Posts tagged ‘PSOE’

mayo 24, 2013

Lo legal pero ilegítimo

Iturria: Clemente Hernández / ATTAC Alacant – 2013/05/23

“…es razonable que las víctimas de viejas leyes pretendan su derogación y que aspiren, si gobiernan, a la reparación del daño ocasionado por los beneficiarios de entonces.[…]…lo cierto es que PP y PSOE lo han puesto muy difícil al dejar anclado en la Constitución que la deuda financiera se paga caiga quien caiga.”

La voz “legítimo/a” tiene tres acepciones: “lo conforme a las leyes; lo ajustado a la equidad y la razón; lo cierto, genuino y verdadero”. Un concepto polisémico como éste produce malentendidos cuando su uso indiscriminado en una conversación no aclara la acepción utilizada, salvo que alguien piense que cualquier ley se ajusta a los criterios de equidad, razón y verdad. Algo de esto pudo haber ocurrido en el rifirrafe que mantuve con Ángel Luna, a raíz de una moción en el Ayuntamiento de Alicante sobre la deuda pública, pues así lo percibí en las redes sociales que se hicieron eco de la polémica.

Muchas personas comparten juicios de valor y argumentos para calificar de no equitativas ni ajustadas a la razón y la verdad las leyes que rigen la vida económica actual, y sabemos que las convenciones sociales sobre lo que es razonable y equitativo cambian a medida que lo hace la interpretación de la realidad, que de tenerse por verdadera se convierte en falsa. De no reconocerlo, se negaría la base misma de la democracia, esto es, la posibilidad de cambios legislativos pacíficos cuando ganan las elecciones fuerzas que identifican el interés general de forma radicalmente opuesta a sus antecesores.

Es de esa tensión entre virtudes que son interpretadas de forma diferente por grupos que tienen intereses en conflicto de donde surge la voluntad de modificar las leyes. Si la legislación plasma la cultura y el poder dominante en cada época, es razonable que las víctimas de viejas leyes pretendan su derogación y que aspiren, si gobiernan, a la reparación del daño ocasionado por los beneficiarios de entonces. ¿Cómo se repara, por ejemplo, el daño causado a los hipotecados, con cláusulas legales en su día, pero abusivas a la luz de la nueva legislación?, ¿y cómo garantizamos que un contrato con compromisos futuros -eso es la deuda pública- respete el bien común si sus cláusulas, sus causas o sus efectos son calificados por un nuevo poder legislativo como contrarios a la equidad, la razón y la verdad?

En un Estado de Derecho, la garantía jurídica de los acuerdos del pasado no debe impedir que pueda surtir efecto el interés general, con todas las cautelas que se quiera, a la luz de los nuevos criterios de equidad, razón y verdad legitimados por los que ostentan el poder de legislar en cada momento. Paradójicamente, se aplica ese criterio para justificar los recortes de los derechos de los trabajadores, pues arguye el PP que hacerlo responde al interés general; pero se acusa de atentado al Estado de Derecho cuando se pide el mismo rasero a la deuda pública, si cambia la correlación de fuerzas y un nuevo parlamento define un interés general contrario al vigente.

Eso es lo que han venido haciendo las sociedades civilizadas a lo largo del tiempo. Nada nuevo bajo el sol, salvo que cuando hablamos de tocar a bancos, grandes empresas y gobiernos, a algunas personas les entra el síndrome de Estocolmo y se ponen de abogados del diablo. Esa es la impresión que dio el arrebato de Ángel Luna, aunque él no lo pretendiera y se rectifique con Julián López, portavoz de Economía del PSPV, en su brillante artículo Más financiación, más responsabilidad, en INFORMACIÓN, pues lo cierto es que PP y PSOE lo han puesto muy difícil al dejar anclado en la Constitución que la deuda financiera se paga caiga quien caiga.

En España es legal que las empresas tengan negocios en paraísos fiscales, y casi todas las del IBEX los tienen ¿no es legítimo pretender que, algún día, se pueda recuperar la ganancia obtenida por un procedimiento al que no tiene acceso todo hijo de vecino? También es legal que los empresarios españoles fabriquen en Bangladesh, aprovechándose de una legislación laboral inhumana, ¿no es legítimo exigir que, algún día, los propietarios de esas empresas reparen con sus beneficios el daño causado?

