ha aumentado

http://corporateeurope.org/eu-crisis/2014/02/punishing-victims-beginners-guide-eu-and-crisis

noviembre 5, 2013

Discursos hegemónicos y marcos de interpretación: el círculo vicioso de la dominación consumista/capitalista

Iturria: Kaos / Pedro Antonio Honrubia Hurtado – 2013/11/05

Son los propios sujetos de las clases dominadas los que garantizan el mantenimiento de su dominación, convirtiéndose en sus propios esclavizadores, pero al servicio de un amo que no son ellos mismos, sino la clase dominante. Discursos hegemónicos y marcos de interpretación asociados, la causa.

Los discursos, de acuerdo a Bourdieu, hacen referencia a los habitusde los sujetos, a su capital -económico, social, cultural y simbólico- , a la situación social concreta y por ende a la estructura de lo decible que en ella se da. Estos dicursos, además, cuando están vinculados a una determinada ideología hegemónica, no solamente reproducen en sí mismos el orden establecido en esa determinada sociedad, sino que sirven para reproducir en lo concreto la forma con la que este orden establecido se reproduce, entre otras cosas, diferenciando a los diferentes grupos sociales existentes, especialmente entre aquellos que son considerados aliados del sistema y aquellos que pueden suponer un peligro para el normal funcionamiento del mismo, esto es, los “enemigos” del sistema.

La estrategia global de toda ideología hegemónica aparece así, a través de los discursos hegemómicos que dicha ideología produce, como una auto-presentación positiva de sí misma (y sus grupos aliados) y una presentación negativa del otro (el enemigo). Ese otro, en nuestro caso, es el antisistema, el raro, el loser, esto es, aquel que no es capaz de adaptarse eficientemente a las prácticas sociales propias de la hermenéutica de sentido consumista/capitalista, o que, directamente, trata de rebelarse contra ellas.

La clase dominante dispone de diferentes mecanismos para imponer, en las prácticas sociales y en la mentalidad de las clases dominadas, esa auto-presentación positiva de sí misma y de sus aliados, así como una presentación negativa del otro, principalmente a través de los discursos vinculados a la satisfacción, o no, de lo que la sociedad espera del sujeto consumista/capitalista, productor/consumidor, de nuestros días, así como de la reproducción por parte de éstos de los códigos de valoración aceptados de forma común por el conjunto de la sociedad, y que responden a un interés de clase: en concreto al interés de la clase dominante por no perder su hegemonía.

La marginación, por vía de la exclusión de la comunidad de “buenos ciudadanos”, de aquellas personas que, por una razón u otra, no reproducen fielmente la ideología de vida que es propia de la hermenéutica consumista/capitalista, así como sus valores, políticos y morales, asociados, es una constante en todo el ámbito discursivo consumista/capitalista, tanto de manera explícita -con mensajes expresamente destinados a tal fin-, como de manera implícita -a través de otros mensajes que inducen a que sea el propio sujeto el que así se considere cuando no es capaz de cumplir con lo que de él espera el sistema-.

Esto es, los discursos consumistas/capitalistas, por ejemplo, no solo te dicen abiertamente, a través de diversas formas de expresión y canales de comunicación, que si eres un desempleado, eres un perdedor, un loser, un fracasado, sino que, además, por otros mensajes más de tipo subjetivo y no tan explícitos, te hacen desarrollar los mecanismos para que seas tú mismo, desempleado, el que así lo perciba.

Eres tú, y no el sistema, el que ha fracasado en su intento por ser alguien dentro de la estructura social consumista/capitalista, y esto te es dicho tanto de manera explícita -directa y sin tabús-, como de manera implícita -escondida entre símbolos y significaciones sociales, relacionados con el éxito social, que así te lo hacen ver-. Para que tal hecho se convierta en una verdad absoluta para uno mismo, basta con que tal discurso, convertido en marco de interpretación, se apodere de tu capacidad para analizar e interpretar tu propia vida y el mundo que te rodea.

Podemos, por tanto, utilizar la teoría analítica de marcos como un modo de acercamiento a la mentalidad de los sujetos de las clases no dominantes que actualmente hacen suyos los mensajes ideológicos hegemónicos que son propios de la ideología de la clase dominante, en tanto que tal hecho nos permite llegar a comprender cómo es posible que tales sujetos no solo no se rebelen contra el sistema establecido, sino que, consciente e inconscientemente, reproduzcan con sus prácticas sociales la hegemonía de la clase dominante.

Inscritos en el paradigma constructivista, los llamados marcos, paquetes o esquemas interpretativos se han convertido en constructos ampliamente utilizados en sociología y en psicología cognitiva. Se emplean como instrumento de análisis metodológico de los discursos sociales, entre ellos, claro está, los de carácter político o propagandístico. Según lo que se desprende este conjunto de teorías analíticas, comprendemos el entorno cultural aplicando esquemas  o marcos de interpretación. Los propagandistas los emplearán para comprender y plantear discursivamente, en términos políticos, los sucesos que se van desarrollando en la realidad social en relación a un determinado tema de actualidad, mientras que el público al cual van dirigidos dichos mensajes propagandísticos los utilizará para comprender los mensajes y situar así sus referentes en una interpretación de tal realidad.

El concepto marco nos parece especialmente importante para analizar de qué modo los sujetos de las clase no dominantes asumen hoy como propios los enunciados ideológicos que vienen insertos en los mensajes lanzados hasta ellos desde los espacios discursivos controlados por las clases dominantes, así como para entender de qué manera funciona, en lo concreto, la hermenéutica de sentido consumista/capitalista –con su consecuencia influencia directa en las prácticas sociales de estos individuos de las clases no dominantes-.

Las clases dominantes, a través de sus dominio absoluto sobre los principales medios de formación e información existentes (sistema de enseñanza y grandes medios de comunicación), han incorporado la ideología hegemónica consumista/capitalista no solo como hermenéutica de sentido, sino, por ello mismo, como marco interpretativo, individual y de acción colectiva, desde el cual las clases no dominantes analizan tanto su propia realidad subjetiva como el funcionamiento mismo de la realidad social.

Así, con sus prácticas sociales, impulsadas al amparo de esas previas creencias ideológicas consumistas/capitalistas constituidas en marcos interpretativos de la vida y la acción social e individual, los sujetos de las clases no dominantes no solamente reproducen la hegemonía de la clase dominante, sino que ellos mismos se marginan y se condenan a formar parte -de modo indefinido y casi sin posibilidad real de cambio- de las clases dominadas, en tanto que legitimadores de la existencia de tales clases dominantes, y, por tanto, de la existencia de un sistema social injusto donde ellos forman parte del grupo que sufre las injusticias, con todas las consecuencias que tal hecho puede tener a lo largo de sus vidas, tanto desde una perspectiva política y económica, como, sobre todo, desde una perspectiva existencial. Ellos mismos se ponen así una espada de Damocles sobre sus cabezas.

Cabe señalar también que, de acuerdo con el psicólogo Henri Tajfel, partimos del supuesto de que tanto la identidad individual como la identidad colectiva son identidades sociales y que ambas se refieren a autodefiniciones derivadas, entre otras fuentes de identidad, de la identificación de individuos o grupos con las características de determinados grupos o categorías sociales. La diferencia es que mientras la identidad individual se refiere a la autodefinición que caracteriza un individuo, la identidad colectiva se refiere a la autodefinición que refleja las características de un determinado grupo social.

