La deuda, un instrumento de opresión de los pueblos

Iturria: Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda – 2013/03/22

La crisis económica desatada en 2007 ha provocado una disminución en los ingresos y un aumento de los gastos del Estado. Ambos procesos —agravados por las reducciones fiscales a las grandes empresas y las ayudas públicas al sector financiero— han conducido a un notable incremento de la deuda de los PIGS, el acrónimo peyorativo con el que los medios de comunicación anglosajones se refieren a Portugal, Italia, Grecia y España. De resultas, los pueblos de la Europa meridional sufren duras políticas de contención del gasto que pretenden —según los gobernantes y las instituciones internacionales— hacer frente a los compromisos contraídos con sus acreedores (principalmente bancos alemanes y franceses). Así, casi de repente, la deuda —que en el caso español tiene principalmente un origen privado— ha entrado en nuestras vidas en forma de recortes, precariedad y bajadas de salarios. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo: hablamos de un problema con una truculenta historia a sus espaldas. Ahora que algunas naciones del Norte desarrollado padecen sus efectos devastadores, quizás sea oportuno reflexionar sobre el tétrico rastro dejado por la deuda en su paso por los países de la periferia del sistema capitalista.

En los años sesenta, los pueblos africanos no acababan de conseguir la independencia política de las antiguas colonias cuando comenzaron a sufrir —con la connivencia de unas elites locales (a veces formadas en Europa y en Estados Unidos) corruptas y despóticas— una nueva tiranía en forma de deuda. En los setenta fueron las naciones latinoamericanas las que se unieron al grupo de países que comenzaron a endeudarse al reclamo de los bajos tipos de interés. Durante este periodo, los grandes bancos y las organizaciones financieras internacionales inundaron el mundo poscolonial de crédito barato que en muchas ocasiones nutrió el despilfarro y la corrupción. No obstante, la bajada en el precio de las materias primas a finales de esa década, unida a la exorbitante subida del tipo de interés decretado por Estados Unidos, complicó el pago de unas deudas que se habían desbocado en los años anteriores, alimentadas por el excedente de capitales y la sobreproducción en las prósperas potencias occidentales. Fue entonces cuando, para rescatar del ignominioso abismo del default a las naciones en vías de desarrollo, entraron en escena el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), dos instituciones financieras mundiales caracterizadas, desde su fundación en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, por un proceso de toma de decisiones escasamente democrático y controlado por sus miembros más poderosos.

Tanto el FMI como el BM concedieron a los países deudores préstamos condicionados a la puesta en marcha de Planes de Ajuste Estructural, que tuvieron unos costes sociales y medioambientales muy gravosos para los sectores populares que precisamente menos se habían beneficiado de una deuda a menudo contraída de forma ilícita. En efecto, aunque en muchos casos se trataba de una deuda ilegítima —por vulnerar la dignidad de los pueblos y los principios del derecho internacional—, tales programas priorizaron el pago a los acreedores sobre la satisfacción de las necesidades básicas de la población, obligando a los Estados rescatados a cumplir con una estricta dieta neoliberal que incluyó recortes en servicios sociales y pensiones, bajadas de salarios, despidos, privatizaciones, impuestos regresivos, etcétera.

Las desastrosas consecuencias de estas políticas antisociales se tradujeron en el aumento de la pobreza y del desempleo, la desindustrialización, la destrucción de un balbuciente Estado del Bienestar y el profundo ensanchamiento de la brecha social y de las desigualdades entre ricos y pobres. Todo ello sin olvidar los efectos que en términos de sobreexplotación de los recursos naturales, degradación de los ecosistemas y pérdida de la soberanía alimentaria también llevaron consigo los métodos austericidas impuestos por el FMI y el BM.

En fin, la sociedad española debe aprender de las lúgubres enseñanzas que dejan los ejemplos del Sur, donde la aplicación de la agenda neocapitalista supuso décadas de estancamiento económico, sin que los esfuerzos realizados sirviesen para aliviar los intereses abusivos de una deuda impagable. Pero no todos perdieron en este juego fruto de las relaciones económicas desiguales entre el centro y la periferia del sistema capitalista. Sin duda, los grandes beneficiarios fueron los acreedores, que a través de este mecanismo consiguieron suplantar la soberanía nacional de los países endeudados, poniendo los recursos de estos Estados al servicio de sus intereses. De hecho, la deuda ha sido utilizada en muchas ocasiones para obligar a los Estados a abrir sus mercados a la entrada productos extranjeros, a privatizar los servicios públicos en beneficio de empresas privadas, a permitir la explotación y extracciónde recursos naturales por parte de multinacionales, o incluso para favorecer cambios de Gobierno y compra de votos en los organismos internacionales.

El mecanismo de la deuda incrementa la vulnerabilidad política y la dependencia económica de los Estados afectados, con la consecuente perpetuación de unas relaciones Norte-Sur basadas en la desigualdad y la injusticia sobre las que descansa el poder de las elites del capitalismo mundial. Las experiencias de los países en vías de desarrollo durante las cuatro últimas décadas dejan bastante claro que la deuda funciona como un instrumento de dominación neocolonial, como una sutil herramienta de presión política que sirve para salvaguardar los intereses económicos, comerciales, estratégicos y geopolíticos de las principales potencias del Norte, sin necesidad de recurrir al empleo de la fuerza y de la conquista militar, como ocurriese en la época del imperialismo. Por tanto, la deuda puede ser considerada como una carga inmoral que pretende tiranizar a unos pueblos que hoy más que nunca deben gritar «No debemos, no pagamos».

Deuda: Licencia para recortar

Iturria: Pablo Elorduy / diagonalperiodico.net – 2013/03/19

EL ESTADO PAGARÁ UNOS 48.000 MILLONES DE EUROS ANUALES HASTA 2020 POR EL VENCIMIENTO DE LA DEUDA

¿Cómo comienza otro artículo sobre la crisis de la deuda y su peso en la economía europea? Apuesten a que con la exposición de sus efectos, en concreto de los más recientes, por ejemplo el Real Decreto-ley sobre la Jubilación Anticipada, publicado el 16 de marzo en el BOE. Depende de la dimensión que se le quiera dar, se puede optar por el rescate de Chipre y el efecto dominó que puede desembocar en otra escalada del coste de financiación de los Estados a través de la emisión de deuda pública.

