Posts tagged ‘fraude fiscal’

junio 24, 2013

Verdades y mitos sobre el fraude fiscal en España

Iturria: contrapoder.es – 2013/06/23

Resulta llamativo que según el último estudio del CIS sobre opinión pública y política fiscal el 82% de los españoles crea que los impuestos ‘no se cobran con justicia’ y que el 84% afirme que existe ‘mucho o bastante fraude fiscal’. Pero ¿cuánto se defrauda a Hacienda? ¿quién lo hace?

¿Cuanto se defrauda a Hacienda?

Los datos sobre el montante total de fraude fiscal dependen de que estudio se observe. La mayoría de los expertos coinciden en que la cifra de fraude fiscal en España está en torno a los 70.000M€ (más de 11 billones y medio de las antiguas pesetas). Esta cifra representa el doble de la media de la Unión Europea y coloca a España en los líderes del fraude fiscal a nivel mundial.

Tabla extraída del informe ‘The Tax Justice Network’

¿Quien defrauda a Hacienda?

Es muy habitual oir las frases ‘todos los empresarios defraudan’, ‘los autónomos no pagan el IVA’ y ‘todo el mundo defrauda a Hacienda’. Pero, ¿es esto verdad?

Según el Informe que elaboró el Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA) el 72% del fraude fiscal en España es consecuencia de grandes fortunas, corporaciones empresariales y bancarias y grandes empresas. Este porcentaje supone 3 veces más del que le corresponde a pequeñas empresas y autónomos.

De esta forma, casi tres cuartas partes del fraude fiscal español está en las cerca de 42.000 grandes empresas que hay en España. Mientras que las pymes que son cerca de 1.400.000 y los autónomos generan el 23´6% del fraude. Por su parte, a las familias se les puede imputar el 2’4% del fraude fiscal total.

 

Con estos datos para cualquier Gobierno debería ser una prioridad la lucha contra el fraude fiscal, sin embargo nuestro Gobierno (como muchos otros) mira hacia otro lado en la persecución del fraude fiscal y reduce el número de inspectores de Hacienda (que ya es bastante bajo en comparación con la media de la Unión Europea).

Y luego nos dirán que no hay dinero para sanidad, educación, desempleo, pensiones, etc. Y lo que es peor, muchos se lo creerán.

 

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junio 13, 2013

Delitos y crímenes económicos

Iturria: Xavier Caño Tamayo – 2013/06/12

Esta es una historia a tres bandas. Por un lado, los trabajadores financian Europa. En el Reino de España, por ejemplo, cerca del 90% del total de impuestos recaudados procede de las rentas del trabajo. En Grecia, Portugal, Italia… tres cuartos de lo mismo. Por otro lado, quienes más tienen eluden y evaden impuestos por sistema. Cada vez más. En Reino Unido, 466 empresas de las 700 mayores corporaciones apenas pagaron 12 millones de euros en 2005 y 2006 en impuestos por beneficios, mientras las otras 234 no pagaron ni una libra. Y no es una situación excepcional. Según Xavier Harel, los impuestos eludidos y evadidos cuestan a la Unión Europea 200.000 millones de euros anuales.

Y en el tercer lado del relato, los grandes delincuentes parecen tener patente de corso, gozar de práctica inmunidad. Criminales que saquean a mansalva, corrompen, especulan y maquinan para elevar precios, blanquean dinero sucio y negro y ejecutan enormes estafas. Como dice Manuel López-Rey, “mientras el ladrón común es considerado un marginado, el delincuente económico no está marginado ni se enfrenta al sistema, porque forma parte de él”.

Como denunciara Alejandro Teitelbaum, hay impunidad de los delincuentes económicos por la actuación y las omisiones de las instituciones y poderes políticos. Fruto de la evasión de impuestos y de los crímenes económicos, según Tax Justice Network, los patrimonios ocultos en paraísos fiscales suman de 21 a 32 billones de dólares. Y de esa ocultación y del consiguiente fraude fiscal son cómplices necesarios los 50 principales grandes bancos privados así como los más importantes despachos de asesoría legal y contable.

En España, 33 de las 35 grandes empresas del Ibex tienen filiales, delegaciones o empresas pantallas en paraísos fiscales, según un informe elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. En total hay 437 empresas, delegaciones o filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales; 60% más que hace tres años. Banco Santander, BBVA, ACS, Repsol, FCC… están establecidos en Delaware, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Suiza o Hong Kong. No para hacer turismo. Y 550.000 millones de euros de origen español (equivalente al 45% del PIB) se ocultan en paraísos fiscales, según la revista Alternativas Económicas.

Se podría hablar en términos semejantes del resto de países europeos. El fraude fiscal es un gravee problema. Por eso, mandatarios de la Unión Europea se reunieron hace unos días para enfrentarse al fraude fiscal. O eso dijeron. Pero, como en anteriores ocasiones, lo hablado en Bruselas sobre combatir el fraude fiscal solo ha sido un capítulo de buenas intenciones.

Nada se concretó sobre el imprescindible fin del secreto bancario, la opacidad y desregulación de transacciones ni tampoco contra la “ingeniería” financiera evasora de impuestos de grandes empresas. Cómo tampoco se acordó plazo alguno de tiempo paraconcretarlo. Ni tampoco se apuntó ningún mecanismo para obligar a los estados a cumplir sus obligaciones contra el fraude fiscal, como les obligan a cumplir con el déficit presupuestario marcado. Y los paraísos fiscales, ni mencionarlos.

¿Cómo creerá nadie que la Unión Europea haga algo contra el contubernio ‘fraude fiscal-paraísos fiscales’ cuando dos estados de pleno derecho (Austria y Luxemburgo) son paraísos fiscales y en el Canal de la Mancha hay diminutas islas británicas que también lo son? Por no hablar de la City de Londres.