En España es legal que los bancos reciban dinero de un banco público (BCE) al 0,5% y lo presten a los gobiernos al 4% o más, ¿no es legítimo esperar que una ley permita retornar los beneficios obtenidos por la deuda contraída en esas condiciones, si el no hacerlo atenta al interés general? También es legal que la Generalitat Valenciana tenga una financiación per cápita del 85% de la media del conjunto del sistema autonómico, ¿no es legítimo esperar que se compense al País Valenciano por los más de 13.000 millones de deuda contraída por esa financiación injusta? El análisis de la deuda permite conocer esas y otras causas de legalidad ilegítima -por no ajustarse a los principios de equidad, razón y verdad- y la participación de la ciudadanía aumentaría el respaldo de cualquier gobierno que tenga que enfrentarse a sus financieros.

Nadie es tan insensato como para no prever que cualquier cambio legislativo sobre la deuda será contestado duramente y que las consecuencias no son inocuas, por lo que habrá que imponer, negociar y pleitear con inteligencia y tesón, pero de eso se trata, de cargarse de argumentos de razón, verdad y equidad en favor de las víctimas del orden económico imperante, que sus beneficiarios ya tienen sus propios voceros y abogados.

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marzo 4, 2013

¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?

Iturria: Ángeles Maestro / Attac – 2013/03/04

Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual que en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta. Las políticas neoliberales forman parte de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia: drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, instauración de políticas de reducción del déficit —con la correspondiente disminución de presupuestos sociales—, liquidación de derechos laborales y sociales y privatizaciones.

Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.

El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada. En el Estado español este proceso lo inicia el PSOE a mediados de los ochenta coincidiendo con la entrada en la CEE y es continuado por los gobiernos del PP.

El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un porcentaje considerable del PIB (el 7% en 2013).

Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública. El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene su trabajo asegurado, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.

En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo. El Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud. El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo una guía para la preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe fue abortada porque como diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.

Se procedió a la privatización —“externalización”—  de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc. Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza, casi todos subcontratados por constructoras, y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario[1].

En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente de su votación, CC OO emitió un comunicadocongratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS”.

La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.

Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas. CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners, grupo de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública

La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.

Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica.

El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solo un expolio de recursos públicos, es además un crimen. El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el coste.

La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:

  • Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
  • Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
  • Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
  • Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
  • Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.

La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.

La realidad es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.Dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.

Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos: Ni una privatización más, Derogación de la Ley 15/97 y devolución  a manos públicas todo lo privatizado.

[1] Entre otros informes ver: Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Hospital Infection, 49: 109-116. 50

Ángeles Maestro: Médica y Técnica Superior de Salud Pública. Militante de Red Roja

enero 6, 2013

¿Quieren saber por qué España debe pagar 40.000 millones al año en intereses de deuda? Listado completo de privatizaciones 1984-2007

Iturria: Kaos en la Red – 2013/01/06

No se pierdan la lista y entenderán mejor el porqué el estado es incapaz de generar ingresos, más allás de los ingresos fiscales, con los que poder financiar sus actividades y evitar los recortes sociales. Todo lo que estas empresas no aportan al estado, el estado lo debe pedir a los mercados…

Información oficial tal y como aparece en la página del SEPI (http://www.sepi.es)

No se pierdan la lista y ahora entenderán mejor el porqué el estado es incapaz de generar ingresos, más allás de los ingresos fiscales, con los que poder financiar sus actividades y evitar los recortes sociales.

Con la privatización de estas empresas se robó al estado la capacidad de generar ingresos por otras vías que no sea, casi en exclusividad, la recaudación fiscal. En sectores además que son estratégicos y que garantizan una fuente constante de ingresos (energía, telefonía, obras públicas, transportes, etc, etc.). Los ingresos generados por estas privatizaciones, que se estiman en torno a los 50.000 millones de euros, sirvieron para que los gobiernos de turno pudieran compensar sus respectivos presupuestos y, entre otras, sirvió al PP para cumplir con los objetivos impuestos por la UE para la entrada en el Euro y hablar de un -supuesto- “milagro económico español”. En solo dos años, 1996 y 1997, el gobierno de Aznar, ese que nos han querido vender como un as en la gestión económica, recibió más de 20.000 millones de euros (de la época) con las privatizaciones de las últimas participaciones del estado en Repsol y Telefónica, entre otras. Esto es, 20.000 millones de euros a costa de vaciar al estado de recursos que en el futuro lo pudieran capacitar para generar ingresos y entregar tal capacidad a manos de intereses privados. Vendiendo lo que no era suyo, e ingresando tal ingente cantidad de dinero a costa de dejar al estado sin futuro, ¡cualquiera es un as en la gestión económica! Si encima se acompaña con una burbuja inmobiliaria, ni hablamos.

¿La consecuencia real de todo esto? Solo en los dos próximos años el estado español pagará más en intereses de la deuda que todo lo obtenido en más de veinte años de privatizaciones. ¡Solo en dos años!

