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junio 13, 2013

El interés del Banco Mundial en el recorte de nuestras pensiones

Iturria: Carlos Gómez Gil / Rebelión.org – 2013/06/13

La aprobación del informe para la reforma del sistema de pensiones realizado por el grupo técnico designado por el Gobierno , anuncia lo que será un recorte efectivo de lo que, según decía el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy, era una de las líneas rojas intocables; una más que cae. Desde hacía tiempo, la Troika, el FMI y el BM, además de todo el aparato político y mediático neoliberal en España, venían reclamando un recorte de las pensiones públicas, en línea con lo que se ha hecho en aquellos países sometidos a planes de rescate, como Portugal, Grecia e Irlanda, y anteriormente otros muchos.

El argumento esencial para justificar dicho recorte se basa en el aumento en la esperanza de vida, algo que parece convertirse en un costoso capricho que hay que penalizar. Sin embargo, no se ha insistido en el esfuerzo que desde hace lustros vienen desplegando el FMI y el BM para recortar al máximo el sistema público de pensiones, tratando así de trasladar estos recursos del Estado a las entidades bancarias y financieras privadas, al tiempo que rompen con un componente de solidaridad esencial de los Estados modernos para convertirlo en un componente especulativo más del capital privado.

El Partido Popular va a proceder a un recorte efectivo de las pensiones, y con ello, va a socavar uno de los escasos espacios que no había tocado hasta el momento. Para ello ha encontrado en las proyecciones demográficas y el aumento en la esperanza de vida la coartada para justificar este recorte, un argumento que coincide con las repugnantes declaraciones que se han venido haciendo desde organismos como el FMI, y con las exigencias que desde hace tiempo vienen haciendo públicas el BCE, la Comisión Europea y Alemania El argumento demográfico admite muchas lecturas contrarias a las que se dan, si bien, sería bueno que se conociera que todas las proyecciones demográficas que ha venido realizando la ONU resultaron fallidas al no contemplar la evolución de indicadores complejos. Sin embargo, lo llamativo es que todos estos sesudos especialistas, muchos de los cuales trabajan para bancos y fondos de pensiones, no se hayan dado cuenta de que lo que pone en riesgo al sistema público de pensiones en España no es que vivamos más, sino la falta de cotizantes a la Seguridad Social como consecuencia de liderar a nivel mundial las tasas de desempleo. ¿Nadie considera que esa debe ser la prioridad política y económica para cambiar el rumbo de nuestra sociedad, y con ello también garantizar las pensiones futuras?

La tesis de que como la sociedad española está envejeciendo hay que reformar el sistema de pensiones porque es insostenible, ignora que, cuando se miran otras partidas presupuestarias, como el ejército, allí no hay cálculo de sostenibilidad de ningún tipo porque se plantea que hay que pagar un ejército y lo tenemos que hacer entre todos, sea cual sea su coste. Es una lógica perversa que aplicamos en función del resultado político que queremos tener, porque la lógica de la sostenibilidad también podríamos llevarla a la partida de deuda pública o a otras tantas.

Los mismos argumentos que defiende el Banco Mundial desde hace lustros

Sin embargo, lo que ahora ha pronosticado este grupo de técnicos designado por el Gobierno del PP viene siendo anunciado desde hace años por otros supuestos “expertos” que fracasaron estrepitosamente en sus anuncios de calamidades y desastres sobre las pensiones, bajo el patrocinio del propio Banco Mundial. Efectivamente, desde hace años el BM viene pronosticando la quiebra del sistema de pensiones públicas en Europa y en España, promoviendo los sistemas privados gestionados por los bancos. ¿Cuál es la razón de tanta osadía intelectual y política? Muy sencilla, el interés de recortar el Estado por un lado y transferir al sistema privado la gestión de un volumen de capital formidable derivado de los fondos de pensiones públicos.

La conexión entre los fondos privados y los recortes públicos viene de lejos. A mediados de la década de los 90 ya proliferaron los estudios que auguraban la quiebra de los sistemas públicos de pensiones y exigían recortes inmediatos o privatizar las pensiones. Los lanzaron simultáneamente instituciones internacionales, como el Banco Mundial y los servicios de estudios de las entidades financieras, las principales interesadas en el desarrollo de los fondos privados. En todos los casos se repetía el argumento de que el envejecimiento de la población llevaría a la quiebra del sistema público de pensiones. En consecuencia, se aconsejaba pasar de un sistema de reparto, en el que todos los trabajadores están obligados a cotizar para pagar las pensiones de los jubilados actuales, a otro de capitalización, en el que cada cual ahorra para su propia pensión futura a través de una entidad bancaria.