Si no se escoge ese camino, puede tratarse, en primer lugar, del relato de Rajoy dando por superada “la enorme crisis financiera y de deuda pública” durante la presentación del plan de empleo juvenil el 12 de febrero. O quizá, con un dato. El mismo día que el Gobierno anunciaba la reforma de la edad de jubilación e introducía el factor de sostenibilidad para el cómputo de las pensiones –medidas a las que la UE otorga una “creciente importancia”, tal y como viene recogido en el BOE– el Banco de España anunciaba que la Deuda Pública de 2012 es equivalente al 84,1% del PIB español. Es la cifra de endeudamiento más alta desde 1910, y significa que el conjunto de las administraciones adeudan 884.416 millones de euros a distintos acreedores residentes en España (63%), principalmente bancos con su sede social en el Estado español, o residentes fuera del país (37%).

De partida hay una crisis “superada”, según el presidente del Gobierno; dos medidas relacionadas destinadas a satisfacer a la UE –pensiones y empleo juvenil– y fríos datos que apuntan a que durante 2012 la deuda pública creció 15 puntos respecto a 2011.Hay también dos debates parlamentarios en los que dos partidos han expuesto que esa deuda es impagable e ilegítima. El primero, en orden cronológico, lo protagonizó el diputado de IU, Alberto Garzón. El 12 de marzo declaró en el Parlamento que hay una parte ilegítima de la deuda pública y que ésta ya es impagable. El segundo, un día después, de Quim Arrufat en el Parlament de Catalunya, quien hizo una interpelación, que irá acompañada de una moción que se resolverá en abril, sobre la deuda de Catalunya (50.000 millones), que, como Arrufat la ve, es el “el negocio redondo, ya que no se puede recortar y se genera cada año. Es un quiste eterno, la máquina de hacer dinero de los pobres a los ricos”, según ha explicado este diputado de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a DIAGONAL.

Antes de interpelar al Parlament, Arrufat estuvo reunido con la Plataforma de Auditoría de la Deuda. Iolanda Fresnillo, activista de este grupo, critica que Izquierda Unida no lo hiciera y que propusiese un examen del agujero llevado a cabo por expertos del Banco de España. En un contexto en el que las quitas o rebajas de la deuda llevan aparejadas medidas como el ajuste de las pensiones anunciado el 15 de marzo, la propuesta, para Fresnillo, tiene que pasar por un examen para el que, las fuentes consultadas coinciden, no existen estándares fijos, ya que nunca se ha formado el tribunal internacional de la deuda reclamado históricamente por movimientos sociales de todo el globo. Se debe llevar a cabo una “auditoría integral -explica Fresnillo- “que incluya impactos de género, ambientales y que cuente con la participación ciudadana. La auditoría no será si no es ciudadana, no de expertos ni tecnócratas”.

Fábrica de deuda

El Observatorio Metropolitano de Madrid sostiene que existe una relación entre los repuntes del mercado bursátil y el descenso de la prima de riesgo. Así, en julio, cuando el diferencial con el bono de deuda alemana alcanzó su tope, las 35 principales cotizadas en el parqué madrileño caían a niveles de la era prechampions de Zapatero, hasta por debajo de los 6.000 puntos. La pregunta, plantean desde el Observatorio Metropolitano ,“es si hay fundamentos sólidos para saber si va a haber un crecimiento bursátil”. No es el único factor que el Observatorio Metropolitano detecta. La guerra de divisas internacional, que sostienen principalmente el euro y el dolar, tuvo otro episodio con el rescate salvaje de Chipre, que ha hecho caer al euro en relación a la moneda estadounidense después de unos meses en los que la divisa europea había mantenido su pujanza, merced a la devaluación interna llevada a cabo a través de la caída de los salarios en la Eurozona.

En cualquier caso, si no se produce otra clase de arreglo político, queda la deuda como valor refugio y como garantía de pago. Carlos Pereda, del Colectivo IOÉ, explica a este periódico que “se prevé una media anual de 48.000 millones de euros de vencimientos de deuda pública” en el periodo que va de 2013 hasta 2020. Esta cifra se puede comparar conel monto que el Gobierno plantea ahorrar con su reforma de la edad de jubilación, 2.400 millones hasta 2027, o con los 9.579 millones de presupuesto de un ministerio como el de Agricultura y Medio Ambiente.

“Cuando las entidades financieras habían perdido nichos como la inversión en bolsa y el ladrillo, la deuda se convierte en valor refugio, el problema para los grandes bancos es conseguir que sea un mercado de alto rendimiento”, explican desde el Observatorio Metropolitano. La herramienta para llevarlo a cabo es a través de las percepciones de las tres Agencias de Calificación de Riesgos, Standard and Poors, Moody’s y Fitch, agentes privados insertados en las economías públicas, cuyo modelo de negocio “no tiene por objetivo reducir la deuda de empresas, países o inversores”, explica el filósofo y periodista Werner Rügemer en su libro Las agencias de Calificación, publicado por Virus: “Lo único que desean es que los deudores puedan cumplir con sus obligaciones bajo cualquier circunstancia. Nos encontramos ante una fábrica profesional de generar deuda”.

El papel del Estado

El Grupo de Economía de Sol impulsó en Madrid la semana por la Europa de las personas, contra la Europa de los mercados, que coincidió con el Consejo Europeo celebrado a mediados de marzo. Liliana Pineda explica que desde hace dos años Economía Soldenuncia el papel de las agencias de calificación en la crisis de la deuda. “Hay una delegación inaudita e ilegítima de un control, el del endeudamiento, que debería ser público”, denuncia Pineda, quien critica al Banco Central Europeo por permitir que las agencias de rating operen bajo normativas laxas en la generación de productos financieros derivados, que las agencias “imponen a los Estados con la connivencia de sus bancos centrales”.

El caso de Chipre ha devuelto a primer plano el debate acerca del papel de la Unión Europea en una crisis que ya consume su quinto aniversario. La quita de la deuda a través de la intervención de los depósitos de la población ha tenido como consecuencia un repunte de 20 puntos de las primas de riesgo de España e Italia. Con unas vías de beneficio taponadas, la deuda sólo funciona como valor refugio a través de los Estados, convertidos en “garantes de la seguridad y agentes expropiadores”, en palabras de Werner Rügemer, y unas instituciones europeas diseñadas para seguir fielmente este modelo. “Esta socialización de deudas privadas puede ir a más en los próximos meses”, advierte Fresnillo, quien cree que  Rajoy, al dar por finalizada la crisis de deuda “no se dirigía a nosotros, sino a los mercados”.

