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septiembre 24, 2013

Qué pasó en Chile y sus semejanzas con España

Iturria: Vicenç Navarro – vnavarro.org – 2013/09/24

Este año y este mes se recuerda el aniversario (cuarenta años) del golpe militar liderado por el General Pinochet en contra de un gobierno democráticamente elegido, el gobierno de Unidad Popular, presidido por el Presidente Salvador Allende. Este golpe militar inició una dictadura enormemente represiva que, además de deshacer las reformas populares realizadas por el gobierno depuesto, inauguró un nuevo régimen económico-político caracterizado por un neoliberalismo guiado por el pensamiento económico identificado con la Escuela de Chicago, que dirigió las contrarreformas económico-sociales de aquella dictadura.

Tuve el enorme privilegio de asesorar al gobierno de Unidad Popular, y fue así como pude conocer y seguir de cerca los cambios sustanciales que dicho gobierno realizó a través de políticas públicas que fueron populares entre grandes sectores de la ciudadanía que resultaron beneficiados por tales reformas. Resultado de ello, el apoyo electoral al gobierno subió, lo cual alarmó a las fuerzas conservadoras y liberales, que vieron mermados sus intereses con aquellas medidas, y que recurrieron a amplios sectores de sus fuerzas armadas, presionándolas para realizar el golpe militar, el cual fue facilitado y apoyado por la Administración Nixon en EEUU, temerosa de que el experimento de la Unidad Popular (comprometido en alcanzar el socialismo a través de la vía democrática) fuera exitoso y se expandiera por toda América Latina. Tal como indicó el Presidente Nixon, “el mayor peligro que tenemos es que el gobierno de Allende pueda consolidarse y sea exitoso. Tenemos que evitar por todos los medios que otros países de América Latina se sientan atraídos por la experiencia del gobierno de Allende”. El establishment económico y financiero estadounidense se alió con el establishment chileno (en una alianza de clases a nivel internacional) en ayuda de sus intereses de clase en contra de los intereses de las clases populares de ambos países, y muy en particular en aquel momento, en contra de las clases populares chilenas. (Ver Navarro, V., “Chile through the mirror of events in the health sector”, Social Praxis, 2T 1-2 pp 25-66, 1974).

Es importante subrayar que no fue EEUU el que impuso Pinochet a Chile, como constantemente se indica. Yo pude ver con mis propios ojos que los que llevaron a cabo el golpe militar fueron la burguesía chilena, la oligarquía chilena, las clases medias de renta alta chilenas, la Iglesia chilena, la banca chilena, y la mayoría de las fuerzas armadas chilenas, apoyadas, no por EEUU (EEUU no era entonces ni es ahora un país de 300 millones de imperialistas), sino por el gobierno federal presidido por el republicano del Presidente Nixon (que no podía ir a barrios obreros en EEUU por su enorme impopularidad, consecuencia de la enorme represión del gobierno federal en contra de los mineros en la cuenca minera de los Apalaches  -la Asturias de EEUU-, que habían amenazado con paralizar el este de EEUU mediante una huelga general en los sectores energéticos basados en el carbón).

Las reformas de la Unidad Popular (UP)

Donde las reformas fueron más acentuadas fue en las áreas sociales, y muy en particular en el área sanitaria. Yo estaba de Profesor Visitante en la Escuela de Salud Pública de Chile, junto con mi amigo Hugo Behm, decano de dicha Escuela, y nuestro común amigo Gustavo Molina, muy próximo al Presidente Allende. Lo que intentó el gobierno UP fue potenciar el sector público, tal como el Servicio Nacional de Salud, a costa del sector privado, al cual se le permitió su existencia (continuando atendiendo a las clases más pudientes), pero sin permitirle (como todavía ocurre en España) que parasitara al sector público (utilizando el sector público sin retribución de los costes de dicha utilización) e incentivando la dedicación a pleno empleo de los profesionales sanitarios en el sector público (lo cual creó una enorme resistencia de los Colegios de Médicos, controlados por la medicina privada). En farmacia, el gobierno prohibió que se distribuyeran en las farmacias chilenas productos que no hubieran sido autorizados por las agencias de control de calidad (de fármacos) existentes en Chile y en otros países (incluido en EEUU). El “dumping farmacológico” (venta de productos, desechados en los países ricos, a países en vías de desarrollo) es un fenómeno generalizado todavía hoy. Tales medidas originaron una enorme resistencia de la industria farmacéutica (que, según documentó el Congreso de EEUU, fue la que financió el golpe militar).

Como en España, el golpe militar era la respuesta defensiva de las clases pudientes frente a las demandas de las clases populares. Y como también ocurrió en España, aquel golpe era reflejo del dominio de una clase profundamente reaccionaria, carente de cualquier sensibilidad democrática, frente a la expansión de los derechos civiles y laborales de las clases populares, conseguida por medios democráticos. Las semejanzas de lo que ocurrió en Chile con lo que ocurrió en España en 1936 eran enormes.

Cuando el golpe militar tuvo lugar, se produjo una enorme represión. Mi amigo Hugo Behm estuvo detenido en un campo de concentración. Estando en este campo, y a propuesta mía, la Asociación Norteamericana de Salud Pública, The American Public Health Association, que reunía a 100.000 profesionales salubristas (expertos en políticas públicas encaminadas a mejorar el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos) de Norteamérica, le nombró Presidente Honorario de su Asociación. Este espléndido caso de solidaridad fue fruto de una alianza internacional de los que luchaban por conseguir una mejor salud y bienestar social para sus pueblos. En realidad, la dictadura fue particularmente represiva entre los grupos profesionales, contra estos salubristas que, en su gran mayoría, habían apoyado las reformas sanitarias del Presidente Allende y su gobierno. En España, por cierto, la represión del golpe militar fue, entre los profesionales, contra los maestros (como mis padres) que habían apoyado y llevado a cabo las reformas educativas de la República española.

Durante la dictadura chilena la sanidad y la educación públicas fueron privatizadas, habiéndose deteriorado de una manera muy marcada la calidad de ambas. En realidad, el deterioro de la educación (y su carestía) fueron la chispa que motivó a los estudiantes a salir a la calle en 2011, iniciando un movimiento de protesta que, al añadirse grandes sectores de la clase trabajadora, como los mineros, se convirtió en un amplio movimiento de rebeldía frente a las políticas impuestas por la dictadura y mantenidas durante el periodo de democracia vigilada. Su extensión fue tal (se calcula que un tercio de la población adulta participó en esas movilizaciones, según el articulo de Roland Benedikter y Katja Siepmann “Chile: the Switzerland of the South?” en Challenge, Sept/Oct 2013, vol. 56, issue 5, pp 5-30, del cual extraigo la mayoría de los datos utilizados en este artículo) que amenazó a las estructuras de poder financiero y económico chilenas. Tales protestas eran ya la expresión de un gran enfado de las clases populares frente a aquel modelo económico-social impuesto por la dictadura y mantenido en el periodo democrático, consecuencia de una transición que (como la española) dejó el poder económico y financiero inalterado.

El modelo neoliberal de la Escuela de Chicago

Durante muchos años, el modelo chileno neoliberal generado por la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, que asesoró a la dictadura chilena, se ha presentado como un gran éxito. El portavoz más ultraderechista del capital financiero estadounidense (el Wall Street Journal) ha sido uno de sus máximos promotores, habiendo indicado últimamente en un editorial que lo que necesita Egipto es una dictadura como la del General Pinochet. Los datos que constantemente se utilizan a favor de este supuesto éxito del modelo Chicago son: un crecimiento elevado de su PIB (un 6% por año), un bajo desempleo (un 7%), y un elevado grado de inversión, tanto extranjera como doméstica. En reconocimiento de tal “éxito”, Chile fue el primer país de Latinoamérica aceptado en la OCDE (el club de los países más ricos del mundo).

Lo que no se dice en esta promoción del modelo chileno es que los salarios están entre los más bajos (en relación a su PIB per cápita) de la OCDE, habiendo sido ello causa (como en España) de un enorme crecimiento del endeudamiento de las familias. En 2012, la tasa de endeudamiento de las familias era de un 59% de toda la renta recibida, con unos de los intereses más elevados en el dinero recibido prestado. Según una encuesta realizada en 2012 por el Market Rescue Institute de la Universidad Católica de Chile, solo un 36% de chilenos creía que podrían comprarse una casa, debido a la dificultad de conseguir crédito a un interés razonable y que pudieran pagarlo (citado en el artículo de Benedikter y Siepmann).

Este enorme endeudamiento explica (como también lo explica en España) el enorme crecimiento del sector financiero en Chile. Dicho crecimiento ha sido nada menos que cincuenta veces superior al crecimiento de la economía real (la economía que produce bienes y servicios). Hoy el centro de poder (lo mismo que en España) es el capital financiero, que también controla la financiación y gestión del limitado Estado del Bienestar chileno (que incluye desde las pensiones a los servicios sanitarios y educativos, todos ellos privatizados).