Y es que, claro, cuando al estado se lo vacia de su capacidad de generar recursos, el dinero que no entra por esa vía, a la larga, lo tiene que acabar pidiendo prestado a los mercados. A los intereses que todos conocemos y con las dramáticas consecuencias que, en forma de recortes sociales y laborales, estamos viviendo en estos tiempos. Privatizar no solo es entregar lo público a manos privadas, es también condenar al estado a ser esclavo de los mercados. Por eso hoy, solo en un año, el estado español deberá pagar 40.000 millones de euros para hacer frente a los intereses de la deuda generada como consecuencia de no contar con empresas públicas que puedan generar ingresos para el estado. 

El asunto es, además, significativo: los mismos que antes se beneficiaron de que el estado les entregara su patrimonio y su capacidad de generar ingresos, en sectores rentables, por un módico e insignificante precio (en comparación con el beneficio que le han sacado después en la mayoría de casos: señal de que hasta las empresas que daban pérdidas podían llegar a ser rentables), son los mismos que ahora se están lucrando con la crisis y, en concreto, con los recortes sociales y laborales.

Sí, así funciona el capitalismo. No es un caso aislado ni ha pasado solo en el estado español. Ellos ganan, tú pierdes.  

Privatizaciones de 1984 a 1996

En este periodo se realizaron en España en torno a 70 operaciones de venta de participaciones públicas. En términos monetarios, el Estado ingresó más de 13.200 millones de euros hasta 1996.

El objetivo principal de estas privatizaciones era racionalizar y reestructurar el sector público empresarial, así como restablecer la competitividad de sus empresas. Los encargados de realizar estas operaciones fueron los tres grupos públicos empresariales existentes en España: INI, INH y Patrimonio.

Con anterioridad a 1985 el INI había acometido la venta de hasta 17 empresas, como General Eléctrica de España (año 1962), Marconi Española (1969), Sevillana de Electricidad (1971), Boetticher y Navarro (1973) o Petróleos de Navarra (1976).

Fue en la década de los 80 cuando se abordaron las operaciones de venta en el marco de una política industrial y con objetivos más concretos. Estas privatizaciones fueron de dos tipos:

  • Venta industrial directa de empresas pertenecientes a sectores sin interés para el Estado que no podían ser competitivas en el ámbito público.
  • Desinversiones parciales de empresas rentables en Bolsa, a través de Oferta Pública de Venta, conservando el Estado su control.

En el primer caso, la mayoría de las privatizaciones fueron de pequeñas o medianas empresas que no tenían dimensión suficiente para competir en el mercado, siendo el INI el que realizó la mayor parte de las ventas. La primera empresa privatizada por el INI, en 1985 (aunque la operación se aprobó en 1984), fue Textil Tarazona.

En este grupo de privatizadas también figuran empresas de renombre en la industria española y de mayor tamaño, como las de automoción, SEAT y ENASA. También destacan TRASATLANTICA (transporte marítimo); Marsans y ENTURSA (turismo); SECOINSA y TELESINCRO (electrónica); La Maquinista Terrestre y Marítima, ATEINSA y Fábrica San Carlos (bienes de equipo); G. E. Álvarez y ARTESPAÑA (artesanía), y La Luz, OESA y otras pequeñas empresas de alimentación, además de empresas de menor entidad pertenecientes a estos y otros sectores productivos.

Las privatizaciones parciales o de tipo financiero sirvieron para sufragar las pérdidas de otras compañías y autofinanciar el crecimiento de las propias empresas en parte privatizadas, así como reducir el déficit público y cumplir los criterios de convergencia europea. Estas privatizaciones de sociedades rentables y consolidadas se sucedieron ‘caso por caso’, recortando el perímetro del sector público empresarial, pero conservando una presencia estatal en las empresas cotizadas, que podría ser minoritaria pero suficiente para su control.

Hasta 1996 se completaron 16 Ofertas Públicas de Venta de acciones (OPVs), que produjeron unos ingresos de más de 10.200 millones de euros (1,7 billones de pesetas) y que permitió la salida al mercado bursátil de empresas, encuadradas en el segundo grupo, como ENDESA, REPSOL, ARGENTARIA, TELEFÓNICA y ENCE.

