Posts tagged ‘especulación’

junio 4, 2013

«Para el gran capital es un negocio invertir en pensiones o sanidad»

Iturria: Gara.net – 2013/06/04

Juan Hernández Vigueras – Doctor en Derecho y escritor

Después de trabajar como ejecutivo en una gran firma y dedicarse a la docencia universitaria, Juan Hernández, miembro del comité científico de Attac en el Estado español, se ha centrado en el estudio de los mecanismos del sistema financiero. Su última obra aborda el papel de los lobbis.

Al menos ocho de los doce expertos convocados por el Gobierno español para analizar la reforma de las pensiones estuvieron en algún momento a sueldo de la banca o las aseguradoras. Sin embargo, serán los encargados de elaborar un informe que, previsiblemente, impondrá el aumento en la edad de jubilación o un descenso en la cuantía que percibirán los pensionistas. «Defienden los intereses del sector para el que trabajan, no el general», denuncia Juan Hernández Vigueras, doctor en Derecho, activista de Attac y autor del libro «Los lobbis financieros, los tentáculos del poder» (Clave Intelectual, 2013). En su opinión, el debate abierto sobre las jubilaciones sirve también para explicar cómo las agencias que representan los intereses de las grandes firmas financieras son capaces de influir en ámbitos de decisión aparentemente alejados de sus centros de poder.

¿Son los lobbis financieros los responsables últimos de la grave situación económica que afronta el sur de Europa?

Tienen gran parte de la responsabilidad, aunque no toda, porque las políticas de los gobiernos han contribuido. Pero existen unas líneas de fondo que siguen los objetivos compartidos por las agencias de lobby que representan los intereses de la banca y del mundo financiero en general. Como ejemplo, está el tema que se debate estos últimos días sobre el informe de expertos a los que el Ejecutivo les ha encargado evaluar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Su primera conclusión ya la sabemos: los recortes. Aquí hay una política de Gobierno pero, en el fondo, existen unos intereses financieros clarísimos.

Se ha publicado que muchos de los expertos tienen vinculación directa con grupos de presión como la banca o aseguradoras.

Entre otras, están representadas la asociación de aseguradoras españolas (Unespa), otra aseguradora, que se llama Aviva, también el BBVA. No podemos olvidar que piensan en los intereses del sector al que representan. ¿Por qué se les llama a ellos y no a otros más neutrales? ¿Cuál es el interés básico de los grandes bancos o de grandes firmas financieras como fondos de pensiones o grandes aseguradoras? Uno de los objetivos de los grandes lobbis es ampliar los mercados financieros. Hoy en día, para el gran capital no es negocio invertir en astilleros, ni en una siderurgia, ni en el desarrollo industrial de otros tiempos. Sin embargo, es un gran negocio invertir en sectores que resultan más rentables y seguros en épocas de incertidumbre, como son la educación, la sanidad, las pensiones o la seguridad social. Este es otro campo para abrir líneas de negocio seguras. Si el estudio de la sostenibilidad de las pensiones en el Estado español se hace con gente que procede del mundo financiero, explícita o implícitamente se está pensando en los negocios que se le abren. Si no es mañana, será dentro de cinco, diez años o cuando sea. Este es uno de los objetivos que tienen los lobbis financieros. Aunque probablemente las decisiones estén tomadas y esto sea una pantalla para dar un carácter técnico a una decisión política. Pero para eso han llamado a gente que tiene intereses muy particulares, superiores al interés público.

Los poderes financieros explotaron los beneficios de la burbuja inmobiliaria y ahora han sido rescatados. ¿Cree que su próximo objetivo está en la privatización de derechos como la sanidad o las pensiones?

Si miramos con cierta perspectiva, no son objetivos inmediatos. La realidad es que existe una abundancia de liquidez en el mundo. No se puede olvidar que la banca y las firmas financieras salieron reforzadas de la crisis financiera iniciada en Wall Street en 2007. Evidentemente, gracias al dinero de los contribuyentes. Ahora están en posición de influir en las políticas de todos los gobiernos. Y al tratar de influir, lo hacen para abrir campos de acción de nuevos negocios.

En realidad, buena parte de las grandes decisiones económicas no se toman en Madrid, sino que llegan impuestas desde Bruselas.

Hablo del Estado español pero donde realmente actúan los lobbis es a nivel europeo y a nivel global, porque no hay que olvidar que una de las grandes mutaciones de estos tiempos está en la propia banca. El lenguaje sigue siendo el tradicional de préstamos, etc. Pero el negocio no es conseguir dinero para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas. El gran negocio está en utilizar esa liquidez para negocios financieros en cualquier parte del mundo. Uno de los más claros es la especulación con la deuda pública en la Europa del euro. Como hay mucho dinero, esa banca no busca el negocio tradicional. No se puede perder la perspectiva de que el capital se puede desplazar por cualquier parte del mundo sin restricciones, que estamos en la globalización de los mercados financieros y que la actuación de la banca para defender sus intereses está coordinada de forma global. Del mismo modo hay una regulación doctrinal. Por ejemplo, la defensa a ultranza de los grandes bancos, de esos que son demasiado grandes para dejarlos quebrar. Porque ya han comprobado que cuanto más grande más repercute en todo el sistema y más garantía tienen de que el dinero de los contribuyentes les salve. Ese es un objetivo básico de estos lobbis. El otro, una defensa de los derivados. No es un valor bursátil, sino el contrato de una apuesta convertida en activo financiero que se compra y que se vende. Es un gran negocio. Una actividad, digamos, entre comillas, económica, pero sin incidencia sobre la economía real salvo cuando falla.

El hecho de que estos sectores actúen de forma opaca e impongan su visión sin haber sido elegidos, ¿no supone un asalto al modelo democrático?

Dentro cada sociedad democrática hay grupos con intereses muy particulares. El problema es cuando esos grupos intentan defender sus intereses, no en periodo electorales sino en los intervalos. La teoría democrática pura diría que esos lobbis se neutralizarán entre sí. Pero, en la práctica, hay grupos que alcanzan un nivel de influencia muy superior porque tienen más recursos. Incluso también hay grupos de presión que tienen gran capacidad de movilización. Si todo eso lo aplicamos a la defensa de los intereses bancarios, nos encontramos con que su influencia es muy superior al resto. No es que haya un asalto a la democracia, es que existen unas fuerzas que influyen porque han alcanzado un nivel de poder que ha aumentado desde el inicio de la crisis financiera.

En Europa, los intereses de la banca alemana se ha impuesto incluso a los estados.

