El aumento de deuda se debe a las ayudas a la banca, no al gasto público

Iturria: Eduardo Garzón / La Marea – 2013/06/24

Sede del Banco de España en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

Todavía los hay que no son capaces de ver que si hoy día el Estado español presenta un elevado nivel de deuda pública (aunque todavía inferior al de otros países importantes, como Francia o Bélgica) es debido fundamentalmente a las ayudas públicas al sector bancario español (a cajas de ahorros, pero también a bancos) y a los desmedidos pagos por intereses de deuda pública, y no porque el Estado tenga un gasto corriente (gasto social, gasto en educación, gasto en sanidad, gasto en pensiones, gasto en administraciones…) excesivo. Esto último es el mensaje que se transmite, a través de los grandes medios de comunicación, desde los grandes grupos económicos y políticos interesados en camuflar la crisis financiera y hacerla pasar por una crisis fiscal. Mensaje que, desgraciadamente, está calando en buena parte de la población.

Pero vamos a refutar esta falsa creencia.

A finalizar el año 2008, cuando en España todavía no se había ayudado con dinero público a ninguna entidad financiera, la deuda pública alcanzaba los 358.425 millones de euros (el 40,20% del PIB; un nivel más que razonable). A finales de 2012, esta cantidad casi se había duplicado al presentar 688.231 millones de euros (un 84,20% del PIB). Es decir, en cuatro años el volumen de deuda pública se incrementó en 329.806 millones de euros (un aumento del 44% del PIB) (1).

Vamos a ver ahora por qué se tuvo que endeudar tanto el Estado español. Por un lado, se endeudó para inyectar dinero en las entidades financieras. Por otro lado, se tuvo que endeudar para pagar los intereses de esa deuda que iba aumentando rápidamente. Por último, también se tuvo que endeudar para suplir los gastos corrientes que no cubría con los escasos ingresos fiscales (gasto social, gasto en educación, etc).

Calculamos primero la cantidad total de dinero tomó prestado el Estado para ayudar al sector financiero español (2).

• En concepto de inyecciones directas de capital (consistentes en aportar dinero directamente a las entidades), el Estado español ha gastado 59.130 millones de euros.
• En concepto de adquisición de activos (consistentes en comprarle a las entidades una serie de activos, como los tóxicos acaparados por el banco malo), el Estado español ha gastado 71.821 millones de euros.
• En concepto de créditos por parte del ICO y del FROB (consistentes en otorgar préstamos a las entidades), el Estado español ha gastado 3.099 millones de euros.
• En concepto de participaciones y bonos preferibles convertibles (consistentes en financiar a las entidades a través de títulos de renta fija), el Estado español ha gastado 2.033 millones de euros.

En total, desde 2009 hasta finales de 2012, el Estado español se ha endeudado en 136.083 millones de euros para ayudar al sector bancario. Esto supone que de todo lo que se ha endeudado el Estado desde entonces, un 41,26% ha sido para dárselo a las entidades financieras españolas.

Ahora veamos cuánto se ha tenido que endeudar el Estado para poder pagar los intereses de deuda pública que tiene que abonar cada año (3).

En 2009 el Estado tuvo que pagar 17.400 millones de euros; en 2010, 23.200 millones de euros; en 2011, 27.400; y en 2012, 28.848. Esto hace un total de 96.848 millones de euros. Es decir, de todo lo que se ha endeudado el Estado desde 2009, un 29,38% ha sido para dárselo a los acreedores de la deuda pública española en concepto de intereses.

El resto, 96.875 millones de euros, (un 29,36% de todo el aumento de deuda desde 2009) es la cantidad que ha tenido que tomar prestada el Estado para suplir sus gastos corrientes.

Grosso modo, y para hacernos una idea aproximada, podemos decir que desde 2009 a finales de 2012, la cantidad de deuda pública ha aumentado aproximadamente un 18% sobre el PIB debido a las ayudas a la banca; un 13% sobre el PIB debido al pago de intereses de deuda pública, y otro 13% sobre el PIB al gasto corriente que excede los exiguos ingresos fiscales.

En conclusión, el vertiginoso aumento de deuda pública no se debe al excesivo gasto público corriente, como reza el mantra al que nos tienen acostumbrados, sino que se debe a la acción conjunta de las ayudas a la banca –fundamentalmente–, al pago de intereses de deuda pública, y al gasto corriente que excede los escasos ingresos fiscales.

Notas:
(1) Datos de Eurostat. Disponibles en http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?print=true

(2) Todos los datos de ayuda a la banca son oficiales y han sido consultados en el magnífico documento realizado por el compañero de ATTAC-Madrid Carlos Sánchez Mato. Sánchez, C. (2013): Las ayudas públicas al sector bancario español. Disponible en http://matoeconomia.blogspot.es/img/aypub2012.pdf

(3) Datos recogidos de los libros amarillos de los Presupuestos Generales del Estado. Disponibles en http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PresupuestosEjerciciosAnteriores/Paginas/PresupuestosEjerciciosAnteriores.aspx

 

¿Quiénes son “los mercados”?

Iturria: eduardogarzon.net – 2013/06/18

“Hay que contentar a los mercados”. Eso nos decían cuando la prima de riesgo estaba muy elevada, y eso nos siguen diciendo cuando la prima de riesgo sólo está elevada. El Estado español necesita demostrarle a los mercados que cumple sus compromisos y que tiene capacidad para devolver todo el dinero que está tomando prestado, nos dicen. Para lograrlo, el Estado debe presentar unas cuentas públicas saneadas, esto es, un déficit fiscal reducido y una cantidad de deuda total aceptable. Por lo tanto, y según este razonamiento, el objetivo del gobierno español debe ser reducir sus gastos (no todos, y unos más que otros, curiosamente) y debe aumentar sus ingresos (no todos, y unos más que otros, curiosamente). Así nos encontramos con una situación en la que el gobierno termina reduciendo las partidas presupuestarias de educación, sanidad, prestaciones por desempleo, pensiones, etc. (dejando en un segundo lugar las de Defensa, Iglesia, Corona, algunas Administraciones…) y aumentando impuestos como el IVA, el de hidrocarburos, el de las rentas del trabajo, el del tabaco, etc. (dejando en un segundo lugar los de las rentas del capital, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades…), con el objetivo final de complacer a los mercados. Pero… ¿quiénes son los mercados?

Cuando hablamos de “los mercados” no estamos hablando de un ente abstracto o indefinido; “los mercados” tienen nombre y apellidos. Con este término se hace referencia a una serie de agentes económicos (particulares, empresas y administraciones públicas) que han prestado dinero al Estado español mediante la compra de títulos de deuda pública. Vamos a ver quiénes son estos agentes económicos que poseen estos títulos.

Como se puede apreciar en el gráfico, una buena parte de estos agentes corresponde a entidades financieras españolas (38,74%). Merece la pena destacar que la inmensa mayoría de estas empresas han sido ayudadas con fondos públicos en alguna ocasión, por lo que sorprende ver que sean estas empresas ayudadas las que prestan dinero a (y por lo tanto hacen negocio con) el Estado español. Una paradoja que esconde una auténtica estafa, como vimos en un artículo anterior. El siguiente sector en importancia (37,39%) lo representan los agentes no residentes en territorio español, es decir, particulares, administraciones públicas y –sobre todo– empresas financieras extranjeras. El tercer peso más notable (13,57%) corresponde a las propias administraciones públicas españolas, fundamentalmente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la hucha de las pensiones). Otro sector importante es el de los fondos de inversión y de pensiones (7,09%). Finalmente, y con un reducido peso, tenemos a las empresas no financieras (2,45%) y a particulares (0,86%).

Ahora bien, cuando queremos bajar un poco más a lo concreto nos encontramos con un problema. Si intentamos saber quiénes son exactamente los agentes que operan con los títulos de deuda pública –para, entre otras cosas, averiguar quiénes están especulando contra ella en determinadas ocasiones (leer este artículo para entender cómo y cuándo lo hacen) – comprobamos que no hay forma de hacerlo. Podemos acceder a través del registro del Banco de España a las operaciones de compra y venta de títulos en un determinado momento, pero no podemos saber quiénes las están llevando a cabo. El Banco de España no publica esa información, y no hay forma humana de conocer con exactitud quién o quiénes están especulando con estos títulos. Uno no puede ocultar su asombro frente a esta situación, ya que si dispusiésemos de esa información podríamos saber quién o quiénes están lucrándose gracias al mayor coste que le supone al Estado financiarse (y por lo tanto, saber quiénes son en parte los responsables de los recortes que se ejecutarán en consecuencia). El argumento de los administradores del Banco de España es que conocer esa información carece de relevancia, debido a que el mercado de deuda pública es un mercado competitivo en el que intervienen muchos actores y que por lo tanto ninguno de ellos puede tener más poder que otros. Algo que, gracias a experiencias pasadas, sabemos es profundamente falso.

