Posts tagged ‘fraude’

junio 24, 2013

Verdades y mitos sobre el fraude fiscal en España

Iturria: contrapoder.es – 2013/06/23

Resulta llamativo que según el último estudio del CIS sobre opinión pública y política fiscal el 82% de los españoles crea que los impuestos ‘no se cobran con justicia’ y que el 84% afirme que existe ‘mucho o bastante fraude fiscal’. Pero ¿cuánto se defrauda a Hacienda? ¿quién lo hace?

¿Cuanto se defrauda a Hacienda?

Los datos sobre el montante total de fraude fiscal dependen de que estudio se observe. La mayoría de los expertos coinciden en que la cifra de fraude fiscal en España está en torno a los 70.000M€ (más de 11 billones y medio de las antiguas pesetas). Esta cifra representa el doble de la media de la Unión Europea y coloca a España en los líderes del fraude fiscal a nivel mundial.

Tabla extraída del informe ‘The Tax Justice Network’

¿Quien defrauda a Hacienda?

Es muy habitual oir las frases ‘todos los empresarios defraudan’, ‘los autónomos no pagan el IVA’ y ‘todo el mundo defrauda a Hacienda’. Pero, ¿es esto verdad?

Según el Informe que elaboró el Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA) el 72% del fraude fiscal en España es consecuencia de grandes fortunas, corporaciones empresariales y bancarias y grandes empresas. Este porcentaje supone 3 veces más del que le corresponde a pequeñas empresas y autónomos.

De esta forma, casi tres cuartas partes del fraude fiscal español está en las cerca de 42.000 grandes empresas que hay en España. Mientras que las pymes que son cerca de 1.400.000 y los autónomos generan el 23´6% del fraude. Por su parte, a las familias se les puede imputar el 2’4% del fraude fiscal total.

 

Con estos datos para cualquier Gobierno debería ser una prioridad la lucha contra el fraude fiscal, sin embargo nuestro Gobierno (como muchos otros) mira hacia otro lado en la persecución del fraude fiscal y reduce el número de inspectores de Hacienda (que ya es bastante bajo en comparación con la media de la Unión Europea).

Y luego nos dirán que no hay dinero para sanidad, educación, desempleo, pensiones, etc. Y lo que es peor, muchos se lo creerán.

 

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abril 11, 2013

Amnistía para ricos, cárcel para pobres

Iturria: María José Esteso Poves / Ter García / diagonalperiodico.net – 2013/04/10

La reforma en el Código Penal facilita que el gran defraudador no vaya a la cárcel.

“En materia de delito fiscal, en el Estado español, no va a la cárcel casi nadie porque en general los jueces imponían penas de prisión inferiores a dos años”, explica el abogado Ignacio Trillo, del despacho Red Jurídica. Aunque el delito fiscal está penado con entre uno y cinco años de cárcel y una multa de entre el monto defraudado y seis veces lo defraudado, en los últimos años una mínima parte de los condenados por este tipo de delitos ha pisado la cárcel.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de las 298 sentencias condenatorias por delitos fiscales emitidas en 2010, sólo 19 fueron de más de dos años de cárcel. Las 279 restantes no implicaban la entrada en prisión si el defraudador no tenía una condena previa. Un año después fueron 23 los defraudadores condenados a una pena de más de dos años de cárcel de las 276 sentencias que se contaron.

“Puede darse el caso, como ha ocurrido en alguna ocasión, de que el defraudador pida a la Inspección que envíe su expediente al juzgado para tratarlo como delito fiscal, porque le resulta más favorable el trato en la vía penal que en la administrativa”, añade Leonardo Cárde­nas, de AGM Abogados, y explica que en muchos casos la multa por la vía penal del delito fiscal es bastante inferior a la que se recibiría por la infracción, por la vía administrativa.

Hasta el año 1995, la cantidad mínima defraudada a Hacienda que se consideraba delito era de cinco millones de pesetas. El impago por debajo de esa suma se consideraba una infracción administrativa, castigada con una multa del entre el 50% y el 150% del valor defraudado, según la cantidad. Ese año, el Gobierno del PSOE aprobó, mediante un pacto con CiU, una reforma del Código Penal por la que el importe se aumentaba a los 15 millones de pesetas. Los obstáculos a la hora de castigar el fraude a Hacienda fueron más allá, con la creación de la “excusa absolutoria”, por la que se perdonaba a los defraudadores que de forma voluntaria pagaran lo defraudado antes de ser llamados por los inspectores del fisco.

La ley ‘relaja’ el delito

La figura del delito fiscal se fue relajando más con una nueva modificación del Código Penal en 2003. Desde los 15 millones de pesetas (90.000 euros), la cantidad defraudada para que se considerara delito pasó a los 120.000 euros. De la mano de esta reforma, la nueva Ley Tributaria aprobada en diciembre de 2003 presentaba el “acta de acuerdo”, una nueva figura con la que se abría la vía de la negociación de lo defraudado evitando los juzgados y con rebajas de un 50% sobre la sanción.