Hablamos mucho de Angela Merkel. Pero el Deustche Bank se gastó una millonada en influir en la ley que proponía Obama, porque tiene intereses en EEUU. También en el Estado español. Sus activos financieros equivalen al 85% del PIB alemán. Eso ya representa un poder. Si añades que el 40% de esos activos proceden de los mercados de derivados, se explica el interés por mantenerlo. Otro dato: los activos de los 15 principales bancos europeos suponen en torno al 150% del PIB de la Unión Europea. Esto revela su enorme importancia. Si le añades este dato al déficit institucional de la UE, la tecnocracia que no rinde cuentas a ningún parlamento, los periodos dilatadísimos para tomar decisiones… La comisión nombra expertos, pero estos suelen ser de la propia banca, cooperadores necesarios. Luego, por si falla, tienen sus propios lobbis en el Parlamento europeo. Así que esas directivas salen con muy poco o sin ningún contenido serio. Luego en los parlamentos son vaciados antes de su publicación en el BOE. No hay margen para el debate.

La denominada «puerta giratoria», el paso de la política a los consejos de administración, tiene también una enorme importancia.

Es un punto de apoyo de los lobbis financieros. El problema es, por ejemplo, el caso de Mario Draghi, que se pasó por el banco italiano, luego por Goldman Sachs en Londres y, finalmente, recaló en el Banco Central Europeo (BCE). Mientras tanto conserva su vinculación con el llamado «Grupo de los 30», que une a banqueros privados y públicos. También hay comisarios europeos que durante su ejercicio conocen el funcionamiento, aprenden y aprovechan para montar luego su agencia de lobby o trabajar en un banco. A parte de ese poder en términos generales, están las relaciones entre política y finanzas. En Estados Unidos está claro que las campañas son financiadas por los sectores privados. Y existe una legislación que obliga a publicar cuánto se ha invertido. Podría considerarse que hay cierto equilibrio, aunque sea discutible. Pero cuando en el Estado español se produce la condonación de las deudas de los partidos, nunca se sabe porqué ni para qué. Tampoco conocemos investigaciones serias sobre las cuantías. En el Parlamento europeo, como queda más lejos, las conexiones van por la vía de los expertos y de la puerta giratoria. Todo esto son las bases sobre las que actúan los lobbis.

abril 25, 2013

¿22 Euros por esto? La estafa de la privatización de las cocinas hospitalarias

Iturria: LAB Sindikatua – 2013/04/25

Las comidas que Mediterranea de Catering da a cada paciente en Navarra ascienden como mínimo a un total de 22 euros diarios. LAB Sindikatua ha querido querido mostrar lo que se puede comer y hacer en Pamplona durante todo un día con un presupuesto de 22 euros, y demostrar así la estafa de la privatización de las cocinas a manos del Gobierno de Navarrra y de la concesionaria Mediterranea de Catering.

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marzo 27, 2013

Deuda: Licencia para recortar

Iturria: Pablo Elorduy / diagonalperiodico.net – 2013/03/19

EL ESTADO PAGARÁ UNOS 48.000 MILLONES DE EUROS ANUALES HASTA 2020 POR EL VENCIMIENTO DE LA DEUDA

¿Cómo comienza otro artículo sobre la crisis de la deuda y su peso en la economía europea? Apuesten a que con la exposición de sus efectos, en concreto de los más recientes, por ejemplo el Real Decreto-ley sobre la Jubilación Anticipada, publicado el 16 de marzo en el BOE. Depende de la dimensión que se le quiera dar, se puede optar por el rescate de Chipre y el efecto dominó que puede desembocar en otra escalada del coste de financiación de los Estados a través de la emisión de deuda pública.

Si no se escoge ese camino, puede tratarse, en primer lugar, del relato de Rajoy dando por superada “la enorme crisis financiera y de deuda pública” durante la presentación del plan de empleo juvenil el 12 de febrero. O quizá, con un dato. El mismo día que el Gobierno anunciaba la reforma de la edad de jubilación e introducía el factor de sostenibilidad para el cómputo de las pensiones –medidas a las que la UE otorga una “creciente importancia”, tal y como viene recogido en el BOE– el Banco de España anunciaba que la Deuda Pública de 2012 es equivalente al 84,1% del PIB español. Es la cifra de endeudamiento más alta desde 1910, y significa que el conjunto de las administraciones adeudan 884.416 millones de euros a distintos acreedores residentes en España (63%), principalmente bancos con su sede social en el Estado español, o residentes fuera del país (37%).

De partida hay una crisis “superada”, según el presidente del Gobierno; dos medidas relacionadas destinadas a satisfacer a la UE –pensiones y empleo juvenil– y fríos datos que apuntan a que durante 2012 la deuda pública creció 15 puntos respecto a 2011.Hay también dos debates parlamentarios en los que dos partidos han expuesto que esa deuda es impagable e ilegítima. El primero, en orden cronológico, lo protagonizó el diputado de IU, Alberto Garzón. El 12 de marzo declaró en el Parlamento que hay una parte ilegítima de la deuda pública y que ésta ya es impagable. El segundo, un día después, de Quim Arrufat en el Parlament de Catalunya, quien hizo una interpelación, que irá acompañada de una moción que se resolverá en abril, sobre la deuda de Catalunya (50.000 millones), que, como Arrufat la ve, es el “el negocio redondo, ya que no se puede recortar y se genera cada año. Es un quiste eterno, la máquina de hacer dinero de los pobres a los ricos”, según ha explicado este diputado de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a DIAGONAL.

Antes de interpelar al Parlament, Arrufat estuvo reunido con la Plataforma de Auditoría de la DeudaIolanda Fresnillo, activista de este grupo, critica que Izquierda Unida no lo hiciera y que propusiese un examen del agujero llevado a cabo por expertos del Banco de España. En un contexto en el que las quitas o rebajas de la deuda llevan aparejadas medidas como el ajuste de las pensiones anunciado el 15 de marzo, la propuesta, para Fresnillo, tiene que pasar por un examen para el que, las fuentes consultadas coinciden, no existen estándares fijos, ya que nunca se ha formado el tribunal internacional de la deuda reclamado históricamente por movimientos sociales de todo el globo. Se debe llevar a cabo una “auditoría integral -explica Fresnillo- “que incluya impactos de género, ambientales y que cuente con la participación ciudadana. La auditoría no será si no es ciudadana, no de expertos ni tecnócratas”.

