Posts tagged ‘desahucios’

mayo 7, 2013

Los trabajadores de Troquenor evitan el primer intento de desahucio judicial

Iturria: Deia.com – 2013/05/07

LA PLANTILLA CELEBRA EL “RESPIRO” Y SE ENCIERRA EN LA FÁBRICA A TURNOS PARA IMPEDIR EL DESALOJO

Un centenar de trabajadores de la empresa Troquelería del Norte de Sondika (la antigua Troquenor) se concentraron ayer frente a las instalaciones de esta compañía para impedir, sin utilizar la fuerza, el primer intento de ejecución del desahucio de la planta, informaron a Efe fuentes de ELA y de la Policía Municipal.

El desalojo de estos empleados, que iniciaron un encierro continuado en la empresa para evitar su desalojo, había sido promovido por los antiguos empresarios de esta compañía que en la actualidad son propietarios del pabellón en el que se sitúa esta firma en la que trabajan 120 personas.

Pasadas las 9.00 horas, una comitiva judicial acudió a la empresa, acompañada de un cerrajero. Los trabajadores no les permitieron la entrada, lo que ha llevado a los representantes del juzgado a posponer esta actuación.

Representantes de ELA aseguraron que tras “la tensión” vivida el hecho de que el desahucio haya sido pospuesto supone un “respiro” para estos empleados, si bien lamentaron que “en cuestión de días” es posible que la comitiva judicial se persone de nuevo en la planta para cambiar la cerradura. Los trabajadores se turnarán, día y noche, para mantenerse en el interior de la planta, en un encierro que pretende evitar el desalojo.

Las numerosas pancartas y pintadas contra el desahucio y los empresarios que han promovido esta actuación anticipan una fuerte oposición. Según ELA, estos empresarios “protagonizaron la quiebra y liquidación de Troquenor en 2012” y “consiguieron hacerse con la propiedad del pabellón en un proceso concursal plagado de irregularidades”.

mayo 7, 2013

Trabajadores/as se encierran en su empresa para evitar que se la deshaucien

Iturria: La Haine – 2013/05/07

Los y las trabajadoras han decidido dar inicio a un encierro en las instalaciones de la empresa con el objetivo de paralizar definitivamente el desahucio

La empresa de Sondika Troquelería del Norte, antes Troquenor, se encuentra en situación limite ya que además de la espantada de su último gestor, se suma el hecho de que hoy, lunes 6 de mayo, pueden ejecutar una orden de desahucio promovida por los antiguos empresarios y hoy dueños del pabellón donde se desarrolla la actividad industrial.

Se da la circunstancia que fueron estos empresarios, los que protagonizaron la quiebra y liquidación de TROQUENOR en el 2012. Consiguieron hacerse con la propiedad del pabellón en un proceso concursal plagado de irregularidades que fue denunciado desde los sindicatos. De su mano llegó el empresario Germano-Portugues Mario Silva, que tras no poder enderezar el rumbo de la compañía lastrada por una pésima gestión, ha abandonado la misma, situación que han utilizado los antiguos empresarios, la familia Giménez-Breton para hacer valer su condición de propietarios del pabellón para desahuciar a TROQUELERIA DEL NORTE y con ella a los 120 trabajadores y trabajadoras actuales.

Con esta operación se cierra un circulo perverso; Los empresarios que quiebran la compañía y dejan deudas por un valor global de 27 millones de euros al Gobiernos Vasco, a la seguridad social, a la hacienda foral, a los y las trabajadoras… con la legislación mercantil, los administradores concursales y ahora el desahucio como herramienta, se colocan en el punto de partida. Y mientras los trabajadores a la calle.

Hoy debía procederse al alzamiento de la orden de desahucio que pesa contra TORQUELERIA DEL NORTE, que debido a la resistencia de la plantilla de la misma ha sido suspendida.

Representantes de la plantilla hemos informado al funcionario judicial y los miembros de la ertzaina la decisión de la plantilla (120 trabajadores/as) de no desalojar las instalaciones de la empresa con el objetivo de defender sus puestos de trabajo y las mismas instalaciones. El desahucio ha quedado suspendido hasta nueva orden, en la cual se procederá con mas efectivos.

Ante esta circunstancia, los y las trabajadoras han decidido dar inicio a un encierro en las instalaciones de la empresa con el objetivo de paralizar definitivamente el desahucio e instando la las instituciones en general y al Gobierno Vasco en particular para que tomen partido en el caso y actúen en favor del mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo de TROQUENOR / TDN.

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abril 9, 2013

Ocupación en Santurtzi de una sucursal de BBK-KutxaBank

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) – 2013/04/08

Este lunes se ha ocupado una de las sucursales que la BBK-KutxaBank tiene en la localidad de Sanrturtzi. Posteriormente se ha realizado una concentración ante la misma.

La BBK-KutxaBank se forra…gracias a los desahucios
 
►Esta movilización viene motivada por el incremento de los desahucios en la comarca de Ezkerraldea. Siendo una de las principales entidades responsables de esta situación la BBK-KutxaBank: el 65% de los desahucios hipotecarios son responsabilidad de esta entidad bancaria.
No a los recortes sociales!
 
►Además, a través de esta iniciativa se ha denunciado el incremento del número de desahucios en la Margen Izquierda, el aumento de las tasas de desempleo y los continuos recortes sociales promovidos por los consistorios de la comarca.

