Posts tagged ‘deuda pública’

junio 25, 2013

El aumento de deuda se debe a las ayudas a la banca, no al gasto público

Iturria: Eduardo Garzón / La Marea – 2013/06/24

Sede del Banco de España en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

Sede del Banco de España en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

Todavía los hay que no son capaces de ver que si hoy día el Estado español presenta un elevado nivel de deuda pública (aunque todavía inferior al de otros países importantes, como Francia o Bélgica) es debido fundamentalmente a las ayudas públicas al sector bancario español (a cajas de ahorros, pero también a bancos) y a los desmedidos pagos por intereses de deuda pública, y no porque el Estado tenga un gasto corriente (gasto social, gasto en educación, gasto en sanidad, gasto en pensiones, gasto en administraciones…) excesivo. Esto último es el mensaje que se transmite, a través de los grandes medios de comunicación, desde los grandes grupos económicos y políticos interesados en camuflar la crisis financiera y hacerla pasar por una crisis fiscal. Mensaje que, desgraciadamente, está calando en buena parte de la población.

Pero vamos a refutar esta falsa creencia.

A finalizar el año 2008, cuando en España todavía no se había ayudado con dinero público a ninguna entidad financiera, la deuda pública alcanzaba los 358.425 millones de euros (el 40,20% del PIB; un nivel más que razonable). A finales de 2012, esta cantidad casi se había duplicado al presentar 688.231 millones de euros (un 84,20% del PIB). Es decir, en cuatro años el volumen de deuda pública se incrementó en 329.806 millones de euros (un aumento del 44% del PIB) (1).

Vamos a ver ahora por qué se tuvo que endeudar tanto el Estado español. Por un lado, se endeudó para inyectar dinero en las entidades financieras. Por otro lado, se tuvo que endeudar para pagar los intereses de esa deuda que iba aumentando rápidamente. Por último, también se tuvo que endeudar para suplir los gastos corrientes que no cubría con los escasos ingresos fiscales (gasto social, gasto en educación, etc).

Calculamos primero la cantidad total de dinero tomó prestado el Estado para ayudar al sector financiero español (2).

  • En concepto de inyecciones directas de capital (consistentes en aportar dinero directamente a las entidades), el Estado español ha gastado 59.130 millones de euros.
  • En concepto de adquisición de activos (consistentes en comprarle a las entidades una serie de activos, como los tóxicos acaparados por el banco malo), el Estado español ha gastado 71.821 millones de euros.
  • En concepto de créditos por parte del ICO y del FROB (consistentes en otorgar préstamos a las entidades), el Estado español ha gastado 3.099 millones de euros.
  • En concepto de participaciones y bonos preferibles convertibles (consistentes en financiar a las entidades a través de títulos de renta fija), el Estado español ha gastado 2.033 millones de euros.

En total, desde 2009 hasta finales de 2012, el Estado español se ha endeudado en 136.083 millones de euros para ayudar al sector bancario. Esto supone que de todo lo que se ha endeudado el Estado desde entonces, un 41,26% ha sido para dárselo a las entidades financieras españolas.

Ahora veamos cuánto se ha tenido que endeudar el Estado para poder pagar los intereses de deuda pública que tiene que abonar cada año (3).

En 2009 el Estado tuvo que pagar 17.400 millones de euros; en 2010, 23.200 millones de euros; en 2011, 27.400; y en 2012, 28.848. Esto hace un total de 96.848 millones de euros. Es decir, de todo lo que se ha endeudado el Estado desde 2009, un 29,38% ha sido para dárselo a los acreedores de la deuda pública española en concepto de intereses.

El resto, 96.875 millones de euros, (un 29,36% de todo el aumento de deuda desde 2009) es la cantidad que ha tenido que tomar prestada el Estado para suplir sus gastos corrientes.

Grosso modo, y para hacernos una idea aproximada, podemos decir que desde 2009 a finales de 2012, la cantidad de deuda pública ha aumentado aproximadamente un 18% sobre el PIB debido a las ayudas a la banca; un 13% sobre el PIB debido al pago de intereses de deuda pública, y otro 13% sobre el PIB al gasto corriente que excede los exiguos ingresos fiscales.

En conclusión, el vertiginoso aumento de deuda pública no se debe al excesivo gasto público corriente, como reza el mantra al que nos tienen acostumbrados, sino que se debe a la acción conjunta de las ayudas a la banca –fundamentalmente–, al pago de intereses de deuda pública, y al gasto corriente que excede los escasos ingresos fiscales.

Notas:
(1) Datos de Eurostat. Disponibles en http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?print=true

(2) Todos los datos de ayuda a la banca son oficiales y han sido consultados en el magnífico documento realizado por el compañero de ATTAC-Madrid Carlos Sánchez Mato. Sánchez, C. (2013): Las ayudas públicas al sector bancario español. Disponible en http://matoeconomia.blogspot.es/img/aypub2012.pdf

(3) Datos recogidos de los libros amarillos de los Presupuestos Generales del Estado. Disponibles en http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PresupuestosEjerciciosAnteriores/Paginas/PresupuestosEjerciciosAnteriores.aspx

 

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marzo 28, 2013

La deuda, un instrumento de opresión de los pueblos

Iturria: Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda – 2013/03/22

La crisis económica desatada en 2007 ha provocado una disminución en los ingresos y un aumento de los gastos del Estado. Ambos procesos —agravados por las reducciones fiscales a las grandes empresas y las ayudas públicas al sector financiero— han conducido a un notable incremento de la deuda de los PIGS, el acrónimo peyorativo con el que los medios de comunicación anglosajones se refieren a Portugal, Italia, Grecia y España. De resultas, los pueblos de la Europa meridional sufren duras políticas de contención del gasto que pretenden —según los gobernantes y las instituciones internacionales— hacer frente a los compromisos contraídos con sus acreedores (principalmente bancos alemanes y franceses). Así, casi de repente, la deuda —que en el caso español tiene principalmente un origen privado— ha entrado en nuestras vidas en forma de recortes, precariedad y bajadas de salarios. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo: hablamos de un problema con una truculenta historia a sus espaldas. Ahora que algunas naciones del Norte desarrollado padecen sus efectos devastadores, quizás sea oportuno reflexionar sobre el tétrico rastro dejado por la deuda en su paso por los países de la periferia del sistema capitalista.