El problema surje cuando tales identidades toman su base desde una misma realidad ideológica, y esta es, por principio, contraria a los intereses de la persona que adquiere su identidad por esa vía, subsumiéndose en una identidad colectiva que expresa no una posibilidad de realización de su potencial como persona, sino, justamente, la anulación de la misma. Tal es, en nuestra opinión, la situación en la que se ven inmersos en la actualidad los sujetos de las clases no dominantes en relación a la formación de su identidad, individual y colectiva, en base a criterios que se fundamentan en los intereses de clase de la alta burguesía hegemónica. El mensaje consumista/capitalista, entendido como hermenéutica de sentido, se mueve, pues, exactamente en estos términos.

Con ello, problematiza el mundo según una determinada visión ideológica de la realidad social, acorde a los intereses de la clase dominante. Con ello también, por un lado, pretende legitimar su visión maniquea del mundo, divido entre aquellos que siguen y respetan las normas que son propias a tal hermenéutica de sentido, y aquellos que lo atacan o, simplemente, no son capaces de satisfacerlas, donde estos últimos son automáticamente señalados como excluidos del normal funcionamiento de la sociedad consumista/capitalista, y, por tanto, como objetivos de ataque por parte de los discursos hegemónicos que se emiten por medio de los canales de comunicación en manos de esas mismas clases dominantes, y, por otro, pretende influir en aquellos ciudadanos y ciudadanas a los que va dirigido tal mensaje, en tanto que pueda servir para condicionar la actitud mental con la que tales ciudadanos interpretan el mundo, y, en consecuencia, para que la imagen que del mismo tienen vaya sumando nuevos adeptos entre las nuevas generaciones que inician su proceso de socialización: nuevos sujetos consumistas/capitalistas dispuestos  a convertir esta imagen mental en una guía para la acción y la práctica social, en una reproducción fiel de los intereses de la clase dominante y de su hegemonía ideológica.

Es lo que podemos denomionar como “el círculo vicioso de la dominación consumista/capitalista”: las clases dominantes, a través de los medios de comunicación y el sistema de enseñanza, crean discursos hegemónicos destinados a generar marcos de interpretación en las mentes de los sujetos de las clases no dominantes acordes a los intereses de clase de tales clases dominantes. Una vez estos discursos son introducidos de tal manera en la mente de los sujetos de estas clases no dominantes, serán ellos mismos quienes, de acuerdo a su propia manera de interpretar su propia vida en el contexto de la sociedad consumista/capitalista que los circunscribe, reproduzcan con sus prácticas sociales los valores propios de la ideología de la clase dominante, y, con ello, finalmente, estarán reproduciendo un modelo de sociedad, un orden social, donde su papel como sujetos oprimidos y explotados en favor de los intereses de la clase dominante, de la cual ellos no forman parte, quede garantizado.

Así, con más o menos conciencia de ello, son los propios sujetos de las clases dominadas los que garantizan el mantenimiento de su propia dominación, convirtiéndose en sus propios esclavizadores, pero al servicio de un amo que no son ellos mismos, sino la clase dominante al servicio de la cual está puesto el funcionamiento del orden establecido. Es el reflejo en la historia de la total pérdida de autonomía del sujeto consumista/capitalista de nuestros días.

Es el sujeto histórico, propio de las sociedades postmodernas de nuestros días, que ha “devorado” a su amo y lo ha interiorizado como una forma de vida, generando una implosión del antiguo amo burgués con la personalidad y el carácter social del trabajador/proletario actual, hasta el punto de convertirse (simbólica y psicológicamente) en su propio amo, pero no de forma autónoma, como pretenden hacernos creer algunos pensadores postmodernos, no por la propia relación de servidumbre consigo mismo (que también), sino como reflejo de las relaciones de poder, vinculadas a las relaciones de clase, que siguen estando presentes en nuestra sociedad capitalista contemporánea. Esto es, como reflejo del orden burgués.

Es esta, además, la forma con la que la sociedad consumista/capitalista se garantiza y se asegura que cada nuevo sujeto que haya de integrarse en ella esté predispuesto a respetar los códigos sociales establecidos y, en consecuencia, a no ir contra el orden establecido, esto es, a someterse, ya desde su propia individualidad, a un estricto control social garante del status quo.

octubre 24, 2013

Crisis: las recetas de patronal y gobiernos

Egilea: MRA Fundazioa

septiembre 24, 2013

Qué pasó en Chile y sus semejanzas con España

Iturria: Vicenç Navarro – vnavarro.org – 2013/09/24

Este año y este mes se recuerda el aniversario (cuarenta años) del golpe militar liderado por el General Pinochet en contra de un gobierno democráticamente elegido, el gobierno de Unidad Popular, presidido por el Presidente Salvador Allende. Este golpe militar inició una dictadura enormemente represiva que, además de deshacer las reformas populares realizadas por el gobierno depuesto, inauguró un nuevo régimen económico-político caracterizado por un neoliberalismo guiado por el pensamiento económico identificado con la Escuela de Chicago, que dirigió las contrarreformas económico-sociales de aquella dictadura.

Tuve el enorme privilegio de asesorar al gobierno de Unidad Popular, y fue así como pude conocer y seguir de cerca los cambios sustanciales que dicho gobierno realizó a través de políticas públicas que fueron populares entre grandes sectores de la ciudadanía que resultaron beneficiados por tales reformas. Resultado de ello, el apoyo electoral al gobierno subió, lo cual alarmó a las fuerzas conservadoras y liberales, que vieron mermados sus intereses con aquellas medidas, y que recurrieron a amplios sectores de sus fuerzas armadas, presionándolas para realizar el golpe militar, el cual fue facilitado y apoyado por la Administración Nixon en EEUU, temerosa de que el experimento de la Unidad Popular (comprometido en alcanzar el socialismo a través de la vía democrática) fuera exitoso y se expandiera por toda América Latina. Tal como indicó el Presidente Nixon, “el mayor peligro que tenemos es que el gobierno de Allende pueda consolidarse y sea exitoso. Tenemos que evitar por todos los medios que otros países de América Latina se sientan atraídos por la experiencia del gobierno de Allende”. El establishment económico y financiero estadounidense se alió con el establishment chileno (en una alianza de clases a nivel internacional) en ayuda de sus intereses de clase en contra de los intereses de las clases populares de ambos países, y muy en particular en aquel momento, en contra de las clases populares chilenas. (Ver Navarro, V., “Chile through the mirror of events in the health sector”, Social Praxis, 2T 1-2 pp 25-66, 1974).

Es importante subrayar que no fue EEUU el que impuso Pinochet a Chile, como constantemente se indica. Yo pude ver con mis propios ojos que los que llevaron a cabo el golpe militar fueron la burguesía chilena, la oligarquía chilena, las clases medias de renta alta chilenas, la Iglesia chilena, la banca chilena, y la mayoría de las fuerzas armadas chilenas, apoyadas, no por EEUU (EEUU no era entonces ni es ahora un país de 300 millones de imperialistas), sino por el gobierno federal presidido por el republicano del Presidente Nixon (que no podía ir a barrios obreros en EEUU por su enorme impopularidad, consecuencia de la enorme represión del gobierno federal en contra de los mineros en la cuenca minera de los Apalaches  -la Asturias de EEUU-, que habían amenazado con paralizar el este de EEUU mediante una huelga general en los sectores energéticos basados en el carbón).