Movimientos y colectivos contra los recortes y el paro de Ezkerraldea

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=6TVeZqW2uWI&feature=youtu.be]

abril 5, 2013

El impacto en la salud mental de los desahucios

Iturria: Rebelion.org – 2013/04/05

La PAH y Psicólogos sin Fronteras colaboran en la atención psíquica a personas afectadas por las hipotecas

En el año 2012 los juzgados de Primera Instancia acordaron 101.034 procedimientos de desalojo de viviendas, locales o fincas (desahucios), según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Pero bajo los números gélidos asoman dramas personales, impactos psicológicos y problemas de salud mental que, en los casos más extremos, culminan en el suicidio.

Javier A., mexicano, firmó en 2007 una hipoteca por valor de 212.000 euros con Bankia. Al perder su empleo como comercial de exportación, se demoró dos mensualidades en el pago de la cuota. Llegaron entonces los problemas. “Me telefonearon del banco con un tono criminalizador, como si fuera un moroso apestado”. ¿Qué se siente en esos casos? “Un pánico terrible; la llamada me dejó temblando y con las manos frías”. En una segunda fase, “cuando digieres el susto, te sobreviene la indignación y la rabia”. Aunque después ha podido enderezar su situación personal, tiene claro que la hipoteca es “como una condena”. Asistió a sesiones de terapia pues la tendencia al aislamiento hizo que se resintiera su relación de pareja y con las amistades. Insomnio, abatimiento, crisis de ansiedad (estuvo año y medio medicándose)… Pero integrarse en la Plataforma de Afectades per les Hipoteques (PAH) de Valencia le ayudó a compartir el problema y romper con el aislamiento.

El caso de Alicia Gabba, argentina de 50 años, roza el surrealismo. Suscribió en mayo de 2006 un préstamo hipotecario de 174.000 euros con el Banco de Valencia y ahora –está amenazada de desahucio- la entidad financiera le reclama 175.000 euros. Mantiene en el hogar familiar a sus dos hijos, con los ingresos de su marido (el subsidio de 426 euros) y los que ella aporta como monitora de tiempo libre (menos de 600 euros al mes). En 2011 dejó de pagar la hipoteca (“Te planteas que o pagas, o comes”). “Al principio tienes mucha ansiedad, es como si se terminara el mundo; pero luego el proceso se dilata y eso hace que te tranquilices algo; ahora bien, cuando me llegó la demanda del juzgado, me quedé paralizada, no sabía que hacer”, recuerda. Le ayudó mucho su capacidad para relativizar y las experiencias pasadas: “soy migrante, he superado un cáncer y, además, lo que más me afectó fue la muerte de mi papá en 2009”. También le ayudó entrar en la PAH de Valencia, donde atiende el teléfono de afectados: “Te da mucha fortaleza el que te digan que no eres culpable de nada y que no has vivido por encima de tus posibilidades”. Pero reconoce los nervios y ansiedad con los que espera el desahucio. Su marido se medica por los problemas de tensión.

La PAH y Psicólogos sin Fronteras (PSF) colaboran en Madrid y Valencia (apoyoencrisis@psicologossinfronteras.org) en un proyecto para prestar apoyo emocional a personas afectadas por las hipotecas que no pueden costearse un tratamiento; la iniciativa pretende ampliarse a Alicante, Castellón y Murcia. Entre los objetivos que se persiguen figura dotar a los usuarios de herramientas para manejar el estrés; potenciar, como medida protectora, las redes sociales de apoyo; y trabajar en la detección e intervención de casos con alto riesgo de suicidio. Nacida hace 13 años, la ONG Psicólogos sin Fronteras lleva dos atendiendo a personas amenazadas de desahucio. Aseguran que los síntomas de los afectados (estado de shock o sentido de pérdida, entre otros muchos) y los protocolos de actuación de la ONG resultan similares en los desalojados de sus hogares y en los damnificados por catástrofes naturales (por ejemplo, el terremoto de Haití).

“Cuando a alguien se le notifica el desahucio sufre en muchos casos un estado de inseguridad y bloqueo, incluso de vulnerabilidad total, que se puede manifestar por ejemplo en ataques de ansiedad”, explica Gemma Pinilla, una de las profesionales implicadas en el proyecto. Pero admitir que se requiere apoyo psicológico ya representa un avance, pues “implica superar un sentimiento de vergüenza; hay mucha gente que no pide ayuda porque niega u oculta el problema”, asegura la psicóloga. En otros casos, continúa considerándose un estigma la terapia psicológica. Otras veces, tienen prioridad los trámites jurídicos o la negociación con los bancos para impedir un desahucio. El caso es que, por unas razones u otras, muchas personas afectadas no dan el primer paso.

Psicólogos y personas amenazadas de desahucio coinciden en un punto: la mejoría en el estado de ánimo que experimentan estas cuando se vinculan a las plataformas de afectados. Y no sólo por el hecho de recibir información, asesoramiento jurídico y asociarse en torno a un grupo de presión. Las PAH son más que eso. A juicio de Pinilla, “formar parte de una red implica darse cuenta de que no están solos, de que comparten el problema de las hipotecas con mucha más gente; las plataformas constituyen, en definitiva, el suelo donde apoyarse”.