En los años sesenta, los pueblos africanos no acababan de conseguir la independencia política de las antiguas colonias cuando comenzaron a sufrir —con la connivencia de unas elites locales (a veces formadas en Europa y en Estados Unidos) corruptas y despóticas— una nueva tiranía en forma de deuda. En los setenta fueron las naciones latinoamericanas las que se unieron al grupo de países que comenzaron a endeudarse al reclamo de los bajos tipos de interés. Durante este periodo, los grandes bancos y las organizaciones financieras internacionales inundaron el mundo poscolonial de crédito barato que en muchas ocasiones nutrió el despilfarro y la corrupción. No obstante, la bajada en el precio de las materias primas a finales de esa década, unida a la exorbitante subida del tipo de interés decretado por Estados Unidos, complicó el pago de unas deudas que se habían desbocado en los años anteriores, alimentadas por el excedente de capitales y la sobreproducción en las prósperas potencias occidentales. Fue entonces cuando, para rescatar del ignominioso abismo del default a las naciones en vías de desarrollo, entraron en escena el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), dos instituciones financieras mundiales caracterizadas, desde su fundación en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, por un proceso de toma de decisiones escasamente democrático y controlado por sus miembros más poderosos.

Tanto el FMI como el BM concedieron a los países deudores préstamos condicionados a la puesta en marcha de Planes de Ajuste Estructural, que tuvieron unos costes sociales y medioambientales muy gravosos para los sectores populares que precisamente menos se habían beneficiado de una deuda a menudo contraída de forma ilícita. En efecto, aunque en muchos casos se trataba de una deuda ilegítima —por vulnerar la dignidad de los pueblos y los principios del derecho internacional—, tales programas priorizaron el pago a los acreedores sobre la satisfacción de las necesidades básicas de la población, obligando a los Estados rescatados a cumplir con una estricta dieta neoliberal que incluyó recortes en servicios sociales y pensiones, bajadas de salarios, despidos, privatizaciones, impuestos regresivos, etcétera.

Las desastrosas consecuencias de estas políticas antisociales se tradujeron en el aumento de la pobreza y del desempleo, la desindustrialización, la destrucción de un balbuciente Estado del Bienestar y el profundo ensanchamiento de la brecha social y de las desigualdades entre ricos y pobres. Todo ello sin olvidar los efectos que en términos de sobreexplotación de los recursos naturales, degradación de los ecosistemas y pérdida de la soberanía alimentaria también llevaron consigo los métodos austericidas impuestos por el FMI y el BM.

En fin, la sociedad española debe aprender de las lúgubres enseñanzas que dejan los ejemplos del Sur, donde la aplicación de la agenda neocapitalista supuso décadas de estancamiento económico, sin que los esfuerzos realizados sirviesen para aliviar los intereses abusivos de una deuda impagable. Pero no todos perdieron en este juego fruto de las relaciones económicas desiguales entre el centro y la periferia del sistema capitalista. Sin duda, los grandes beneficiarios fueron los acreedores, que a través de este mecanismo consiguieron suplantar la soberanía nacional de los países endeudados, poniendo los recursos de estos Estados al servicio de sus intereses. De hecho, la deuda ha sido utilizada en muchas ocasiones para obligar a los Estados a abrir sus mercados a la entrada productos extranjeros, a privatizar los servicios públicos en beneficio de empresas privadas, a permitir la explotación y extracciónde recursos naturales por parte de multinacionales, o incluso para favorecer cambios de Gobierno y compra de votos en los organismos internacionales.

El mecanismo de la deuda incrementa la vulnerabilidad política y la dependencia económica de los Estados afectados, con la consecuente perpetuación de unas relaciones Norte-Sur basadas en la desigualdad y la injusticia sobre las que descansa el poder de las elites del capitalismo mundial. Las experiencias de los países en vías de desarrollo durante las cuatro últimas décadas dejan bastante claro que la deuda funciona como un instrumento de dominación neocolonial, como una sutil herramienta de presión política que sirve para salvaguardar los intereses económicos, comerciales, estratégicos y geopolíticos de las principales potencias del Norte, sin necesidad de recurrir al empleo de la fuerza y de la conquista militar, como ocurriese en la época del imperialismo. Por tanto, la deuda puede ser considerada como una carga inmoral que pretende tiranizar a unos pueblos que hoy más que nunca deben gritar «No debemos, no pagamos».

marzo 20, 2013

Auditoría ciudadana de la deuda

Iturria: ATTAC.tv / Cécile Lamarque CADTM Bélgica – 2013/03/20

En esta entrevista Cécile Lamarque analiza las causas principales del aumento de la deuda pública. Por un lado, Cécile alude a los mercados financieros como responsables de la política de austeridad y, por otro, la movilización de los ciudadanos contra la deuda ilegítima ha abierto un nuevo camino hacia la auditoría ciudadana en Europa.

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marzo 4, 2013

Desde 1989, el Estado español ha pagado sólo en concepto de intereses 4,3 veces lo que debía en 1989

Iturria: Eduardo Garzón / Attac – 2013/03/02

Hay muchas personas que se sorprenden cuando observan el cálculo que realicé y que venía a mostrar la colosal cantidad de dinero que pagan Estados como el español solamente en conceptos de intereses de deuda pública. La sorpresa es, en cierto modo, comprensible, porque cuesta mucho creer que el Estado esté pagando esas cantidades astronómicas por tener que financiarse. Para arrojar más luz sobre el asunto y demostrar que en absoluto se está exagerando, en este post plantearé el problema de los intereses de deuda pública española desde una perspectiva más sencilla.

