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marzo 12, 2014

Castigando a las víctimas: guía de la UE y la crisis para principiantes

Iturria: acordem.org – 2014/03/02

La eurocrisis le ha cambiado la cara a la Unión Europea. Tras la crisis se han puesto en marcha nuevas leyes y opacos mecanismos de gobernanza que aseguran austeridad para los ciudadanos y desregulación para los negocios. Pese a que un mercado financiero desregulado fue una de las causas clave de la crisis, es la población europea a la que se está castigando. Hoy en día, las mayores amenazas para la democracia, el bienestar y los derechos sociales en Europa son la troika y el nuevo sistema de “gobernanza económica” neoliberal que la UE está instaurando sin mucho debate público. Esta guía de las políticas de austeridad de la UE y el ataque a los derechos sociales para principiantes explica qué normas se han puesto ya en marcha y algunas de las que nos podemos esperar.

La crisis económica y financiera en Europa lleva golpeando fuertemente al continente desde hace más de cinco años. Cada vez hay más gente que pierde su puesto de trabajo, sufre desahucios, depende de bancos de alimentos o ya no puede permitirse tratamientos médicos. La crisis ha afectado a gente en toda Europa, pero ha sido especialmente dura con los países que se encuentran en la periferia sur de la Unión Europea, en sitios como España, Grecia y Portugal.

Lo que empezó como una crisis financiera en 2008 a causa de la especulación temeraria de los bancos llevó directamente a una segunda crisis en Europa, la eurocrisis. Pero al final, no fueron los bancos o los especuladores a los que se obligó a pagar las cuentas. Mientras se afirmaba que la crisis era consecuencia de un ostentoso gasto público o de la pereza de los trabajadores en los países más afectados, la élite económica y política de Europa recetaba una medicina que dañaría a millones de personas.

El resultado de esta medicina estaba claro desde el principio: se impusieron duras medidas de austeridad y se adoptaron políticas que atacaban a los derechos sociales, incluyendo las pensiones y las leyes laborales de toda Europa, en total armonía con la política neoliberal, que tiende a servir los intereses de las empresas, las finanzas y las élites.

Estas medidas se han impuesto de dos formas diferentes: primero, a través de la llamada “troika”, un triángulo de instituciones (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) que hasta ahora ha impuesto duras medidas neoliberales de austeridad en cuatro países. Y segundo, a través de una serie de nuevas leyes y medidas de la UE, presentadas bajo el título de “gobernanza económica”, que se han instaurado especialmente durante los últimos tres años.

Los resultados eran predecibles. La experiencia histórica muestra que las medidas de austeridad pueden llevar a una crisis incluso más profunda, y desde luego los problemas económicos de varios estados miembros parecen no tener fin. El desempleo ha alcanzado cifras astronómicas en muchos países (especialmente entre la población joven), los servicios sociales se están deteriorando y la pobreza y la desigualdad están creciendo.

Pese a todo ello, la Comisión Europea y el Consejo planean seguir desarrollando nuevas formas de consolidar estas mismas políticas. Esto es porque, básicamente, los grandes bancos y empresas de Europa, los cuales están prosperando gracias a estas políticas, tienen permiso para marcar la pauta de la respuesta de la UE a la crisis.

Muchos de estos acontecimientos son complejos, por lo que creemos que es necesario proporcionar una especie de “guía para principiantes” de la UE en crisis. En lo que sigue, revisaremos las siguientes cuestiones: ¿qué causó la crisis para que las instituciones europeas implementaran estas políticas neoliberales? ¿Qué se ha implementado hasta ahora? ¿Qué nuevas medidas tienen programadas?

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La crisis financiera

¿Exactamente cuáles son los orígenes de esta crisis que hicieron que las instituciones Europeas sintieran la necesidad de intervenir en primer lugar? Según la retórica de muchos gobiernos, así como de la Comisión Europea, fueron el alto gasto público, los altos gastos laborales o el rechazo a pagar impuestos los que causaron la crisis en ciertos países europeos.

En realidad, la crisis en Europa la inició una debacle financiera que empezó en EE. UU. en 2008 y se extendió rápidamente a Europa. Aquí, muchas economías ya se encontraban en un estado frágil, por lo que eran más propensas a sufrir cuando el sistema financiero mundial empezó a caer.

La quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers se ha convertido en el emblema del inicio de la crisis en 2008. Este banco, como muchos, había estado concediendo deliberadamente grandes préstamos e hipotecas que era poco probable que sus clientes pudieran devolver, por los bajos requisitos necesarios para conseguirlos y una evaluación de riesgos muy descuidada. Esta burbuja inmobiliaria estalló cuando los bancos se dieron cuenta de que nunca recuperarían la mayoría de esos préstamos, lo que provocó un terremoto en el sistema financiero mundial. En septiembre del 2008, Lehman Brothers tuvo que pedir la suspensión de pagos y quedó claro que no podría volver a poner sus finanzas en orden. El banco quebró. Debido a la gran interconexión de los bancos en todo el mundo, Lehman puso en marcha un efecto dominó.

La confianza en el sector financiero cayó espectacularmente y los gobiernos sintieron la necesidad de impedir su quiebra rescatando aquellos bancos que se creía dañarían la economía gravemente si se permitiera que cayeran en bancarrota (“too big to fail”, demasiado grandes para caer). Estos rescates contribuyeron al enorme crecimiento de la deuda de los gobiernos, y por lo tanto los ciudadanos de esos países los están pagando indirectamente.

La eurocrisis

La crisis creó graves problemas a lo largo de Europa, pero algunos países sufrieron más que otros. Los problemas más serios surgieron en la Eurozona, especialmente en España, Grecia, Irlanda, Portugal e Italia.

¿Por qué?

Durante casi una década, se habían desarrollado lo que se conoce como desequilibrios macroeconómicos entre los diferentes países de Europa. Este tipo de desigualdades se pueden detectar por ejemplo consultando la balanza comercial de un país: algunos países como Alemania habían desarrollado un superávit comercial (en pocas palabras, esto significa que un país exporta más de lo que importa), mientras que otros países como España, Grecia y Portugal vieron cómo el déficit aumentaba en sus balanzas comerciales (la situación contraria, cuando las importaciones de un país exceden sus exportaciones).

El superávit de Alemania aumentó aún más con las políticas del gobierno alemán que bajaron los salarios en el país. Como consecuencia, las empresas alemanas podían competir en base a costes de producción muy bajos, lo que dañó la “competitividad” de los países que ya tenían un déficit comercial y eran incapaces de seguir el ritmo.

Si la moneda común que es el euro no hubiera existido, estos países podrían haber usado la devaluación (bajar el valor de la moneda de un país) como solución abaratando así sus productos, lo cual puede aumentar las exportaciones y reducir el déficit comercial. Sin embargo, tras la introducción del euro usar esta herramienta ya no era una opción, y los países con déficits comerciales se encontraron en una situación que desembocó en un aumento de la deuda.

La culpa era de los bancos

Sin embargo, en un principio esta deuda era principalmente de empresas y organizaciones privadas, no de las cuentas de los gobiernos. Pero después de rescatar a los bancos, los gobiernos tenían enormes cantidades de deuda pública. El balance actual muestra que los gobiernos de la UE gastaron 1,6 billones de euros en ayudas a los bancos, según la Comisión. Después de esto, efectivamente los países tenían un problema de deuda pública, pero era una consecuencia de la crisis, no la causa.

Antes de la crisis, en la UE se había alabado a países como España o Irlanda por sus políticas económicas, las cuales habían mantenido a ambos países estrictamente dentro de las normas de política fiscal de la UE. Además, se consideraba que Grecia iba “por el buen camino”. Pero con la crisis, el entusiasmo en los escalones más altos de la Unión Europea se desvaneció completamente.

Estos países se convirtieron en chivos expiatorios, y se aplicaron varias políticas de austeridad bajo la falsa suposición de que el problema era la deuda pública y los altos sueldos. Se tenía que reembolsar a los acreedores internacionales a toda costa, mientras se daba la espalda al sufrimiento del pueblo. Este enfoque de la crisis muestra que la élite europea se ha empeñado en explotar la crisis para propiciar sus propios planes, en vez de centrarse en las causas reales: la desregulación de los mercados financieros y los efectos del euro que causaron graves desequilibrios entre países, como hemos explicado.