Las reformas de la Unidad Popular (UP)

Donde las reformas fueron más acentuadas fue en las áreas sociales, y muy en particular en el área sanitaria. Yo estaba de Profesor Visitante en la Escuela de Salud Pública de Chile, junto con mi amigo Hugo Behm, decano de dicha Escuela, y nuestro común amigo Gustavo Molina, muy próximo al Presidente Allende. Lo que intentó el gobierno UP fue potenciar el sector público, tal como el Servicio Nacional de Salud, a costa del sector privado, al cual se le permitió su existencia (continuando atendiendo a las clases más pudientes), pero sin permitirle (como todavía ocurre en España) que parasitara al sector público (utilizando el sector público sin retribución de los costes de dicha utilización) e incentivando la dedicación a pleno empleo de los profesionales sanitarios en el sector público (lo cual creó una enorme resistencia de los Colegios de Médicos, controlados por la medicina privada). En farmacia, el gobierno prohibió que se distribuyeran en las farmacias chilenas productos que no hubieran sido autorizados por las agencias de control de calidad (de fármacos) existentes en Chile y en otros países (incluido en EEUU). El “dumping farmacológico” (venta de productos, desechados en los países ricos, a países en vías de desarrollo) es un fenómeno generalizado todavía hoy. Tales medidas originaron una enorme resistencia de la industria farmacéutica (que, según documentó el Congreso de EEUU, fue la que financió el golpe militar).

Como en España, el golpe militar era la respuesta defensiva de las clases pudientes frente a las demandas de las clases populares. Y como también ocurrió en España, aquel golpe era reflejo del dominio de una clase profundamente reaccionaria, carente de cualquier sensibilidad democrática, frente a la expansión de los derechos civiles y laborales de las clases populares, conseguida por medios democráticos. Las semejanzas de lo que ocurrió en Chile con lo que ocurrió en España en 1936 eran enormes.

Cuando el golpe militar tuvo lugar, se produjo una enorme represión. Mi amigo Hugo Behm estuvo detenido en un campo de concentración. Estando en este campo, y a propuesta mía, la Asociación Norteamericana de Salud Pública, The American Public Health Association, que reunía a 100.000 profesionales salubristas (expertos en políticas públicas encaminadas a mejorar el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos) de Norteamérica, le nombró Presidente Honorario de su Asociación. Este espléndido caso de solidaridad fue fruto de una alianza internacional de los que luchaban por conseguir una mejor salud y bienestar social para sus pueblos. En realidad, la dictadura fue particularmente represiva entre los grupos profesionales, contra estos salubristas que, en su gran mayoría, habían apoyado las reformas sanitarias del Presidente Allende y su gobierno. En España, por cierto, la represión del golpe militar fue, entre los profesionales, contra los maestros (como mis padres) que habían apoyado y llevado a cabo las reformas educativas de la República española.

Durante la dictadura chilena la sanidad y la educación públicas fueron privatizadas, habiéndose deteriorado de una manera muy marcada la calidad de ambas. En realidad, el deterioro de la educación (y su carestía) fueron la chispa que motivó a los estudiantes a salir a la calle en 2011, iniciando un movimiento de protesta que, al añadirse grandes sectores de la clase trabajadora, como los mineros, se convirtió en un amplio movimiento de rebeldía frente a las políticas impuestas por la dictadura y mantenidas durante el periodo de democracia vigilada. Su extensión fue tal (se calcula que un tercio de la población adulta participó en esas movilizaciones, según el articulo de Roland Benedikter y Katja Siepmann “Chile: the Switzerland of the South?” en Challenge, Sept/Oct 2013, vol. 56, issue 5, pp 5-30, del cual extraigo la mayoría de los datos utilizados en este artículo) que amenazó a las estructuras de poder financiero y económico chilenas. Tales protestas eran ya la expresión de un gran enfado de las clases populares frente a aquel modelo económico-social impuesto por la dictadura y mantenido en el periodo democrático, consecuencia de una transición que (como la española) dejó el poder económico y financiero inalterado.

El modelo neoliberal de la Escuela de Chicago

Durante muchos años, el modelo chileno neoliberal generado por la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, que asesoró a la dictadura chilena, se ha presentado como un gran éxito. El portavoz más ultraderechista del capital financiero estadounidense (el Wall Street Journal) ha sido uno de sus máximos promotores, habiendo indicado últimamente en un editorial que lo que necesita Egipto es una dictadura como la del General Pinochet. Los datos que constantemente se utilizan a favor de este supuesto éxito del modelo Chicago son: un crecimiento elevado de su PIB (un 6% por año), un bajo desempleo (un 7%), y un elevado grado de inversión, tanto extranjera como doméstica. En reconocimiento de tal “éxito”, Chile fue el primer país de Latinoamérica aceptado en la OCDE (el club de los países más ricos del mundo).

Lo que no se dice en esta promoción del modelo chileno es que los salarios están entre los más bajos (en relación a su PIB per cápita) de la OCDE, habiendo sido ello causa (como en España) de un enorme crecimiento del endeudamiento de las familias. En 2012, la tasa de endeudamiento de las familias era de un 59% de toda la renta recibida, con unos de los intereses más elevados en el dinero recibido prestado. Según una encuesta realizada en 2012 por el Market Rescue Institute de la Universidad Católica de Chile, solo un 36% de chilenos creía que podrían comprarse una casa, debido a la dificultad de conseguir crédito a un interés razonable y que pudieran pagarlo (citado en el artículo de Benedikter y Siepmann).

Este enorme endeudamiento explica (como también lo explica en España) el enorme crecimiento del sector financiero en Chile. Dicho crecimiento ha sido nada menos que cincuenta veces superior al crecimiento de la economía real (la economía que produce bienes y servicios). Hoy el centro de poder (lo mismo que en España) es el capital financiero, que también controla la financiación y gestión del limitado Estado del Bienestar chileno (que incluye desde las pensiones a los servicios sanitarios y educativos, todos ellos privatizados).

La privatización masiva de la gran mayoría de actividades económicas y sociales (punto central en el modelo chileno neoliberal) que se hizo, en teoría, para ofrecer mayor elección de bienes y servicios a los ciudadanos, ha facilitado previsiblemente la creación de monopolios que han encarecido el precio de muchos de los bienes y servicios proveídos por el sector privado. Y ello tanto en el sector privado como en el público. Así, una de las industrias más importantes de Chile es la de producción de papel, resultado de la gran extensión de bosques existentes en el país. Pues bien, a pesar de la gran abundancia de la materia prima –madera-, el coste del papel en Chile es mayor que en otros países de América Latina que no tienen la riqueza de este recurso. Y ello es resultado del gran monopolio que existe en dicha actividad económica.

Resultado de este enorme crecimiento del capital financiero y de la monopolización del capital productivo, hemos visto un enorme crecimiento de las rentas superiores procedentes del capital, a costa de un enorme descenso de las rentas del trabajo (tal como ha ocurrido también en España), siendo Chile (como España) uno de los países con mayores desigualdades de renta de la OCDE.

La predecible rebelión de las clases populares frente al  modelo neoliberal

Las movilizaciones populares han sido una protesta frente a este modelo. Como bien indicaba un eslogan del movimiento, “Mucho crecimiento: pero no Desarrollo”, indicando que el problema clave en la economía chilena no es el crecimiento de la riqueza sino la distribución de los recursos creados por tal crecimiento, así como el tipo de crecimiento. Es obvio que dicho crecimiento ha favorecido (como en España) a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. Y otro eslogan de las manifestaciones, “No al lucro”, expresa también una protesta hacia el tipo de crecimiento y a la motivación (el afán de lucro) que lo guía y dirige.