Cuando un Estado tiene más gastos que ingresos, necesita cubrir la diferencia (déficit) de algún modo. Hasta mediados de la década de los 70, todos los Estados occidentales solventaban este problema principalmente a través de la creación de dinero oficial. Es decir, el dinero que necesitaban para cubrir el déficit era emitido directamente por el banco central y prestado al Estado (a este proceso se le denomina monetización de la deuda). En el caso de España, el gobierno le pedía al Banco de España que imprimiera dinero nuevo y se lo prestara, y lo hacía con tipos de interés muy reducidos o nulos (de forma que salía barato financiarse).

Con el desmoronamiento del sistema de Bretton Woods y el ascenso de la ideología neoliberal a mediados de la década de los 70, la mayoría de los gobiernos capitalistas decidieron prohibir la monetización de la deuda (1); es decir, prohibieron que los bancos centrales prestaran dinero a los gobiernos. Su argumento era que al hacerlo se estaba imprimiendo dinero nuevo sin ton ni son y que podía generar tensiones inflacionistas. Pero este argumento carece totalmente de sentido si tenemos en cuenta la solución que propusieron y que adoptaron casi todos los países: en vez de que el banco central imprimiera dinero para prestárselo a los gobiernos (con tipos de interés reducidos), el banco central pasaría a imprimir dinero a los bancos privados (con tipos de interés reducidos) para que éstos se lo prestaran a los gobiernos (a tipos de interés más elevados). Es decir, que la nueva creación de dinero se seguía produciendo (a través de préstamos del BCE o del dinero-deuda creado por los bancos privados), con la única diferencia de que antes de llegar a manos del gobierno pasa por las manos de los bancos privados, otorgándoles la oportunidad de hacer un bonito y rentable negocio. Antes, el banco central imprimía dinero y se lo prestaba al gobierno a un precio barato; ahora, el banco central imprime el mismo dinero (o más) y se lo presta a los bancos privados para que éstos se lo presten a los gobiernos a un precio elevado. Si esto no es una estafa en toda regla a los Estados –y por lo tanto a todos los ciudadanos– por parte de la élite financiera, que baje Dios y lo vea.

Repasemos un poco el proceso de endeudamiento del Estado. Hoy día, cuando el Estado necesita dinero no tiene más remedio que pedir dinero prestado a los inversionistas privados al tipo de interés que le ofrezcan. Ese tipo de interés será el coste que tendrá que asumir el Estado para financiarse, y al mismo tiempo son las ganancias de los inversionistas privados. Durante cada año, el Estado tiene que ir pagando intereses por haberse endeudado. La cantidad que le prestaron (el principal) lo devolverá cuando llegue la fecha acordada. Si, cuando llegue esa fecha,  el Estado no dispone de suficiente dinero, tendrá que pedir más dinero prestado a otros inversionistas privados. Con el nuevo préstamo cancelará el préstamo anterior, pero tendrá que seguir pagando intereses (cuya cantidad se habrá incrementado). Entonces comprobamos que incluso en el caso de que ese nuevo año el Estado ya no tenga déficit, el montante de la deuda aumentará debido al pago continuo de intereses (que se tienen que pagar cada año) (2). En otras palabras, los intereses de la deuda pública no solo afectan a un año en concreto, sino que afectarán a todos los años sucesivos siempre que el Estado mantenga o aumente su nivel de deuda. Los intereses de deuda pública se van acumulando y obligan a endeudarse cada vez en mayores cantidades. Es el conocido “efecto de bola de nieve”, que se pretende reflejar a continuación.

Dibujo abstracto

La zona azul representa la cantidad de dinero que debe el Estado (el montante de deuda pública). La zona roja representa la cantidad de intereses que tiene que pagar cada año. Si suponemos déficit nulo, y un plazo de vencimiento de la deuda de un año, observamos el proceso siguiente: los intereses pagados el año 1 se convierten en montante de deuda el año 2; los intereses pagados el año 2 se convierten en montante de deuda el año 3, y así sucesivamente. A la par, vemos que los intereses van aumentando cada año, lo que otorga al proceso un carácter de crecimiento exponencial (3). A la derecha del dibujo se ha comparado el total de la deuda para el año 5 con la suma de los intereses pagados los años anteriores. Se comprueba claramente que pasado un tiempo la cantidad pagada en concepto de intereses es casi tan elevada como el dinero que efectivamente se debe al final del periodo.

Ahora hagamos una prueba parecida con datos reales del Estado español, para el periodo 1989-2012.

Montante e intereses 1989-2012

Se puede intuir que: 1) la cantidad de intereses pagados (barra roja) siempre va en aumento; y 2) el montante total de deuda prácticamente aumenta cada año lo que se tiene que pagar de intereses (salvo los años de burbuja inmobiliaria en los que el déficit y los intereses se redujeron y salvo los últimos años en los que el déficit se ha disparado debido a la crisis económica y a los recortes).

Si comparamos todo el dinero que ha pagado el Estado español en concepto de intereses desde el año 1989 hasta la actualidad con el dinero que actualmente debe, es más fácil constatar el enorme expolio al que se ve sometido el Estado por tener que financiarse a través de inversionistas privados:

Montante e intereses acumulados

El Estado español ha pagado en concepto de intereses durante ese periodo el 66,46% de lo que hoy día debe. Pero enfoquémoslo ahora desde otra perspectiva: desde 1989, el Estado español ha pagado sólo en concepto de intereses 4,3 veces lo que debía en 1989 (en 1989 debía 97,6 miles de millones de € y desde esa fecha hasta la actualidad, solamente en concepto de intereses ha pagado 418,8 miles de millones de euros). Así se observa claramente el perjuicio que supone a largo plazo tener que pagar intereses elevados: que el montante de la deuda aumenta exponencialmente. Algo que se podría evitar si el Banco Central Europeo financiara directamente a los Estados.

tabla

Notas:

(1)    Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional ha revelado que en una tercera parte de una muestra de 152 países el banco central todavía puede hacer préstamos al gobierno.

(2)    Recordemos que, en el caso del Estado español, hubo años en los que presentó déficit simplemente por tener que pagar intereses de deuda pública.