La clave es acabar con el secreto bancario. Y acabar con el secreto bancario significa que nadie tenga la menor posibilidad de ocultar en lugar alguno fondos, depósitos,  cuentas corrientes y beneficios para escamotearlos a las autoridades tributarias y judiciales.

En inglés, delito y crimen no se distinguen; en ambos casos es crime.Pero en castellano puede haber un delito con sanción penal que no sea un crimen (ser miembro de un partido en la dictadura franquista, por ejemplo, o abortar en regímenes derechistas). Como puede haber un crimen que no sea delito, porque no esté tipificado en el código penal. Ese es el caso. Los paraísos fiscales son centros criminales, como crímenes son ciertas actuaciones económicas y financieras habituales. Pero aún no se conseguido tipificarlos como delito.

Este estado de crimen económico permanente aumenta la legitimidad de la ciudadanía en todas sus reivindicaciones y exigencias. Una legitimidad que emana de que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Porque, al fin, es una cuestión de derechos.

http://xacata.wordpress.com/2013/06/02/

abril 11, 2013

El gran desfalco que amparan los gobiernos

Iturria: Rosa María Artal / ATTAC – 2013/04/10

Mi amigo y gran periodista Juan Tortosa ha recopilado las informaciones que -muy calladamente- han aparecido estos días sobre lo que puede calificarse de un gran desfalco global, en efecto.

Esta chusma que nos gobierna -aquí y fuera- tiene el cuajo de pedir austeridad, de recortar servicios esenciales,  de ver a gente que por su culpa pasa hambre, a quienes se les niega la sanidad… mientras permiten que se evadan billones de euros y dólares sin costo alguno.  De ningún tipo. Ni en impuestos ni en responsabilidad penal. De hecho, el gobierno del PP en España acaba de colar uno de sus decretos para que ni siquiera vayan a la cárcel si pagan una multita. La impune Amnistía Fiscal, de todos modos, ya hemos visto como opera.

Los conservadores portugueses están yendo incluso más allá. El Constitucional ha fallado en contra de sus ajustes. Prometieron que, si tal cosa sucedía, “tendría consecuencias”. Se pensó que dimitirían como pedía la oposición socialista (allí tienen oposición socialista) y van y salen con lo siguiente: El Constitucional “ha creado inestabilidad” y solicitan reunión urgente con el presidente de la República (allí tienen presidente de la República y República) para “clarificar la situación”. De poner los pelos de punta.

Muchos de ellos participan incluso de la estafa:  130.000 políticos y empresarios de 170 países esconden entre 18 y 24 billones de euros en paraísos fiscales.
Así lo ha resumido Juan:

Se lo oí por primera vez este jueves en “La Ventana” a mi querido José María Izquierdo:

Millonarios particulares de todo el mundo tienen entre 16 y 24 billones de euros en territorios de fiscalidad reducida
Luego lo leí en “Le Monde”:

Un tercio de la riqueza mundial se guarda en paraísos fiscales y el 50% del comercio ocurre allí

Y en “El País” Miguel Mora lo explicaba de manera muy gráfica:

El dinero que mueven los evasores de todo el mundo en los paraísos fiscales equivale a la suma de los PIB de Estados Unidos y Japón
>En “El Confidencial” le ponían nombres y caras al asunto:

Jean-Jacques Augier, viejo amigo de Hollande y tesorero de su campaña electoral; Imelda Marcos jr., el presidente de Azerbayaán, la ex mujer de Marc Rich, la baronesa Thyssen, la mujer del viceprimer ministro ruso…

Pero esto es solo la punta del iceberg. Se calcula que en este desfalco global están involucrados 130.000 políticos y empresarios de 170 países. Porque conviene repetir la cifra del fraude: entre 16 y 24 billones de euros.

Leo, releo, compruebo y escribo estos datos y me pregunto: ¿cómo es que esta información no está copando las aperturas de los informativos de todo el mundo?
Estos datos son producto de una investigación que ha realizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una agencia de periodismo de datos que tiene su sede en Washington y en la que colaboran 160 profesionales de 60 países, entre ellos la española Mar Cabra.

Hace unos meses, esta agencia informativa estadounidense tuvo acceso a más de dos millones y medio de fichas robadas por dos empleados “arrepentidos” que trabajaban en bancos y empresas de la Islas Caimán, Samoa, Singapur o las Islas Cook entre otros paraísos fiscales. Entidades que ofrecen servicios offshore (de deslocalización) y que tienen organizado un sistema de evasión fiscal, tan escandaloso como gigantesco, que blanquea miles y miles de millones procedentes, como decíamos,  de 170 países diferentes en todo el planeta.

Todo ese dinero estaría camuflado nada menos que en 120.000 sociedades opacas. En ”El Confidencial”, el medio español que participa en el trabajo, explican el proceso así, transcribo textualmente:

Para afrontar este trabajo, el grupo de periodistas aglutinados en torno a ICIJ ha colaborado con responsables de importantes medios internacionales como el periódico británico The Guardian y el consorcio público de medios BBC, el diario francés Le Monde, la cabecera y emisora alemanas Süddeutsche Zeitung y Norddeutscher Rundfunk, el estadounidense The Washington Post, la televisión pública canadiense CBC y otros 31 asociados más de todo el mundo, entre los que figura El Confidencial. Fruto de esta colaboración de 90 periodistas en casi 50 países se han descubierto secretos y negocios ocultos de políticos, estafadores y grandes fortunas de todo el mundo.

Los archivos filtrados han proporcionado datos y pruebas (transferencias de efectivo, fechas de incorporación, vínculos entre sociedades opacas y sus dueños) que ilustran perfectamente cómo el secreto financiero internacional se ha ido extendido progresivamente a lo largo de todo el mundo, permitiendo que ricos e influyentes puedan evadir impuestos, al tiempo que en ocasiones llegan incluso a generar o amparar situaciones de corrupción castigadas por la ley. En total, la investigación revela los intereses ocultados en paraísos fiscales de personas y compañías a lo largo de más de 170 países y territorios.
Este botín de documentos representa LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA  sobre el entramado offshore JAMÁS OBTENIDA. El tamaño total de los archivos, medido en gigabytes, es más de 160 veces mayor que la filtración de documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos realizada por Wikileaks en 2010.

