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junio 13, 2013

El interés del Banco Mundial en el recorte de nuestras pensiones

Iturria: Carlos Gómez Gil / Rebelión.org – 2013/06/13

La aprobación del informe para la reforma del sistema de pensiones realizado por el grupo técnico designado por el Gobierno , anuncia lo que será un recorte efectivo de lo que, según decía el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy, era una de las líneas rojas intocables; una más que cae. Desde hacía tiempo, la Troika, el FMI y el BM, además de todo el aparato político y mediático neoliberal en España, venían reclamando un recorte de las pensiones públicas, en línea con lo que se ha hecho en aquellos países sometidos a planes de rescate, como Portugal, Grecia e Irlanda, y anteriormente otros muchos.

El argumento esencial para justificar dicho recorte se basa en el aumento en la esperanza de vida, algo que parece convertirse en un costoso capricho que hay que penalizar. Sin embargo, no se ha insistido en el esfuerzo que desde hace lustros vienen desplegando el FMI y el BM para recortar al máximo el sistema público de pensiones, tratando así de trasladar estos recursos del Estado a las entidades bancarias y financieras privadas, al tiempo que rompen con un componente de solidaridad esencial de los Estados modernos para convertirlo en un componente especulativo más del capital privado.

El Partido Popular va a proceder a un recorte efectivo de las pensiones, y con ello, va a socavar uno de los escasos espacios que no había tocado hasta el momento. Para ello ha encontrado en las proyecciones demográficas y el aumento en la esperanza de vida la coartada para justificar este recorte, un argumento que coincide con las repugnantes declaraciones que se han venido haciendo desde organismos como el FMI, y con las exigencias que desde hace tiempo vienen haciendo públicas el BCE, la Comisión Europea y Alemania El argumento demográfico admite muchas lecturas contrarias a las que se dan, si bien, sería bueno que se conociera que todas las proyecciones demográficas que ha venido realizando la ONU resultaron fallidas al no contemplar la evolución de indicadores complejos. Sin embargo, lo llamativo es que todos estos sesudos especialistas, muchos de los cuales trabajan para bancos y fondos de pensiones, no se hayan dado cuenta de que lo que pone en riesgo al sistema público de pensiones en España no es que vivamos más, sino la falta de cotizantes a la Seguridad Social como consecuencia de liderar a nivel mundial las tasas de desempleo. ¿Nadie considera que esa debe ser la prioridad política y económica para cambiar el rumbo de nuestra sociedad, y con ello también garantizar las pensiones futuras?

La tesis de que como la sociedad española está envejeciendo hay que reformar el sistema de pensiones porque es insostenible, ignora que, cuando se miran otras partidas presupuestarias, como el ejército, allí no hay cálculo de sostenibilidad de ningún tipo porque se plantea que hay que pagar un ejército y lo tenemos que hacer entre todos, sea cual sea su coste. Es una lógica perversa que aplicamos en función del resultado político que queremos tener, porque la lógica de la sostenibilidad también podríamos llevarla a la partida de deuda pública o a otras tantas.

Los mismos argumentos que defiende el Banco Mundial desde hace lustros

Sin embargo, lo que ahora ha pronosticado este grupo de técnicos designado por el Gobierno del PP viene siendo anunciado desde hace años por otros supuestos “expertos” que fracasaron estrepitosamente en sus anuncios de calamidades y desastres sobre las pensiones, bajo el patrocinio del propio Banco Mundial. Efectivamente, desde hace años el BM viene pronosticando la quiebra del sistema de pensiones públicas en Europa y en España, promoviendo los sistemas privados gestionados por los bancos. ¿Cuál es la razón de tanta osadía intelectual y política? Muy sencilla, el interés de recortar el Estado por un lado y transferir al sistema privado la gestión de un volumen de capital formidable derivado de los fondos de pensiones públicos.

La conexión entre los fondos privados y los recortes públicos viene de lejos. A mediados de la década de los 90 ya proliferaron los estudios que auguraban la quiebra de los sistemas públicos de pensiones y exigían recortes inmediatos o privatizar las pensiones. Los lanzaron simultáneamente instituciones internacionales, como el Banco Mundial y los servicios de estudios de las entidades financieras, las principales interesadas en el desarrollo de los fondos privados. En todos los casos se repetía el argumento de que el envejecimiento de la población llevaría a la quiebra del sistema público de pensiones. En consecuencia, se aconsejaba pasar de un sistema de reparto, en el que todos los trabajadores están obligados a cotizar para pagar las pensiones de los jubilados actuales, a otro de capitalización, en el que cada cual ahorra para su propia pensión futura a través de una entidad bancaria.

Más aún, cuando se está analizando la propuesta de reforma contenida en el informe que se ha trasladado al Gobierno, empieza a confirmarse que el recorte propuesto es de los más duros en los países occidentales, similar al que Suecia ha llevado a cabo , pero con un mercado de trabajo y Estado del Bienestar bien distinto. Pero, qué casualidad, esa misma reforma emprendida por Suecia es la que el Banco Mundial viene reclamando aplicar al resto de países, y que ahora España pone encima de la mesa.

Los fracasados anuncios de colapso en el sistema de pensiones de España

Entre 1995 y 2000, coincidiendo con esta primera batería de informes, los fondos privados vivieron un auge excepcional, pasando de gestionar 4,9 billones de euros a 11,5 billones en sólo cinco años. En España, donde la catarata de estudios partió del Círculo de Empresarios y tuvo aportaciones de los servicios de estudios de las principales instituciones financieras, pasaron en el mismo periodo de 13.000 a 38.000 millones de euros. Entonces, el horizonte de quiebra solía situarse ya en el año 2000, pero el derrumbe nunca llegó. Por el contrario, desde entonces, todos los ejercicios de la Seguridad Social se han cerrado con superávit. Pese a los errores en sus anuncios de desastre, las instituciones insisten periódicamente con nuevos informes equivalentes. El Círculo de Empresarios, por ejemplo, lanzó el último en junio de 2009, sin mencionar que en 1996 había pronosticado que el sistema público español acumularía hoy un déficit equivalente al 10,74% del PIB cuando en realidad hay una hucha de ahorro que equivale al 6% del PIB, una cantidad superior a los 60.000 millones de euros, la llamada “hucha de las pensiones”, una de las más elevadas entre los países occidentales.

Los efectos de las políticas de ajuste del FMI y del BM

Desde el comienzo de la década de los 90, el debate internacional sobre la reforma de los sistemas de pensiones ha estado dominado por las teorías surgidas en el entorno del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, apoyadas en los planes de ajuste estructural aplicados, que defienden fuertes recortes en los sistemas de públicos pensiones acompañados de la capitalización individual a través del sector privado.