Más aún, cuando se está analizando la propuesta de reforma contenida en el informe que se ha trasladado al Gobierno, empieza a confirmarse que el recorte propuesto es de los más duros en los países occidentales, similar al que Suecia ha llevado a cabo , pero con un mercado de trabajo y Estado del Bienestar bien distinto. Pero, qué casualidad, esa misma reforma emprendida por Suecia es la que el Banco Mundial viene reclamando aplicar al resto de países, y que ahora España pone encima de la mesa.

Los fracasados anuncios de colapso en el sistema de pensiones de España

Entre 1995 y 2000, coincidiendo con esta primera batería de informes, los fondos privados vivieron un auge excepcional, pasando de gestionar 4,9 billones de euros a 11,5 billones en sólo cinco años. En España, donde la catarata de estudios partió del Círculo de Empresarios y tuvo aportaciones de los servicios de estudios de las principales instituciones financieras, pasaron en el mismo periodo de 13.000 a 38.000 millones de euros. Entonces, el horizonte de quiebra solía situarse ya en el año 2000, pero el derrumbe nunca llegó. Por el contrario, desde entonces, todos los ejercicios de la Seguridad Social se han cerrado con superávit. Pese a los errores en sus anuncios de desastre, las instituciones insisten periódicamente con nuevos informes equivalentes. El Círculo de Empresarios, por ejemplo, lanzó el último en junio de 2009, sin mencionar que en 1996 había pronosticado que el sistema público español acumularía hoy un déficit equivalente al 10,74% del PIB cuando en realidad hay una hucha de ahorro que equivale al 6% del PIB, una cantidad superior a los 60.000 millones de euros, la llamada “hucha de las pensiones”, una de las más elevadas entre los países occidentales.

Los efectos de las políticas de ajuste del FMI y del BM

Desde el comienzo de la década de los 90, el debate internacional sobre la reforma de los sistemas de pensiones ha estado dominado por las teorías surgidas en el entorno del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, apoyadas en los planes de ajuste estructural aplicados, que defienden fuertes recortes en los sistemas de públicos pensiones acompañados de la capitalización individual a través del sector privado.

La implantación del modelo privado del Banco Mundial adolece de graves defectos, al basar todo el sistema sobre el mecanismo de las cuentas de ahorro individual y, en consecuencia, marginando a todos aquellos trabajadores a quienes sus circunstancias laborales les impiden tener una vida laboral continuada y unos ingresos apreciables, algo particularmente grave en el mercado de trabajo de España.

Las experiencias privatizadoras en el sistema de pensiones impulsadas por el BM y el FMI en los países del Este y particularmente en Chile, en el marco de sus políticas macroeconómicas, han provocado que pocos años después de su implantación la mayoría de estos países estén estudiando reformas sobre sistemas que se consideran fracasados, cuando no descapitalizados e incapaces de cumplir sus fines.

Por ello, simplemente con ver el despliegue de informes realizado por el Banco Mundial exigiendo la urgente reforma de los sistemas públicos de pensiones basta para comprender los motivos reales de la reforma que se va a llevar a cabo en España. Una reforma que pretende erosionar el papel y la capacidad del Estado en la provisión de servicios esenciales, en este caso, unos recursos básicos a las personas mayores, en línea con los deseos de un capitalismo voraz, para transferir todo este capital público a las instituciones bancarias y financieras privadas.

¿Todavía creen que son solo razones demográficas las que están detrás del informe recientemente aprobado para justificar el recorte de las pensiones? Pues aquí tienen algunos de los numerosos estudios impulsados por el Banco Mundial, y que también inspiran el informe que se acaba de aprobar:

-WORLD BANK. (1994), Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth, Oxford University Press.

– WORLD BANK, (2000), Social Protection Team, Human Development Sector Unit. Europe and Central Asia Region. Balancing Protection and Opportunity: A strategy for social protection in transition economies, The World Bank, Washington DC.

– WORLD BANK, (2000), World Development Indicators on line, ( http://www.devdata

worldbank.org/data on line).

– WORLD BANK, (2000), “Modelo de reforma de los sistemas de pensiones”, Pension Reform Primer, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2000), “La cobertura. El alcance de la protección de los sistemas de retiro”. Pension Reform Primer Note, Washington.

– WORLD BANK, (2000), “El retiro. ¿Puede la reforma de las pensiones invertir la tendencia hacia el retiro anticipado? Pension Reform Primer Note, Washington.