La nueva modificación del delito fiscal en el Código Penal –de enero de 2013–incluye algunas novedades aplaudidas desde el ámbito de la Justicia y de la Agencia Tributaria, como la no detención del cobro de la deuda cuando se inicia el proceso penal, que se adapta a la normativa de la Unión Europea, a la vez que se anuncia a bombo y platillo la ampliación de la prescripción de este tipo de delitos de los cinco a los diez años, aunque sólo en los casos con agravantes (defraudar más de 600.000 euros, ser un fraude llevado a cabo por banda organizada o el uso de un paraíso fiscal), que pasan a estar penados con entre dos y seis años de cárcel.

En paralelo, una disposición en el artículo 305 permite que el juez rebaje en uno o dos grados la condena al defraudador que pague en el plazo de dos meses la deuda con Hacienda desde que es imputado. Así, es más posible que el defraudador no vaya a prisión si no ha sido condenado previamente y que se le aplique una multa menor a la que recibiría si la causa fuera por vía administrativa.

La consecuencia más importante de este cambio es, según explica José María Peláez, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que “se pierde el efecto disuasorio que debe representar un proceso penal, con la posibilidad de ingresar efectivamente en prisión. Si en cualquier proceso por delito fiscal se le permite al defraudador librarse de la cárcel si paga lo que no pagó en su día, la figura del delito fiscal pierde sentido, aunque se aumenten las penas o el plazo de prescripción se eleve a diez años en los supuestos de fraude más graves”, añade Peláez, quien señala también la escasa atención que se le ha dado en el Plan de Control del Fraude de 2013 a las declaraciones tributarias especiales (DTE) de la última amnistía fiscal, aprobada en marzo de 2012, medida que califica de fracaso.

“No exigía repatriar los capitales, por lo que los 40.000 millones de euros de bases imponibles declaradas correspondientes a bienes ocultos se desconoce si se han repatriado o no”, apostilla. Y entre aquellos que se acogieron a la amnistía, nombres comoDiego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin imputado en el caso Nóos, que utilizó la oportunidad prestada por el ministro de Hacienda para blanquear 160.000 euros que tenía ocultos en una cuenta en Luxemburgo; o el de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, que intentó acogerse a la amnistía para regularizar 19 millones de euros en cuentas de bancos suizos y a quien finalmente le fue denegada por la Agencia Tributaria a raíz del inicio de la investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular.

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy “supone un reconocimiento explícito de la falta de voluntad del Gobierno de perseguir el fraude fiscal y de acceder al chantaje de las grandes rentas de dejar de tributar cantidades que serían muy importantes para aumentar los ingresos del Estado”, afirma Alejandro Gámez, abogado penalista de la Asociación Libre de Abogados.

“El Gobierno ha optado voluntariamente por conformarse con migajas cuando tiene la obligación jurídica y ética de perseguir el fraude obteniendo con ello ingre­sos que evitaran tener que recortar por el lado del gasto público”, continúa Gámez, quien señala que, si se tienen en cuenta los altos límites de persecución de este delito, fijados en los 120.000 euros por tributo y año fiscal, es “una medida que favorece especialmente a las rentas más altas, hecha a medida de grandes defraudadores, sean del color que sean”.

Otros casos, como el de Emilio Botín, son una muestra de cómo la Administración mira a otro lado ante los delitos fiscales sin declarar una amnistía fiscal. El presidente del Banco Santander y varios miembros de su familia fueron investigados por fraude fiscal en 2011 a raíz del arresto en Francia de Hervé Falciani, un extrabajador al HSBC en Ginebra que robó del banco datos de 18.000 clientes que utilizaban la entidad para evadir impuestos. Entre los datos de cuentas encontradas en el ordenador de Falciani por las autoridades galas se encontraban las de la familia Botín y otras 3.000 personas con residencia en España, pero la Agencia Tributaria sólo encontró a 659 de los defraudadores, a los que invitó a regularizar su situación sin llevarles ante la justicia.

Dos años después, la Lista Falciani ha vuelto a poner sobre la mesa nombres de políticos del PP ya relacionados con la Gürtel, como Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, o Luis Bárcenas; y a otros aún no relacionados con la trama. Una lista de nombres relacionados con la política y ahora implicados en casos de delitos fiscales, entre otros, que, sin embargo, no ha provocado que se incluya a este colectivo entre los sometidos a un plan específico de inspección.

“En una situación normal, los representantes políticos no tendrían que tener controles adicionales, ni en concreto ser sometidos a inspección fiscal. En nuestro país, en el que se multiplican los casos de corrupción que afectan a nuestros políticos, un plan de inspección debería ser una de las muchas líneas de comprobación que debería acometer la Agencia Tributaria”, explica José María Peláez. “Además se deberían incluir entre los colectivos sometidos a vigilancia para la prevención del blanqueo de capitales, ya que se excluyeron en la ley de prevención aprobada en el año 2010”, concluye Peláez, y añade que estas reclamaciones ni tuvieron respuesta en 2008 ni las han tenido ahora.