La privatización masiva de la gran mayoría de actividades económicas y sociales (punto central en el modelo chileno neoliberal) que se hizo, en teoría, para ofrecer mayor elección de bienes y servicios a los ciudadanos, ha facilitado previsiblemente la creación de monopolios que han encarecido el precio de muchos de los bienes y servicios proveídos por el sector privado. Y ello tanto en el sector privado como en el público. Así, una de las industrias más importantes de Chile es la de producción de papel, resultado de la gran extensión de bosques existentes en el país. Pues bien, a pesar de la gran abundancia de la materia prima –madera-, el coste del papel en Chile es mayor que en otros países de América Latina que no tienen la riqueza de este recurso. Y ello es resultado del gran monopolio que existe en dicha actividad económica.

Resultado de este enorme crecimiento del capital financiero y de la monopolización del capital productivo, hemos visto un enorme crecimiento de las rentas superiores procedentes del capital, a costa de un enorme descenso de las rentas del trabajo (tal como ha ocurrido también en España), siendo Chile (como España) uno de los países con mayores desigualdades de renta de la OCDE.

La predecible rebelión de las clases populares frente al  modelo neoliberal

Las movilizaciones populares han sido una protesta frente a este modelo. Como bien indicaba un eslogan del movimiento, “Mucho crecimiento: pero no Desarrollo”, indicando que el problema clave en la economía chilena no es el crecimiento de la riqueza sino la distribución de los recursos creados por tal crecimiento, así como el tipo de crecimiento. Es obvio que dicho crecimiento ha favorecido (como en España) a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. Y otro eslogan de las manifestaciones, “No al lucro”, expresa también una protesta hacia el tipo de crecimiento y a la motivación (el afán de lucro) que lo guía y dirige.

Naturalmente que el gobierno democráticamente elegido, depuesto por el golpe en Chile, era diferente al existente en España; que la dictadura establecida por el golpe en Chile fue distinta a la existente en España; y que el periodo llamado democrático que lo siguió en Chile fue distinto al que ha ocurrido en España. Pero, aceptando las diferencias, el hecho es que hay también muchas similitudes en cada uno de los periodos históricos citados (de ahí una aclaración constante a lo largo del artículo subrayando que “lo mismo ocurre en España”).

Y han sido estas similitudes las que explican la escasa visibilidad mediática en España del 40 aniversario de aquel golpe militar en Chile. Excepto pequeños actos aquí y allá, no ha habido ceremonias oficiales, y ello resultado de que los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos españoles (que tienen una conciencia de clase muy desarrollada) no quieran ni oír hablar de aquellas semejanzas, pues la denuncia de lo que pasó en Chile es también una denuncia de lo que ha pasado en España, denuncia que el establishment no quiere que ocurra, pues sería una denuncia de ese establishment también, tanto de sus orígenes como de su comportamiento. Así de claro.

Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

junio 9, 2013

Entrevista Vicenç Navarro y Juan Torres: “Lo que debes saber para que no te roben la pensión”

Iturria: rtve.es – 2013/06/06

PENSIONES DE JUBILACIÓN. La crisis económica, el paro, las prejubilaciones y el aumento de la esperanza de vida hacen que nos planteemos si habrá pensión de jubilación para todos. Sobre el tema, Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, y Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, han escrito “Lo que debes saber para que no te roben la pensión”, un texto que trata de poner las cosas en su sitio de la forma más clara posible.

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junio 8, 2013

La falsedad de atribuir el elevado desempleo a las supuestas rigideces del mercado de trabajo

Iturria: publico.es – 2013/06/06

Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

Una de las consecuencias del enorme dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron sobre el proceso de transición de la dictadura a la democracia (mal definido por los establishments políticos y mediáticos españoles como modélico) es, además de las enormes deficiencias y limitaciones de la democracia española y las grandes insuficiencias del Estado del Bienestar español (todavía hoy uno de los que tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15), el asfixiante monopolio que las ideologías y posturas conservadoras, favorables al mundo financiero y a las grandes empresas, tienen de los medios de información de mayor difusión del país. Tal monopolio explica la reproducción de posturas claramente ideológicas que se presentan como científicas.

Un ejemplo de ello es el atribuir el elevado desempleo en España a la excesiva fuerza de los sindicatos que se han pasado de rosca en la protección de los trabajadores fijos (los que se llama los “insiders”) y ello a costa de dificultar el acceso a los puestos de trabajo por parte de los que están desempleados (conocidos como los “outsiders”), que son los jóvenes y las mujeres. Se intenta así crear una división dentro de la clase trabajadora, de manera que el supuestamente excesivo apego de los fijos a su puesto de trabajo dificulta que los mas jóvenes y las mujeres puedan tener más trabajo. La política pública que se deriva de esta interpretación de la causa del desempleo es que los primeros dejen de tener protección y dejen de tener contratos fijos. Se argumenta así que si los empresarios pueden despedir fácilmente a los trabajadores, los mismos empresarios tendrán menos reservas en contratar a los desempleados. Su paradójica conclusión es que facilitar la destrucción de empleo estimula la creación de empleo.

Esta postura de que el elevado desempleo es debido a la excesiva protección de los “insiders” ha alcanzado en España la categoría de dogma. Y se reproduce incluso en círculos progresistas y de izquierda. Tal como he indicado al principio del artículo, la falta de diversidad ideológica de los mayores medios de información del país explica que estos argumentos ideológicos se presenten como “verdades” basadas en el conocimiento científico económico, a pesar de que este conocimiento muestra y documenta precisamente la falta de sostenibilidad empírica de los supuestos de dicho dogma. Veamos los datos.

Que la existencia de protección social del trabajador (lo que los neoliberales llaman “rigideces” en el mercado laboral) no es la causa del desempleo en España lo demuestra el hecho de que en Europa sean precisamente los países con mayor protección social los que tengan menor desempleo. Es precisamente en los países escandinavos, de mayor cultura y tradición socialdemócrata y donde los sindicatos han sido más fuertes, donde precisamente hay menores tasas de desempleo y mayores tasas de ocupación. El desempleo en Suecia (8%), Noruega (3,2%), Dinamarca (7,5%), Finlandia (7,7%) e Islandia (6%) es menor que el promedio de la UE (UE-27 10,5%; UE-15 10,6%). Y en Alemania, el modelo que, por regla general, se presenta como ejemplo de las “reformas laborales que deberían hacerse” (pensando en las reformas realizadas por el canciller Schröder y continuadas más tarde por la Sra. Merkel), el bajo desempleo se debe precisamente a la fuerza de los sindicatos que codirigen las empresas (una situación impensable en España) y que han forzado el reparto del tiempo de trabajo en lugar del despido. (Ver el artículo “El gobierno alemán no hace lo que predica”, Sistema, 10.05.13, donde hablo de la reforma alemana).

EEUU ha tenido mayor desempleo que la UE

Otro caso que muestra la escasísima credibilidad de las tesis insiders-outsiders es comparar la evolución del desempleo en EEUU con la de la Unión Europea. Se repite constantemente que el hecho de que EEUU tenga un desempleo menor que el promedio de la UE se debe a la mayor flexibilidad laboral del mercado de trabajo en EEUU (es decir, a la mayor facilidad de despedir al trabajador que tiene el empresario estadounidense) en comparación con la UE. Si así fuera, ¿por qué, entonces, el desempleo en EEUU fue mayor que el promedio de la UE durante la mayoría del periodo post II Guerra Mundial, cuando el mercado de trabajo de EEUU era ya más flexible que el de los países que más tarde formarían parte de la UE-15? En realidad, el desempleo en la UE comenzó a ser mayor que en EEUU a partir de los preparativos del establecimiento del euro, cuando las instituciones que gobiernan al euro dieron prioridad al objetivo de controlar la inflación sobre la creación de empleo.

La mayor causa del desempleo no se encuentra en el mercado de trabajo: se halla en las políticas macroeconómicas realizadas por el establishment europeo (incluido el español)

Y ahí está el punto clave, raramente visible en los medios que quieren culpabilizar a los sindicatos del elevado desempleo. El mayor desempleo en la UE se debe, en gran parte, al sistema de gobernanza del euro, muy distinto al sistema de gobernanza del dólar, y que refleja el dominio del capital financiero sobre la vida económica del continente europeo, un dominio casi absoluto y asfixiante, sin igual en otras partes del mundo. En realidad, la manera cómo se estableció el euro (ver mi artículo sobre este tema “Causas y consecuencias del euro”, Público, 26.07.12) fue el triunfo de la ideología neoliberal, debilitando a los Estados, forzándoles a desmantelar el modelo social europeo, que daba protección social al trabajador. Basta con ver los documentos y las declaraciones del Banco Central Europeo (BCE), de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional o del Banco de España para ver claramente las propuestas que estas instituciones financieras están haciendo para resolver el elevado desempleo en España, que consisten en intentar, por todos los medios, debilitar al mundo del trabajo llegando incluso a niveles de gran insensibilidad humana y social. Es ofensivo que estas instituciones, cuyos funcionarios están entre los mejor pagados en el mercado laboral y con una enorme estabilidad laboral, estén imponiendo recortes a personas en paro con muy pocos medios -incluso en su seguro de desempleo- con la ayuda de académicos que también gozan de los mismos privilegios, una situación que muestra el grado de agresividad y hostilidad de clase que estos establishments están practicando en contra de las clases populares.

