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abril 5, 2013

La propuesta educativa: privatizar la FP y sustituir becas por “préstamos del Estado a bajo interés”

Iturria: vozpopuli.com – 2013/04/05

La organización de países desarrollados defiende el modelo americano en el que el Estado financia los estudios universitarios mediante créditos a bajo interés. La fórmula defendida para España es la de conceder esos créditos cuyos plazos y cantidades de devolución quedarían supeditados a alcanzar un cierto nivel de ingresos

La lucha contra el paro juvenil pasa también por una reforma del sistema educativo, diagnostica la OCDE en su informe sobre el paro entre los más jóvenes en España. Además de reformar el mercado laboral, la OCDE dicta recetas de reforma educativa en las que apuesta por reforzar la Formación Profesional. Sin embargo, el organismo sostiene que no puede depender completamente de fondos públicos y apuesta por fórmulas semi-privadas: “sería más eficiente —afirman las conclusiones— que el coste fuera soportado por el gobierno, los empleadores y los estudiantes, de acuerdo con los beneficios que obtienen del sistema”.

A cambio, las empresas ganarían influencia sobre el plan de estudios de los jóvenes y deberían poder aprovechar más los llamados “contratos de formación” ya que –según la organización– “la formación profesional no parece responder a las necesidades laborales del país”. Sin embargo, el informe advierte que los planes del Gobierno español de conceder subvenciones en los pagos a la Seguridad Social a las empresas que recurran a contratos de aprendizaje corre un riesgo: “existe la posibilidad de que las compañías abusen del contrato de formación hasta convertirlo en una forma barata de contratar en prácticas para realizar labores de baja cualificación”.

La OCDE, además, plantea otras dos modificaciones a caballo entre la educación y la economía:

  • Sustituir las becas por “créditos del Estado a bajo interés” para los estudios universitarios: La organización de países desarrollados defiende el modelo americano en el que el Estado financia los estudios universitarios mediante créditos a bajo interés. La fórmula defendida para España es la de conceder esos créditos cuyos plazos y cantidades de devolución quedarían supeditados a alcanzar un cierto nivel de ingresos
  • Terminar con la figura del repetidor: La OCDE asegura que el sistema de repetición de cursos vigente en España “crea grandes costes para la sociedad”. Según sus estimaciones, el sistema de repetición de cursos supone un 10% del coste total destinado a educación primaria y secundaria en España. Por ello, concluye la organización, “debieran tomarse medidas para evitar la repetición de cursos”, algo en lo que ya trabaja la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert.
FOTO:EFE

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abril 4, 2013

32.000 millones de deuda estatal en programas de armamento

Iturria: diagonalperiodico.net / Ana Adela Rubio – 2013/03/05

El Centre Delàs calcula que el presupuesto del Ministerio de Defensa se duplicará en 2013

El Gobierno ha anunciado una revisión de la estrategia de seguridad que endurece la posición en Marruecos y que elude intervenir sobre el endeudamiento del Ministerio de Defensa.

El Ejecutivo de Rajoy elabora una nueva estrategia de seguridad para España con el fin de desarrollar la Directiva de Defensa Nacional 1/ 2012 (DDN), presentada públicamente en agosto de 2012, que será endurecida en el primer trimestre de 2013 para modificar los aspectos relacionados con Marruecos y el Norte de África. En el texto de la Directiva se esgrimen razones de carácter internacional para justificar este cambio estratégico, como son, por ejemplo, hacer cumplir el Tratado de Lisboa, o ajustar la política de defensa al nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, pero lo cierto es que ni desde la UE se ha elaborado un cambio de estrategia de seguridad –pues aún hoy mantienen el plan de 2008 elaborado por Javier Solana, a la cabeza entonces de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE–, tampoco desde la OTAN se ha definido todavía el nuevo Concepto Estratégico presentado en 2010 para los países firmantes del Tratado del Atlántico.

Así pues, y como el mismo texto indica, el principal motivo que ha llevado al Gobierno a hacer un cambio de rumbo poco menos de un año después del plan estratégico presentado por el gobierno de Zapatero, y de cuya redacción también se encargó Javier Solana, es la crisis económica y financiera, y que además, ha sido identificada como una amenaza para la seguridad del Estado.

El actual Ejecutivo ha decidido que será necesario un cambio evolutivo en el departamento de Defensa que conduzca “al logro de una credibilidad que se sostenga” frente a la UE y la OTAN. Para ello, se llevará a cabo una “necesaria transformación de las Fuerzas Armadas (…) en un momento de limitada disposición de recursos” con el fin de que la “noción tradicional de defensa (…) no quede desbordada”. Esas transformaciones han ido encaminadas a la creación de nuevos órganos de gestión más que a su supresión, y han suscitado críticas a la gestión de un Ministerio que hasta ahora ha generado 32.000 millones, que suponen un 3,6% del total de la deuda pública del Estado. Ésta ha sido generada principalmente por la ayuda a los Programas Especiales de Arma­mentos. Según palabras del propio ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien ha anunciado en RTVE que intentará negociar una quita de la deuda con las industrias que han suministrado este armamento, “tiene escasa utilidad estratégica para las necesidades reales de la defensa”, como denuncia el Centre Delàs d’Estudis per la Pau en su informe Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013.

Más gasto militar

El actual Gobierno cifró en un principio en casi 7.000 millones de euros el presupuesto para el Ministerio de Defensa –un 6,7 % menos respecto al año 2012–, cuando lo cierto es que el gasto militar real se prevé en 16.492 millones de euros, es decir, más del doble de lo anunciado y un 1,55% del PIB. También, las operaciones militares en el extranjero aumentarán 700 millones de euros sobre los 14,36 millones que cada año les eran asignados. Según el centro Delàs “se puede afirmar que hay recursos para aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas y no los hay para incrementar las partidas de gasto social o de desarrollo de la economía productiva” en un momento en el que España vive su peor crisis financiera desde la democracia.

Control mediterráneo

Para seguir con su estrategia, el Gobierno de Rajoy tomará en consideración el modelo de Defensa de EE UU, ya que “mantienen su liderazgo en la lucha contra los riesgos y amenazas globales”, con un proyecto “de continua expansión del ideal democrático”. El Ejecutivo de Rajoy creó en julio de 2012 el nuevo departamento de Seguridad Nacional con Alfonso de Senillosa al frente, quien ocupará el cargo de consejero del departamento, imitando así el modelo del departamento de Seguridad Nacional de EEUU. Este departamento será el “órgano permanente de asesoramiento y apoyo técnico en materia de Seguridad Nacional a la Presidencia del Gobierno”, creando la figura del Director Operativo del departamento de Seguridad Nacional con nivel de Subdirector General.

Ceuta y Melilla

A pesar del tono grandilocuente con el que está redactado el apartado de objetivos de la Directiva de Defensa Nacional, no ha pasado inadvertida la opacidad de su redacción con una falta notable de propuestas acerca del por qué y el cómo llevar a cabo la seguridad sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El texto aclara que el Estado garantizará “la disuasión (…) tomando en consideración la singularidad de los riesgos propios”, es decir, tomará las medidas necesarias y por cuenta propia para defender Ceuta y Melilla de las amenazas que se estimen oportunas.