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Fábrica de deuda

El Observatorio Metropolitano de Madrid sostiene que existe una relación entre los repuntes del mercado bursátil y el descenso de la prima de riesgo. Así, en julio, cuando el diferencial con el bono de deuda alemana alcanzó su tope, las 35 principales cotizadas en el parqué madrileño caían a niveles de la era prechampions de Zapatero, hasta por debajo de los 6.000 puntos. La pregunta, plantean desde el Observatorio Metropolitano ,“es si hay fundamentos sólidos para saber si va a haber un crecimiento bursátil”. No es el único factor que el Observatorio Metropolitano detecta. La guerra de divisas internacional, que sostienen principalmente el euro y el dolar, tuvo otro episodio con el rescate salvaje de Chipre, que ha hecho caer al euro en relación a la moneda estadounidense después de unos meses en los que la divisa europea había mantenido su pujanza, merced a la devaluación interna llevada a cabo a través de la caída de los salarios en la Eurozona.

En cualquier caso, si no se produce otra clase de arreglo político, queda la deuda como valor refugio y como garantía de pago. Carlos Pereda, del Colectivo IOÉ, explica a este periódico que “se prevé una media anual de 48.000 millones de euros de vencimientos de deuda pública” en el periodo que va de 2013 hasta 2020. Esta cifra se puede comparar conel monto que el Gobierno plantea ahorrar con su reforma de la edad de jubilación, 2.400 millones hasta 2027, o con los 9.579 millones de presupuesto de un ministerio como el de Agricultura y Medio Ambiente.

“Cuando las entidades financieras habían perdido nichos como la inversión en bolsa y el ladrillo, la deuda se convierte en valor refugio, el problema para los grandes bancos es conseguir que sea un mercado de alto rendimiento”, explican desde el Observatorio Metropolitano. La herramienta para llevarlo a cabo es a través de las percepciones de las tres Agencias de Calificación de Riesgos, Standard and Poors, Moody’s y Fitch, agentes privados insertados en las economías públicas, cuyo modelo de negocio “no tiene por objetivo reducir la deuda de empresas, países o inversores”, explica el filósofo y periodista Werner Rügemer en su libro Las agencias de Calificación, publicado por Virus: “Lo único que desean es que los deudores puedan cumplir con sus obligaciones bajo cualquier circunstancia. Nos encontramos ante una fábrica profesional de generar deuda”.

El papel del Estado

El Grupo de Economía de Sol impulsó en Madrid la semana por la Europa de las personas, contra la Europa de los mercados, que coincidió con el Consejo Europeo celebrado a mediados de marzo. Liliana Pineda explica que desde hace dos años Economía Soldenuncia el papel de las agencias de calificación en la crisis de la deuda. “Hay una delegación inaudita e ilegítima de un control, el del endeudamiento, que debería ser público”, denuncia Pineda, quien critica al Banco Central Europeo por permitir que las agencias de rating operen bajo normativas laxas en la generación de productos financieros derivados, que las agencias “imponen a los Estados con la connivencia de sus bancos centrales”.

El caso de Chipre ha devuelto a primer plano el debate acerca del papel de la Unión Europea en una crisis que ya consume su quinto aniversario. La quita de la deuda a través de la intervención de los depósitos de la población ha tenido como consecuencia un repunte de 20 puntos de las primas de riesgo de España e Italia. Con unas vías de beneficio taponadas, la deuda sólo funciona como valor refugio a través de los Estados, convertidos en “garantes de la seguridad y agentes expropiadores”, en palabras de Werner Rügemer, y unas instituciones europeas diseñadas para seguir fielmente este modelo. “Esta socialización de deudas privadas puede ir a más en los próximos meses”, advierte Fresnillo, quien cree que  Rajoy, al dar por finalizada la crisis de deuda “no se dirigía a nosotros, sino a los mercados”.

Y quien dice mercados dice acreedores, pero, ¿qué se debe y a quién? Según el economista y miembro de Attac François Chesnais, “cuando bancos y hedge funds prestan a los Estados comprando los Bonos del Tesoro emitidos por los ministerios de finanzas, se trata de sumas ficticias que se ponen a disposición en base a la red de relaciones y transacciones interbancarias”. Es decir, se generan unos valores financieros cuyo peso en la economía actual es entre tres y cuatro veces superior al del PIB Mundial: por cada dólar que genera la llamada “economía productiva” hay cinco dólares en títulos.

Quim Arrufat pone un ejemplo sobre el que trabaja la CUP: “Cada año hasta 2035 Catalunya pagará unos 1.100  millones de euros en pagos diferidos de carreteras y obras públicas que se hicieron financiadas por las empresas. La suma es tres veces más cara que el coste real presupuestado”. Por eso, Arrufat denuncia que en el Parlament  “faltan escaños en los que se sienten los Consejos de Admi­nistración, las constructoras y los bancos que poseen la mayoría de las emisiones de bonos”.

La situación de Catalunya, explica este diputado, es más compleja, ya que la Comunidad no tiene mecanismos de recaudación. No obstante, aunque la Administración central sí los tiene, la deriva no hace sino reforzar la financiarización de la economía. Desde el comienzo de la crisis en 2007, los impuestos que pagan en España las cotizadas del Ibex 35 han caído desde el 21,21% hasta el 16,42 % que pagaron en el último año del que hay datos, 2011.

Por eso, como insisten las organizaciones que reclaman el impago o la auditoría de la deuda, ésta debe estar acompañada siempre de otras medidas fiscales que cuestionen las bases del modelo económico. “El concepto de deuda ilegítima es político y no está cerrado”, explica Iolanda Fresnillo, “es la ciudadanía la que tiene que marcar las líneas rojas”, concluye.

El Gobierno endurece la jubilación

El Gobierno aprobó el 15 de marzo un Real Decreto-ley sobre la edad de jubilación que endurece las condiciones para optar a la jubilación anticipada. Así, será necesario haber cotizado a la Seguridad Social  33 años –hasta ahora eran necesarios 30– para poder optar a retirarse antes de los 63 años. La edad mínima también se ha visto aumentada a través de este Real Decreto 5/2013. Hasta ahora las personas de 61 años podían optar por esta fórmula, a partir de la nueva normativa la edad queda fijada en 63 años, cuatro menos de la edad “estándar” de jubilación, fijada en 67 años tras el acuerdo social firmado por Gobierno del PSOE, sindicatos y patronal en abril de 2011. Las trabas al acceso a la jubilación parcial, por las que se aumentan las horas mínimas en los centros de trabajo y la edad mínima para optar a esta modalidad, son otras de las medidas que incorpora este Real Decreto, que vuelve a invocar el mantra de la “sostenibilidad de las pensiones” y la exigencia de adecuación a los planteamientos de la Unión Europea. Los sindicatos de concertación critican que la medida se ha tomado sin el acuerdo del Pacto de Toledo y saltándose las bases del acuerdo de 2011.

marzo 15, 2013

Acción durante la Junta de Accionistas del BBVA

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) – 2013/03/15

BBVA HILTZAILEA

Con motivo de la celebración hoy de la junta de accionistas del BBVA, la “Plataforma contra el BBVA”, ha realizado, un año más, una impactante acción de denuncia en la entrada del Palacio de Congresos “Euskalduna”, lugar donde se estaba celebrando este sarao.