(3)    Siempre que el montante de la deuda pública no se vaya reduciendo o los intereses a pagar sean menores, que es lo que sucedió en los últimos años de crisis inmobiliaria para el caso español (2005-2007).

febrero 22, 2013

Cómo especular contra la deuda pública de un país como España

Iturria: eduardogarzon.net – 2013/02/22

¿Por qué sube la prima de riesgo de un país?  En principio porque los inversionistas financieros (conocidos como “los mercados”) confían menos en la solvencia del país en cuestión. Recordemos que cuando el Estado de un país emite deuda pública, lo que está haciendo en realidad es entregar títulos (papelitos) a cambio de que le presten dinero. Esos préstamos tienen un tipo de interés, que es el coste que tiene que pagar el Estado por haber pedido dinero prestado. Por ejemplo, en el año 2012 un inversionista recibe un título del Estado español y a cambio le presta 1000 euros a un tipo de interés del 1% con fecha de vencimiento de un año. En 2013 el inversionista devolverá el título y el Estado español le devolverá los 1000 euros más el 1% en concepto de intereses (10 euros), en total: 1010 euros. El inversionista termina con más dinero del que tenía al principio, y de esta forma se lucra.

El tipo de interés que acuerden será más alto a medida que el Estado empeore su situación económica, puesto que es una forma de compensar el posible hecho de que al final el Estado no pueda devolver el dinero. De la misma forma, a mejor situación económica del país, menor tipo de interés. Si los inversionistas creen que un estado es solvente y podrá devolver el dinero que le prestan, entonces pedirán un tipo de interés reducido. Esto es precisamente lo que ocurre actualmente con Alemania. Los inversionistas piensan que el Estado alemán es solvente y por lo tanto le prestan dinero “barato” (es decir, a un tipo de interés reducido: 1,62%). Al mismo tiempo esos mismos inversionistas creen que España tiene probabilidades de tener problemas de solvencia y no pagar sus deudas, por lo que le prestan dinero a un tipo de interés más elevado (5,17%). A la diferencia existente entre el tipo de interés que le piden a Alemania y el que le piden a España se le denomina “prima de riesgo” (5,17% – 1,62% = 3,55% = 355 puntos básicos (1)).

Parece comprensible que los inversionistas cada vez confíen menos en el Estado español, debido a la desastrosa situación económica que está atravesando. Pero, ¿es comprensible que en ocasiones la prima de riesgo española se dispare en un solo día, o incluso en unas pocas horas, cuando no ha pasado nada digno de mención en la economía española? Eso no parece tener sentido, al menos no si sólo tenemos en cuenta que el tipo de interés sube o baja dependiendo de la confianza que tengan los inversionistas en la solvencia del Estado. Lo que ocurre es que en ese movimiento influyen otros factores, y especialmente el de la especulación financiera.

Especular es comprar barato y vender caro para obtener beneficios con la diferencia de precios. En el mercado financiero es relativamente fácil especular porque el precio de los activos responde sensiblemente a los cambios en la oferta y demanda de títulos. Un pequeño inversionista no podrá influir en el precio de un activo, pero un gran inversionista que posea cantidades mastodónticas de dinero sí lo podrá hacer. Aquí ofrecemos una explicación sencilla de una de las formas a través de las cuales los especuladores financieros obtienen enormes beneficios atacando a la deuda pública de los países (y particularmente a la deuda española a partir de 2010).

1)      El primer movimiento del especulador consiste en descubrir alguna debilidad de algún país. Al igual que los tiburones atacan cuando huelen la sangre, los especuladores atacan cuando encuentran alguna fisura en la salud de una economía nacional. Es por este motivo que los especuladores no pueden atacar a países como Alemania o Estados Unidos, sino que sólo pueden hacerlo con aquellos países menos vigorosos (España, Grecia o Portugal son algunos ejemplos; las dudas económicas sobre estos países a partir de 2010 los convirtieron en presas fáciles de abordar).

2)      El segundo movimiento consiste en comprar CDS para utilizarlos como “caballo de Troya”. Un CDS es un título financiero (papelito) que funciona como un seguro. Al igual que un seguro de coche te cubre en caso de accidente, un CDS te cubre en caso de que algún Estado no te devuelva el dinero que le prestaste. El especulador le compra los CDS a un banco de inversión que se compromete, en caso de que el Estado español no devuelva el dinero, a cambiarle el título de deuda pública española por un título de deuda pública alemana (que goza de mayor confianza y seguridad). El CDS tiene un precio, que será más alto conforme más elevado sea el riesgo de que el Estado no devuelva el dinero (al igual que un seguro de coche es más caro conforme más probabilidades tenga el conductor de sufrir un accidente). Puesto que todavía (principios de 2010) no hay dudas serias sobre la solvencia del Estado español, este precio es bajo. El especulador se asegura de comprar muchos títulos de CDS para que luego funcionen como un “caballo de Troya”.

Lo gracioso es que el especulador puede comprar los CDS aunque no tenga títulos de deuda pública en su poder, debido a las pocas normas regulatorias que existen en los mercados financieros.

3)      El tercer movimiento consiste en pedir prestados una cantidad enorme de títulos de deuda pública en el mercado secundario. El especulador obtiene así muchísimos títulos de deuda pública española que se compromete a devolver pasado un tiempo. Pero antes de que llegue el momento de devolverlos, los venderá de forma masiva y en un solo día (las normas de los mercados financieros permiten hacer algo tan estrafalario como vender títulos que te han prestado). La venta de tantos títulos de deuda pública no pasará desapercibida, y los demás inversionistas verán en ella una señal de que están empezando a desconfiar de la solvencia del Estado español, puesto que parece que hay mucha gente vendiendo los títulos de deuda pública española. Si esta acción se acompaña de rumores y opiniones (por parte de expertos relacionados con el fondo especulador, por ejemplo) que lanzan el mensaje de que el Estado español tendrá problemas para afrontar sus pagos, entonces el efecto será aún mayor, y los inversionistas poseedores de títulos de deuda pública española se asustarán y venderán ellos también todos los títulos que puedan. Como muchos agentes quieren librarse de los títulos a toda costa, los venderán al precio que sea y esto hará que pierdan mucho valor (por la ley de la oferta y la demanda; cuantos más agentes ofrezcan algo, más bajará su precio).