Jaque a la clase trabajadora

Mientras se allana el camino a los grandes defraudadores, la última reforma del Código Penal aprobada en enero ha reducido de 120.000 a 50.000 euros el monto defraudado a la Seguridad Social para que éste constituya delito, menos de la mitad que en el caso de los delitos fiscales, un cambio de baremo tachado de “incomprensible” por Gestha y que muestra un “doble rasero”, según palabras de Gámez.

Así, mientras en el caso del fraude fiscal la cantidad fijada para que éste constituya delito es de 120.000 euros por ejercicio fiscal, en el caso de la defraudación a la Seguridad Social el monto para que ésta sea delito se reduce a los 50.000 euros, y permite que se sumen las cuantías defraudadas en los últimos cuatro años. Según explica Gámez: “Es mucho más fácil que se considere delito, y tampoco se tienen en cuenta las circunstancias de los sujetos que puedan cometer esos fraudes, la situación de precariedad en la que se puede ver envuelto un ciuda­dano que defraude a la Seguridad Social frente al músculo económico que tiene que tener un defraudador de Hacienda, que para alcanzar los 120.000 euros por año fiscal tiene que haber generado ingresos de al menos medio millón de euros en un sólo ejercicio”, explica.

“No van a recaudar mucho con ello –añade Gámez acerca del cambio de baremo en el fraude a la Seguridad Social–, y se ceban con una parte de la población que puede estar en situación de necesidad mientras a los defraudadores fiscales, que están guiados por la mera codicia, se les está perdonando”.


Carlos Fabra, el eterno evasor de la justicia, y de capitales

Por M.J.E.P. y T.G.

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra será juzgado a finales de este año por delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales según fuentes judiciales. Las investigaciones por los delitos cometidos por el expresidente de Castellón llevan ya abiertas durante más de nueve años, en los que sus abogados han ido tratando de atrasar los procedimientos. Los técnicos de Hacienda denunciaron hace años que Fabra contaba con cerca de 3,7 millones de euros de ingresos no justificados, dinero que además tampoco fue declarado a la Agencia Tributaria, por lo que también tendrá que comparecer, acusado de defraudar a Hacienda, junto a su entonces esposa, Amparo Fernández, 1,5 millones de euros entre los años 1999 y 2004. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fabra de 15 a 20 años de cárcel.

Recortes en AEAT: sin dinero para encontrar dinero

Desde 2008 a 2011, el número de expedientes por delitos fiscales tramitados por la Agencia Tributaria (AEAT) aumentaron en cerca de un 150%, pasando de los 679 expedientes a los 1.014, según datos publicados por la propia AEAT, que ha visto como su presupuesto bajaba este año en un 12%, lo que ha supuesto una merma en la financiación de las investigaciones llevadas a cabo por sus inspectores y técnicos y un descenso en el número de personas trabajando para sacar a la luz casos de fraude fiscal.

Por cada cien empleados de la Agencia Tributaria que se han jubilado, sólo se han repuesto diez, según señala José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). Unos recortes de personal no muy pronunciados, según señala Mollinedo, en comparación con otras áreas, pero que suponen una gran merma sobre una plantilla cuyo número no se ha ampliado desde hace más de veinte años.

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Carlos Fabra en un mitin. / PPCV

noviembre 19, 2012

“Los abusos de la banca en España y la connivenca política”

Iturria:  Canal de afectadoscajas – 2012/11/14

Versión reducida del largometraje documental “Manos Arriba”. Documental que recoge los abusos que ha cometido la banca española en esta última década. Desahucios, swaps, preferentes, todo ellos con el consentido de los organismos reguladores y la connivencia o imcompetencia política.

Recoge entrevistas de economistas, Arcadi Oliveres, Juan Torres López y Miguel Córdoba. Miembros de asociaciones y plaraformas sociales, Rafael Mayoral (Plataforma Afectados por la Hipoteca, PAH), Aida Quintanoa (Conadee), Lauda De Los Santos (Estafa Banca) Patricia Suárez (ASUAPEDEFIN), Fernando Herrero (ADICAE), José Cosin (Attac Málaga), y porfesionales como Juan Manuel Moreno-Luque y Javier Sotos (ACTIVA PREFERENES), Juan Manuel Sánchez Gordillo (Diputado IU Andalucía), Gregorio Gordo (IU Madrid), Tatyana Roeva (Psicologa PAH), Marifé Bravo (Psicologa y Psiquiatra Hospital La Paz), Aurora Labio Bernal (Vicedecana Facultad Periodismos Universidad de Sevilla) y Pascual Serrano (Escritos y periodista).

octubre 24, 2012

José María Gay de Liébana, el economista indignado

Iturria: Asesores Fiscales Comunidad Valenciana – 2012/10/19

Cinco minutos de la intervención del economista catalán José Maria Gay de Liébana durante la mesa debate que tuvo lugar en Elche (Alicante), a finales de septiembre, como cierre de la celebración de las XIX Jornadas Tributarias de la Comunidad Valenciana.