Además, aquí hay algo más esencial en juego: la crisis es testigo de algunas de las características más importantes del capitalismo moderno. Pese a que la desigualdad de ingresos ha aumentado durante décadas, billones de dólares y euros se han vertido en la especulación financiera en mercados cada vez más desregulados, haciendo el sistema crónicamente frágil.

Ninguna reforma real en el sector financiero

El paso lógico a dar por los gobiernos europeos como respuesta a la crisis habría sido revisar el euro, abordar las desigualdades entre países, tomar acción sobre las instituciones financieras para detener o ralentizar el interminable flujo de dinero hacia la especulación irresponsable en los mercados financieros (la cual crea tal volatilidad e inestabilidad) y asegurarse de que ningún banco pueda ser tan grande como para necesitar un rescate que le impida destruir el sistema financiero entero si quiebra.

Por desgracia, esto no ha ocurrido: la política neoliberal dicta que no se debería poner casi ninguna restricción o norma al sector financiero que pueda impedir que la misma crisis ocurra de nuevo. Y fuerzas poderosas, como los representantes de los lobbies financieros, han rebajado con éxito las ambiciones por cambiar los mercados financieros. Las reformas que se han adoptado son poco sistemáticas, poco entusiastas y siempre ideadas de forma que ponen los intereses del sector financiero por encima de todo.

En su lugar, la Comisión Europea y el Consejo Europeo se han centrado en medidas reactivas (reglas y procedimientos sobre cómo actuar la próxima vez que quiebre un banco) en lugar de actuar contra la raíz del problema tomando medidas preventivas. Por ejemplo, las instituciones están ultimando detalles sobre una “unión bancaria” que resultará en un enfoque común para lidiar con los bancos en quiebra. Sin embargo, no han estado dispuestos a aprobar leyes que prevengan el fallo de los bancos en primer lugar.

En vez de regular el sector financiero que causó la crisis en primera instancia, los gobiernos están trasladando el peso de la crisis sobre los ciudadanos; en especial los pobres, los jóvenes y los desempleados.

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Los acuerdos letales de la troika

Una de las piezas clave a la hora de imponer reformas económicas a los ciudadanos en vez de regular las causas reales de la crisis es la troika. La troika (originalmente el término ruso para un carruaje de tres ruedas) está formada por tres instituciones: la Comisión Europea (CE) el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La troika supervisa aquellos países con graves problemas económicos que reciben préstamos financieros de la UE y el FMI. El objetivo de estos préstamos no es tanto contribuir a la recuperación de las economías de esos países como asegurar que se devolverá el dinero a los prestamistas. A cambio de los préstamos, la troika exige reformas económicas durísimas y planes de austeridad. Privatizaciones, sueldos más bajos, despidos de funcionarios, recortes de pensiones y un descenso en el gasto social son solo algunas de las condiciones del acuerdo.

Estas medidas y reformas, las condiciones que los países tienen que cumplir para seguir recibiendo dinero, se establecen en una especie de contrato llamado memorándum de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés). La troika organiza misiones de evaluación en las que visita aquellos países con los que tiene un MOU; si concluye que un país no ha hecho suficiente a cambio del préstamo, puede decidir posponer el pago del siguiente tramo. Así pues, la troika tiene una enorme influencia sobre la política económica y financiera nacional de los países que están bajo sus normas.

La troika actuó por primera vez en 2010 en Grecia. Parecía que la situación económica y financiera de Grecia era grave y como último recurso el país pidió asistencia financiera a las instituciones internacionales en mayo del 2010. La CE, el BCE y el FMI emprendieron una misión conjunta en Atenas y unos días después pusieron un paquete financiero sobre la mesa junto con el primer MOU. Esto desencadenó una serie de duras medidas: la troika había llegado.

Después de Grecia, otros tres países europeos se metieron en esos acuerdos letales de la troika: Irlanda en diciembre del 2010 (en diciembre del 2013 abandonó el programa de la troika, al menos oficialmente), Portugal en mayo del 2011 y Chipre en abril del 2013. En Rumanía y Letonia se han impuesto planes similares a los de la troika, pero sin la participación del BCE, ya que estos países no eran parte de la eurozona cuando se negociaron sus préstamos.

Cuando empezó a cerrar estos acuerdos letales con ciertos países europeos, la troika ni siquiera tenía un papel legítimo escrito en la legislación europea. La troika solo ha tenido un estatus oficial desde marzo del 2013, cuando la llamada norma de reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria se puso en marcha. Por desgracia, esta base legal le permite a la troika seguir con sus asuntos como de costumbre.

La troika, con sus políticas neoliberales, no debería ser vista como un agente individual, sino como un instrumento que es parte de una presión general hacia medidas y reformas neoliberales en Europa. Porque lo que estamos viendo es que el ataque contra los derechos sociales, la democracia y el estado de bienestar se está extendiendo gradualmente por toda Europa a través de una serie de leyes y mecanismos nuevos que se han instaurado durante los últimos años bajo el título de “gobernanza económica”.

A continuación resumimos los más importantes en la Unión Europea:

Six-Pack 1: haz recortes o paga sanciones

La primera parte del Six-Pack, un paquete de seis textos legislativos que entró en vigor a finales del 2011, se creó para reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que existe para asegurar la disciplina fiscal en todos los estados miembros.

Este pacto estipula que la deuda pública no puede ser más alta que el 60 % del PIB, y que el déficit público no debe superar el 3 % del PIB.  Si un país no consigue mantener sus finanzas dentro de estos límites, se arriesga a entrar en un “procedimiento de déficit excesivo”: seguir un estricto “plan de ajuste” que incluye medidas económicas y reformas neoliberales para cumplir las normas del PEC.

El Six-Pack se ideó para que los países cumplieran con mayor rapidez con los límites de deuda enunciados en el PEC. Los plazos de tiempo se acortaron (lo que supuso mayores y más rápidos recortes en el gasto público) y las sanciones económicas por no seguir este “plan de ajuste” adecuadamente ahora pueden alcanzar hasta el 0,5 % del PIB. Es decir: si no recortas el gasto público lo suficientemente rápido o en las áreas adecuadas, puedes recibir una multa.

Después de eso, el Six-Pack aumentó la probabilidad de que un país recibiera estas sanciones económicas al establecer el principio de votación por mayoría cualificada inversa. Esto significa que las sanciones solo se pueden evitar si una mayoría cualificada vota en contra en el Consejo, en vez de necesitar que una mayoría cualificada vote a su favor para imponerlas, como es habitual. A este procedimiento a veces se le llama “semiautomático”.

Six-Pack 2: bajada de salarios

La segunda parte del Six-Pack establece nuevas sanciones contra el desequilibrio macroeconómico. Como hemos comentado antes, estos desequilibrios implican que existen desigualdades entre las economías de los países europeos, por ejemplo respecto a sus balanzas comerciales, las cuales muestran superávit en algunos países (como Alemania o Finlandia) y déficits en otros (España, Grecia o Portugal).

Como hemos explicado, los costes de producción son un factor significativo al determinar el volumen de las exportaciones, ya que un producto más barato es más atractivo para un comprador en otro país: así, las políticas de reducción de salarios en Alemania son una causa importante del superávit comercial del país, ya que sus costes de producción son mucho más bajos de lo que algunos otros países se pueden permitir.

Para reducir los desequilibrios en la UE, las normas del Six-Pack pretenden abordar la discordancia de costes de producción que resulta de las diferentes políticas de cada gobierno. Esto lleva a la errónea conclusión de que rebajar los salarios ayudará a los países a salir de la crisis. De hecho, lo que hace es empeorar la crisis, y otra vez son las víctimas las que son castigadas (en este caso, en forma de salarios más bajos para los trabajadores).