Esta entidad bancaria es un ejemplo paradigmático de cómo las empresas multinacionales, y en especial las del sector financiero, se lucran con esta crisis: en el año 2012 el BBVA ha obtenido 1.635 millones de euros en beneficios y su presidente el señor Francisco González cobra un sueldo de 2,96 millones de euros (sin contar retribuciones); mientras el paro aumenta, los desahucios se multiplican, las condiciones laborales son de explotación…

Además…

  • El BBVA es el mayor inversor de todo el Estado en fabricación y exportación de armamento a regímenes y países en conflicto.
  • El BBVA es responsable de la financiación de proyectos que causan una gran destrucción ambiental.
  • El BBVA ha destruido miles de puestos de trabajo y externaliza sus servicios a través de subcontratas para reducir costes.
  • El BBVA opera en Paraísos fiscales.

CGT/EKOLOGISTAK MARTXAN/KAKITZAT/KEM-MOC/ KOMITE INTERNAZIONALISTAK/PAZ CON DIGNIDAD-OMAL/STEE-EILAS/PLATAFORMA VASCA DE SOLIDARIDAD CON CHIAPAS/COMISION EKINEAN DEL 15M

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febrero 22, 2013

Cómo especular contra la deuda pública de un país como España

Iturria: eduardogarzon.net – 2013/02/22

¿Por qué sube la prima de riesgo de un país?  En principio porque los inversionistas financieros (conocidos como “los mercados”) confían menos en la solvencia del país en cuestión. Recordemos que cuando el Estado de un país emite deuda pública, lo que está haciendo en realidad es entregar títulos (papelitos) a cambio de que le presten dinero. Esos préstamos tienen un tipo de interés, que es el coste que tiene que pagar el Estado por haber pedido dinero prestado. Por ejemplo, en el año 2012 un inversionista recibe un título del Estado español y a cambio le presta 1000 euros a un tipo de interés del 1% con fecha de vencimiento de un año. En 2013 el inversionista devolverá el título y el Estado español le devolverá los 1000 euros más el 1% en concepto de intereses (10 euros), en total: 1010 euros. El inversionista termina con más dinero del que tenía al principio, y de esta forma se lucra.

El tipo de interés que acuerden será más alto a medida que el Estado empeore su situación económica, puesto que es una forma de compensar el posible hecho de que al final el Estado no pueda devolver el dinero. De la misma forma, a mejor situación económica del país, menor tipo de interés. Si los inversionistas creen que un estado es solvente y podrá devolver el dinero que le prestan, entonces pedirán un tipo de interés reducido. Esto es precisamente lo que ocurre actualmente con Alemania. Los inversionistas piensan que el Estado alemán es solvente y por lo tanto le prestan dinero “barato” (es decir, a un tipo de interés reducido: 1,62%). Al mismo tiempo esos mismos inversionistas creen que España tiene probabilidades de tener problemas de solvencia y no pagar sus deudas, por lo que le prestan dinero a un tipo de interés más elevado (5,17%). A la diferencia existente entre el tipo de interés que le piden a Alemania y el que le piden a España se le denomina “prima de riesgo” (5,17% – 1,62% = 3,55% = 355 puntos básicos (1)).

Parece comprensible que los inversionistas cada vez confíen menos en el Estado español, debido a la desastrosa situación económica que está atravesando. Pero, ¿es comprensible que en ocasiones la prima de riesgo española se dispare en un solo día, o incluso en unas pocas horas, cuando no ha pasado nada digno de mención en la economía española? Eso no parece tener sentido, al menos no si sólo tenemos en cuenta que el tipo de interés sube o baja dependiendo de la confianza que tengan los inversionistas en la solvencia del Estado. Lo que ocurre es que en ese movimiento influyen otros factores, y especialmente el de la especulación financiera.

Especular es comprar barato y vender caro para obtener beneficios con la diferencia de precios. En el mercado financiero es relativamente fácil especular porque el precio de los activos responde sensiblemente a los cambios en la oferta y demanda de títulos. Un pequeño inversionista no podrá influir en el precio de un activo, pero un gran inversionista que posea cantidades mastodónticas de dinero sí lo podrá hacer. Aquí ofrecemos una explicación sencilla de una de las formas a través de las cuales los especuladores financieros obtienen enormes beneficios atacando a la deuda pública de los países (y particularmente a la deuda española a partir de 2010).

1)      El primer movimiento del especulador consiste en descubrir alguna debilidad de algún país. Al igual que los tiburones atacan cuando huelen la sangre, los especuladores atacan cuando encuentran alguna fisura en la salud de una economía nacional. Es por este motivo que los especuladores no pueden atacar a países como Alemania o Estados Unidos, sino que sólo pueden hacerlo con aquellos países menos vigorosos (España, Grecia o Portugal son algunos ejemplos; las dudas económicas sobre estos países a partir de 2010 los convirtieron en presas fáciles de abordar).

2)      El segundo movimiento consiste en comprar CDS para utilizarlos como “caballo de Troya”. Un CDS es un título financiero (papelito) que funciona como un seguro. Al igual que un seguro de coche te cubre en caso de accidente, un CDS te cubre en caso de que algún Estado no te devuelva el dinero que le prestaste. El especulador le compra los CDS a un banco de inversión que se compromete, en caso de que el Estado español no devuelva el dinero, a cambiarle el título de deuda pública española por un título de deuda pública alemana (que goza de mayor confianza y seguridad). El CDS tiene un precio, que será más alto conforme más elevado sea el riesgo de que el Estado no devuelva el dinero (al igual que un seguro de coche es más caro conforme más probabilidades tenga el conductor de sufrir un accidente). Puesto que todavía (principios de 2010) no hay dudas serias sobre la solvencia del Estado español, este precio es bajo. El especulador se asegura de comprar muchos títulos de CDS para que luego funcionen como un “caballo de Troya”.

Lo gracioso es que el especulador puede comprar los CDS aunque no tenga títulos de deuda pública en su poder, debido a las pocas normas regulatorias que existen en los mercados financieros.