Y quien dice mercados dice acreedores, pero, ¿qué se debe y a quién? Según el economista y miembro de Attac François Chesnais, “cuando bancos y hedge funds prestan a los Estados comprando los Bonos del Tesoro emitidos por los ministerios de finanzas, se trata de sumas ficticias que se ponen a disposición en base a la red de relaciones y transacciones interbancarias”. Es decir, se generan unos valores financieros cuyo peso en la economía actual es entre tres y cuatro veces superior al del PIB Mundial: por cada dólar que genera la llamada “economía productiva” hay cinco dólares en títulos.

Quim Arrufat pone un ejemplo sobre el que trabaja la CUP: “Cada año hasta 2035 Catalunya pagará unos 1.100  millones de euros en pagos diferidos de carreteras y obras públicas que se hicieron financiadas por las empresas. La suma es tres veces más cara que el coste real presupuestado”. Por eso, Arrufat denuncia que en el Parlament  “faltan escaños en los que se sienten los Consejos de Admi­nistración, las constructoras y los bancos que poseen la mayoría de las emisiones de bonos”.

La situación de Catalunya, explica este diputado, es más compleja, ya que la Comunidad no tiene mecanismos de recaudación. No obstante, aunque la Administración central sí los tiene, la deriva no hace sino reforzar la financiarización de la economía. Desde el comienzo de la crisis en 2007, los impuestos que pagan en España las cotizadas del Ibex 35 han caído desde el 21,21% hasta el 16,42 % que pagaron en el último año del que hay datos, 2011.

Por eso, como insisten las organizaciones que reclaman el impago o la auditoría de la deuda, ésta debe estar acompañada siempre de otras medidas fiscales que cuestionen las bases del modelo económico. “El concepto de deuda ilegítima es político y no está cerrado”, explica Iolanda Fresnillo, “es la ciudadanía la que tiene que marcar las líneas rojas”, concluye.

El Gobierno endurece la jubilación

El Gobierno aprobó el 15 de marzo un Real Decreto-ley sobre la edad de jubilación que endurece las condiciones para optar a la jubilación anticipada. Así, será necesario haber cotizado a la Seguridad Social  33 años –hasta ahora eran necesarios 30– para poder optar a retirarse antes de los 63 años. La edad mínima también se ha visto aumentada a través de este Real Decreto 5/2013. Hasta ahora las personas de 61 años podían optar por esta fórmula, a partir de la nueva normativa la edad queda fijada en 63 años, cuatro menos de la edad “estándar” de jubilación, fijada en 67 años tras el acuerdo social firmado por Gobierno del PSOE, sindicatos y patronal en abril de 2011. Las trabas al acceso a la jubilación parcial, por las que se aumentan las horas mínimas en los centros de trabajo y la edad mínima para optar a esta modalidad, son otras de las medidas que incorpora este Real Decreto, que vuelve a invocar el mantra de la “sostenibilidad de las pensiones” y la exigencia de adecuación a los planteamientos de la Unión Europea. Los sindicatos de concertación critican que la medida se ha tomado sin el acuerdo del Pacto de Toledo y saltándose las bases del acuerdo de 2011.

Auditoría ciudadana de la deuda

Iturria: ATTAC.tv / Cécile Lamarque CADTM Bélgica – 2013/03/20

En esta entrevista Cécile Lamarque analiza las causas principales del aumento de la deuda pública. Por un lado, Cécile alude a los mercados financieros como responsables de la política de austeridad y, por otro, la movilización de los ciudadanos contra la deuda ilegítima ha abierto un nuevo camino hacia la auditoría ciudadana en Europa.

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Desde 1989, el Estado español ha pagado sólo en concepto de intereses 4,3 veces lo que debía en 1989

Iturria: Eduardo Garzón / Attac – 2013/03/02

Hay muchas personas que se sorprenden cuando observan el cálculo que realicé y que venía a mostrar la colosal cantidad de dinero que pagan Estados como el español solamente en conceptos de intereses de deuda pública. La sorpresa es, en cierto modo, comprensible, porque cuesta mucho creer que el Estado esté pagando esas cantidades astronómicas por tener que financiarse. Para arrojar más luz sobre el asunto y demostrar que en absoluto se está exagerando, en este post plantearé el problema de los intereses de deuda pública española desde una perspectiva más sencilla.

Cuando un Estado tiene más gastos que ingresos, necesita cubrir la diferencia (déficit) de algún modo. Hasta mediados de la década de los 70, todos los Estados occidentales solventaban este problema principalmente a través de la creación de dinero oficial. Es decir, el dinero que necesitaban para cubrir el déficit era emitido directamente por el banco central y prestado al Estado (a este proceso se le denomina monetización de la deuda). En el caso de España, el gobierno le pedía al Banco de España que imprimiera dinero nuevo y se lo prestara, y lo hacía con tipos de interés muy reducidos o nulos (de forma que salía barato financiarse).

Con el desmoronamiento del sistema de Bretton Woods y el ascenso de la ideología neoliberal a mediados de la década de los 70, la mayoría de los gobiernos capitalistas decidieron prohibir la monetización de la deuda (1); es decir, prohibieron que los bancos centrales prestaran dinero a los gobiernos. Su argumento era que al hacerlo se estaba imprimiendo dinero nuevo sin ton ni son y que podía generar tensiones inflacionistas. Pero este argumento carece totalmente de sentido si tenemos en cuenta la solución que propusieron y que adoptaron casi todos los países: en vez de que el banco central imprimiera dinero para prestárselo a los gobiernos (con tipos de interés reducidos), el banco central pasaría a imprimir dinero a los bancos privados (con tipos de interés reducidos) para que éstos se lo prestaran a los gobiernos (a tipos de interés más elevados). Es decir, que la nueva creación de dinero se seguía produciendo (a través de préstamos del BCE o del dinero-deuda creado por los bancos privados), con la única diferencia de que antes de llegar a manos del gobierno pasa por las manos de los bancos privados, otorgándoles la oportunidad de hacer un bonito y rentable negocio. Antes, el banco central imprimía dinero y se lo prestaba al gobierno a un precio barato; ahora, el banco central imprime el mismo dinero (o más) y se lo presta a los bancos privados para que éstos se lo presten a los gobiernos a un precio elevado. Si esto no es una estafa en toda regla a los Estados –y por lo tanto a todos los ciudadanos– por parte de la élite financiera, que baje Dios y lo vea.