Sin embargo, aunque no podamos conocer el nombre y apellidos de aquellas personas que operan con títulos de deuda pública española, sí podemos saber algunas cosas de las personas que se benefician de estas operaciones (y que en última instancia son tan responsables de la sangría de recursos públicos como los que ejecutan la acción).

Empecemos centrándonos en los fondos de inversión. Como ya sabemos, los fondos de inversión son vehículos utilizados para invertir en activos financieros. Reúnen el dinero de muchas personas, y luego un operador financiero se encarga de destinar todo ese dinero a un proyecto del que se obtiene una rentabilidad. Uno de estos proyectos es la posesión de deuda pública española. Veamos qué familias utilizan estos vehículos financieros atendiendo a su nivel de renta (en la zona superior del dibujo aparecen las familias de mayor renta) (1).

Como se puede apreciar en el dibujo, a medida que las familias gozan de una mayor renta, existe mayor uso de este tipo de instrumentos financieros. Así, solamente el 2,1% del 20% más pobre de las familias españolas emplean fondos de inversión. En cambio, el 18,4% del 10% más rico de los hogares españoles acude a este vehículo de inversión. En realidad, las diferencias se hacen notablemente palpables para el 20% más rico de la población. Vemos, por lo tanto, que los principales beneficiarios de los fondos de inversión son las familias más acaudaladas.

Ahora pasemos a los planes de pensiones, que son vehículos de inversión parecidos a los fondos de inversión pero mucho menos arriesgados (y por lo tanto, recurren a comprar títulos de deuda pública en mayor medida que los fondos de inversión).

Comprobamos que se obtienen unos resultados similares a los anteriores. El 20% más pobre sólo utiliza este tipo de instrumento financiero en un 7,4% de los casos. Para las familias correspondientes al 10% más rico, esta participación es del 54,2%. Conforme las familias son más ricas, más utilizan y más se benefician de los planes de pensiones.

Veamos por último quiénes son, de alguna forma, los que se benefician de que las entidades financieras inviertan en títulos de deuda pública española. Esta constatación es la que menos información nos aporta de todas, porque existen importantes limitaciones metodológicas al respecto (no distinguimos entre empresas financieras y no financieras, no analizamos la cuantía ni evolución de los dividendos, ni conocemos en qué proporción invierten en este negocio atendiendo a cada una de las empresas). Sin embargo, se presentan los resultados como aproximación analítica, de forma que nos podamos hacer una ligera idea de quiénes son los que más se benefician de la posesión de títulos de deuda pública.

De nuevo, los resultados nos resultan familiares. Sólo el 3,5% del 20% más pobre posee acciones cotizadas en bolsa, mientras que este peso es del 34,9% para el 10% más rico de la población española.Son las familias más ricas las que más invierten en bolsa, y por lo tanto, las que más se benefician de la evolución positiva de estas empresas (especialmente en el caso del 10% más rico de la población).

En resumidas cuentas, estamos en condiciones de afirmar, pese a los impedimentos metodológicos señalados, que los principales beneficiarios del negocio de la deuda pública española son las familias más acaudaladas del país (y de otros países, en tanto en cuanto podemos imaginar que la distribución por renta de los propietarios de acciones de empresas financieras y participación en activos financieros es similar en el extranjero). Así las cosas, nos damos cuenta de que cuando nos dicen que hay que realizar recortes y aumentos de impuestos para contentar a “los mercados”, a quienes estamos contentando es en su mayoría a buena parte de las capas más acaudaladas de la población. Un perfecto fraude, por dos razones: en primer lugar, no podemos olvidar que los recortes y subidas de impuestos afectan más a las familias que menos recursos tienen y que afectan menos a las familias más acaudaladas; y en segundo lugar porque son las familias más acaudaladas precisamente quienes más se beneficiaron de las rebajas impositivas durante los últimos años, dándose la terrible paradoja de que hoy día el Estado español tiene que pedir prestado, y por favor, el mismo dinero que no hace mucho tiempo recaudaba fácilmente por impuestos a los mismos agentes económicos que hoy día se lucran con este negocio tan rentable.

32.000 millones de deuda estatal en programas de armamento

Iturria: diagonalperiodico.net / Ana Adela Rubio – 2013/03/05

El Centre Delàs calcula que el presupuesto del Ministerio de Defensa se duplicará en 2013

El Gobierno ha anunciado una revisión de la estrategia de seguridad que endurece la posición en Marruecos y que elude intervenir sobre el endeudamiento del Ministerio de Defensa.

El Ejecutivo de Rajoy elabora una nueva estrategia de seguridad para España con el fin de desarrollar la Directiva de Defensa Nacional 1/ 2012 (DDN), presentada públicamente en agosto de 2012, que será endurecida en el primer trimestre de 2013 para modificar los aspectos relacionados con Marruecos y el Norte de África. En el texto de la Directiva se esgrimen razones de carácter internacional para justificar este cambio estratégico, como son, por ejemplo, hacer cumplir el Tratado de Lisboa, o ajustar la política de defensa al nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, pero lo cierto es que ni desde la UE se ha elaborado un cambio de estrategia de seguridad –pues aún hoy mantienen el plan de 2008 elaborado por Javier Solana, a la cabeza entonces de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE–, tampoco desde la OTAN se ha definido todavía el nuevo Concepto Estratégico presentado en 2010 para los países firmantes del Tratado del Atlántico.

Así pues, y como el mismo texto indica, el principal motivo que ha llevado al Gobierno a hacer un cambio de rumbo poco menos de un año después del plan estratégico presentado por el gobierno de Zapatero, y de cuya redacción también se encargó Javier Solana, es la crisis económica y financiera, y que además, ha sido identificada como una amenaza para la seguridad del Estado.

El actual Ejecutivo ha decidido que será necesario un cambio evolutivo en el departamento de Defensa que conduzca “al logro de una credibilidad que se sostenga” frente a la UE y la OTAN. Para ello, se llevará a cabo una “necesaria transformación de las Fuerzas Armadas (…) en un momento de limitada disposición de recursos” con el fin de que la “noción tradicional de defensa (…) no quede desbordada”. Esas transformaciones han ido encaminadas a la creación de nuevos órganos de gestión más que a su supresión, y han suscitado críticas a la gestión de un Ministerio que hasta ahora ha generado 32.000 millones, que suponen un 3,6% del total de la deuda pública del Estado. Ésta ha sido generada principalmente por la ayuda a los Programas Especiales de Arma­mentos. Según palabras del propio ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien ha anunciado en RTVE que intentará negociar una quita de la deuda con las industrias que han suministrado este armamento, “tiene escasa utilidad estratégica para las necesidades reales de la defensa”, como denuncia el Centre Delàs d’Estudis per la Pau en su informe Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013.

Más gasto militar

El actual Gobierno cifró en un principio en casi 7.000 millones de euros el presupuesto para el Ministerio de Defensa –un 6,7 % menos respecto al año 2012–, cuando lo cierto es que el gasto militar real se prevé en 16.492 millones de euros, es decir, más del doble de lo anunciado y un 1,55% del PIB. También, las operaciones militares en el extranjero aumentarán 700 millones de euros sobre los 14,36 millones que cada año les eran asignados. Según el centro Delàs “se puede afirmar que hay recursos para aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas y no los hay para incrementar las partidas de gasto social o de desarrollo de la economía productiva” en un momento en el que España vive su peor crisis financiera desde la democracia.

Control mediterráneo

Para seguir con su estrategia, el Gobierno de Rajoy tomará en consideración el modelo de Defensa de EE UU, ya que “mantienen su liderazgo en la lucha contra los riesgos y amenazas globales”, con un proyecto “de continua expansión del ideal democrático”. El Ejecutivo de Rajoy creó en julio de 2012 el nuevo departamento de Seguridad Nacional con Alfonso de Senillosa al frente, quien ocupará el cargo de consejero del departamento, imitando así el modelo del departamento de Seguridad Nacional de EEUU. Este departamento será el “órgano permanente de asesoramiento y apoyo técnico en materia de Seguridad Nacional a la Presidencia del Gobierno”, creando la figura del Director Operativo del departamento de Seguridad Nacional con nivel de Subdirector General.

Ceuta y Melilla

A pesar del tono grandilocuente con el que está redactado el apartado de objetivos de la Directiva de Defensa Nacional, no ha pasado inadvertida la opacidad de su redacción con una falta notable de propuestas acerca del por qué y el cómo llevar a cabo la seguridad sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El texto aclara que el Estado garantizará “la disuasión (…) tomando en consideración la singularidad de los riesgos propios”, es decir, tomará las medidas necesarias y por cuenta propia para defender Ceuta y Melilla de las amenazas que se estimen oportunas.