Insomnio, estrés, ansiedad, estado de montaña rusa emocional (al pasar -por ejemplo- de la tristeza a la rabia), pérdida de apetito o ingesta compulsiva de alimentos; úlceras, dermatitis, cefaleas, agotamiento, pérdida de atención y de memoria, susceptibilidad e irritabilidad y numerosas afecciones psicosomáticas (de origen psíquico pero que se manifiestan en el cuerpo)… Juan Miguel Gómez, psicólogo que colabora con PSF y Stop Desahucios, ha constatado muchos de estos síntomas. Y otros de raíz judeocristiana: “hay un sentimiento de culpabilidad muy fuerte, sobre todo en la gente con estudios de grado medio-alto; Se achacan el no prever las consecuencias de firmar la hipoteca, que ven como su sentencia de muerte. Sienten, además, que con esta mala decisión han perjudicado a su familia y se recriminan no haber optado por la vivienda en alquiler”. La culpa y la vergüenza, agrega Gómez, son “emociones que aíslan, que te conducen a la pasividad; por eso resultan decisivas las redes sociales de apoyo, porque amortiguan el conflicto”.

Para aliviar el peso de estas emociones negativas en coyunturas críticas, los psicólogos consultados subrayan una receta, podría decirse que casi una panacea: Hablar del problema y sacarlo de adentro. Exteriorizarlo. Pero (y esto es más decisivo si cabe) en una relación en la el afectado se sienta escuchado por otra persona que en ningún caso pretende juzgarle. Los apoyos personales representan, por tanto, una de las columnas centrales del equilibrio psíquico, más aún en un contexto en el que son frecuentes los conflictos de pareja y los riesgos de desestructuración familiar.

A veces la clave está en “salir de la visión de túnel y abrir las perspectivas -explica la psicóloga María José Lucea- pues a menudo se focaliza en el problema de la hipoteca cuando estas mismas personas disponen en sus vidas de elementos muy positivos, como familia y buena salud”. “También se trata de revertir las energías, de superar estados de negatividad y culpa y pasar a la acción”, agrega. El lema de la PAH (Sí se puede) constituye un buen catalizador.

El proyecto de la PAH y Psicólogos sin Fronteras adopta varias dimensiones. Además de las sesiones con los afectados, la iniciativa abarca la intervención psicosocial, ya que hay casos en que esta resulta más urgente incluso que la cura emocional. Por ello se ayuda a los afectados (o se hace labor de acompañamiento) en casos en que se producen cortes de servicios básicos (luz y agua) o a contactar (en ocasiones, también a presionar) ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Además, para los coordinadores de la PAH se realizan talleres de meditación y relajación. PSF y el equipo jurídico de la PAH estudian también la posibilidad de que los psicólogos elaboren informes periciales (que se presentarían ante el juez en la fase de prueba) sobre los afectados por los desahucios que presenten mayor vulnerabilidad o riesgo de suicidio. “Hay que abrir los ojos a la justicia; las circunstancias psicológicas se consideran en la legislación sobre el aborto o en las penas que se imponen a los presos, pero no en la legislación hipotecaria”, subraya el psicólogo José Miguel Sanz.

Los suicidios y las hipotecas. Continúa el goteo de muertes pero, tras la estampida informativa inicial, los medios de comunicación han echado el freno y desviado el foco. Se agotó la novedad. Sin embargo, el Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en septiembre de 2012 en Bilbao, concluye que la crisis económica es la primera causa de los suicidios en el estado español (factores como el paro o los desahucios estarían detrás de más de un tercio de los casos de suicidio). En el trabajo a pie de obra de PSF y la PAH se le pregunta al usuario, ya en la primera sesión, si ha pensado en quitarse la vida y si tiene ánimo para vivir. De ese modo se evalúa el riesgo. Si detectamos el peligro, explica Juan Miguel Gómez, “lo más importante es que el usuario empiece a verbalizar la ideación y que observe las consecuencias de sus decisiones; otra vez lo decisivo es socializar el problema y establecer tanto vínculos como redes de apoyo”. Critica el activista de PSF y la PAH que la Administración “oculte las cifras de suicidios”. “Parece que exista un acuerdo entre los medios y el gobierno para que no se conozca esta información”, añade. “Se excusan en un supuesto efecto imitación sin que haya estudios que lo avalen”.

Puede que las causas últimas del suicidio sean muy de fondo, casi antropológicas. Un reciente artículo publicado en Gara por el médico psiquiatra Iñaki Márkez, presidente de la Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (OME-AEN), señalaba que la vivienda de la que a una persona se desahucia “no es simplemente esa estructura arquitectónica e inmobiliaria. Representa y constituye algo muy propio de uno mismo, una prolongación del cuerpo, parte de la vida, del entorno, del refugio y el acogimiento, del acomodo, de la posesión y seguridad. La casa forma parte de la identidad (…). Si me quitan mi casa, me quitan mi vida”.

Muchos afectados no llegan a quitarse la vida. Pero, como apunta el estudio “La vivencia en profundidad de los afectados en un proceso de desahucio”, las personas suelen sufrir en los estadios finales un “estrés postraumático” y un colapso emocional similar al de quienes han padecido un accidente de tráfico. El trabajo, realizado por ESADE y la Fundación Innovación, Acción y Conocimiento con el apoyo de Caritas, resalta las siete emociones que más se repiten durante el proceso: sorpresa, asombro, miedo, temor, asco, rabia y lloro. Los ocho entrevistados para la investigación, asegura su director, Joan Ramis, “han cambiado el modo de ver la vida tras la experiencia. Desde sus hábitos alimentarios, rutinas diarias y círculo de amistades, hasta sus objetivos vitales”.