Naturalmente que el gobierno democráticamente elegido, depuesto por el golpe en Chile, era diferente al existente en España; que la dictadura establecida por el golpe en Chile fue distinta a la existente en España; y que el periodo llamado democrático que lo siguió en Chile fue distinto al que ha ocurrido en España. Pero, aceptando las diferencias, el hecho es que hay también muchas similitudes en cada uno de los periodos históricos citados (de ahí una aclaración constante a lo largo del artículo subrayando que “lo mismo ocurre en España”).

Y han sido estas similitudes las que explican la escasa visibilidad mediática en España del 40 aniversario de aquel golpe militar en Chile. Excepto pequeños actos aquí y allá, no ha habido ceremonias oficiales, y ello resultado de que los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos españoles (que tienen una conciencia de clase muy desarrollada) no quieran ni oír hablar de aquellas semejanzas, pues la denuncia de lo que pasó en Chile es también una denuncia de lo que ha pasado en España, denuncia que el establishment no quiere que ocurra, pues sería una denuncia de ese establishment también, tanto de sus orígenes como de su comportamiento. Así de claro.

Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

julio 17, 2013

150 empresas han comunicado ya modificaciones salariales y laborales

Iturria: Juanjo Basterra / Gara.net – 2013/07/17

Más de 150 empresas de la CAV han transmitido ya a los trabajadores que aplicarán modificaciones salariales y laborales de acuerdo con la reforma laboral y de negociación colectiva. El Balneario de Zestoa pagará a los trabajadores el salario mínimo a partir del 31 de julio. EH Bildu, por otro lado, criticó ayer a Confebask y llamó a PNV y PSE a no ceder y aprobar la iniciativa contra la patronal y la reforma laboral.

Aunque la patronal vasca intente negar que las empresas estaban esperando este escenario para cambiar a su antojo las condiciones laborales y salariales, como les permite la reforma laboral y de negociación colectiva, con que el Gobierno español les obsequió, ya se empiezan a conocer, diez días después de que hayan decaído el 85% de los convenios sectoriales vigentes comunicaciones empresariales que empeoran las condiciones de trabajo.

Los sindicatos llaman a los trabajadores a que tengan en cuenta que tienen solo 20 días para reclamar un cambio de las condiciones, por lo que deben estar atentos, más en este momento de vacaciones estivales. GARA cuenta ya con un listado de 126 empresas que han comunicado cambios. Fuentes sindicales destacaron que la empresa cántabra Tres Mares, propietaria del Balneario de Zestoa, ha comunicado a las trabajadoras que partir del 31 de julio, les aplicará el Estatuto de los Trabajadores, con un salario de 646 euros, que es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). porque «no hay ámbito superior al que acogerse en este convenio».

Esta situación podría repetirse en el convenio del Metal, según afirman las diferentes centrales sindicales, porque a nivel estatal el convenio no tiene pactados los salarios. No creen que se produzca esta situación, puesto que afecta a 145.000 trabajadores en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. También está el caso de Adegi que quiere dejar de aportar a la EPSV Geroa y, aunque diferentes informes jurídicos dicen que no puede hacerlo, algunas empresas, apoyadas por la patronal guipuzcoana, mostraron esa disposición.

Las empresas que han mostrado interés en el cambio de condiciones son muy variadas. Están PCB, Lejarza, Instalaciones Eléctricas Erandio, Gepce, Aldaiturriaga, Cartisa, Cartonajes Erabil, Etra Norte, Stef, Koyo, Matiena Fepa, Talleres Arzamendi, Hormigones Premezcalados, Ambulancias Bizkaia, Rothenberger, Neco, Pine, Hormigones y Minas, Maderas Torresar , Fundiciones Palacio, UTE Miramón, Tekniker Deba, Transportes Sanitarios Toro y Betolaza, Vasco Catalana, José María Candina, Erhardt, Cristalería Recalde, Pasaban, Acciona, Talleres Agui, Selak, Sete, Zeleta, Amantegi, Solmesa, Celsa Gasteiz, Autobuses Garayar, Tüv Rheinland y Clínica Alava, entre otras.

También se encuentran un amplio listado dedicado a los hoteles, los más conocidos en Donostia; empresas de limpieza, lo mismo que marcas comerciales importantes como H&M, Zara, Berskha, Massimo Dutti, Stradivarius, Calcedonia, entre otras.

No todas las empresas actúan igual. Algunas respetan las condiciones solo hasta julio, otras hasta diciembre, en el caso de los hoteles de Donostia.

EH Bildu contestó ayer a Confebask ante la injerencia directa que realizó al criticar con dureza la proposición no de ley de la coalicón soberanista para que la Diputación Permanente del Parlamento rechace la reforma laboral y de negociación colectiva, que aprobó el Gobierno español para favorecer a los empresarios. La parlamentaria Belén Arrondo dijo que la patronal vasca «quiere aplicarnos la misma presión que usa contra la clase trabajadora para condicionar el debate sobre la reforma laboral». Mañana se reunirá el órgano parlamentario para adoptar una posición. El PSE anunció ayer la presentación una enmienda a la totalidad a la propuesta por vía urgente de la coalición.

«No ceder a las presiones»

EH Bildu sostiene que Confebask «se deslegitima al dar la espalda a la mayoría de este pueblo» y llamó a PNV y a PSE a no ceder a las presiones, a la vez que entiende que esas críticas de la patronal vasca «son intolerables». Así las cosas, Belén Arrondo afirmó ayer que «Confebask pretende aplicar en el Parlamento los métodos de presión que emplea contra la clase trabajadora para condicionar el debate sobre la reforma laboral y de negociación colectiva».

Tras reivindicar la independencia de la Cámara legislativa, la parlamentaria de EH Bildu tildó de «vergonzoso que Confebask pretenda interferir y condicionar la agenda política del Parlamento que representa a la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa». Al hilo de ello, Arrondo instó al PNV y al PSE a que se sumen a la mayoría social de este país, contraria a la reforma laboral, y «no cedan a las presiones de la patronal, que es la que en este tema está en completa soledad».

Arrondo negó, de forma rotunda y en contra de lo dicho por Confebask, que haya una campaña de deslegitimación de ese organismo empresarial. Por el contrario, sostiene, es Confebask «la que se deslegitima por aplicar la reforma laboral en contra de la mayoría social, política y sindical y por este tipo de injerencias en la labor política e institucional». Añadió que «Confebask miente cuando dice que la reforma solo se aplica en casos puntuales; eso no es así, miles de trabajadores y trabajadoras han recibido ya las cartas de aviso para aplicarles la reforma. Por ejemplo, en la clínica Alava de Gasteiz el recorte salarial llega al 50-60%».

En palabras de la parlamentaria abertzale, por último, «el objetivo de Confebask es seguir aplicando la reforma con total impunidad; desea volver al siglo XIX, no quiere empleos de calidad y con condiciones dignas, quiere nuevos esclavos».

Enmienda del PSE

El PSE presentó ayer mismo una enmienda a la totalidad a la propuesta de EH Bildu. El portavoz Txarli Prieto solicitó que «se denuncie la postura de Confebask; que el Parlamento vasco rechace la reforma laboral; que el Gobierno de Urkullu mantenga el diálogo social y que en los pliegos de condiciones de cualquier acción pública se exija que solo pueden acceder a las mismas si mantienen vigente el último convenio colectivo que se hubiera negociado».