3)      El tercer movimiento consiste en pedir prestados una cantidad enorme de títulos de deuda pública en el mercado secundario. El especulador obtiene así muchísimos títulos de deuda pública española que se compromete a devolver pasado un tiempo. Pero antes de que llegue el momento de devolverlos, los venderá de forma masiva y en un solo día (las normas de los mercados financieros permiten hacer algo tan estrafalario como vender títulos que te han prestado). La venta de tantos títulos de deuda pública no pasará desapercibida, y los demás inversionistas verán en ella una señal de que están empezando a desconfiar de la solvencia del Estado español, puesto que parece que hay mucha gente vendiendo los títulos de deuda pública española. Si esta acción se acompaña de rumores y opiniones (por parte de expertos relacionados con el fondo especulador, por ejemplo) que lanzan el mensaje de que el Estado español tendrá problemas para afrontar sus pagos, entonces el efecto será aún mayor, y los inversionistas poseedores de títulos de deuda pública española se asustarán y venderán ellos también todos los títulos que puedan. Como muchos agentes quieren librarse de los títulos a toda costa, los venderán al precio que sea y esto hará que pierdan mucho valor (por la ley de la oferta y la demanda; cuantos más agentes ofrezcan algo, más bajará su precio).

Al mismo tiempo, nuestro especulador utiliza el dinero que ha recibido por la venta de títulos de deuda española para comprar títulos de deuda pública alemana, empujando al alza la valoración de estos títulos alemanes (por la ley de la oferta y la demanda; cuantos más agentes demanden algo, más subirá su precio).

4)      El cuarto movimiento se produce de forma automática: es el impacto que tiene el “caballo de Troya” instalado a través de los CDS. Recordemos que nuestro especulador compró muchos CDS (seguros) a un banco de inversión. Este banco de inversión (vendedor de seguro) empieza a ver que el Estado español tiene más posibilidades de quebrar. Puesto que se comprometió a entregar títulos de deuda pública alemana a los compradores de CDS en el caso de que el Estado español quebrara, lo que hace el fondo de inversión es comprar títulos de deuda pública alemana para tener suficientes en su cartera (y también vender títulos de deuda española porque tienen ya muy poco valor). Estos dos movimientos reforzarán la senda iniciada por nuestro especulador: venta masiva de títulos de deuda pública española (lo que reducirá su precio) y compra masiva de títulos de deuda alemana (lo que aumentará su precio).

5)      El último movimiento consiste en recoger las ganancias realizadas por el movimiento especulativo. Nuestro especulador compró muchos títulos de deuda alemana a un precio bajo, y ahora que han aumentado mucho su valor los vende, obteniendo suculencias ganancias. Además, ahora comprará títulos de deuda pública española a precios muy bajos y los devolverá al agente que se los prestó en su día. Pero para rematar la jugada venderá los CDS que compró al principio, puesto que ahora se valoran mucho más ya que hay gente asustada que quiere comprar seguros por si el Estado español quiebra. Más ganancias al vender los CDS.

Así es cómo los especuladores actuaron y actúan para cosechar beneficios mastodónticos al mismo tiempo que ponen a España y otros países contra la espada y la pared al provocar un aumento importante de sus primas de riesgo (ya que la confianza en sus títulos de deuda baja, y la depositada en los títulos alemanes sube). Una actuación abominable y criminal que está permitida por los grandes poderes públicos de los países occidentales.

Notas:

(1)    A 20 de febrero de 2013.

diciembre 17, 2012

Tras el rescate, la banca española sigue siendo insolvente

Iturria: vozpópuli / attacmadrid.org – 2012/12/17

¡Por fin! Parecen respirar tranquilos desde el Gobierno, una vez que el fondo de rescate permanente de la eurozona transfirió el martes a España deuda por valor de 39.468 millones de euros para financiar el saneamiento de los cuatro bancos españoles nacionalizados y la inyección al llamado banco malo. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Ni la cuantía, ni la forma en que se ha implementado el banco malo Sareb, son suficientes para restaurar la insolvencia de nuestra banca. Y lo peor de todo, y como siempre, va a correr a cargo de los contribuyentes.

Desde este blog denunciamos en su momento la inutilidad de las cinco reformas del sistema financiero español emprendidas por el gobierno anterior y el actual. Todas ellas eran y son fruto de una tremenda improvisación, tanto en el procedimiento utilizado, la cuantía de saneamiento estimada, como en los aspectos técnicos desarrollados. Confundían, y confunden aún, saneamiento financiero con requisitos de capital. Además, y esto es muy grave, no ha habido un cambio sustantivo de la propiedad y de los equipos directivos de las entidades finalmente intervenidas, y que presidieron su descapitalización o la consintieron.

Las elites económicas y políticas han diseñado una reforma del sector financiero a la medida de sus intereses. Estos mismos grupos no han dejado de meter su mano en nuestros bolsillos, produciéndose un aumento de la pobreza y miseria en nuestro país sin parangón en nuestra reciente historia.

El banco malo Sareb, a nuestra costa

El banco malo en última instancia es una empresa de gestión de activos que compra todos los activos en quiebra, en definitiva todos los préstamos tóxicos no rentables que los bancos y cajas tienen en sus libros, y, posteriormente los gestiona. Inmediatamente surgen una serie de preguntas.

¿Quién crea esta empresa, con qué dinero, quién la gestiona? Y si la empresa puede obtener un beneficio derivado de la “gestión” de los bienes que compra a los bancos, ¿por qué no podrían los bancos manejarlos ellos mismos?

El Gobierno debía elegir entre sobrepagar por la compra de los activos tóxicos, sin tocar a los acreedores extranjeros, en cuyo caso la fiesta la acabarán pagando los contribuyentes patrios. O, alternativamente, proteger a los ciudadanos españoles, infrapagando en la compra de dichos activos podridos, siendo la gerencia, los propietarios y los acreedores extranjeros quienes asumieran el coste por haber llevado a la insolvencia a nuestro sistema bancario, al asumir todos ellos riesgos excesivos.

Al final ha optado por lo primero, proteger a los acreedores y a la gerencia, así como a la banca aparentemente saneada. El principal problema de la Sareb es que no ha sido capaz de encontrar fondos para su financiación fuera de nuestras fronteras, por lo que queda supeditada a la entrada en el capital de las entidades más saneadas, aunque también con gran cantidad de activos tóxicos en sus balances, de forma que se rescatan a sí mismas.

Esto está condicionando a que en lugar de entrar los activos tóxicos por su valor estresado, entran por valores más próximos a lo ya provisionado por las entidades para que éstas no tengan que repercutir las minusvalías de la cesión de activos en su cuenta de resultados que les obligue a nuevas ampliaciones de capital para cumplir con los requerimientos de capital regulatorio y económico. Partiendo de este punto los activos entran a un sobreprecio que va a impedir el vaciado del mercado necesario para empezar a reactivar la economía.