Además de criminalizar el escrache, ¿qué medidas implementa el gobierno de Rajoy para paliar el sufrimiento que causan los desahucios? Según María José Lucea, colaboradora de Psicólogos sin Fronteras y la PAH, “ninguna, salvo medicación. Muchas personas acaban pasando por el médico de cabecera o el psiquatra, y tomando ansiolíticos o antidepresivos; pero los recursos para la salud mental son muy escasos, tendencia que se ha acentuado con los recortes. La sanidad pública debería disponer de los medios para una atención adecuada. Entre otras razones, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como elemento de salud el bienestar psicológico”. Sin olvidar, concluye, “las causas estructurales -socioeconómicas y políticas- que subyacen a los desahucios”.

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marzo 20, 2013

Los bomberos de Navarra también se niegan a participar en desahucios

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2013/03/19

La Comisión de Personal de la Agencia Navarra de Emergencias se solidariza con el bombero gallego expedientado por negarse a colaborar en el desalojo de una anciana, y que va a ser expedientado

Los bomberos de Navarra “no han participado ni participarán en ningún desahucio”, según ha afirmado la Comisión de Personal de la Agencia Navarra de Emergencias, que se ha solidarizado con el bombero gallego expedientado por negarse a colaborar en uno de ellos.

Ante el anuncio de que el bombero gallego que se negó a participar en el desahucio de una anciana en A Coruña va a ser expedientado, los bomberos de Navarra han expresado en un comunicado su solidaridad hacia el compañero y el “rechazo absoluto a las medidas disciplinarias que se le quieren imponer”.

En este sentido han recordado que su trabajo “está comprometido con la defensa y preservación de la vida y los bienes de las personas”, por lo que se deben “a los ciudadanos y ciudadanas no a los intereses de ningún banco o empresa”.

Asimismo han subrayado que no son “peones de intereses políticos de ningún gobierno” y que sus competencias “están perfectamente reguladas y en ningún caso se contempla que tengamos que participar en este tipo de situaciones”.

“Únicamente participamos en aperturas de puertas cuando se trata de una emergencia y se supone que está en juego el bienestar de las personas o sus bienes”, han apuntado, para recalcar a continuación que en su caso “nunca” han participado, ni participarán “jamás” en ningún desahucio.

En su opinión, la cuestión de los desahucios es un problema social y político que tiene que ser resuelto en esos términos.

“Algo no funciona en esta sociedad cuando las personas son expulsadas de sus viviendas y dejadas a su suerte en la calle”, han añadido los bomberos navarros que se han solidarizado con las personas que sufren los desahucios y han rechazado a las instituciones, bancos o empresas que los promueven.

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marzo 4, 2013

Movilización en Barakaldo ante el aumento de los desahucios y los recortes sociales

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) – 2013/03/04

Sólo en los dos últimos meses el desempleo se ha incrementado en 400 personas: 9.900 personas hacen cada día cola en las dos oficinas del paro del municipio; y 188 familias barakaldesas fueron desahuciadas de sus casas en los 9 primeros meses del año 2012.

No al paro, 

Esta mañana se ha denunciado ante Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo los continuos recortes sociales aplicados por el consistorio fabril. Estos recortes han supuesto un agravamiento de las situaciones de paro, precariedad y pobreza que sufre la localidad. Sólo en los dos últimos meses el desempleo se ha incrementado en 400 personas: 9.900 personas hacen cada día cola en las dos oficinas del paro del municipio.

no a los desahucios…

  • El lugar de esta movilización no es casual. En las paredes de este edificio se ven continuamente recortados los derechos sociales de decenas de familias de Barakaldo. La consecuencia más dramática de esta situación son los de desahucios: en el tercer trimestre del año 2012 51 familias de Barakaldo fueron desahuciadas de sus viviendas; a lo que debemos añadir las 58 del primer trimestre y las 79 del segundo.
  • Además, mañana se cierra el recurso habilitado en el Polideportivo de Lasesarre para las personas “sin techo” de la localidad. 

Por la protección social

  • Según los últimos datos facilitados, por el “Consejo General del Poder Judicial”, en los nueve primeros meses del pasado año 2012 188 familias barakaldesas fueron expulsadas de sus casas. Lo que supone un incremento del 25% en comparación al mismo periodo del año 2011: hemos pasado de los 150 desahucios en los nueve primeros meses del año 2011 a los 188 del año 2012.
  • En el conjunto de la Margen Izquierda son ya 437 las familias las que perdieron su vivienda en los nueve primeros meses del año 2012: 147 en el primer trimestre; 184 en el segundo; y 126 en el tercer trimestre.
  • En definitiva, cada semana son desahuciadas de sus casas 5 familias de Barakaldo; y 12 en el conjunto de Ezkerraldea.

BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)

[youtube http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4tvMyq012z8]

febrero 20, 2013

Desahucios, el drama de una gran estafa

Iturria: Ernest Cañada / rel-uita.org – 2013/02/20

Si algún fenómeno ilustra con mayor claridad la naturaleza de la crisis que se vive en España es el de los desahucios de miles de familias que no han podido cumplir con los pagos de sus hipotecas.

Lejos de ser un “problema social”, como recordó en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados porla Hipotecas (PAH), el pasado 5 de febrero de 2013, los desahucios son parte de una estafa generalizada, la que han cometido los bancos contra la mayoría de la población.

Y de esto va fundamentalmente esta crisis: del fraude que están cometiendo unos pocos, en su mayoría vinculados al poder financiero y a la gran patronal, contra la gente, ese 99% que se corea en las manifestaciones en decenas de ciudades de todo el país.