ELA pide a Urkullu que responda a Euskaldendak

ELA pidió a Urkullu una respuesta a la denuncia de Euskaldendak, que acusa a Confebask de impedirle negociar en el sector del Comercio. La central llegó a un acuerdo de convenio con esa asociación, pero Cecobi, la patronal del comercio vizcaino, lo veta, «aunque no sabemos a cuantos ni a quienes representa», denunció ayer el sindicato.

Mirari Irure, secretaria general de la Federación de Zerbitzuak, y Marije Fernández, responsable del sector del Comercio de Bizkaia, recordaron que con Euskaldendak ya han alcanzado un acuerdo. «Se demuestra que se pueden mantener las condiciones y los salarios. Estos comercios son pequeños y se han dado cuenta que la estrategia de reducir salarios impide el consumo, que es lo que necesita el sector», señalaron.

ELA cuenta con más del 50% de representación en el comercio textil en Bizkaia. Llegó a un acuerdo, para trasladarlo a las mesas de negociación colectiva que se constituyan, con la patronal Bizkaidendak, asociación empresarial formada con posterioridad al inicio de las últimas negociaciones en el comercio «que afirma contar, cuando menos, con igual o superior representación que Cecobi y representa, fundamentalmente, al pequeño comercio». Este acuerdo para el comercio textil recoge el compromiso de «volver a constituir la mesa de negociación con la nueva representación empresarial y sindical, exigir transparencia y buena fe», además de apoyar ambas partes «la vigencia de los convenios hasta fin de 2013, garantizar ultraactividad indefinida y que las empresas no se puedan descolgar de los convenios con las facilidades que les da la reforma», dijo Marije Fernández.

Entre otros aspectos, fija una «flexibilidad tasada» para casos muy concretos, «jornada de lunes a sábado, siendo domingos y festivos no laborales, plus específico para jornada a partir de las 8.30, e incrementos de salarios referenciados en el IPC». Declararon que el acuerdo con Bizkaidendak, tras el 7 de julio, es positivo y permite « desbloquear la situación». Irure y Fernández expresaron que se pueden cerrar acuerdos con contenidos. «Si el pequeño comerciante puede asumir estos contenidos, esto implica que los márgenes con los que cuentan las grandes cadenas son muy superiores, también pueden hacerlo».

En ese sentido, Irure preguntó a los comerciantes de Cecobi «qué piensan de la estrategia de la patronal basada en la caída salarial, porque yo estaría en contra, porque me perjudica como comerciante». J.B.

junio 25, 2013

Las recetas del FMI: ¡Más madera!

Iturria: Fernando Luengo / Publico.es – 2013/06/23

Tras varios años de ajuste salarial durísimo, sin precedentes en la reciente historia de nuestro país, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha descolgado con un nuevo informe. ¿Cuál es la “recomendación” de este organismo? La de siempre, la que lleva predicando e imponiendo desde hace décadas: reducir los salarios.

Transitar el mismo camino, una y mil veces si es necesario. ¿Qué importa que los resultados obtenidos por los gobiernos comprometidos con las políticas de “devaluación interna” y por la troika hayan cosechado un rotundo fracaso?: pérdida masiva de puestos de trabajo, altos niveles de desempleo y debilidad de la actividad inversora, y como consecuencia de todo ello estancamiento o mínimo e insuficiente crecimiento económico.

Para valorar la nueva (vieja) propuesta del FMI y sopesar las consecuencias de seguir por idéntica senda, no está de más recordar lo sucedido en los últimos años (toda la información está tomada de la Oficina Estadística de la Unión Europea y se refiere al periodo comprendido entre 2009 y 2013; para este último ejercicio, los datos son estimaciones).

Entre esos dos años, el indicador de compensación nominal por empleado en la economía española habrá aumentado en algo menos del 2%. El crecimiento será algo inferior en Portugal, mientras que en Grecia el retroceso acumulado en ese periodo será del 16%. Si presentamos ese mismo indicador en términos reales, es decir descontando el crecimiento de los precios, los datos son todavía más llamativos y contundentes: la pérdida de capacidad adquisitiva en la economía española habrá sido del 7%, del 6% en Portugal y del 22% en Grecia.

Téngase en cuenta que, por definición, los indicadores promedio compensan y ocultan las posiciones extremas. Importante precisión, pues en estos últimos años ha continuado abriéndose la tijera salarial (forman parte de la categoría salario los ingresos recibidos por los trabajadores menos cualificados, que se encuentran en los segmentos más precarios del mercado laboral, y las retribuciones de los altos directivos y ejecutivos de las firmas). No hay duda, desde esta perspectiva, que, si excluimos aquellos grupos que detentan posiciones de privilegio en las empresas, la degradación salarial será todavía más pronunciada, tanto en lo que concierne a los salarios nominales como a los reales.

Al mismo tiempo, ha proseguido la destrucción de puestos de trabajo. Entre 2009 y 2013 en la economía española se habrán destruido más de 2 millones de puestos de trabajo (cantidad que supone algo más del 11% del empleo inicial); en Portugal se habrá superado la cifra de 500.000 (11% de los que existían en 2009); en Grecia habrán desaparecido más de 900.000 (un 19%). Con estos registros, los datos de desempleo se han disparado al alza. En España el número de personas desempleadas habrá crecido en más de dos millones de personas, Portugal superará las 800.000 y Grecia se acercará a las 400.000. En términos porcentuales, en nuestra economía la tasa de desempleo alcanzará en 2013 el 27% (9 puntos porcentuales más que en 2009); esa tasa se situará en Portugal en el 18% (8 puntos por encima del umbral alcanzado en 2009); y en Grecia en el 27% (casi 18 puntos más que en ese año).

El resultado de la congelación o caída de los salarios, más la destrucción de puestos de trabajo, significa que los salarios han perdido peso en el ingreso nacional. En España esa ratio transitará desde el 58%, en 2009 al 52%, en 2013; en Portugal, desde el 60% al 55%; y en Grecia, desde el 56% al 48%.

¿Ninguna lección que extraer de esta deriva? ¿Ninguna responsabilidad de las políticas económicas aplicadas? Parece que no. Escandaliza que con este balance se postulen las mismas recetas, atemporales e indestructibles, cuya perseverancia sólo se puede explicar por la carga ideológica de quien las formula y por los intereses – inconfesables, aunque cada vez más evidentes- que defienden. Al fin y al cabo, sí están consiguiendo uno de los objetivos que se proponían: hacer que los trabajadores paguen la crisis. Ni más, ni menos.

Fernando Luengo –
Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del colectivo EconoNuestra

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junio 18, 2013

SIN CONVENIOS LABORALES

Iturria: naiz.info – 2013/06/18

Más de un año después de su aprobación, los efectos de la reforma laboral se siguen dejando notar. A la imparable crecida del desempleo cabe sumar ahora la fecha del 7 de julio, en la que numerosos convenios laborales dejarán de tener validez, debido al límite de un año de la ultractividad impuesto por la reforma.

Imagen de la última huelga general en Bilbo. (Luis JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS)

Imagen de la última huelga general en Bilbo. (Luis JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS)

El fin de la ultractividad tiene como consecuencia que las empresas podrán imponer convenios estatales o, en último término, el Estatuto de los Trabajadores.