Estando Ceuta y Melilla fuera de las áreas incluidas en el Tratado de Washington, el Ejecutivo quiere llevar a cabo esta política de defensa sin entrar en debate con la OTAN o la UE –que desde el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa garantiza el apoyo y seguridad a cualquier Estado miembro de la UE allá donde extienda su soberanía–, lo que podría situar a España en una posición de aislamiento diplomático que lejos de beneficiar a la seguridad estatal, podría mermarla en caso de una escalada del conflicto en las zonas que se revisarán en el nuevo plan estratégico. El vicepresidente del Gobierno melillense, Miguel Marín (PP), ya expresó su conformidad con este nuevo plan, que tiene como consecuencia la llegada de al menos 200 efectivos militares a la ciudad autónoma.

Enterrada la Alianza de Civiliza­ciones del anterior presidente, el Ejecutivo centra su atención en una estrategia geopolítica que tiene como foco principal el Mediterráneo, algo que sin lugar a dudas le acerca a aliados como EE UU y sus socios: Israel o Arabia Saudí. Así, la atención se centra en los cambios sufridos en los países del norte de África, haciendo referencia de modo indirecto a la Primavera Árabe, y percibiendo estas revueltas sociales, así como su situación fallida en algunos Estados, como una amenaza para la seguridad del país, todo ello sin olvidar la importante fuente de recursos naturales que poseen estos países, como por ejemplo Egipto o Argelia, de la que España depende hasta en un 45% para su consumo energético.

Morenés arropa a las armeras en Abu Dhabi

Desde que Pedro Morenés tomara el cargo de Ministro de Defensa, tampoco han pasado inadvertidos los contratos millonarios que ha hecho el Estado en materia de defensa y armamento con la empresa, especializada en munición y armas de infantería en la que el actual Ministro era consejero delegado. Instalaza reclamaba al Gobierno el pago de 40 millones de euros de indemnización en concepto de daño emergente y lucro cesante por la prohibición de la fabricación de bombas de racimo, principal producción de dicha empresa. Después de varias negociaciones, el Gobierno no sólo pagará la indemnización sino que, además, ha continuado haciendo contratos millonarios para material armamentístico con dicha empresa. Instalaza es una de las nueve empresas con capital español que han presentado sus productos en la Feria Internacional IDEX 13, que se ha celebrado en febrero en Abu Dhabi. Las firmas del sector armamentístico estuvieron acompañadas en este emirato por el propio Morenés, que tuvo ocasión de comprobar de primera mano cómo continúan vendiéndose bombas de racimo en una feria considerada uno de los bazares de armas del mundo.

 

Olmo Calvo

Olmo Calvo

 

abril 2, 2013

Escrache

Iturria: Javier Gallego / Eldiario.es – 2013/03/28

Nos habéis perseguido a todos. Primero fuisteis a por los jubilados pero como vosotros tenéis la jubilación asegurada, no os importó hacerles daño. Después fuisteis a por los enfermos, los discapacitados, los dependientes y como vosotros no tenéis problemas de dinero, no os importo cargar a las familias con un peso que no pueden soportar. Entonces fuisteis a por los funcionarios, los médicos, los profesores. Fuisteis a por nuestra sanidad y a por nuestros colegios porque vosotros tenéis los vuestros asegurados. Protestamos y no os importó enviarnos a los antidisturbios a que nos hicieran daño.

No os importó que hubiera millones de parados y fuisteis también a por ellos. Les quitasteis un pedazo de lo poco que les queda y les gritasteis que se jodan en mitad del Parlamento. Y empezasteis a jodernos a todos los demás, a la cultura, a los mineros, a todos los contribuyentes. Fuisteis a por todos nosotros y no os importó hacernos daño para no hacérselo a los vuestros. Los bancos vinieron a por nosotros y vosotros nos quitasteis los cuatro cuartos que nos habían dejado en los bolsillos. Ellos nos robaban, vosotros hacíais negocio con nuestro dinero. Volvimos a protestar y nos disteis la espalda de nuevo.  

No queríais ver cómo la gente saltaba por las ventanas o se colgaba del cuello. Los bancos que nos habían puesto la soga iban a por los que menos tenían y les dejasteis hacer. Dejasteis que se aprovecharan con las preferentes de los más indefensos y vulnerables y jamás perseguisteis a los timadores. Dejasteis que algunos se quitaran la vida angustiados por su desahucio. Les empujasteis al vacío sin mover un solo dedo y permitisteis que pelotones de policía siguieran sacando a la gente de sus casas a empujones. Podríais haberlo evitado pero seguíais mirando para otro lado.

Los jueces españoles y el tribunal europeo han decretado que las hipotecas españolas son ilegales y abusivas y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles de personas en la calle y un millón y medio con su firma, os han pedido parar esta sangría y habéis tratado de escaparos de ellos. Nos disteis unas medidas insuficientes que no sirvieron para nada y ahora nos volvéis a ofrecer un simulacro de solución en diferido. Os pedimos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos dais antidisturbios. Os pedimos que nos echéis una mano y nos la echáis al cuello. 

Ahora van a por vosotros y reclamáis que os amparemos pero ya no queda casi nadie de nosotros que lamente lo que os está pasando. Os toca sentir lo que sienten los perseguidos. Ahora nos pedís la justicia que vosotros nos habéis negado. Invocáis la democracia que habéis destruido y el respeto que no nos tenéis. Exigís que se respeten los derechos que no habéis respetado. Llamáis terroristas a los que os persiguen pero sois vosotros los que los habéis aterrorizado. Nos llamáis golpistas mientras nos moléis a golpes. Hay que ser muy miserable para llamar acosador al acosado. 

Seguid así. Seguid dando la espalda a la realidad, seguid llamándonos criminales en lugar de ciudadanos. Seguid aumentando la pobreza, la desigualdad y el paro. Seguid dejando que a la gente la estafen, la echen a la calle y los ladrones anden sueltos. Seguid haciendo un escrache masivo a la población y acabaréis sufriendo un escrache masivo y violento. No es una amenaza, es una advertencia de lo que, desgraciadamente, podría pasar.

Ahora solo van a por vosotros pero mañana irán a por vuestra seguridad, la seguridad que les habéis negado, y a por vuestros privilegios, a por el dinero que les habéis quitado, los coches en los que huis de nosotros, las casas que tenéis y que ellos han perdido, el bienestar que les habéis arrebatado. Querrán infligiros el mismo dolor que le habéis causado. Y a nadie le importará si os hacen daño porque el daño que habréis hecho nos habrá anestesiado a todos. Serán tan violentos como lo habéis sido vosotros. Se saltarán tantas leyes como vosotros habéis violado. Serán peligrosos porque están desesperados. Y serán incontrolables porque no tendrán nada que perder.