En España, sin embargo, el elevadísimo desempleo tiene muy poco que ver con la situación en el mercado de trabajo, como lo muestra que todas las reformas encaminadas a “flexibilizar” tal mercado hayan aumentado en lugar de disminuir el desempleo, con grandes descensos de los salarios. La evidencia de que el elevado desempleo se debe a otras razones, casi nunca visibles en los medios, es abrumadora. El hecho de que EEUU tenga un desempleo menor que los países de la eurozona se debe a que en EEUU existe un gobierno federal con un Banco Central Estadounidense (el Federal Reserve Board, FRB) que tiene como objetivo tanto estimular el crecimiento económico y la creación de empleo como controlar la inflación. El comportamiento de la institución liderada por el Sr. Bernanke (FRB) es casi opuesto al seguido por el BCE, liderado por el Sr. Draghi y antes por el Sr. Trichet.

La gran pobreza de la infraestructura social y física de España

Otra causa es la enorme pobreza de la infraestructura social y física de España, resultado, a su vez, de la enorme pobreza de recursos del Estado (sea este central, autonómico o municipal). Y los datos hablan por sí solos. España es uno de los países que tiene los menores ingresos al Estado, menor empleo público y menor desarrollo de los servicios públicos del Estado del Bienestar. Todo ello es resultado de una enorme regresividad fiscal, situación que comparte con los otros países PIGS (Grecia, Portugal e Irlanda) que están en mayores crisis (ver mi artículo sobre la crisis de los países periféricos “Por qué no se está resolviendo la crisis actual en España y qué debería hacerse para salir de ella”, Sistema, 29.07.11).

Estas grandes insuficiencias han sido ocultadas debido a las burbujas, consecuencia de comportamientos especulativos que caracterizan el desarrollo económico del país (resultado, a su vez, de la enorme concentración de las rentas y del carácter especulativo de las instituciones financieras españolas, apoyadas por las europeas, y muy en especial alemanas, donde se depositan las rentas derivadas primordialmente del capital).

Una última observación. El lector debería ser consciente (y actuar frente a ello) de la escasísima pluralidad de los medios. Ninguno de los cinco rotativos más importantes del país (o canales de televisión) publicaría este artículo. En realidad, los artículos semejantes han sido rechazados. Admito que esto podría deberse a las insuficiencias del artículo o de su autor, pero, francamente, no creo que este sea el caso. A riesgo de parecer inmodesto, el hecho de que el autor sea uno de los científicos españoles más citados hoy en la literatura científica internacional muestra que su escasa aparición mediática no se debe a las posibles insuficiencias del autor. La única y exclusiva causa es que presenta datos que cuestionan la asfixiante sabiduría convencional que está arruinando el país.

Ante este hecho, el lector no puede permanecer pasivo. Le ruego que distribuya ampliamente este artículo y otros semejantes (ver mi blog www.vnavarro.org y el blog “ganas de escribir” de Juan Torres) y que lo envíe como protesta a los diarios y canales de televisión, así como a los tertulianos que constantemente propagan las tesis de que el desempleo lo crean los propios trabajadores, al aferrarse a su puesto de trabajo. Ante esta falsedad, cualquier persona con sensibilidad democrática debería, no solo indignarse, sino rebelarse y movilizarse para denunciar el ataque al bienestar de nuestra población. No hacer nada y estar en silencio es hacerse cómplice de tal canallada. Y lo que está ocurriendo no puede definirse de otra manera.

marzo 8, 2013

El problema no es la falta de recursos, sino el control de tales recursos

Iturria: Vicenç Navarro – 2013/03/07

Thomas Malthus era un economista que creía que el número de recursos existentes en el planeta era limitado, fijo y constante. De ahí que creyera que el crecimiento de la población llegaría a un nivel en que no habría recursos para alimentar y sostener tanta gente, creándose un desastre.

La evidencia histórica muestra claramente que tal supuesto era y continúa siendo erróneo. Como bien mostró Barry Commoner, el fundador del movimiento ecológico progresista (ver mi artículo “Lo que los medios españoles no dijeron sobre el fundador del movimiento ecologista mundial”. El Plural. 15.10.12), tal argumentación subestima la capacidad de la humanidad de redefinir lo que se llaman recursos. La producción de alimentos es un ejemplo claro de ello. Hoy los Estados de los países de alto nivel de desarrollo económico pagan a los agricultores para que produzcan menos, pues hay una súper abundancia de alimentos a nivel mundial. El problema no es de producción, sino de distribución de tales alimentos.

Pero la abundante evidencia científica que existe en contra de las tesis maltusianas no parece frenar su promoción, que constantemente se reproduce, incluso en el movimiento ecológico conservador, que considera que el crecimiento económico en sí es negativo, pues está consumiendo los recursos que continúan percibiéndose como limitados, ignorando, de nuevo, la capacidad de la humanidad de redefinir las categorías “recurso” y “crecimiento económico”.
Una economía puede crecer a base de inversiones militares, por ejemplo, o puede crecer a base de proveer servicios a las personas discapacitadas. Y hay una enorme necesidad de que crezcan aquellos sectores que tienen como objetivo atender a las necesidades humanas. La evidencia científica muestra claramente que el problema no es el crecimiento económico (que supuestamente absorbe gran cantidad de recursos), sino el tipo de crecimiento. El crecimiento económico puede destruir o puede crear recursos, dependiendo del contexto político y económico que configura tal crecimiento.

Pero el maltusianismo no para, y continúa machacando, pues sirve intereses, independientemente de la motivación de aquéllos que –con muy buenas intenciones- lo reproducen. La nueva versión ahora es la opuesta a la malthusiana que, a pesar de su oposición a la tesis original de centrar el problema en la falta de recursos, ahora se traslada al polo opuesto, es decir, centrar el problema en la escasez de población. Me explico. El descenso de la fertilidad, un fenómeno que se está generalizando –especialmente en el mundo occidental-, resultado, en parte, del aumento del nivel de vida (y descenso de la mortalidad infantil) a nivel mundial, está presentándose como un fenómeno alarmante, pues se nos dice ahora que el envejecimiento de la población lleva a un desastre, sin aclarar mucho por qué es un desastre. A lo máximo que se llega en esta predicción catastrófica es a que la Seguridad Social no podrá sostenerse. Habrá demasiados pensionistas por cotizante, y esto nos llevará a una situación insostenible, a no ser que se reduzcan dramáticamente las pensiones o se privaticen (argumento que es claramente promovido por los intereses financieros que quieren meterle mano a las pensiones públicas, el caudal de dinero más importante en nuestros países).

Como he mostrado en varios trabajos (y expandido en un libro de pronta publicación escrito con Juan Torres, y titulado Lo que debes saber para que no te roben la pensión), tal argumento ignora muchos hechos que niegan las tesis catastrofistas. Y una de ellas es el crecimiento de la productividad que explica que, en aquellos sistemas públicos de pensiones financiados a través de cotizaciones sociales, lo que un trabajador producirá irá en aumento, creándose mayor riqueza, y con ello mayores recursos para financiar la Seguridad Social. Dean Baker, uno de los economistas estadounidenses más conocedores de los sistemas de pensiones, indica que en caso de que la productividad creciera en EEUU un 1,5% por año (una estimación muy conservadora), la productividad del trabajador sería en 2035 un 40% superior a la actual (“The Story of Population Growth: Servants and Their Bosses” en The Guardian. 21.02.13), suficiente cantidad para financiar el crecimiento del número de pensionistas. Es interesante ver como los catastrofistas que antes veían venir una catástrofe en China, resultado de su elevado crecimiento demográfico (que consideraban desmesurado), ahora se alarman de que, al revés, la tasa de fertilidad ha bajado tanto en China que tendrán un enorme problema con tantos pensionistas, al no haber suficientes jóvenes que los mantengan.

El problema de China (y de España) no es que hayan demasiados ancianos o pocos jóvenes. El problema es que no hay suficientes puestos de trabajo, y que los que trabajan tienen pocos ingresos, debido a los bajos salarios. Ahora bien, lo que les preocupa a muchos de estos catastrofistas no es que haya demasiados ancianos, sino que la disminución de gente joven crea una escasez de trabajadores que condicione y determine la necesidad de aumentar los salarios. Ahí está su preocupación. Durante todos estos años de aplicación de las políticas neoliberales hemos visto un descenso a nivel mundial de las rentas del trabajo, y ello a pesar de un continuado aumento de la productividad laboral, que ha ido aumentando la riqueza económica de los países, sin que los trabajadores, sin embargo, se beneficiaran de ello. El aumento de la riqueza se ha concentrado en las rentas muy superiores que derivan sus ingresos de la propiedad del capital. Y ahí está el problema. La lucha de clases ganada en bases diarias a nivel mundial por el capital es la que está creando el problema de la sostenibilidad de las pensiones. No es ni la transición demográfica ni la falta de recursos. Es la enorme concentración de la riqueza, derivada de una súper explotación del mundo del trabajo, la que está creando la enorme crisis de los Estados del Bienestar, incluyendo la Seguridad Social. Si los salarios fueran mas altos, si la carga impositiva fuera más progresiva, si los recursos públicos fueran más extensos y si el capital estuviera en manos más públicas (de tipo cooperativo) en lugar de privadas con afán de lucro, tales crisis social y ecológica (y económica y financiera) no existirían. Así de claro.