El próximo 7 de julio, un año y cinco meses después de que el Consejo de Ministros aprobase la reforma laboral, se hará efectiva una de las amenazas que conllevaba esta reestructuración del mercado laboral. De la noche a la mañana, cientos de trabajadores se quedarán sin el convenio colectivo con el que trabajaban hasta ahora, quedando a expensas de convenios de instancias superiores –sectoriales y estatales– o directamente bajo el marco del Estatuto de los Trabajadores, lo que supondrá una rebaja importante de las condiciones laborales.

Esto será así debido al límite de un año que la reforma laboral impone a la ultractividad, que es el periodo de tiempo entre el fin de un convenio laboral y la firma de otro, durante el cual se sigue aplicando el anterior convenio. Hasta el año pasado, la duración de la ultractividad era indefinida, es decir, que el convenio caducado se seguía aplicando hasta no tener uno nuevo. Lo que cambia con la reforma laboral es que la ultractividad se aplica tan solo durante un año, al término del cual el convenio anterior queda sin validez pese a la ausencia de uno nuevo, lo que permite a las empresas imponer convenios acordados en instancias superiores. Eso es lo que ocurrirá por primera vez de forma masiva el próximo 7 de julio.

La mayoría sindical vasca hace ya meses que denuncia la situación y lucha por cambiarla. Según cálculos de LAB, unos 320.000 trabajadores se verán perjudicados por el fin de la ultractividad en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, suma que ronda los 400.000 trabajadores teniendo en cuenta a Nafarroa –aunque los datos en este herrialde no han podido ser verificados completamente, debido a la diferente mayoría sindical–.

La secretaria de negociación colectiva de LAB, Garbiñe Aranburu, advierte de que el fin de la ultractividad supone «una pérdida espectacular». «En la práctica supone que vamos hacia una individualización de las relaciones laborales, profundizando en la división de la clase trabajadora». De la misma manera, el responsable de negociación colectiva de ELA, Joseba Villarreal, advierte de que la nueva situación supondrá que «el trabajador quede a expensas de la decisión del empresario». Villarreal también denuncia que «como a partir de julio podrán decidir aplicar otras condiciones laborales, la patronal no firma ningún convenio con un contenido mínimo», lo que mantiene bloqueadas la mayoría de negociaciones.

¿Cómo hacerle frente?

Las movilizaciones de los sindicatos vascos están a la orden del día, como ya se pudo ver en la huelga general del pasado 30 de mayo o se puede observar en las diversas huelgas que están llevando a cabo sectores como el del Metal. Pero Aranburu avisa: «No prevemos que el 8 de julio todas las empresas digan que empezarán a aplicar los convenios estatales, pero sí que se dará una progresiva desregulación». Por eso advierte de que las movilizaciones se darán «antes del 7 de julio y después». Por su parte, Villarreal señala que «como en los últimos años, la movilización es para nosotros el único camino: la organización en las empresas, la sindicalización y las movilizaciones en todos los sectores y empresas que se pueda».

Un camino que Aranburu comparte, pero con matices: «El debate no es si en una empresa o en un sector se le hace mejor frente a la reforma, lo que hay que buscar es una salida a todos los trabajadores y eso no se puede negociar solo en los sectores, el debate debe ser sobre qué estrategia de lucha es la más efectiva ante la posición de fuerza que tiene ahora la patronal». «Al final, el alcance de la reforma la marcará nuestra capacidad de responder y crear conflicto», declara Aranburu, quien añade que «la patronal tiene una herramienta poderosa en sus manos, pero aquí no les vale lo que les vale en otros lugares del Estado, existe otra mayoría sindical, otra correlación de fuerzas». «Nuestra situación es complicada, pero su situación no es tan buena como se la han imaginado», concluye.

junio 13, 2013

Delitos y crímenes económicos

Iturria: Xavier Caño Tamayo – 2013/06/12

Esta es una historia a tres bandas. Por un lado, los trabajadores financian Europa. En el Reino de España, por ejemplo, cerca del 90% del total de impuestos recaudados procede de las rentas del trabajo. En Grecia, Portugal, Italia… tres cuartos de lo mismo. Por otro lado, quienes más tienen eluden y evaden impuestos por sistema. Cada vez más. En Reino Unido, 466 empresas de las 700 mayores corporaciones apenas pagaron 12 millones de euros en 2005 y 2006 en impuestos por beneficios, mientras las otras 234 no pagaron ni una libra. Y no es una situación excepcional. Según Xavier Harel, los impuestos eludidos y evadidos cuestan a la Unión Europea 200.000 millones de euros anuales.

Y en el tercer lado del relato, los grandes delincuentes parecen tener patente de corso, gozar de práctica inmunidad. Criminales que saquean a mansalva, corrompen, especulan y maquinan para elevar precios, blanquean dinero sucio y negro y ejecutan enormes estafas. Como dice Manuel López-Rey, “mientras el ladrón común es considerado un marginado, el delincuente económico no está marginado ni se enfrenta al sistema, porque forma parte de él”.

Como denunciara Alejandro Teitelbaum, hay impunidad de los delincuentes económicos por la actuación y las omisiones de las instituciones y poderes políticos. Fruto de la evasión de impuestos y de los crímenes económicos, según Tax Justice Network, los patrimonios ocultos en paraísos fiscales suman de 21 a 32 billones de dólares. Y de esa ocultación y del consiguiente fraude fiscal son cómplices necesarios los 50 principales grandes bancos privados así como los más importantes despachos de asesoría legal y contable.

En España, 33 de las 35 grandes empresas del Ibex tienen filiales, delegaciones o empresas pantallas en paraísos fiscales, según un informe elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. En total hay 437 empresas, delegaciones o filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales; 60% más que hace tres años. Banco Santander, BBVA, ACS, Repsol, FCC… están establecidos en Delaware, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Suiza o Hong Kong. No para hacer turismo. Y 550.000 millones de euros de origen español (equivalente al 45% del PIB) se ocultan en paraísos fiscales, según la revista Alternativas Económicas.

Se podría hablar en términos semejantes del resto de países europeos. El fraude fiscal es un gravee problema. Por eso, mandatarios de la Unión Europea se reunieron hace unos días para enfrentarse al fraude fiscal. O eso dijeron. Pero, como en anteriores ocasiones, lo hablado en Bruselas sobre combatir el fraude fiscal solo ha sido un capítulo de buenas intenciones.

Nada se concretó sobre el imprescindible fin del secreto bancario, la opacidad y desregulación de transacciones ni tampoco contra la “ingeniería” financiera evasora de impuestos de grandes empresas. Cómo tampoco se acordó plazo alguno de tiempo paraconcretarlo. Ni tampoco se apuntó ningún mecanismo para obligar a los estados a cumplir sus obligaciones contra el fraude fiscal, como les obligan a cumplir con el déficit presupuestario marcado. Y los paraísos fiscales, ni mencionarlos.

¿Cómo creerá nadie que la Unión Europea haga algo contra el contubernio ‘fraude fiscal-paraísos fiscales’ cuando dos estados de pleno derecho (Austria y Luxemburgo) son paraísos fiscales y en el Canal de la Mancha hay diminutas islas británicas que también lo son? Por no hablar de la City de Londres.

La clave es acabar con el secreto bancario. Y acabar con el secreto bancario significa que nadie tenga la menor posibilidad de ocultar en lugar alguno fondos, depósitos,  cuentas corrientes y beneficios para escamotearlos a las autoridades tributarias y judiciales.