Pues bien, a pesar de las descomunales dimensiones de este escándalo, la mayoría de las portadas de los medios de todo el mundo lo están obviando.
¿Por qué?

Y éste es el reportaje elaborado sobre esta gran estafa por euronews. 5 minutos.

abril 11, 2013

Amnistía para ricos, cárcel para pobres

Iturria: María José Esteso Poves / Ter García / diagonalperiodico.net – 2013/04/10

La reforma en el Código Penal facilita que el gran defraudador no vaya a la cárcel.

“En materia de delito fiscal, en el Estado español, no va a la cárcel casi nadie porque en general los jueces imponían penas de prisión inferiores a dos años”, explica el abogado Ignacio Trillo, del despacho Red Jurídica. Aunque el delito fiscal está penado con entre uno y cinco años de cárcel y una multa de entre el monto defraudado y seis veces lo defraudado, en los últimos años una mínima parte de los condenados por este tipo de delitos ha pisado la cárcel.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de las 298 sentencias condenatorias por delitos fiscales emitidas en 2010, sólo 19 fueron de más de dos años de cárcel. Las 279 restantes no implicaban la entrada en prisión si el defraudador no tenía una condena previa. Un año después fueron 23 los defraudadores condenados a una pena de más de dos años de cárcel de las 276 sentencias que se contaron.

“Puede darse el caso, como ha ocurrido en alguna ocasión, de que el defraudador pida a la Inspección que envíe su expediente al juzgado para tratarlo como delito fiscal, porque le resulta más favorable el trato en la vía penal que en la administrativa”, añade Leonardo Cárde­nas, de AGM Abogados, y explica que en muchos casos la multa por la vía penal del delito fiscal es bastante inferior a la que se recibiría por la infracción, por la vía administrativa.

Hasta el año 1995, la cantidad mínima defraudada a Hacienda que se consideraba delito era de cinco millones de pesetas. El impago por debajo de esa suma se consideraba una infracción administrativa, castigada con una multa del entre el 50% y el 150% del valor defraudado, según la cantidad. Ese año, el Gobierno del PSOE aprobó, mediante un pacto con CiU, una reforma del Código Penal por la que el importe se aumentaba a los 15 millones de pesetas. Los obstáculos a la hora de castigar el fraude a Hacienda fueron más allá, con la creación de la “excusa absolutoria”, por la que se perdonaba a los defraudadores que de forma voluntaria pagaran lo defraudado antes de ser llamados por los inspectores del fisco.

La ley ‘relaja’ el delito

La figura del delito fiscal se fue relajando más con una nueva modificación del Código Penal en 2003. Desde los 15 millones de pesetas (90.000 euros), la cantidad defraudada para que se considerara delito pasó a los 120.000 euros. De la mano de esta reforma, la nueva Ley Tributaria aprobada en diciembre de 2003 presentaba el “acta de acuerdo”, una nueva figura con la que se abría la vía de la negociación de lo defraudado evitando los juzgados y con rebajas de un 50% sobre la sanción.

La nueva modificación del delito fiscal en el Código Penal –de enero de 2013–incluye algunas novedades aplaudidas desde el ámbito de la Justicia y de la Agencia Tributaria, como la no detención del cobro de la deuda cuando se inicia el proceso penal, que se adapta a la normativa de la Unión Europea, a la vez que se anuncia a bombo y platillo la ampliación de la prescripción de este tipo de delitos de los cinco a los diez años, aunque sólo en los casos con agravantes (defraudar más de 600.000 euros, ser un fraude llevado a cabo por banda organizada o el uso de un paraíso fiscal), que pasan a estar penados con entre dos y seis años de cárcel.

En paralelo, una disposición en el artículo 305 permite que el juez rebaje en uno o dos grados la condena al defraudador que pague en el plazo de dos meses la deuda con Hacienda desde que es imputado. Así, es más posible que el defraudador no vaya a prisión si no ha sido condenado previamente y que se le aplique una multa menor a la que recibiría si la causa fuera por vía administrativa.

La consecuencia más importante de este cambio es, según explica José María Peláez, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que “se pierde el efecto disuasorio que debe representar un proceso penal, con la posibilidad de ingresar efectivamente en prisión. Si en cualquier proceso por delito fiscal se le permite al defraudador librarse de la cárcel si paga lo que no pagó en su día, la figura del delito fiscal pierde sentido, aunque se aumenten las penas o el plazo de prescripción se eleve a diez años en los supuestos de fraude más graves”, añade Peláez, quien señala también la escasa atención que se le ha dado en el Plan de Control del Fraude de 2013 a las declaraciones tributarias especiales (DTE) de la última amnistía fiscal, aprobada en marzo de 2012, medida que califica de fracaso.

“No exigía repatriar los capitales, por lo que los 40.000 millones de euros de bases imponibles declaradas correspondientes a bienes ocultos se desconoce si se han repatriado o no”, apostilla. Y entre aquellos que se acogieron a la amnistía, nombres comoDiego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin imputado en el caso Nóos, que utilizó la oportunidad prestada por el ministro de Hacienda para blanquear 160.000 euros que tenía ocultos en una cuenta en Luxemburgo; o el de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, que intentó acogerse a la amnistía para regularizar 19 millones de euros en cuentas de bancos suizos y a quien finalmente le fue denegada por la Agencia Tributaria a raíz del inicio de la investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular.

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy “supone un reconocimiento explícito de la falta de voluntad del Gobierno de perseguir el fraude fiscal y de acceder al chantaje de las grandes rentas de dejar de tributar cantidades que serían muy importantes para aumentar los ingresos del Estado”, afirma Alejandro Gámez, abogado penalista de la Asociación Libre de Abogados.