febrero 28, 2013

Las causas reales de los recortes

Iturria: Vicenç Navarro / Publico.es 2013/02/28

Uno de los argumentos que se dan con mayor insistencia para justificar las políticas públicas de recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, es que los Estados se están gastando mucho más de lo que pueden hacerlo. Desde esta postura se argumenta que los gastos en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en escuelas de infancia y una larga lista de transferencias y políticas públicas del Estado del Bienestar han  alcanzado dimensiones que no son sostenibles para las arcas del Estado, sean éstas del gobierno central o de las Comunidades Autónomas (CCAA). De acuerdo con tal teoría, el gobierno español ha tomado la decisión de recortar nada menos que 39.000 millones de euros en 2013 que van a afectar muy negativamente a los componentes citados del Estado del Bienestar de España y de sus Comunidades Autónomas, incluyendo Catalunya. Los recortes impuestos por el gobierno central a las CCAA -que son las que gestionan la mayoría de los servicios públicos de tal Estado del Bienestar- representan un ataque frontal (y no hay otra manera de describirlo) a estos servicios públicos, que ya están entre los menos financiados de la UE-15, el grupo de países de nivel de desarrollo semejante al español, incluyendo el catalán. El gasto social (predominantemente público) por habitante en España y en Catalunya está entre los más bajos en tal comunidad. La media de la UE-17 (que es la UE-15 más Eslovaquia y Estonia) fue de 8.030 unidades de poder de compra en 2010, mientras que en España fue de 6.284 y en Catalunya de 6.563. Es decir, que tanto España en su conjunto como Catalunya gastan en protección social aproximadamente una quinta parte menos de lo que gastan los países con semejante nivel de desarrollo.

El argumento de que nos hemos estado gastando más de lo que podemos gastarnos carece pues de credibilidad científica. Mientras que el nivel de riqueza de España y Catalunya fue el 91% y el 110% del PIB del promedio de la UE-15 respectivamente, el gasto social por habitante fue sólo del 78% y del 82% del promedio de tal comunidad incluyendo también Estonia y Eslovaquia. Tanto España como Catalunya son lo suficientemente ricas como para gastar muchos más recursos de los que gastan en su Estado del Bienestar. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Los ingresos al Estado y a la Generalitat de Catalunya son más bajos de lo que les correspondería por el nivel de riqueza que tales países tienen. Mírese como se mire, el hecho es que los recortes no pueden justificarse porque nos gastemos demasiado.

La causa de tales recortes hay que buscarla en otro lugar. Y éste es, precisamente, en el enorme poder que las entidades financieras tienen, tanto en Catalunya y en España, como en la Eurozona, donde recae la responsabilidad por tales recortes. Veamos los datos. A la vez que el gobierno español quiere recortar 39.000 millones de euros, el mismo gobierno tiene pensado gastarse 38.589 millones de euros sólo en pagar los intereses de la deuda pública, intereses que han sido artificialmente elevados como resultado del diseño del sistema financiero de la Eurozona. Si el Banco Central Europeo (BCE), y antes el Banco de España, hubieran prestado desde 1989 al Estado español dinero a los mismos intereses a los que el BCE lo ha prestado a la banca privada, la deuda pública española sería hoy un 14% del PIB, en lugar del 90%. El Banco Central Europeo no es un Banco Central sino un enorme lobby de los intereses financieros. De ahí que preste dinero a un 1% a la banca privada y que sea ésta la que con este dinero compre bonos del Estado español a unos intereses del 6% y del 7%. Un negocio redondo y que la población paga a base de recortes y recortes del gasto público, incluyendo el social. Ésta es la razón de que haya tantos recortes. Y todo un tinglado ideológico se ha construido y promovido por los medios de mayor difusión a fin de justificar tal realidad. Así de claro.

Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

febrero 5, 2013

Pensiones y deuda pública

Iturria: Vicenç Navarro / ATTAC – 2013/02/04

Uno de los objetivos más importantes del capital financiero (es decir, de la banca, de los fondos de alto riesgo y de las compañías de seguros, entre otras instituciones) es privatizar la Seguridad Social y, muy en particular, las pensiones públicas. Éstas representan los fondos más importantes en cualquier país, incluyendo en España. Los trabajadores y empresarios cotizantes pagan sus cuotas a la Seguridad Social para financiar, entre otros beneficios, las pensiones. Y, como hay más ingresos al fondo de pensiones que beneficios, se ha ido acumulando un fondo de reserva considerable (alrededor de 65.000 millones de euros). Es mucho dinero y el capital financiero quiere meterle mano. Representa una gran golosina. En contra de lo que se informa a la población en los medios influenciados por el capital financiero (que son la mayoría), hoy el capital financiero tiene mucho dinero y va en busca de más. Éste es su próximo gran proyecto: que esta reserva pase a manos de las instituciones financieras privadas en lugar de las públicas (esto también ocurre, por cierto, con la sanidad pública, de la que hoy tal capital financiero desea la privatización para poder también meterle mano, beneficiándose de ello. La evidencia de que esto es así es abrumadora).

Uno de los argumentos que utiliza el capital financiero a través de sus portavoces o grupos de investigación afines, como FEDEA, es que el crecimiento de las pensiones públicas es una de las mayores causas del crecimiento del déficit y de la deuda pública. Y de ahí la necesidad de que se reduzcan tales pensiones públicas. Este argumento se ha repetido miles de veces en los mayores medios donde la sabiduría convencional se produce y reproduce. Y de tanto repetirse, la gente normal y corriente, que adquiere su información a través de tales medios, acaba creyéndoselo.

Pues bien, tal argumento es una mentira enorme. Y utilizo el término mentira deliberadamente. Mis lectores saben que no me gusta utilizar expresiones en mis escritos que puedan interpretarse por mis adversarios, que son muchos, como insultos. Pero es imposible que los portavoces del capital financiero no sepan que la Seguridad Social es una institución autónoma que no se contabiliza en el presupuesto del Estado. No puede, por lo tanto, contribuir al déficit del Estado. Es más, donde sí están entrelazadas ambas instituciones es en la compra de la deuda pública por parte de la Seguridad Social. Los fondos de reserva de las pensiones públicas son uno de los mayores compradores de deuda pública del Estado español, tal como ha indicado The Wall Street Journal en sus series sobre la deuda pública en España. Y lo que es más preocupante es que el 90% de los fondos de reserva de la Seguridad Social están invertidos en bonos públicos del Estado.

La Seguridad Social está, pues, resolviendo, en lugar de dificultando, el llamado problema de la deuda pública española, deuda pública que, por cierto, ha sido creada artificialmente debido al enorme poder del mismo capital financiero. Si el Banco Central Europeo (BCE) (que no es un Banco Central sino un lobby de la banca) hubiera prestado dinero al Estado español a los mismos intereses que ha prestado a la banca, hoy España no tendría ningún problema de deuda pública. Ha sido el capital financiero el que ha creado el problema de la deuda pública a través de su dominio de las instituciones que gobiernan el euro y muy en particular el BCE. Y ahora que la deuda pública está en peligro, son, de nuevo, los fondos públicos de la Seguridad Social los que la salvan. Esto, que está ocurriendo sin que apenas se conozca, se está haciendo a un elevadísimo coste: el de que no puedan pagarse las pensiones del futuro, lo cual no tendrá nada que ver (repito nada que ver) con la famosa transición demográfica y la supuesta inviabilidad de las pensiones (debido a que no habrá suficientes jóvenes para pagar las pensiones de los ancianos), sino con el elevadísimo riesgo de haber invertido la gran mayoría de los fondos de reserva en la deuda pública que probablemente el Estado no podrá pagar. En realidad, los responsables de los fondos de reserva han actuado bajo presiones del Estado, comprando y comprando deuda pública en dimensiones claramente excesivas, poniendo al propio sistema de pensiones en peligro.

A aquellos que continúan alarmando a la ciudadanía indicando que las pensiones no son viables o que la deuda pública está causada por las pensiones, hay que señalarles que la evidencia científica no apoya ni lo uno ni lo otro. Es más, la deuda pública podría resolverse fácilmente, bien imprimiendo euros por el Banco de España y con ello comprar deuda pública (lo cual es permitido en la normativa del Sistema Europeo de Bancos Centrales) o estableciendo agencias públicas de crédito que pudieran pedir prestado dinero al Banco Central Europeo a los mismos intereses que la banca privada (lo cual es permitido por el artículo 123.1 del Tratado de Lisboa) como bien documenta Juan Torres en su artículo “Hay alternativas, incluso dentro del euro” en la revista Alternativas Económicas. Que no se consideren estas alternativas, se debe al enorme poder del capital financiero. Así de claro.

 Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

enero 30, 2013

Las consecuencias del dominio neoliberal en el gobierno de la Eurozona

Iturria: vnavarro.org – 2013/01/29

Entrevista realizada al Profesor Navarro por la revista Aquí Europa basada en Bruselas

1. ¿Quiénes son los amos de Europa? ¿Los conocemos, o aguardan en la sombra?