Estando Ceuta y Melilla fuera de las áreas incluidas en el Tratado de Washington, el Ejecutivo quiere llevar a cabo esta política de defensa sin entrar en debate con la OTAN o la UE –que desde el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa garantiza el apoyo y seguridad a cualquier Estado miembro de la UE allá donde extienda su soberanía–, lo que podría situar a España en una posición de aislamiento diplomático que lejos de beneficiar a la seguridad estatal, podría mermarla en caso de una escalada del conflicto en las zonas que se revisarán en el nuevo plan estratégico. El vicepresidente del Gobierno melillense, Miguel Marín (PP), ya expresó su conformidad con este nuevo plan, que tiene como consecuencia la llegada de al menos 200 efectivos militares a la ciudad autónoma.

Enterrada la Alianza de Civiliza­ciones del anterior presidente, el Ejecutivo centra su atención en una estrategia geopolítica que tiene como foco principal el Mediterráneo, algo que sin lugar a dudas le acerca a aliados como EE UU y sus socios: Israel o Arabia Saudí. Así, la atención se centra en los cambios sufridos en los países del norte de África, haciendo referencia de modo indirecto a la Primavera Árabe, y percibiendo estas revueltas sociales, así como su situación fallida en algunos Estados, como una amenaza para la seguridad del país, todo ello sin olvidar la importante fuente de recursos naturales que poseen estos países, como por ejemplo Egipto o Argelia, de la que España depende hasta en un 45% para su consumo energético.

Morenés arropa a las armeras en Abu Dhabi

Desde que Pedro Morenés tomara el cargo de Ministro de Defensa, tampoco han pasado inadvertidos los contratos millonarios que ha hecho el Estado en materia de defensa y armamento con la empresa, especializada en munición y armas de infantería en la que el actual Ministro era consejero delegado. Instalaza reclamaba al Gobierno el pago de 40 millones de euros de indemnización en concepto de daño emergente y lucro cesante por la prohibición de la fabricación de bombas de racimo, principal producción de dicha empresa. Después de varias negociaciones, el Gobierno no sólo pagará la indemnización sino que, además, ha continuado haciendo contratos millonarios para material armamentístico con dicha empresa. Instalaza es una de las nueve empresas con capital español que han presentado sus productos en la Feria Internacional IDEX 13, que se ha celebrado en febrero en Abu Dhabi. Las firmas del sector armamentístico estuvieron acompañadas en este emirato por el propio Morenés, que tuvo ocasión de comprobar de primera mano cómo continúan vendiéndose bombas de racimo en una feria considerada uno de los bazares de armas del mundo.

 

Olmo Calvo

 

Éric Toussaint: “Toda la deuda generada por el rescate bancario ha de considerarse ilegítima”

Iturria: Publico.es – 2013/03/28

Si alguien conoce el funcionamiento y la importancia de la deuda soberana en el actual modelo económico mundial es Éric Toussaint. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Liège y la de París VIII, es además presidente del Comité para la Anulación de la Deuda en el Tercer Mundo (CADTM) y miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial desde su nacimiento en Porto Alegre en 2001. Esta semana se ha trasladado hasta la ciudad de Túnez para la celebración de su decimotercera edición, en la que ha recobrado fuerza gracias al impulso de la Primavera Árabe.

En un momento fundamental para los países del Magreb, en el que los nuevos gobiernos islamistas tratan de mostrarse como solventes socios ante Occidente, Toussaint se encuentra en Túnez reunido con representantes de todo el campo de la izquierda árabe con la mirada puesta en el horizonte de América Latina, donde varios gobiernos se negaron a pagar la deuda y salir de la senda de la austeridad. Desde allí explica a Público el momento por el que atraviesa en este momento la crisis económica a ambos lados del Mediterráneo.

Frente a la actual crisis de la deuda soberana usted apuesta por realizar una auditoría y no pagar la deuda ilegítima. ¿Qué parte de la deuda habría que considerar como tal?

Es una tarea sencilla, hay criterios muy claros. En el caso de Grecia más de la mitad de su deuda es con la Troika, 170.000 millones de euros. Es totalmente ilegítima y debe ser declarada nula porque ha sido impuesta por organismos que no representan a los ciudadanos griegos. Ni siquiera los memorándum fueron tratados democráticamente en el Parlamento; se aprobaron bajo el chantaje del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin posibilidad de enmendar los documentos. Son unas condiciones que representan una violación de los derechos económicos y sociales de la población. Portugal e Irlanda se ajustan también a este esquema.

En el caso español todavía no ha habido memorándum, pero toda la deuda generada por el rescate bancario ha de considerarse ilegítima. Puede ser una decisión legal, porque la ha tomado el propio gobierno, pero no es legítima, porque fuerza a la ciudadanía a asumir las deudas generadas por la burbuja inmobiliaria y la crisis de la banca.

El Foro Social Mundial que acoge Túnez ha situado la deuda como uno de los principales debates por la propia situación del país después de la Primavera Árabe. ¿Qué características tiene la deuda tunecina?

Ha sido contraída por un régimen dictatorial, por lo que no solamente es ilegítima sino que es odiosa. Se trata de una deuda pública externa hacia acreedores que son tanto países como el FMI y acreedores privados que han sido cómplices de Ben Alí. Por lo tanto, la movilización popular que tiene lugar estos días ha de hacer ver al gobierno que ha de repudiar el pago.

Desde un plano más amplio, ¿qué estrategias están siguiendo estos acreedores en los países árabes donde se han derrocado a las dictaduras, como Egipto o Libia?

La estrategia del FMI y las demás instituciones es brindar un apoyo a estos gobiernos para asegurar el pago. Otorgar créditos para comprometer a los nuevos gobiernos con acuerdos que refuerzan el modelo neoliberal exportado que implica seguir precarizando el mercado de trabajo en estos países. Adoptan un discurso revolucionario, afirmando que apoyan los procesos democráticos financiando a los gobiernos y éstos aceptan y adoptan los planes de ajuste que les exigen. Las fuerzas islamistas, como Ennahda en Túnez y los Hermanos Musulmanes en Egipto, son sumamente neoliberales. No van a poner en riesgo el modelo económico financiero en el que ganan las grandes empresas transnacionales.

¿Qué cambios ha habido en el sistema de mercado mundial para que el centro de la deuda se haya trasladado desde el Tercer Mundo a los países del Sur de Europa?

Hay una diferencia importante entre la situación en los años 80 y 90 cuando el epicentro de la crisis de la deuda estaba en los países del sur y la situación actual, en la que desde 2008 se sitúa en Europa. Es el resultado de la explosión de deuda privada generada por la crisis bancaria y posteriormente transformada en deuda pública.

La diferencia fundamental es que a partir de 2003 y 2004 subieron los precios de las materias primas que exportan los países del sur, como China, lo que les permitió aumentar sus reservas nacionales. Varios de ellos se deshicieron de la deuda pagando por adelantado con las reservas acumuladas producidas por el petróleo.

En el norte tuvimos una explosión de la deuda privada producida por la quiebra de los grandes bancos como Lemman Brothers, combinada con la explosión de la burbuja inmobiliaria, que desembocó en una crisis tremenda en el norte. Fue una crisis que generó una deuda privada que con los rescates bancarios se transfirió a los Estados. Los gobiernos europeos decidieron socializar las pérdidas del sector bancario.

Con el aumento de la deuda pública en Europa y la consecuente aplicación de planes de austeridad para rebajar el déficit público, ¿qué le espera al Sur de Europa en los próximos años?

Vamos a conocer una profundización de la crisis económica. Las consecuencias son más devastadoras en los llamados PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España), pero no hay ninguna duda de que los países más fuertes como Francia, Alemania o Bélgica también están en una situación de extrema gravedad.

Quedan aún diez o quince años de crisis, pues las políticas de los gobiernos que se pliegan a los intereses privados no son las adecuadas para revertir esta situación. La política actual de reducción del gasto público, congelación de salarios y servicios sociales tendrá un efecto muy fuerte en términos de reducción de las rentas.

¿Son los países latinoamericanos que se negaron a pagar la deuda, como Ecuador y Argentina, un ejemplo a seguir para Europa?

Es fundamental que los ciudadanos desde los movimientos sociales intenten realizar auditorías de la deuda, desde abajo. Esto es importante como instrumento de organización de las bases y como campaña masiva para hacer cambiar la percepción de la gente, pues desde la banca, las instituciones internacionales y los medios de comunicación que controlan construyen una falsa idea de que el déficit público es consecuencia del despilfarro en gastos sociales y un excesivo Estado del Bienestar. Una auditoría ciudadana no se limita a hacer un análisis, sino que sirve para provocar la movilización que exija la suspensión del pago de la deuda ilegítima.