José Maria Gay de Liébana, Economista, Profesor Titular en Universidad Barcelona, Doctor en Economía Financiera y Contabilidad y Administración de Empresas y Doctor en Derecho.

octubre 17, 2012

Fraude sistemático en la contratación de Lanbide

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/17

Los juzgados han resuelto las primeras 8 reclamaciones, de las 30 que ELA tiene interpuestas contra los procesos de adjudicación temporal de plazas. En todas ellas condenan al Gobierno Vasco por arbitrariedad en los procedimientos y declara nulas todas las adjudicaciones realizadas en dichos procesos.

Por otro lado la Inspección de Trabajo ha levantado sucesivas actas de inspección ratificando el fraude en la contratación de otro centenar de trabajadores y trabajadoras de LANBIDE, instando al Gobierno Vasco a que regularice la situación de los mismos, modificando sus contratos y convirtiéndolos en indefinidos de modo inmediato. El G. V. se resiste y está obligando a los afectados y afectadas a acudir al juzgado para lograrlo.

Tenemos que recordar, una vez más, que LANBIDE continúa sin Relación de Puestos de Trabajo, persistiendo en la más absoluta ilegalidad y desorganización, habiendo hecho caso omiso a las repetidas exigencias que desde el Parlamento se han efectuado al Gobierno, instándole a que dote al Organismo de la citada RPT.

Esta actitud del Gobierno se traduce en que la mitad de la plantilla de LANBIDE tenga un contrato temporal. Además, conlleva la subcontratación de trabajadores y trabajadoras a empresas como Indra (cuando lo que se debería hacer es contratar personal de las bolsas de Gobierno Vasco) por un salario que roza el Salario Mínimo Interprofesional, dejando la gestión del dinero público destinado a la Renta de Garantía de Ingresos en manos privadas, sin absoluto control.

Por último, queremos poner en conocimiento de la opinión pública que existen varias denuncias por mobbing en LANBIDE. Entendemos que la situación laboral creada es el caldo de cultivo propicio para que esas prácticas se puedan extender.

La dirección de LANBIDE, la Consejera y el Viceconsejero de Empleo, el Director y el Viceconsejero de Función Pública, el Consejo de Administración de LANBIDE (del que forman parte activa responsables de Confebask, UGT y CCOO), son responsables directos, por acción o por omisión, de la constante vulneración de los derechos laborales que se han producido y se siguen produciendo en LANBIDE desde su creación.

Es una evidencia que los responsables del Gobierno han pretendido evitar cualquier control en LANBIDE; así lo procuraron desde su creación y por y para eso lo constituyeron como Ente Público de Derecho Privado; a pesar de su transformación en Organismo Autónomo han seguido actuando como si de su cortijo se tratara, despreciando las normas de modo cada vez más burdo, hasta convertir en práctica habitual la adjudicación y/o modificación de plazas por la vía de los hechos, al margen de cualquier procedimiento, haciendo de este modo imposible, incluso, la denuncia de los hechos ya que no disponemos de registro de tales actuaciones.

Es absolutamente inadmisible que siendo LANBIDE el organismo Público responsable del Empleo, sea un gran defraudador en las condiciones laborales de sus propios trabajadores y trabajadoras. ¿Qué garantías tendremos el resto de trabajadores y trabajadoras de que se nos asesore y oriente de modo adecuado, si el personal encargado de hacerlo no tienen los mínimos ni de estabilidad, ni de garantías administrativas, ni de seguridad…?

Exigimos responsabilidades políticas a todas las personas que ocupan los puestos antes citados porque han defraudado no sólo al personal de LANBIDE, sino a toda la sociedad.

Es urgente tomar medidas, es urgente cambiar a los responsables de este desaguisado, pero sería necesario también que respondiesen por sus acciones y omisiones, por lo que vamos a poner en conocimiento de la fiscalía todos los hechos denunciados. Entendemos que es la manera de evitar que se sigan despreciando las leyes que ellos mismos aprueban, los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y, en definitiva, lograr la eficiencia del servicio desde los principios de imparcialidad y objetividad.

El sindicato ELA con el apoyo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de LANBIDE va a seguir movilizándose y denunciando estos hechos tan graves para lograr que el Gobierno Vasco y la Dirección de LANBIDE respeten los derechos de sus propios trabajadores y trabajadoras.

ELA criticado, también, los Planes de Empleo Comarcales y zonas deprimidas aprobados por el Consejo de Administraciòn de Lanbide.