En inglés, delito y crimen no se distinguen; en ambos casos es crime.Pero en castellano puede haber un delito con sanción penal que no sea un crimen (ser miembro de un partido en la dictadura franquista, por ejemplo, o abortar en regímenes derechistas). Como puede haber un crimen que no sea delito, porque no esté tipificado en el código penal. Ese es el caso. Los paraísos fiscales son centros criminales, como crímenes son ciertas actuaciones económicas y financieras habituales. Pero aún no se conseguido tipificarlos como delito.

Este estado de crimen económico permanente aumenta la legitimidad de la ciudadanía en todas sus reivindicaciones y exigencias. Una legitimidad que emana de que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Porque, al fin, es una cuestión de derechos.

http://xacata.wordpress.com/2013/06/02/

junio 13, 2013

El interés del Banco Mundial en el recorte de nuestras pensiones

Iturria: Carlos Gómez Gil / Rebelión.org – 2013/06/13

La aprobación del informe para la reforma del sistema de pensiones realizado por el grupo técnico designado por el Gobierno , anuncia lo que será un recorte efectivo de lo que, según decía el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy, era una de las líneas rojas intocables; una más que cae. Desde hacía tiempo, la Troika, el FMI y el BM, además de todo el aparato político y mediático neoliberal en España, venían reclamando un recorte de las pensiones públicas, en línea con lo que se ha hecho en aquellos países sometidos a planes de rescate, como Portugal, Grecia e Irlanda, y anteriormente otros muchos.

El argumento esencial para justificar dicho recorte se basa en el aumento en la esperanza de vida, algo que parece convertirse en un costoso capricho que hay que penalizar. Sin embargo, no se ha insistido en el esfuerzo que desde hace lustros vienen desplegando el FMI y el BM para recortar al máximo el sistema público de pensiones, tratando así de trasladar estos recursos del Estado a las entidades bancarias y financieras privadas, al tiempo que rompen con un componente de solidaridad esencial de los Estados modernos para convertirlo en un componente especulativo más del capital privado.

El Partido Popular va a proceder a un recorte efectivo de las pensiones, y con ello, va a socavar uno de los escasos espacios que no había tocado hasta el momento. Para ello ha encontrado en las proyecciones demográficas y el aumento en la esperanza de vida la coartada para justificar este recorte, un argumento que coincide con las repugnantes declaraciones que se han venido haciendo desde organismos como el FMI, y con las exigencias que desde hace tiempo vienen haciendo públicas el BCE, la Comisión Europea y Alemania El argumento demográfico admite muchas lecturas contrarias a las que se dan, si bien, sería bueno que se conociera que todas las proyecciones demográficas que ha venido realizando la ONU resultaron fallidas al no contemplar la evolución de indicadores complejos. Sin embargo, lo llamativo es que todos estos sesudos especialistas, muchos de los cuales trabajan para bancos y fondos de pensiones, no se hayan dado cuenta de que lo que pone en riesgo al sistema público de pensiones en España no es que vivamos más, sino la falta de cotizantes a la Seguridad Social como consecuencia de liderar a nivel mundial las tasas de desempleo. ¿Nadie considera que esa debe ser la prioridad política y económica para cambiar el rumbo de nuestra sociedad, y con ello también garantizar las pensiones futuras?

La tesis de que como la sociedad española está envejeciendo hay que reformar el sistema de pensiones porque es insostenible, ignora que, cuando se miran otras partidas presupuestarias, como el ejército, allí no hay cálculo de sostenibilidad de ningún tipo porque se plantea que hay que pagar un ejército y lo tenemos que hacer entre todos, sea cual sea su coste. Es una lógica perversa que aplicamos en función del resultado político que queremos tener, porque la lógica de la sostenibilidad también podríamos llevarla a la partida de deuda pública o a otras tantas.

Los mismos argumentos que defiende el Banco Mundial desde hace lustros

Sin embargo, lo que ahora ha pronosticado este grupo de técnicos designado por el Gobierno del PP viene siendo anunciado desde hace años por otros supuestos “expertos” que fracasaron estrepitosamente en sus anuncios de calamidades y desastres sobre las pensiones, bajo el patrocinio del propio Banco Mundial. Efectivamente, desde hace años el BM viene pronosticando la quiebra del sistema de pensiones públicas en Europa y en España, promoviendo los sistemas privados gestionados por los bancos. ¿Cuál es la razón de tanta osadía intelectual y política? Muy sencilla, el interés de recortar el Estado por un lado y transferir al sistema privado la gestión de un volumen de capital formidable derivado de los fondos de pensiones públicos.

La conexión entre los fondos privados y los recortes públicos viene de lejos. A mediados de la década de los 90 ya proliferaron los estudios que auguraban la quiebra de los sistemas públicos de pensiones y exigían recortes inmediatos o privatizar las pensiones. Los lanzaron simultáneamente instituciones internacionales, como el Banco Mundial y los servicios de estudios de las entidades financieras, las principales interesadas en el desarrollo de los fondos privados. En todos los casos se repetía el argumento de que el envejecimiento de la población llevaría a la quiebra del sistema público de pensiones. En consecuencia, se aconsejaba pasar de un sistema de reparto, en el que todos los trabajadores están obligados a cotizar para pagar las pensiones de los jubilados actuales, a otro de capitalización, en el que cada cual ahorra para su propia pensión futura a través de una entidad bancaria.

Más aún, cuando se está analizando la propuesta de reforma contenida en el informe que se ha trasladado al Gobierno, empieza a confirmarse que el recorte propuesto es de los más duros en los países occidentales, similar al que Suecia ha llevado a cabo , pero con un mercado de trabajo y Estado del Bienestar bien distinto. Pero, qué casualidad, esa misma reforma emprendida por Suecia es la que el Banco Mundial viene reclamando aplicar al resto de países, y que ahora España pone encima de la mesa.

Los fracasados anuncios de colapso en el sistema de pensiones de España

Entre 1995 y 2000, coincidiendo con esta primera batería de informes, los fondos privados vivieron un auge excepcional, pasando de gestionar 4,9 billones de euros a 11,5 billones en sólo cinco años. En España, donde la catarata de estudios partió del Círculo de Empresarios y tuvo aportaciones de los servicios de estudios de las principales instituciones financieras, pasaron en el mismo periodo de 13.000 a 38.000 millones de euros. Entonces, el horizonte de quiebra solía situarse ya en el año 2000, pero el derrumbe nunca llegó. Por el contrario, desde entonces, todos los ejercicios de la Seguridad Social se han cerrado con superávit. Pese a los errores en sus anuncios de desastre, las instituciones insisten periódicamente con nuevos informes equivalentes. El Círculo de Empresarios, por ejemplo, lanzó el último en junio de 2009, sin mencionar que en 1996 había pronosticado que el sistema público español acumularía hoy un déficit equivalente al 10,74% del PIB cuando en realidad hay una hucha de ahorro que equivale al 6% del PIB, una cantidad superior a los 60.000 millones de euros, la llamada “hucha de las pensiones”, una de las más elevadas entre los países occidentales.

Los efectos de las políticas de ajuste del FMI y del BM

Desde el comienzo de la década de los 90, el debate internacional sobre la reforma de los sistemas de pensiones ha estado dominado por las teorías surgidas en el entorno del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, apoyadas en los planes de ajuste estructural aplicados, que defienden fuertes recortes en los sistemas de públicos pensiones acompañados de la capitalización individual a través del sector privado.

La implantación del modelo privado del Banco Mundial adolece de graves defectos, al basar todo el sistema sobre el mecanismo de las cuentas de ahorro individual y, en consecuencia, marginando a todos aquellos trabajadores a quienes sus circunstancias laborales les impiden tener una vida laboral continuada y unos ingresos apreciables, algo particularmente grave en el mercado de trabajo de España.

