Lanbide desmantela el servicio de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) dos años después de asumir la competencia
210 trabajadores/as podrían perder su puesto de trabajo y casi 61.500 personas perceptoras de RGI se verían afectadas por una atención de peor calidad. Todo el personal contratado hace dos años cuando Lanbide asumió la gestión de la RGI podría irse a la calle al no estar sus puestos de trabajo contemplados en la estructura organizativa que el Servicio Vasco de Empleo Público aprobará a finales de año.
El personal que tramita la RGI, repartido por las 42 oficinas de Lanbide y servicios centrales, fue contratado en noviembre de 2011 para poner en marcha esta ayuda económica dirigida a personas sin recursos, que hasta ese momento gestionaban las Diputaciones y Ayuntamientos. Esta competencia se transfirió legalmente a Lanbide con carácter indefinido. Sin embargo por una absurda e incompetente burocracia administrativa, los 210 trabajadores se vieron obligados a firmar un contrato por programa temporal, a pesar de que la RGI es claramente un programa estructural. En definitiva un contrato en fraude de ley, que permite la creación de trabajo precario, por parte precisamente de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
Ahora dos años después, tras mucho esfuerzo y trabajo por parte de este personal para sacar adelante la RGI, y con momentos muy duros con incluso agresiones y amenazas en oficinas, todo apunta a que Lanbide y Gobierno Vasco no cuentan con estos/as trabajadores/as, ya que a pesar de que la estructura pretendida por el Gobierno Vasco propone más de 130 puestos de nueva creación, el tipo de contrato por programa les impide optar a esos puestos de estructura.
Ambas administraciones hablaban hace unos meses de “dar estabilidad laboral a los empleados/as públicos que gestionan la RGI porque sus puestos son necesarios mientras duren las necesidades de urgencia de los solicitantes de esta prestación”. Parece ser que esa urgencia ha desaparecido a pesar de que en la actualidad la tasa de paro es del 16% y alrededor de 61.500 familias subsisten gracias a las ayudas sociales, un 13% más que hace 2 años. Una cifra que desgraciadamente sigue creciendo día a día.
¿Quién sale beneficiado con el desmantelamiento de RGI? Desde luego no las personas perceptoras de RGI, ya que existe un peligro real de vuelta al caos, desorganización y deficiente atención de los primeros meses tras la transferencia de esta competencia. En su último informe el Ararteko ya alertó al Gobierno Vasco de que “se debían revisar urgentemente los recursos humanos que gestionan la RGI, ya que no eran suficientes para garantizar la eficiencia del servicio que presta”.
De hecho es una evidencia que no hay personal suficiente en Lanbide para gestionar la RGI, ya que esta administración ha recurrido sistemáticamente a contratar los servicios de una empresa privada, que está prestando los servicios de tramitación, gestión y resolución de solicitudes RGI que por ley están atribuidos al Servicio Vasco de Empleo.
Por todo ello, el colectivo de trabajadores/as que fue contratado a través de nombramientos de funcionario interino por programa, en claro fraude de ley, denuncia la falta de transparencia del Gobierno Vasco en todo este proceso de creación de la estructura de personal. Asimismo, exige que todos los puestos de trabajo actuales se mantengan en la estructura que Lanbide aprobará a finales de año, cumpliendo así su doble promesa de dar estabilidad laboral a los empleados públicos y garantizar un servicio de calidad a los perceptores de RGI.
Murrizketarik Ez 