Vosotros se lo estáis quitando todo. Vosotros sois los responsables de lo que os pase. Os lo merecéis. Vosotros no sois las víctimas, sois los culpables, sois la causa de los escraches que estáis padeciendo. Vosotros sois el escrache de este país. Le habéis hecho un escrache a esta democracia hasta obligarla a huir por patas. Nos habéis hecho escraches cada vez que nos reuníamos en las plazas y en las calles. Le habéis hecho decenas, cientos de  escraches a los ciudadanos a golpe de porra, recorte, insulto y decretazo.

Sois vosotros los que permitís el acoso a los ciudadanos de una banca miserable que impone una ley injusta. Sois vosotros los que dejáis que miles de familias sean humilladas delante de sus vecinos, que sus casas sean señaladas con una cruz de “desahuciado” en la puerta, que queden marcados como parias y excluidos, que ancianos, niños, enfermos y gente sin recursos estén sufriendo la derrota, la violencia policial y la vergüenza pública. Sois vosotros los que lleváis más de cuatro años haciéndonos un escrache tras otro, los que lleváis años huyendo de los que ahora os persiguen, los que estáis empujando a miles de personas por un barranco por el que os acabarán arrastrando, los que estáis provocando una pobreza, un odio y una desesperación que puede acabar estallando.

Si dejáis que eso ocurra, recordaréis el último verso del poema de Niemöller: “Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”. Nadie protestará porque os estaremos persiguiendo todos.

marzo 4, 2013

¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?

Iturria: Ángeles Maestro / Attac – 2013/03/04

Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual que en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta. Las políticas neoliberales forman parte de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia: drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, instauración de políticas de reducción del déficit —con la correspondiente disminución de presupuestos sociales—, liquidación de derechos laborales y sociales y privatizaciones.

Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.

El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada. En el Estado español este proceso lo inicia el PSOE a mediados de los ochenta coincidiendo con la entrada en la CEE y es continuado por los gobiernos del PP.

El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un porcentaje considerable del PIB (el 7% en 2013).

Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública. El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene su trabajo asegurado, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.

En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo. El Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud. El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo una guía para la preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe fue abortada porque como diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.

Se procedió a la privatización —“externalización”—  de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc. Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza, casi todos subcontratados por constructoras, y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario[1].

En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente de su votación, CC OO emitió un comunicadocongratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS”.

La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.

Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas. CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners, grupo de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública

La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.

Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica.

El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solo un expolio de recursos públicos, es además un crimen. El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el coste.

La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:

  • Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
  • Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
  • Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
  • Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
  • Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.

La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.

La realidad es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.Dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.

Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos: Ni una privatización más, Derogación de la Ley 15/97 y devolución  a manos públicas todo lo privatizado.

[1] Entre otros informes ver: Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Hospital Infection, 49: 109-116. 50

Ángeles Maestro: Médica y Técnica Superior de Salud Pública. Militante de Red Roja

febrero 28, 2013

Martxoaren 2an LOMCEren aurkako manifestazioak Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan

Prentsaurreko bitartez, hezkuntzako langile, guraso eta ikasleen ordezkaritzak Hego Euskal Herriko gobernuei, alderdiei, hezkuntza eragileei eta jendarte osoari dei egin die LOMCEri aurre egitera eta gure herriak behar eta nahi duen hezkuntza indartzeko eta Euskal Herrian erabaki eta eraiki dezagun pausoak ematera. Deialdia ELA, LAB, STEE-EILAS, Ikasle Abertzaleak eta Sortzen-Ikasbatuazek egin dute, baina hezkuntza-komunitate osoari eta jendarteari egiten diote gonbitea larunbatean LOMCEren aurka kalera irteteko.

Azken urte eta hilabeteetan hezkuntza komunitatea eta euskal jendartea, orohar, izugarrizko erasoak pairatzen ari da. Espainiar Estatuko gobernuak, Nafarroako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak inposaturiko dekretuen bidez eta toki eta modu ezberdinetan ezartzen ari diren murrizketak direla eta, hezkuntzako langileak, ikasleak, gurasoak eta jendarte osoa hezkuntza kalitatearen kaltetzea eta funtsezko ditugun zerbitzu publikoen suntsiketa pairatzen ari gara.

Hartzen ari diren neurrien guztiz bestelako norantzan, Euskal Herriko hezkuntzak murrizketa neurriak alde batera utzi eta baliabide eta inbertsio handiagoak behar ditu.

Euskal Herriko hezkuntzaren eraso bide honetan azkena, eta benetan larria, Wert Hezkuntza Ministroak inposatu nahi duen LOMCE aurreproiektua da.

Asko izaten ari dira azken hilabete eta asteetan inposizio saiakera honen aurrean bere kritika eta aurkako jarrera agertzen ari diren eragile eta erakundeak. Gure ustetan, hezkuntza erreforma hau gure ikasgeletan sar ez dadin hezkuntza komunitatearen eta jendarte osoaren erantzun sendo eta zabala beharrezkoak dira.

Izan ere, gure ustetan, hezkuntza-Lege aurreproiektu horrek:

  • Estatuaren berzentralizazioa eta Euskal Herrian gure hezkuntza erabakitzerako orduan erabateko muga inposatzea bilatzen du (curriculum propioa are gehiago mugatuz, edukiak Madrildik finkatuz, ebaluazio sistemak zentralizatuz…)
  • Gure nortasun, eskubide eta hezkuntza sistemaren ardatz beharko lukeen euskarari eraso zuzena suposatzen du. Lege aurreproiektu horrekin euskara bigarren mailako hizkuntza izatera pasako bailitzateke eta hezkuntza sisteman bere ezagutza eta erabilera inola ere ez litzateke bermatuko, azken urte luzetan emaniko pausoak guztiz baliogabetuz.
  • Merkatu eta enpresen zerbitzura jarriaz hezkuntza merkantilizatzeko urrats oso larria suposatzen du, hezkuntzaren helburu beharko luken pertsonaren eta jendartearen garapena guztiz perbertituz (horen adibide dira DBHko aldaketak, hezkuntza ibilbideen aukeraketa aurreratzea, hautazko materien gutxitzea, Lanbide Heziketa birmoldatzea, unibertsitateko hauta frogak unibertsitateen esku uztea…).
  • Espainiar Estatuaren uniformazioa, espainolizazioa eta baliorik atzerakoienak oinarritzat hartuz adoktrinamentu ideologiko, politiko eta erlijiosorako bidea irekitzen du, modu berean, hezkuntza segregatzaile eta klasista bultzatuz.
  • Ikasleen garapen pertsonala, heziketa integrala eta aukera berdintasuna mugatzen du, oso goiz emaitza akademikoen baitan hezkuntza ibilbideak finkatzera derrigortuz.
  • Hezkuntza tokian tokiko beharretara egokitzeko moduak eta garapen pertsonal eta ebaluazio pertsonalizaturako aukerak mugatzen ditu eta ikastetxe eta irakasleen lanarekiko muga eta mesfidantza handitzen du, Espainiar Estatuak erabakitako irizpideen baitan derrigorrezko azterketa orokorrak ipiniz eta “kanpotik” eginiko ebaluazioak ezarriz.
  • Hezkuntza komunitatearen partehartzeko aukera eta bideak murrizten ditu, hezkuntzan eragile ezberdinen partehartzea mugatuz eta ikastetxetako kudeaketa demokratikoa oztopatuz.
  • Zerbitzu publikoak pribatizatzeko aukera areagotzen du.