Repasemos un poco el proceso de endeudamiento del Estado. Hoy día, cuando el Estado necesita dinero no tiene más remedio que pedir dinero prestado a los inversionistas privados al tipo de interés que le ofrezcan. Ese tipo de interés será el coste que tendrá que asumir el Estado para financiarse, y al mismo tiempo son las ganancias de los inversionistas privados. Durante cada año, el Estado tiene que ir pagando intereses por haberse endeudado. La cantidad que le prestaron (el principal) lo devolverá cuando llegue la fecha acordada. Si, cuando llegue esa fecha,  el Estado no dispone de suficiente dinero, tendrá que pedir más dinero prestado a otros inversionistas privados. Con el nuevo préstamo cancelará el préstamo anterior, pero tendrá que seguir pagando intereses (cuya cantidad se habrá incrementado). Entonces comprobamos que incluso en el caso de que ese nuevo año el Estado ya no tenga déficit, el montante de la deuda aumentará debido al pago continuo de intereses (que se tienen que pagar cada año) (2). En otras palabras, los intereses de la deuda pública no solo afectan a un año en concreto, sino que afectarán a todos los años sucesivos siempre que el Estado mantenga o aumente su nivel de deuda. Los intereses de deuda pública se van acumulando y obligan a endeudarse cada vez en mayores cantidades. Es el conocido “efecto de bola de nieve”, que se pretende reflejar a continuación.

La zona azul representa la cantidad de dinero que debe el Estado (el montante de deuda pública). La zona roja representa la cantidad de intereses que tiene que pagar cada año. Si suponemos déficit nulo, y un plazo de vencimiento de la deuda de un año, observamos el proceso siguiente: los intereses pagados el año 1 se convierten en montante de deuda el año 2; los intereses pagados el año 2 se convierten en montante de deuda el año 3, y así sucesivamente. A la par, vemos que los intereses van aumentando cada año, lo que otorga al proceso un carácter de crecimiento exponencial (3). A la derecha del dibujo se ha comparado el total de la deuda para el año 5 con la suma de los intereses pagados los años anteriores. Se comprueba claramente que pasado un tiempo la cantidad pagada en concepto de intereses es casi tan elevada como el dinero que efectivamente se debe al final del periodo.

Ahora hagamos una prueba parecida con datos reales del Estado español, para el periodo 1989-2012.

Se puede intuir que: 1) la cantidad de intereses pagados (barra roja) siempre va en aumento; y 2) el montante total de deuda prácticamente aumenta cada año lo que se tiene que pagar de intereses (salvo los años de burbuja inmobiliaria en los que el déficit y los intereses se redujeron y salvo los últimos años en los que el déficit se ha disparado debido a la crisis económica y a los recortes).

Si comparamos todo el dinero que ha pagado el Estado español en concepto de intereses desde el año 1989 hasta la actualidad con el dinero que actualmente debe, es más fácil constatar el enorme expolio al que se ve sometido el Estado por tener que financiarse a través de inversionistas privados:

El Estado español ha pagado en concepto de intereses durante ese periodo el 66,46% de lo que hoy día debe. Pero enfoquémoslo ahora desde otra perspectiva: desde 1989, el Estado español ha pagado sólo en concepto de intereses 4,3 veces lo que debía en 1989 (en 1989 debía 97,6 miles de millones de € y desde esa fecha hasta la actualidad, solamente en concepto de intereses ha pagado 418,8 miles de millones de euros). Así se observa claramente el perjuicio que supone a largo plazo tener que pagar intereses elevados: que el montante de la deuda aumenta exponencialmente. Algo que se podría evitar si el Banco Central Europeo financiara directamente a los Estados.

Notas:

(1)    Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional ha revelado que en una tercera parte de una muestra de 152 países el banco central todavía puede hacer préstamos al gobierno.

(2)    Recordemos que, en el caso del Estado español, hubo años en los que presentó déficit simplemente por tener que pagar intereses de deuda pública.

(3)    Siempre que el montante de la deuda pública no se vaya reduciendo o los intereses a pagar sean menores, que es lo que sucedió en los últimos años de crisis inmobiliaria para el caso español (2005-2007).

Tribunales dan la razón a Islandia en litigio con Holanda y Reino Unido por quiebra de sus bancos, pero…

Iturria: Kaos en la Red – 2013/01/28

En contra de las advertencias de Europa, sus ciudadanos y ciudadanas se negaron dos veces en referéndum a compensar a los británicos y holandeses. Lo paradójico de este caso es que, pese al apoyo recibido hoy por los tribunales, el Gobierno de Islandia ha acabado por pagar gran parte del dinero.

Los poderes financieros clamen al cielo por tamaña ofensa e incumplimiento de ese país. Hablan de poca credibilidad y de que no hay criterios de seguridad jurídico financiera. No obstante, el mismo gobierno islandés ha ido anunciando las cantidades que ya lleva desembolsadas para pagar esa deuda. O sea, aquí también la crisis no la han pagaio los ricos!

El Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) acaba de dictaminar que el Gobierno de Reikiavik no violó la ley cuando forzó que 300.000 ahorradores británicos se quedasen sin el dinero que habían depositado en unas entidades que antes de la crisis parecían tan seguras como las de su país.

Tras la bancarrota ocurrida en 2008 en Islandia ante el rechazo del Ejecutivo islandés a rescatar a sus principales entidades financieras, los Gobiernos británicos y holandeses compensaron a los ahorradores con su propio dinero por las pérdidas. No obstante, inmediatamente después iniciaron un proceso legal cuya primera etapa terminó este lunes.

Según el dictamen de la EFTA, cuya decisión sorprendió a muchos analistas, Islandia no actuó en contra de la normativa al tomar la decisión de no pagar a los ahorradores. “Es una satisfacción considerable que la defensa islandesa haya ganado el caso Icesave. El Tribunal de la EFTA hace que esté más cerca el final de una historia muy larga”, respondió hoy el Gobierno islandés.

Lo paradójico de este caso es que, pese al apoyo recibido hoy por los tribunales, el Gobierno de Islandia ha acabado por pagar gran parte del dinero que debía al Estado británico. Según portavoces oficiales, Reikiavik ya ha reembolsado casi 3.300 millones de euros de los más de 6.600 depositados en Icesave. La cantidad ya pagada supone más del 90% del mínimo garantizado que el Estado estaba obligado a devolver. Así que, pese al veredicto que hoy llega de Luxemburgo, los contribuyentes islandeses, de una forma u otra, acabarán pagando —tal y como han hecho los españoles e irlandeses— los excesos de sus banqueros.