Al mismo tiempo, nuestro especulador utiliza el dinero que ha recibido por la venta de títulos de deuda española para comprar títulos de deuda pública alemana, empujando al alza la valoración de estos títulos alemanes (por la ley de la oferta y la demanda; cuantos más agentes demanden algo, más subirá su precio).

4)      El cuarto movimiento se produce de forma automática: es el impacto que tiene el “caballo de Troya” instalado a través de los CDS. Recordemos que nuestro especulador compró muchos CDS (seguros) a un banco de inversión. Este banco de inversión (vendedor de seguro) empieza a ver que el Estado español tiene más posibilidades de quebrar. Puesto que se comprometió a entregar títulos de deuda pública alemana a los compradores de CDS en el caso de que el Estado español quebrara, lo que hace el fondo de inversión es comprar títulos de deuda pública alemana para tener suficientes en su cartera (y también vender títulos de deuda española porque tienen ya muy poco valor). Estos dos movimientos reforzarán la senda iniciada por nuestro especulador: venta masiva de títulos de deuda pública española (lo que reducirá su precio) y compra masiva de títulos de deuda alemana (lo que aumentará su precio).

5)      El último movimiento consiste en recoger las ganancias realizadas por el movimiento especulativo. Nuestro especulador compró muchos títulos de deuda alemana a un precio bajo, y ahora que han aumentado mucho su valor los vende, obteniendo suculencias ganancias. Además, ahora comprará títulos de deuda pública española a precios muy bajos y los devolverá al agente que se los prestó en su día. Pero para rematar la jugada venderá los CDS que compró al principio, puesto que ahora se valoran mucho más ya que hay gente asustada que quiere comprar seguros por si el Estado español quiebra. Más ganancias al vender los CDS.

Así es cómo los especuladores actuaron y actúan para cosechar beneficios mastodónticos al mismo tiempo que ponen a España y otros países contra la espada y la pared al provocar un aumento importante de sus primas de riesgo (ya que la confianza en sus títulos de deuda baja, y la depositada en los títulos alemanes sube). Una actuación abominable y criminal que está permitida por los grandes poderes públicos de los países occidentales.

Notas:

(1)    A 20 de febrero de 2013.

enero 29, 2013

Tribunales dan la razón a Islandia en litigio con Holanda y Reino Unido por quiebra de sus bancos, pero…

Iturria: Kaos en la Red – 2013/01/28

En contra de las advertencias de Europa, sus ciudadanos y ciudadanas se negaron dos veces en referéndum a compensar a los británicos y holandeses. Lo paradójico de este caso es que, pese al apoyo recibido hoy por los tribunales, el Gobierno de Islandia ha acabado por pagar gran parte del dinero.

Los poderes financieros clamen al cielo por tamaña ofensa e incumplimiento de ese país. Hablan de poca credibilidad y de que no hay criterios de seguridad jurídico financiera. No obstante, el mismo gobierno islandés ha ido anunciando las cantidades que ya lleva desembolsadas para pagar esa deuda. O sea, aquí también la crisis no la han pagaio los ricos!

El Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) acaba de dictaminar que el Gobierno de Reikiavik no violó la ley cuando forzó que 300.000 ahorradores británicos se quedasen sin el dinero que habían depositado en unas entidades que antes de la crisis parecían tan seguras como las de su país.

Tras la bancarrota ocurrida en 2008 en Islandia ante el rechazo del Ejecutivo islandés a rescatar a sus principales entidades financieras, los Gobiernos británicos y holandeses compensaron a los ahorradores con su propio dinero por las pérdidas. No obstante, inmediatamente después iniciaron un proceso legal cuya primera etapa terminó este lunes.

Según el dictamen de la EFTA, cuya decisión sorprendió a muchos analistas, Islandia no actuó en contra de la normativa al tomar la decisión de no pagar a los ahorradores. “Es una satisfacción considerable que la defensa islandesa haya ganado el caso Icesave. El Tribunal de la EFTA hace que esté más cerca el final de una historia muy larga”, respondió hoy el Gobierno islandés.

Lo paradójico de este caso es que, pese al apoyo recibido hoy por los tribunales, el Gobierno de Islandia ha acabado por pagar gran parte del dinero que debía al Estado británico. Según portavoces oficiales, Reikiavik ya ha reembolsado casi 3.300 millones de euros de los más de 6.600 depositados en Icesave. La cantidad ya pagada supone más del 90% del mínimo garantizado que el Estado estaba obligado a devolver. Así que, pese al veredicto que hoy llega de Luxemburgo, los contribuyentes islandeses, de una forma u otra, acabarán pagando —tal y como han hecho los españoles e irlandeses— los excesos de sus banqueros.

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enero 16, 2013

Entrevista de Óscar Carpintero a Juan Torres López

Iturria: últimoCero – 2013/01/13

La plataforma digital últimoCero presenta una interesante entrevista realizada por Óscar Carpintero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid, a Juan Torres, miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

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enero 4, 2013

El tabú del impago

Iturria: attacmadrid.org – 2013/01/03

Lo que se dirime es si el impago será diseñado por los acreedores de forma que sirva a sus intereses (maximizar los pagos recibidos) o si será usado como instrumento de legítima defensa por parte de los grupos sociales que están pagando la deuda.

Bibiana Medialdea

En los últimos tiempos cada vez son más las voces que cuestionan la legitimidad del pago de ciertas deudas. La proliferación de plataformas que defienden la necesidad de una auditoría sobre la deuda pública, la reivindicación de anular parte de la deuda hipotecaria de las familias con dificultades económicas (dación en pago) o, más en general, la popularización de la consigna “No debemos, no pagamos”, son buena prueba de ello.