Junto con este sobreprecio, la Sareb no tiene estructura real ni capacidad de montarla desde cero, ni probablemente voluntad política para tenerla, por lo que tendrá que subcontratar todos los servicios de gestión de los activos, lo que supone un sobrecoste a unos activos ya sobrevalorados, lo que dificulta aún más el vaciado del mercado. Con todo esto, lo único que va a conseguir la estructura definida hasta ahora es alargar más el horizonte de salida de la recesión económica y que finalmente sea el dinero público, que irá cumpliendo su calendario de pagos, el que realice el rescate del sector financiero en España.

Transformando la deuda privada en pública

Al final todo es más sencillo de lo que parece. La deuda privada de este país, 4,3 billones de euros, no se puede pagar, y quien la concedió en su mayoría, nuestro sistema bancario, es insolvente. Y el hecho de que el Gobierno central, actual y anterior, se haya mostrado dispuesto a avalar y garantizar gran parte, por no decir la totalidad, de la deuda privada de los bancos ha supuesto que el mercado, es decir, los acreedores de la deuda española, hayan enfocado su presión sobre las finanzas públicas, para que estén más saneadas que nunca, por si finalmente el Estado tiene que salir al rescate de impagos de la banca privada española. Al avalar deuda privada; implementar restricciones fiscales y promover bajadas salariales que hundirán por muchos años el crecimiento económico; España se encamina a una quiebra de deuda soberana.

El Gobierno de Rajoy acaba de recibir de Europa parte del dinero comprometido para el rescate de nuestro sistema financiero. Sin embargo, su diseño supone, desde nuestro análisis, una socialización en toda regla de las multimillonarias pérdidas privadas provocadas por una élite financiera y política que, aún hoy, sin ningún tipo de rubor, sigue exigiendo sangre, sudor y lágrimas al resto de los ciudadanos. Dicho rescate, además, no valdrá para nada. Como detallamos en un blog previo, la cuantía necesaria, siguiendo el diseño implantado por las élites, rondará finalmente los

300.000 millones de euros frente a los 100.000 millones que ya ha sorbido nuestra banca patria entre FROBs, avales, y aportaciones del fondo de rescate. Ahora ya solo nos queda el rescate total. ¡Porca miseria!

diciembre 11, 2012

Éstos son los bancos responsable del déficit de 10.000 millones que pagamos todos

Iturria: B.Pérez/R.Ugalde / Lainformacion.com – 2012/12/10

  • Hasta septiembre, el rescate de la banca ha hecho un roto de 9.963 millones de euros en los Presupuestos del Estado.
  • En los últimos tres meses del ejercicio, el propio Gobierno estima que esta factura podría ascender a 12.000 millones.

Las cuenta oficiales siempre tienen un margen de retraso, por eso, ha habido que esperar hasta la primera semana de diciembre para conocer el déficit que ha generado la banca a las cuentas del país en los nueve primeros meses del años, es decir, hasta septiembre.

Y la factura que el proceso de reestructuración bancaria ha pasado al presupuesto del Estado ascendía al cierre del tercer trimestre a 9.963 millones de euros, según la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Hay que recordar que en el segundo trimestre del año (enero-junio) Hacienda reconocía un coste de 5.463 millones de euros por este concepto, que desde el mismo Ministerio se atribuía a dos operaciones: Bankia y Unnim.

¿Quién es ahora el responsable de que la cifra prácticamente se haya doblado? Otra vez, la entidad resultante de la fusión de Caja Madrid y Bancaja.

Como Europa no aprobó inyectarle 18.000 millones hasta la semana pasada (dinero que prevé recibir el 12 de diciembre), Bankia necesitó un adelanto del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) por importe de 4.500 millones de euros el pasado septiembre.

Déficit hasta junio

En la primera mitad del año, la conversión de los 4.465 millones que el FROB había prestado a la entidad bajo el mandato de Rodrigo Ratotambién pasó a engrosar el déficit, debido a que este préstamo se convirtió en acciones de la entidad cuando el ex ministro de Economía dimitió y el Estado nacionalizó el banco.

Además, en la cifra de déficit del primer semestre se incluían los 953 millones que el FROB había puesto en Unnim cuando se hizo cargo de ella, y que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) debía devolverle cuando se vendiera la entidad.

Ésta fue adjuciada a BBVA en marzo, pero la operación no se cerró hasta julio, lo que hizo que cuando se redactaron las cifras de déficit, esos casi 1.000 millones de euros se tuvieran que contabilizar como un agujero del Estado.

Déficit hasta septiembre

En los datos publicado la semana pasada, los que llegan hasta septiembre, también se recogen los 1.000 millones de euros de capital que el FROB inyectó a Banco de Valencia tras ser intervenida, según señalan desde el Ministerio de Economía, donde no se aclara qué ocurrió con la devolución de los 953 millones de Unnim.

La entidad levantina, que acaba de ser adjudicada a CaixaBank, todavía generará más agujeros en las cuentas públicas, ya que el FROB se ha comprometido suscribir los 4.500 millones de la ampliación de capital que llevará a cabo el banco y, después, reconocer todas las pérdidas.

Suma y sigue, porque también cubrirá el 72,5% de las pérdidas de una cartera de activos determinada que puedan aflorar en el futuro.

Desde el Ministerio de Economía no descartan que este nuevo agujero deba recogerse en las cuentas de este ejercicio, aunque, como la operación se cerrará en el primer trimestre de 2013, también cabe la opción de que sea entonces.

Déficit hasta final de año

A la elevada cifra de déficit que suma ya el rescate a la banca, esos 9.963 millones aflorados hasta septiembre, todavía deben sumarse otros 2.000 más, como mínimo.

Cuando se presentaron los Presupuestos Generales del Estado 2013, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el sistema financiero iba a pasar una factura cercana a los 12.000 millones en las cuentas de este año.

Sólo este agujero supone una desviación adicional que llevará el déficit público este año desde el 6,3% del PIB inicialmente previsto hasta el 7,4%. Si se incluyen las ayudas concedidas en 2011, el déficit procedente del rescate a la banca asciende a 17.000 millones sólo entre 2011 y 2012.

diciembre 11, 2012

La especulación como política de vivienda, antes y ahora

Iturria: Javier Echeverría / ATTAC NavarraNafarroa – 2012/12/07

En mi opinión, la política de vivienda no ha variado prácticamente nada en este país desde hace varias décadas, exceptuando las circunstancias, y en estos momentos se están sentando las bases para que siga igual durante muchos años más. El derecho a la vivienda es un ejemplo de cómo los derechos recogidos en la Constitución son violados impunemente por un principio mucho más poderoso en la sociedad capitalista neoliberal actual: los negocios especulativos.

El artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos establecerán las normas pertinentes para garantizar ese derecho e impedir la especulación. Sin embargo, a la vista de la situación actual y de las causas que la han generado, ese artículo es todo un sarcasmo, como mínimo.