Empresas privatizadas por INI y TENEO mediante venta no bursátil

Año Empresa Sector % desinvertido Operaciones complementarias
1985 Textil Tarazona
C.Soler Almirall
Ingenesa
Igfisa
Secoinsa
Pesquisa
SKF
Viajes Marsans
PBA
Indugasa
Textil
Rodamientos
Electrónica
Alimentación
Electrónica
Energía
Rodamientos
Turismo
Alimentación
Automoción
69,56
100
67,6
100
69,1
45,4
98,8
100
85
50
1986 Entursa
Frigsa
La Luz
Gypisa
Olcesa
Telesincro
Insisa
Motores MDB
Remetal
Issa
Pamesa
SEAT
Tovisa
Miraflores
Cabsa
Aluflet
Mipsa
Turismo
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Bienes de equipo
Bienes de equipo
Cont. Naval
Aluminio
Metalurgia
Papel
Automoción
Bienes de equipo
Alimentación
Alimentación
Aluminio
Minería
100
100
100
100
50,5
100
60
60
66,2
100
100
75
99,3100
40
100
Privatización completada en 1990
1987 Dessa
Evatsa
Litofan Española
Purolator Iber.
Vict. Luzuriaga
Diasa
Miel Española
Alumalsa
Cont. Naval
Metalurgia
Metalurgia
Bienes de equipo
Bienes de equipo
Alimentación
Alimentación
Aluminio
80
100
100
94,7
33,34
50
51
44
1988 Grupo Lesa
Carcesa
Fridarago
Coisa
Astican
Promural
Pamensa
Acuasur
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Const. Naval
Alimentación
Alimentación
Alimentación
99,9
99,9
98
100
90,7
53
99,9
66,7
1989 MTM
Ateinsa
Enfersa
Oesa
Pesa
Ancoal
Fodina
Bienes de equipo
Bienes de equipo
Fertilizantes
Alimentación
Electrónica
Minería
Fertilizantes
85
85
80
100
97,5
75,2
100
El 15% restante se vendió en 1992
El 15% restante se vendió en 1992
El 20% restante se vendió en 1991
1990 Saldosa Minería 51
1991 ENASA
GEA
TSD
Automoción
Artesanía
Informática
100
90
100
El 10% restante se vendió en 1992
1992 Icuatro Electrónica 100
1993 Palco
Automoción 2000
Ibermática
Fábrica San Carlos
Aluminio
Automoción
Informática
Bienes de equipo
50
100
39
100
El 50% restante se vendió en 1994
1994 Sodiga
ASDL
Gyconsa
Trasatlántica
Artespaña
Desarrollo Ind.
Electrónica
Electrónica
Trans. Marítimo
Artesanía
46,2
86,67
9
99,98
100
Privatización completada en 1997
1995 Refínalsa
Indra
Aluminio
Electrónica e Inf
50
24,9%
Privatización total en 1999 con OPV
1996 Auxini
Sodican
Construcción
Desarrollo Ind.
40
41
Privatización completada en 1997
El 10% restante se vendió en 2001

Privatizaciones de 1996 a la actualidad

A partir del 28 de junio de 1996, tras la aprobación del llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, las privatizaciones fueron programadas con un carácter de globalidad y totalidad, a excepción de determinados sectores, como la minería del carbón, los ferrocarriles, la comunicación y algunas empresas de servicios públicos.

En ese periodo, salen totalmente del ámbito público unas 50 empresas, entre las que se encuentran las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica, siderurgia, etc.. También se vendieron 15 fincas de la empresa Expasa y participaciones minoritarias de otras sociedades.

La mayor parte de estas privatizaciones las realiza SEPI, a las que hay que añadir las ejecutadas, hasta su integración en esta Sociedad Estatal, por SEPPa y por la Agencia Industrial del Estado.

Los ingresos generados por las privatizaciones realizadas durante el citado periodo suman casi 30.000 millones de euros, de los que más de 22.000 millones corresponden a las operaciones de venta concretadas a través de OPV. Estos ingresos se aplicaron fundamentalmente a cubrir las necesidades operativas de las empresas del Grupo y a cancelar la mayor parte de la deuda histórica del INI.

Para la venta de estas empresas se aplicaron distintos métodos de privatización: ventas industriales, OPVs, ventas mixtas (Venta industria + OPV) y subastas.

  • Mediante OPV, se han privatizado, total o parcialmente (porque ya tuvieran parte del capital en Bolsa): Gas Natural, Telefónica, Aldeasa, Tabacalera, Endesa, Repsol, Argentaria, Red Eléctrica.
  • A través de ventas mixtas: Aceralia (47,1% para socios industriales, 52,8 en OPV), Ence (25% + 1 acción para socios industriales, 26% + 1 acción en OPV institucional), Iberia (40 %, socios industriales e institucionales, 54% en OPV), Indra (previa -en 1995- reordenación estructura accionarial -24,5 %- y OPV del 66,09%) y CASA (Acuerdo de integración de negocios con creación de EADS y simultánea OPV de este consorcio).
  • El método de subasta se aplicó a Comee, filial de Red Eléctrica, en aplicación de la Ley Sector Eléctrico, y para la venta de 15 fincas de Expasa.