Hau guztia honela, agiri hau babesten dugun eragile eta erakundeok ez dugu inola ere gure herriko hezkuntzan inolako murrizketarik onartzen eta ez gaude prest LOMCE aurreproiektuak inposatu nahi dituen atzerapausoak onartzeko. Guztiz bestela, gure hezkuntza sistemak baliabide eta inbertsio handiagoa behar ditu eta inolako injerentziarik gabe euskal hezkuntza eragileok eta euskal jendarteak erabaki behar dugu nolako hezkuntza behar eta nahi dugun. Horregatik:

  • Hezkuntza erreforma aurreproiektu honen aurka agertzen gara inposatzailea, zentralizatzailea, uniformatzailea, espainolizatzailea, atzerakoia, adoktrinatzailea, segregatzailea eta elitista delako.
  • Hego Euskal Herriko gobernuei, Nafarroako Gobernuari nahiz Eusko Jaurlaritzari, eta alderdi politikoei murrizketa politikei eta lege aurreproiektu honi aurre egitea eta gure herrian ez ezartzea eskatzen diegu.
  • Hego Euskal Herriko gobernuei, alderdiei, hezkuntza eragileei eta jendarte osoari dei egiten diogu gure herriak behar eta nahi duen hezkuntza indartzeko eta Euskal Herrian erabaki eta eraiki dezagun pausoak ematera.

Hau guztia salatu eta aldarrikatzeko, modu berezian egiten diegu dei eragile eta herritar guztiei, datorren larunbatean, martxoaren 2an, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan egingo diren manifestazioetan parte hartzera.

Manifak Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan:

Iruñean, 17:30etan Autobus Geltokitik
Bilbon, 17:30etan Jesusen Bihotzetik
Gasteizen, 19:00etan Bilbo Plazatik
Donostian, 17:30etan Bulebarretik

febrero 28, 2013

Manifestaciones 2 de marzo, en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria en protesta por la LOMCE

En rueda de prensa ofrecida el 25/02/2013, una representación las trabajadoras y trabajadores del ámbito educativo, de madres y padres y alumnas y alumnos han emplazado a los gobiernos de Hego Euskal Herria, a los partidos políticos, a los agentes educativos y al conjunto de la sociedad a mostrar su oposición a la LOMCE y a trabajar para impulsar la educación que necesita y quiere nuestro pueblo y a dar pasos para que podamos decidir y construirla en Euskal Herria. La convocatoria, realizada por ELA, LAB, STEE-EILAS, Ikasle Abertzaleak y Sortzen-Ikasbatuaz emplaza a toda la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad a manifestarse este sábado en contra de la LOMCE.

En los últimos años y meses, tanto la comunidad educativa como el conjunto de la sociedad vasca, estamos sufriendo graves ataques. Por medio de los decretos y decisiones que el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco están adoptando y los recortes que de diferente manera se están imponiendo en diferentes sectores, las trabajadoras y trabajadores del ámbito educativo, las alumnas y alumnos, las madres y padres y el conjunto de la sociedad estamos padeciendo el deterioro de la calidad de la educación y el desmantelamiento de los servicios públicos básicos.

En dirección contraria a las medidas que se están adoptando, la educación en Euskal Herria necesita abandonar las políticas de recortes y incrementar los recursos y la inversión destinada a ella.

En la senda de ataques contra la educación vasca, el último y extremadamente grave, es el anteproyecto de LOMCE que quiere imponer el ministro de educación Wert.

Están siendo múltiples los agentes y organizaciones que en los últimos meses y semanas están mostrando su crítica y oposición a este intento de imposición. Creemos que es necesaria una respuesta contundente y amplia de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad para que este reforma educativa no se aplique en nuestras aulas.

Consideramos que este anteproyecto de Ley:

  • busca la recentralización del Estado y limitar totalmente nuestra capacidad para decidir en Euskal Herria nuestra propia educación (limitando aun más el curriculum, decidiendo los contenidos en Madrid, centralizando los sistemas de evaluación…)
  • supone un ataque directo al euskara en cuanto elemento de identidad, derecho y eje de nuestro sistema educativo. Con este anteproyecto de ley el euskara pasaría a ser idioma subsidiario y el sistema educativo de ninguna manera garantizaría su conocimiento y su uso, desandando los pasos dados en los últimos años.
  • supone un grave paso hacia la mercantilización de la educación poniéndola al servicio de los mercados y las empresas, pervirtiendo así el objetivo principal de la educación que debiera ser el desarrollo personal y social (son ejemplo de esta deriva los cambios en la ESO, el adelanto en la elección de los itinerarios educativos, la reducción de las materias optativas, la reestructuración de la FP, que las pruebas de selección para el acceso a la universidad queden en manos de las universidades…).
  • basándose en los valores más conservadores, abre el camino para el adoctrinamiento ideológico, político y religioso, la españolización y la uniformización del estado español e impulsa una educación segregadora y clasista.
  • obligando a decidir muy tempranamente los itinerarios educativos, limita el desarrollo personal de las alumnas y alumnos, la educación integral y la igualdad de oportunidades.
  • imponiendo exámenes generales obligatorios y evaluaciones “externas” en función de los criterios impuestos por el estado español, limita las posibilidades para adecuar la educación a las necesidades locales, las posibilidades para la evaluación personalizada y el desarrollo personal, e incrementa los límites y la desconfianza respecto a la labor de los centros educativos y el trabajo de las y los profesionales.
  • limita la participación de los diferentes agentes educativos en la vida de los centros, reduciendo así los cauces y posibilidades de participación de la comunidad educativa e impidiendo la gestión democrática de los centros educativos.
  • incrementa las posibilidades para privatizar los servicios públicos.

Siendo esto así, los agentes y organizaciones que apoyamos este manifiesto, no aceptamos ningún tipo de recorte en nuestro sistema educativo y no estamos dispuestos a aceptar ninguno de los retrocesos que el anteproyecto de LOMCE quiere imponer. Justo en sentido contrario, manifestamos que nuestro sistema educativo necesita más recursos y mayor inversión y que los agentes educativos de Euskal Herria y la sociedad vasca debemos decidir la educación que necesitamos y queremos. Por ello:

  • Nos oponemos a este anteproyecto de reforma educativa por considerarlo impositor, centralizador, uniformizador, españolizante, regresivo, adoctrinador, segregador y elitista.
  • Pedimos a los gobiernos de Hego Euskal Herria, tanto al Gobierno de Navarra como al Gobierno Vasco, y a los partidos políticos que hagan frente a las políticas de recorte y este anteproyecto de ley y no lo impongan en nuestro pueblo.
  • Emplazamos a los gobiernos de Hego Euskal Herria, a los partidos políticos, a los agentes educativos y al conjunto de la sociedad a trabajar para impulsar la educación que necesita y quiere nuestro pueblo y a dar pasos para que podamos decidir y construirla en Euskal Herria.