Un ejemplo es el de Ecuador, donde durante años los movimientos populares hicieron auditorías desde las bases y posteriormente lograron que un gobierno, el de Correa, decidiera auditar y suspender el pago de la deuda ilegítima.

Creo que en nuestra situación en Europa la prioridad es la auditoría ciudadana. Si un gobierno como el de Rajoy, Merkel o Samaras hiciera una auditoría sólo serviría para legitimar el pago completo. Y este ejemplo podría concretarse en Grecia si Syriza ganara las elecciones. Desde el gobierno podrían suspender el pago, auditar la deuda y decidir qué parte hay que repudiar.

¿Qué escenario se abriría en Grecia si se negara a pagar la deuda?

Es totalmente posible para un gobierno de izquierdas en Europa llevar a cabo esta tarea si toma las medias políticas adecuadas. Éstas serían suspender el pago combinado con la suspensión de los memorándum de la Troika, control de movimientos de capitales, socilización de la banca privada, una fuerte reforma tributaria para que paguen los que más tienen, persecución del fraude fiscal y la reducción de impuestos sobre la ciudadanía como el IVA.

En cuanto al euro, quedaría en la Comisión Europea decidir la expulsión o no. Mientras, habría que incentivar la producción agropecuaria y la industria ligera y la creación de empleo por parte del gobierno. Esto tendría un efecto positivo porque el ejemplo podría correr por el resto de Europa y los ciudadanos verían que es posible desobedecer.

Por eso, la responsabilidad histórica de Syriza es muy grande. Si en el gobierno no tomara este tipo de medidas la gente que votó con una perspectiva de cambio perdería la esperanza, con una crisis que seguiría perjudicando a las mayorías, y en ese momento organizaciones como Amanecer Dorado tendría un camino directo para conquistar a un amplio sector de la población y habría un proceso de tipo fascista en Grecia. Es el peor escenario, pero no es descartable.

Pagar la deuda externa española es imposible

Iturria: attacmadrid.org – 2013/04/02

En diciembre de 2012 (últimos datospublicados por el Banco de España), la deuda externa bruta de España hasuperado 1,75 billones de euros situándose en similares niveles que en2011.  Más del 38% de la misma es a cortoplazo.

Si analizamos la posición de inversión internacional(deuda externa neta) que resta a la deuda externa bruta el valor de los activosque España tiene en el exterior, apreciamos una ligerísima disminución conrespecto a diciembre de 2011 situándose en 976 mil millones de euros.

Lapropaganda oficial podrá decir lo que quiera pero a nadie se le escapa quetenemos un grave problema de sobreendeudamiento y que la deuda externa essolamente una parte del mismo. Los datos muestran con claridad que su inserciónperiférica en la Unión Europea provoca a laeconomía española una absoluta dependencia financiera externa que ha llevado alpaís a un punto muy cercano al colapso. Hayque destacar que lo insostenible de la situación no es que el crecimiento hayasido basado en el ahorro externo sino que la riqueza medida en  términos de Producto Interior Bruto hayacrecido mucho menos que la deuda externa. En2012 el PIB se había incrementado un 66% con respecto al del año 2000. Sinembargo, la deuda externa neta creció un 384% en el mismo período. Dicho deotra forma, el pretendido “milagro” de crecimiento de España basadofundamentalmente en la burbuja inmobiliaria, se ha financiado en un elevado porcentaje con ahorro externo y encantidad muy superior a la riqueza generada. Es un claro ejemplo de utilización improductiva de los recursos,extensible también a la deuda interna contraída. Cuando eso ocurre, independientementede la ilegitimidad de los compromisos contraídos, devolver lo prestado seconvierte en una absurda quimera. 

Aunquela información más habitualmente difundida responsabiliza a lasAdministraciones Públicas del sobreendeudamiento, los datos del Banco de Españamuestran claramente que son los agentesprivados, especialmente las entidades financieras, los que han generado eldesmesurado crecimiento de la deuda externa hasta el estallido de la crisis enel año 2007. Y son estos los que están en una situación de dependenciaabsoluta, solamente sostenida por la financiación de última instancia queproporciona el Banco Central Europeo.

La primera parte del rescate de España ya se haproducido. La operación ha consistido en el salvamento parcial de losacreedores privados por parte del Banco de España que se subroga en la deudaque las entidades financieras han contraído con el Banco Central Europeo hastaacumular el 20% de la deuda externa bruta total. Se ha completado con elpréstamo concedido por el Mecanismo Europeo de Estabilidad que ha sidodestinado a la recapitalización de las entidades financieras nacionalizadas(BFA-Bankia, Novagalicia Banco, Cataluña Caixa y Banco de Valencia).  En definitiva, más del 50% de la deuda externabruta total es atribuible al sistema financiero y un análisis completo delmismo no parece mostrar condiciones que le permita hacer frente a la misma sinel apoyo del Estado.

Hastaahora no se han planteado más que acciones parciales que no abordan el problemadel sobreendeudamiento externo. Únicamente se ha procedido a modificar lacomposición de la deuda pero sin que se haya reducido el insostenible peso quela misma tiene sobre el Producto Interior Bruto (167% del PIB en el caso de ladeuda externa bruta y 93% en el caso de la neta). En la situación actual, esuna utopía plantear que el recorrido inverso al crecimiento de la deuda externarealizado durante la época de la burbuja inmobiliaria, se podrá realizar sincrecimiento económico y con la escasa capacidad de ahorro interno existente.

Será necesario abordar un profundo proceso dereestructuración de la deuda externa  queprecisará, además del establecimiento de plazos más largos de devolución delprincipal, la realización de quitas, es decir reducción de la misma.

Retrasar el inevitable estallido no mejorará lasituación ni minorará el enorme quebranto. Así que, cuanto antes mejor. 

http://matoeconomia.blogspot/img/ext2012.pdf [1]

La deuda, un instrumento de opresión de los pueblos

Iturria: Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda – 2013/03/22

La crisis económica desatada en 2007 ha provocado una disminución en los ingresos y un aumento de los gastos del Estado. Ambos procesos —agravados por las reducciones fiscales a las grandes empresas y las ayudas públicas al sector financiero— han conducido a un notable incremento de la deuda de los PIGS, el acrónimo peyorativo con el que los medios de comunicación anglosajones se refieren a Portugal, Italia, Grecia y España. De resultas, los pueblos de la Europa meridional sufren duras políticas de contención del gasto que pretenden —según los gobernantes y las instituciones internacionales— hacer frente a los compromisos contraídos con sus acreedores (principalmente bancos alemanes y franceses). Así, casi de repente, la deuda —que en el caso español tiene principalmente un origen privado— ha entrado en nuestras vidas en forma de recortes, precariedad y bajadas de salarios. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo: hablamos de un problema con una truculenta historia a sus espaldas. Ahora que algunas naciones del Norte desarrollado padecen sus efectos devastadores, quizás sea oportuno reflexionar sobre el tétrico rastro dejado por la deuda en su paso por los países de la periferia del sistema capitalista.

En los años sesenta, los pueblos africanos no acababan de conseguir la independencia política de las antiguas colonias cuando comenzaron a sufrir —con la connivencia de unas elites locales (a veces formadas en Europa y en Estados Unidos) corruptas y despóticas— una nueva tiranía en forma de deuda. En los setenta fueron las naciones latinoamericanas las que se unieron al grupo de países que comenzaron a endeudarse al reclamo de los bajos tipos de interés. Durante este periodo, los grandes bancos y las organizaciones financieras internacionales inundaron el mundo poscolonial de crédito barato que en muchas ocasiones nutrió el despilfarro y la corrupción. No obstante, la bajada en el precio de las materias primas a finales de esa década, unida a la exorbitante subida del tipo de interés decretado por Estados Unidos, complicó el pago de unas deudas que se habían desbocado en los años anteriores, alimentadas por el excedente de capitales y la sobreproducción en las prósperas potencias occidentales. Fue entonces cuando, para rescatar del ignominioso abismo del default a las naciones en vías de desarrollo, entraron en escena el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), dos instituciones financieras mundiales caracterizadas, desde su fundación en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, por un proceso de toma de decisiones escasamente democrático y controlado por sus miembros más poderosos.