El capital financiero –que incluye la banca, los hedge funds, las compañías de seguros y otras instituciones financieras- engloba a los grupos de presión más importantes en la Unión Europea que, a través de las instituciones sobre las cuales tienen gran influencia –tales como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional-, están imponiendo unas políticas de austeridad que están dañando enormemente el bienestar de las clases populares. Su objetivo es desmantelar el Estado del Bienestar y privatizar la Seguridad Social, áreas que esperan poder captar para sus inversiones financieras. A través de los medios de información e instituciones académicas, sobre las cuales también tienen gran influencia, han desarrollado y  promovido la ideología neoliberal que se ha convertido en el dogma de las instituciones que gobiernan el euro. Esta situación no es nueva. Ya en la manera como se diseñó el euro y su gobernanza estaba implícita esta ideología neoliberal que tenía y tiene como objetivo debilitar a los Estados. El BCE  es un ejemplo de ello. El BCE no es un Banco Central, es un lobby de la banca. Si todo el dinero que el BCE ha prestado a la banca lo hubiera prestado a los Estados, hoy no habría el llamado problema de la deuda pública.

2. Grosso modo, ¿cuántos representantes de este contrapoder encabezan las principales instituciones europeas?

Una manera de medir esta influencia es ver cuántos banqueros o profesionales relacionados con las instituciones financieras privadas ocupan lugares prominentes en el gobierno del euro. Su número es muy elevado. Pero este recuento tiene el riesgo de no incluir a aquellos profesionales que, sin ser banqueros, comulgan con la ideología promovida por la banca, es decir, los dirigentes de la Eurozona, que son neoliberales y que son la gran mayoría.

3. ¿Podría darnos algún nombre o alguna pista?

La lista es demasiado larga. Toda la estructura del BCE, liderado por el Sr. Mario Draghi (un banquero), es neoliberal. Compare con el Federal Reserve Board (FRB) en EEUU. Su Presidente ha dicho que un objetivo del FRB es estimular la economía y crear empleo. Draghi está enfatizando que ésta no es una responsabilidad del BCE. El contraste es enorme.

4. En 2002, bastante antes de que estallara la actual crisis económica y financiera, publicó su libro Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta: Sobre lo que no se habla en nuestro país. En este sentido, ¿cuál es la calidad democrática de Europa y, especialmente, de España? ¿Se ha empezado a hablar de los temas que entonces eran tabú?

La democracia en España es muy limitada. Hay múltiples indicadores de ello. Desde la imposibilidad de criticar al Jefe del Estado a la escasísima diversidad ideológica de los medios de mayor difusión, sin olvidar la enorme dificultad para tener referéndums dentro de un sistema electoral que está sesgado deliberadamente para favorecer a las fuerzas conservadoras.

La democracia europea se ha deteriorado marcadamente debido al enorme poder de capital financiero. Hoy un gran número de gobiernos están aplicando políticas de austeridad, que están dañando el bienestar de la población, sin que hayan sido aprobadas por la ciudadanía, pues no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes.

5. ¿Cómo podría revitalizarse la democracia en la UE?

Con un cambio muy profundo, que debería incluir varios elementos, tales como, por ejemplo: 1) un gran protagonismo del Parlamento Europeo, que hoy no tiene apenas influencia en las reformas que se están realizando en la UE y en la Eurozona; 2) una Comisión Europea que cambie su orientación  neoliberal y que rinda cuentas ante el Parlamento Europeo; 3) un Banco Central Europeo que sea un Banco Central, que deje de ser un lobby de la banca y que dependa y rinda cuentas ante el Parlamento Europeo. Y que adopte, como así lo hace el FRB en EEUU, un compromiso de facilitar el alcance del pleno empleo además de controlar la inflación; 4) facilitar el establecimiento de bancas públicas que garanticen la disponibilidad de crédito; 5) europeizar la deuda pública de los Estados, protegiéndolos de la especulación financiera; 6) fijar las condiciones legales para establecer convenios colectivos a nivel de la UE y de la Eurozona; 7) cambiar el Pacto de Estabilidad para flexibilizarlo y hacerlo también Pacto de Crecimiento, lo que no es, a pesar de su título, añadido a posteriori al de Estabilidad; 8 ) facilitar la existencia de referéndums a nivel de la UE; 9) establecer criterios sociales como condición de permanencia. Por ejemplo, exigir que el desempleo no pueda superar un 6%; y 10) garantizar derechos universales, con legislación laboral que asegure la protección social, incluyendo el establecimiento de un salario mínimo europeo.

Éstos son ejemplos de intervenciones tendentes a democratizar las instituciones europeas. Sin esta democratización  no habrá tales cambios. Dicha democratización es necesaria y urgente para cambiar las fuerzas políticas que controlan la troika. Son penosas las declaraciones del Comisario de Economía y Asuntos Monetarios, el Sr. Olli Rehn, todavía hoy insistiendo en las políticas de austeridad. Su dogmatismo neoliberal, impermeable a los datos, está llevando a Europa al desastre. Pero además de dogmáticos, los que gobiernan Europa parecen extraordinariamente ignorantes. Parecen no saber que, aunque el Estado español estuviera en superávit, esto no le impidió caer en la crisis. Es patético. Habrían suspendido en cualquier Master de Economía Política o de Políticas Públicas.

Pero, las alternativas, los partidos que fueron antes gobernantes de centroizquierda, tienen que cambiar también sustancialmente. Puede que el crecimiento de los partidos a su izquierda les fuerce a que cambien. Están todavía estancados en el pensamiento neoliberal que configuró la Tercera Vía. Fueron tales fuerzas las cómplices de la creación de una arquitectura institucional que debilita enormemente a los Estados.

En realidad, la dificultad para que aparezcan alternativas al neoliberalismo explica que cada vez un número mayor de fuerzas políticas –hoy minoritarias- estén pensando en salirse del euro, lo cual no puede excluirse como solución. El peor escenario es que continúe el status quo. No puede condenarse a los países a tener un 26% de paro durante varios años. ¡Esto no se puede tolerar!

6. Instrumentos de participación como la Iniciativa Ciudadana Europea o las consultas públicas ¿ayudan a revitalizar la participación política de los europeos o son un mero maquillaje?

Creo que las alternativas al status quo tienen que salir de la ciudadanía, de los movimientos sociales y de los sindicatos. Estos últimos tienen más poder de lo que ellos mismos creen. Si se movilizaran a nivel europeo podrían tener un impacto que ahora no tienen. En casi cualquier país, los sindicatos son las asociaciones más grandes de personas.

7. ¿Existe una auténtica ciudadanía europea?

Es obvio que no hay una ciudadanía europea. En realidad, las políticas que se están implementando están distanciando a la ciudadanía de los países miembros de la UE del concepto de ciudadanía europea.

8. ¿La democracia directa de los antiguos en la polis griega se puede conjugar con la democracia de los europeos modernos ejercida a escala continental?

El tamaño no tiene por qué dificultar la democracia. EEUU es una democracia y sus enormes limitaciones no se deben a su tamaño, sino al excesivo poder de los grupos financieros y empresariales en el proceso electoral, a la privatización de tal proceso y también al sistema electoral bipartidista que niega la proporcionalidad. Un ejemplo de ello es que, en las últimas elecciones, el Partido Demócrata ganara las elecciones tanto en el Senado como en la Cámara Baja y, sin embargo, el Partido Republicano controle la Cámara Baja. El sistema de referéndums a nivel local y estatal funciona bastante bien.

9. El siglo XX nos ha enseñado que los tiempos de crisis son el caldo de cultivo propicio para que emerjan regímenes totalitarios encumbrados por importantes sectores de la población. ¿Europa corre el riesgo de presenciar el ascenso de un nuevo Hitler? ¿La sociedad europea ya ha aprendido la lección, o podemos volver a tropezar con la misma piedra?

Hoy el desencanto y el enfado con las instituciones europeas son enormes. Las instituciones que gobiernan la Eurozona, lideradas por el pensamiento neoliberal, se han ganado a pulso el gran descrédito del proyecto europeo. El temor no es al nazismo. El temor es a que la situación existente continúe sin que haya cambios. Esto es lo peor. El enfado de la calle con Europa es enorme.

enero 16, 2013

¿Por qué las desigualdades están creciendo?

Iturria: Vicenç Navarro / vnavarro.org – 2013/01/14

Este artículo critica algunas de las teorías que se han dado para explicar el crecimiento de las desigualdades en los países de la OCDE, incluyendo España. El artículo subraya que las causas más importantes de tal crecimiento son más políticas que económicas.

Que las desigualdades en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) han ido creciendo hasta alcanzar niveles no conocidos desde principios del siglo XX es una realidad que ya casi nadie cuestiona. Sólo algunos ultraliberales, que también niegan que haya cambio climático, continúan negando este hecho. Las explicaciones más frecuentes que se dan a este crecimiento de las desigualdades son predominantemente dos. Una es la introducción de nuevas tecnologías que eliminan muchísimos puestos de trabajo en los países más desarrollados económicamente, eliminación que se centra primordialmente en los puestos de trabajo de escasa cualificación. De ahí que, según tal argumento, haya un elevado desempleo en tales países en los sectores de trabajadores poco cualificados. Esto explica el énfasis que muchos gobiernos dan al desarrollo de un modelo educativo encaminado a corregir tal escasa cualificación. La solución propuesta por aquellas opciones políticas que atribuyen las desigualdades al escaso desarrollo de formación cualificada entre la población es mejorar la cualificación a través de la educación.