Para denunciar esta imposición y sozializar nuestras reivindicaciones, llamamos a todos los agentes educativos y el conjunto de la ciudadanía a participar en las manifestaciones que tendrán lugar el próximo sábado, 2 de marzo, en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria.

Manifestaciones en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria:

Iruñea, 17:30 desde la antigua Estación de Autobuses
Bilbo, 17:30 desde el Sagrado Corazón
Gasteiz, 19:00 desde la Plaza Bilbao
Donostia, 17:30 desde el Boulevard

febrero 25, 2013

Nueva reforma laboral: El Gobierno se ensaña con la juventud

Iturria: Adoración Guamán / Héctor Illueca / Publico.es – 2013/02/25

El pasado viernes 22 de febrero el Gobierno del Partido Popular tuvo a bien confesar los verdaderos propósitos de las medidas laborales y de otra índole que viene impulsando en la presente legislatura. La Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 4/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, no deja lugar a dudas: tras las habituales y cansinas referencias a la “estabilidad macroeconómica” y a la consecución de “unas entidades financieras sólidas”, reconoce con sorprendente naturalidad que la estrategia del Ejecutivo persigue la instauración de “un alto grado de flexibilidad” que permita “ajustar los precios y salarios relativos”Mucho se ha escrito acerca de las reformas habidas hasta el momento y de sus objetivos, que no por inconfesos dejaban de ser una verdad a gritos. Los datos nos han dado la razón a los que afirmamos que la reforma laboral de 2012 sólo iba a conseguir provocar más desempleo, más precariedad, más desigualdad y más exclusión social.

Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular persiste en su empeño de acabar con los derechos laborales y sociales en nuestro país, dando vida a un texto legislativo que, en nuestra opinión, adolece de tres graves defectos o insuficiencias: falsear los verdaderos objetivos del legislador (afirma estar dirigido a estimular “la creación de empleo”); incumplir el mandato constitucional según el cual los poderes públicos deben perseguir la consecución de la igualdad material entre los ciudadanos (lo que no parece compatible con una legislación laboral claramente decantada hacia la parte empresarial); y repetir conscientemente errores del pasado, condenando a los trabajadores a un futuro de precariedad y sobreexplotación.

En efecto, repitiendo errores del pasado reciente y lejano, el citado Real Decreto-ley 4/2013 persiste en sendas ya transitadas y que se han demostrado como vías muertas para crear empleo. Un año después del tremendo Real Decreto-ley 3/2012, el Gobierno del Partido Popular impone, de nuevo por una vía jurídica de dudosa constitucionalidad y alejada del debate parlamentario y por supuesto social, otra vuelta de tuerca a los derechos laborales. Utilizando una orwelliana neolenguaque destruye las palabras para ocultar realidades (“emprendedor”, “cultura del emprendimiento”…)el legislador intenta, sin conseguirlo, difuminar el verdadero núcleo duro de esta sigilosa reforma laboral: la absoluta precarización de la situación contractual de los jóvenes menores de treinta años. Pensábamos que en materia de regulación de las relaciones de trabajo era difícil empeorar la situación creada por la reforma laboral de 2012, pero nos equivocamos. El Gobierno ha ido todavía más lejos.

Refiriéndonos sólo a las medidas dirigidas a los jóvenes de entre el amplio número de las contempladas en la norma, la primera sensación que provoca su análisis es una especie de déjà-vu, vinculado con una profunda sensación de inquietud. Sus medidas evocan aquella vieja política de empleo efectuada entre 1984 y 1997, basada en la flexibilidad laboral externa y en el fomento de la contratación temporal sin causa. Esta política consiguió modificar profundamente la estructura de nuestro mercado de trabajo, cuyo rasgo fundamental desde entonces, además de la especial sensibilidad del empleo a los diversos momentos de crisis económica, ha sido la persistencia de una elevada tasa de temporalidad, especialmente entre la juventud.

Las consecuencias de ello son suficientemente conocidas, pero no está de más recordarlas sucintamente. La contratación temporal genera precariedad laboral e inseguridad vital, así como volatilidad general en el trabajo, impidiendo la formación profesional en el puesto de trabajo y provocando pérdidas de ineficiencia en las relaciones de trabajo, situaciones de riesgo vital, relacionado con la menor preparación frente a los riesgos laborales, y una permanente discriminación entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones. Pues bien, ignorando estas consecuencias, y aprovechando que el desempleo masivo permite forzar a los trabajadores a la aceptación de cualquier empleo, la política del gobierno vuelve a colocarse bajo el signo de que “cualquier empleo es mejor que un no empleo”, regresando al antiguo fomento de la contratación por la vía de eliminar la estabilidad de los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral: los jóvenes.

Centrándonos en las medidas que mayormente impactarán en la precariedad del empleo juvenil, la norma crea una nueva modalidad contractual, el denominado “primer empleo joven”. Es éste un contrato temporal causal, fundamentado únicamente en la ausencia de experiencia laboral para menores de treinta años. Partiendo de esta base, los jóvenes podrán ser contratados sin importar si la actividad que van a realizar tiene carácter temporal o indefinido en la empresa, por un periodo de entre tres y seis meses, a tiempo completo o incluso a tiempo parcial. De este modo, el legislador de 2013 evoca al de 1984, asumiendo el denominado modelo de “flexibilidad en el margen”: los nuevos contratados pueden ser empleados sin restricciones por tiempo determinado, quedando así al margen de la normativa protectora de la estabilidad en el empleo, esto es, del ya mermado derecho a la protección contra el despido sin causa. Todos los esfuerzos realizados a partir de 1997 para reducir la temporalidad han sido en balde.

En segundo lugar, la nueva reforma laboral modifica los requisitos exigidos para la contratación en prácticas, eliminando la barrera temporal que ligaba el empleo a la formación al imponer un límite de cinco años entre la finalización de los estudios y la contratación bajo esta modalidad para poner en práctica lo estudiado. Este vínculo de continuidad entre la formación teórica y el desempeño de las prácticas fundamentaba el propio contrato que ahora queda, en buena medida, desnaturalizado. A partir de la entrada en vigor de la norma, los contratos en prácticas pueden ser utilizados a discreción con toda persona menor de treinta años, sin importar que los estudios a poner en práctica se hubieran finalizado diez años antes. Esta contratación de mano de obra cualificada y excepcionalmente barata (recordemos que el salario puede oscilar entre el 60 y el 75 por ciento del fijado en convenio durante los primeros años del contrato) está además bonificada en las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Como corolario, se permite la entrada de las Empresas de Trabajo Temporal en la realización de los contratos de prácticas y aprendizaje, traspasándose así otra de las líneas rojas relativa a la protección de los jóvenes.