La implantación del modelo privado del Banco Mundial adolece de graves defectos, al basar todo el sistema sobre el mecanismo de las cuentas de ahorro individual y, en consecuencia, marginando a todos aquellos trabajadores a quienes sus circunstancias laborales les impiden tener una vida laboral continuada y unos ingresos apreciables, algo particularmente grave en el mercado de trabajo de España.

Las experiencias privatizadoras en el sistema de pensiones impulsadas por el BM y el FMI en los países del Este y particularmente en Chile, en el marco de sus políticas macroeconómicas, han provocado que pocos años después de su implantación la mayoría de estos países estén estudiando reformas sobre sistemas que se consideran fracasados, cuando no descapitalizados e incapaces de cumplir sus fines.

Por ello, simplemente con ver el despliegue de informes realizado por el Banco Mundial exigiendo la urgente reforma de los sistemas públicos de pensiones basta para comprender los motivos reales de la reforma que se va a llevar a cabo en España. Una reforma que pretende erosionar el papel y la capacidad del Estado en la provisión de servicios esenciales, en este caso, unos recursos básicos a las personas mayores, en línea con los deseos de un capitalismo voraz, para transferir todo este capital público a las instituciones bancarias y financieras privadas.

¿Todavía creen que son solo razones demográficas las que están detrás del informe recientemente aprobado para justificar el recorte de las pensiones? Pues aquí tienen algunos de los numerosos estudios impulsados por el Banco Mundial, y que también inspiran el informe que se acaba de aprobar:

-WORLD BANK. (1994), Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth, Oxford University Press.

– WORLD BANK, (2000), Social Protection Team, Human Development Sector Unit. Europe and Central Asia Region. Balancing Protection and Opportunity: A strategy for social protection in transition economies, The World Bank, Washington DC.

– WORLD BANK, (2000), World Development Indicators on line, ( http://www.devdata

worldbank.org/data on line).

– WORLD BANK, (2000), “Modelo de reforma de los sistemas de pensiones”, Pension Reform Primer, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2000), “La cobertura. El alcance de la protección de los sistemas de retiro”. Pension Reform Primer Note, Washington.

– WORLD BANK, (2000), “El retiro. ¿Puede la reforma de las pensiones invertir la tendencia hacia el retiro anticipado? Pension Reform Primer Note, Washington.

– WORLD BANK. (2000), “La Administración Pública, 1ª Parte. ¿Invierten bien los gobiernos las reservas de pensiones? Pension Reform Primer.

– WORLD BANK. (2000), World Development Report, 2.000/2.001Attacking Poverty. The World Bank, Washington D.C.

-WORLD BANK. (2001), “La cobertura. El alcance de la protección de los sistemas de retiro”. Pension Reform Primer. The World Bank, Washington DC. Septiembre.

– WORLD BANK, (2001), Social Protection Sector Strategy. From safety net to springboard, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2001), “Second pillars. Provider and product selection for funded individual accounts”. WORL BANK Pension Reform Primer.

– WORLD BANK, (2001), New ideas about old age security. Toward sustainable pension systems in the 21 century. Edited by HOZLMANN, R. and STIGLITZ J.E. The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2003), Pension Reform in Europe: Process and Progress, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2005), Keeping the Promise of Old Age Security in Latin America, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2006), Independent Evaluation Group, Pension Reform and the

Development of Pension Systems. An evaluation of World Bank Assistance, World

Bank, Washington DC.

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febrero 5, 2013

La Privatización del Agua: Un Robo de las Empresas, Amparado por los Gobiernos

La Privatización del Agua: Un Robo de las Empresas, Amparado por los Gobiernos

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julio 16, 2012

La venta de un pueblo

Iturria: Antonio ALVAREZ-SOLÍS / Gara.net – 5012/07/16

Ha escrito Alvarez-Solís un artículo, como reconoce al final, «en defensa de mi piracetam», pero no se avergüenza de ello porque con ello representa a los muchos ciudadanos afectados en mayor o menor medida por las restricciones impuestas a las coberturas sanitarias. Denuncia con este escrito que la falta de regulación de los mercados por parte de los poderes públicos redundará en un si cabe mayor enriquecimiento de la ya poderosa industria farmacéutica.

El texto que sigue debe ser considerado como la carta póstuma de un anciano de ochenta y tres años al que una irresponsable ministra de Sanidad -¡Dios, se apellida Mato!- acaba de anunciar que los medicamentos para la mejora de su circulación periférica ya no serán expedidos por el Servicio Nacional de Salud debido a que se consideran viciosos para el funcionamiento económico de la Seguridad Social y del Estado. La Sra. Mato nos ha comunicado a los cientos de miles de ancianos su decisión con un concreto y miserable estilo de matadero municipal: quedan al margen de cobertura social aquellos específicos que protejan contra «el deterioro cognitivo asociado a la edad». Es decir, que los ancianos no sólo llegaremos a nuestro final por imperativo biológico sino que de acuerdo con el diktat del fascismo en el poder llegaremos idiotas y arrastrando dolorosamente nuestra persona. Supongo, señora ministra, que usted tendrá en su despacho «El grito» de Munch. Ello justificaría elevar un crimen a arte.

Conste, y lo digo para que la tropa de seguidores que ustedes tienen de resguardo en los periódicos de su signo, que son casi todos -empezando por los miles de estultos redactores de correos que abrazan en su muerte la bandera del patriotismo franquista-, no crean que me sorprenderán con su bofetada por emplear para mi propio beneficio este espacio en mi periódico. Soy plenamente consciente de lo que hago, en primer lugar porque detrás de esta carta hay varios millones de españoles a los que ustedes queman en su pira funeraria para sostenerse en el poder. En España aún se aprecia mucho el olor a carne quemada. Ustedes ya no gobiernan una nación sino que administran un gallinero.

Pues bien, este anciano les mira de reojo y con un protocolario desprecio -no vaya a ser que tiren de ley para tenernos «unidos y en orden», como decía quien les transmitió la finca española. Mientras, trato de dar con algún euro con que hacer frente a la restricción de la atención médica o a la subida del gas, la electricidad y el agua, al incremento de impuestos como el IVA o al encarecimiento inhumano de los transportes urbanos o interurbanos, al solapado goteo de cargas ya inasumibles; en fin, busco un euro milagroso para restaurarme un tanto de las sevicias que cargan sobre nuestras espaldas mientras reparan y consolidan el trono de los banqueros.

En torno a ustedes se deshace el paisaje de una nación que anda, rota y enferma, entre carteles de «se vende», «se cierra» o se «alquila» mientras el apelativo de «la roja» no anuncia ninguna revolución posible sino que sirve solo para encender una noche de alcohol tras el gol que salve al Gobierno hasta la amarga hora que sigue. Al fondo se extiende un horizonte de fracasos y una retórica de promesas para un futuro donde los jubilados ya no serán sino una turba de «mortos viventes» como dicen los portugueses. Un colega político de usted, Sra. Mato, nos adelantó ya algo de todo esto cuando miró en torno y dijo con pesar que había aquí demasiados viejos.