Tanto el FMI como el BM concedieron a los países deudores préstamos condicionados a la puesta en marcha de Planes de Ajuste Estructural, que tuvieron unos costes sociales y medioambientales muy gravosos para los sectores populares que precisamente menos se habían beneficiado de una deuda a menudo contraída de forma ilícita. En efecto, aunque en muchos casos se trataba de una deuda ilegítima —por vulnerar la dignidad de los pueblos y los principios del derecho internacional—, tales programas priorizaron el pago a los acreedores sobre la satisfacción de las necesidades básicas de la población, obligando a los Estados rescatados a cumplir con una estricta dieta neoliberal que incluyó recortes en servicios sociales y pensiones, bajadas de salarios, despidos, privatizaciones, impuestos regresivos, etcétera.

Las desastrosas consecuencias de estas políticas antisociales se tradujeron en el aumento de la pobreza y del desempleo, la desindustrialización, la destrucción de un balbuciente Estado del Bienestar y el profundo ensanchamiento de la brecha social y de las desigualdades entre ricos y pobres. Todo ello sin olvidar los efectos que en términos de sobreexplotación de los recursos naturales, degradación de los ecosistemas y pérdida de la soberanía alimentaria también llevaron consigo los métodos austericidas impuestos por el FMI y el BM.

En fin, la sociedad española debe aprender de las lúgubres enseñanzas que dejan los ejemplos del Sur, donde la aplicación de la agenda neocapitalista supuso décadas de estancamiento económico, sin que los esfuerzos realizados sirviesen para aliviar los intereses abusivos de una deuda impagable. Pero no todos perdieron en este juego fruto de las relaciones económicas desiguales entre el centro y la periferia del sistema capitalista. Sin duda, los grandes beneficiarios fueron los acreedores, que a través de este mecanismo consiguieron suplantar la soberanía nacional de los países endeudados, poniendo los recursos de estos Estados al servicio de sus intereses. De hecho, la deuda ha sido utilizada en muchas ocasiones para obligar a los Estados a abrir sus mercados a la entrada productos extranjeros, a privatizar los servicios públicos en beneficio de empresas privadas, a permitir la explotación y extracciónde recursos naturales por parte de multinacionales, o incluso para favorecer cambios de Gobierno y compra de votos en los organismos internacionales.

El mecanismo de la deuda incrementa la vulnerabilidad política y la dependencia económica de los Estados afectados, con la consecuente perpetuación de unas relaciones Norte-Sur basadas en la desigualdad y la injusticia sobre las que descansa el poder de las elites del capitalismo mundial. Las experiencias de los países en vías de desarrollo durante las cuatro últimas décadas dejan bastante claro que la deuda funciona como un instrumento de dominación neocolonial, como una sutil herramienta de presión política que sirve para salvaguardar los intereses económicos, comerciales, estratégicos y geopolíticos de las principales potencias del Norte, sin necesidad de recurrir al empleo de la fuerza y de la conquista militar, como ocurriese en la época del imperialismo. Por tanto, la deuda puede ser considerada como una carga inmoral que pretende tiranizar a unos pueblos que hoy más que nunca deben gritar «No debemos, no pagamos».

Deuda: Licencia para recortar

Iturria: Pablo Elorduy / diagonalperiodico.net – 2013/03/19

EL ESTADO PAGARÁ UNOS 48.000 MILLONES DE EUROS ANUALES HASTA 2020 POR EL VENCIMIENTO DE LA DEUDA

¿Cómo comienza otro artículo sobre la crisis de la deuda y su peso en la economía europea? Apuesten a que con la exposición de sus efectos, en concreto de los más recientes, por ejemplo el Real Decreto-ley sobre la Jubilación Anticipada, publicado el 16 de marzo en el BOE. Depende de la dimensión que se le quiera dar, se puede optar por el rescate de Chipre y el efecto dominó que puede desembocar en otra escalada del coste de financiación de los Estados a través de la emisión de deuda pública.

Si no se escoge ese camino, puede tratarse, en primer lugar, del relato de Rajoy dando por superada “la enorme crisis financiera y de deuda pública” durante la presentación del plan de empleo juvenil el 12 de febrero. O quizá, con un dato. El mismo día que el Gobierno anunciaba la reforma de la edad de jubilación e introducía el factor de sostenibilidad para el cómputo de las pensiones –medidas a las que la UE otorga una “creciente importancia”, tal y como viene recogido en el BOE– el Banco de España anunciaba que la Deuda Pública de 2012 es equivalente al 84,1% del PIB español. Es la cifra de endeudamiento más alta desde 1910, y significa que el conjunto de las administraciones adeudan 884.416 millones de euros a distintos acreedores residentes en España (63%), principalmente bancos con su sede social en el Estado español, o residentes fuera del país (37%).

De partida hay una crisis “superada”, según el presidente del Gobierno; dos medidas relacionadas destinadas a satisfacer a la UE –pensiones y empleo juvenil– y fríos datos que apuntan a que durante 2012 la deuda pública creció 15 puntos respecto a 2011.Hay también dos debates parlamentarios en los que dos partidos han expuesto que esa deuda es impagable e ilegítima. El primero, en orden cronológico, lo protagonizó el diputado de IU, Alberto Garzón. El 12 de marzo declaró en el Parlamento que hay una parte ilegítima de la deuda pública y que ésta ya es impagable. El segundo, un día después, de Quim Arrufat en el Parlament de Catalunya, quien hizo una interpelación, que irá acompañada de una moción que se resolverá en abril, sobre la deuda de Catalunya (50.000 millones), que, como Arrufat la ve, es el “el negocio redondo, ya que no se puede recortar y se genera cada año. Es un quiste eterno, la máquina de hacer dinero de los pobres a los ricos”, según ha explicado este diputado de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a DIAGONAL.

Antes de interpelar al Parlament, Arrufat estuvo reunido con la Plataforma de Auditoría de la Deuda. Iolanda Fresnillo, activista de este grupo, critica que Izquierda Unida no lo hiciera y que propusiese un examen del agujero llevado a cabo por expertos del Banco de España. En un contexto en el que las quitas o rebajas de la deuda llevan aparejadas medidas como el ajuste de las pensiones anunciado el 15 de marzo, la propuesta, para Fresnillo, tiene que pasar por un examen para el que, las fuentes consultadas coinciden, no existen estándares fijos, ya que nunca se ha formado el tribunal internacional de la deuda reclamado históricamente por movimientos sociales de todo el globo. Se debe llevar a cabo una “auditoría integral -explica Fresnillo- “que incluya impactos de género, ambientales y que cuente con la participación ciudadana. La auditoría no será si no es ciudadana, no de expertos ni tecnócratas”.

Fábrica de deuda

El Observatorio Metropolitano de Madrid sostiene que existe una relación entre los repuntes del mercado bursátil y el descenso de la prima de riesgo. Así, en julio, cuando el diferencial con el bono de deuda alemana alcanzó su tope, las 35 principales cotizadas en el parqué madrileño caían a niveles de la era prechampions de Zapatero, hasta por debajo de los 6.000 puntos. La pregunta, plantean desde el Observatorio Metropolitano ,“es si hay fundamentos sólidos para saber si va a haber un crecimiento bursátil”. No es el único factor que el Observatorio Metropolitano detecta. La guerra de divisas internacional, que sostienen principalmente el euro y el dolar, tuvo otro episodio con el rescate salvaje de Chipre, que ha hecho caer al euro en relación a la moneda estadounidense después de unos meses en los que la divisa europea había mantenido su pujanza, merced a la devaluación interna llevada a cabo a través de la caída de los salarios en la Eurozona.

En cualquier caso, si no se produce otra clase de arreglo político, queda la deuda como valor refugio y como garantía de pago. Carlos Pereda, del Colectivo IOÉ, explica a este periódico que “se prevé una media anual de 48.000 millones de euros de vencimientos de deuda pública” en el periodo que va de 2013 hasta 2020. Esta cifra se puede comparar conel monto que el Gobierno plantea ahorrar con su reforma de la edad de jubilación, 2.400 millones hasta 2027, o con los 9.579 millones de presupuesto de un ministerio como el de Agricultura y Medio Ambiente.

“Cuando las entidades financieras habían perdido nichos como la inversión en bolsa y el ladrillo, la deuda se convierte en valor refugio, el problema para los grandes bancos es conseguir que sea un mercado de alto rendimiento”, explican desde el Observatorio Metropolitano. La herramienta para llevarlo a cabo es a través de las percepciones de las tres Agencias de Calificación de Riesgos, Standard and Poors, Moody’s y Fitch, agentes privados insertados en las economías públicas, cuyo modelo de negocio “no tiene por objetivo reducir la deuda de empresas, países o inversores”, explica el filósofo y periodista Werner Rügemer en su libro Las agencias de Calificación, publicado por Virus: “Lo único que desean es que los deudores puedan cumplir con sus obligaciones bajo cualquier circunstancia. Nos encontramos ante una fábrica profesional de generar deuda”.