Sin embargo, el impago de la deuda suele presentarse como una opción descabellada, inviable más allá del ámbito de la propaganda. Por muy elevado que sea el coste social derivado de atender los compromisos financieros, se argumenta, seguir pagando deuda es siempre el “mal menor”. Dejar de hacerlo, condenaría a un escenario de exclusión financiera y aislamiento político mucho más gravoso. El impago no sólo supondría pérdidas para los acreedores sino, sobre todo, para la parte deudora, que a cambio del alivio inmediato perdería su acceso a nuevos recursos y quedaría estigmatizada de por vida.

Dejemos de lado el hecho de que el fundamento jurídico vigente ampara el impago de deuda bajo ciertas condiciones: el Derecho Internacional acuña el concepto jurídico de “deuda odiosa” para referirse a aquella que no se ha contraído a favor de quien finalmente ha de responder por ella. Los ejemplos más utilizados son el no reconocimiento en 1898 de la deuda del Gobierno cubano por parte de Estados Unidos, o la anulación en 2004 de la deuda iraquí contraída por el régimen de Sadam Hussein.

Obviemos también la cuestión, crucial, de la legitimidad de decidir sobre el uso que se da a los recursos propios. Es evidente, más allá de la legalidad, que existen principios y derechos de rango superior a un contrato privado de deuda financiera. Si no está permitido, por ejemplo, que una persona salde una deuda vendiendo un órgano de su cuerpo, ¿por qué habría de estarlo que un país la salde vendiendo su sistema sanitario?

Y hagamos un último esfuerzo por olvidar que, en flagrante contradicción con el discurso oficial sobre el “impago imposible”, la historia está plagada de episodios de impagos de todo tipo: desde los antiguos jubileos hasta las recientes quitas negociadas entre la troika y el Gobierno griego. Según atestiguan las hemerotecas y los libros de historia, la conclusión de estos episodios no concuerda con las amenazas previstas.

Así pues, centrémonos esta vez, exclusivamente, en un aspecto que atañe en la actualidad y de forma particular a los países de la Europa periférica, entre los que se incluye España: la cuestión no es si el impago de deuda es o no posible; porque lo cierto es que en las condiciones económicas actuales algún tipo de impago es inevitable. Y tanto los acreedores como la troika, por supuesto, lo saben.

Sintéticamente, la situación es la siguiente. Estos países acumulan volúmenes de deuda, mayoritariamente privada, desorbitados; deudas que multiplican varias veces todo lo que producen en un año (en el caso español se acerca al 400% del PIB). Por otra parte, su producción –de donde proceden los ingresos con los que habría que pagar las deudas- disminuye o, en el mejor de los casos, crece a un ritmo insignificante. Así las cosas, la fórmula a la que recurren para pagar la deuda es refinanciarla: es decir, contraer nuevas obligaciones para saldar las que van venciendo. Pero los tipos de interés que los mercados financieros privados exigen a los países de la Europa periférica para concederles nuevos créditos están muy por encima de su exigua capacidad de generación de ingresos con los que afrontar los pagos. Como resultado, su deuda acumulada registra una inercia de crecimiento imparable.

La secuencia, además, tiende a retroalimentarse convirtiéndose en una espiral perpetua, debido a que los acreedores imponen políticas de austeridad que profundizan la recesión (dificultando cada vez más la generación de ingresos), lo cual obliga a recurrir de forma creciente al mecanismo perverso de la refinanciación del endeudamiento a tipos de interés inasumibles. Bajo estas condiciones, como decíamos, saldar las deudas pendientes resulta imposible.

A primera vista parece absurdo: ¿Qué sentido tiene que los acreedores hagan del impago un tabú, si antes o después tendrán que avenirse a negociarlo? Precisamente, cuando se camina hacia un impago, convertirlo en un tabú es muy importante.

Una vez que una deuda se evidencia impagable el problema deja de afectar en exclusiva al deudor. La función del sector financiero es proveer de crédito, y el beneficio (interés) que obtiene por ello se supone correspondido por el riesgo que asume en su actividad. Son profesionales de la concesión de créditos. Siempre que alguien accede a crédito por encima de sus posibilidades hay una contraparte que está concediendo crédito por encima de las suyas. La pérdida en caso de impago, por tanto, está no sólo justificada sino “prevista” en la operación. Pero lógicamente, y en la medida en que sea capaz, la parte acreedora tratará siempre de minimizarla. Y en el contexto político actual, la capacidad de esta parte acreedora -el sector financiero- para conseguir lo que se propone es, según se ha demostrado, considerable.

Una vez que no se puede seguir ignorando que la parte deudora es incapaz de atender sus pagos, se inician las negociaciones en torno a la reestructuración de su deuda. Y ahí lo que se abre es una disputa distributiva fundamental: ¿Quién se hace cargo de los platos rotos? ¿Cómo se reparte la factura entre la parte deudora y la acreedora, si es que se reparte? Incluso si la reestructuración incluye impagos parciales, los resultados de esta negociación pueden ser escandalosamente desfavorables para la parte deudora. El diablo, como suele, está en los detalles.

En este sentido, resulta muy ilustrativo estudiar qué pasó con las renegociaciones de deuda en la crisis latinoamericana de los años ochenta. Ahora que ha pasado el tiempo y es posible realizar los cálculos, se constata que las reestructuraciones de deuda intermediadas por el FMI, incluso cuando incluían quitas que se vendieron como grandes concesiones, favorecieron enormemente a los bancos acreedores frente a los Estados endeudados. Esto se debió a dos razones fundamentales. Por una parte, porque al reprogramar los pagos los acuerdos priorizaban siempre el pago de intereses frente a la amortización del capital, que de esa forma no se liquidaba y seguía generando nuevos intereses. Así, según el nuevo esquema de pagos negociado, aunque se pagaba deuda, ésta no disminuía proporcionalmente. Y por otra, porque la reprogramación de la deuda suponía alargar los plazo y, por tanto, incrementar el pago final de intereses. Los cálculos señalan que en muchos casos ambos elementos compensaron de sobra las quitas concedidas.