Sra. Mato, ahora ha regresado de Europa el zorro gris para instruirles en la catequesis de la miseria a fin de que ustedes nos vendan medio año más de victoria hueca. Porque lo que ha logrado Italia, llevando a Rajoy como escudero -agua bendita para creyentes náufragos-, está solamente a medio escribir en el gran libro del imperio. La carcajada de ese dinero del que ya no responderá el Estado sino los bancos españoles, como juran los que redactan cartas persas -como si el Estado no fueran esos bancos- horadará el hormigón de los tratados penitenciarios hasta colarse, burlón y cínico, en las celdas en que la ciudadanía espera ya no sabe qué. Esto que le digo no es profecía de barrio sino noticia razonable. Y ustedes lo saben y callan a la espera de que un seísmo celestial nos confunda con otras urgencias. Todo lo benéfico, como afirman ustedes, empezará cuando el sol salga sobre un decenio que resultará todavía más borroso. Y a la espera de ese decenio ustedes nos sugieren que hibernemos como oso que ya no tiene grasa. Sra. Mato, déjenos que los viejos tomemos al menos el comprimido que mejore nuestra circulación periférica para irnos de paseo hasta la tasca donde aún queda un vaso accesible de vino y podamos contarle a algún joven despistado lo que hicieron las generaciones de vida políticamente noble para frenar la carrera siniestra de los señores que portaban los anillos. Muchos de aquellos cabales ciudadanos dejaron la piel prendida en las armas de los servidores del orden público; esos ciudadanos que ustedes detestan y esos servidores que ustedes pasan todos los días por el túnel de lavado de su verborreica lengua.

Ustedes saben, y ahí está el crimen, como saben los fontaneros de Bruselas, los del Banco Mundial o los del Fondo Monetario, que el remedio de esta peste no reside en ir emplomando agujeros por donde se escapa la vida de los pueblos, sino en cambiar la estructura económica. ¿Pero acaso les interesa a ustedes la vida de los pueblos? Los poderosos que verdaderamente dirigen el mundo viven precisamente de vendernos el plomo que se maneja en las burdas reparaciones. Necesitamos otra vida, otro modelo de existencia y no esta trapacería de los ahorros atroces donde sobramos los viejos, donde no hay sitio para los maduros y donde se hace pederastia laboral con los jóvenes. Uno ya es muy viejo para bailarles a ustedes el agua. O para empeñarse en solemnidades doctrinales con que interesar sus oídos, porque ustedes no escuchan.

Estoy seguro de que cuando acaben con los viejos de hoy habrán ustedes ahorrado el chocolate del loro, pero creo que lo que ustedes pretenden es acabar con el loro. Con todo percibo en muchos pueblos que los jóvenes empiezan a levantarse contra el ensañamiento con que ustedes los tratan. Saben que el límite de la dignidad está en el euro que hay que echar en la hucha gubernamental o en la aspirina que han de adquirir para el abuelo, porque ustedes viven de exprimir la hucha y de cobrarnos hasta los analgésicos. Esa es su economía real.

A propósito de la aspirina quiero subrayarle a usted, Sra. Mato, que cuando entreguen al libre mercado estos fármacos, que según el Gobierno ya están obsoletos, los precios van a dispararse exponencialmente, ya que entre las empresas farmacéuticas y los consumidores no estará el aparato moderador de lo público. La existencia del Servicio Nacional de Salud, con su capacidad de compra y por tanto de respuesta, mantenía esos precios moderados, pero cuando esta potente moderación deje de funcionar los enfermos seremos devorados uno por uno por ese monstruo que son los potentísimos laboratorios. Mire usted, Sra. Mato, en mi juventud pasé laboralmente, en una de mis expulsiones del mundo periodístico, por una institución del mundo de la quimiofarmacia y pude comprobar la fuerza que tiene esa esfera para generar una riqueza increíble a sus dirigentes. Tanto es así que uno de los cargos más silenciosa y ferozmente debatidos entre los gobiernos y el empresariado era la Dirección General de Farmacia, de la que nadie suele hablar en la calle. Curioso, verdaderamente curioso. ¿Acaso ha cesado ya esa situación de tono casi bélico? ¿O sigue constituyendo una frontera política parecida, aunque distinta en modos y elegancia externa, a las fronteras donde se guerrea por la droga? Le pregunto, Sra. Mato. Con honradez de periodista antiguo y decisión de ciudadano afectado. Sí, he escrito un artículo en defensa de mi piracetam. No me avergüenzo. Sé que muchos ciudadanos necesitan este producto. Como otros demandan auxilio para sus hemorroides, cuya farmacia también dejará de ser gratis. Ustedes creen, por lo visto, que las almorranas constituyen un prejuicio socialista.

abril 11, 2012

La tiranía del dinero, la democracia secuestrada

Iturria: ATTAC Acordem – Pep Cabayol – 2012/04/08

En Europa se ha impuesto la marktkonforme demokratie. El pasado 1 de septiembre Angela Merkel dijo en el Bundestag: “Vivimos en una democracia parlamentaria y por tanto la confección del presupuesto es un derecho básico del parlamento. Pero encontraremos la manera de hacerlo para que resulte acorde con los mercados”. Frau Merkel dejó claro así que no se aprobaría ningún presupuesto que desagradara a la oligarquía financiera que controla los negocios mundiales.

La mentira.

Leo Strauus, discípulo del nazi Carl Schmitt, siempre defendió que las élites tienen que mentir para poder gobernar: “Los gobiernos, a través de la prensa, sólo deben dar a la población un mínimo de información fidedigna. Si se quiere mantener la fe de las masas en un futuro mejor, no hay ningún otro camino que la mentira y el engaño“. Para Strauss sólo se puede conseguir el “consentimiento” a las propuestas formuladas desde “la alta política”, a través de la mentira. Strauss fue (y es) guía de los neocons, los neoliberales.

En la misma universidad donde impartía ideología Strauss, enseñaba economía Milton Friedman al frente de la famosa y muy liberal Escuela de Chicago. El pensamiento de Friedman se basa en la creencia (interesada, por supuesto) que los mercados competitivos libres de la intervención del estado son buenos para la eficiencia de la economía. Y proponía medidas como: mínima participación del Estado en el gobierno económico, ningún control político, ningún salario mínimo, ninguna subvención, privatizar la seguridad social, ningún estado del bienestar.