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octubre 17, 2012

Iruzur sistematikoa Lanbidek egiten dituen kontratazioetan salatu du ELAk

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/17

Epaitegiek dagoeneko ebatzi dituzte ELAk aldi baterako lanpostuak esleitzeko prozesuen aurka jarritako 30 erreklamazioetatik zortzi. Guzti-guztietan Eusko Jaurlaritza kondenatu dute prozeduretan izandako arbitrariotasunagatik, eta prozesu horietan egindako esleipen guztiak baliogabetzat jo dituzte.

Bestalde, Lan Ikuskaritzak hainbat ikuskapen-akta egin du, eta LANBIDEko beste ehun bat langileren kontratazioan iruzurra egon dela baieztatu du. Akta horietan Ikuskaritzak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio langile horien egoera erregularizatzeko, alegia, lan-kontratuak eraldatu eta mugagabeak egiteko. Eusko Jaurlaritzak bereari eutsi eta interesdunak epaitegietara jotzera behartzen ari da.

Gogorarazi nahi dugu, beste behin ere, LANBIDEk ez duela oraindik ezarri bere lanpostu-zerrenda (LPZ), eta ezaguna den bere antolaketarik ezari ilegaltasuna ere gehitu behar zaiola, nahiz eta Legebiltzarrak behin baino gehiagotan aipaturiko LPZ ezartzeko exijitu dion.

Jaurlaritzaren jarrera horren ondorioz, langileen erdiak aldi baterako kontratua dauka. Eta ez hori bakarrik: kanpoko langileak kontratatzera jotzen dute (Indra bezalako enpresetara), Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren pareko soldatak ordainduz, eta RGIrentzako diru publikoaren kudeaketa esku pribatuetan uzten dute, inongo kontrolik gabe. Eta hori guztia egiten dute jakinda zer egin behar duten: Eusko Jaurlaritzako lan-poltsetako pertsonala kontratatu.

Azkenik, iritzi publikoari jakinarazi nahi diogu dagoeneko hainbat salaketa jarri direla LANBIDEn, mobbinga dela eta. Gure ustez, sorturiko lan egoera haztegia egokia da praktika horiek zabal daitezen.

LANBIDEn bere sorreratik bertatik gertatzen ari den lan-eskubideen urratze sistematikoaren errudunak –egitez edo ez-egitez– ezagunak dira: LANBIDEko zuzendaritza, Enpleguko sailburua eta sailburuordea, Funtzio Publikoko sailburuordea eta zuzendaria eta LANBIDEko Administrazio Kontseilua (ez ahaztu bertan Confebask, CCOO eta UGT daudela).

Begi-bistakoa da Jaurlaritzaren arduradunak saiatu direla kontrolak saihesten LANBIDEn bere sorreratik; horretarako Zuzenbide Pribatuko Ente Publiko gisa eratu zuten, eta, nahiz eta Erakunde Autonomo bihurtu, berdin jarraitu dute, haien txiringitoa izango balitz aritu dira: legediari itzuri egin diote eta ohitura bihurtu dute lanpostuak esleitzea edo aldaraztea, inongo lege-prozedurarik errespetatu gabe. Horrela, egindako bidegaberiak salaketa ere galarazi digute, haien jarduketen erregistroa ere ez baitaukagu.

Erabat onartezina da LANBIDE izanik enpleguaren ardura duen erakunde publikoa, bere langileen lan-baldintzen iruzurgilerik handiena izatea. Zer nolako bermerik izango dugu gainerako langileok ondo aholkatuak izateko, horretaz arduratzen diren langileek ez badute ez gutxieneko egonkortasunik, ez administrazio-bermerik ezta segurtasunik ere?

ELAk erantzukizun politikoak exijitzen dizkie gorago aipaturiko pertsona eta erakunde guztiei, iruzurra egite dietelako bai LANBIDEko langileei bai gizarte osoari.

Premiazkoa da neurriak hartzea, premiazkoa da bidegabekeria honen arduradunak aldatzea; baina beharrezkoa litzateke, aldi berean, egindakoagatik —edo ez-egindakoagatik— erantzutea. Hori dela eta, fiskaltzaren esku jarriko ditugu salatutako egintza guztiak. Gure ustez, hori da modu bakarra bukatzeko legeekiko mesprezuarekin —beraiek onarturiko legeak— eta langileen eskubideei egiten dieten iruzurrarekin. Horrela, finean, zerbitzu publikoaren efizientzia defendatzen dugu, beti ere objektibotasunetik eta inpartzialtasunetik.

ELA sindikatuak, LANBIDEko langile guztiekin batera, jarraituko du mobilizatzen eta gertaera larri hauek salatzen, Eusko Jaurlaritzak eta LANBIDEko zuzendaritzak beren langileen eskubideak errespeta ditzaten lortzeko.

Bestalde, Eskualde mailako eta inguru deprimituetarako Enplegu-Planen bilakaera salatu du ELAk.