Porque realmente, en un intento de “armonizar” los salarios y por lo tanto los costes de producción en todos los países de la UE, los procedimientos dispuestos en el Six-Pack no se centran en subir los salarios de los países más “competitivos”. Al contrario, la UE quiere que se bajen los salarios, para así abaratar los productos en todos los países. Por lo que se ve, las instituciones europeas consideran el creciente número de “trabajadores pobres” de Alemania (solo una de las consecuencias de las políticas de costes laborales del país) un ejemplo a seguir para todos los países de la UE.

Para hacer cumplir las normas del Six-Pack sobre desequilibrios macroeconómicos se ha identificado un conjunto de indicadores, incluyendo un porcentaje máximo de aumento de salarios. Si los salarios de un país suben demasiado durante un periodo de tiempo, este puede enfrentarse a un “procedimiento de desequilibrio excesivo” que en última instancia puede llevar a sanciones. Dicho de otro modo, un país será sancionado por subir los salarios por encima de cierto nivel aprobado de antemano por la UE.

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El Pacto Fiscal: el gasto público bajo presión continua

El Pacto Fiscal es parte del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza que entró en vigor en enero del 2013. Lleva la gobernanza económica europea a otro nivel, reforzando los elementos de sus predecesores, el PEC y el Six-Pack.

Un país debe comprometerse a no tener un déficit estructural de más de un 0,5 % del PIB si su deuda está sobre el 60 % de su PIB, y un 1 % del PIB si su deuda pública está por debajo del 60 %. En resumen, esto hace las demandas de austeridad incluso más duras que las del PEC.

Los países tienen que incluir las normas y reglamentos del Pacto Fiscal en su legislación nacional, preferiblemente en su constitución, en un periodo de un año. La Comisión Europea comprueba que hayan logrado hacerlo, y si no es así, un país podría tener que enfrentarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recibir una multa de hasta el 0,1 % de su PIB.

Esto supone que el Pacto Fiscal es básicamente un acuerdo de por vida, ya que sus normas y regulaciones se fijan en las leyes nacionales, para el gobierno actual y los futuros gobiernos de un país.

También supone que el poder democrático de los gobiernos se debilita, pues estas normas se tendrán que cumplir siempre, sin importar a quién voten los ciudadanos, o si el gobierno al mando es socialista o conservador. Además, puesto que está incluido en la legislación nacional, el Pacto Fiscal pone el gasto público bajo presión constantemente, como con la inversión pública, la educación, la sanidad y el sistema de seguridad social.

El Semestre Europeo: control presupuestario

El llamado “Semestre Europeo” se probó por primera vez en 2011. El término se refiere al periodo de seis meses en el que los estados miembros presentan sus proyectos de presupuesto para su aprobación. Empieza cada año en abril, y la Comisión Europea discute y comenta no solo los proyectos de presupuesto, sino toda reforma o medida para el crecimiento económico del próximo año.

Luego en junio la Comisión asesora estos presupuestos y reformas de cada estado miembro, y hace recomendaciones específicas para cada país, las cuales el Consejo adopta en julio. En los meses siguientes, se espera que los estados miembros tomen en cuenta estas recomendaciones al redactar su presupuesto definitivo para el próximo año. Naturalmente, estas “recomendaciones” siguen el modelo neoliberal.

En un principio, el Semestre Europeo no iba a ser una herramienta para el cumplimiento de las medidas económicas impuestas. Sin embargo, la Comisión pretende convertirlo precisamente en eso a la larga, ya que otro par más de normas sobre coordinación económica siguió al Semestre Europeo del año pasado.

El Two-Pack: cumplimiento de las normas

Otro paquete de medidas, llamado Two-Pack y ejecutado por primera vez en 2013,  consiste en intensificar aún más el control central sobre las finanzas. Como indica su nombre en inglés, el Two-Pack consta de dos reglamentos que tratan de reforzar las normas establecidas en el Six-Pack y el proceso de coordinación económica cubierto por el Semestre Europeo descrito anteriormente.

Primero, a partir de ahora la Comisión tiene derecho a opinar sobre los proyectos de presupuesto que los estados miembros presentan, y puede pedir una revisión de los mismos. Si los países no incluyen las recomendaciones de la Comisión en su presupuesto definitivo, esta puede pedir una explicación al respecto. A continuación se realiza un examen de la distribución del gasto presupuestario, lo que hace el control presupuestario todavía más estricto.

Segundo, hace posibles normas y procedimientos más explícitos con respecto a una mayor vigilancia de los “países en apuros” de la eurozona. Esto incluye países que están en una o más de tres categorías: países frente a dificultades relacionadas con la estabilidad financiera, países que reciben asistencia financiera o países que están dejando esa asistencia.

Este aumento de la vigilancia obliga a los países en apuros a adoptar medidas contra lo que la Comisión considera el origen de la inestabilidad, a participar en misiones de evaluación, a poner en marcha un programa de ajustes, a pedir la asistencia técnica de la Comisión si fuera necesario y a aceptar las consecuencias económicas en caso de no cumplir con el programa. Por ejemplo, se ha recomendado a casi todos los estados miembros implementar reformas fundamentales de los mercados laborales, incluyendo la reducción de la importancia de las negociaciones colectivas, medidas para facilitar el despido, etcétera.

El Two-Pack es un paso importante hacia la centralización de la toma de decisiones en la UE sobre los presupuestos de los estados miembros y sus políticas económicas. Pero no es el último.

Reformas estructurales: ataque contra los derechos

Para las instituciones de la UE, la manera de salir de la crisis y estimular el crecimiento económico es incrementar la “competitividad” atacando esos derechos sociales que tanto costó conseguir. Para alcanzar esta meta, se consideran necesarias “reformas estructurales” más generales: estas reformas, que tienen el objetivo de crear beneficios económicos a largo plazo (de ahí “estructurales”), suelen conllevar privatizaciones, recortes en el gasto social y las pensiones y ataques contra las leyes laborales para bajar los salarios.

Otra vez, la amenaza de sanciones económicas ejerce presión. Si los salarios no se bajan al nivel que se cree que contribuye a la “competitividad” (es decir, el favorable para los beneficios de las grandes empresas), si el gasto social no se mantiene bajo y si no se planean o llevan a cabo reformas de las pensiones, se disparan varios mecanismos para ejercer presión o imponer sanciones económicas.

Al contrario que en el pasado, ahora los países de fuera de la eurozona también pueden estar expuestos a estos procedimientos. Este cambio permite a la Comisión involucrarse en casi cualquier tipo de política económica de un estado miembro. Pero algunas áreas son más importantes que otras. La Comisión está especialmente interesada en usar esta situación para presionar a los estados miembros para que reduzcan las leyes laborales, reformen los sistemas de pensiones e introduzcan otras “reformas estructurales”. El problema de la Comisión (y de los gobiernos más deseosos por introducir estas reformas) es que la UE no tiene plena competencia en muchas de las áreas más relevantes.

El siguiente paso: los contratos

El resultado final de todas estas leyes y medidas europeas es que la toma de decisiones económicas se está arrancando de las manos de los parlamentos nacionales electos, no para realizarla de manera democrática a nivel europeo, sino para forzar políticas neoliberales a través de innumerables mecanismos burocráticos, con la amenaza de sanciones como arma definitiva.

Esto tiene implicaciones enormes para la toma de decisiones democrática sobre cómo gastar el dinero de los contribuyentes o quién necesita apoyo financiero en tiempos de crisis. Por desgracia, el futuro próximo de Europa no parece acarrear una gran mejora en este aspecto. Nuevas reformas neoliberales ya están en camino.

Aunque los cambios que se han hecho desde el inicio de la crisis parecen colosales, estos podrían ser solo el principio. En noviembre del 2012, la Comisión publicó su estrategia a largo plazo de reformas adicionales para asegurar que los estados miembros cumplen con las políticas neoliberales en el futuro. La estrategia incluye futuras reformas del Tratado de la UE para asegurarse de que las instituciones de la UE aumentan sus poderes en gran medida para llevar a cabo las reformas neoliberales ya mencionadas.

El siguiente paso es hacer que los estados miembros accedan a firmar “contratos” de política económica con la Comisión, contratos que permitirían a la Comisión y al Consejo obligar a aceptar “reformas estructurales” tales como los ataques contra los salarios mencionados anteriormente.