La apropiación de los bienes comunes

En la Universidad de Chicago se cocía la usurpación de los bienes públicos y de la ciudadanía. Había que decidir sin embargo, cómo y cuándo hacerlo. Los primeros experimentos fueron en 1973 en Chile. Con el apoyo de la presidencia y de los políticos norteamericanos, la Escuela de Chicago con Friedman a la cabeza, apoyaron a Pinochet, justificaron e impulsaron la violencia de estado y consiguieron su principal objetivo: el enriquecimiento de los más ricos a costa de los más débiles por medio de la represión, cárcel y muerte de muchos ciudadanos que clamaban por sus derechos. El asesinato y la cárcel ensombrecieron Sudamérica en nombre de la guerra al comunismo.

En el transcurso de los años 80 se impuso en EEUU un cambio de hegemonía del pensamiento social que ha llevado del keynesianismo al neoliberalismo. Un dato lo certifica: a finales de los 70 los más ricos podían llegar a pagar en impuestos al estado hasta un 70% de sus beneficios. Robert Reich, que fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con Clinton, explica que por las deducciones al final tan sólo pagaban el 50%. El año 2011 esta cifra descendió al 36%. ¿Del 70 al 36 en 30 años! Pero aún hay más porque por medio vías de escape paralegales y fraudulentas, en 2011, 18.000  familias más ricas de EEUU no pagaron impuestos.

Los 80 fueron años de plomo para las clases populares. En EEUU con Reagan, en Reino Unido con Thatcher. En la vieja y continental Europa el estado del bienestar, de derechos sociales, también retrocedió. Pero no era suficiente.

El neoliberalismo

Llegamos así al 13 de enero de 1993, fecha oficiosa del nacimiento del Consenso de Washington. John Williamson, el economista que había redactado las misiones originales de FMI y Banco Mundial, convocó a la élite neoliberal para decidir cómo “convencer” a los políticos para que adoptaran medidas contrarias a los intereses de la mayoría de ciudadanos. Políticas que deberían facilitar el traspaso de la propiedad de bienes públicos a manos privadas.  La reunión tuvo lugar en el Carnegie Conference Center de Washington. Para asegurar sus intereses y dado que las crisis provocadas son iguales de efectivas que las reales, decidieron que mentir a los ciudadanos no sería un problema si así conseguían sus propósitos. Para lograrlo acordaron aprovechar y favorecer los momentos catastróficos porque entonces la ciudadanía acepta mejor cambios traumáticos. Y señalaron cuatro objetivos a los gobiernos del mundo: eliminar reglas de control, privatizar, adelgazar el estado y aprobar leyes favorables a las transnacionales, lo que oculta el eufemismo liberalizar.

La privatización del futuro

Las crisis reales, las provocadas, las favorecidas y las exageradas, han cuajado. El Norte, como antes le pasó al Sur, ha caído en shock. Asustados, incapaces de reaccionar colectivamente, nos preocupa más la supervivencia personal que la comunitaria sin darnos cuenta de que la oligarquía sólo piensa en imponer la tiranía del dinero en favor del 1% de la población mundial cuando maneja los mercados. Y que los objetivos señalados en 1993 para el Sur, ahora son para el Norte.

¿Qué pretenden? ¿Qué quieren conseguir? Traspasar a su propiedad privada dos de los mecanismos claves para la equidad, las dos cosas a las que los humanos, además de respirar, beber, comer y procrear, nunca renunciaremos: salud para vivir, educación para vivir mejor en el futuro.

Ellos, los oscuros mercados, saben que pagaremos por tenerlas porque no hay futuro sin salud ni educación. ¿Les permitiremos que se las apropien con el único objetivo de acumular riqueza a costa de los derechos sociales de la mayoría? Aceptaremos convertirnos (aún más) en objetos de negocio?

No todos los políticos pero…
Merkel dijo que el Bundestag no aprobaría ninguna medida que no fuera bendecida por los mercados. Es decir, por el poder financiero. En todos los parlamentos europeos pasa lo mismo. ¿Dónde están los políticos independientes de los mercados? La democracia controlada, supervisada, y dirigida. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿podemos considerar democrático un sistema político que decide en sede parlamentaria secuestrar buena parte de la soberanía popular? ¿Es esta la democracia que nos proponen? ¿Es esto democracia? ¿No deberíamos exigir a los partidos políticos y a sus representantes que si no están de acuerdo con esta “percepción” de la democracia, salgan a la calle y denuncien inequívocamente lo que ya es para muchos una perversión democrática y una violación sistemática de los derechos humanos? ¿Estamos asistiendo a un crimen económico contra la humanidad cuando a la mayoría se le dificulta por ley, cuando no se le impide, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y al buen vivir?

marzo 1, 2012

Deuda española: nuevo golpe de Estado financiero en el Sur de Europa

Publicado en octubre de 2011 en – quiendebeaquien.org

DANI GÓMEZ-OLIVÉ i CASAS. ODG y EULÀLIA REGUANT. Justicia i Pau.

Cuando se afirma constantemente que España tiene un problema de deuda soberana, ¿a qué nos referimos? ¿Es cierto que la administración pública española tiene un problema de sobre endeudamiento? Lo cierto es que el problema de la deuda española radica fundamentalmente en la deuda que ha acumulado el sector privado español, que es el que se ha endeudado hasta niveles insostenibles y que, al estar avalada en gran parte por el Estado, ha hecho que lo que ahora esté en jaque sea el futuro de la economía española.

Entendiendo la deuda española…

No es fácil conocer el importe exacto del volumen de la deuda de la economía española: lo que deben las administraciones públicas, empresas, bancos y familias españolas, tanto al exterior como al interior del país. Ello es así porque no se conoce con exactitud la deuda que ha adquirido el sector financiero español en los últimos años. No obstante, si tomamos como referencia dos estudios elaborados por instituciones extranjeras[1] podemos estimar (a la baja) que a finales del 2009 el importe total de la deuda se situó entorno al 400% del PIB. Es decir, cuatro veces la capacidad de crecimiento y creación de riqueza de la economía española durante ese año. Dando por válida la estimación del 400% del PIB, en mayo de 2011 la deuda total, en números absolutos, estaría entorno a los 4,25 billones de euros.

Según el Banco de España, del total de la deuda, lo que deben las administraciones públicas representa menos de 700.000 millones de euros, la de las familias españolas es algo menor al billón de euros y la de las empresas es de 1,3 billones. Por lo que la deuda que los bancos españoles han contraído entre ellos o con acreedores internacionales (ya sea con bancos privados o públicos, como es el caso del Banco Central Europeo, o con fondos y seguros), se mueve entorno a los 1,35 billones de euros.

De esta manera, la deuda que han adquirido todas las administraciones públicas tan sólo representa el 16% del total de lo exigido a la economía española. O lo que es lo mismo, el 84% restante ha sido adquirida por actores privados, siendo los bancos (con un 32%) y las empresas no financieras (con un 31%) los principales causantes del sobre endeudamiento de la economía española.