Entrevista de Óscar Carpintero a Juan Torres López

Iturria: últimoCero – 2013/01/13

La plataforma digital últimoCero presenta una interesante entrevista realizada por Óscar Carpintero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid, a Juan Torres, miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

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El tabú del impago

Iturria: attacmadrid.org – 2013/01/03

Lo que se dirime es si el impago será diseñado por los acreedores de forma que sirva a sus intereses (maximizar los pagos recibidos) o si será usado como instrumento de legítima defensa por parte de los grupos sociales que están pagando la deuda.

Bibiana Medialdea

En los últimos tiempos cada vez son más las voces que cuestionan la legitimidad del pago de ciertas deudas. La proliferación de plataformas que defienden la necesidad de una auditoría sobre la deuda pública, la reivindicación de anular parte de la deuda hipotecaria de las familias con dificultades económicas (dación en pago) o, más en general, la popularización de la consigna “No debemos, no pagamos”, son buena prueba de ello.

Sin embargo, el impago de la deuda suele presentarse como una opción descabellada, inviable más allá del ámbito de la propaganda. Por muy elevado que sea el coste social derivado de atender los compromisos financieros, se argumenta, seguir pagando deuda es siempre el “mal menor”. Dejar de hacerlo, condenaría a un escenario de exclusión financiera y aislamiento político mucho más gravoso. El impago no sólo supondría pérdidas para los acreedores sino, sobre todo, para la parte deudora, que a cambio del alivio inmediato perdería su acceso a nuevos recursos y quedaría estigmatizada de por vida.

Dejemos de lado el hecho de que el fundamento jurídico vigente ampara el impago de deuda bajo ciertas condiciones: el Derecho Internacional acuña el concepto jurídico de “deuda odiosa” para referirse a aquella que no se ha contraído a favor de quien finalmente ha de responder por ella. Los ejemplos más utilizados son el no reconocimiento en 1898 de la deuda del Gobierno cubano por parte de Estados Unidos, o la anulación en 2004 de la deuda iraquí contraída por el régimen de Sadam Hussein.

Obviemos también la cuestión, crucial, de la legitimidad de decidir sobre el uso que se da a los recursos propios. Es evidente, más allá de la legalidad, que existen principios y derechos de rango superior a un contrato privado de deuda financiera. Si no está permitido, por ejemplo, que una persona salde una deuda vendiendo un órgano de su cuerpo, ¿por qué habría de estarlo que un país la salde vendiendo su sistema sanitario?

Y hagamos un último esfuerzo por olvidar que, en flagrante contradicción con el discurso oficial sobre el “impago imposible”, la historia está plagada de episodios de impagos de todo tipo: desde los antiguos jubileos hasta las recientes quitas negociadas entre la troika y el Gobierno griego. Según atestiguan las hemerotecas y los libros de historia, la conclusión de estos episodios no concuerda con las amenazas previstas.

Así pues, centrémonos esta vez, exclusivamente, en un aspecto que atañe en la actualidad y de forma particular a los países de la Europa periférica, entre los que se incluye España: la cuestión no es si el impago de deuda es o no posible; porque lo cierto es que en las condiciones económicas actuales algún tipo de impago es inevitable. Y tanto los acreedores como la troika, por supuesto, lo saben.

Sintéticamente, la situación es la siguiente. Estos países acumulan volúmenes de deuda, mayoritariamente privada, desorbitados; deudas que multiplican varias veces todo lo que producen en un año (en el caso español se acerca al 400% del PIB). Por otra parte, su producción –de donde proceden los ingresos con los que habría que pagar las deudas- disminuye o, en el mejor de los casos, crece a un ritmo insignificante. Así las cosas, la fórmula a la que recurren para pagar la deuda es refinanciarla: es decir, contraer nuevas obligaciones para saldar las que van venciendo. Pero los tipos de interés que los mercados financieros privados exigen a los países de la Europa periférica para concederles nuevos créditos están muy por encima de su exigua capacidad de generación de ingresos con los que afrontar los pagos. Como resultado, su deuda acumulada registra una inercia de crecimiento imparable.

La secuencia, además, tiende a retroalimentarse convirtiéndose en una espiral perpetua, debido a que los acreedores imponen políticas de austeridad que profundizan la recesión (dificultando cada vez más la generación de ingresos), lo cual obliga a recurrir de forma creciente al mecanismo perverso de la refinanciación del endeudamiento a tipos de interés inasumibles. Bajo estas condiciones, como decíamos, saldar las deudas pendientes resulta imposible.

A primera vista parece absurdo: ¿Qué sentido tiene que los acreedores hagan del impago un tabú, si antes o después tendrán que avenirse a negociarlo? Precisamente, cuando se camina hacia un impago, convertirlo en un tabú es muy importante.

Una vez que una deuda se evidencia impagable el problema deja de afectar en exclusiva al deudor. La función del sector financiero es proveer de crédito, y el beneficio (interés) que obtiene por ello se supone correspondido por el riesgo que asume en su actividad. Son profesionales de la concesión de créditos. Siempre que alguien accede a crédito por encima de sus posibilidades hay una contraparte que está concediendo crédito por encima de las suyas. La pérdida en caso de impago, por tanto, está no sólo justificada sino “prevista” en la operación. Pero lógicamente, y en la medida en que sea capaz, la parte acreedora tratará siempre de minimizarla. Y en el contexto político actual, la capacidad de esta parte acreedora -el sector financiero- para conseguir lo que se propone es, según se ha demostrado, considerable.

Una vez que no se puede seguir ignorando que la parte deudora es incapaz de atender sus pagos, se inician las negociaciones en torno a la reestructuración de su deuda. Y ahí lo que se abre es una disputa distributiva fundamental: ¿Quién se hace cargo de los platos rotos? ¿Cómo se reparte la factura entre la parte deudora y la acreedora, si es que se reparte? Incluso si la reestructuración incluye impagos parciales, los resultados de esta negociación pueden ser escandalosamente desfavorables para la parte deudora. El diablo, como suele, está en los detalles.