Mientras tanto, la troika dejó Irlanda en diciembre del 2013, el primer país en salir de su control. No obstante, el país seguirá bajo seguimiento a través de una vigilancia semestral. El Parlamento Europeo también ha observado el papel cuestionable que la troika ha jugado y la dura política neoliberal que está imponiendo sobre los países: se ha creado una comisión que investigará la legitimidad democrática de la troika y la proporcionalidad de las medidas que ha impuesto. El informe final debería presentarse antes de las elecciones europeas en mayo del 2014.

La necesidad de acción europea

Está claro que tanto la troika como el cada vez más exhaustivo sistema de “gobernanza económica” neoliberal son elementos clave de una estrategia europea; una estrategia dispuesta a reducir el bienestar, los derechos laborales e incluso la democracia. Sin duda, se pueden ganar algunas concesiones movilizándose a nivel nacional, pero para contrarrestar este ataque con éxito es necesario concienciar al público y coordinarse a nivel europeo.

Las elecciones europeas son una oportunidad para concienciar y para empujar a las nuevas élites europeas hacia un cambio de dirección. Sin embargo, los problemas causados por las mencionadas políticas que la Unión Europea ha adoptado durante la crisis son fundamentales, y no desaparecerán en el futuro próximo, sino que estarán en el corazón de la lucha en Europa durante los años venideros.

 

Lectura complementaria

Sobre la troika: www.troikawatch.net

Sobre el Semestre Europeo: ‘Business Europe and the Commission: in league against labour rights?’

Sobre el lobby de los negocios y la crisis: ‘BusinessEurope and economic governance’

Sobre la regulación de los bancos en la Unión Europea: ‘A union for big banks’

Sobre el lobby de los bancos: ‘Stop listening to banks!’

Sobre el Six-Pack‘Austerity forever’

Sobre el Pacto Fiscal: ‘Automatic austerity: ten things you should know about the Fiscal Compact’

Sobre el TwoPack‘The dangers of the Two-Pack’

Sobre los contratos: ‘Mad men of the Roundtable’ y ‘Cracks in the armour’

Conceptos básicos

Austeridad Recortes en el gasto público, impuestos en mayor o menor medida   sobre todos los estados miembros de la UE
Déficit   público Un gobierno está en déficit si gasta más de lo que ingresa.   Normalmente la medida del déficit se calcula respecto a cuánto se ha gastado   de más en un año
Desequilibrios   macroeconómicos Estos son los grandes desequilibrios entre economías nacionales.   Pueden ser respecto al comercio (algunos ganan, otros pierden), respecto a la   “competitividad” y otras muchas cosas
Eurocrisis Una crisis económica y financiera que empezó en 2010 tras la crisis   financiera dos años antes. Las economías de varios países de la eurozona   sufrieron un gran golpe y la deuda pública aumentó considerablemente,   principalmente a consecuencia de los rescates de los bancos. Se ha notado   especialmente en los países que se encuentran en el sur de la Unión Europea
 Eurozona El área dentro de la Unión Europea de los 18 países que comparten   una moneda única, el euro. Como consecuencia, estos países ya no pueden usar   la devaluación o revaluación de su moneda para reducir el déficit o el   superávit comercial. Esto ha llevado a desequilibrios entre los países   europeos, y los bajos salarios de Alemania dificultan especialmente que los   estados del sur de Europa puedan competir
Gobernanza económica El conjunto de normas y reglamentos diseñado por las instituciones   europeas para gobernar la política económica y fiscal. En general, resultan   en un cambio de poder del nivel nacional al europeo. Básicamente, la   gobernanza económica consiste en imponer la austeridad y adoptar “reformas   estructurales”
Neoliberalismo La teoría económica y política predominante de nuestro tiempo que   favorece el libre comercio, la privatización y la reducción del gasto público   en servicios sociales y bienestar
Pacto de Estabilidad   y Crecimiento Pacto que contiene las normas clave de la política fiscal. Son   obligatorias para los países de la eurozona, y su violación puede resultar en   multas
Pacto Fiscal Medidas de la UE relacionadas con la política fiscal que conllevan   una presión constante sobre el gasto público de los estados miembros, ya que   estas medidas deben incluirse en las leyes nacionales. El Pacto Fiscal entró   en vigor a principios del 2012. Predice medidas sobre el gasto público más   estrictas que el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento
Reformas   estructurales Las reformas estructurales no tienen una definición clara, pero   normalmente el término se refiere a las reformas fundamentales y de larga   duración en el gasto social y los mercados laborales, las cuales llevan a   salarios reducidos y prestaciones y pensiones más bajas. Se suele argumentar   que su finalidad es apoyar al sector empresarial estimulando la   competitividad
Rescate Ayuda   económica que los gobiernos proporcionan a los bancos al borde de la   bancarrota, porque se supone que son demasiado grandes para caer. Esto lleva   a un aumento de la deuda pública
Sector   financiero El conjunto total de bancos y otras instituciones financieras, como   fondos de alto riesgo o de pensiones. Los problemas sistémicos en este sector   son la raíz de la crisis
Semestre   Europeo Un periodo de seis meses en el que cada año la Comisión y el Consejo   revisan los presupuestos de los estados miembros
SixPack Un paquete de seis textos legislativos, en vigor desde 2011, que   regula la disciplina fiscal y la política salarial en los estados miembros de   la UE
Troika El triunvirato de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el   Fondo Monetario Internacional que proporciona préstamos financieros a cambio   de los cuales los países tienen que aplicar políticas neoliberales
TwoPack Un paquete de dos reglamentos de la UE que intensifica el control de   la Comisión sobre los presupuestos de los países y asegura una mayor   vigilancia sobre los países con problemas económicos
Unión Europea Una cooperación económica y política entre 28 países en Europa. Las   decisiones se toman a través de    instituciones supranacionales y discusiones intergubernamentales entre   los estados miembros. Durante los últimos años, el poder de las instituciones   sobre las políticas económicas y fiscales ha aumentado

http://corporateeurope.org/eu-crisis/2014/02/punishing-victims-beginners-guide-eu-and-crisis

mayo 2, 2013

Este es el gráfico sobre el paro que Fátima Báñez no quiere que veas

Iturria: Ana Mulet / elcomunista.net – 2013/04/30

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Hay un dato sobre el paro en España que es mucho peor que los 6.277.000 desempleados que tenemos en nuestro país según público la última encuesta de la EPA. Lo que realmente es dramático del paro en España es la evolución que está teniendo la duración del paro.

Observad bien el gráfico. En la línea azul celeste tenéis las personas que están en el paro pero que están encontrando trabajo, es el 1% de el aproximadamente 27% de desempleo que tenemos. La línea azul son los parados nos muestra la evolución de los parados que llevan menos de 6 meses sin trabajo. En rojo los que lleva entre 6 y 12 meses y atención porque empieza lo dramático. La línea verde nos muestra la evolución del % de parados que llevan entre 1 y 2 años sin encontrar trabajo y el verdadero drama, lo encontramos en la línea lila, la gente que lleva ya más de dos años sin poder trabajar, y que como podéis ver es la que se está incrementado de forma más exponencial y ya representa el 9% del 27% de la tasa de paro.

Es decir no sólo tenemos una tasa de paro terriblemente elevada del 27%, sino que además tenemos una tasa de paro del 9% que podríamos denominar parados crónicos, con más de dos años sin empleo y que sigue incrementándose a un ritmo vertiginoso. Es decir el 9,2% de nuestra fuerza de trabajo no ha encontrado ningún tipo de empleo en más de dos años. Casi todo el incremento del paro en España desde 2010 lo tenemos prácticamente por el incremento del desempleo de larga duración.

El paro se ha convertido para una gran parte de la población Española en una trampa en la que caes pero de la que parece que no hay salida. En cierto modo han sido expulsados del mercado y de la sociedad y lo peor es que es está cifra precisamente la que sigue en aumento.

abril 8, 2013

¿Es eficiente privatizar?

Iturria: Miguel Garcia / economiacritica.net – 2013/03/20

Decía el polémico economista J.K. Galbraith que la mayoría de los fenómenos económicos de importancia podían explicarse a través del lenguaje común y sencillos ejemplos; cuando las explicaciones van recubiertas de supuesto vocabulario  científico y humo matemático, suelen buscar legitimar intereses particulares más que explicar el fondo de los problemas.