“El Gobierno ha optado voluntariamente por conformarse con migajas cuando tiene la obligación jurídica y ética de perseguir el fraude obteniendo con ello ingre­sos que evitaran tener que recortar por el lado del gasto público”, continúa Gámez, quien señala que, si se tienen en cuenta los altos límites de persecución de este delito, fijados en los 120.000 euros por tributo y año fiscal, es “una medida que favorece especialmente a las rentas más altas, hecha a medida de grandes defraudadores, sean del color que sean”.

Otros casos, como el de Emilio Botín, son una muestra de cómo la Administración mira a otro lado ante los delitos fiscales sin declarar una amnistía fiscal. El presidente del Banco Santander y varios miembros de su familia fueron investigados por fraude fiscal en 2011 a raíz del arresto en Francia de Hervé Falciani, un extrabajador al HSBC en Ginebra que robó del banco datos de 18.000 clientes que utilizaban la entidad para evadir impuestos. Entre los datos de cuentas encontradas en el ordenador de Falciani por las autoridades galas se encontraban las de la familia Botín y otras 3.000 personas con residencia en España, pero la Agencia Tributaria sólo encontró a 659 de los defraudadores, a los que invitó a regularizar su situación sin llevarles ante la justicia.

Dos años después, la Lista Falciani ha vuelto a poner sobre la mesa nombres de políticos del PP ya relacionados con la Gürtel, como Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, o Luis Bárcenas; y a otros aún no relacionados con la trama. Una lista de nombres relacionados con la política y ahora implicados en casos de delitos fiscales, entre otros, que, sin embargo, no ha provocado que se incluya a este colectivo entre los sometidos a un plan específico de inspección.

“En una situación normal, los representantes políticos no tendrían que tener controles adicionales, ni en concreto ser sometidos a inspección fiscal. En nuestro país, en el que se multiplican los casos de corrupción que afectan a nuestros políticos, un plan de inspección debería ser una de las muchas líneas de comprobación que debería acometer la Agencia Tributaria”, explica José María Peláez. “Además se deberían incluir entre los colectivos sometidos a vigilancia para la prevención del blanqueo de capitales, ya que se excluyeron en la ley de prevención aprobada en el año 2010”, concluye Peláez, y añade que estas reclamaciones ni tuvieron respuesta en 2008 ni las han tenido ahora.

Jaque a la clase trabajadora

Mientras se allana el camino a los grandes defraudadores, la última reforma del Código Penal aprobada en enero ha reducido de 120.000 a 50.000 euros el monto defraudado a la Seguridad Social para que éste constituya delito, menos de la mitad que en el caso de los delitos fiscales, un cambio de baremo tachado de “incomprensible” por Gestha y que muestra un “doble rasero”, según palabras de Gámez.

Así, mientras en el caso del fraude fiscal la cantidad fijada para que éste constituya delito es de 120.000 euros por ejercicio fiscal, en el caso de la defraudación a la Seguridad Social el monto para que ésta sea delito se reduce a los 50.000 euros, y permite que se sumen las cuantías defraudadas en los últimos cuatro años. Según explica Gámez: “Es mucho más fácil que se considere delito, y tampoco se tienen en cuenta las circunstancias de los sujetos que puedan cometer esos fraudes, la situación de precariedad en la que se puede ver envuelto un ciuda­dano que defraude a la Seguridad Social frente al músculo económico que tiene que tener un defraudador de Hacienda, que para alcanzar los 120.000 euros por año fiscal tiene que haber generado ingresos de al menos medio millón de euros en un sólo ejercicio”, explica.

“No van a recaudar mucho con ello –añade Gámez acerca del cambio de baremo en el fraude a la Seguridad Social–, y se ceban con una parte de la población que puede estar en situación de necesidad mientras a los defraudadores fiscales, que están guiados por la mera codicia, se les está perdonando”.


Carlos Fabra, el eterno evasor de la justicia, y de capitales

Por M.J.E.P. y T.G.

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra será juzgado a finales de este año por delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales según fuentes judiciales. Las investigaciones por los delitos cometidos por el expresidente de Castellón llevan ya abiertas durante más de nueve años, en los que sus abogados han ido tratando de atrasar los procedimientos. Los técnicos de Hacienda denunciaron hace años que Fabra contaba con cerca de 3,7 millones de euros de ingresos no justificados, dinero que además tampoco fue declarado a la Agencia Tributaria, por lo que también tendrá que comparecer, acusado de defraudar a Hacienda, junto a su entonces esposa, Amparo Fernández, 1,5 millones de euros entre los años 1999 y 2004. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fabra de 15 a 20 años de cárcel.

Recortes en AEAT: sin dinero para encontrar dinero

Desde 2008 a 2011, el número de expedientes por delitos fiscales tramitados por la Agencia Tributaria (AEAT) aumentaron en cerca de un 150%, pasando de los 679 expedientes a los 1.014, según datos publicados por la propia AEAT, que ha visto como su presupuesto bajaba este año en un 12%, lo que ha supuesto una merma en la financiación de las investigaciones llevadas a cabo por sus inspectores y técnicos y un descenso en el número de personas trabajando para sacar a la luz casos de fraude fiscal.

Por cada cien empleados de la Agencia Tributaria que se han jubilado, sólo se han repuesto diez, según señala José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). Unos recortes de personal no muy pronunciados, según señala Mollinedo, en comparación con otras áreas, pero que suponen una gran merma sobre una plantilla cuyo número no se ha ampliado desde hace más de veinte años.