El saldo de la negociación en torno a la reestructuración de la deuda (impago incluido) depende de la correlación de fuerzas entre deudores y acreedores. Y la posición de fuerza de la parte deudora radica, precisamente, en su capacidad de no pagar. De decidir no pagar. Fingir que la opción del impago no existe es la forma más efectiva de despojar a la parte deudora de su poder de negociación. Hay que recordar que la opción del impago unilateral existe, es la única forma de que los deudores cuenten con todo el poder que les corresponde. De nuevo América Latina, con los casos delimpago unilateral argentino de 2001 y la política del gobierno de Correa en Ecuador a partir de 2007,puede ayudarnos a ilustrar la cuestión.

Lo que ahora está en juego en Europa no es si habrá o no impago. La cuestión política fundamental serán sus características concretas:

1. Qué deuda deja de pagarse: ¿deuda pública? ¿deuda hipotecaria de familias con dificultades? ¿deuda de las entidades financieras?

2. Qué acreedores asumen la quita: ¿los Estados? ¿otras instituciones públicas? ¿el sector financiero privado?

3. Qué condiciones afectan a la deuda restante.

En definitiva, lo que se dirime es si el impago será diseñado por los acreedores de forma que sirva a sus intereses (maximizar los pagos recibidos), o si será usado como instrumento de legítima defensa por parte de los grupos sociales que están pagando la deuda. Una deuda que, es preciso recordarlo, no les corresponde.

diciembre 19, 2012

Por qué la deuda pública no debería pagarse

Iturria: Vicenç Navarro – 2012/12/18

Este artículo señala las razones por las cuales la deuda publica de los países perifericos de la Eurozona es artificialmente exagerada y que se debe al excesivo poder que el capital financiero tiene hoy en tal zona. El artículo indica que tal deuda no debería pagarse, pues su nivel responde a unas prácticas que no deberían aceptarse.

La deuda pública acumulada por los países de la Eurozona es impagable. Ha alcanzado un nivel que los Estados no podrán pagar. Esto aplica prácticamente a todos los países, pero muy en especial a los países antes llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain), y ahora GIPSI (con el añadido de Italia). En todos ellos la deuda pública está por encima de los niveles permitidos en el Tratado de Maastrich, que estableció las condiciones que los países debían seguir para entrar y permanecer en el euro.

Frente a esta situación deberían hacerse dos preguntas. Una es ¿cuál es la consecuencia de que los Estados no paguen la deuda? Y la otra, ¿debería pagarse tal deuda? En realidad, los Estados no deberían pagar la deuda, incluso en el caso de que pudieran hacerlo, pues esta deuda es exagerada y la cantidad de intereses que se ha forzado a los Estados a pagar para poder conseguir dinero, es decir, para que la banca comprara bonos públicos del Estado, es artificialmente alta e inmoral. Y digo inmoral porque esta exigencia de que los Estados paguen intereses altos se basa en que ha sido la propia banca, a través de su lobby, el Banco Central Europeo, la que ha creado la situación intolerable en la que los Estados no tenían otro remedio para conseguir dinero que pagar tales intereses exageradamente altos, pues el Estado no podía pedir prestado dinero del BCE (mientras que los bancos sí que podían). Es como si una persona robara dinero a otra y luego tuviera la osadía de prestarle el dinero robado (porque no había dinero disponible de ninguna otra fuente) a la persona robada, a unos intereses elevadísimos. El ladrón robaría dos veces a la persona robada. Esto es lo que la banca ha hecho. Ha eliminado el instrumento que los Estados tenían para protegerse de la especulación de sus bancos, y así han conseguido intereses de los bonos altísimos (ver mi artículo “La estafa de la deuda pública” en El Plural, 29.11.12)

Por otra parte, es importante que se informe a la ciudadanía que los Estados pueden conseguir recursos y que pueden conseguirlo sin necesidad de endeudarse. La negación de esta posibilidad justifica las políticas de austeridad y los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Ahora bien, los Estados tienen enormes recursos que no se están tocando. Por ejemplo, si analizamos la propiedad pública que cada uno de estos Estados tiene, la cantidad total representa muchas veces el valor de la deuda pública. Y éste es el filón de oro donde los acreedores, es decir, los bancos, quieren meter mano. Tales Estados deberían resistirse a ceder a esta demanda, pues una vez vendida tal propiedad, ya no tienen donde apoyarse en el futuro.

Existe, sin embargo, una enorme propiedad privada que se ha ido incrementando y concentrando durante estos hechos de recesión, cuando las desigualdades de renta y propiedad han crecido exponencialmente, es decir, muy rápidamente. Así, en Italia, el país de los GIPSI que tiene mayor deuda pública (la OCDE calcula que en 2013 será un 122% del PIB) tiene nada menos que en propiedad privada en inversiones y tierra el 377% del PIB, en inversiones financieras el 237% de PIB, y así un largo etcétera. Stefan Bach, en un interesante artículo, “Capital Levies – A Step Towards Improving Public Finances in Europe”, en Social Policy Journal calcula que un incremento de un 5% de los impuestos sobre tal propiedad privada podría conseguir el equivalente al 15% del PIB, medida que, a la vez que contribuir a reducir las desigualdades, disminuiría su enorme deuda pública. No se conocen estudios semejantes en España pero es probable que las cantidades fueran muy semejantes.

Otra área de ingresos son las rentas originadas del capital, invertidas en actividades especulativas a través de la banca. Incluyo en esta categoría la huída de capitales a paraísos fiscales u otros países, distinta a los de los depositarios. Incluso el Banco Mundial, un organismo de clara orientación conservadora, ha documentado en todos los países de elevada deuda los fondos depositados en el extranjero, que en cada uno de estos países representa una cantidad mucho mayor que el tamaño de la deuda pública (ver el libro Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press 2010, escrito por Eric Toussaint y Damien Millet).