La gestación de una estafa

Entre 1998 y 2007, cuando estalló la crisis financiera, en España cada año se negociaron más de 800.000 hipotecas. En solo 9 años fueron cerca de 8 millones. La construcción de viviendas fue desmesurada, y se llegaron a hacer más viviendas que en Francia, Alemania e Inglaterra juntas.Pero las familias no se hipotecaron porque quisieran, si no porque no tuvieron alternativa, tal como explicó Ada Colau ante la citada Comisión. Durante años las políticas públicas hicieron que la única vía para acceder a una vivienda fuera el sobreendeudamiento. Las viviendas de alquiler, cuyo mercado fue desregulado, eran caras, inestables y estaban en mal estado. Asimismo la política fiscal desgravaba la compra pero no el alquiler. Las autoridades públicas insistieron que no había una burbuja inmobiliaria – incluso cuando todos los indicadores eran más que evidentes [1] –, que la adquisición de una vivienda era la mejor inversión que uno podía hacer, y además había que hacerla rápido, antes de que su precio subiera. De este modo, la compra se convirtió prácticamente en la única vía para resolver esta necesidad vital, porque la vivienda en alquiler no era una alternativa real.

Muchas personas, siguiendo las recomendaciones de las distintas administraciones públicas, lo que hicieron fue comprarse una vivienda. Y para ello accedieron a los préstamos hipotecarios que ofrecían las entidades financieras en condiciones muy dudosas. Por una parte, recordó Colau ante los diputados, los créditos se ofrecieron mediante contratos que las mismas entidades financieras elaboraban sin posibilidad de cambio, incluían cláusulas abusivas y nunca se informó en dichos contratos que la hipoteca, en caso de impago, no quedaba saldada con la devolución de la casa, si no que la deuda podía perseguir al deudor de por vida, hasta su completa cancelación. Por otra parte, las tasaciones fueron hinchadas con precios sobrevalorados por empresas tasadoras impuestas por los mismos bancos. Además se concedieron préstamos a personas cuyos ingresos eran demasiado bajos y que claramente iban a estar en una situación de riesgo.

Cuando estalló la crisis

El resultado fue que entidades financieras, empresas inmobiliarias, constructoras y algunas administraciones públicas se lucraron enormemente con lo que constituyó un fraude hipotecario generalizado, tal como denunció la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en su Manifiesto de presentación.

Pero cuando la crisis estalló ninguno de estos actores asumió responsabilidad alguna que, contrariamente, se trasladó en su totalidad a quienes contrajeron las deudas. De este modo, mientras miles de viviendas están vacías, sin venderse o alquilarse, y se concentran cada vez más en manos de las entidades financieras, que se han quedado con los inmuebles de las constructoras y empresas inmobiliarias endeudadas y quebradas, a quienes sí se han perdonado sus deudas a cambio de los inmuebles, miles y miles de familias son sacadas de sus casas por no poder hacer frente a las hipotecas que asumieron. Según datos de la PAH actualmente están siendo desalojadas de sus casas más de 500 familias al día, lo que supone que desde que estalló la crisis en 2007 se hayan producido más de 400.000 desahucios. El mismo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial reconoció que las ejecuciones hipotecarias o desahucios habían aumentado más de un 134% durante el año 2012.

El incremento de los desahucios ha provocado una situación de desamparo y empobrecimiento de una gran cantidad de personas. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE)  en 2012, el 12% de las personas sin hogar habríasufrido un desahucio. También se han incrementado dramáticamente el número de suicidios asociados a esta causa, aunque los datos estadísticos oficiales tienen serias limitaciones en este aspecto. En los últimos días, se han producido al menos cinco suicidios directamente asociados a desahucios. El pasado viernes 8 de febrero un hombre de 36 años, activista de Stop Desahucios, con esposa e hija, con una orden de desahucio por impago de alquiler se suicidaba en Córdoba; el lunes 11 lo hacía un hombre de 56 años en Basauri, País Vasco; el martes 12 una pareja de jubilados en Calvià, Mallorca, después de recibir el aviso de desalojo; y el miércoles 13, en Alicante, lo hacía un hombre de 55 años momentos antes de llegar la comisión encargada de su desahucio. Se trata de los casos más recientes, pero la lista es muchísimo mayor. En esta situación, resulta revelador que el periodista Antonio Maestre haya elaborado por medio de googlemaps unmapa de suicidios relacionados con los desahucios y las dificultades económicas provocadas por la crisis en España.

El conocimiento de las consecuencias directas de la política vigente en materia de vivienda y préstamos hipotecarios, hizo que Ada Colau acusara de criminal al secretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pelliter, durante la comentada comparecencia. Momentos antes que ella interviniera el representante de la banca había ninguneado el problema de los desahucios, considerando que “la legislación española era estupenda”, en un acto más de la evidencia del poder del sistema financiero sobre los estados [2].

También desde fuera de España han arreciado las críticas y denuncias a esta política de vivienda e hipotecaria. La población inmigrante que llegó del extranjero para trabajar y  acabó contrayendo hipotecas para poder acceder a una vivienda, se encuentra ahora que, además de perder su vivienda por impago de la deuda contraída, y todo el dinero que invirtieron en ellas, tienen que seguir pagándola aunque retornen a sus lugares de origen y con la amenaza de embargo de sus ingresos por las entidades financieras en esos mismos países. Esta situación llevó el pasado 21 de enero de 2013 a Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo de Ecuador, a interponer una demanda contra España en el registro del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la política de desahucios.