La cuestión de la privatización y su supuesta eficiencia esotérica, basada en las milagrosas propiedades del afán de beneficio en cualquier momento y lugar, es un magnífico ejemplo. Nos toman por idiotas.

Si nos liberamos por un segundo de la ideología dominante y nos preguntamos fríamente de qué depende la eficiencia, la respuesta seguramente irá encaminada a hablar de unos objetivos congruentes basados en unos criterios de organización y gestión adecuados ¿Es entonces el tipo de propiedad lo más inmediato para  relacionar con la eficiencia? No parece lo más natural.

La evidencia también se muestra tozuda frente al neoliberalismo; algunos ejemplos: El agua que con tanto ahínco buscan privatizar en Madrid, volvió a ser recuperada y convertida en una empresa rentable en Paris. Tampoco parecen ser buenas las experiencias de los ferrocarriles privatizados en Argentina y Reino Unido, hundidos ante la falta de inversión. ¿Y la sanidad? No parece ser que el amado modelo estadounidense, que permite morir a ciudadanos de enfermedades tratables, sea además, ningún  ejemplo de ahorro.

Se acusa al sector público de tendencia a la burocratización, de generar organigramas ineficientes, como si el sector privado estuviera inmunizado cual superhéroe ante estos males. Pero los gigantes ineficientes de pies de barro, tampoco parecen entender de propiedad si miramos las antaño imbatibles Ford o General Motors postradas y rescatadas, o como empresas chinas de capital mixto han demostrado desde el pragmatismo de la ausencia de derechos, ser mejores explotadores que muchos de sus competidores del “purismo del libre mercado”.

Aun así, aceptemos la premisa: el sector privado es más eficiente por definición. Y entonces miremos un poco más allá, haciéndonos la pregunta que sesudos analistas omiten hacer: ¿Qué entendemos por eficiencia?

Si nos atenemos a la visión convencional, empresa eficiente es un eufemismo de empresa rentable; cuanto más mejor. Parece lógico que las empresas actúen de este modo, aunque es cuestionable el hecho de sustituir la palabra rentable o lucrativa por eficiente, para revestirlo todo de una supuesta carga científica. Otra vez, si miramos un poco más allá, comienzan a surgir los problemas debajo de la alfombra.

¿Es la sanidad más rentable la más eficiente? Pongamos un sencillo ejemplo: El antiguo paciente de la sanidad pública es ahora un cliente de la eficiente sanidad privada. Bien, si nos encontramos sujetos a la lógica de la máxima rentabilidad como criterio, y el gestor privado del hospital tiene la opción de elegir entre curar una enfermedad o cronificar la misma con tratamientos paliativos ¿Cuál será su incentivo? Asusta pensarlo, pero en marketing lo llaman fidelización del cliente.

Pensemos también en la agricultura, y en el peligro latente de las llamadas semillas terminator, esterilizadas para hacer dependientes año a año a los pequeños productores. Tampoco nadie duda de lo rentable que resulta destruir la también privatizada IBERIA, no para los trabajadores claro, sino para los eficientes bolsillos de los corsarios financieros. ¿Hacer negocio con la muerte? Seguro que privatizar cementerios y cobrar tasas por mantener los nichos es eficiente, es decir, rentable.

No deberíamos sorprendernos, el ataque a lo común va mucho más allá de lo que queremos ver y se dirige a la esfera local, amenazando la realidad de miles de pequeños municipios; por definición ineficientes, prescindibles por tanto, como sus urgencias sanitarias. Con el anteproyecto de ley de reforma municipal se abre la veda: el agua de los municipios, la gestión de residuos, mercados centrales como Mercamadrid o cementerios pasarán a ser objetivos prioritarios. Una ley nacional para una imposición europea, como casi siempre. Al menos, se agradece la claridad en los objetivos buscados:

“(…) se suprimen monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad.” Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

¿Pero no habíamos quedado en que lo público siempre es ineficiente? Sorprende entonces que se acuse a los municipios de acaparar actividades rentables y no deficitarias. ¿Potencialmente demasiado rentables para ser públicas? También es llamativo que la mayoría de las hoy  punteras grandes multinacionales españolas, procedan del oxidado sector público español; la herencia recibida a precio de saldo no debió ser tan mala como se ha querido hacer ver desde determinadas esferas de poder.

Cuanto más avanzamos más dudoso parece el otorgar características milagrosas al afán de privatizar, y menos demoniacas las características que presenta el sector público. Esto nos podría llevar a pensar que la propiedad al fin y al cabo no importa, como parece querer demostrar la experiencia China. Nada más lejos de lo que quiere mostrar este artículo.

La propiedad en última instancia claro que importa; y mucho. Importa porque solo desde fuera de la empresa privada podemos entender la eficiencia como algo diferente al máximo beneficio económico: la eficiencia en pro del beneficio social, la única compatible con un desarrollo ecológicamente sostenible, con no esquilmar ecosistemas bajo la lógica de la ganancia.  Importa porque, al fin y al cabo, todo el mundo prefiere ser el dueño del fruto de su trabajo a vivir con un salario cada vez más precario, subempleado en un puesto de trabajo donde no  comprendes muy bien para qué estudiaste tantos años aquello que te gustaba.

Sin duda, pura utopía a día de hoy. Quizá, abrir los ojos ante las mentiras que se convierten en verdad de tanto repetirse, sea el impulso que nos haga caminar hacia una sociedad donde la  eficiencia, sea algo más que el afán insaciable de lucro.

febrero 18, 2013

La plataforma Gune se manifestará contra los recortes el 16 de marzo

Iturria: eitb.com – 2013/02/18

La plataforma Gune, que reúne a una cincuentena de organizaciones sociales y sindicales, entre ellas ELA y LAB, ha convocado una manifestación para el próximo 16 de marzo en Bilbao para exigir un nuevo modelo social y económico.

Representantes de las estas organizaciones, con el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, y el secretario general adjunto de LAB, Javi Garnika, han presentado esta mañana la nueva campaña de movilizaciones que van a iniciar bajo el  lema “Euskal Herrian lan duina eta eskubide sozialak, por un nuevo modelo social y económico”.

“La única manera de parar lo que está sucediendo es que se asusten de ver a muchísima gente en la calle”, ha aseverado Muñoz.

Muñoz ha subrayado que lo único que hace el lehendakari Iñigo Urkullu es “cortar y pegar” las políticas de recortes del presidente Rajoy, advirtiendo que así “es imposible el acuerdo”. A su juicio, además, es

también lo que van a hacer las haciendas vascas en el tema fiscal, un debate que considera “central” en estos momentos porque es “completamente falso” mantener que una política fiscal progresiva vaya en detrimento de la economía fiscal.

“Lo que viene es muy duro con o sin Rajoy”, ha sostenido haciendo un llamamiento a la “desobediencia y a la movilización”.

En la misma línea, Javi Garnika ha querido mandar un mensaje al lehendakari, asegurando que hacer unos presupuestos “no es un reparto de cromos, de malo a peor” y reclamando unos presupuestos sociales.  Si hay que cortar, el dirigente de LAB ha señalado los “privilegios” y las “obras faraónicas” para ello.

Eragile eta sindikatuen adierazpena

diciembre 17, 2012

El Estado Español a nivel de Niger en reparto de la riqueza y a la cola de Europa en gasto social

Iturria: Agencias / Kaosenlared.net – 2012/12/16

Lisminución drástica de la igualdad de oportunidades en datos como consecuencia de la crisis provocada por el capital y los ajustes neliberales de Rajoy y la troika: 26’5% de abandono escolar, gasto social de apenas el 30%, crecimiento de la desigualdad social y aumento de la pobreza…

La igualdad de oportunidades en España ha retrocedido a niveles de 1998, según ha denunciado un informe publicado por la Fundación Ideas, que trata la evolución de la desigualdad económica y social en el país desde 1995.

En el estudio, que analiza diversos indicadores sociales como nivel educativo, sueldos o redistribución de impuestos a los grupos más desfavorecidos, se muestra que la igualdad de oportunidades en España en 2010 apenas llegaba a un 33 sobre 100, un resultado similar a los 30 puntos registrados en 1998.