Tal argumento, sin embargo, explica muy poco el crecimiento de las desigualdades, pues la automatización de los puestos de trabajo de baja cualificación no es un fenómeno nuevo. Antes al contrario, la automatización ha existido desde el principio del trabajo asalariado, habiendo sido una constante en el diseño del trabajo. No parecería ser, pues, que tal automatización pudiera ser una causa mayor de la destrucción de los puestos de trabajo y de la extensión del desempleo. Es más, tal automatización está afectando también a puestos de trabajo de elevada tecnología y cualificación. Hoy, un técnico especialista en lecturas de radiografías, por ejemplo, sustituye en muchos hospitales a radiólogos con doctorados. En realidad, no hay evidencia de que las nuevas tecnologías estén afectando más a los trabajadores con menos cualificaciones que los que tengan más cualificaciones. Es más, según las estadísticas de empleo del gobierno federal de EEUU, los puestos de trabajo que están creciendo más son los primeros, los de baja cualificación, mucho más que los de elevada cualificación. No parece, pues, convincente que los cambios tecnológicos sean una causa de este enorme crecimiento de las desigualdades.

¿La globalización como causa del crecimiento de las desigualdades?

La segunda explicación más común que se da para explicar tal crecimiento es la globalización económica. Constantemente se hace referencia a los puestos de trabajo que se están yendo, por ejemplo, a la China, puestos de trabajo que por regla general son de escasa cualificación. Hay un elemento de verdad en este argumento. Pero sólo un elemento de verdad pues este argumento ignora que esta exportación de puestos de trabajo se centra primordialmente en puestos de trabajo de baja cualificación y ello a pesar de que en los países donde tales puestos de trabajo se instalan, también tienen muchos profesionales de elevada cualificación que harían gustosamente (y con menor salario) los trabajos de alta cualificación que existen en los países donde se exportan primordialmente trabajos no cualificados. El hecho de que sean estos últimos y no los primeros los que se exportan se debe, como bien dice Dean Baker (del Center for Economic and Policy Research de EEUU), que los profesionales de elevada cualificación tienen mucho más poder en los países que exportan puestos de trabajo que los trabajadores no cualificados. Tales profesionales, a través de sus organizaciones profesionales, son capaces de influenciar al Estado para que desarrolle políticas proteccionistas que no permitan tal competitividad con los profesionales extranjeros. Se me dirá, con razón, que tales puestos de trabajo cualificados también se están exportando. Pero está ocurriendo con menor frecuencia que entre los no cualificados.

Este hecho muestra como las causas mayores del crecimiento de las desigualdades tanto dentro de cada país como a nivel mundial son políticas (es decir, relacionadas con las relaciones de poder) más que económicas. En aquellos países donde el mundo del trabajo tiene mayor poder político hay menos desigualdades. Y en aquellos países donde el capital (los grandes grupos financieros y económicos) tiene mayor influencia política, las desigualdades son mayores. Los países escandinavos que, debido a su escaso tamaño han tenido economías altamente globalizadas (es decir integradas en la economía mundial), son países, sin embargo, con menos desigualdades y ello se debe al gran poder que históricamente han tenido las izquierdas en aquellos países, una situación que es opuesta a la de los países del sur de Europa, que históricamente han tenido unas derechas fuertes y unidas y unas izquierdas débiles y desunidas, responsables de que existan grandes desigualdades en estos últimos países.

Las causas mayores del crecimiento de las desigualdades se deben a la enorme influencia política del mundo del capital a costa del mundo del trabajo

Lo cual me lleva al último punto que quiero subrayar. El enorme crecimiento de las desigualdades es un indicador de la enorme influencia del capital financiero y empresarial sobre los aparatos del Estado a costa de la influencia del mundo del trabajo, que ha ido perdiendo su influencia sobre aquellos aparatos. La incorporación y desarrollo de la ideología neoliberal dentro de las políticas públicas de los partidos gobernantes, incluidas las izquierdas mayoritarias, es una consecuencia de este diferencial de influencias que tienen las distintas clases sociales sobre el Estado. En otras palabras, es la victoria del capital sobre el trabajo la que ha llevado a una enorme concentración de las rentas y de la propiedad, transformando la lucha de clases tradicional en otro conflicto que es mucho más amplio que el existente entre la burguesía por un lado y la clase obrera por el otro. A este último conflicto (que continúa existiendo) hay que añadirle el conflicto de una minoría de la población en contra de la gran mayoría. De ahí que la solución a este enorme crecimiento de las desigualdades sea la democratización de los aparatos del Estado convirtiéndolos en una institución al servicio de la mayoría, en lugar de al servicio a la minoría, como está ocurriendo ahora. La evidencia científica que apoya tal explicación del crecimiento de las desigualdades es abrumadora.

Y esta democratización no ocurrirá a no ser que se rompa el lazo que une los equipos dirigentes de los partidos gobernantes con los equipos gestores de las grandes corporaciones e instituciones financieras. Es más que preocupante ver este lazo reproducirse incluso en los partidos de centroizquierda gobernantes, donde vemos exdirigentes de la socialdemocracia en puestos de servicio a algunas de las empresas que se han beneficiado y continúan beneficiándose más de la intervención del Estado. Este hecho debería denunciarse, pues es esta ligazón la que está en la raíz del problema del crecimiento de las desigualdades. Hoy, la pérdida de legitimidad de la democracia se basa precisamente en el excesivo poder que el mundo del capital (y más en especial el capital financiero) tiene sobre el Estado. No podrá desarrollarse la ya escasamente desarrollada democracia en España a no ser que se rompa este lazo del mundo financiero y empresarial con el Estado. Cuando Endesa, por ejemplo, invita a una ex Ministra de Economía del PSOE a integrarse en su equipo de dirección, no lo hace por su conocimiento del sector energético, sino porque es una fuente de conocimiento y contactos en las estructuras del Estado que beneficia a tal empresa, una empresa cuyo servicio a la sociedad es muy cuestionable y poco ético, comportamiento facilitado por una excesiva influencia sobre el Estado. El número de dirigentes del PSOE que hoy ocupan puestos en las grandes empresas del país es enorme. Esta relación entre mundo financiero y mundo empresarial con los partidos conservadores y liberales ha sido la característica que ha definido a tales partidos de derechas. Lo que es preocupante es que esta relación se está produciendo también en los partidos mayoritarios de izquierda. Ahí está el origen del crecimiento de las desigualdades. Éstas son consecuencias de este maridaje de poder económico y político.

Últimas observaciones sobre las desigualdades en España

Existe entre amplios sectores de las izquierdas en España una percepción errónea de que lo que ocurre en España está predominantemente determinado por fuerzas exteriores a España. Esta percepción aparece en la frase constantemente reproducida en forums políticos y mediáticos del país “que los estados están desapareciendo” y/o “es poco lo que pueden hacer hoy en día”.

Tal postura es profundamente errónea y sirve para justificar políticas públicas reaccionarias e impopulares. La congelación de las pensiones (presentada como resultado de las presiones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo) es un ejemplo de ello. El estado podría haber conseguido incluso más dinero revirtiendo la bajada del impuesto de sucesiones que había aprobado en un periodo anterior. Estas políticas de clase se están llevando a cabo por las elites gobernantes en España, en alianza con las elites gobernantes de la Unión Europea con las cuales comparten intereses de clase.

Las enormes desigualdades en España (España es el país que, después de Letonia, tiene mayores desigualdades en la UE) están basadas en la excesiva influencia de la banca y la gran patronal sobre el estado, realidad que es percibida por la ciudadanía correctamente. Según la Encuesta de Tendencias Sociales, los bancos y la CEOE son percibidos como los sectores que tienen más poder en España por la mayoría de la población española. La expresión de su abusivo poder sobre el Estado es la mayor causa de la pérdida de legitimidad de la democracia. Y es esta influenza que ha ya alcanzado unos niveles sin precedentes en el periodo democrático y que explica que, a pesar de que el porcentaje de la población activa ha ido aumentando, las rentas del trabajo como porcentaje de la Rentas Nacional haya disminuido siendo hoy, un porcentaje menor que las rentas del capital, es decir, que los beneficios empresariales, situación que se ha acentuado todavía más en estos años de crisis (desde 2007), en el que el porcentaje de la población con empleo ha disminuido. La crisis ha dañado el nivel de vida de la población trabajadora. Hoy el 20% de la población de mayor renta (burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales) poseen más renta que la gran mayoría de la población (el 60%). Y puesto que este 20% domina la vida política y mediática del país, España continúa y continuará siendo el país con mayores desigualdades de la UE. Así de claro.

diciembre 29, 2012

Los recortes en la sanidad pública, otra vez

Iturria: Vicenç Navarro (vnavarro.org ) – 2012/12/28

Este artículo critica los recortes en el sector sanitario público de España que afectan muy negativamente la universalidad y la calidad de tal sector.

La sanidad pública española es la menos financiada de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea que tienen un desarrollo económico similar al de nuestro país). En 2008 (cuando se inició la crisis), se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. El bajo gasto sanitario en España explica que tenga también un gasto privado elevado, el más alto de la UE-15. De todo el gasto sanitario español en 2008, el 71,6% era público y el 28,4% era privado (el público era el porcentaje más bajo, y el privado el más elevado de la UE-15). Los recortes en la sanidad pública conllevarán un incremento notable del peso del sector privado cuyo tamaño ya es muy elevado.