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febrero 27, 2012

Los embates del gran capital contra el mundo del trabajo

Por Adrián Sotelo V. – Rebelión 27/02/2012

El gran capital, representado en la UE por la llamada troika —integrada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo—, ha emprendido una furiosa cruzada contra los trabajadores y el mundo del trabajo para tratar de resarcirse de la profunda crisis que asola al capitalismo europeo y mundial.

Desde 2008—2009, que marcó la anterior crisis, y que tuvo como epicentro a Estados Unidos, los poderosos dueños de los bancos y de las bolsas de valores han impulsado, a través del Estado capitalista, una serie de medidas de austeridad cuyo objetivo declarado formalmente es contrarrestar—y superar— el déficit del gobierno que en una buena parte de los países europeos, pero en particular, en los de la Eurozona, rebasa con creces el límite máximo de 3% impuesto por la Unión Europea. Los países hasta ahora más afectados son Grecia, España y Portugal, donde en los últimos meses se han aprobado, por los dóciles parlamentos y gobiernos de esos países, una serie de medidas de austeridad contra la población que atentan contra sus derechos económicos, sociales y humanos, sin que hasta ahora se vislumbren indicios de una pronta salida a la crisis.

Por vez primera los voceros del gran capital internacional temen que esta no sea solamente una crisis regional, sino que se pueda convertir, en el transcurso de 2012, en crisis mundial, que va a afectar a los países dependientes y subdesarrollados (por cierto mal llamados países “en vías de desarrollo” o “emergentes”) que venían experimentando aumentos importantes en sus tasas de crecimiento en los últimos años. Nos referimos, en particular, a los sudamericanos (como Brasil y Argentina) que de alguna manera soportaron la crisis anterior gracias a su fuerte vinculación y dependencia de la dinámica de la economía China que experimentaba sustanciales incrementos internos de sus tasas de crecimiento, así como de sus importaciones de aquella región.

Los informes actuales de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) e, incluso, de los propios miembros del gobierno chino, revelan que también este país está experimentando, aunque en menor medida que las demás regiones económicas del mundo, una cierta desaceleración de su proceso de crecimiento económico que va a afectar, en menor o mayor grado, a los países que dependen de la dinámica de su comercio internacional.

En este contexto de crisis estructural del capitalismo salvaje el mundo del trabajo, vale decir parafraseando a Marx, el conjunto de procesos productivos y de relaciones sociales de producción que crean y regeneran la producción de valor y de plusvalor a través de la explotación del trabajo por el capital, está sometido a un profundo ataque en los elementos centrales que lo constituyen, tales como reducción de los empleos y aumento del desempleo; reducción de los salarios y de los ingresos reales de los trabajadores; en las funciones que éstos desempeñan y en las categorías bajo las que el capital los contrata para desplegar sus labores. De manera particular el gran capital, a través del Estado (y éste de los parlamentos y de los partidos políticos), han desplegado una campaña en contra de los derechos históricos conseguidos por las luchas de los trabajadores a lo largo del siglo XX, tales como el conjunto de prestaciones que constituyen una forma del salario indirecto, la reducción de la jornada laboral y los tiempos de jubilación y las pensiones que son las formas de vida útil para subsistir una vez que el trabajador deja de estar formalmente contratado.

Insistimos en que la actual —como la anterior de 2008–2009— no es una crisis financiera, una crisis monetaria o de déficit del sector público, por más que éstos sean partes constituyentes de ella, y se manifiesten en los comportamientos de los bancos y de las bolsas de valores de todo el mundo. En el fondo la crisis radica, a nuestro juicio, en el hecho de que el sistema capitalista, o más exactamente el modo capitalista de producción universal, presenta cada vez más límites estructurales en la producción de valor y de plusvalor que atentan y afectan directamente a la tasa de ganancia promedio y extraordinaria del gran capital internacional. Este, en sí mismo, no produce valor; sólo el trabajo, bajo el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción y reproducción de las mercancías y de la propia fuerza de trabajo, puede hacerlo bajo las relaciones sociales capitalistas de producción y apropiación cimentadas en la propiedad privada, en la dinámica del mercado y en las condiciones estructurales y superestructurales que dicta el estado través de leyes, códigos, reglamentos y medidas represivas que garanticen el buen funcionamiento de lo que István Mészáros denomina metabolismo social del capital, que devora y destruye hombres, recursos naturales y materiales para garantizar el orden existente y su reproducción.