Este dato supone una caída muy pronunciada con respecto a los 72 puntos alcanzados sólo dos años antes, en 2008, que se mantienen como el registro más alto de la serie que arranca en 1995. Entre los datos analizados por el estudio, España no resulta favorecida en comparación con los 15 países de la Europa occidental que formaban parte de la Unión Europea antes de la ampliación a los países del este en 2004 y 2007 (UE-15).

Así, según la oficina de datos europea Eurostat, España es el país con la mayor tasa de abandono escolar, llegando al 26,5 por ciento frente al 14 de media de la UE-15, y su tasa de paro entre titulados universitarios es superior en siete puntos (12,7 por ciento frente a 5,7 por ciento en la UE-15).

En gasto social, España es el penúltimo del ránking, sin llegar al 30 por ciento del producto interior bruto (PIB), sólo por delante de Luxemburgo y lejos del 35 por ciento de inversión que realizan Francia y Dinamarca. Respecto a la desigualdad de ingresos entre los ciudadanos más ricos y más pobres que estudia el índice Gini de la ONU, España alcanza los 340 puntos, empatada con Níger, y 38 puntos por encima de la media de la zona Euro, que se queda en 302.

Esta diferencia se refleja en el hecho de que en España, en 2010, el 20 por ciento más rico de la población tuviera 6,9 veces más ingresos que el 80 por ciento de la población restante, frente a 5 veces de media en la UE. Todos estos indicadores hacen que la tasa de riesgo de pobreza haya alcanzado el mayor nivel desde el inicio de la serie: 21,8 por ciento en 2011 frente a un 19 por ciento en 1995, según Eurostat.

En su análisis, la Fundación Ideas ha pedido proporcionar “alternativas y soluciones que se adelanten a las posibles situaciones de desigualdad” y ha abogado por mantener al Estado como “un instrumento al servicio de todos” que genere crecimiento económico y cohesión social.

diciembre 5, 2012

Discurso de Nick Hanauer en TED: “Los ricos no crean empleo”.

Iturria: 1968RIP / elconfidencial.com

El pasado mes de marzo, el fundador de Amazon y gear.com Nick Hanauer, uno de los inversores más importantes de Estados Unidos, apareció en la conferencia organizada por el Technology Entertainment and Design ante un acaudalado público formado por algunos de los más importantes empresarios estadounidenses y afirmó:“Si es verdad que mantener bajos los impuestos de los más ricos produjese más puestos de trabajo, hoy en día estaríamos saturados de ofertas de trabajo”. Sin embargo, no ha sido hasta hace unos días que el popularmente conocido como TED, reputado organismo dedicado a la organización de charlas dirigidas a las elites –la entrada más barata cuesta 7.500 dólares–, decidió no publicar el vídeo de su participación, al considerarlo inapropiado, polémico y partidista.

Discurso de Nick Hanauer en TED: “Los ricos no crean empleo”.

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noviembre 26, 2012

Leyes que condenan al desahucio

Iturria: Enric Llopis / Rebelion.org – 2012/11/24

La legislación hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil, al servicio de la banca

La historiografía española marca en rojo 1909 como año en que explota la “Semana Trágica” de Barcelona. Pero, a la vista de los hechos en los últimos años, podría agregarse otro hito. Ese año se aprueba también la vigente ley hipotecaria, que, un siglo después, concentra, junto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, del año 2000, las críticas de las organizaciones de afectados por las hipotecas. Consideran que esta legislación prima los intereses de las entidades financieras (bancos y cajas de ahorro) frente al derecho de los ciudadanos a una vivienda digna.

Con este marco jurídico, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en el estado español se han producido 400.000 desalojos desde 2008 (año en que comienza la crisis). Se superan al trimestre los 45.000 desahucios de viviendas y locales (más de 500 diarios) y, para finales de 2012, la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) del País Valencià prevé que se alcancen unos 200.000 lanzamientos o desahucios. La angustia llega a veces a cotas extremas. Según la PAH, en el último mes se suicidaron siete personas en España, en la fecha anunciada para su desalojo. No hay cifras oficiales al respecto, pero a las siete citadas cabría añadir las personas que, a causa de la angustia y la desesperación, se quitaron la vida un tiempo antes o después de su desahucio.

La ley de 1909 define la hipoteca como institución jurídica, sus características y los requisitos para la constitución. Pero este texto legal de hace un siglo, actualmente desfasado, presupone un equilibrio entre las partes, por ejemplo, cuando una entidad financiera formaliza un préstamo con un terrateniente o cuando un particular suscribe un crédito modesto con una caja de ahorros. Hoy, con la generalización del consumo a crédito y la potencia del sector financiero y corporaciones de otros sectores, deviene necesaria la regulación pública, para evitar la indefensión del ciudadano, la parte más débil.

El artículo 140 de la ley hipotecaria es uno de los grandes caballos de batalla. Establece, de hecho, la dación en pago , es decir, la posibilidad de entregar la vivienda como medio para saldar la deuda en un préstamo hipotecario. Pero la legislación condiciona la dación en pago al acuerdo entre las partes. Y, como una de las partes, la banca, no está interesada, la dación no se aplica. De ahí que constituya una de las grandes reivindicaciones de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas. A los bancos les resulta más rentable ir a un procedimiento judicial, de modo que, además de quedarse con la casa, puedan continuar cobrando el préstamo.

Se da la circunstancia de que no ocurre lo mismo con las empresas, ya que la ley concursal vigente en España permite a una empresa en apuros, solicitar la entrada en un concurso de acreedores para negociar, buscar una solución e incluso condonar una parte de la deuda. Esta noción jurídica tiene gran relevancia en momentos como el actual, en el que la morosidad empresarial es tres veces mayor que la de los particulares.

El otro pilar del bastión jurídico que condena al desahucio a numerosos ciudadanos es la Ley de Enjuiciamiento Civil, del año 2000, que deroga parcialmente la de finales del siglo XIX. La ley establece un procedimiento sumario de ejecución, muy rápido y corto, que aplicado a las hipotecas resulta muy perjudicial para los ciudadanos. ¿Por qué? De entrada, porque en el procedimiento no se considera el fondo de la cuestión; no se repara, por ejemplo, en la existencia de cláusulas abusivas, a pesar de que haya jurisprudencia rechazando las mismas. Sin embargo, algunos jueces son últimamente más sensibles, debido sobre todo a la presión popular, a la normativa europea, que señala que de oficio los jueces han de considerar estas cláusulas.

Además, el procedimiento de ejecución hipotecaria deja básicamente indefenso al ciudadano. De hecho, sólo puede alegar tres supuestos para oponerse: que la vivienda sea objeto de un préstamo anterior; estar al día en el pago de las cuotas del préstamo; o justificar un error en la determinación de su cuantía (algo en la práctica muy difícil, debido a las fórmulas tan complejas con que se establece). La banca siempre gana. Una vez en marcha el procedimiento de ejecución hipotecaria, se realiza la subasta. En caso de que la subasta quede desierta, la entidad financiera puede adjudicarse el bien inmueble por un 60% de su valor (la presión popular logró que se incrementara el tope anterior del 50%). Y, satisfecho este trámite, el ciudadano ha de continuar pagando la deuda (préstamo, más costas procesales, más intereses de mora).

La ley permite, asimismo, que una vez notificado el lanzamiento, pueda pedirse una prórroga de 30 días en el caso de la vivienda habitual. Pero, “lo que pedimos es que las personas puedan abandonar la vivienda en situación dignidad, que se pondere el derecho del banco a quedarse con la vivienda, con el del ciudadano a quedarse sin nada”, explica María José Guiralt, activista y coordinadora de la Comisión Jurídica de la PAH en Valencia.

“ El procedimiento de ejecución no permite entrar a valorar las circunstancias personales ni contractuales; puede que sea legal, pero es a todas luces injusto, pues impide valorar las características de cada caso concreto y, con ello, se produce la indefensión de las personas afectadas”, asegura María José Guiralt. Añade que así “se confirma la posición privilegiada que ya ostentan las entidades de crédito en el momento negociador, y obvia la especial protección que otorga la normativa de consumo”.