En este sentido, resulta muy ilustrativo estudiar qué pasó con las renegociaciones de deuda en la crisis latinoamericana de los años ochenta. Ahora que ha pasado el tiempo y es posible realizar los cálculos, se constata que las reestructuraciones de deuda intermediadas por el FMI, incluso cuando incluían quitas que se vendieron como grandes concesiones, favorecieron enormemente a los bancos acreedores frente a los Estados endeudados. Esto se debió a dos razones fundamentales. Por una parte, porque al reprogramar los pagos los acuerdos priorizaban siempre el pago de intereses frente a la amortización del capital, que de esa forma no se liquidaba y seguía generando nuevos intereses. Así, según el nuevo esquema de pagos negociado, aunque se pagaba deuda, ésta no disminuía proporcionalmente. Y por otra, porque la reprogramación de la deuda suponía alargar los plazo y, por tanto, incrementar el pago final de intereses. Los cálculos señalan que en muchos casos ambos elementos compensaron de sobra las quitas concedidas.

El saldo de la negociación en torno a la reestructuración de la deuda (impago incluido) depende de la correlación de fuerzas entre deudores y acreedores. Y la posición de fuerza de la parte deudora radica, precisamente, en su capacidad de no pagar. De decidir no pagar. Fingir que la opción del impago no existe es la forma más efectiva de despojar a la parte deudora de su poder de negociación. Hay que recordar que la opción del impago unilateral existe, es la única forma de que los deudores cuenten con todo el poder que les corresponde. De nuevo América Latina, con los casos delimpago unilateral argentino de 2001 y la política del gobierno de Correa en Ecuador a partir de 2007,puede ayudarnos a ilustrar la cuestión.

Lo que ahora está en juego en Europa no es si habrá o no impago. La cuestión política fundamental serán sus características concretas:

1. Qué deuda deja de pagarse: ¿deuda pública? ¿deuda hipotecaria de familias con dificultades? ¿deuda de las entidades financieras?

2. Qué acreedores asumen la quita: ¿los Estados? ¿otras instituciones públicas? ¿el sector financiero privado?

3. Qué condiciones afectan a la deuda restante.

En definitiva, lo que se dirime es si el impago será diseñado por los acreedores de forma que sirva a sus intereses (maximizar los pagos recibidos), o si será usado como instrumento de legítima defensa por parte de los grupos sociales que están pagando la deuda. Una deuda que, es preciso recordarlo, no les corresponde.

Por qué la deuda pública no debería pagarse

Iturria: Vicenç Navarro – 2012/12/18

Este artículo señala las razones por las cuales la deuda publica de los países perifericos de la Eurozona es artificialmente exagerada y que se debe al excesivo poder que el capital financiero tiene hoy en tal zona. El artículo indica que tal deuda no debería pagarse, pues su nivel responde a unas prácticas que no deberían aceptarse.

La deuda pública acumulada por los países de la Eurozona es impagable. Ha alcanzado un nivel que los Estados no podrán pagar. Esto aplica prácticamente a todos los países, pero muy en especial a los países antes llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain), y ahora GIPSI (con el añadido de Italia). En todos ellos la deuda pública está por encima de los niveles permitidos en el Tratado de Maastrich, que estableció las condiciones que los países debían seguir para entrar y permanecer en el euro.

Frente a esta situación deberían hacerse dos preguntas. Una es ¿cuál es la consecuencia de que los Estados no paguen la deuda? Y la otra, ¿debería pagarse tal deuda? En realidad, los Estados no deberían pagar la deuda, incluso en el caso de que pudieran hacerlo, pues esta deuda es exagerada y la cantidad de intereses que se ha forzado a los Estados a pagar para poder conseguir dinero, es decir, para que la banca comprara bonos públicos del Estado, es artificialmente alta e inmoral. Y digo inmoral porque esta exigencia de que los Estados paguen intereses altos se basa en que ha sido la propia banca, a través de su lobby, el Banco Central Europeo, la que ha creado la situación intolerable en la que los Estados no tenían otro remedio para conseguir dinero que pagar tales intereses exageradamente altos, pues el Estado no podía pedir prestado dinero del BCE (mientras que los bancos sí que podían). Es como si una persona robara dinero a otra y luego tuviera la osadía de prestarle el dinero robado (porque no había dinero disponible de ninguna otra fuente) a la persona robada, a unos intereses elevadísimos. El ladrón robaría dos veces a la persona robada. Esto es lo que la banca ha hecho. Ha eliminado el instrumento que los Estados tenían para protegerse de la especulación de sus bancos, y así han conseguido intereses de los bonos altísimos (ver mi artículo “La estafa de la deuda pública” en El Plural, 29.11.12)

Por otra parte, es importante que se informe a la ciudadanía que los Estados pueden conseguir recursos y que pueden conseguirlo sin necesidad de endeudarse. La negación de esta posibilidad justifica las políticas de austeridad y los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Ahora bien, los Estados tienen enormes recursos que no se están tocando. Por ejemplo, si analizamos la propiedad pública que cada uno de estos Estados tiene, la cantidad total representa muchas veces el valor de la deuda pública. Y éste es el filón de oro donde los acreedores, es decir, los bancos, quieren meter mano. Tales Estados deberían resistirse a ceder a esta demanda, pues una vez vendida tal propiedad, ya no tienen donde apoyarse en el futuro.

Existe, sin embargo, una enorme propiedad privada que se ha ido incrementando y concentrando durante estos hechos de recesión, cuando las desigualdades de renta y propiedad han crecido exponencialmente, es decir, muy rápidamente. Así, en Italia, el país de los GIPSI que tiene mayor deuda pública (la OCDE calcula que en 2013 será un 122% del PIB) tiene nada menos que en propiedad privada en inversiones y tierra el 377% del PIB, en inversiones financieras el 237% de PIB, y así un largo etcétera. Stefan Bach, en un interesante artículo, “Capital Levies – A Step Towards Improving Public Finances in Europe”, en Social Policy Journal calcula que un incremento de un 5% de los impuestos sobre tal propiedad privada podría conseguir el equivalente al 15% del PIB, medida que, a la vez que contribuir a reducir las desigualdades, disminuiría su enorme deuda pública. No se conocen estudios semejantes en España pero es probable que las cantidades fueran muy semejantes.

Otra área de ingresos son las rentas originadas del capital, invertidas en actividades especulativas a través de la banca. Incluyo en esta categoría la huída de capitales a paraísos fiscales u otros países, distinta a los de los depositarios. Incluso el Banco Mundial, un organismo de clara orientación conservadora, ha documentado en todos los países de elevada deuda los fondos depositados en el extranjero, que en cada uno de estos países representa una cantidad mucho mayor que el tamaño de la deuda pública (ver el libro Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press 2010, escrito por Eric Toussaint y Damien Millet).