El papel del Estado

El Grupo de Economía de Sol impulsó en Madrid la semana por la Europa de las personas, contra la Europa de los mercados, que coincidió con el Consejo Europeo celebrado a mediados de marzo. Liliana Pineda explica que desde hace dos años Economía Soldenuncia el papel de las agencias de calificación en la crisis de la deuda. “Hay una delegación inaudita e ilegítima de un control, el del endeudamiento, que debería ser público”, denuncia Pineda, quien critica al Banco Central Europeo por permitir que las agencias de rating operen bajo normativas laxas en la generación de productos financieros derivados, que las agencias “imponen a los Estados con la connivencia de sus bancos centrales”.

El caso de Chipre ha devuelto a primer plano el debate acerca del papel de la Unión Europea en una crisis que ya consume su quinto aniversario. La quita de la deuda a través de la intervención de los depósitos de la población ha tenido como consecuencia un repunte de 20 puntos de las primas de riesgo de España e Italia. Con unas vías de beneficio taponadas, la deuda sólo funciona como valor refugio a través de los Estados, convertidos en “garantes de la seguridad y agentes expropiadores”, en palabras de Werner Rügemer, y unas instituciones europeas diseñadas para seguir fielmente este modelo. “Esta socialización de deudas privadas puede ir a más en los próximos meses”, advierte Fresnillo, quien cree que  Rajoy, al dar por finalizada la crisis de deuda “no se dirigía a nosotros, sino a los mercados”.

Y quien dice mercados dice acreedores, pero, ¿qué se debe y a quién? Según el economista y miembro de Attac François Chesnais, “cuando bancos y hedge funds prestan a los Estados comprando los Bonos del Tesoro emitidos por los ministerios de finanzas, se trata de sumas ficticias que se ponen a disposición en base a la red de relaciones y transacciones interbancarias”. Es decir, se generan unos valores financieros cuyo peso en la economía actual es entre tres y cuatro veces superior al del PIB Mundial: por cada dólar que genera la llamada “economía productiva” hay cinco dólares en títulos.

Quim Arrufat pone un ejemplo sobre el que trabaja la CUP: “Cada año hasta 2035 Catalunya pagará unos 1.100  millones de euros en pagos diferidos de carreteras y obras públicas que se hicieron financiadas por las empresas. La suma es tres veces más cara que el coste real presupuestado”. Por eso, Arrufat denuncia que en el Parlament  “faltan escaños en los que se sienten los Consejos de Admi­nistración, las constructoras y los bancos que poseen la mayoría de las emisiones de bonos”.

La situación de Catalunya, explica este diputado, es más compleja, ya que la Comunidad no tiene mecanismos de recaudación. No obstante, aunque la Administración central sí los tiene, la deriva no hace sino reforzar la financiarización de la economía. Desde el comienzo de la crisis en 2007, los impuestos que pagan en España las cotizadas del Ibex 35 han caído desde el 21,21% hasta el 16,42 % que pagaron en el último año del que hay datos, 2011.

Por eso, como insisten las organizaciones que reclaman el impago o la auditoría de la deuda, ésta debe estar acompañada siempre de otras medidas fiscales que cuestionen las bases del modelo económico. “El concepto de deuda ilegítima es político y no está cerrado”, explica Iolanda Fresnillo, “es la ciudadanía la que tiene que marcar las líneas rojas”, concluye.

El Gobierno endurece la jubilación

El Gobierno aprobó el 15 de marzo un Real Decreto-ley sobre la edad de jubilación que endurece las condiciones para optar a la jubilación anticipada. Así, será necesario haber cotizado a la Seguridad Social  33 años –hasta ahora eran necesarios 30– para poder optar a retirarse antes de los 63 años. La edad mínima también se ha visto aumentada a través de este Real Decreto 5/2013. Hasta ahora las personas de 61 años podían optar por esta fórmula, a partir de la nueva normativa la edad queda fijada en 63 años, cuatro menos de la edad “estándar” de jubilación, fijada en 67 años tras el acuerdo social firmado por Gobierno del PSOE, sindicatos y patronal en abril de 2011. Las trabas al acceso a la jubilación parcial, por las que se aumentan las horas mínimas en los centros de trabajo y la edad mínima para optar a esta modalidad, son otras de las medidas que incorpora este Real Decreto, que vuelve a invocar el mantra de la “sostenibilidad de las pensiones” y la exigencia de adecuación a los planteamientos de la Unión Europea. Los sindicatos de concertación critican que la medida se ha tomado sin el acuerdo del Pacto de Toledo y saltándose las bases del acuerdo de 2011.

La guerra mundial de la deuda

Iturria: acordem.org / Juan Torres

El pasado día 18 de este mes, el Banco Internacional de Pagos (BIP) actualizó unas series históricas sobre la deuda privada de cuarenta países. Los datos se refieren al sector privado no financiero que incluye a las empresas, hogares e instituciones sin ánimo de lucro y están tomados desde diferentes años de partida según los casos y después de haber tratado de homogeneizar las diferentes formas en que se han generado las deudas (la metodología y los datos de todos los países en formato Excel pueden verse en BIP, Long series on credit to private non-financial sectors).

Sorprendentemente, estos datos han pasado muy desapercibidos en los medios de comunicación a pesar de que son sencillamente escalofriantes y que, al menos desde mi punto de vista, llevan a dos grandes conclusiones. La primera, que el énfasis que se pone habitualmente en el peligro que supone la deuda pública (sin despreciarlo) es una cortina de humo para ocultar el principal cáncer que asola a la economía capitalista, y que es la deuda privada. Y la segunda, que este cáncer es tan grande que hace completamente insostenible al sistema porque éste no será capaz ni de amortizarla ni de hacerla desaparecer graciosamente.

De los datos que proporciona el Banco Internacional de Pagos para los diferentes países se pueden extraer resultados como los siguientes:

– La deuda privada de Estados Unidos (cuyo PIB es de unos 16 billones de dólares) era de 24,98 billones de dólares (millones de millones) a 30 de septiembre de 2012. Según los datos del BIP, este volumen de deuda es el doble del que había hace tan solo nueve años.

– La deuda de los países de la Eurozona computados era de 15,70 billones de euros (frente a un PIB de 8,7 billones) en la misma fecha, y también se ha duplicado en los últimos nueve años. El Reino Unido, que tiene una deuda privada total de 3,1 billones de libras (PIB de 1,4 billones), solo ha necesitado 7 años para duplicarla.
Por otro lado, los datos muestran que la evolución de la deuda en la inmensa mayoría de los países presenta algunas características comunes:

– La deuda privada en relación con el PIB ha aumentado extraordinariamente en casi todos los países, de representar alrededor del 50% del PIB en los años 60 o 70 del siglo pasado al 300% o incluso más de la actualidad.

– Aunque el porcentaje que representa el crédito que proporcionan los bancos sobre el total ha disminuido mucho a lo largo de los últimos años sigue teniendo una gran presencia junto al que proporcionan otro tipo de entidades financieras no bancarias.

– Finalmente, los datos del BIP señalan que el crédito a los hogares, que tradicionalmente era mucho más bajo que el que reciben las empresas, aumenta mucho en los últimos años, lo que claramente refleja la pérdida continuada de poder adquisitivo que hace que el recurso al crédito sea cada vez más necesario en mayor número de familias de casi todos los países.

Pero, sin duda, lo que merece una mención especial es la magnitud de la deuda que se está acumulando que ya es materialmente impagable. Así es; no hay posibilidad ninguna de que el sistema la absorba en la cantidad tan inmensa que ha alcanzado. No puede haber ingresos suficientes para pagarla sin que colapse el sistema capitalista.

Seguramente, muchas personas pensarán que no tiene sentido que los bancos y las entidades financieras en general sigan generando constantemente esos volúmenes tan grandes de deuda, que como hemos visto se duplican cada 7 o 9 años, sabiendo que no la van a cobrar nunca. Pero sí lo tiene y es muy importante conocerlo.

El secreto consiste (como hemos explicado Vicenç Navarro y yo en nuestro libro Los años del mundo. Las armas del terrorismo financiero, Espasa 2012) en que los bancos crean la deuda desde la nada, simplemente realizando meras anotaciones contables. Por tanto, no les cuesta nada generarla. Y, sin embargo, esa deuda está asociada a los intereses (es decir, a una retribución que pagamos a los bancos por darnos dinero que crean de la nada), de modo que los bancos siempre tienen un retorno suficiente como para obtener beneficios impresionantes y convertirse en los dueños del mundo sin necesidad de que se devuelva la totalidad de la deuda que han creado. Solo les basta con emitirla sin parar.