Precisamente la abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, ha apuntado, en un dictamen no vinculante, que la legislación hipotecaria española no protege de manera efectiva al consumidor, ya que, según la letrada, le deja indefenso ante los desahucios aunque se hayan suscrito cláusulas abusivas.

En marzo, la relatora de la ONU por una vivienda adecuada, Raquel Rolnik, se pronunció de modo similar, tras una reunión en Barcelona con afectados por las hipotecas. Responsabilizó en unas declaraciones al gobierno español de la situación de “emergencia habitacional” en la que se encuentran miles de familias de todo el estado.

No son de extrañar estos pronunciamientos, dado que la legislación española se destaca por encarnizarse con la parte más débil del contrato. En Francia, la “ley de la segunda oportunidad” permite la condonación judicial de las deudas de las personas físicas, mediante la liquidación de patrimonio. Y, en Alemania y Portugal, está prevista la posibilidad, en caso de los deudores de buena fe, de abrir un proceso de negociación que incluso puede concluir con la condonación parcial de la deuda.

Frente a la legislación nacional leonina trabaja, a pie de calle y de amenaza de desalojo, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Han logrado suspender 550 desahucios en el conjunto del estado, en cuatro años, pese a que la mayoría de colectivos (hoy la plataforma está arraigada en todas las autonomías) lleven sólo año y medio funcionando. Además, la plataforma ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular, que ha recogido cerca de 600.000 firmas en el estado español. Ha superado, por tanto, las rúbricas legalmente establecidas antes de que concluya el plazo para su presentación en el Congreso, el 15 de enero.

A grandes rasgos, las reivindicaciones de la PAH se resumen en tres: la moratoria de los desahucios; la dación en pago con efectos retroactivos; y la reconversión de las 6 millones de viviendas vacías existentes en el estado español, al alquiler social y con un tope, que en ningún caso supere el 30% de la renta familiar.

Según Rosana Montalbán Moya, portavoz de la Plataforma de Afectats per les Hipoteques de Valencia, “estamos ante una estafa en toda regla; tanto la legislación, como las entidades financieras, el PP y el PSOE, vulneran diariamente los Derechos Humanos y la Constitución Española; tanto la moratoria ICO del PSOE, como el Código de Buenas Prácticas Bancarias, promovido por De Guindos, son meros parches que alargan la agonía de las familias; se mantienen en la línea de rescatar a las entidades financieras, culpables de esta crisis, en lugar de a los ciudadanos”; “Cada día hay más casas sin personas, y personas sin casas”, concluye.

noviembre 12, 2012

Rajoy: está usted matando a gente

Iturria: Juan Torres López / Publico.es- 2012/11/10

En nuestro libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero Vicenç Navarro y yo presentamos los datos que muestran que las políticas de ajuste como las que está aplicando el gobierno de Rajoy matan a la gente.

No se trata de una afirmación retórica, ni mucho menos: cuando se recortan los gastos en sanidad miles de personas que necesitan atención médica dejan de tenerla, o la tienen en peores condiciones y terminan muriendo antes. Igual le ocurre a otras que son dependientes y que dejan de tener la asistencia que necesitan para sobrevivir. Y cientos de personas se desesperan cuando pierden sus casas, cuando se quedan sin ingreso alguno para salir adelante, cuando ven que los bancos destrozan a sus familias o que no pueden alimentar a sus hijos, y se suicidan. Esto último es lo que le viene sucediendo a una media de tres personas diarias en los últimos años de crisis.

En todos los países en donde se han aplicado recortes en salud, dependencia, pensiones o incluso en educación como los que realiza Rajoy ha pasado lo mismo, y eso es lo que ya ocurre y seguirá ocurriendo en España mientras el gobierno se empeñe en recortar los recursos que se necesitan para sostener adecuadamente los servicios públicos esenciales. España no va a ser una excepción sino que se sumará a la ya larga lista de países en donde las políticas de ajuste neoliberal han matado a miles de personas. Hablemos claro, en España se está produciendo ya el mismo tipo de actuación política que se ha dado en otros lugares y que, aunque no esté reconocida aún como tal, es un auténtico crimen económico contra la humanidad. Al igual que ha pasado a lo largo de la historia con otros crímenes de este tipo, el hecho de que aún no esté reconocido formalmente no significa que no se esté produciendo, y aunque ese reconocimiento tarde más o menos tiempo en llegar, nadie debería ser tan ingenuo como para pensar que los pueblos no van a ser capaces de castigarlo como tal en el futuro.

Cometen el crimen los especuladores que elevan artificialmente los intereses obligando a los Estados a asumir una deuda innecesario que desestabiliza sus economías y los arruina. También los organismos que imponen los recortes sin justificación, porque la experiencia y los datos muestran que ningún país ha salido adelante mejor o superado las crisis recortando servicios de bienestar, sino que así solo se ha conseguido abrir a la puerta a los negocios privados que los encarecen y dejan excluidos de su disfrute a millones de personas. Por supuesto, también los banqueros que han provocado una crisis y ahora utilizan todo su poder para echar sus costes sobre las espaldas de los demás. Y son criminales contra la humanidad los gobiernos que permiten hacer eso y dejan indefensos a sus ciudadanos y que, para satisfacer a los poderosos, les niegan y recortan derechos que sus propias constituciones reconocen como fundamentales para la estabilidad, la paz social y para la vida misma.

La evidencia indica claramente que la deuda es simplemente el resultado de una estrategia perfecta y artificialmente urdida que constituye el negocio de la banca, que en Europa no habría apenas problema de deuda soberana de no haberse prohibido que los bancos centrales financiasen a los Estados, para así beneficiar a los bancos privados pagándoles intereses multimillonarios, e incluso que para reducirla no sirven los recortes que llevan a cabo los gobiernos europeos, porque terminan provocando menos ingresos totales y también del Estado. Lo que revela claramente que si se reducen gastos en servicios públicos y se reducen derechos no es, como se dice, porque quieran acabar con la deuda (que sería como decir que los bancos quieren acabar con su propio negocio), sino porque tratan de abrir más espacios al gran capital privado a costa, como he dicho, de matar a la gente que deja de disfrutarlos.

Estamos de acuerdo en que los gobernantes que toman estas medidas, como Rajoy, no matan materialmente pero eso no quiere decir que no sean responsables directos de las muertes que producen sus políticas. Cierto que no son ellos los que empujan a quienes se suicidan tirándose de la ventana cuando los bancos los echan de sus casas, que no cierran personalmente las consultas o que no quitan de las manos de los enfermos la medicación que necesitan. Pero dictan las leyes que hace que eso ocurra y que condena a la mucha gente a morir innecesariamente. Y por eso son criminales que deberían ser juzgados y condenados si es que en el mundo y en nuestro país hubiera un poco de justicia.

No hay derecho a que la gente más humilde tenga que soportar tanto daño y sufrimiento mientras que los gobiernos no paran de darle dinero, apoyo y escondite a los banqueros delincuentes (¿a cuántos delincuentes corruptos ha indultado ya el gobierno de Rajoy?) mediante leyes totalmente contrarias a las que habían prometido aplicar cuando se presentaron a las elecciones.

No hay derecho a cometer y perdonar este tipo de crimen con impunidad. Rajoy y sus ministros tienen que saberlo y hemos de decírselo a la cara bien claro: son responsables directos de que la gente esté sufriendo y muriendo. Firman leyes a favor de los bancos con las manos manchadas de sangre. Esa es la pura verdad y deberíamos impedir cuanto antes que sigan haciendo estas barbaridades que vienen cometiendo.

noviembre 10, 2012

ELA censura que se dé “cantidades insoportables” a la banca mientras se “exprime a los ciudadanos hasta el suicidio”

Iturria: ElEconomista.es – 2012/11/10

Pide cambiar la ley de desahucios “de manera inmediata” e imponer “códigos éticos” que impidan la actual situación

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha censurado que las entidades financieras reciban “cantidades insoportables” de dinero público que “salen de los recortes sociales” mientras se “exprime a los ciudadanos hasta el suicidio”. Tras censurar la “complicidad” entre “poder político y banca”, ha pedido que se cambie la ley de desahucios de manera inmediata” y que se impongan unos “códigos éticos” que impidan la actual situación.