Las experiencias privatizadoras en el sistema de pensiones impulsadas por el BM y el FMI en los países del Este y particularmente en Chile, en el marco de sus políticas macroeconómicas, han provocado que pocos años después de su implantación la mayoría de estos países estén estudiando reformas sobre sistemas que se consideran fracasados, cuando no descapitalizados e incapaces de cumplir sus fines.

Por ello, simplemente con ver el despliegue de informes realizado por el Banco Mundial exigiendo la urgente reforma de los sistemas públicos de pensiones basta para comprender los motivos reales de la reforma que se va a llevar a cabo en España. Una reforma que pretende erosionar el papel y la capacidad del Estado en la provisión de servicios esenciales, en este caso, unos recursos básicos a las personas mayores, en línea con los deseos de un capitalismo voraz, para transferir todo este capital público a las instituciones bancarias y financieras privadas.

¿Todavía creen que son solo razones demográficas las que están detrás del informe recientemente aprobado para justificar el recorte de las pensiones? Pues aquí tienen algunos de los numerosos estudios impulsados por el Banco Mundial, y que también inspiran el informe que se acaba de aprobar:

-WORLD BANK. (1994), Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth, Oxford University Press.

– WORLD BANK, (2000), Social Protection Team, Human Development Sector Unit. Europe and Central Asia Region. Balancing Protection and Opportunity: A strategy for social protection in transition economies, The World Bank, Washington DC.

– WORLD BANK, (2000), World Development Indicators on line, ( http://www.devdata

worldbank.org/data on line).

– WORLD BANK, (2000), “Modelo de reforma de los sistemas de pensiones”, Pension Reform Primer, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2000), “La cobertura. El alcance de la protección de los sistemas de retiro”. Pension Reform Primer Note, Washington.

– WORLD BANK, (2000), “El retiro. ¿Puede la reforma de las pensiones invertir la tendencia hacia el retiro anticipado? Pension Reform Primer Note, Washington.

– WORLD BANK. (2000), “La Administración Pública, 1ª Parte. ¿Invierten bien los gobiernos las reservas de pensiones? Pension Reform Primer.

– WORLD BANK. (2000), World Development Report, 2.000/2.001Attacking Poverty. The World Bank, Washington D.C.

-WORLD BANK. (2001), “La cobertura. El alcance de la protección de los sistemas de retiro”. Pension Reform Primer. The World Bank, Washington DC. Septiembre.

– WORLD BANK, (2001), Social Protection Sector Strategy. From safety net to springboard, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2001), “Second pillars. Provider and product selection for funded individual accounts”. WORL BANK Pension Reform Primer.

– WORLD BANK, (2001), New ideas about old age security. Toward sustainable pension systems in the 21 century. Edited by HOZLMANN, R. and STIGLITZ J.E. The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2003), Pension Reform in Europe: Process and Progress, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2005), Keeping the Promise of Old Age Security in Latin America, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2006), Independent Evaluation Group, Pension Reform and the

Development of Pension Systems. An evaluation of World Bank Assistance, World

Bank, Washington DC.

junio 8, 2013

ELA y LAB seguirán apostando por la movilización como “vía para cambiar las políticas”

Iturria: eldiario.es – 2013/06/07

Afirman que han salido “reforzados” de la huelga del 30 de mayo y apuestan por seguir impulsando la Carta de Derechos Sociales

Los sindicatos ELA y LAB, junto con el resto de centrales y colectivos convocantes de la huelga del 30 de mayo, han afirmado que seguirán apostando por la movilización como “vía para cambiar las políticas”.

Los sindicatos y organizaciones sociales que convocaron la huelga general del 30 de mayo han ofrecido este viernes una rueda de prensa en Vitoria, en la que han participado, entre otros, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, y la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, en la que calificado de “muy positiva” esta convocatoria

En su comparecencia, han asegurado que la huelga general ha sido un “paso importante” en el proceso de movilización social a favor de un cambio de las políticas públicas y se han reafirmado en que la movilización es la “vía para cambiar las políticas”.

Según han señalado, los datos de seguimiento de la huelga, así como la asistencia a las manifestaciones convocadas muestran que “no solo existe una amplia demanda social” que avala la apuesta que se hizo para ese día, sino que “una parte importante” de la clase trabajadora vasca y de la sociedad en general participó activamente a favor de las reivindicaciones de la huelga.

“Damos un valor muy importante a lo que hicimos el día 30. Nos movilizamos, hemos dado lo mejor porque creemos en lo que defendemos y porque nos negamos a que la movilización quede como recurso para cuando no haya remedio. Dicho de otra manera, porque pensamos que es esencial mantener un espacio colectivo que no se deje arrastrar. En el fondo, ¿qué se nos pide? Que les dejemos hacer, que no se planteen otras alternativas”, ha agregado.

A su juicio, la huelga general ha conseguido poner en el debate las razones por las que se convocó como el aumento del desempleo, unos presupuestos públicos “muy restrictivos” que “agravan” el paro, la pobreza y las desigualdades sociales, la reforma de las pensiones o una política fiscal favorable al capital y que no lucha contra el fraude fiscal.

Tras denunciar también el “ataque” contra los salarios en lo público y lo privado, han afirmado que se convocó la huelga con la “ambición de darle la vuelta a esta situación”.

“Decidimos que tocaba defender un espacio, el nuestro, marcando un posición clara. Conscientes de la importancia que tiene trabajar y enviar referencias alternativas y de movilización. No se nos escapaba la dificultad, nunca hemos dicho que vaya a ser fácil. Pero reivindicar un espacio colectivo nos parece esencial”, han apuntado.

Además, las organizaciones convocantes de la huelga se han reafirmado en su compromiso con la construcción de la ‘Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria’. Este proceso, que se puso en marcha el pasado 25 de mayo, va a tener continuidad el 14 de junio, fecha en la que se va a celebrar, en Altsasu, una asamblea.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz ha afirmado que no existe “otro camino” que la movilización social y ha señalado que continúa la “ola neoliberal”.

En este sentido, ha advertido de las consecuencias de nuevas reformas como pueden ser la de pensiones, con la que, a su juicio, se pretende “hacer negocio”.

El responsable de ELA ha afirmado que los ciudadanos están “aterrorizados” con la posibilidad de salir a la calle para defender sus derechos, mientras que los partidos y los gobiernos “no sirven para nada”.

Por su parte, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha indicado que la huelga supone el paso que va a dar pie a un nuevo calendario de movilizaciones, “porque hemos salido reforzados de la huelga del 30 de mayo”.

En este sentido, ha destacado que hay tres razones para afirmar que han salido reforzados: por un lado, porque la huelga ha tenido un amplio seguimiento, a pesar de las “amenazas” de la patronal empresa a empresa, con la reforma laboral en la mano; por otro, porque la lucha es “la única opción que queda”; y finalmente, porque la huelga ha reforzado la colaboración entre sindicatos y agentes.

Etxaide ha indicado que lo que está en juego es el modelo social que dará como resultado esta crisis y que el curso va a terminar dando pasos para reforzar la lucha por ese modelo social.

En este sentido, ha asegurado que la Carta Social será el “instrumento de lucha” para continuar sumando adhesiones de cara a reforzar la vía de la movilización y sumar nuevos sectores a la lucha por el cambio de modelo.

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