En todas las empresas se privatizó la totalidad del capital público, excepto en los casos de green shoe no ejecutado en las OPVs, por obligaciones contractuales (CASA) o por imperativo legal (Red Eléctrica).

La privatización de Turbo 2000, completada en 2004, ha puesto fin a este periodo de 8 años en el desarrollo del plan de privatizaciones, cuya última gran operación de venta fue la del Grupo ENA (Empresa Nacional de Autopistas), en el año 2003.

Tras ese periodo, son pocas las empresas de SEPI que por su actividad pudieran ser objeto de venta, ya que la mayoría de ellas son sociedad con objetivos de interés públicos o de carácter instrumental, y algunas otras sometidas a planes de reconversión. Por ello, las privatizaciones han dejado de ser objetivo prioritario.

En este tiempo, SEPI ha concretado la venta de algunas pequeñas empresas, de las participaciones en Aldeasa, Altadis y Endesa, correspondientes a los green shoe de anteriores OPVs, y del 8,5% de Red Eléctrica, así como de activos de IZAR en Liquidación. Los ingresos obtenidos por estas ventas han alcanzado los 2.000 millones de euros.

Privatizaciones realizadas por SEPI, SEPPa y AIE

Año Empresa Sector % vendido Agente privatizador Comprador
1996 Repsol
Argentaria
Sagane
Gas Natural*
Sefanitro
Petróleo
Banca
Gas
Gas
Fertilizantes
11
24,83
91
3,81
52,6
SEPI
SEPPa
SEPI
SEPI
AIE
OPV
OPV
Enagas
OPV Instituc.
Fertiberia
1ª venta tras 28/06/96
Filial de AHV
1997 Sodiga*
Telefónica
Almagrera
Iongraf
Repsol
Surgiclinic Plus
Sodical
Auxini
Endesa
Aldeasa
Telefónica Int.*
Elcano
Ferroperfil
Barreras
Aceralia
Prom. Industrial
Comunicación
Minería
Aluminio
Petróleo
Prod. Médicos
Prom. Industrial
Construcción
Energía
Distribución
Comunicación
Transp. Marítimo
Aluminio
Const. Naval
Siderurgia
5
20,9
99,99
100
10
50
51
60
25,44
74,94
23,78
100
100
99,9
100
SEPI
SEPPa
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPPa
SEPPa
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Xunta Galicia
OPV
Navan Resources
Directivos
OPV
Grupo Hambros
Acc.-Caja Duero
OCP Construcc.
OPV
OPV
Telefónica
Gpo Marítimo Ibér.
Directivos
Grupo Barreras
Arbed y otros
Filial de InespalFilial de Santa BárbaraVendido 40% en 1996
Filial de Inespal
Filial Grupo Aesa
Venta industr. Y OPV
1998 Infoleasing
Argentaria
Inespal
Tabacalera
Endesa
Comesa
Inima
Productos Tub.
Enagás*
Grupo Potasas
Financiero
Banca
Aluminio
Tabacos
Energía
Eléctrico
Medio Ambiente
Siderurgia
Gas
Minería potasa
100
29,2%
99,66
50,43
30
100
100
100
9
100
SEPI
SEPPa
SEPI
SEPPa
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Leasing Catalunya
OPV
Alcoa
OPV
OPV
Subasta
Lain
Tubos Reunidos
Gas Natural
Iberpotash
Filial de Red Eléctrica
Filial de Cofivacasa
1999 Telefónica
Indra
Red Eléctrica
Icsa / Aya
Astander
LM Composites
Enatcar
Comunicación
Tc. Información
Energía
Composites
Const. Naval
Composites
Transporte
0,28
66,09
31,5
100
100
50
100
SEPPa
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Block trade
OPV
OPV
Masa
Italmar
LM Glasfiber
C. Alianza Bus
Filiales Santa BárbaraFilial de Santa Bárbara
2000 Sodican
Initec
Casa
COPE*
Prom. Industrial
Ingeniería
Aerospacial
Comunicación
10
100
99,28
2,42
SEPI
SEPI
SEPI
SEPPa
Com. Aut. Canarias
Tec. Reunidas
Integración Grupo
Cope
Constitución EADS
2001 Conv. Aluminio
Santa Bárbara
Iberia
Expasa^
Ence
Babcock Wilcox
Arsa / Austral
Impresión
Defensa
Transp. aéreo
Agricultura
Celulosa
Bienes de equipo
Transp. aéreo
100
100
88,2
fincas
51
100
99,1/90
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Alucoil
General Dynamics
Socios Ind. y OPV
Subasta
Socios Ind. y OPV
Babcock Borsing
Air Comet
Venta de 7 fincasTraspaso Austrian Energy
2002 Coosur / Olcesa
Química Estr.
Expasa^
Trasmediterránea
Aceites
Química básica
Agricultura
Trans marítimo
100/89,4
51
Fincas
95,24
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Consorcio Jaenoliva
Fertiberia
Subasta
OPA
Filiales de Al. y AceitesVenta de 8 fincas
2003 Ebro-Puleva*
ENA
Musini, S.A
. Musini Vida
Alimentación
Autopistas
Seguros
Seguros
4,24
100
98,07
100
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Inst. Hisp. Arroz
Consorcio Sacyr
Mapfre
Mapfre
Participación de Mercasa
Filial de Musini
2004 Turbo 2000 Aeronáutico 50% SEPI Sener Tenedora 53,1% ITP
2005 Aldeasa
Altadis
Clínica Castelló
Inisas
Navalips
Red Eléctrica
Sodicaman
Distribución
Tabacos
Sanitario
Seguro sanitario
Hélices barcos
Energía
Prom. Industrial
5,06%
1,93%
100
100
50
8,5
51
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
OPA (Retail Airp.)
Bought Deal
Mapfre
Adeslas
Wartsila Propuls
Bought Deal
J. Castilla La Mancha
Green shoe de OPV 1997
Green shoe OPV Tabacalera 1998
Participada AesaFilial de Sepides
2006 Wesser Eng.
Aresbank*
Sodiar
Izar Liquidación^
Ingeniería
Banca
Prom. Industr.
Const. Naval
100
7,34
51
Activos
SEPI
SEPI
SEPI
SEPI
Taim-TFG
Lybian Arab F. B.
Savia (Gob. Aragón)
Compañías navales
Participada por Aesa
Astilleros Sestao, Gijón y Sevilla
2007 Ionmed
Endesa
Esterilización Industrial
Energía
99,65
2,95
SEPI
SEPI
Ionisos
OPA Acciona-Enel
Filial de Enusa
Green Shoe OPV de 1998