¿Cómo ha sido posible llegar a tal situación de sobre endeudamiento?

Desde la entrada del euro el crecimiento de Alemania se ha acentuado gracias al endeudamiento de los países más débiles de la unión monetaria. Es decir, porque Alemania necesitaba colocar sus excedentes de capital, y con la entrada del euro, estuvo financiando la exportación de sus bienes y servicios hacia los denominados países periféricos de la UE mediante la concesión de créditos.

Si promotores y constructores españoles pudieron endeudarse de una manera tan irracional fue por la facilidad que tenían de encontrar crédito barato, que les venía, en gran medida, directa o indirectamente, de Alemania, con la fe ciega de que éste era un negocio que nunca tenía pérdidas. Así, los bancos alemanes prestaron directamente a los empresarios del negocio del ladrillo español y indirectamente prestando dinero a los bancos españoles, los cuales también quisieron sacar su tajada de la burbuja inmobiliaria. Así fue cómo los bancos españoles pudieron otorgar tan fácilmente centenares de miles de hipotecas y de créditos a familias y a empresas españolas, especialmente en le sector de la construcción.

Podemos afirmar que en el origen de esta abultada deuda privada hay parte de responsabilidad (o, mejor dicho, irresponsabilidad) de aquellos que prestaron sin control alguno sobre la capacidad real de retorno de esos créditos. Por ello, en caso que el impago sea real, como una deuda de ese calibre indica que puede suceder, también se deberán exigir corresponsabilidades al acreedor privado extranjero y español que concedió los créditos sin las oportunas garantías.

Lo que la economía española debe fuera de sus fronteras: nuestra deuda externa

La deuda que desde el Estado español se debe a acreedores extranjeros (deuda externa bruta), a 31 de marzo de 2011, asciende a 1,7 billones de euros, cifra que representa cerca del 170% del PIB español. Según los cálculos anteriores, esta cantidad significa casi la mitad de lo que debe el conjunto de la economía española. El resto sería deuda con acreedores españoles.

De todo ello, la parte de deuda pública con el extranjero representa únicamente el 18% del total de la deuda externa (307.000 millones de euros), mientras que todo el sector privado debe el 82% restante (1,4 billones de euros). En este caso, las entidades financieras también son las principales deudoras, con un 44% de la deuda externa española (760.000 millones de euros), mientras que los otros sectores adeudan el 38% restante (662.000 millones). Así, según el Banco de España, los actores privados deben al extranjero una cantidad cercana al 140% del PIB español, en un momento de estancamiento de la economía y con casi 5 millones de personas en el paro. De ahí el nerviosismo del mercado internacional, ya que un posible impago de la deuda externa por parte de los deudores privados tendría efectos inmediatos también sobre los acreedores extranjeros.

Para conocer quién está detrás de las presiones extranjeras, debemos saber quiénes son los bancos internacionales acreedores de esa deuda. Según el informe publicado en marzo de 2011 por el Banco Internacional de Pagos (BIP) los bancos de Alemania poseían el 22% de la deuda externa neta. Le siguen los bancos de Francia con un 20%, los de los EEUU con un 17%, los de Gran Bretaña con el 14%, los de Italia con un 4% y los de otros países de la UE con un 16%. De ahí que las llamadas de Merkel, Sarkozy, Obama y de la Comisión Europea en mayo de 2010 al presidente Zapatero para que priorizase el pago de la deuda por encima del gasto social tuvieran su efecto, ya que quien llamó no fue más que el “cobrador del frac”.[2]

De este mismo informe del BIP es importante resaltar que España tiene una deudaexterior neta (restando a la deuda bruta lo que se les debe a los acreedores españoles desde el exterior) con bancos extranjeros de más 800.000 millones de euros (aproximadamente un 80% del PIB español). De esta deuda, tan sólo un 11% procede del sector público,por lo que el 89% de lo que la economía española debe a bancos extranjeros (cerca de 715.000 millones de euros) lo debe el sector privado español.

En consecuencia, el riesgo de impago radica principalmente en el sector privado y no en el público. Siendo así, ¿por qué los acreedores españoles e internacionales están presionando al Gobierno para hacer reformas, recortes y privatizaciones, como si fuera precisamente en el sector público donde radicara la causa de todos los males?

El hecho de que el Gobierno central se haya mostrado dispuesto a avalar y garantizar gran parte (por no decir la totalidad) de la deuda privada de los bancos ha supuesto que el mercado (es decir, los acreedores de la deuda española) hayan enfocado su presión sobre las finanzas públicas, para que estén más saneadas que nunca, por si finalmente el Estado tiene que salir al rescate de impagos de la banca privada española.

¿Y cómo de saneada se encuentra la economía española?

Según el tratado de Maastricht, aprobado por los países de la Unión Europea en el año 1992, cada uno de los países miembros deberá tener un déficit público anual inferior al 3% del PIB y una deuda pública acumulada inferior al 60% de su PIB. Por el mismo tratado, es obligación de los países miembros cumplir estrictamente con cada uno de estos dos macro indicadores económicos, con el fin (se dice) de favorecer la convergencia económica entre los países de la Unión. Ambos indicadores muestran que el Estado español ha cumplido estrictamente hasta el estallido de la crisis. No obstante, no hay estudios serios que expliquen el por qué es necesario obedecer a dichos niveles de disciplina fiscal, más cuando se está en un período de recesión o de estancamiento de la economía.

Sobre el déficit público…

Las cuentas públicas españolas estaban altamente saneadas antes de la crisis económica. Por lo que atañe al déficit público, no fue hasta el año 2008, ya en plena crisis financiera y económica, que se volvió a tener un déficit público superior al 3% del PIB. De hecho, en los nueve años anteriores a la crisis, el déficit presupuestario siempre se había mantenido por debajo del 3%, habiendo incluso llegado a tener superávit fiscal los tres años inmediatamente anteriores al estallido de la crisis.

No obstante, con la crisis se produce una caída en picado de los ingresos de las administraciones públicas, debido al cierre internacional del crédito, que provoca la quiebra de miles de empresas y el aumento estrepitoso del paro en el país, que pasa del 8% al 21% de la población activa en menos de tres años. De este modo, por un lado se ingresa menos, porque hay menos gente cotizando; y por otro lado, se gasta más, porque hay más gente que está cobrando la prestación del paro. La factura del gasto público también ha aumentado a causa de las ayudas al sector bancario, que, como veremos más adelante, asciende a un mínimo de 100.000 millones de euros. A su vez, hay una importante disminución de ingresos por la caída de la recaudación por el impuesto de sociedades, debido como se ha dicho, al cierre de muchas empresas. Ello ha supuesto que, en tan sólo dos años, el Estado español haya pasado de tener un superávit del 2% en el 2007 a un déficit del 11% en el 2009.