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Carlos Fabra en un mitin. / PPCV

diciembre 8, 2012

Combatir los paraísos fiscales, una prioridad

Iturria: Xavier Caño Tamayo / Attac – 2012/12/07

Campaña “ELLOS EVADEN TÚ PAGAS”

Los gobiernos europeos recortan más y más los presupuestos sociales, violando derechos de millones de ciudadanos. Ahora la Unión Europea exige que en España (25% de paro) se despida a miles de trabajadores bancarios (no a los banqueros, claro) de sus entidades financieras que serán recapitalizadas con dinero europeo: 40.000 millones de euros para rescatar a los banqueros españoles y diez mil asalariados de banca, al paro.

Además, el gobierno conservador español ha constituido la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (el llamado “banco malo”) para limpiar los cuantiosos activos tóxicos de la banca, vendiendo millones de pisos invendibles hasta hoy, fruto de la enorme burbuja inmobiliaria española. Para vender tales activos tóxicos, el gobierno ha diseñado un retorcido producto financiero, los Fondos de Activos Bancarios (FAB), especie de batiburrillo de hipotecas de varios bancos. Y, para venderlos, el gobierno ofrece un obsceno incentivo fiscal: mirará hacia otro lado, si el dinero para comprar esos FAB proviene de paraísos fiscales. Pero, ¿no eran una lacra?

Desde la OCDE pretenderán que ya solo restan seis paraísos fiscales, porque casi todos los paraísos cumplieron la condición impuesta por la misma OCDE para dejar de serlo: firmar doce convenios de intercambio de información fiscal y financiera con otros tantos estados. Lo hicieron, sí, pero tales convenios se firmaron con estados irrelevantes fiscal y financieramente (como Letonia) o entre paraísos fiscales, lo que hace inútiles esos convenios.

Como dice un cínico aristócrata en “El gatopardo” de Lampedusa, conviene que algo cambie para que todo siga igual. Y todo sigue igual. Continúa habiendo más de setenta paraísos fiscales que ocultan gran parte de la riqueza mundial y son refugio seguro de las fortunas de evasores de impuestos, corruptos, criminales organizados e incluso terroristas.

Según Tax Justice Network, gran parte de activos financieros mundiales, entre 21 y 32 billones (con doce ceros) de dólares, no paga impuestos. Y no los paga porque se ocultan en paraísos fiscales.

Según Xavier Harel, investigador y autor de La grande évasion: le vrai scandale des paradis fiscaux, del 30 al 40% de impuestos que deberían recaudar los países en desarrollo terminan en paraísos fiscales: un billón de dólares a sumar a la fuga de capitales desde el mundo empobrecido. Y en Francia solo cuatro de las cuarenta mayores empresas pagan los impuestos debidos por beneficios. En Reino Unido, 466 empresas de las 700 mayores corporaciones pagaron menos de 15 millones de dólares en impuestos por ganancias en 2005 y 2006, mientras las otras 436 simplemente no pagaron impuestos. Según Harel, impuestos eludidos y evadidos cuestan a la Unión Europea 200.000 millones de euros anuales.

¿Se es consciente de qué significa que los estados de países empobrecidos y también los desarrollados dejen de recibir esos cientos de miles de millones en la era de los recortes sociales, de las violaciones continuas de derechos esenciales de la ciudadanía y del aumento indecente de la pobreza? Pues que no quepa duda de que los paraísos fiscales tienen mucho que ver con esos inmensos y obscenos impagos de impuestos. Por activa o por pasiva.

Por cierto, ¿con quién habrá firmado convenios bilaterales Suiza, paraíso fiscal por excelencia? Suiza que, tras conocerse el maquillaje perpetrado por la OCDE para simular que ya no quedan paraísos fiscales, tranquilizó por escrito a las grandes fortunas y empresas que ocultan sus dineros blindados en bancos suizos: Suiza garantizaba el secreto bancario en cualquier caso. Buena prueba de su amor por lo secreto es que Suiza ha pedido la extradición del informático Hervé Daniel Falciani, actualmente encarcelado en España, por haber revelado una larga lista de 2000 defraudadores fiscales europeos. El mundo al revés.

En inglés, delito y crimen no se distinguen; en ambos casos es crime. Pero en castellano ambas palabras no significan exactamente lo mismo, y puede haber un delito con considerable sanción penal que no sea un crimen (ser miembro de un partido en la dictadura franquista, por ejemplo) y un crimen que no sea delito, porque no esté tipificado un código penal. Ese es el caso; los paraísos fiscales son auténticos centros criminales por lo que permiten, facilitan y ocultan. Aunque lo que hacen y omiten aún no se tipifique como delito en un código penal.

La lucha ciudadana contra los paraísos fiscales es prioritaria, por difícil e irrealizable que parezca. En 1900 también parecía imposible que las mujeres pudieran votar.

octubre 29, 2012

Hacienda oculta a sus propios inspectores toda la información sobre la amnistía fiscal

Iturria: Lainformacion.com – 2012/10/29

  • Bloquea el acceso de los profesionales del Departamento de Inspección a la información fiscal incluida en las regularizaciones en una decisión sin precedentes.
  • La Agencia Tributaria no les permitirá manejar estos expedientes hasta que termine el proceso el próximo 30 de noviembre.

El Gobierno está haciendo todo lo posible por garantizar un marco confortable a los potenciales beneficarios de la amnistía fiscal.

El Ministerio de Hacienda no ha dudado en retocar la legislación, hasta en tres ocasiones, para acomodarla a las demandas que le han ido trasladando los asesores de los contribuyentes. E incluso la Dirección General de Tributos ha emitido dos informes aclarando de motu propio hasta una treintena de eventuales casos prácticos para que no les quede resquicio alguno a la duda.

Con todo, es otra la decisión que más ampollas está levantando entre los trabajadores del fisco.

La Agencia Tributaria ha decidido bloquear el acceso de los inspectores de Hacienda a toda la información relacionada con la amnistía fiscal en tanto no finalice el proceso de recepción de regularizaciones el próximo 30 de noviembre, según han confirmado a lainformacion.com hasta tres fuentes conocedoras de la situación.