(*) Ventas de participaciones minoritarias

(^) Ventas de activos

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noviembre 1, 2012

Nueva reforma de la Seguridad Social

Iturria: José Ramón Urrutia Elorza / Noticias de Gipuzkoa – 2012/10/29

El gobierno del PP, con las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario del día 27 de setiembre, prepara una nueva reforma de la Seguridad Social, que sería la décima desde la transición a la democracia, sin que la aprobada por los socialistas con los sindicatos UGT y CCOO como compañeros de viaje el pasado mes de julio del año 2011, haya prácticamente entrado aún en vigor.

Pocos meses después de la publicación de la última reforma en el Boletín Oficial del Estado, el Director del Departamento Europeo del FMI decía textualmente, anticipándonos lo que nos va a venir, “La reforma no es tan buena como las que hemos visto recientemente en otros países europeos”.

¿Qué aspectos más importantes puede contemplar la reforma anunciada?

1.-La modificación de las condiciones de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial.

Parece muy posible que en el nuevo texto se retrase el acceso a la jubilación anticipada desde los 61 años a los 63 años, sin las excepciones actualmente vigentes.

A fecha presente un trabajador puede jubilarse anticipadamente a los 61 años con una reducción de su pensión. A partir del 1 de enero de 2013, y con la reforma aprobada por el presidente Rodríguez Zapatero, la jubilación prematura solo se podrá conseguir a los 63 años, salvo para los despedidos por causa objetiva económica y en los casos de jubilación parcial por contrato de relevo, que mantienen la posibilidad de hacerlo a los 61 años.

El gobierno del PP, con la nueva reforma anunciada, pretende suprimir estas dos excepciones, y generalizar los 63 años como edad más temprana para acceder a la pensión de jubilación.

Poner más dificultades a la jubilación anticipada a los 61 años, afectará a los trabajadores que pierdan su empleo en edades elevadas.

En la actualidad un trabajador que sea despedido o que pierda su puesto de trabajo en edad superior a los 50 años, con la dificultad existente a la fecha y en un futuro próximo en el mercado laboral, el único camino posible, salvo una rápida readaptación profesional y ubicación en otro puesto de trabajo, es el de agotar el período de percepción tanto de la prestación por desempleo y del subsidio, si tuviera derecho a ello, como paso previo a la jubilación anticipada.

En el año 2011, a nivel estatal, se beneficiaron de la jubilación anticipada más de 110.000 trabajadores, casi el 40% de los que alcanzaron ese año la prestación de jubilación.

2.-La aceleración en la aplicación de los factores de sostenibilidad existentes en la reforma socialista.

La nueva renovación pretende revisar, en concreto acortar, los períodos transitorios establecidos en la anterior reforma, para elevar cuanto antes a 67 años la edad de retiro, dejando abierta la opción de los 70 años. En cuanto a los años de cotización los 37 años serán requisito imprescindible, pudiéndose ampliar hasta los 38,5 años.