La manifestaciones del líder sindical se han realizado un día después del suicidio de una mujer en Barakaldo (Bizkaia) cuando se iba a proceder al desahucio de su vivienda.

En declaraciones a los medios informativos, Muñoz ha denunciado que “se permita tanto sadismo al poder financiero” y se ha preguntado por qué no se cambia la ley reguladora de los desahucios, “que data, nada más y nada menos, que de 1909”.

En su opinión, la respuesta “es muy sencilla”, y se debe a que “favorece a la banca y la banca tiene en nómina al poder político”, porque “otras muchas leyes, Constitución incluida, se han modificado para beneficio del capital”.

Para el dirigente de la central mayoritaria vasca, esta “terrible injusticia” tiene “varias explicaciones, una de ellas la dependencia financiera de algunos partidos de la banca y las cajas”. “La banca y las cajas conceden créditos a los partidos y éstos, en muchas ocasiones, no devuelven los créditos porque la banca se los perdona. ¿La explicación? La banca se lo cobra con el mantenimiento e imposición de leyes que beneficien sus intereses”, ha apuntado.

CRÉDITOS A PARTIDOS

Muñoz ha exigido a bancos y cajas, “especialmente a Kutxabank y a la Caja de Ahorros de Navarra”, que “expliquen los créditos que han perdonado a los partidos”. “Resulta imposible entender lo que sucede con la banca sin pedir explicaciones respecto a la razón del trato de favor recíproco que se dispensan la banca y los partidos”, ha señalado.

Para el líder sindical, las entidades financieras “están recibiendo dinero público en cantidades insoportables”, cantidades que, además, “sale de los recortes sociales”. “Es un auténtico saqueo. Mientras a la banca, cuando debe dinero, todo son facilidades para acceder a un trato de privilegio por parte de los gobiernos, a los ciudadanos que no pueden pagar créditos hipotecarios se les exprime hasta hacerles llegar al suicidio”, ha lamentado.

Muñoz ha recordado que la crisis “creada por la banca con la complicidad de los gobiernos, se lleva tras de sí a las Cajas que están siendo privatizadas”.

“Todo el sector financiero se pretende privatizar. Insistimos en que el problema de las Cajas no fue la presencia política en los Consejos de Administración; el problema fue la contaminación, la desidia, la mediocridad, la complicidad y el consentimiento de los partidos para que las Cajas imitasen el proceder especulativo de los bancos”, ha dicho.

El secretario general de ELA ha considerado preciso “extender la exigencia de transparencia” a los respectivos Tribunales de Cuentas, “que son los responsables de fiscalizar la financiación de los partidos”.

En su opinión, además de cambiar la ley de desahucios “de manera inmediata”, será “imprescindible imponer unos códigos éticos en la vida pública que impidan que estas situaciones se vuelvan a producir”.

octubre 4, 2012

Lo que los Presupuestos Generales del Estado (neoliberal) esconden

Iturria: Attac.es /Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España – 2012/10/04

  • El Gobierno prevé un fuerte repunte de la deuda pública, que espera cerrar el año en el 85,3% y subir en 2013 hasta el 90,5% del PIB. El PP lo atribuye al crédito del rescate al sector financiero. No hace mención alguna a la relación de las políticas de austeridad que aplica. En 2011, bajo gestión socialista durante 11 meses, cerró en el 68,5%.
  • El desfase presupuestario de 2012 se irá al 7,4%, un punto más del que la UE aceptó ampliar. El de 2011 queda en las cifras que aporta el gobierno en el 9,4% del PIB, a causa -vuelve a decir- de las pérdidas que ha sufrido el FROB al socorrer a las entidades con problemas.
  • Los Ayuntamientos tendrán un 40% menos para sus políticas sociales de ayudas a los más necesitados. De 50 millones de euros pasan a 30 millones los que se destinan a ese fin. La cifra de personas que recurren a estos servicios básicos ha aumentado de forma exponencial en los últimos años y se estima que ya recurren a esa asistencia 8 millones de españoles o residentes en España. Le sirve para pagar la luz, el gas o el agua, y hasta para alimentarse y vestirse.
  • En este apartado se restan 200 millones más a la ayuda a la Dependencia.
  • El Ministerio de Sanidad es el que registra mayor rebaja en 2013 al caer su dotación en un 22,6 % respecto al año anterior: 121 millones menos. En Abril de este año, el Gobierno ya recortó casi 4.000 millones de euros, a los que se añadieron 7.000, seis días más tarde.
  • Crecen los presupuestos de Ministerio de Economía y Competitividad (4 %) y de Presidencia (0,6 %).

A partir de aquí recojo algunos puntos del resumen valorado que ha hecho Ignacio Escolar y comparto.

  • El Gobierno, salvo nueva rectificación, terminará con la ayuda de los 400 euros para los parados de larga duración. El Plan prepara acaba el 15 de febrero y no hay prevista ninguna otra prórroga en los Presupuestos Generales del Estado.
  • La Agencia Tributaria pierde un 7,7% de su presupuesto. Habrá menos dinero para que los inspectores fiscales combatan el fraude fiscal y la economía sumergida.
  • Las prestaciones por desempleo caen un 6,3%. Montoro no aclara cómo cuadra esto con su discurso sobre la voluntad social de estos presupuestos.
  • El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pierde un 17,4%. El Gobierno vende como gran gesto que suben las becas, pero esa subida es ridícula: solo 23 millones de euros, apenas un 2,4%. (Añado que ya había perdido desde la gestión del PP 2.220 en los presupuestos de 2012. Y 3.000 en el añadido inmediatamente posterior).
  • En realidad no suben las becas, solo algunas de ellas. El gasto total en becas y ayudas a estudiantes cae en realidad un 3,8%. Solo suben –cito textualmente los presupuestos– “la dotación a las becas universitarias y no universitarias de carácter general, que son las más representativas, así como la compensación a las Universidades de precios públicos por los servicios académicos a los becarios exentos de su pago”.
  • Los funcionarios tendrá otro año más, tras dos recortes, el sueldo congelado.
  • El gasto en Política Exterior cae en 188 millones de euros. Este recorte se lo lleva el hachazo en la AECI (la Agencia Española de Cooperación Internacional, 30% menos), en el Fondo del Agua y en el gasto en cooperación, promoción y difusión al exterior, como el Instituto Cervantes). Sin embargo, la Acción Exterior, es decir, el gasto en embajadas y consulados, sube ligeramente.
  • El Gobierno sigue sin aclarar si las pensiones se revalorizarán con la subida del IPC a final de año. Probablemente será que no, y solo lo sabremos después de que terminen de votar los pensionistas gallegos.
  • El Gobierno asegura que solo suben las pensiones, los intereses de la deuda y las becas. Se olvida de una partida: el espionaje. Aumentan los fondos reservados del CNI en dos millones de euros. (Añado que también crecieron en 2012 los de Seguridad e Instituciones Penitenciarias).

Es decir, en el menos desfavorable de los casos -si además no hubiera mala gestión-, la mayor parte de los recortes van a pagar los intereses de la deuda. Pero va a aumentar. Alguna razón más debe haber. ¿Las políticas de austeridad? Y si aumenta la deuda ¿no habrá que pagar más dinero? entonces hay que seguir aplicando recortes. ¿Hasta dónde? ¿Todos en el sentido de mermar a los ciudadanos el Estado del Bienestar? ¿Hasta cuándo?

Hasta que los bancos se estabilicen y vuelvan a facilitar crédito, nos dicen. Pero la deuda va a seguir aumentando y la disminución de recursos de los ciudadanos también. Seguirá bajando la economía. Aumentará el paro. Más personas tendrán menos recursos. Y disminuirá el poder adquisitivo del conjunto. ¿Más recortes?

Y ¿por qué ha seguido perdiendo dinero Bankia por ejemplo estando ya nacionalizada y con un nuevo equipo gestor? Casi 4.500 millones de euros en el primer semestre de 2012.

¿Adónde vamos?

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