España, uno de los países con mayores desigualdades de la OCDE puede y debe conseguir fondos de aquellos que se beneficiaron más de los años de bonanza. Dinero lo hay con gran abundancia entre las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca (que ha recibido fondos públicos por una cantidad equivalente nada menos que al 10% del PIB). El problema es que el Estado no los recoge. Influenciado por las grandes fortunas, por las grandes empresas y por la banca, el Estado prefiere endeudarse, beneficiando a la banca, a la cual se le paga más adelante los intereses elevadísimos, con dinero público. Un escándalo.

 

Tras el rescate, la banca española sigue siendo insolvente

Iturria: vozpópuli / attacmadrid.org – 2012/12/17

¡Por fin! Parecen respirar tranquilos desde el Gobierno, una vez que el fondo de rescate permanente de la eurozona transfirió el martes a España deuda por valor de 39.468 millones de euros para financiar el saneamiento de los cuatro bancos españoles nacionalizados y la inyección al llamado banco malo. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Ni la cuantía, ni la forma en que se ha implementado el banco malo Sareb, son suficientes para restaurar la insolvencia de nuestra banca. Y lo peor de todo, y como siempre, va a correr a cargo de los contribuyentes.

Desde este blog denunciamos en su momento la inutilidad de las cinco reformas del sistema financiero español emprendidas por el gobierno anterior y el actual. Todas ellas eran y son fruto de una tremenda improvisación, tanto en el procedimiento utilizado, la cuantía de saneamiento estimada, como en los aspectos técnicos desarrollados. Confundían, y confunden aún, saneamiento financiero con requisitos de capital. Además, y esto es muy grave, no ha habido un cambio sustantivo de la propiedad y de los equipos directivos de las entidades finalmente intervenidas, y que presidieron su descapitalización o la consintieron.

Las elites económicas y políticas han diseñado una reforma del sector financiero a la medida de sus intereses. Estos mismos grupos no han dejado de meter su mano en nuestros bolsillos, produciéndose un aumento de la pobreza y miseria en nuestro país sin parangón en nuestra reciente historia.

El banco malo Sareb, a nuestra costa

El banco malo en última instancia es una empresa de gestión de activos que compra todos los activos en quiebra, en definitiva todos los préstamos tóxicos no rentables que los bancos y cajas tienen en sus libros, y, posteriormente los gestiona. Inmediatamente surgen una serie de preguntas.

¿Quién crea esta empresa, con qué dinero, quién la gestiona? Y si la empresa puede obtener un beneficio derivado de la “gestión” de los bienes que compra a los bancos, ¿por qué no podrían los bancos manejarlos ellos mismos?

El Gobierno debía elegir entre sobrepagar por la compra de los activos tóxicos, sin tocar a los acreedores extranjeros, en cuyo caso la fiesta la acabarán pagando los contribuyentes patrios. O, alternativamente, proteger a los ciudadanos españoles, infrapagando en la compra de dichos activos podridos, siendo la gerencia, los propietarios y los acreedores extranjeros quienes asumieran el coste por haber llevado a la insolvencia a nuestro sistema bancario, al asumir todos ellos riesgos excesivos.

Al final ha optado por lo primero, proteger a los acreedores y a la gerencia, así como a la banca aparentemente saneada. El principal problema de la Sareb es que no ha sido capaz de encontrar fondos para su financiación fuera de nuestras fronteras, por lo que queda supeditada a la entrada en el capital de las entidades más saneadas, aunque también con gran cantidad de activos tóxicos en sus balances, de forma que se rescatan a sí mismas.

Esto está condicionando a que en lugar de entrar los activos tóxicos por su valor estresado, entran por valores más próximos a lo ya provisionado por las entidades para que éstas no tengan que repercutir las minusvalías de la cesión de activos en su cuenta de resultados que les obligue a nuevas ampliaciones de capital para cumplir con los requerimientos de capital regulatorio y económico. Partiendo de este punto los activos entran a un sobreprecio que va a impedir el vaciado del mercado necesario para empezar a reactivar la economía.

Junto con este sobreprecio, la Sareb no tiene estructura real ni capacidad de montarla desde cero, ni probablemente voluntad política para tenerla, por lo que tendrá que subcontratar todos los servicios de gestión de los activos, lo que supone un sobrecoste a unos activos ya sobrevalorados, lo que dificulta aún más el vaciado del mercado. Con todo esto, lo único que va a conseguir la estructura definida hasta ahora es alargar más el horizonte de salida de la recesión económica y que finalmente sea el dinero público, que irá cumpliendo su calendario de pagos, el que realice el rescate del sector financiero en España.

Transformando la deuda privada en pública

Al final todo es más sencillo de lo que parece. La deuda privada de este país, 4,3 billones de euros, no se puede pagar, y quien la concedió en su mayoría, nuestro sistema bancario, es insolvente. Y el hecho de que el Gobierno central, actual y anterior, se haya mostrado dispuesto a avalar y garantizar gran parte, por no decir la totalidad, de la deuda privada de los bancos ha supuesto que el mercado, es decir, los acreedores de la deuda española, hayan enfocado su presión sobre las finanzas públicas, para que estén más saneadas que nunca, por si finalmente el Estado tiene que salir al rescate de impagos de la banca privada española. Al avalar deuda privada; implementar restricciones fiscales y promover bajadas salariales que hundirán por muchos años el crecimiento económico; España se encamina a una quiebra de deuda soberana.

El Gobierno de Rajoy acaba de recibir de Europa parte del dinero comprometido para el rescate de nuestro sistema financiero. Sin embargo, su diseño supone, desde nuestro análisis, una socialización en toda regla de las multimillonarias pérdidas privadas provocadas por una élite financiera y política que, aún hoy, sin ningún tipo de rubor, sigue exigiendo sangre, sudor y lágrimas al resto de los ciudadanos. Dicho rescate, además, no valdrá para nada. Como detallamos en un blog previo, la cuantía necesaria, siguiendo el diseño implantado por las élites, rondará finalmente los

300.000 millones de euros frente a los 100.000 millones que ya ha sorbido nuestra banca patria entre FROBs, avales, y aportaciones del fondo de rescate. Ahora ya solo nos queda el rescate total. ¡Porca miseria!