Tales datos muestran claramente la falsedad de la postura sostenida por los economistas y políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) que justifican los enormes recortes de gasto público sanitario que están ocurriendo en España y en Cataluña con el argumento de que el sector sanitario público está hipertrofiado y necesita una reducción para sanearlo. Los datos señalan lo opuesto. La sanidad pública en España y en sus CCAA está profundamente subfinanciada.

En realidad, España se gasta en sanidad una cantidad menor de lo que debiera gastarse por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita ya es el 94% del PIB per capital promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% fuera el 94%, España se gastaría 13.500 millones de euros más de los que se gasta. No es, pues, tampoco cierto, que España se gaste demasiado o que se gaste más de lo que España puede pagar. En realidad, los recursos existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y esto es de lo que no se habla ni en los forums mediáticos ni políticos del país. La postura, claramente ideológica, surgida del dogma neoliberal, y reproducida en los medios de mayor difusión, es que la sanidad debe adelgazarse, añadiéndose además (con cierto cinismo) que se necesita reducir tal gasto para “salvarla”. Tales recortes están afectando seriamente la calidad de la atención pública sanitaria, generando una mayor demanda por la sanidad privada (objetivo clave pero no explícito en gran parte de estos recortes).

La presión de los mercados financieros como causa de los recortes de gasto sanitario. La falsedad de este argumento

Conscientes de la gran impopularidad de tales recortes, las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales que las están imponiendo los justifican con los argumentos de que tienen que realizarse debido a la presión de los mercados financieros y/o de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) y/o del gobierno Merkel que lidera las propuestas de austeridad de gasto público social en la Eurozona. Por mucho que parezca sorprendente, tal aseveración es errónea y, a la luz de los datos existentes, poco creíble. Un cálculo del tamaño que el Estado (central y autonómico) quiere ahorrarse con tales recortes nos lleva a una cifra de alrededor de 6.000 millones de euros. Pero tal reducción del déficit podría haberse conseguido, no a través de los recortes sanitarios, sino mediante el aumento de impuestos que afectan primordialmente a las rentas superiores, tal como el impuesto de patrimonio (2.100 millones), manteniéndolo en lugar de eliminarlo tal como se ha hecho; el impuesto de sucesiones (2.552 millones), eliminando su reducción aprobada, por cierto, por los partidos que están apoyando los recortes; y el impuesto de las grandes empresas (5.300 millones) que facturan más de 150 millones de euros al año (0,12% de todas las empresas), anulando la bajada de tales impuestos, también aprobada por tales partidos. El hecho de que tales alternativas –la subida de impuestos- hubieran recaído primordialmente en sectores de la población (las clases pudientes), que, aún cuando sean minoritarios, tienen una enorme influencia política, habiendo gozado históricamente de grandes privilegios fiscales, explica que ni siquiera se considere, optando, en cambio, por la reducción del déficit público del Estado mediante recortes del gasto público social que financia el Estado del Bienestar utilizado por la mayoría de la población. Ello señala el poder diferencial que las distintas clases sociales tienen sobre el aparado del Estado, tanto central como autonómico.

Las CCAA no pueden excusar tales recortes en su teórica imposibilidad para generar recursos. Las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos. Así, la Generalitat de Catalunya tiene la potestad para elevar la mayoría de impuestos, incluyendo el IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos finalistas, impuestos sobre el patrimonio, y tributos sobre el juego, entre otros, potestad que no ha utilizado para reducir su déficit. En realidad, todos los recortes del déficit de la Generalitat se han basado en recortar los gastos públicos sanitarios (entre otros) sin intentar paliar este efecto, incrementando los impuestos. Ha sido la región de la UE-15 que ha sido más dura, motivo de orgullo de la opción gobernante de la Generalitat, según su portavoz parlamentario Oriol Pujol “En el sur de Europa no hay ninguna institución pública que actúe como lo estamos haciendo en Cataluña. Lo que estamos haciendo desde Cataluña es actuar de faro para todo el sur del Mediterráneo, porque no hay nadie del sur de Europa, ni Grecia, ni Portugal, ni tan siquiera en España, que se esté comportando con el coraje de CiU”. (El País, 09.11.11). Una situación un tanto semejante se está produciendo en la comunidad de Madrid.

Aunque la protesta popular ha sido muy intensiva, tal propuesta ha tenido poca repercusión en los medios, incluyendo los medios públicos, siendo un caso claro los medios públicos de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio, donde es frecuente ver moderadores de tertulias que cobran 900.000 euros al año, defender la necesidad de que las clases populares se aprieten el cinturón.

Las causas de la subfinanciación de la sanidad pública y de sus recortes

Una causa de este bajo gasto público sanitario es la concentración del poder político y mediático en el 25% de la población española que se resiste a pagar el mismo nivel de impuestos que el promedio de la UE-15 y cree erróneamente que no queda afectada por la pobreza de la sanidad pública al utilizar la privada. Tal visión, sin embargo, es profundamente errónea. La pobreza de la pública les afecta, pues en caso de enfermedad crónica y/o grave, la privada no podrá atenderles y terminarán en la pública. La privada discriminará a favor de los casos leves. Y de ahí el error de creerse que no les afecta. Sí lo hace, y mucho.

La sanidad privada es, en general, mejor que la pública en aspectos importantes para el usuario, tales como el confort (una cama por habitación), menor tiempo de espera, y un tiempo promedio de visita más largo que en la medicina pública. Pero la pública es mejor que la privada en la calidad del personal profesional y asistencial, y en la riqueza de la infraestructura técnica, lo cual explica que en casos que requieran mayor nivel de atención tecnológica, la privada deriva los pacientes a la pública. En realidad, la evidencia de que la calidad de la atención sanitaria en las instituciones públicas o en instituciones sin afán de lucro es mayor que en las instituciones con afán de lucro (es decir, sociedades limitadas que tienen por objetivo maximizar los beneficios) es robusta y abrumadora. En el conflicto calidad de atención versus beneficios, los últimos siempre ganan. De ahí que la mortalidad sea mayor en estos últimos. Esta polarización pública/privada por clase social es perjudicial para todas las clases, incluyendo las pudientes, que creen erróneamente ver satisfechas sus necesidades en la sanidad privada.

El error de la polarización social que se reproduce en la dicotomía pública versus privada

Lo que el país necesita es una sanidad multiclasista que tenga los atributos de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Pero ello requiere un gasto público mayor, obtenido de una mayor recaudación de las rentas superiores. En lugar de seguir este camino, las fuerzas conservadoras y neoliberales están promoviendo políticas que polarizarán todavía más la sanidad española. Mediante la desgravación del aseguramiento sanitario privado están facilitando la privatización de la sanidad y su polarización por clase social. Esta privatización, sin embargo, no sigue la línea tradicional de desarrollo de instituciones privadas como alternativa a las públicas. Hoy, la complejidad y carestía de la medicina no permite establecer centros de financiación privada que alcancen niveles de alta calidad y excelencia. De ahí que la vía a seguir por la privada sea el desarrollar privilegios dentro de la pública. De ello se deduce que se intente dar autonomía financiera a los centros públicos sanitarios para que estos contraten con aseguradoras privadas para el goce de privilegios dentro de la pública. Esta es la estrategia neoliberal que se presenta bajo el argumento de que se necesita dinero, mientras que la alternativa de incrementar los impuestos ni siquiera es tenida en cuenta.

El copago no es la solución

El gran debate en el sistema sanitario se ha centrado en si hay que tener copago o no. La justificación de que es importante hacer el copago de un euro para evitar el abuso del sistema no tiene evidencia que apoye tal argumentación. En primer lugar, pese a que se repite machaconamente que el ciudadano español abusa del sistema público, los datos no lo confirman. El indicador de 9 visitas por año (que contrasta con las 6 visitas del promedio de la UE-15) tiene poco valor para demostrar tal supuesto abuso. En realidad, estas 3 visitas extra son debidas más a la pobre organización del sistema (las necesidades que los médicos firmen partes y documentos que en otros países firman personal administrativo) o a la sub-utilización de la enfermería en España, forzando al médico a realizar tareas que en otros países hacen otros profesionales. El hecho de que el médico tenga que ver muchos pacientes no es tampoco un indicador de tal abuso. Referente a desalentar el supuesto abuso (que no existe), el euro a abonar tendría muy poco impacto desincentivador y únicamente podría tenerlo para los sectores de bajos ingresos que son los que serían más vulnerables a caer enfermos.