Todo ello viene provocado por el descontrol financiero y también por la manera cómo se recaudan los impuestos en el Estado español, que depende fundamentalmente de las rentas de trabajo de las clases asalariadas y no de la tributación sobre el capital de las clases altas y rentistas. Todo ello ha provocado que a finales del 2010 el déficit fiscal se haya situado en el 9,2% del PIB español (98.227 millones de euros), cuando la media de la UE es del 6,4%.

Lamentablemente, las soluciones que hasta la fecha ha llevado a cabo el Gobierno español para reducir dicho déficit han ido en la línea de recortar gastos públicos, en lugar de aumentar los ingresos vía impuestos directos. Así, mientras el Gobierno tranquilizaba a los mercados presentando un recorte en gasto social de 15.000 millones de euros, no se ha planteado ninguna reforma fiscal progresiva en profundidad. Se ha procedido a hacer lo contrario. En 2008 se eliminó el impuesto de patrimonio, un impuesto que en el último ejercicio en que se declaró (2007), supuso una recaudación de más de 2.120 millones de euros para las arcas públicas.[3] En las últimas semanas el Gobierno español ha anunciado la recuperación de dicho impuesto, bastante descafeinado respecto al anterior. Sólo pagaran aquellos contribuyentes cuyo patrimonio supere los 700.000 euros, lo que supone multiplicar casi por siete el límite anterior. Además, el mínimo exento para vivienda habitual se eleva a 300.000 euros, el doble del que había en 2008. También durante la última década se ha producido la práctica desaparición de otro impuesto que favorece a las rentas superiores: el impuesto de sucesiones y donaciones, cuya recaudación se estima en 3.000 millones de euros. Asimismo, también es alarmante la disminución progresiva del impuesto que tienen que pagar las personas que más tienen sobre las rentas del trabajo de las personas físicas (IRPF). Así, cuando se creó este impuesto en 1978, lo que pagaban las personas que más salario reciben era del 65%, mientras que en la actualidad, los que más ganan, pagan tan sólo un 45% (que podríamos comparar con el 56% que pagan en Suecia, el 54% de Bélgica o el 52% de Holanda). Por su parte, aunque el impuesto de sociedades es del 30% de los beneficios para las grandes empresas, en realidad éstas únicamente tributan una media del 15%. Además, el gran capital se esconde tras las Sociedades de Inversión de Capital Variable (las SICAV), que sólo tributan al 1%. Todo ello sin considerar el elevado fraude fiscal que impera en el país, que se estima entorno a los 80.000 millones de euros, cifra que supone más de 5 veces los recortes sociales del Gobierno socialista.[4]

En consecuencia, se entiende que para afrontar el equilibrio fiscal se debe desarrollar una nueva política fiscal, que obligase a pagar más a quién más tiene. De esta manera se recaudarían más impuestos, el déficit fiscal sería mucho menor y se podrían llevar a cabo políticas mucho más redistributivas.

…y sobre la deuda pública

Por lo que atañe a la deuda pública española cabe decir que hasta finales del 2010 cumplía estrictamente con los criterios de Maastricht. Así, a 31 de diciembre de 2010 ésta se situaba en el 60,1% del PIB español. De hecho, la deuda pública española es de las más bajas de los países de la zona euro, ya que en muchos de ellos su deuda pública supera sorprendentemente ese umbral desde hace tiempo. Tal es el caso de Francia (82%), Alemania (83%), Portugal (93%), Irlanda (96%), Bélgica (97%), Italia (119%) o Grecia (143%), mientras la media de la UE era del 80%. Desde el 2000 la deuda pública española se ha situado siempre por debajo del 60% del PIB y no ha sido hasta el inicio de la crisis cuando ésta ha aumentado del 40% de 2008 al 60% de finales del 2010. Ello ha sido así, precisamente, por la necesidad del Gobierno Central de emitir deuda pública para poder hacer frente a las ayudas a los bancos privados y al aumento del déficit. Aún así, según las provisiones oficiales, la deuda pública se situará por debajo del 70% del PIB a finales de 2011, por debajo de la media europea.

Entonces, ¿por qué se centra la atención sobre la deuda pública española si ésta es de las más bajas de la UE? ¿Por qué los mercados no acosan de igual manera a otras economías europeas, como la francesa o la alemana, que tienen una deuda pública mucho mayor que la española? Es difícil responder a esta cuestión, pero parte de la respuesta se encuentra en que son precisamente los bancos alemanes y franceses los que mayor deuda contraída tienen con la economía española (ya sea pública o privada). Así, son ellos los que también presionan para que la economía pública española esté lo más saneada posible, para el caso que el Estado español deba hacerse cargo de la deuda privada de los bancos españoles de la que ellos mismos son también acreedores.

Pero ello tan sólo responde a parte de la pregunta planteada, ya que menos de la mitad de la deuda pública está en manos extranjeras. En realidad son los bancos e inversores españoles los principales acreedores de la deuda pública española, al poseer un 55% del total de la misma. Así, como acreedores obligan al Gobierno a que priorice el pago de las deudas que el Estado tiene con ellos por encima de su obligación básica, que es la de cubrir las necesidades sociales básicas de la población. Esta obligación se ha trasladado ahora a la Constitución española. La reciente reforma de la Constitución, realizada sin referéndum y con un amplio rechazo de la sociedad civil, no sólo fija un límite al déficit público, sino que establece que el pago de la Deuda “gozará de prioridad absoluta”. Además determina que los créditos que generan dicha deuda “no podrán ser objeto de enmienda o modificación”, limitando así la capacidad soberana de negociar una reestructuración de la deuda o incluso decidir su repudio en caso que sea necesario.[5]

No teniendo suficiente con ello, los bancos también exigen al Gobierno que se endeude para convertir su deuda privada en deuda pública. ¿Cómo? A través de mecanismos tan sutiles y difíciles de entender para el conjunto de la población como son la compra de activos tóxicos (los más que improbables cobros de la burbuja inmobiliaria), avales, garantías y ayudas públicas para salvar y reestructurar al sector financiero.

Así, por lo que se conoce, en total se ha destinado un mínimo de 100.000 millones de euros (el 10% del PIB español) en ayudas públicas a los bancos. Éstas han servido para que el sector financiero privado pueda deshacerse de activos tóxicos de sus balances, pagar parte de sus deudas y reestructurarse para ganar competitividad y beneficios en el actual momento de crisis. Y ello, en su mayor parte ha sido posible porque el Estado se ha endeudado, en nombre de la ciudadanía, para poder ayudar a la banca privada.