A efectos prácticos, esto significa que la información proporcionada en estas declaraciones especiales no figurará en los perfiles tributarios de los contribuyentes mientras el proceso continúe abierto y que los inspectores no podrán consultar esos datos en el trancurso de sus fiscalizaciones cotidianas aunque así lo necesitaran.

La Agencia únicamente ha planteado excepciones puntuales a este apagón informativo general. Sólo los máximos responsables funcionales del Departamento de Inspección y los delegados territoriales de los lugares en que se hayan formalizado declaraciones especiales podrán acceder a esa información, que permanecerá oculta para el resto de profesionales de la Inspección.

Según las fuentes consultadas se trata de un hecho sin precedentes en la operativa de la Agencia Tributaria, en la que el acceso rápido y eficaz a la información fiscal de los contribuyentes “es un aspecto clave”, comentan, “en nuestro trabajo cotidiano”.

La sociedad suele dibujar a los inspectores de Hacienda como los hombres de negro de la Administración Pública. Tipos implacables, de aspecto severo, capaces de detectar irregularidades en la declaración tributaria más rigurosa.

Basta una charla con alguno de ellos (a ser posible no relacionada con una controversia tributaria) para darse cuenta de que se trata de servidores públicos, que, eso sí, tienen una singular obsesión por el acceso a la información en el ejercicio de su trabajo.

¿Exageración? Valoren ustedes mismos. Éste fragmento está extraído de un informe de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado: “Tiende a pensarse que el elemento clave en la gestión de cualquier sistema tributario es el dinero, pero, no es cierto, la cuestión básica es la disponibilidad de información“.

No cuesta imaginarse, pues, cuál es el estado de ánimo actual del colectivo después de que la Agencia Tributaria haya decidido cerrar a cal y canto el acceso de los inspectores de Hacienda a la información relacionada con la amnistía fiscal.

“Es incomprensible”, coinciden las fuentes consultadas por este medio. Admiten que esta restricción no tiene por qué afectar a la operatividad de su trabajo diario en las investigaciones en que trabajan, pero advierten de que si en algún caso llegara a hacerlo constituiría un obstáculo inasumible.

La decisión de la Agencia Tributaria ha disparado las especulaciones sobre los motivos que la justifican. La teoría más extendida entre los empleados del organismo fiscal apunta a que Hacienda teme que la eventual filtración de un nombre a la prensa ahuyente a los contribuyentes que le han manifestado ya su intención de regularizar, y condenen al fiasco su controvertida decisión de hacer una amnistía fiscal.

Hay que recordar que durante los dos primeros meses del año el proceso de regularización apenas recaudó 50 de los 2.500 millones de euros previstos. Un dato que tras trascender a la opinión pública desencadenó la inmediata retirada de las estadísticas oficiales de los datos de recaudación de la amnistía fiscal.

El Ministerio de Hacienda aún confía en recaudar los 2.500 millones de euros previstos porque considera que en los últimos días habrá una oleada masiva de regularizaciones fiscales.

julio 2, 2012

Impuestos y fraude fiscal

Iturria: Attac Madrid – attacmadrid.org – 2012/07/01

Vicenç Navarro. consejo Científico de ATTAC. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins Universit

Este artículo cuestiona la tesis ampliamente aceptada en círculos financieros y económicos del país que el Estado español ha agotado las posibilidades de generar más recursos. El artículo señala información del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que muestra que el Estado podría recoger 89.000 millones de euros si tuviera voluntad de hacerlo

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) es una de las instituciones más valiosas que tiene este país. De una manera metódica y rigurosa proveen información de una gran importancia que documenta las enormes injusticias existentes en el sistema fiscal español que se han acentuado todavía más con las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos Zapatero y Rajoy (más este último que el primero) en respuesta a la crisis. En un interesante artículo publicado en Tercera Información (02.05.12), Miguel Ángel Mayo, coordinador en Catalunya de tal sindicato, provee gran cantidad de datos sobre el fraude fiscal en España que, por desgracia no han aparecido en los medios de mayor difusión. Veámoslos.

El fraude fiscal representa una cifra, 89.000 millones de euros, muy elevada y que el Estado deja de ingresar año tras año. Es uno de los fraudes fiscales más elevados de la Unión Europea y también de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Por otra parte, España es el país que tiene menos inspectores de Hacienda en relación a la población tributaria. Hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a Franca y Alemania.

El fraude es, pues, un problema grave. Ahora bien, otro dato de gran relevancia es que tal fraude fiscal se concentra en un sector muy pequeño de la población: las grandes fortunas y las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, fraude fiscal que se realiza a través de la banca, la institución más importante que lo canaliza hacia los paraísos fiscales, es decir, países donde prácticamente no se pagan impuestos. En realidad, el Fondo Monetario Internacional calcula que una cuarta parte (sí, leyó bien, una cuarta parte) de la riqueza del mundo está depositada en tales paraísos fiscales. Según la OCDE, 600.000 millones de dólares no se ingresan en las cuentas de los Estados de tal grupo de países (incluido España), resultado del depósito de los súper ricos y ricos de aquellos países en paraísos fiscales. España es uno de los países que tiene mayor número de agujeros fiscales que disminuyen los ingresos al Estado. En España uno de los instrumentos que más utiliza tales paraísos fiscales son las 3.113 sociedades de inversión de capital variable (conocidas como SICAV), que gestionan un patrimonio de 26.154 millones de euros.