A la vista de tales datos, causa repulsión que el Gobierno aluda en la Exposición de Motivos “a una segunda generación de reformas estructurales” supuestamente necesarias para “crear empleo”. La promoción de la temporalidad entre la juventud cuando el resto de trabajadores tenían todavía una fuerte protección frente al despido fueron perniciosas en términos de segmentación del mercado de trabajo. Pero, al menos, existía un importante colchón familiar sustentado por esos trabajadores relativamente protegidos por la legislación laboral. Hoy ese colchón ha desaparecido. La reforma laboral de 2012 precarizó el conjunto de la contratación laboral, facilitando y abaratando el despido y reduciendo salarios ya de facto en involución. En esta ocasión, la promoción de la temporalidad como única salida para nuestros jóvenes no contará con el sustento de las familias, llevadas al límite de su resistencia. El ensañamiento del Gobierno con este sector social sólo puede provocar más crispación entre la juventud y más desconfianza hacia un sistema político que se revela crecientemente incapaz de resolver los problemas que aquejan nuestro país.

Adoración Guamán – Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Héctor Illueca – Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

febrero 24, 2013

Las personas sin familia no tendrán acceso a la justicia gratuita si ganan más de 1.065 euros al mes

Iturria: Eva Belmonte / lamarea.com – 2013/02/23

El Real Decreto-Ley sobre las tasas judiciales aprobado ayer en Consejo de Ministros aumenta además, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, los beneficiarios del servicio de justicia gratuita. Así, podrán utilizar este servicio, independientemente de su renta, víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de personas; menores y discapacitados que denuncien un abuso o maltrato y heridos graves en accidente de tráfico que queden en situación de discapacidad. Además, el Gobierno modifica los umbrales de renta máximos que permiten a un cuidadano hacer uso de este derecho. Según las palabras de Santamaría y de algunos mediosese tope de ingresos se eleva y más personas pueden acceder. Pero esto no es del todo cierto.

En realidad, el máximo de ingresos que pueden tener aquellas personas que no estén integradas en ninguna unidad familiar se ha visto reducido. El articulado que recoge hoy el BOE marca unos umbrales de renta según el tipo de unidad familiar: para personas solas, dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiles (IPREM); para unidades familiares de menos de cuatro miembros, 2,5 veces el IPREM; para las que superen los cuatro miembros, 3 veces ese indicador. Hasta ahora, el tope de ingresos era, para todos, de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una cifra algo superior al IPREM.

Así, este cambio en los cálculos de renta perjudica a aquellos que no estén integrados en una unidad familiar, cuyo umbral ha bajado de los 1.290,6 (dos veces el SMI) a 1.065,02 euros mensuales (dos veces el IPREM). Las personas que pertenezcan a una unidad familiar sí verán aumentado el tope de ingresos que no pueden superar para acceder. Por ejemplo, el de una familia de tres miembros pasa de 3.871,8 euros mensuales (dos veces los 645,3 euros del SMI para 2013 multiplicado por los 3 miembros) a 3.993,8 (2,5 veces los 532,1 euros del IPREM x 3). En el caso de una familia de, por poner otro ejemplo, de cinco miembros, el tope sube desde los 6.453 euros mensuales (2 x 645,3 x 5) a 7.987, 65 euros (3 x 645,3 x 5).

Además, el Real Decreto-Ley incluye un añadido para el acceso a la justicia gratuita: “Se tendrán en cuenta los signos externos que manifiesten su real capacidad económica”.

Eva Belmonte es autora de elboenuestrodecadadia.com

febrero 23, 2013

El modelo de crecimiento económico del Partido Popular

Iturria: Alberto Garzón / eldiario.es – 2013/02/22

El 13 de febrero de 2013 el ministro de economía fue interpelado en el Congreso para que explicara el modelo de crecimiento de la economía española tras la crisis. Sus palabras fueron claras: “el modelo de crecimiento de la economía española es el que ya apunta la economía española hoy, es un modelo basado en las exportaciones de bienes y servicios”. Y después añadió que concretamente el crecimiento vendría por el lado de los “servicios no turísticos, que son normalmente servicios de alto valor añadido, en los cuales se compite en el mundo, como consecuencia básicamente del conocimiento. España tiene un superávit y capacidad de competir, y eso es una indicación clara de lo que decía anteriormente. Ese es el modelo que nosotros queremos”.

El ministro hacía así referencia a un cambio cualitativo muy importante que está viviendo la economía española: el desplazamiento desde un modelo dirigido por el endeudamiento y la demanda interna (debt-led) hacia un modelo basado en la exportaciones de bienes y servicios (export-led). Pero, además, concretaba el ministro que se tratará de servicios de alto valor añadido, lo que requerirá un nivel alto de cualificación de los trabajadores. Las preguntas que nos hacemos son: ¿es viable este modelo de crecimiento? ¿sobre qué sectores reales se asienta?

Los modelos export-led y sus críticas

Todas las economías capitalistas tienen que crecer para poder reproducirse, lo que significa que tienen que encontrar espacios de rentabilidad empresarial que hagan atractiva la inversión. Esa rentabilidad puede encontrarse en el mercado interno (los propias familias, empresas y Estado son los compradores) o en el mercado externo (las compras vienen desde el exterior). Obviamente cualquier economía abierta opera en ambos mercados, pero siempre alguno de ellos es el motor fundamental.

Para entender esto podemos aproximarnos al tema por la vía del Producto Interior Bruto (PIB), que medido en términos de demanda es la suma del Consumo (C), la Inversión (I), el Gasto Público (G) y las Exportaciones Netas (E). En España este último componente, que es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, había sido negativo en las últimas décadas de modo que para crecer la economía había tenido que propulsarse con el resto de componentes. Concretamente lo hizo a partir del crecimiento del consumo y la inversión vinculados al sector de la construcción. Pero cuando la burbuja pinchó, la demanda interna cayó y cayeron el consumo, la inversión y las importaciones de bienes y servicios. Eso condujo a la recesión y al inicio del proceso de ajuste.

En teoría económica los modelos export-led suponen que el crecimiento viene propulsado por las exportaciones, de modo que la capacidad de exportar bienes y servicios es la que empuja la inversión interna y la creación de empleo. Estos modelos se pusieron de moda en los años setenta en medio del renacimiento académico de la teoría neoclásica y del nuevo dominio de la teoría de las ventajas comparativas. Los países que adoptaron este modelo de crecimiento fueron Alemania y Japón en los años cincuenta y sesenta, pero especialmente importante fue el éxito de Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur en los años setenta. En los ochenta y noventa se extendió por Asia y por América Latina, siendo China y México los ejemplos más notables. Y ahora las instituciones internacionales (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo más concretamente) pretenden aprovechar la crisis para adaptar este modelo también a las economías de la periferia europea, es decir, a Grecia, Portugal y España.

Desde el punto de vista teórico un modelo export-led obliga a los distintos países a buscar sus mercados de especialización o, dicho de forma coloquial, aquellos nichos de mercado en los que son los mejores en lo que hacen. Es lo que llamamos la teoría de las ventajas comparativas. La división internacional del trabajo de Adam Smith aplicada al espacio internacional, todo lo cual llevará, supuestamente, a un estado de mayor bienestar para todos los países.