Sin embargo, este proceso no es lineal, sino dialéctico y contradictorio ya que al mismo tiempo en que el capital reproduce su rentabilidad en los bancos y bolsas de valores con la especulación y la centralización, al mismo tiempo reduce la masa y la tasa de plusvalor lo que en el largo plazo termina por castigar a la tasa de beneficio. Entonces al capital —y al mundo empresarial ligado a él— sólo le queda el recurso de incrementar la explotación del trabajo a través de lo que Marini denomina superexplotación, que implica la constante propensión a expropiar, incluso, parte del fondo de consumo de la fuerza de trabajo para convertirlo en una fuente suplementaria de la acumulación de capital, junto al aumento de la intensidad promedio del trabajo de los ocupados en activo, de la jornada laboral y la rebaja de los salarios y prestaciones para compensar las caídas en la producción de plusvalor.

Hasta ahora este círculo vicioso tiene un punto de inflexión en los actuales intentos de reformar las leyes laborales con el objetivo de reglamentar y legalizar las condiciones de superexplotación del trabajo, la precariedad laboral y la flexibilización, en tanto piezas clave para romper la unidad económica, social y política del mundo del trabajo, y de esta manera, profundizar, aún más, las medidas de austeridad y la políticas neoliberales en curso.

En otra dimensión del lenguaje dialéctico, no unidimensional ni posmoderno o romántico, esto se llama lucha de clases, que hasta ahora ha sido ganada por el capital y el Estado gracias a la profunda fragmentación social y, sobre todo, política, que la clase obrera y el mundo del trabajo experimentaron, particularmente, a partir de la década de los años ochenta del siglo pasado.

La reciente reforma laboral implementada por el gobierno derechista de Mariano Rajoy, es un precioso baluarte del proceso de flexibilización, precarización y construcción de un sólido acueducto que de cause a la libre entrada de la superexplotación del trabajo y que adelanta las medidas que se habrán de tomar, en el corto y mediano plazos, para garantizar la continuidad de las políticas neoliberales que, probablemente, hagan innecesaria la puesta en marcha de un “plan” o “programa” de recate elaborado por la Troika para la economía española.

Al respecto, nos dice Vicenç Navarro, que la reforma laboral “…es la más agresiva que haya existido en España en su periodo democrático…tiene como objetivo reducir los salarios a base de intervenciones que intentan debilitar al mundo del trabajo; como son la facilitación del despido (que inevitablemente aumentará el desempleo), la descentralización y debilitamiento de los convenios colectivos y el debilitamiento muy marcado de la protección social (con reducción muy acentuada de derechos laborales y sociales que la clase trabajadora y otros sectores de las clases populares habían adquirido). Los recortes en gasto público social, con reducción de las transferencias, como las pensiones, así como del gasto en los servicios del Estado del bienestar, tienen también como objetivo debilitar al mundo del trabajo, diluyendo la universalidad de tales servicios, convirtiéndolos en servicios de beneficencia, de tipo asistencial. Hoy, las clases populares en España están sometidas al ataque más frontal que hayan experimentado en el periodo democrático, bajo el pretexto de aumentar la competitividad.” (“Salarios y competitividad (I)”, en: rebelión: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=145263&titular=salarios-y-competitividad-(i)-, 25 de febrero de 2012).

La voracidad del gran capital se revela en las declaraciones del presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, cuando dice que el recientemente aprobado “rescate” de Grecia, el 21 de febrero de 2012, por un monto de 130 mil millones de euros, puede ser insuficiente y, quizás, se requiera de la implementación de un tercer paquete condicionado, sin embargo, a los resultados que arroje el segundo; es decir, de acuerdo como el gobierno implemente e imponga las medidas de superexplotación y austeridad social contra la población (El país on line: http://economia.elpais.com/economia/2012/02/25/actualidad/1330146234_949691.html. Y aquí las reformas regresivas y autoritarias desempeñan un papel central dentro de las estrategias patronales de recuperación de la crisis.

De esta forma, el mundo del trabajo está sometido a una profunda reestructuración y regresión social y laboral, que pone en jaque la posibilidad de que se mantengan las condiciones de trabajo y de seguridad social que mínimamente había garantizado el llamado Estado (capitalista y autoritario) de “bienestar social”.

Lo que se asoma en el horizonte es que las políticas neoliberales y protocapitalistas seguirán profundizándose al ritmo en que se profundice la crisis, y en la medida en que se multipliquen y se hagan más complejas las problemáticas de la producción del plusvalor en el capitalismo contemporáneo.

Por todo ello, la respuesta de la clase trabajadora está por venir.

febrero 27, 2012

Cómo salir de la crisis sin destrozar a la ciudadanía

Xavier Caño Tamayo. ATTAC-ACORDEM. 26/02/2012

Esto está mal y se pondrá peor, por tanto el Gobierno ha de tomar medidas duras, como la reforma laboral, y hará recortes muy importantes, porque es lo único que se puede hacer”.

Este podría ser el resumen del discurso de Mariano Rajoy, tras ser reelegido presidente del Partido Popular. Pero es mentira. Ni es lo único que se puede hacer ni tal política conseguirá otra cosa que más desempleo, pobreza, incertidumbre, sufrimiento y violación masiva de derechos de gran parte de la ciudadanía.