De todos estos datos, resulta que los ricos y súper ricos apenas pagan impuestos en España. El sistema de tributación es profundamente injusto. El 44% de los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de los cuales el 83% de la recaudación se basa sobre las rentas del trabajo (es decir, la población que trabaja y está en nómina). Y un 32% de los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre el Valor Añadido (conocido como IVA), que se basa en el consumo y es profundamente regresivo, lo cual quiere decir que las clases populares pagan mucho más que los ricos y los súper ricos. Es, pues, una enorme frivolidad el argumento de que España ha alcanzado su límite en cuanto a gastos, pues el país no da para más. Si en España la carga impositiva total fuera (como porcentaje del PIB) como en Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros (sí, lo ha leído bien, 200.000 millones) más de los que ingresa. Ahí está el quid de la cuestión: los que tendrían que pagar mucho más de lo que pagan no son el ciudadano normal y corriente, sino el 10% de la población –los ricos y los súper ricos- que tienen un enorme poder político y mediático en el país. Así de claro.

marzo 31, 2012

El gobierno aprueba una amnistía fiscal para los delincuentes que llevan años robando MILLONES de euros del dinero de todos

Iturria: Kaos en la Red – 2012/03/30

El gobierno anuncia una amnistía fiscal para aquellas rentas no declaradas tanto del interior del estado, como de aquellos que las tengan fuera del estado y las hagan retornar. Además, recortan un 21% el gasto en políticas de empleo. El recorte de media por Ministerio es de un 17%.

Agencias/Kaosenlared

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado una amnistía fiscal para el capital que retorne a España, que sólo tendrá que pagar un “gravamen especial” del 10%, quedando así exonerado de cualquier penalización o sanción. También quienes tengan sus rentas “negras” dentro del estado, se podrán acoger a esta medida.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Montoro indicó que los contribuyentes que así lo deseen y afloren el capital oculto quedarán regularizados a cambio de pagar un 10%, un procedimiento que, según el ministro, recomienda la propia OCDE en países con especiales dificultades económicas.

Además, los que dicen tener la creación de empleo como prioridad absoluta de sus gestión, han recortado la partida destinada en 2012 a políticas activas de empleo en 1.557 millones de euros, según ha anunciado este viernes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para este año.

El recorte anunciado por el ministro supondrá, en términos relativos, un descenso del gasto en políticas activas del 21,2%, desde los 7.322 millones de euros presupuestados en 2011 hasta aproximadamente 5.765 millones de euros este año.

Las políticas activas de empleo comprenden programas de empleo y de formación para el empleo, así como bonificaciones para la contratación. En 2011, el presupuesto en políticas activas ya sufrió una disminución del 5,5%. Por otro lado, el presupuesto de ayudas a la Dependencia, que pasa de 283 millones a 0 millones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha justificado este recorte en el gasto en políticas activas alegando que hay programas incluidos en este capítulo que, aunque pueden tener un “buen nombre”, no están siendo eficaces y operativos en la creación de empleo.

“No se puede seguir financiando servicios porque tengan un buen nombre, ni apoyar programas que pueden que no son operativos a la hora de crear empleo”, ha dicho el ministro.

Por su parte, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que los Presupuestos Generales del Estado de 2012 imponen un recorte del gasto medio de los ministerios del 16,9%. Interior, junto con el ministerio de la presidencia, la cartera de la que menos se recorta, con un 4,4%. En defensa, justo el doble, 8,8%. Interesantes datos si los comparamos con los recortes en Sanidad (13,7%), y, sobre todo, en educación (21,2%). Policías y tanques seguro que no van a faltar. De médicos y maestros no podemos decir lo mismo, pero es lo que hay, así es el capitalismo neoliberal, y esas son las órdenes que vienen de Bruselas y la CEOE.

Presupuestos completos:

http://imagenes.publico-estaticos.es/resources/archivos/2012/3/30/1333117045677presupuestos.pdf

febrero 27, 2012

Cómo salir de la crisis sin destrozar a la ciudadanía

Xavier Caño Tamayo. ATTAC-ACORDEM. 26/02/2012

Esto está mal y se pondrá peor, por tanto el Gobierno ha de tomar medidas duras, como la reforma laboral, y hará recortes muy importantes, porque es lo único que se puede hacer”.

Este podría ser el resumen del discurso de Mariano Rajoy, tras ser reelegido presidente del Partido Popular. Pero es mentira. Ni es lo único que se puede hacer ni tal política conseguirá otra cosa que más desempleo, pobreza, incertidumbre, sufrimiento y violación masiva de derechos de gran parte de la ciudadanía.

Cuando Inazio Lula fue elegido presidente de Brasil, la escasa población rica se quedaba con más de la mitad del dinero del país y apenas dejaba las migajas de una décima parte de la riqueza a los pobres, que eran la mayoría de  población. Lula cambió esas cifras. Aumentó un 62% el salario mínimo, entre otras medidas económicas y sociales, y sacó realmente de la pobreza a millones de brasileños. Millones. Sacar de la pobreza a tanta gente hizo crecer siete veces el consumo y la economía funcionó mejor. Además, el gobierno de Lula logró que 45 millones de brasileños tuvieran cuentas bancarias activas, eliminando así intermediarios en la administración y entrega de recursos públicos a los necesitados.

En seis años la desnutrición de Brasil se redujo un 73% y la mortalidad infantil, un 45%. Combatir la pobreza y el hambre fue una prioridad indiscutible del presidente Lula. Restaurantes populares, programas de lactancia materna, promoción de agricultura familiar, distribución de alimentos a los más pobres, microcréditos, fomento de la economía local, facilitar educación básica a niños y jóvenes y formación universitaria a hijos de obreros… Con algunas políticas similares de ayuda a los más necesitados, a los ancianos, a las mujeres y a los jóvenes, Bolivia ha dejado de ser el país más pobre de Sudamérica. Y su economía también ha despegado.

Y, volviendo a Brasil, en la crisis financiera de 2008, el país salió adelante gracias a las clases populares rescatadas de la pobreza que demandaban y usaban regularmente bienes y servicios. Tal demanda activaba la economía. Nada de sacrificios ni recortes. “No hay nada más barato que invertir en los pobres”, decía Lula, porque la inclusión de tantos millones de ciudadanos llevó al desarrollo. No era una intención piadosa: era y es un hecho.