España, uno de los países con mayores desigualdades de la OCDE puede y debe conseguir fondos de aquellos que se beneficiaron más de los años de bonanza. Dinero lo hay con gran abundancia entre las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca (que ha recibido fondos públicos por una cantidad equivalente nada menos que al 10% del PIB). El problema es que el Estado no los recoge. Influenciado por las grandes fortunas, por las grandes empresas y por la banca, el Estado prefiere endeudarse, beneficiando a la banca, a la cual se le paga más adelante los intereses elevadísimos, con dinero público. Un escándalo.

 

diciembre 17, 2012

Tras el rescate, la banca española sigue siendo insolvente

Iturria: vozpópuli / attacmadrid.org – 2012/12/17

¡Por fin! Parecen respirar tranquilos desde el Gobierno, una vez que el fondo de rescate permanente de la eurozona transfirió el martes a España deuda por valor de 39.468 millones de euros para financiar el saneamiento de los cuatro bancos españoles nacionalizados y la inyección al llamado banco malo. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Ni la cuantía, ni la forma en que se ha implementado el banco malo Sareb, son suficientes para restaurar la insolvencia de nuestra banca. Y lo peor de todo, y como siempre, va a correr a cargo de los contribuyentes.

Desde este blog denunciamos en su momento la inutilidad de las cinco reformas del sistema financiero español emprendidas por el gobierno anterior y el actual. Todas ellas eran y son fruto de una tremenda improvisación, tanto en el procedimiento utilizado, la cuantía de saneamiento estimada, como en los aspectos técnicos desarrollados. Confundían, y confunden aún, saneamiento financiero con requisitos de capital. Además, y esto es muy grave, no ha habido un cambio sustantivo de la propiedad y de los equipos directivos de las entidades finalmente intervenidas, y que presidieron su descapitalización o la consintieron.

Las elites económicas y políticas han diseñado una reforma del sector financiero a la medida de sus intereses. Estos mismos grupos no han dejado de meter su mano en nuestros bolsillos, produciéndose un aumento de la pobreza y miseria en nuestro país sin parangón en nuestra reciente historia.

El banco malo Sareb, a nuestra costa

El banco malo en última instancia es una empresa de gestión de activos que compra todos los activos en quiebra, en definitiva todos los préstamos tóxicos no rentables que los bancos y cajas tienen en sus libros, y, posteriormente los gestiona. Inmediatamente surgen una serie de preguntas.

¿Quién crea esta empresa, con qué dinero, quién la gestiona? Y si la empresa puede obtener un beneficio derivado de la “gestión” de los bienes que compra a los bancos, ¿por qué no podrían los bancos manejarlos ellos mismos?

El Gobierno debía elegir entre sobrepagar por la compra de los activos tóxicos, sin tocar a los acreedores extranjeros, en cuyo caso la fiesta la acabarán pagando los contribuyentes patrios. O, alternativamente, proteger a los ciudadanos españoles, infrapagando en la compra de dichos activos podridos, siendo la gerencia, los propietarios y los acreedores extranjeros quienes asumieran el coste por haber llevado a la insolvencia a nuestro sistema bancario, al asumir todos ellos riesgos excesivos.

Al final ha optado por lo primero, proteger a los acreedores y a la gerencia, así como a la banca aparentemente saneada. El principal problema de la Sareb es que no ha sido capaz de encontrar fondos para su financiación fuera de nuestras fronteras, por lo que queda supeditada a la entrada en el capital de las entidades más saneadas, aunque también con gran cantidad de activos tóxicos en sus balances, de forma que se rescatan a sí mismas.

Esto está condicionando a que en lugar de entrar los activos tóxicos por su valor estresado, entran por valores más próximos a lo ya provisionado por las entidades para que éstas no tengan que repercutir las minusvalías de la cesión de activos en su cuenta de resultados que les obligue a nuevas ampliaciones de capital para cumplir con los requerimientos de capital regulatorio y económico. Partiendo de este punto los activos entran a un sobreprecio que va a impedir el vaciado del mercado necesario para empezar a reactivar la economía.

Junto con este sobreprecio, la Sareb no tiene estructura real ni capacidad de montarla desde cero, ni probablemente voluntad política para tenerla, por lo que tendrá que subcontratar todos los servicios de gestión de los activos, lo que supone un sobrecoste a unos activos ya sobrevalorados, lo que dificulta aún más el vaciado del mercado. Con todo esto, lo único que va a conseguir la estructura definida hasta ahora es alargar más el horizonte de salida de la recesión económica y que finalmente sea el dinero público, que irá cumpliendo su calendario de pagos, el que realice el rescate del sector financiero en España.

Transformando la deuda privada en pública

Al final todo es más sencillo de lo que parece. La deuda privada de este país, 4,3 billones de euros, no se puede pagar, y quien la concedió en su mayoría, nuestro sistema bancario, es insolvente. Y el hecho de que el Gobierno central, actual y anterior, se haya mostrado dispuesto a avalar y garantizar gran parte, por no decir la totalidad, de la deuda privada de los bancos ha supuesto que el mercado, es decir, los acreedores de la deuda española, hayan enfocado su presión sobre las finanzas públicas, para que estén más saneadas que nunca, por si finalmente el Estado tiene que salir al rescate de impagos de la banca privada española. Al avalar deuda privada; implementar restricciones fiscales y promover bajadas salariales que hundirán por muchos años el crecimiento económico; España se encamina a una quiebra de deuda soberana.

El Gobierno de Rajoy acaba de recibir de Europa parte del dinero comprometido para el rescate de nuestro sistema financiero. Sin embargo, su diseño supone, desde nuestro análisis, una socialización en toda regla de las multimillonarias pérdidas privadas provocadas por una élite financiera y política que, aún hoy, sin ningún tipo de rubor, sigue exigiendo sangre, sudor y lágrimas al resto de los ciudadanos. Dicho rescate, además, no valdrá para nada. Como detallamos en un blog previo, la cuantía necesaria, siguiendo el diseño implantado por las élites, rondará finalmente los

300.000 millones de euros frente a los 100.000 millones que ya ha sorbido nuestra banca patria entre FROBs, avales, y aportaciones del fondo de rescate. Ahora ya solo nos queda el rescate total. ¡Porca miseria!

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