Todos sabemos a estas alturas que, además de los excesos de la especulación externa, aquí tuvimos una inmensa burbuja inmobiliario-financiera con la que se lucraron enormemente bancos (internos y externos), promotores, constructores e inmobiliarias. Tras un fuerte descenso de las rentas salariales relativas como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas desde los años 80, se incitó al endeudamiento para la adquisición de viviendas pasando de un crédito inmobiliario del 28% del PIB en 1997 al 103% en 2007. En este sector se endeudó todo el mundo: bancos, promotores, empresas… y particulares. Y la fuente principal de financiación fue la banca europea, sobre todo alemana, cuyo crédito a entidades españolas creció a una media anual del 22,6% entre 1997 y 2007 (“Demasiado crédito para el promotor”, Julio Rodríguez López).

En la formación de la burbuja inmobiliaria fueron claves un conjunto de políticas que favorecieron la compra de viviendas y penalizaron el alquiler. Entre ellas destacan la Ley del Suelo de 1998, conocida como “ley de todo urbanizable”, y las políticas fiscales de desgravación del IRPF por compra de vivienda y la eliminación de la desgravación por alquiler a partir de 1998. Así se construyó lo que se ha dado en llamar la “sociedad de propietarios”. Eurostat avala esta denominación.

diciembre 10, 2012

Privatizar la sanidad: la bolsa y la vida

Iturria: Víctor Lapuente Giné / eldiario.es – 2012/12/10

Los gobiernos de todo el mundo llevan décadas intentando auto-reformarse. Un denominador común de estas reformas ha sido desplazar actividad gubernamental de la llamada administración pública tradicional – organizaciones burocráticas, rígidas, con personal funcionario– a las nuevas formas de gestión pública, que intentan adoptar prácticas gerenciales del sector privado al público. Pasar de un gobierno que lo hace todo a un gobierno que se limita a llevar el timón; mientras otros – se supone que más eficientes o más efectivos– reman. Hay, sin embargo, una fauna variada de “remeros”. Algunos gobiernos han elegido a trabajadores públicos, pero no sujetos a un estatuto de función pública, sino a un mercado competitivo similar al del sector privado. Otros han preferido remeros externos, incluyendo en ocasiones a empresas privadas; pero, en muchas otras, restringiendo la competición a entidades sin ánimo de lucro.

Aunque el abanico de  posibilidades es muy amplio, el debate sobre la privatización de la sanidad madrileña vuelve a poner de manifiesto que en España sólo parece que existen los dos extremos: o el status quo de un personal sanitario funcionarial o la externalización a empresas privadas.

Por un lado, se nos bombardea con la idea de que hay que externalizar la gestión de los hospitales y otros centros sanitarios para equipararla a la más eficiente gestión de las empresas. Sin embargo, esto es una falacia. En el sector privado, las empresas externalizan la gestión de determinadas actividades –limpieza, consultoría, marketing; a veces también producción o diseño – pero no todas sus actividades a otras empresas.

Se trata, de hecho, de una paradoja para la teoría económica clásica. En principio, toda transacción debería estar sujeta a un precio, por lo que un empresario X interesado en fabricar coches, simplemente debería pagar un precio de mercado A al ingeniero Y a cambio del diseño de una rueda, un precio B al ingeniero Z que diseña los frenos, un precio C por cada puerta que cada operario monte, etc… Como podemos imaginar, este “etc..” sería inmensamente largo. Gestionar esta infinidad de contratos individuales sería una pesadilla. Conclusión, el empresario X encuentra mucho más eficiente montar su propia organización y pagar un salario a sus empleados a cambio de unas instrucciones sobre cómo hacer el trabajo.

La gran mayoría de empresas externalizan algunas de sus actividades. Pero ninguna que quiera sobrevivir externalizará actividades que permitan que la empresa contratada abuse de su posición. Se nos pueden ocurrir muchísimos casos en los que una empresa se niegue a dar a otra la producción de un determinado componente o la gestión de un determinado proceso – aún en el supuesto de que esta última sea más eficiente. Los intereses de la empresa proveedora y la cliente pueden chocar en muchos aspectos, desde espionaje industrial para beneficiar a la competencia a facturaciones exageradas por servicios difíciles de cuantificar o por imprevistos varios. Este dilema del “make or buy” – es decir, cuándo es mejor hacerlo uno mismo y cúando es más apropiado comprarlo a otra empresa – afecta a cualquier organización privada.

Quiero subrayar esto: cuando se nos diga que externalizar la gestión es más eficiente apelando a los valores del sector privado, hay que responder que las empresas no externalizan aquellas actividades que generan incentivos perversos. El estado, que no es más que la empresa de todos, debe regirse por el mismo principio: podemos externalizar aquellas actividades cuyos resultados son claramente medibles y, además, no ofrecen oportunidades para comportamientos deshonestos.

La sanidad es un caso complejo, para empezar porque hay actividades que pueden establecerse fácilmente en un contrato entre la administración y un proveedor privado – por ejemplo, un dinero X por un servicio de comedor o incluso por una operación quirúrgica Y. Pero hay actividades difíciles de controlar, como derivar pacientes “poco eficientes” económicamente al hospital público de al lado.

Esto ha llevado a un enorme interés en la comunidad académica por evaluar las experiencias de privatización de la sanidad pública. Llama la atención la ausencia total de referencias a estos estudios en el debate sobre la privatización de la sanidad en Madrid – ni por los promotores ni por los detractores. Estos últimos se escudan en mensajes simplistas como una sanidad “100% pública”, con lo que se entiende que Ignacio González señale la “irresponsabilidad” del movimiento de protesta contra su plan. Ahora bien, la justificación que da la comunidad de Madrid es también meramente ideológica, no basada en estudios independientes. Como señalaba un alto cargo para explicar la idoneidad de las medidas, “nos hemos mantenido fieles a nuestro discurso liberal, hemos sido coherentes” ( El Pais 31-10-2012).

La discusión es dicotómica: o blanco (la marea contra la privatización) o negro (la marea privatizadora). Se produce así una confluencia paradójica de intereses para mantener a la opinión pública confundida y esconder que existen modelos grises intermedios que podrían ser muy interesantes. Por una parte, los sindicatos, representando a trabajadores que no quieren perder su plaza funcionarial, tienen un interés en equiparar a cualquier “remero” de la sanidad que no sea funcionario con alguien que se enriquecerá a costa de todos. Por otra parte, la Comunidad de Madrid tiene un interés en decir que los “remeros” serán todos tan eficientes, poco amigos del lucro y responsables como las cooperativas de médicos que gestionan ambulatorios en Cataluña.