Las grandes empresas españolas han vivido por encima de sus posibilidades

Iturria: auditoriaciudadana.net Saque de Esquina, Eduardo Garzón

Desde los altos círculos de poder, y especialmente a través de los medios de comunicación, se intenta expandir sutilmente la idea de que todos hemos tenido responsabilidad en la gestación y desarrollo de la crisis económica española cuyos efectos impiden hoy día que la actividad económica se recupere. Se nos dice que “todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, con la intención de generar un sentimiento de culpabilidad que nos predisponga a aceptar los sacrificios que se nos imponen. Según esta visión, puesto que todos hemos cometido excesos, todos debemos pagar ahora un precio por ello. Este mensaje ha tenido un notable éxito en la sociedad española, teniendo como resultado que muchas personas acepten sin rechistar el recorte de derechos sociales y laborales, limitando así el grosor poblacional que se rebela y protesta frente a este tipo de medidas.

El triunfo de este mensaje contrasta con el respaldo argumentativo que le subyace. Y no es para menos: la evidencia empírica y los datos estadísticos no apoyan en absoluto el contenido de esta idea; sino que precisamente lo contradicen. Un simple vistazo a ciertos indicadores económicos de nuestra economía nos revelará una realidad muy diferente a la que nos intentan reflejar: no todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino que son las grandes empresas y los hogares más ricos los sectores que lo han hecho. Demostrarlo es bastante sencillo y es lo que se abordará en este post y en el siguiente.

Uno de los mayores problemas de la economía española es su sobreendeudamiento, ya que impide que los agentes endeudados puedan contribuir positivamente a la recuperación de la actividad económica (cualquier ingreso que reciban será destinado principalmente a reducir su deuda y no a invertir o consumir, y así será hasta que deje de suponer una carga importante). Según losúltimos datos del Banco de España, la cantidad de deuda total de la economía española (la suma de valores distintos de acciones y el saldo vivo de préstamos) alcanzaba a finales de 2011 los 4,3 billones de euros (un 402% del PIB). De esta cantidad total, la deuda de las administraciones públicas suponía el 77% del PIB, mientras que el resto (325% del PIB) correspondía a la deuda privada (de familias y empresas). Esto significa que del total de la deuda española, sólo el 19,1% es deuda atribuida a las arcas públicas y el 80,9% es deuda contraída por las familias y las empresas.

Aquí ya tenemos un dato curioso: la mayor parte del problema del sobreendeudamiento español corresponde al sector privado, y no al público. Esto contrasta con la idea que se transmite a través los grandes medios de comunicación donde los debates se centran en torno a la deuda alcanzada por las administraciones públicas, y nunca (o muy pocas veces) en la privada. La deuda pública en teoría puede relacionarse con un exceso de todos los ciudadanos, ya que se puede entender que el Estado se endeuda para mejorar las condiciones de vida de la población. No obstante, no podemos olvidar un factor muy importante: la deuda pública se ha mantenido constante a lo largo de mucho tiempo e incluso comenzó a descender a partir de 2004. Su aumento a partir de 2007 se debe a los rescates bancarios, y a la pérdida de recaudación derivada de la recesión económica. El endeudamiento público, además de presentar un porcentaje pequeño sobre el total de la deuda, no aumentó durante el boom inmobiliario. Por todo ello, no tiene sentido atribuirle a las administraciones públicas responsabilidad alguna en este reciente sobreendeudamiento de la economía española.

Dejemos a un lado, entonces, la deuda pública y centrémonos en la privada (formada por la deuda de los hogares y la de las empresas). La deuda de las familias representaba el 83% del PIB, mientras que la deuda empresarial alcanzaba el 243% del PIB. Esto supone que, una vez considerada en solitario la deuda privada, solo el 25,5% pertenece a los hogares, mientras que el restante 74,5% es de las empresas.

Esto quiere decir que la mayor parte del problema de la deuda privada es atribuible a las empresas españolas. Las empresas se han endeudado en cantidades muy superiores a las realizadas por las familias españolas.

El análisis de la deuda de las familias –que nos revelará que dentro de este sobreendeudamiento han destacado las familias más ricas– será llevado a cabo en el siguiente post. Ahora nos centraremos en la deuda empresarial.

Si estudiamos el endeudamiento de las empresas atendiendo al tamaño de las mismas descubriremos un dato muy llamativo: el 95% de toda la deuda empresarial española corresponde a las grandes empresas (más de 250 empleados).

Es decir, casi la totalidad de la deuda contraída por las empresas españolas es atribuible exclusivamente a las grandes empresas. Las empresas no financieras invirtieron masivamente (y utilizando especialmente técnicas de apalancamiento –esto es, recurriendo a endeudarse) alrededor de dos conceptos: la vivienda y la diversificación internacional. Las empresas financieras asumieron enormes riesgos también a través de operaciones que eran mucho más rentables cuánto más recurrieran al endeudamiento. Es obvio que este tipo de actividades están más fácilmente al alcance de las grandes empresas, que cuentan con más y mayores recursos y medios que empresas más pequeñas. Para un mayor análisis de las inversiones de las grandes empresas leer este artículo de Juan Laborda: “Sí, en España la élites vivieron por encima de sus posibilidades”.

Ahora bien, si queremos saber cuántas grandes empresas existen en España puede que nos llevemos otra sorpresa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solamente 4997 empresas de las 3.250.576 empresas que hay tienen más de 200 empleados (INE no clasifica por 250 empleados, como hace el Banco de España). Es decir, solo el 0,153% de todas las empresas españolas tiene más de 200 empleados. Deducimos por lo tanto que el 95% de toda la deuda empresarial española pertenece a menos del 0,153% de las empresas españolas. Son solo unas poquísimas empresas las que se han excedido e hinchado el sobreendeudamiento empresarial español.

La constatación de esta concentración de las deudas en tan pocas grandes empresas es totalmente contraria al mensaje extendido de que “todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Una vez recurrido a los indicadores económicos oficiales no queda más remedio que dar por falsa esta idea. Los datos demuestran que una parte muy importante del problemático sobreendeudamiento de la economía española es atribuible únicamente a las grandes empresas españolas. Por lo tanto, podemos y debemos decir valientemente y sin miedo que han sido principalmente las grandes empresas las que se han endeudado en cantidades astronómicas y las que han vivido por encima de sus posibilidades.