¿Cuál es el objetivo del copago? Me parecería lógico que fuera ingresar más dinero al sector sanitario, una necesidad clara en el subfinanciado sistema sanitario español. Pero ahí el punto clave es cómo conseguir este dinero y cuánto, temas que no se discuten. Implementar el copago en el momento del servicio (mientras que se mantienen unos bajos ingresos al Estado a través de impuestos), es hacer recaer la carga en los usuarios en lugar de en todos los ciudadanos. Puesto que las clases populares tienen más posibilidad de enfermar y utilizar los servicios que las clases pudientes, incrementar el gasto en los usuarios es aumentar todavía más la regresividad en la financiación. De ahí que sería mucho más justo (y con mayor capacidad recaudatoria) que se aumentaran los impuestos, incrementando los impuestos finalistas y/o creando otros nuevos. Es sorprendente que se haya tardado tanto en aumentar los impuestos del tabaco y del alcohol. Pero hay otros impuestos finalistas, como el aprobado en varias provincias en Canadá, en que todos los ciudadanos pagan según su nivel de renta a la sanidad; o sancionar las intervenciones sancionables según su nivel de renta, tal como ocurre en Finlandia, en que las multas de tráfico se pagan según el nivel de renta, pudiéndose dedicar tales recursos a la sanidad; o pedir tres euros por cada vuelo que salga de aeropuertos del país dedicándolo a sanidad, medidas todas ellas que serían altamente populares. El hecho de que no se discutan y en su lugar se centre todo el debate en el copago, es comenzar la casa por el tejado. El mayor incremento de recursos a la sanidad debería proceder de la vía impositiva, impuestos generales y finalistas. Y sólo cuando se hubiera alcanzado un nivel mucho mayor, recurrir al copago. Pero hacerlo al revés, es injusto y una manera de continuar protegiendo a los que no pagan impuestos suficientemente, recargando en el usuario tal déficit fiscal. Todo esto los economistas neoliberales –de los cuales hay una elevada densidad en el área sanitaria- ni siquiera lo entienden y no quieren considerarlo.

Por último, la consideración de que hay que recortar para aumentar la eficiencia del sistema me parece una incoherencia. Si hay despilfarro en el sistema, debe corregirse. Pero asumir que este despilfarro es generalizado es reproducir el sesgo anti público neoliberal que lleva el debate a discusiones talmúdicas, irrelevantes en lugar de análisis rigurosos y serios basados en evidencia. No hay –repito, no hay- ninguna evidencia de que el sector público sea más ineficiente que el privado, o que tenga más despilfarro. La evidencia existente muestra precisamente lo contrario. Uno de los sistemas sanitarios más ineficientes es el estadounidense, donde la mayoría de la financiación es privada. Es el sistema más caro del mundo, representa ni más ni menos que el 16,7% del PIB norteamericano, y en cambio el 68% de la población está enormemente insatisfecha. ¿Quieren aplicar aquel sistema a España? Cuando estuve trabajando en la Casa Blanca, en el grupo de trabajo liderado por la Sra. Clinton para hacer la reforma del sistema sanitario, pude ver que EEUU, que tiene algunos de los centros sanitarios mejores y más importantes del mundo, tiene en cambio uno de los sistemas sanitarios más ineficientes e insatisfactorios para la población, mostrando el dicho de Max Webber de que la totalidad de un sistema no es la mera suma de sus componentes. Los componentes pueden ser muy buenos y el sistema puede ser muy malo. Y al revés. De ahí que el problema que tenga España no es del sistema (como constantemente se señala), sino de su financiación, además de la necesidad de mejorar sus componentes. Creerse que los recortes mejorarán la situación es un profundo error. Es el triunfo del dogma y de la fe sobre la razón y la evidencia.

La sanidad española es buena (aunque se exagera la valoración positiva que la población hace de ella). No es cierto que es la mejor sanidad del mundo. Las encuestas señalan que la ciudadanía le da un 6,2 en una escala de 0 a 10, lo que quiere decir un aprobado, no un notable y todavía menos un sobresaliente. Es el servicio público mejor valorado. Pero ello no es suficiente. Pero la parte donde está menos valorada por el usuario y el ciudadano, es precisamente en las partes (tales como tiempo de visita y lista de espera) que puedan resolverse más rápidamente con la corrección del enorme déficit del gasto público. Y es en estos sectores donde los recortes están afectando la calidad más rápidamente. El indicador más importante para medir la calidad de un sistema sanitario no son los indicadores de mortalidad (los servicios sanitarios tienen poco que ver con la mortalidad de un país) sino los indicadores de satisfacción y confort del usuario y del profesional. Y ahí estamos todavía muy lejos de donde debiéramos estar. Y las medidas que se están aplicando empeorarán todavía más la situación actual. Los gobiernos socialistas a nivel de España y el gobierno tripartito en Catalunya habían incrementado notablemente los recursos financieros para la sanidad pública, reduciendo el enorme déficit de gasto público sanitario que tiene España. Los recortes actuales aumentaran enormemente este déficit, afectando negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares de nuestro país, tanto en Catalunya como en el resto de España.

diciembre 19, 2012

Por qué la deuda pública no debería pagarse

Iturria: Vicenç Navarro – 2012/12/18

Este artículo señala las razones por las cuales la deuda publica de los países perifericos de la Eurozona es artificialmente exagerada y que se debe al excesivo poder que el capital financiero tiene hoy en tal zona. El artículo indica que tal deuda no debería pagarse, pues su nivel responde a unas prácticas que no deberían aceptarse.

La deuda pública acumulada por los países de la Eurozona es impagable. Ha alcanzado un nivel que los Estados no podrán pagar. Esto aplica prácticamente a todos los países, pero muy en especial a los países antes llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain), y ahora GIPSI (con el añadido de Italia). En todos ellos la deuda pública está por encima de los niveles permitidos en el Tratado de Maastrich, que estableció las condiciones que los países debían seguir para entrar y permanecer en el euro.

Frente a esta situación deberían hacerse dos preguntas. Una es ¿cuál es la consecuencia de que los Estados no paguen la deuda? Y la otra, ¿debería pagarse tal deuda? En realidad, los Estados no deberían pagar la deuda, incluso en el caso de que pudieran hacerlo, pues esta deuda es exagerada y la cantidad de intereses que se ha forzado a los Estados a pagar para poder conseguir dinero, es decir, para que la banca comprara bonos públicos del Estado, es artificialmente alta e inmoral. Y digo inmoral porque esta exigencia de que los Estados paguen intereses altos se basa en que ha sido la propia banca, a través de su lobby, el Banco Central Europeo, la que ha creado la situación intolerable en la que los Estados no tenían otro remedio para conseguir dinero que pagar tales intereses exageradamente altos, pues el Estado no podía pedir prestado dinero del BCE (mientras que los bancos sí que podían). Es como si una persona robara dinero a otra y luego tuviera la osadía de prestarle el dinero robado (porque no había dinero disponible de ninguna otra fuente) a la persona robada, a unos intereses elevadísimos. El ladrón robaría dos veces a la persona robada. Esto es lo que la banca ha hecho. Ha eliminado el instrumento que los Estados tenían para protegerse de la especulación de sus bancos, y así han conseguido intereses de los bonos altísimos (ver mi artículo “La estafa de la deuda pública” en El Plural, 29.11.12)

Por otra parte, es importante que se informe a la ciudadanía que los Estados pueden conseguir recursos y que pueden conseguirlo sin necesidad de endeudarse. La negación de esta posibilidad justifica las políticas de austeridad y los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Ahora bien, los Estados tienen enormes recursos que no se están tocando. Por ejemplo, si analizamos la propiedad pública que cada uno de estos Estados tiene, la cantidad total representa muchas veces el valor de la deuda pública. Y éste es el filón de oro donde los acreedores, es decir, los bancos, quieren meter mano. Tales Estados deberían resistirse a ceder a esta demanda, pues una vez vendida tal propiedad, ya no tienen donde apoyarse en el futuro.

Existe, sin embargo, una enorme propiedad privada que se ha ido incrementando y concentrando durante estos hechos de recesión, cuando las desigualdades de renta y propiedad han crecido exponencialmente, es decir, muy rápidamente. Así, en Italia, el país de los GIPSI que tiene mayor deuda pública (la OCDE calcula que en 2013 será un 122% del PIB) tiene nada menos que en propiedad privada en inversiones y tierra el 377% del PIB, en inversiones financieras el 237% de PIB, y así un largo etcétera. Stefan Bach, en un interesante artículo, “Capital Levies – A Step Towards Improving Public Finances in Europe”, en Social Policy Journal calcula que un incremento de un 5% de los impuestos sobre tal propiedad privada podría conseguir el equivalente al 15% del PIB, medida que, a la vez que contribuir a reducir las desigualdades, disminuiría su enorme deuda pública. No se conocen estudios semejantes en España pero es probable que las cantidades fueran muy semejantes.

Otra área de ingresos son las rentas originadas del capital, invertidas en actividades especulativas a través de la banca. Incluyo en esta categoría la huída de capitales a paraísos fiscales u otros países, distinta a los de los depositarios. Incluso el Banco Mundial, un organismo de clara orientación conservadora, ha documentado en todos los países de elevada deuda los fondos depositados en el extranjero, que en cada uno de estos países representa una cantidad mucho mayor que el tamaño de la deuda pública (ver el libro Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press 2010, escrito por Eric Toussaint y Damien Millet).

España, uno de los países con mayores desigualdades de la OCDE puede y debe conseguir fondos de aquellos que se beneficiaron más de los años de bonanza. Dinero lo hay con gran abundancia entre las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca (que ha recibido fondos públicos por una cantidad equivalente nada menos que al 10% del PIB). El problema es que el Estado no los recoge. Influenciado por las grandes fortunas, por las grandes empresas y por la banca, el Estado prefiere endeudarse, beneficiando a la banca, a la cual se le paga más adelante los intereses elevadísimos, con dinero público. Un escándalo.

 

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