Lucha social y alternativas, el protagonismo de la sociedad civil

Frente a la inacción de los poderes públicos españoles, la sociedad civil ha tenido que organizarse para analizar y denunciar el problema, pero también para defender los derechos y necesidades de la gente ante los desahucios y, finalmente para proponer cambios en las políticas públicas. Buena parte del liderazgo público en la lucha social frente al problema de la vivienda ha estado a cargo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Constituida en febrero de 2009 en Barcelona, hoy tiene núcleos organizados en más de cien municipios de toda España.

Por medio de estas estructuras la gente se ha auto-organizado para defenderse y apoyar a sus vecinos ante los desahucios, e incluso se ha logrado involucrar a colectivos como los cerrajeros que se han comprometido en muchas ciudades a no participar en más desalojos. También se ha presionado a las entidades financieras o se ha acompañado a la gente en las negociaciones para lograr gran cantidad de daciones en pago (saldo de la deuda con la entrega del inmueble), condonaciones de deuda, o que algunas familias fueran realojadas en viviendas públicas. E incluso en algunos municipios han desarrollado cierta obra social, ofreciendo estructuras de protección y acompañamiento a las personas más desamparadas. Pero sobre todo, lo más importante es que organizándose la gente ha logrado darse esperanza. Rodrigo Fernández Miranda, investigador de Alba Sud, destacaba que en respuesta al “paulatino deterioro del vínculo entre ciudadanía e instituciones públicas y al aumento de la injusticia social, emerge una ciudadanía más activa que está ensayando una democracia participativa y real” [3].

En esta perspectiva cabe entender el trabajo desarrollado por la PAH con la presentación en el Congreso de los Diputados de 1.402.854 firmas a favor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para cambiar la legislación hipotecaria en España. Entre las principales medidas propuestas incluyen la dación en pago con carácter retroactivo, moratoria universal para los desahucios y un alquiler de carácter social. El 12 de febrero de 2013 el Congreso de los Diputados ha tenido que aceptar, con el voto favorable de todos los grupos políticos pese a su rechazo hasta último momento del Partido Popular, que se debata esta ILP. La presión ciudadana fuera y dentro del Congreso es cada vez más fuerte y previsiblemente continuará en ascenso si no se aceptan las propuestas “de mínimos” planteados por la voz de la calle.

La lucha contra los desahucios es parte esencial de este relato sobre la crisis. Es parte de la lucha de los de abajo contra los de arriba, la necesaria respuesta social a una crisis que, en realidad, no es más que una gran estafa.

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Notas:

[1] Sobre las características del sector de la vivienda en España véase: José Manuel Naredo y Antonio Montiel Márquez, El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano, Icaria Editorial, Barcelona, 2011.

[2] José Antonio Estévez, El poder del sistema financiero sobre los estados, Alba Sud, 25 de diciembre de 2011.

[3] Rodrigo Fernández Miranda,Desahucios: cuando el Estado también entregó las llaves de su casa, Alba Sud, 27 de enero de 2013.

 

febrero 17, 2013

Unificar las luchas: Por la dimisión del gobierno

Iturria: Pedro Casas / Rebelión – 2013/02/16

Llevamos varios años de resistencia importante contra los recortes y agresiones que estamos sufriendo de la mano de unos gestores económicos y políticos que son los que nos han llevado hasta aquí, con sus corrupciones, sus despilfarros, sus burbujas inmobiliarias, sus leyes especulativas, y que ahora nos quieren dar lecciones. Basta con ver el currículum de los que ahora gobiernan nuestro país y las instituciones europeas, para ver que son los mismos que nos han llevado al pozo. ¿Cómo podemos esperar que sean ellos los que nos saquen de allí? Tremenda y penosa ironía.

Es reconocido que la movilización desarrollada en estos últimos años, “de norte a sur y de este a oeste” está teniendo una envergadura desconocida en las últimas décadas. Y también es un hecho que, hasta ahora, estas luchas, básicamente de resistencia, no han conseguido casi ninguno de sus objetivos a corto plazo.

De ahí que se plantee la necesidad de una convergencia de las diferentes mareas o sectores en lucha contra las agresiones. Esto es absolutamente necesario, pues los responsables de cada una de estas agresiones son finalmente los mismos: El gobierno, impulsado por las instituciones europeas, y ambos en manos de los grandes poderes financieros y empresariales, de aquí y de allá.

El gobierno de nuestro país carece por completo de legitimidad. Se presentó con un programa electoral y está haciendo justo lo contrario que prometió. Hasta el propio presidente lo ha reconocido recientemente. Esto es un absoluto fraude que no podemos consentir. En el caso de Madrid ocurre lo mismo: se pretenden llevar a cabo medidas (como la privatización de hospitales y centros de salud) en ningún caso contemplados en el programa electoral, y además ni siquiera el presidente ha sido elegido por los ciudadanos.

Se hace necesario que la reivindicación común dé un paso más y no se quede en la mera protesta y resistencia frente a los recortes, por muy importante que esta sea. Es imprescindible señalar a los responsables, y exigir que se vayan.

Frente a este planteamiento barrunto que se plantearán diversas posturas, a las que me voy a referir a continuación.