Esta confusión lastra el debate, porque es posible que el paso de una sanidad en manos de una maquinaria burocrática funcionarial y jerárquica a una sanidad gestionada por entes más autónomos, dinámicos y competitivos reportara buenos dividendos en términos de contención de costes y de calidad del servicio. Pero la gestión en manos de empresas con ánimo de lucro resulta más problemática. Si nos restringimos a los resultados de la sanidad que se pueden medir – como tasas de mortalidad o costes por paciente – los estudios más ambiciosos (que pueden llegar a incluir millones de casos) no muestran una superioridad del modelo privado. No hay evidencia de que la gestión de hospitales por empresas privadas produzca mejores resultados – en términos de menor mortalidad o de contención de costes – que la gestión en manos de entidades sin ánimo de lucro. En otras palabras, con la privatización no ganamos ni en “bolsa” ni en “vida”.

Pero luego están los elementos del contrato que no se pueden controlar fácilmente y que pueden dar lugar a lucros inapropiados. Existen muchos ejemplos de que permitir el enriquecimiento (sólo por clarificar, no sólo no tengo nada en contra, sino, más bien al contrario, soy muy partidario del enriquecimiento individual si reporta beneficios sociales) de los proveedores privados de sanidad pública fomenta comportamientos inadecuados. Hay casos grotescos – y quizás relativamente fáciles de corregir – como la dentista británica acusada de facturar falsos servicios al NHS por valor de 1,5 millones de libras. Hay otros abusos más sutiles – y difíciles de detectar – como los ambulatorios privados suecos que manipulaban el número y las horas de llegada de los pacientes para obtener beneficios fáciles. Y todos en España estamos familiarizados con la “socialización” de tratamientos no rentables.

En resumen, el mensaje para la Comunidad de Madrid sería el siguiente. Querer externalizar la gestión de los centros sanitarios es como si alguien hubiera intentado convencer a Henry Ford de que tenía que dejar la gestión de sus fábricas de coches en manos de otra empresa con el argumento de que “en relación a lo que podemos medir, no podemos garantizar que la empresa contratada reducirá los costes o aumentará la calidad; y, en relación a lo que no podemos medir, hay muchas posibilidades que esta empresa se aproveche de nosotros, con lo que, además, vamos a tener que contratar a un ejército de supervisores y abogados”. Deberíamos exigir al gobierno de Madrid ser tan escéptico como seguramente Henry Ford lo sería en esta situación. Queremos datos, que pasen un mínimo umbral de rigor científico; no videos propagandísticos.

Pero también hay un mensaje para los sindicatos de la sanidad pública, pues el actual sistema es mejorable. En lugar de atrincherarse en un modelo funcionarial casi decimonónico, deberían abanderar las propuestas de cambio hacia modelos de empleo más acorde con la descentralización, individualización e introducción de incentivos que han sido adoptados en los sectores públicos de otros países de la OCDE. Nos jugamos la bolsa y la vida.

diciembre 8, 2012

Gobierno y petroleras juegan con las pensiones

Iturria: Gara.net – 2012/12/07

ESTITXU UGARTE LOPEZ DE ARKAUTE RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DEL SINDICATO HIRU

En el Estado español los lunes el repostaje es más barato porque ese es el día en que se recogen los precios de los surtidores y se envían al Boletín Petrolero de la Unión Europea

A lo largo del mes de noviembre han sido muchos los y las transportistas que se han sorprendido al comprobar que los precios del gasoil en las áreas de servicio de Cepsa, Repsol o BP en diferentes puntos del Estado español se desplomaban todos los lunes, quedando incluso en algunas ocasiones un poco por debajo de los precios de venta al público de otras áreas de servicio que ofertan descuentos muy ventajosos para los y las profesionales del transporte. Sin embargo, el martes el precio del gasoil en cualquiera de las tres petroleras que forman el oligopolio del combustible en el Estado español volvía a subir lo mismo que había bajado, mante- niéndose al alza el resto de la semana con variaciones de décimas de céntimo o de uno, dos, tres y hasta cuatro céntimos.

El fenómeno de los lunes no es nuevo. Como ya se ha denunciado en multitud de ocasiones, en el Estado español los lunes el repostaje es más barato porque precisamente ese es el día en que se recogen los precios de los surtidores y se envían esos datos al Boletín Petrolero de la Unión Europea, y a las petroleras -básicamente por una cuestión de imagen- les interesa que los precios que publica la Unión Europea con respecto al Estado español sean más bajos de lo que realmente son.

Sin embargo, el hecho de que este fenómeno de los lunes se estuviera dando de forma tan exagerada durante el mes de noviembre nos ha hecho sospechar a muchos, entre otros a los y las responsables del sindicato Hiru, que algo raro estaba pasando. Como malpensar se ha convertido últimamente en una de las actividades fundamentales de este sindicato, nos hemos dedicado a ello de forma constante durante las últimas semanas, y fruto del análisis que hemos hecho hemos llegado a la conclusión de que no sería extraño que el mismo dato que se recoge el lunes para el Boletín Petrolero de la Unión Europea se esté usando por parte del Gobierno español para calcular el IPC (Indice de Precios al Consumo). Así que si al Gobierno español le interesa que el IPC no se dispare en noviembre, solo tiene que presionar de alguna manera a las tres petroleras que manejan el mercado del combustible para que bajen sus precios los lunes y listo, el martes ya pueden volver a subirlos porque al Gobierno de turno le importa un pimiento.

Pero ya puestos a sospechar de que se estén manipulando comportamientos y datos para ofrecer una estadística determinada, también creemos que la trampa de los lunes va más allá. Ahora mismo, con los datos en la mano, y analizando el histórico del precio de los combustibles en el Estado español, estamos convencidos de que se han trampeado las estadísticas del cálculo del IPC de noviembre porque precisamente el IPC del mes de noviembre es la clave para calcular la revalorización de las pensiones. Así que si cuatro días al mes uno de los precios clave para calcular el IPC, como es el del combustible, es bastante más bajo que el resto de días del mes, lo que vamos a tener es un IPC inferior al real.

Y puestos a seguir sospechando y malpensando, también podemos concluir que bajando el precio del combustible los lunes conseguimos que los datos del IPC referentes a este valor no sean tan escandalosos como son en realidad, y que de esta manera vendemos la imagen de que las petroleras han hecho caso al Gobierno español después de que el pasado mes de septiembre el Ministro de Industria se reuniera con Repsol-Cepsa-Bp para supuestamente leerles la cartilla. Si el IPC dice que en noviembre el precio del gasoil ha bajado, quedan bien las petroleras y queda bien el Gobierno. Los únicos que quedan como tontos son una vez más los y las transportistas y los consumidores en general, que repostamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves…

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