Gracias a los intereses, la deuda se autoalimenta: se necesita cada vez más deuda para pagar la deuda anterior. De hecho, la inmensa mayor parte de la deuda gigantesca que registran los datos del BIP (como la de todos los países) es deuda que ha habido que suscribir para hacer frente a la deuda previa que han generado los intereses que ha habido que pagar por una deuda generada por los intereses de deudas anteriores… y así sucesivamente, formándose de ese modo la espiral que condena a la inmensa mayoría de la humanidad al empobrecimiento.

En la antigüedad las deudas eran uno de los orígenes de la esclavitud. Hoy día creemos que ya está abolida pero es mentira porque la deuda sigue convirtiendo en una especie singular de esclavos, esclavos de facto, a cientos de millones de personas y familias en todo el mundo. La deuda les quita la libertad y los condena de por vida, nos ata y convierte a las sociedades en verdaderas prisiones.

La deuda es la forma de la nueva guerra mundial que la banca libra sin haberlo declarado contra la inmensa mayoría de la humanidad.

Hay que acabar con eso. Hay que abolir la esclavitud de la deuda y sabemos lo que hay que hacer para ello: principalmente, terminar con el privilegio irracional e inmoral que permite a los bancos crear dinero de la nada cada vez que dan un crédito. Eso es lo que los lleva, en su búsqueda constante del máximo beneficio, a presionar de mil modos para que el modo de producir y nuestra forma de consumir dependa total y artificialmente del crédito, que es su negocio.

Artillería jurídica contra la deuda externa

Iturria: Enric Llopis / Rebelion – 2013/03/13

La coordinadora del CADTM en Bélgica, Cécile Lamarque, reivindica los derechos humanos para que no se pague la deuda ilegítima

“No debemos, no pagamos”. Para materializar esta sencilla consigna hace falta acumular fuerza política. Pero también argumentos. Algunos de ellos, los de carácter jurídico, los ha expuesto en la Facultat de Ciències Socials de València, Cécile Lamarque, coordinadora del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) en Bélgica. Un arsenal de razones jurídicas para no pagar la deuda ilegítima a los acreedores.

En un acto organizado por la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià, Clínica Jurídica de la Facultat de Dret y el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Cécile Lamarque ha subrayado que la deuda se utiliza como “excusa” -en la realidad europea- para imponer políticas de austeridad y recortes. “Se nos dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, pero ¿a qué responde realmente el aumento de la deuda externa, sea pública o privada?

Primero, al “alza explosiva” de los tipos de interés en la década de los 80, coincidiendo con la llegada al gobierno de Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Gran Bretaña; además, a la aprobación de sucesivas contrarreformas fiscales para el beneficio de los grandes patrimonios y las rentas más altas, que han menguado los ingresos estatales; a dos tratados, primero el de Maastricht y después el de Lisboa, que fuerzan a los estados a financiarse en los mercados internacionales en lugar de hacerlo a través del Banco Central Europeo (BCE), a una tasa de interés muy inferior; por último, al coste de los planes de rescate y las maniobras de las agencias de calificación rebajando la nota de los estados. Es decir, “el endeudamiento en los países europeos no deriva de un incremento del gasto público”, subraya Lamarque.

El pago de la deuda y los planes de austeridad ahogan a las poblaciones del sur. Frente a lo que muchos ya califican de “austericidio”, el CADTM propone la realización de Auditorías Ciudadanas que delimiten qué parte de la deuda es ilegítima y, por tanto, no debe pagarse. Hay argumentos jurídicos que avalan las alternativas al binomio recortes-pago de la deuda. Por ejemplo, el último informe del experto de la ONU sobre deuda exterior, de abril de 2012, afirma que los estados acreedores y las instituciones financieras “no deben aprovechar las crisis para imponer reformas estructurales en los estados deudores”. También se explica en el mismo informe que los acreedores “no deberían imponer como condición de los préstamos o del alivio de la deuda, la aplicación de políticas como la privatización, la capitalización, la liberación del comercio, la desregulación de las inversiones o la liberalización del sector financiero”. Pero, afirma Cécile Lamarque, “la Troika impone actualmente estas medidas a los países de la periferia europea”.

Los Comités por la Auditoría de la Deuda priorizan la acción política de los ciudadanos para cancelar la deuda ilegítima al tiempo que desconfían de los tribunales y los mecanismos de arbitraje, “pues suelen dar la razón a las multinacionales y a los acreedores”, asegura la coordinadora del CADTM de Bélgica. “El derecho es siempre fruto de la correlación de fuerzas”, agrega. Por eso los argumentos jurídicos y las auditorías han de estar al servicio fundamentalmente de la lucha ciudadana. Siguiendo con las razones procedentes del Derecho, la activista recuerda que los estados “no tienen la obligación absoluta de reembolsar una deuda; deben hacerlo si se trata de deudas contraídas por el interés general”. Para ello, añade, puede invocarse la Carta de la ONU (1945); la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) o la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), entre otros textos.

El Derecho Internacional podría convertirse en un valioso aliado, de no ser porque las resoluciones de Naciones Unidas suelen quedarse en “papel mojado”. Una resolución del 18 de julio de 2012 llega a afirmar que todo estado “tiene la responsabilidad de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población (…) y no verse condicionado por fórmulas específicas de políticas económicas externas”. En otros casos, los estados pueden alegar motivos de fuerza mayor que les imposibilitan pagar las deudas. Según el Derecho Internacional, los estados también pueden ampararse en el “estado de necesidad” (“peligro para la existencia del estado y para su supervivencia política y económica”). Afirma Cécile Lamarque que Grecia podría invocar este principio para no reconocer parte de la deuda con los acreedores internacionales.

En los países de la periferia europea podría asimismo aplicarse el criterio sostenido por el experto de la ONU sobre deuda externa en su último informe: “cuando por causas ajenas a la voluntad del estado prestatario cambien las circunstancias, puede justificarse una moratoria de la deuda”. ¿Cuáles serían estas circunstancias? Por ejemplo, según la activista del CADTM, el incremento de los tipos de interés que se duplicaron en el periodo 2010-2011 respecto a 2008-2009. Otras veces el arsenal jurídico contra la deuda requiere de menos pormenores. Basta con invocar los principios generales del derecho internacional cuando se refieren a la “equidad”, “buena fe”, “abuso de derecho” o “fraude”.

Puede, así pues, tirarse de argumentario jurídico para considerar ilegítima una deuda contraída. También la casuística histórica es muy extensa y abundan los ejemplos a partir de los cuales podría reivindicarse el impago. Es el caso de las deudas contraídas por dictaduras, y que deben costear el conjunto de la población. Así, el CADTM reivindica este principio para las deudas contraídas por los regímenes recientemente caídos de Túnez y Egipto. “Se podría haber aplicado asimismo en las dictaduras militares de Grecia, Portugal o España”, subraya Lamarque. En contexto y época diferentes, tras la invasión de Iraq en 2003, el Club de París (foro internacional de países acreedores y deudores) consideró “odiosa” la deuda que mantenía este país y canceló el 80% de la misma. Aunque se tuvo cuidado en no difundir la noción de “deuda odiosa” por miedo a que cundiera el ejemplo.

Deudas ilegítimas por condicionalidades vinculadas a los préstamos. Éste es uno de los criterios con mayor potencial de materialización hoy en la Unión Europea. La deuda de los países de la periferia se halla íntimamente ligada a las políticas de austeridad e incluso a la imposición de gobiernos “títeres” (caso de Italia y Grecia). Lamarque también señala la posibilidad de declarar ilegítimo el endeudamiento producido por la compra de material militar (el ejemplo griego). O el derivado de la construcción de infraestructuras y grandes proyectos que afecten a las poblaciones y al medio ambiente.

No faltan ejemplos a los que acogerse y tomar como referencia. Algunos los cita el politólogo y jurista Joan E. Garcés en el epílogo de su libro “Soberanos e Intervenidos” (Ed. Siglo XXI), donde concluye que el empréstito “ha sido uno de los instrumentos financieros utilizados para intervenir, dividir o dominar a pueblos enteros”. En 1899, explica Garcés, Estados Unidos pidió que España asumiera las deudas contraídas por los cubanos alzados contra la corona. Un año antes, Reino Unido y Alemania suscribieron un acuerdo secreto para conceder un préstamo conjunto a Portugal y, anticipando que no podría reembolsarlo, repartirse en compensación los territorios portugueses de Angola, Mozambique y Timor, explica Garcés.