Las críticas a este modelo son innumerables. En primer lugar, hay críticas dentro de la propia teoría neoclásica respecto al realismo de tal planteamiento (sobre todo porque suelen suponerse mercados de competencia perfecta y movilidad plena del capital). En segundo lugar, porque la especialización en determinadas ramas puede llevar a los países a sufrir un deterioro en los términos de intercambio (la famosa tesis de los estructuralistas de la CEPAL). Esto quiere decir que los países especializados en bienes de primera necesidad o básicos –como materias primas o industria textil- ven como la abundancia de oferentes (muchos países vendiendo lo mismo) lleva a una caída de los precios mientras que los países especializados en bienes de alto valor añadido –como industria tecnológica-mantienen precios altos. Esa relación empobrece en el tiempo a los países dependientes. En tercer lugar, un modelo export-led conlleva una estrategia de empobrecimiento del vecino consistente habitualmente en disminuir los salarios para ser más competitivos. Ese efecto, generalizado, deteriora la demanda mundial y produce crisis de demanda. En cuarto lugar, existe la conocida como falacia de composición, que insiste en que a nivel mundial las exportaciones han de ser iguales a las importaciones y, en consecuencia, no todos los países pueden ser exportadores netos. Es decir, no todos los países pueden exportar más de lo que importan, con lo que buscar estrategias para que así sea es un imposible económico.

Apuntadas estas cuestiones, de extraordinaria relevancia para entender hacia dónde vamos, es importante analizar la composición de la balanza de pagos española para tratar de analizar el objetivo del Gobierno del PP cuando habla de implantar un modelo export-led.

El modelo export-led de España

Como hemos dicho antes, España no ha sido nunca un modelo export-led sino demand-led o alternativamente debt-led, esto es, propulsado por la demanda interna y concretamente por el estímulo de las deudas. Esto ha sido reflejado en el comportamiento de la cuenta corriente, la cual revela la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. El saldo durante los años de burbuja inmobiliaria ha sido crecientemente deficitario. Hay que hacer notar que antes de la implantación del euro solía producirse una devaluación monetaria que permitía que las exportaciones fueran más baratas y las importaciones más caras (lo que ayudaba a corregir el déficit). Con la implantación del euro esta medida no era ya viable y el déficit se acumuló hasta que la crisis hizo retroceder las importaciones mucho más que las exportaciones. Desde entonces las exportaciones han crecido más rápido (un 15’4% en 2011) que las importaciones (un 9’6% en 2011). Hasta el punto de que en el tercer trimestre de 2012 se obtiene un superávit que ha servido al Gobierno para defender “los brotes verdes” actuales.

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No obstante, la cuenta corriente está formada por la Balanza Comercial, la Balanza de Servicios, la Balanza de Rentas y la Balanza de Transferencias Corrientes. Dada la importancia menor de los dos últimos componentes, lo que nos interesa es saber qué ocurre con la balanza comercial y con la balanza de servicios.

La Balanza Comercial refleja las mercancías que cruzan las fronteras del país, y son el reflejo del comercio de bienes. Suele expresar la capacidad competitiva de la industria de un país, y dado que las decisiones de inversión son más lentas suele mostrar un comportamiento más estable en el tiempo. La Balanza de Servicios, por el contrario, incluye una serie de rúbricas muy distintas que se refieren a servicios contratados en un país por residentes de otro país distinto. En España el turismo es el componente más importante de la balanza de servicios y, dada su naturaleza, es muy estacional (mucha actividad en temporadas altas y poca en las temporadas bajas) y altamente dependiente de factores externos. De ahí que sea tan volátil.

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Como se puede comprobar la balanza de servicios siempre ha tenido superávit, mientras que la de bienes ha mostrado siempre déficit. Lo que ocurre es que la caída de las importaciones de bienes como consecuencia de la crisis ha reducido el déficit comercial y todo ello ha llevado finalmente a un superávit en la cuenta corriente. El “brote verde” es el hecho de que España ya es exportador neto y ello hace crecer el PIB (aunque no lo suficiente para compensar la caída del Consumo, Inversión y Gasto Público). Otra consecuencia es que ya no hace falta financiar el déficit con dinero exterior, algo de lo que también hace gala el presidente del Gobierno. ¿Luz de un día? Luego reflexionaremos sobre ello.

El ministro Guindos apuntó también que la economía estaría dirigida no por la rúbrica de servicios en general sino sobre todo por la de servicios no turísticos. De modo que para ver a qué se refería hay que descender un poco más en el análisis y estudiar la balanza de servicios y sus componentes.

La balanza de servicios

Como ya hemos indicado, el peso de la partida de turismo es extraordinario. Aporta ni más ni menos que el 90% del saldo positivo en la balanza de servicios; es el verdadero motor del sector servicios.

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Eso sí, el ministro quiso huir de la tradicional crítica de tener un país de servicios (cuestión que, como vemos, es un hecho constatado), y aseguró que nos centraríamos en “servicios no turísticos” tal y como estaría mostrando la dinámica reciente:

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De esta tendencia obtenemos que ahora mismo los sectores de servicios donde España es competitiva es en la informática, la construcción, las finanzas y recientemente también en los servicios a empresas y en los servicios personales, culturales y recreativos. Pero, ¿hacia dónde avanzará la economía española de aquí en adelante? ¿qué signos hay?

Un vistazo a los ingresos por servicios nos muestra que en 2011 las partidas más dinámicas fueron los seguros, los servicios personales, culturales y recreativos, los servicios financieros, los servicios prestados a empresas y los royalties y rentas de la propiedad.

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De mantenerse esta dinámica, podríamos decir que en lo que se refiere a servicios España se seguirá centrando en el turismo pero también, aunque con un valor ínfimo, en otras partidas. ¿Son estas de alto valor añadido como indica el ministro?

Las partidas de seguros y servicios financieros son, efectivamente, sectores de alto valor añadido. Tienen que ver con la intermediación financiera y el negocio de las primas de los seguros. Aquí se incluye toda la comercialización de productos financieros, y en general es muy dependiente de las burbujas financieras. Es decir, una burbuja financiera permite la existencia de grandes ingresos, pero una crisis financiera desmantela por completo el sector.

Entre los servicios personales, culturales y recreativos se incluye la producción de películas, programas de radio y televisión y todo el sector cultural. Está vinculado también a la partida de royalties y derechos de la propiedad inmaterial, aunque aquí se incluyen también los avances científicos que sean patentados. También son sectores de alto valor añadido.

Finalmente la partida de servicios prestados a las empresas incluye un gran número de actividades, habitualmente de intermediación en transacciones comerciales. Es difícil dilucidar si esta partida requiere un alto nivel de formación.

En todo caso, sorprende que el mismo ministerio que anuncia la promoción de estos sectores lleve acumulado un recorte del 40% en I+D+i en sólo dos años. ¿La razón? Probablemente la asunción y el reconocimiento de que estos sectores son muy pequeños, por lo que les corra mucha más prisa estimular la exportación de bienes y servicios de bajo valor añadido a través de la disminución salarial. Una trayectoria errática y muy peligrosa desde el punto de vista del modelo de sociedad.