En íntima relación con todo lo anterior, se intenta ampliar el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación superando los 25 años, y tendiendo hacia un alargamiento progresivo que contemple toda la carrera profesional del trabajador, como ya se viene utilizando en otras reformas llevadas a cabo recientemente en la UE. Este aspecto ya se anunciaba y se anticipaba en la última reforma aprobada. Además en función del aumento de la esperanza de vida del colectivo de pensionistas y beneficiarios, el sistema público irá exigiendo más años de cotización y actualizando las bases de cotización para conseguir la prestación de jubilación (sostenibilidad del sistema).

Por ahora, el período de carencia, mínimo exigido para tener derecho a pensión de jubilación, se mantendrá en quince años.

Todo lo anterior supondrá una rebaja sustancial e importante en la futura pensión del actual cotizante, con el único objetivo de frenar el déficit galopante del sistema público de pensiones.

3.- La rebaja de las cotizaciones y la subida de las bases máximas.

Parece ser, que la rebaja comprometida con los empresarios, para ayudar a la tan esperada recuperación del empleo, y que iba implicar una reducción en los ingresos por cotización por parte de los empleadores en los ejercicios 2013 y 2014, tal como se especificaba en el documento-programa remitido por el gobierno con fecha de agosto pasado a la Comisión Europea como compromiso de información a cambio de la prórroga de un año en la exigencia de reducción del déficit a una cuantía equivalente al 3% del PIB español, no se va a llevar a efecto.

Por otro lado, el gobierno del PP va a proponer que la base máxima de cotización para los trabajadores por cuenta ajena se incremente en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, así mismo el ejecutivo subirá también en ambos años un punto adicional a la variación del IPC la cuantía de la pensión máxima. Este último aspecto no se había contemplado ni modificado desde hace muchos años en las reformas llevadas a cabo.

Las bases de cotización en el régimen de la Seguridad Social están topadas en 3.230 euros/mes, y un colectivo importante de trabajadores de cierta cualificación, responsabilidad y con salarios superiores queda exento de cotización. Con la elevación de la base mensual se intenta incrementar los recursos del sistema público. En la actualidad solo el 4% de los aportantes totales cotiza sobre la base máxima.

Además el ejecutivo del PP, salvo imprevisto de última hora, también se propone llevar a cabo un incremento adicional de un punto en la base mínima de cotización de todos los trabajadores autónomos.

Como colofón, es intención de la Administración del Estado completar a su cargo la financiación de los COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE LAS PENSIONES (contribución para aquellos que no han llegado a cotizar el mínimo requerido), lo que supone en realidad adelantar el compromiso adquirido en el Pacto de Toledo, y aliviar a la Seguridad Social, a sus cotizantes y pensionistas, de una carga y un compromiso que nunca debieron de haber financiado, ya que es un gasto social que siempre debía de haber sido soportado por el Presupuesto del Estado, y con cargo a los impuestos recaudados. En algo se aliviará el déficit de la Seguridad Social.

octubre 17, 2012

Fraude sistemático en la contratación de Lanbide

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/17

Los juzgados han resuelto las primeras 8 reclamaciones, de las 30 que ELA tiene interpuestas contra los procesos de adjudicación temporal de plazas. En todas ellas condenan al Gobierno Vasco por arbitrariedad en los procedimientos y declara nulas todas las adjudicaciones realizadas en dichos procesos.

Por otro lado la Inspección de Trabajo ha levantado sucesivas actas de inspección ratificando el fraude en la contratación de otro centenar de trabajadores y trabajadoras de LANBIDE, instando al Gobierno Vasco a que regularice la situación de los mismos, modificando sus contratos y convirtiéndolos en indefinidos de modo inmediato. El G. V. se resiste y está obligando a los afectados y afectadas a acudir al juzgado para lograrlo.

Tenemos que recordar, una vez más, que LANBIDE continúa sin Relación de Puestos de Trabajo, persistiendo en la más absoluta ilegalidad y desorganización, habiendo hecho caso omiso a las repetidas exigencias que desde el Parlamento se han efectuado al Gobierno, instándole a que dote al Organismo de la citada RPT.

Esta actitud del Gobierno se traduce en que la mitad de la plantilla de LANBIDE tenga un contrato temporal. Además, conlleva la subcontratación de trabajadores y trabajadoras a empresas como Indra (cuando lo que se debería hacer es contratar personal de las bolsas de Gobierno Vasco) por un salario que roza el Salario Mínimo Interprofesional, dejando la gestión del dinero público destinado a la Renta de Garantía de Ingresos en manos privadas, sin absoluto control.