– WORLD BANK. (2000), “La Administración Pública, 1ª Parte. ¿Invierten bien los gobiernos las reservas de pensiones? Pension Reform Primer.

– WORLD BANK. (2000), World Development Report, 2.000/2.001Attacking Poverty. The World Bank, Washington D.C.

-WORLD BANK. (2001), “La cobertura. El alcance de la protección de los sistemas de retiro”. Pension Reform Primer. The World Bank, Washington DC. Septiembre.

– WORLD BANK, (2001), Social Protection Sector Strategy. From safety net to springboard, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2001), “Second pillars. Provider and product selection for funded individual accounts”. WORL BANK Pension Reform Primer.

– WORLD BANK, (2001), New ideas about old age security. Toward sustainable pension systems in the 21 century. Edited by HOZLMANN, R. and STIGLITZ J.E. The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2003), Pension Reform in Europe: Process and Progress, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2005), Keeping the Promise of Old Age Security in Latin America, The World Bank, Washington D.C.

– WORLD BANK, (2006), Independent Evaluation Group, Pension Reform and the

Development of Pension Systems. An evaluation of World Bank Assistance, World

Bank, Washington DC.

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marzo 28, 2013

La deuda, un instrumento de opresión de los pueblos

Iturria: Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda – 2013/03/22

La crisis económica desatada en 2007 ha provocado una disminución en los ingresos y un aumento de los gastos del Estado. Ambos procesos —agravados por las reducciones fiscales a las grandes empresas y las ayudas públicas al sector financiero— han conducido a un notable incremento de la deuda de los PIGS, el acrónimo peyorativo con el que los medios de comunicación anglosajones se refieren a Portugal, Italia, Grecia y España. De resultas, los pueblos de la Europa meridional sufren duras políticas de contención del gasto que pretenden —según los gobernantes y las instituciones internacionales— hacer frente a los compromisos contraídos con sus acreedores (principalmente bancos alemanes y franceses). Así, casi de repente, la deuda —que en el caso español tiene principalmente un origen privado— ha entrado en nuestras vidas en forma de recortes, precariedad y bajadas de salarios. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo: hablamos de un problema con una truculenta historia a sus espaldas. Ahora que algunas naciones del Norte desarrollado padecen sus efectos devastadores, quizás sea oportuno reflexionar sobre el tétrico rastro dejado por la deuda en su paso por los países de la periferia del sistema capitalista.

En los años sesenta, los pueblos africanos no acababan de conseguir la independencia política de las antiguas colonias cuando comenzaron a sufrir —con la connivencia de unas elites locales (a veces formadas en Europa y en Estados Unidos) corruptas y despóticas— una nueva tiranía en forma de deuda. En los setenta fueron las naciones latinoamericanas las que se unieron al grupo de países que comenzaron a endeudarse al reclamo de los bajos tipos de interés. Durante este periodo, los grandes bancos y las organizaciones financieras internacionales inundaron el mundo poscolonial de crédito barato que en muchas ocasiones nutrió el despilfarro y la corrupción. No obstante, la bajada en el precio de las materias primas a finales de esa década, unida a la exorbitante subida del tipo de interés decretado por Estados Unidos, complicó el pago de unas deudas que se habían desbocado en los años anteriores, alimentadas por el excedente de capitales y la sobreproducción en las prósperas potencias occidentales. Fue entonces cuando, para rescatar del ignominioso abismo del default a las naciones en vías de desarrollo, entraron en escena el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), dos instituciones financieras mundiales caracterizadas, desde su fundación en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, por un proceso de toma de decisiones escasamente democrático y controlado por sus miembros más poderosos.

Tanto el FMI como el BM concedieron a los países deudores préstamos condicionados a la puesta en marcha de Planes de Ajuste Estructural, que tuvieron unos costes sociales y medioambientales muy gravosos para los sectores populares que precisamente menos se habían beneficiado de una deuda a menudo contraída de forma ilícita. En efecto, aunque en muchos casos se trataba de una deuda ilegítima —por vulnerar la dignidad de los pueblos y los principios del derecho internacional—, tales programas priorizaron el pago a los acreedores sobre la satisfacción de las necesidades básicas de la población, obligando a los Estados rescatados a cumplir con una estricta dieta neoliberal que incluyó recortes en servicios sociales y pensiones, bajadas de salarios, despidos, privatizaciones, impuestos regresivos, etcétera.