Conclusiones

En definitiva, el proceso de ajuste de la economía española está pivotando sobre el retroceso del sector de la construcción (tanto en bienes como en servicios) y el soporte del sector turístico. Y aunque el ministro plantea que en el sector servicios hay sectores no turísticos de alto valor añadido que serán el motor de la economía, es difícil darle la razón cuando vemos el peso tan insignificante que tienen dentro de la balanza de pagos.

Aunque dicho crecimiento es cierto en sectores minoritarios y especialmente vinculados a la actividad financiera, podría ser perfectamente un espejismo derivado de una crisis económica que de momento se ha gestionado sobre la base de la ayuda al sector financiero. Un sector financiero que necesitará una economía real donde anclarse, problema acuciante en la actualidad.

Por otra parte, esta dinámica descrita es el resultado de dejar al libre mercado diseñar nuestro modelo de crecimiento. La consecuencia de depender de estos sectores marcará asimismo la naturaleza del mercado laboral, que será altamente flexible y volátil, y probablemente mucho más desigual en términos de renta. El sector turístico está enfrentado también a competencia, y el sector de bienes está siendo reconducido por la vía de la reducción de costes salariales (no olvidemos el discurso de Rajoy defendiendo que la industria automovilística llega al país). La OCDE ha documentado que en las últimas décadas existe una gran divergencia entre los trabajos de alta cualificación y los de baja cualificación (asociados al turismo, por ejemplo), con implicaciones sociales de importancia.

La trayectoria marcada por la economía española tiene altas probabilidades de chocar con los elementos planteados en la crítica al modelo export-led, pero incluso aunque fuera España uno de los pocos países en sobrevivir a la lucha competitiva el modelo resultante sería absolutamente indeseable desde el punto de vista social.

Con todo, se ha dejado de lado la alternativa de iniciar un proceso de reindustrialización que acerque la economía a una trayectoria más estable y basada en el alto valor añadido, permitiendo mejor redistribución de la renta entre capital y trabajo. Una economía que no sea export-led, con todo lo que ello conlleva, sino demand-led y con un proceso de crecimiento autocentrado. Claro que esta vía alternativa implica una reestructuración de la arquitectura institucional europea, cuestión que dada la correlación de fuerzas actual no parece muy probable. Aunque, desde luego y viendo el horizonte al que nos empuja el Gobierno, es más que necesaria.

febrero 16, 2013

Un año de reforma laboral

Iturria: Jesús Gellida / Rebelión – 2013/02/13

“Frenar la destrucción de empleo ofreciendo a las empresas más instrumentos para flexibilizar las condiciones laborales y evitar así los despidos”. Este era, supuestamente, el objetivo de la última reforma laboral.

Un año después de la aprobación de este decreto-ley por parte del gobierno de Rajoy tenemos que la tasa de paro se ha elevado hasta un 26,02 % o lo que es el mismo que casi 6 millones de personas están paradas (1), que el 55% de los jóvenes menores de 25 años que buscan trabajo no lo encuentran y que el número de personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo (ERE) ha aumentado un 45,8% en los once primeros meses de 2012. Así mismo, otro de los hitos de esta regulación ha sido la profundización en la degradación y precarización del mercado laboral, creando un inmenso ejercido de reserva de mano de obra barata.

Recordemos algunas de las medidas más significativas que ha introducido esta reforma laboral:

– La rebaja de la indemnización para los nuevos contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, en vez de 42, para los despidos improcedentes, y una indemnización de 20 días con un máximo de 12 mensualidad para los despidos procedentes. En este punto es importante destacar que la reforma laboral ha posibilitado mucho más el despido objetivo (el procedente) puesto que las causas del mismo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción se ampliaron (2).

– La eliminación, en relación con los ERE, de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.

– La autorización de las ETT para que actúen como agencias privadas de colocación. Se ve claramente el impulso a la privatización de los servicios públicos de intermediación y orientación laboral puesto que para estos se disminuyen los recursos a la vez que se facilita la consolidación de las ETT en el sector.

– Un contrato “indefinido” con un periodo de prueba de un año para emprendedores y pequeñas y medianas empresas, es decir, empresas de menos de 50 trabajadores. En este aspecto señalar que denominar este contrato como indefinido es tomarnos el pelo, puesto que durante el periodo de prueba, tanto la empresa como el trabajador pueden rescindir unilateralmente y sin preaviso el contrato y sin necesidad de alegar causa alguna. Además, durante este periodo el empleado/da no recibe ninguna indemnización si es despedido.

– El impulso de un contrato a tiempo parcial para, en teoría, favorecer la compatibilidad del trabajo asalariado con los estudios y la vida familiar y personal. En la práctica se multiplicarán las personas que necesitarán dos o más trabajos parciales para sobrevivir.

– La priorización del convenio de empresa frente al sectorial, la facilitación a las empresas en dificultades del descuelgue del convenio y la puesta de límite a la ultraacitivitat.

– El fomento de la flexibilidad interna mediante la movilidad funcional y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Con estas medidas lo que se incentiva es el despido y no el empleo, a la vez que se devalúa la negociación colectiva y se degradan las condiciones laborales que cada vez son más precarias (3). En este sentido, se fomenta la adaptación de los trabajadores y trabajadoras a cualquier necesidad de la empresa (4) y se favorece el trabajo parcial que, en la práctica, sirve para “arreglar” los datos del paro facilitando una contratación laboral precaria, insuficiente para una vida digna. Pero con todo, la gran patronal estatal, la CEOE, dice que no hay bastante, que hay que profundizar todavía más en las reformas del mercado laboral y lanza propuestas como las de los minijobs o las de los trabajos con una remuneración del salario mínimo interprofesional, sin olvidar los ataques gratuitos y constantes a los y las trabajadoras públicas y al derecho de huelga. Está claro lo que se busca: competir con el resto del mundo devaluando las condiciones laborales internas, es decir, tener mano de obra todavía más barata, que esté a completa disposición de la empresa y a la cual se pueda despedir sin trabas ni indemnizaciones. Así, se está produciendo un cambio de modelo que comportará la proliferación de lo que en el mundo anglosajón denominan woorking poor, personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza a pesar de tener un trabajo asalariado y que tienen que aceptar condiciones de semi-esclavitud como consecuencia de las necesidades básicas que tienen que cubrir.

Así pues, esta reforma laboral da a elegir entre paro o precariedad, es decir, que nos lleva hacia la inseguridad, el empobrecimiento y la miseria de las clases populares y trabajadoras si no nos plantamos, nos organizamos y ponemos fin a esta barbarie a través de un proceso sostenido de lucha social coordinada.

Notas:

(1) Ver el artículo: “A las puertas de los 6 millones de parados” .

(2) Es el caso, por ejemplo, de las causas económicas, donde la reforma profundiza en la vía puesta en marcha con la reforma laboral del 2010 que preveía un despido objetivo si se daban pérdidas actuales o previstas en los resultados de la empresa. Ahora, con la última reforma se añadió “la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas” que, en todo caso, se entiende como persistente si se produce esta situación durante tres trimestres consecutivos.

(3) Ver el artículo: “Consecuencias de la precarización laboral para las clases populares” .

(4) Ver el artículo: “Trabajar más por menos. La negociación del convenio colectivo de los grandes almacenes”.

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