Es así como la banca privada, que en realidad es el sector más endeudado, está consiguiendo con la presión que ejerce sobre el Gobierno, convertir sus deudas privadas en nuestras deudas públicas. Es, cuanto menos, una paradoja que los mismos actores que causaron la crisis sean los que ahora exijan que sea la población quien pague la fiesta de los años de crédito fácil.

En este sentido debemos tener en cuenta que, cuando se nos dice que hay «presión de los mercados financieros», esta presión también tiene nombres y apellidos españoles, entre otros el Emilio Botín del Banco de Santander, el de Francisco González del BBVA, el de Rodrigo Rato de Bankia o el de Isidre Fainé de CaixaBank. Son ellos, entre otros, los que estuvieron especulando en el mercado inmobiliario, y ahora salen ganando. ¿Cómo sino es posible que los principales bancos españoles, junto a las grandes empresas, hayan podido maximizar beneficios incluso en años de crisis? ¿Cómo es posible que las empresas cotizadas en el IBEX – 35, en el año 2010, obtuvieran beneficios por más de 50.000 millones de euros, una cifra que triplica el recorte social aplicado por el Gobierno socialista? ¿Cómo es posible que más del 80% de las empresas del IBEX tengan sede en paraísos fiscales y nadie les diga nada?

Así, cuando los acreedores internacionales ven que el Gobierno español está dispuesto a todo tipo de artilugios financieros (garantías, avales, emisión de bonos…) para salvar al sector bancario, entienden que a quien hay que presionar es al Gobierno, sabiendo que, en último término, el Estado avalará cualquier impago de los grandes actores privados, especialmente el de los bancos. Por ello, aunque la deuda soberana tan sólo debería referirse a lo público, en el caso español, como ha sucedido antes en países como Ecuador o Irlanda, entre muchos otros, también concierne a la deuda privada.

¿Y cuanto nos cuesta la factura de la deuda?

Las presiones de los acreedores tienen su efecto más allá de los ajustes para recortar el gasto. También han conseguido que el Estado sea un buen pagador. Así, si analizamos el pago de intereses de la deuda española, observamos que éste está aumentando velozmente en los últimos años. En el 2011 el Estado gastará en el pago de intereses de la deuda un mínimo del 2,6% del PIB. En términos absolutos supone aumentar esta partida en más de un 65% en relación al inicio de la crisis, llegando a superar los 27.000 millones de euros, es decir, casi dos veces los recortes sociales del Gobierno para los años 2010 y 2011.

En valores absolutos nunca se había pagado tanto por devolver intereses de la deuda. Por un lado, el Gobierno debe refinanciar cada vez más deuda, es decir, hacer emisiones de bonos más cuantiosas para poder renovar las deudas pendientes. Pero también al aumento de tipo de interés que el Estado debe pagar por colocar sus bonos en los mercados. Este aumento se debe a la presión cada vez mayor de los mercados sobre la deuda pública española, de la que en gran parte son responsables las agencias de calificación como Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s. Estas agencias, de titularidad privada y vinculadas con los grandes bancos y fondos de inversión internacionales, ganan enormes beneficios especulando con los bonos de deuda soberana, calificando a la baja deudas públicas tan saneadas como la española.[6]

Esta presión de los mercados financieros, va en detrimento de la ciudadanía, que se está quedando sin recursos, a causa de los recortes, y que necesita más que nunca de servicios públicos tan esenciales como son la salud, la educación o los servicios sociales. Cabe destacar que las ayudas o subsidios sociales han pasado a ser esenciales para más de 1,3 millones de familias, en las que todos sus miembros se encuentran desempleados.

[1] Datos extraídos del informe Debt and deleveraging: the global credit bubble and its economical consequences, elaborado por McKinsey Global Institute ypublicado en: http://es.scribd.com/doc/61035961/M… (página 63) y del informe Eurozone: between the austerity and default, editado porResearch on Money and Finance, en: http://www.researchonmoneyandfinanc… (pagina 8).

[2] El 12 de mayo de 2010 el presidente Zapatero presentó en el Congreso el mayor plan de recortes sociales en 30 años por un importe de 15.000 millones de euros (el 1,5 del PIB español), después de recibir presiones de toda la comunidad internacional.

[3] Es importante tener en cuenta que el impuesto del patrimonio suprimido en 2008 tan sólo grababa la riqueza que poseían las personas con un patrimonio superior a 120.000 €, excluidas hipotecas, deudas y cargas de bienes y derechos, y en el que computaban todos los bienes y derechos, salvo la vivienda habitual y el valor del negocio del cual el contribuyente obtenía su ingreso principal en el IRPF.

[4] Esta cifra se ha encontrado en el artículo ¡Rebélate!, de Vicenç Navarro, que está colgado en el blog de Público desde el 14 de abril de 2011, en: http://blogs.publico.es/dominiopubl…

[5] Artículo 134.3 de la Constitución Española. Ver análisis en Gurusblog “La diabólica cláusula de la Reforma de la Constitución que entrega a España a los acreedores”, 1 de septiembre de 2011, http://www.gurusblog.com/archives/r… y “Reformando la Constitución o llamando al exorcista”, 31 de agosto de 2011, http://www.gurusblog.com/archives/r…

[6] Ello ha motivado que varias asociaciones españolas de juristas y ciudadanos hayan presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional española contra estas agencias en la que las acusan de “alterar el precio de la deuda pública en los mercados” y de utilizar información reservada “de forma ilegítima” para beneficio propio o de sus clientes. Más información en: http://www.acordem.org/2011/04/23/l…

febrero 13, 2012

Camino al desastre

Andrés Martínez Lorca – 2012/02/13 – Rebelión

La crisis del capitalismo en Europa está llevando al empobrecimiento creciente de amplias masas populares, al hundimiento político de la socialdemocracia que tan buenos servicios le prestó al sistema desde la Guerra Fría y al éxito electoral de los partidos conservadores. Bajo la partitura de los que hace años condujeron a la ruina económica a muchos países de América Latina y apoyaron las dictaduras del Cono Sur, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los grandes bancos ─ que han provocado el desastre financiero que ahoga el crédito y lleva al cierre de empresas y al despido creciente de trabajadores ─, dirigen sin disimulo la política europea.

En España el gobierno del PSOE asumió sin ningún reparo esa política neoliberal cuyos objetivos pueden resumirse en estos puntos: erosión del ya precario Estado de bienestar; privatización creciente de las pocas empresas públicas que quedaban; recorte de salarios y congelación de pensiones; subida de impuestos indirectos; liquidación de gran parte de las pequeñas empresas; desinterés en la persecución del fraude fiscal; protección de las rentas del capital. Tras haberle hecho el trabajo sucio a sus socios del bipartidismo, el PP obtuvo una holgada victoria en las elecciones generales, fruto más bien de la desastrosa política económica del gobierno Zapatero que de las aparentes ventajas de su propio programa electoral. Sin tomar tierra durante toda la campaña, Mariano Rajoy centró todas sus intervenciónes en una fórmula mágica: crear empleo. ¿Qué ha sido de esa promesa?