Las desastrosas consecuencias de estas políticas antisociales se tradujeron en el aumento de la pobreza y del desempleo, la desindustrialización, la destrucción de un balbuciente Estado del Bienestar y el profundo ensanchamiento de la brecha social y de las desigualdades entre ricos y pobres. Todo ello sin olvidar los efectos que en términos de sobreexplotación de los recursos naturales, degradación de los ecosistemas y pérdida de la soberanía alimentaria también llevaron consigo los métodos austericidas impuestos por el FMI y el BM.

En fin, la sociedad española debe aprender de las lúgubres enseñanzas que dejan los ejemplos del Sur, donde la aplicación de la agenda neocapitalista supuso décadas de estancamiento económico, sin que los esfuerzos realizados sirviesen para aliviar los intereses abusivos de una deuda impagable. Pero no todos perdieron en este juego fruto de las relaciones económicas desiguales entre el centro y la periferia del sistema capitalista. Sin duda, los grandes beneficiarios fueron los acreedores, que a través de este mecanismo consiguieron suplantar la soberanía nacional de los países endeudados, poniendo los recursos de estos Estados al servicio de sus intereses. De hecho, la deuda ha sido utilizada en muchas ocasiones para obligar a los Estados a abrir sus mercados a la entrada productos extranjeros, a privatizar los servicios públicos en beneficio de empresas privadas, a permitir la explotación y extracciónde recursos naturales por parte de multinacionales, o incluso para favorecer cambios de Gobierno y compra de votos en los organismos internacionales.

El mecanismo de la deuda incrementa la vulnerabilidad política y la dependencia económica de los Estados afectados, con la consecuente perpetuación de unas relaciones Norte-Sur basadas en la desigualdad y la injusticia sobre las que descansa el poder de las elites del capitalismo mundial. Las experiencias de los países en vías de desarrollo durante las cuatro últimas décadas dejan bastante claro que la deuda funciona como un instrumento de dominación neocolonial, como una sutil herramienta de presión política que sirve para salvaguardar los intereses económicos, comerciales, estratégicos y geopolíticos de las principales potencias del Norte, sin necesidad de recurrir al empleo de la fuerza y de la conquista militar, como ocurriese en la época del imperialismo. Por tanto, la deuda puede ser considerada como una carga inmoral que pretende tiranizar a unos pueblos que hoy más que nunca deben gritar «No debemos, no pagamos».

octubre 15, 2012

Los presupuestos de la deuda

Iturria: madrilonia.org – 2012/10/12

Como ya sabíamos por Grecia, Portugal e Irlanda y antes por los países de América Latina que tuvieron que sufrir el ajuste estructural impuesto por el FMI durante los años ochenta, el gobierno de la deuda no sólo implica una transferencia permanente de recursos públicos, en última instancia de riqueza social, hacia los acreedores financieros. También implica una constante declaración de que todas las políticas públicas, hasta el más nimio gesto del Estado, van a estar subordinadas al pago de la deuda.  En casos como el de España, en el que además de la deuda pública los niveles de endeudamiento privado son gigantescos, este enunciado puede hacerse extensivo a toda la estructura económica, a toda la producción social. A fin de cuentas, los productos financieros no son más que eso, derechos privados sobre los recursos sociales del futuro. La deuda se sitúa por encima de cualquier otra consideración social, ética o legal, vía reforma constitucional. Los derechos futuros de los acreedores, de la oligarquía financiera están por encima de los derechos de la ciudadanía.  Tenemos deberes de pago sin derechos de vida. 

Los Presupuestos del Estado de 2013 son exactamente este tipo de declaración política de sumisión al poder financiero. Como ya aprendimos en los Presupuestos de 2012, de poco sirven las cuentas de los presupuestos a la hora de saber cuáles van a ser los recortes reales.  Como ya sucediera el año pasado, los nuevos recortes en educación, sanidad, en el seguro de desempleo o en las pensiones van a venir en disposiciones adicionales y en anuncios posteriores, preferentemente por sorpresa y con la menor cantidad de detalles posibles. Para lo que sí han servido los presupuestos es para decir que la deuda manda y en su presentación se declaró por activa y por pasiva que pagar la deuda va a ser la prioridad absoluta del Estado.  De hecho, en estos presupuestos el servicio de la deuda, 38.590 millones de Euros ya cuesta más que el pago de todas las nóminas de los funcionarios y la partida del pago de intereses aumenta frente a la del año pasado en más de 10.000 millones de euros. Una cantidad semejante a los recortes en sanidad y educación impuestos a las Comunidades Autónomas en Marzo de 2012.