Cuando Inazio Lula fue elegido presidente de Brasil, la escasa población rica se quedaba con más de la mitad del dinero del país y apenas dejaba las migajas de una décima parte de la riqueza a los pobres, que eran la mayoría de  población. Lula cambió esas cifras. Aumentó un 62% el salario mínimo, entre otras medidas económicas y sociales, y sacó realmente de la pobreza a millones de brasileños. Millones. Sacar de la pobreza a tanta gente hizo crecer siete veces el consumo y la economía funcionó mejor. Además, el gobierno de Lula logró que 45 millones de brasileños tuvieran cuentas bancarias activas, eliminando así intermediarios en la administración y entrega de recursos públicos a los necesitados.

En seis años la desnutrición de Brasil se redujo un 73% y la mortalidad infantil, un 45%. Combatir la pobreza y el hambre fue una prioridad indiscutible del presidente Lula. Restaurantes populares, programas de lactancia materna, promoción de agricultura familiar, distribución de alimentos a los más pobres, microcréditos, fomento de la economía local, facilitar educación básica a niños y jóvenes y formación universitaria a hijos de obreros… Con algunas políticas similares de ayuda a los más necesitados, a los ancianos, a las mujeres y a los jóvenes, Bolivia ha dejado de ser el país más pobre de Sudamérica. Y su economía también ha despegado.

Y, volviendo a Brasil, en la crisis financiera de 2008, el país salió adelante gracias a las clases populares rescatadas de la pobreza que demandaban y usaban regularmente bienes y servicios. Tal demanda activaba la economía. Nada de sacrificios ni recortes. “No hay nada más barato que invertir en los pobres”, decía Lula, porque la inclusión de tantos millones de ciudadanos llevó al desarrollo. No era una intención piadosa: era y es un hecho.

Al lado, en 2001 Argentina sufría una larga recesión y estaba ahogada por una enorme deuda pública. La situación acabó en quiebra, aumento del paro y de la pobreza hasta llegar a los índices más altos de su historia moderna. La pobreza afectó a más de 52% de argentinos y el desempleo superó el 24%. Entonces, por pura necesidad, desde el gobierno se decidió dejar de pagar la deuda, se devaluó la moneda y, desde 2007, se desarrollaron diversos planes sociales para afrontar necesidades básicas que, al tiempo, estimulaban la actividad económica. El resultado de todo fue una incesante recuperación del país. Desde entonces, la economía argentina crece entre 7 y 10% anual (salvo 2009 que solo creció 0,9) y se han reducido considerablemente la pobreza y el desempleo hasta valores inferiores al 10%.

Así las cosas, para Julio Gambina de ATTAC, Argentina es un espejo en el que debe mirarse la vieja Europa. Suspensión de pagos de la deuda, devaluar la moneda y programas sociales son también recomendaciones del Nobel de economía Stiglitz a la tozuda Europa. Aunque sea más complicado aplicarlo por las restricciones que impone el euro. Restricciones que lo son por obra y gracia de los lamentables tratados que los jefes de Estado y de Gobierno han acordado en la construcción de una Europa al servicio del poder financiero. Pero no hay que olvidar que lo que se acuerda, también se puede anular.

Y también en Europa, la ciudadanía de Islandia eligió expulsar a un gobierno corrupto e inútil y juzgar y encarcelar a los responsables de la crisis financiera y del severo retroceso económico y social del país. Hoy Islandia se recupera. Según las previsiones de la Comisión Europea, Islandia ha cerrado 2011 con un crecimiento del 2,1%, este año será del 1,5% (tres veces que el de los países de la zona euro) y en 2013 se prevé que crezca un 2,7%. Se ha vuelto crear empleo y la deuda pública ha disminuido de forma notable. La clave fue que la ciudadanía islandesa rechazó rescatar a los bancos, decidieron pagar la deuda  según posibilidades y necesidades y llevaron a los tribunales a los responsables del desastre. Todo un programa.

Es evidente que hay otros caminos para enfrentarse a la crisis, por supuesto. Pero en Europa, los mandatarios solo piden sacrificio; un sacrificio que ellos y sus señores y cómplices jamás hacen ni están dispuestos a hacer. Los resultados de ajustes, recortes y “reformas estructurales” están a la vista: recesión, reducción de la actividad económica, más paro, más pobreza, ninguna perspectiva… En realidad, lo que nuestros mandatarios llaman sacrificio es estafa y latrocinio.

Y, ante tal panorama, solo caben resistencia y respuesta ciudadana organizadas.

febrero 26, 2012

Ainhoa Etxaide eta Txiki Muñozen hitzak manifa hasieran

febrero 26, 2012

Bilboko manifako argazkiak!

ZORIONAK DENOI! JENDE PILA ELKARTU GINEN BILBON MURRIZKETEI AURRE EGITEKO! 

DENON ARTEAN GELDIARAZIKO DITUGU!

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