Por un lado estarán las personas que consideren que la crisis es más profunda, de todo un sistema, y que no basta con cambiar de gobierno, pues éste no es más que un lacayo que obedece a poderes ocultos (y no tan ocultos). A estas personas no les falta razón, pues nos enfrentamos a un sistema en severa crisis, que se está llevando por delante millones de vidas humanas en todo el planeta, y que amenaza con llevarse por delante al planeta mismo. Pero tener esa perspectiva (“pensar en global”) no anula “actuar en local”. Porque por esa regla de tres, tampoco daríamos valor a las luchas que se están llevando a cabo, en realidad contra los desaguisados del sistema. Si veo que un policía apalea a una persona, ¿dejaré de actuar pensando que es una consecuencia del sistema y que aunque evite esta agresión habrá otros policías dispuestos a realizar las mismas fechorías? Nuestro gobierno (podemos poner en plural) es el capataz de estos poderes financieros, el que ejecuta sus órdenes, el que recorta nuestros derechos, el que hace leyes que permiten que nos expulsan de nuestras viviendas, el que nos apalea en las luchas, el que encarcela arbitrariamente, el que nos va matando poco a poco de hambre y contaminación. Si al amo no lo tengo delante porque se esconde, ¿dejaremos mientras al capataz que haga y deshaga a su antojo o tratamos de impedirlo y, si podemos, quitarlo de su puesto?

Para otras personas puede tener poco valor luchar por la dimisión del gobierno, pues poco podemos esperar de quienes se pondrían en su lugar. Tampoco les falta razón a estas personas, pues llevamos décadas sufriendo un bipartidismo de alternancia que apenas modifica las líneas estratégicas de la gestión más allá de algunos gestos. Pero no podemos ignorar que si el pueblo consigue echar a un gobierno, el que le sustituye se ve afectado necesariamente por esta presión popular y se verá obligado a virar el rumbo, tanto como el pueblo se lo exija. En 2004 hubo un cambio de gobierno contra pronóstico, y tuvo mucho que ver la presión popular de la víspera electoral, en que el pueblo se echó a la calle exigiendo la verdad que el gobierno saliente de Aznar-Acebes trataba burdamente de ocultar. La presión del pueblo consiguió la salida de las tropas invasoras de Iraq. ¿Hay que menospreciar esto? Claro que no. ¿Hay que conformarse con esto? Por supuesto que tampoco.

El gobierno que sustituye a uno expulsado por el pueblo, toma nota y rectifica en aquello que considera necesario para tener margen de maniobra. Cuantos más asuntos pongamos en la cesta de la exigencia de dimisión, más aspectos tendrá que rectificar quien sustituya al gobierno derrotado.

La historia, también la reciente, es rica en casos de revueltas populares que tumban gobiernos, y no uno sino varios de manera sucesiva. Argentina grito “que se vayan todos”, y su proceso no llegó más lejos quizás porque no hubo decisión por parte de fuerzas de izquierdas que pudieran haber llevado a la transformación del sistema con mayor profundidad. El pueblo boliviano tumbó también a varios gobiernos, y dio paso a un proceso de grandes transformaciones, de recuperación de la soberanía y distribución de los recursos a favor de la mayoría social del país. Desde luego que allí fueron a más y no se conformaron con la alternancia.

Podría pensarse que en la actual coyuntura parece que la alternativa posible al gobierno actual sería un PSOE que ha practicado en el poder las mismas políticas que el PP. Pero hay que tener en cuenta que el bipartidismo está en horas bajas, acompañando la profunda crisis de todo el sistema político, económico e institucional. En los procesos de cambio, se transforman también con rapidez las expresiones políticas de las fuerzas contendientes. Y por eso podemos confiar en que la tenaza del bipartidismo tiene los días o años contados.

No entro a valorar si entre medias o a continuación habrá procesos destituyentes o constituyentes, o si se proclamará la república como un producto natural del proceso de cambio popular. Podrán ocurrir alguna o varias de estas alternativas que se están barajando en los últimos tiempos; el tiempo mostrará la profundidad de los cambios y la fuerza del pueblo para impulsarlos. Pero lo que sí me atrevo a afirmar es que, de todos estos procesos profundos pendientes, el conseguir la dimisión del gobierno parece lo más fácil por tangible. Y que en cualquier caso esta conquista nos pone en el camino de más transformaciones, pues debilita a los enemigos del pueblo.

El movimiento popular debe conseguir la caída del gobierno, y dotarse de los mecanismos programáticos y organizativos para que esta caída no sea en balde.

diciembre 31, 2012

Cientos de personas se manifiestan en Donostia por una vivienda digna y contra los desahucios

Iturria: Naiz.info – 2012/12/29

Varios cientos de personas se han manifestado por las calles de la capital guipuzcoana para reclamar el derecho a una vivienda digna y la paralización de los desahucios. La marcha, convocada por la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa, ha partido pasadas las 12.30 horas del Boulevard donostiarra bajo el lema ‘Por una vivienda digna’ en una pancarta.

Además, durante la movilización los manifestantes han coreado lemas como ‘Así, así, ni un paso más, todos los desahucios los vamos a parar’ o ‘Vivienda sí, hipotecas no’ y han pegado carteles con consignas como ‘Este banco estafa’ en las principales sucursales bancarias de la donostiarra avenida de la Libertad.

Entre los participantes en la marcha se encontraban el diputado foral de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, los concejales donostiarras Nekane Burutaran y Axier Jaka (Bildu), Arantza González de Ezker Anitza-IU, el portavoz de la izquierda abertzale Joseba Alvarez, la parlamentaria de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia y Xabi Soto de Alternatiba, entre otros, así como afectados por desahucios.

En declaraciones a los medios, la portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa Rosa García se ha referido a la enmienda a la totalidad registrada este sábado por el PSOE en el Congreso español con texto alternativo al proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección del deudor hipotecario, respecto a la cual ha señalado que «más vale tarde que nunca».