En el mismo libro se citan otras muestras de resistencia. Tras el pánico financiero de 1837, los estados de Mississippi, Arkansas, Florida y Michigan repudiaron la deuda pública contraída con inversores extranjeros. Se adujo que estas inversiones no habían producido beneficios. En 1860, el presidente mexicano Benito Juárez rechazó la deuda suscrita durante el régimen del general Zuloaga (1857-1860). Estados Unidos también obligó a repudiar la deuda que los estados confederados habían contraído con Francia y Reino Unido entre 1861 y 1865. Detalla Joan E. Garcés, asimismo, que tras 1877 los estados de Alabama, Arkansas, Luisiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee consideraron ilegítima la deuda pública contraída entre 1865 y 1877, porque el gobierno había actuado, se dijo, de manera corrupta y en beneficio propio.

En definitiva, resume Cécile Lamarque, hoy “el pago de la deuda se impone como condición absoluta; los estados lo aceptan para satisfacer a los mercados financieros”. De ahí nace la iniciativa de las Auditorías Ciudadanas. En Argentina (2001) se suspendió el pago de la deuda y ello no supuso, al contrario, una tragedia económica. En marzo de 2005, la Cámara de Representantes de Nigeria aprueba repudiar la deuda externa contraída por la dictadura militar. En 2010 y 2011 los ciudadanos islandeses decidieron mediante referéndum oponerse al reembolso de la deuda exterior, así como llevar a juicio a los gobernantes responsables.

Rafael Correa en Ecuador (2008) dejó de pagar, tras la realización de una auditoría con participación de los movimientos sociales, parte de la deuda exterior con la banca privada. Éste es uno de los grandes paradigmas aunque, según Cécile Lamarque, “podría haber llegado más lejos”. Grecia, Italia, Irlanda, Francia, Bélgica, Irlanda, Inglaterra, Portugal, España, Túnez, Grecia…Proliferan las plataformas por la auditoría de la deuda con la implicación de la sociedad civil. Trabajan en red para coordinar las luchas. “Porque el endeudamiento es un problema crónico del Sur, de los países periféricos de todo el mundo”, concluye Cécile Lamarque.

Desde 1989, el Estado español ha pagado sólo en concepto de intereses 4,3 veces lo que debía en 1989

Iturria: Eduardo Garzón / Attac – 2013/03/02

Hay muchas personas que se sorprenden cuando observan el cálculo que realicé y que venía a mostrar la colosal cantidad de dinero que pagan Estados como el español solamente en conceptos de intereses de deuda pública. La sorpresa es, en cierto modo, comprensible, porque cuesta mucho creer que el Estado esté pagando esas cantidades astronómicas por tener que financiarse. Para arrojar más luz sobre el asunto y demostrar que en absoluto se está exagerando, en este post plantearé el problema de los intereses de deuda pública española desde una perspectiva más sencilla.

Cuando un Estado tiene más gastos que ingresos, necesita cubrir la diferencia (déficit) de algún modo. Hasta mediados de la década de los 70, todos los Estados occidentales solventaban este problema principalmente a través de la creación de dinero oficial. Es decir, el dinero que necesitaban para cubrir el déficit era emitido directamente por el banco central y prestado al Estado (a este proceso se le denomina monetización de la deuda). En el caso de España, el gobierno le pedía al Banco de España que imprimiera dinero nuevo y se lo prestara, y lo hacía con tipos de interés muy reducidos o nulos (de forma que salía barato financiarse).

Con el desmoronamiento del sistema de Bretton Woods y el ascenso de la ideología neoliberal a mediados de la década de los 70, la mayoría de los gobiernos capitalistas decidieron prohibir la monetización de la deuda (1); es decir, prohibieron que los bancos centrales prestaran dinero a los gobiernos. Su argumento era que al hacerlo se estaba imprimiendo dinero nuevo sin ton ni son y que podía generar tensiones inflacionistas. Pero este argumento carece totalmente de sentido si tenemos en cuenta la solución que propusieron y que adoptaron casi todos los países: en vez de que el banco central imprimiera dinero para prestárselo a los gobiernos (con tipos de interés reducidos), el banco central pasaría a imprimir dinero a los bancos privados (con tipos de interés reducidos) para que éstos se lo prestaran a los gobiernos (a tipos de interés más elevados). Es decir, que la nueva creación de dinero se seguía produciendo (a través de préstamos del BCE o del dinero-deuda creado por los bancos privados), con la única diferencia de que antes de llegar a manos del gobierno pasa por las manos de los bancos privados, otorgándoles la oportunidad de hacer un bonito y rentable negocio. Antes, el banco central imprimía dinero y se lo prestaba al gobierno a un precio barato; ahora, el banco central imprime el mismo dinero (o más) y se lo presta a los bancos privados para que éstos se lo presten a los gobiernos a un precio elevado. Si esto no es una estafa en toda regla a los Estados –y por lo tanto a todos los ciudadanos– por parte de la élite financiera, que baje Dios y lo vea.

Repasemos un poco el proceso de endeudamiento del Estado. Hoy día, cuando el Estado necesita dinero no tiene más remedio que pedir dinero prestado a los inversionistas privados al tipo de interés que le ofrezcan. Ese tipo de interés será el coste que tendrá que asumir el Estado para financiarse, y al mismo tiempo son las ganancias de los inversionistas privados. Durante cada año, el Estado tiene que ir pagando intereses por haberse endeudado. La cantidad que le prestaron (el principal) lo devolverá cuando llegue la fecha acordada. Si, cuando llegue esa fecha,  el Estado no dispone de suficiente dinero, tendrá que pedir más dinero prestado a otros inversionistas privados. Con el nuevo préstamo cancelará el préstamo anterior, pero tendrá que seguir pagando intereses (cuya cantidad se habrá incrementado). Entonces comprobamos que incluso en el caso de que ese nuevo año el Estado ya no tenga déficit, el montante de la deuda aumentará debido al pago continuo de intereses (que se tienen que pagar cada año) (2). En otras palabras, los intereses de la deuda pública no solo afectan a un año en concreto, sino que afectarán a todos los años sucesivos siempre que el Estado mantenga o aumente su nivel de deuda. Los intereses de deuda pública se van acumulando y obligan a endeudarse cada vez en mayores cantidades. Es el conocido “efecto de bola de nieve”, que se pretende reflejar a continuación.

La zona azul representa la cantidad de dinero que debe el Estado (el montante de deuda pública). La zona roja representa la cantidad de intereses que tiene que pagar cada año. Si suponemos déficit nulo, y un plazo de vencimiento de la deuda de un año, observamos el proceso siguiente: los intereses pagados el año 1 se convierten en montante de deuda el año 2; los intereses pagados el año 2 se convierten en montante de deuda el año 3, y así sucesivamente. A la par, vemos que los intereses van aumentando cada año, lo que otorga al proceso un carácter de crecimiento exponencial (3). A la derecha del dibujo se ha comparado el total de la deuda para el año 5 con la suma de los intereses pagados los años anteriores. Se comprueba claramente que pasado un tiempo la cantidad pagada en concepto de intereses es casi tan elevada como el dinero que efectivamente se debe al final del periodo.

Ahora hagamos una prueba parecida con datos reales del Estado español, para el periodo 1989-2012.

Se puede intuir que: 1) la cantidad de intereses pagados (barra roja) siempre va en aumento; y 2) el montante total de deuda prácticamente aumenta cada año lo que se tiene que pagar de intereses (salvo los años de burbuja inmobiliaria en los que el déficit y los intereses se redujeron y salvo los últimos años en los que el déficit se ha disparado debido a la crisis económica y a los recortes).

Si comparamos todo el dinero que ha pagado el Estado español en concepto de intereses desde el año 1989 hasta la actualidad con el dinero que actualmente debe, es más fácil constatar el enorme expolio al que se ve sometido el Estado por tener que financiarse a través de inversionistas privados:

El Estado español ha pagado en concepto de intereses durante ese periodo el 66,46% de lo que hoy día debe. Pero enfoquémoslo ahora desde otra perspectiva: desde 1989, el Estado español ha pagado sólo en concepto de intereses 4,3 veces lo que debía en 1989 (en 1989 debía 97,6 miles de millones de € y desde esa fecha hasta la actualidad, solamente en concepto de intereses ha pagado 418,8 miles de millones de euros). Así se observa claramente el perjuicio que supone a largo plazo tener que pagar intereses elevados: que el montante de la deuda aumenta exponencialmente. Algo que se podría evitar si el Banco Central Europeo financiara directamente a los Estados.

Notas:

(1)    Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional ha revelado que en una tercera parte de una muestra de 152 países el banco central todavía puede hacer préstamos al gobierno.

(2)    Recordemos que, en el caso del Estado español, hubo años en los que presentó déficit simplemente por tener que pagar intereses de deuda pública.

(3)    Siempre que el montante de la deuda pública no se vaya reduciendo o los intereses a pagar sean menores, que es lo que sucedió en los últimos años de crisis inmobiliaria para el caso español (2005-2007).