En lo demás, los presupuestos son una trampa para la opinión pública tolerada por Bruselas y Alemania. Como se han hartado de decir en los grandes medios sin analizarlo políticamente, las previsiones económicas que maneja el gobierno para 2013 en términos de PIB y de empleo están descaradamente distorsionadas al alza. Esto afecta a las previsiones de ingresos del Estado que se estiman muy por encima de sus niveles reales. A medida que se vayan incumpliendo estas previsiones de ingresos del Estado, y creciendo el déficit, se irán anunciando recortes y privatizaciones que no constan en los presupuestos. Los candidatos más firmes a ser los primeros campos en ser recortados son las pensiones, que ya en estos presupuestos descienden en relación al IPC, y las diferentes modalidades de prestaciones por desempleo. Medidas ambas que lejos de haber surgido de los actuales programas de austeridad forman parte de la agenda neoliberal desde mediados de los ochenta y que se repiten como un mantra en los informes de los principales organismos económicos transnacionales FMI, BM y OCDE.

¿Tendríamos que pensar que los economistas del gobierno se han equivocado? Desde luego, hasta el economista más dogmático debería saber que en un contexto de austeridad en toda Europa y desaceleración en medio mundo, escasez de crédito, caída de la demanda interna y facilidades crecientes para el despido, no hay resortes para que se recupere el crecimiento. Más convincente es pensar que las trampas contables están toleradas por Europa como parte de la estrategia de gobierno de la economía española que se viene practicando desde el verano de 2011. Por un lado, el gobierno español sabe que cada anuncio de recortes sociales le supone una pequeña crisis de legitimidad que sumadas han dado como resultado una gran crisis de legitimidad, no sólo del gobierno sino del régimen. Por otro lado, Bruselas y Berlín deben mantener la ilusión de la soberanía nacional española si no quieren que suceda como Grecia. En el país heleno la toma directa de los asuntos políticos nacionales a cargo de la UE le ha valido para que su intervención haya sido percibida, por una parte importante de la población, como parte del proyecto político neoliberal de expolio en lugar de como una prescripción aséptica de normas económicas. Además está explícita injerencia liderada por Alemania está  provocando una politización incipiente de la escala europea. Para que esto no suceda es necesario que la UE no asfixie al gobierno de Rajoy y se vea obligada a gobernar España de una manera tan visible que focalice el conflicto político entre la UE y las poblaciones de los países de la periferia europea.

El “aire” que Bruselas da al gobierno es muy limitado y, en última instancia, la UE se va a ver abocada a gobernar de forma más directa en España.  A pesar de que oigamos rumores cada vez más fuertes de rescate, España ya está tutelada desde un mecanismo de intervención europea que desarrolla los mismos mecanismos de un rescate pero de manera escalonada. La economía española es demasiado grande para ser puesta a disposición de los agentes financieros mediante el rescate de la misma manera que en Grecia. En su lugar, el rescate funciona mediante un goteo constante de intervenciones sobre los tipos de interés de la deuda soberana que deben ir asociados a contrapartidas en términos de privatizaciones y recortes. Pero las contrapartidas no llegan por si mismas sino que las imponen los mecanismos disciplinarios de la Unión Europea. No es casualidad que en la semana antes de la presentación de los presupuestos y tras la visibilización a escala internacional de la puesta en cuestión de la legitimidad del gobierno que supuso el 25S, el Banco Central Europeo suspendiese su programa de compra de bonos y dejase aumentar la prima de riesgo como “recordatorio” disciplinario de cuál es el programa político que tiene que emprender el gobierno: austeridad, recortes y privatizaciones.

En realidad, la única ruptura posible con este modelo de gobierno de la deuda es la declaración de un impago democrático de la deuda decretado “desde abajo”. Para llegar a este escenario es indispensable que salte en pedazos el pacto bipartidista que junto a CIU ha gobernado España desde 1978 y que no es más que un impedimento para que la ciudadanía se plantee democráticamente el modelo de sociedad y de economía en la que quiere vivir. Y que nuestras demandas se encuentren con las de los demás países, cada vez más,  de la UE sometidos al gobierno de la deuda y los programas de austeridad, creando un nuevo espacio europeo para el empoderamiento democrático frente a los intereses de los capitalistas financieros transnacionales. Como ya dijimos claramente entre los días 25 y 29 de septiembre, el primer paso para que llegue este momento es que el gobierno de Rajoy dimita y que nos veamos las caras directamente con la alianza Alemania/agentes financieros que detenta el mando europeo en estos momentos.

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