En su primera intervención ante la Cámara de Diputados, el nuevo presidente de gobierno echó un jarro de agua fría: “este año va a ser malo; en 2012 empeorarán las cifras de paro”. ¡Así que esas tenemos ahora con ustedes en el poder! Según él, el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria “respeta escrupulosamente lo pactado con el PSOE” en la llamada reforma exprés de la Constitución, aprobada en agosto pasado con los votos de ambos partidos y que sitúa a los mercados por encima de los ciudadanos.

Como los bancos son quienes en verdad llevan el timón, se han permitido ser más explícitos que el siempre enigmático Rajoy. Según el BBVA, la tasa de paro rondará el 25% hasta… mediados de 2013. “Este año se perderán unos 2.000 empleos diarios. Pensamos que el número de parados llegará a 5.700.000 personas”, ha declarado Rafael Doménech, responsable del banco para la economía española.

Después de estas dramáticas cifras que avergüenzan a la ciudadanía y desprestigian a los dirigentes políticos, el gobierno del PP no ha tomado ninguna medida concreta que impulse la actividad productiva, haga circular el crédito y fomente el empleo. A pesar de encontrarnos en plena recesión, su respuesta ha sido hasta ahora la de reducir la inversión pública, impulsar los recortes presupuestarios, congelar el salario mínimo, facilitar el despido y reducir los derechos laborales. Veamos brevemente su reflejo en los acuerdos del Consejo de Ministros.

A los pocos días de constituirse, el gobierno adoptó unas severas medidas económicas y fiscales que, según puede leerse en El País (día 26 enero de 2012), representan “el mayor ajuste en la historia de España, valorado en 15.189 millones de euros”. Después, aprobó un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria orientado a reducir el gasto público y a proponer sanciones a los eventuales infractores, según explicó a los diputados el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro: http://politica.elpais.com/politica/2012/01/26/actualidad/1327576506_760804.html

El 3 de febrero se publicó el Decreto-ley de saneamiento del sector financiero. Un análisis detallado y crítico del mismo ha sido llevado a cabo por Juan Torres López y Alberto Garzón en un artículo de lectura recomendada: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144301

Para estos economistas, “la reforma no ataja los problemas de fondo que han dejado sin financiación a las empresas que crean empleo y a las familias, no proporciona remedios que garanticen que el crédito quede asegurado y se limita a favorecer descaradamente los intereses de los grandes bancos españoles”.

Y ahora llega la guinda que corona la tarta de esta antipopular política económica y social: el gobierno ha aprobado por Decreto-ley, es decir, de inmediata entrada en vigor, la anunciada Reforma laboral. El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar su texto. Se trata de una verdadera Contrarreforma que echa por tierra los pocos derechos laborales que habían dejado en pie las previas reformas neoliberales dictadas por el gobierno del PSOE. La locuaz vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado con su habitual desparpajo que “marcará un antes y un después en la legislación laboral”. Y así es, por desgracia.

Llama la atención su extensísimo preámbulo de 9 páginas y 7 apartados que es toda una cortina de humo autojustificatoria que bien puede servir como ejemplo de encubrimiento ideológico de unas draconianas medidas antisociales. Además de algunas perlas literarias como la idea de “flexiseguridad” ─ que no es sino una versión postmoderna de la vieja ley del embudo, es decir, la “flexibilidad” a soportar por el trabajador y la “seguridad”

a disfrutar por el empresario─, la tesis central es de una manifiesta inconsistencia lógica. Ante el fracaso de la política económica seguida en España, la consecuencia lógica sería criticarla y cambiarla. Pues no para estos cerebros neocapitalistas en estado puro cuya pirueta sofística (con perdón para los viejos sofistas) concluye con esta luminaria que podemos leer en dicho preámbulo: “La crisis económica ha puesto en evidencia… la insostenibilidad del modelo laboral español”.

Entre los puntos novedosos que contiene el Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, podemos destacar los siguientes: reduce la indemnización por despido improcedente, amplía las causas del despido objetivo, suprime la autorización previa de la administración en los expedientes de regulación de empleo (ERE), favorece la flexibilidad de horarios y la movilidad geográfica, autoriza a las empresas en dificultades a desvincularse de lo pactado en los convenios y permite a las empresas de trabajo temporal (ETT) poder funcionar también como agencias de colocación. El diario La Vanguardia ofrece el siguiente resumen: http://www.lavanguardia.com/economia/20120210/54252850910/reforma-laboral.html

Según anunció con antelación el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, esta reforma iba a ser “extremadamente agresiva”1. Para el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en confesiones semipúblicas durante la reciente cumbre de la Unión Europea,“la reforma laboral me va a costar una huelga general”. Por una vez, estoy de acuerdo con ambos políticos conservadores, tanto respecto al juicio de valor del primero como en el arriesgado pronóstico del segundo.

Las medidas económicas y sociales tomadas por el gobierno están hundiendo al país y llevando a la miseria a cientos de miles de familias. Eso lo ve todo el mundo, incluso los defensores a ultranza de este descarnado capitalismo de saqueo exprés. Su aprobación por los dirigentes de la UE, del Fondo Monetario Internacional y de los grandes bancos confirma a quién benefician.

Pero lo peor de todo es el sistemático desprecio a la inteligencia de la ciudadanía, la mentira contínua a través de los grandes medios al anunciar que los recortes en derechos, en salarios y en inversión pública se hacen… para crear empleo.

Aceptemos de una vez por todas esa repugnante y repetida mentira oficial. Se cierran fábricas para crear empleo, se bajan los sueldos para fomentar el consumo, se reduce la inversión pública para aumentar la productividad, se facilita y abarata el despido también para crear empleo, se pisotean los derechos laborales para mejorar el nivel de vida de los trabajadores, se destruye lo público para beneficiar… al pueblo.

Y a quien no trague el engaño, ¿cómo se le convence? Con el «consenso a palos» que empleó la policía en la noche del viernes contra los pacíficos manifestantes de la Puerta del Sol.

Nota:

1 El curriculum de este ministro es dificilmente superable desde el punto de vista del neoliberalismo rampante. Entre sus recientes cargos profesionales sobresalen estos: desde 2006, consejero asesor para Europa de Lehman Brothers y director de la filial de ese banco estadounidense en España y Portugal hasta su quiebra en 2008. Ese mismo año se incorporó a PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa multinacional especializada en auditoría y consultoría, como responsable de la división financiera. Profesor en la facultad de Económicas de la Universidad de Navarra del Opus Dei desde 2005. Destacado ideólogo en el ámbito económico de la Fundación derechista FAES, presidida por José María Aznar.

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