Además, ha recordado que en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Stop Desahucios en la que se reclama la dación en pago, que suma ya el apoyo de más de 700.000 firmas algunas de las cuales se han recogido en el mismo Boulevard donostiarra antes de la marcha, se recogen «soluciones reales para terminar con el drama social de los desahucios», como terminar con los «abusivos y usureros» intereses de demora de un 18 y 22 por ciento que contempla la Ley hipotecaria.

«Basta ya»

Tras calificar de «burla e insulto» el Decreto Ley del Gobierno español para frenar los desahucios, García ha considerado «importante» que PSOE apoye la ILP que promueve Stop Desahucios, porque «sin un cambio en la Ley Hipotecaria el drama de los desahucios va a continuar».

«Hay 150.000 ejecuciones hipotecarias pendientes de desahucios», ha destacado, tras animar a «manifestarse y retirar las nóminas, ahorros, depósitos y sueldos de los funcionarios de las instituciones, como ayuntamientos y diputaciones, de los bancos que subastan y desahucian». Al respecto, ha opinado que la ciudadanía ha dicho «basta ya» a esta situación y a lo largo del próximo año las manifestaciones como la de este sábado se van a repetir «un día sí, uno no».

 

Imagen de la cabecera de la manifestación que ha recorrido Donostia «por una vivienda digna». (Andoni CANELLADA / ARGAZKI PRESS)

diciembre 19, 2012

Un juez decreta la suspensión de un desahucio hasta la decisión definitiva del TJUE sobre la Ley hipotecaria española

Iturria: Europa Press – 2012/12/14

Cree que, de no hacerlo, supondría aplicar “una justicia anacrónica”, en favor de “los poderosos” y en contra de “los más débiles”

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia (Gipuzkoa) ha decretado la suspensión de un desahucio de una familia de su vivienda hasta que se establezca una nueva regulación hipotecaria en España y haya una decisión definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley española.

A través de un auto emitido a finales de noviembre, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Israel Pérez Soto destaca que, de no actuar así, supondría aplicar “una justicia anacrónica”, en favor de “los poderosos”, que “han llevado a la actual crisis económica”, y en contra de “los más débiles”.

El magistrado recuerda que, sobre los procesos ejecutivos, la Abogacía General del TJUE el 8 de noviembre de 212 estableció que la normativa española sobre desahucios vulneraba la normativa europea, Directiva 93/13/CEE del Consejo del 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores“, cuando éstos, ni en el procedimiento ejecutivo ni en el judicial, “puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo, mediante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa”.

En este sentido, señala que esta cuestión “está pendiente de su resolución definitiva, que supondría que los procesos ejecutivos españoles, amparados en la Ley hipotecaria española actual y su ejecución, vulneran la normativa europea”.

De esta forma, subraya “las gravísimas consecuencias que supondría para las ejecuciones ya realizadas o en trámite” que se confirmara que la Ley del Estado español vulnera la normativa de la UE.

“GRAVE CRISIS SOCIAL”

A ello, añade “la grave crisis social que está suponiendo aplicar la legislación hipotecaria” en la actual situación de crisis económica, ya que “ha supuesto gravísimas consecuencias personales, no sólo materiales, para las personas a las que se les aplica la ley y que suponen pérdidas irreparables”.

El juez indica que todo ello “ha motivado que, en la actualidad, “se esté pendiente de un cambio legislativo en la normativa de la ejecución hipotecaria“, que, junto al dictamen definitivo por el Tribunal de la UE, “puede afectar de forma sustancial la legislación hipotecaria y sus consecuencias”.

El magistrado cree que “es necesario, en este momento”, suspender el proceso ejecutivo y el desahucio pendiente, “hasta esperar a la nueva regulación hipotecaria definitiva y a la decisión definitiva que se adopte en el TJUE sobre si la normativa española vulnera la europea”.

“JUSTICIA ANACRÓNICA”

El auto judicial destaca que las leyes “deben ser aplicadas de acuerdo a la realidad social actual”. Para el juez, “en este momento, no hacerlo, supondría aplicar una justicia anacrónica, de espaldas a la sociedad”para actuar sólo en beneficio de “una de las partes, la más poderosa, en perjuicio de los más débiles, que deben soportar los excesos de los más poderosos”, que han llevado “a la presente situación de crisis económica”.

Asimismo, indica que, de no decretar la suspensión, supondría “un perjuicio irreparable para las personas y familias a las que no se les podría aplicar las modificaciones legislativas que se van a producir”.

De esta forma, cree que hay que suspender el desahucio y, “una vez establecida una nueva legislación, entonces, actuar conforme a la misma”. En esta línea, apunta que no puede “amparar el derecho la situación de crisis social que está produciendo la actual legislación hipotecaria que puede ser definitivamente afectada en su regulación por el dictamen que se adopte en el TJUE”, reitera.

SIN “REPARACIÓN POSIBLE”  

A su juicio, de procederse a este lanzamiento, “dadas las gravísimas consecuencias materiales y personales que un desahucio tiene”, si se realizase sin esperar a una nueva regulación y la decisión del Tribunal Europeo, “no tendría reparación posible”.

En este sentido, asevera que la justicia y el derecho no deben dar “la espalda” a todo esto porque, si no, los jueces se convertirían “en meros aplicadores de una legislación de la cual no se sabe si vulnera una legislación hipotecaria en el marco de la Unión Europea”. Contra la resolución judicial cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

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