Al lado, en 2001 Argentina sufría una larga recesión y estaba ahogada por una enorme deuda pública. La situación acabó en quiebra, aumento del paro y de la pobreza hasta llegar a los índices más altos de su historia moderna. La pobreza afectó a más de 52% de argentinos y el desempleo superó el 24%. Entonces, por pura necesidad, desde el gobierno se decidió dejar de pagar la deuda, se devaluó la moneda y, desde 2007, se desarrollaron diversos planes sociales para afrontar necesidades básicas que, al tiempo, estimulaban la actividad económica. El resultado de todo fue una incesante recuperación del país. Desde entonces, la economía argentina crece entre 7 y 10% anual (salvo 2009 que solo creció 0,9) y se han reducido considerablemente la pobreza y el desempleo hasta valores inferiores al 10%.

Así las cosas, para Julio Gambina de ATTAC, Argentina es un espejo en el que debe mirarse la vieja Europa. Suspensión de pagos de la deuda, devaluar la moneda y programas sociales son también recomendaciones del Nobel de economía Stiglitz a la tozuda Europa. Aunque sea más complicado aplicarlo por las restricciones que impone el euro. Restricciones que lo son por obra y gracia de los lamentables tratados que los jefes de Estado y de Gobierno han acordado en la construcción de una Europa al servicio del poder financiero. Pero no hay que olvidar que lo que se acuerda, también se puede anular.

Y también en Europa, la ciudadanía de Islandia eligió expulsar a un gobierno corrupto e inútil y juzgar y encarcelar a los responsables de la crisis financiera y del severo retroceso económico y social del país. Hoy Islandia se recupera. Según las previsiones de la Comisión Europea, Islandia ha cerrado 2011 con un crecimiento del 2,1%, este año será del 1,5% (tres veces que el de los países de la zona euro) y en 2013 se prevé que crezca un 2,7%. Se ha vuelto crear empleo y la deuda pública ha disminuido de forma notable. La clave fue que la ciudadanía islandesa rechazó rescatar a los bancos, decidieron pagar la deuda  según posibilidades y necesidades y llevaron a los tribunales a los responsables del desastre. Todo un programa.

Es evidente que hay otros caminos para enfrentarse a la crisis, por supuesto. Pero en Europa, los mandatarios solo piden sacrificio; un sacrificio que ellos y sus señores y cómplices jamás hacen ni están dispuestos a hacer. Los resultados de ajustes, recortes y “reformas estructurales” están a la vista: recesión, reducción de la actividad económica, más paro, más pobreza, ninguna perspectiva… En realidad, lo que nuestros mandatarios llaman sacrificio es estafa y latrocinio.

Y, ante tal panorama, solo caben resistencia y respuesta ciudadana organizadas.

febrero 17, 2012

¿Quién arruina a las pequeñas y medianas empresas que crean empleo?

Juan Torres López – 17/02/2012

Uno de los mayores problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas españolas (que representan más del 80%  del empleo de nuestro país) y los trabajadores autónomos es que las administraciones públicas le deben una gran cantidad de dinero: 35.000 millones de euros a las pymes y unos 15.000 millones a los autónomos.

Esa deuda es una losa gigantesca con la que es muy difícil por no decir imposible que levanten cabeza estos empresarios. Algo que sería muy necesario puesto que crean casi el 90% del empleo nuevo que se genera en España.

La mayoría de los empresarios y empresarias que conozco echan la culpa de esa deuda al Estado, como si éste no les pagara por capricho, creen que su enemigo es el gasto excesivo que hacen las administraciones públicas y reclaman en compensación no pagar IVA mientras no cobren dichas cantidades. Esto último me parece justo como solución transitoria pero no creo que esa sea la mejor a medio y largo plazo ni la que más convenga a estos empresarios. Y lo que me extraña es que, estando acostumbrados a hacer números, no se hayan dado cuenta de que hay otra fórmula más justa y eficaz para que sus empresas y el conjunto de la economía salgan adelante mucho más satisfactoriamente.

Como he dicho, la deuda total con autónomos y pymes es de unos 50.000 millones de euros. Pues bien, según los técnicos del Ministerio de Hacienda que de esto son los que más saben, la evasión fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas españolas fue de unos 42.711 en 2010. Es decir, que simplemente logrando que los más ricos de España pagaran como los demás podría saldarse la deuda que atenaza a estos empresarios en un solo año y evitar que volviera a repetirse en el futuro.

Claro que la cosa no puede terminar aquí. El fraude de las grandes fortunas y grandes empresas es el 75% del total mientras que el de las  pymes (que constituyen el 97% del tejido empresarial español) representa el 17% y el de los trabajadores autónomos el 8,6%. Es mucho menos que el de los más ricos pero también hay que acabar con él porque no es justo que prácticamente solo los asalariados de menor renta sean los que estén libres de pecado fiscal.

Es una prueba más de que la solución ante la deuda que proponen los neoliberales, recortar gasto público y especialmente el de carácter social, no es la única ni la mejor. Cuanto menor sea este gasto, menos demanda tendrán las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos y peor será su situación. Por el contrario, acabar con la evasión fiscal es mucho más expedito, más eficaz y menos oneroso para las propias empresas y para el conjunto de la sociedad.

Si no se hace asi, porque siga predominando la estrategia de reducir la inversión pública y el gasto social (para que los ricos tengan que pagar menos impuestos y no haya dinero suficiente para financiar los servicios públicos y se privaticen más fácilmente) las consecuencias serán nefastas para todos: las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que viven de este gasto perderán actividad y terminarán cerrando y destruyendo empleo.

Así que estos empresarios que se quejan con mucha razón de esta deuda no deben llevarse a engaño. Su enemigo no es la actividad pública (que es la que les proporciona el capital y las infraestructuras que necesitan y que ellos no podrían fiananciar por sí mismos) sino las grandes empresas y grandes fortunas que evaden sus obligaciones con el fisco.

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