Por último, queremos poner en conocimiento de la opinión pública que existen varias denuncias por mobbing en LANBIDE. Entendemos que la situación laboral creada es el caldo de cultivo propicio para que esas prácticas se puedan extender.

La dirección de LANBIDE, la Consejera y el Viceconsejero de Empleo, el Director y el Viceconsejero de Función Pública, el Consejo de Administración de LANBIDE (del que forman parte activa responsables de Confebask, UGT y CCOO), son responsables directos, por acción o por omisión, de la constante vulneración de los derechos laborales que se han producido y se siguen produciendo en LANBIDE desde su creación.

Es una evidencia que los responsables del Gobierno han pretendido evitar cualquier control en LANBIDE; así lo procuraron desde su creación y por y para eso lo constituyeron como Ente Público de Derecho Privado; a pesar de su transformación en Organismo Autónomo han seguido actuando como si de su cortijo se tratara, despreciando las normas de modo cada vez más burdo, hasta convertir en práctica habitual la adjudicación y/o modificación de plazas por la vía de los hechos, al margen de cualquier procedimiento, haciendo de este modo imposible, incluso, la denuncia de los hechos ya que no disponemos de registro de tales actuaciones.

Es absolutamente inadmisible que siendo LANBIDE el organismo Público responsable del Empleo, sea un gran defraudador en las condiciones laborales de sus propios trabajadores y trabajadoras. ¿Qué garantías tendremos el resto de trabajadores y trabajadoras de que se nos asesore y oriente de modo adecuado, si el personal encargado de hacerlo no tienen los mínimos ni de estabilidad, ni de garantías administrativas, ni de seguridad…?

Exigimos responsabilidades políticas a todas las personas que ocupan los puestos antes citados porque han defraudado no sólo al personal de LANBIDE, sino a toda la sociedad.

Es urgente tomar medidas, es urgente cambiar a los responsables de este desaguisado, pero sería necesario también que respondiesen por sus acciones y omisiones, por lo que vamos a poner en conocimiento de la fiscalía todos los hechos denunciados. Entendemos que es la manera de evitar que se sigan despreciando las leyes que ellos mismos aprueban, los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y, en definitiva, lograr la eficiencia del servicio desde los principios de imparcialidad y objetividad.

El sindicato ELA con el apoyo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de LANBIDE va a seguir movilizándose y denunciando estos hechos tan graves para lograr que el Gobierno Vasco y la Dirección de LANBIDE respeten los derechos de sus propios trabajadores y trabajadoras.

ELA criticado, también, los Planes de Empleo Comarcales y zonas deprimidas aprobados por el Consejo de Administraciòn de Lanbide.

Leer documento

octubre 17, 2012

Iruzur sistematikoa Lanbidek egiten dituen kontratazioetan salatu du ELAk

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/17

Epaitegiek dagoeneko ebatzi dituzte ELAk aldi baterako lanpostuak esleitzeko prozesuen aurka jarritako 30 erreklamazioetatik zortzi. Guzti-guztietan Eusko Jaurlaritza kondenatu dute prozeduretan izandako arbitrariotasunagatik, eta prozesu horietan egindako esleipen guztiak baliogabetzat jo dituzte.

Bestalde, Lan Ikuskaritzak hainbat ikuskapen-akta egin du, eta LANBIDEko beste ehun bat langileren kontratazioan iruzurra egon dela baieztatu du. Akta horietan Ikuskaritzak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio langile horien egoera erregularizatzeko, alegia, lan-kontratuak eraldatu eta mugagabeak egiteko. Eusko Jaurlaritzak bereari eutsi eta interesdunak epaitegietara jotzera behartzen ari da.

Gogorarazi nahi dugu, beste behin ere, LANBIDEk ez duela oraindik ezarri bere lanpostu-zerrenda (LPZ), eta ezaguna den bere antolaketarik ezari ilegaltasuna ere gehitu behar zaiola, nahiz eta Legebiltzarrak behin baino gehiagotan aipaturiko LPZ ezartzeko exijitu dion.

Jaurlaritzaren jarrera horren ondorioz, langileen erdiak aldi baterako kontratua dauka. Eta ez hori bakarrik: kanpoko langileak kontratatzera jotzen dute (Indra bezalako enpresetara), Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren pareko soldatak ordainduz, eta RGIrentzako diru publikoaren kudeaketa esku pribatuetan uzten dute, inongo kontrolik gabe. Eta hori guztia egiten dute jakinda zer egin behar duten: Eusko Jaurlaritzako lan-poltsetako pertsonala kontratatu.

Azkenik, iritzi publikoari jakinarazi nahi diogu dagoeneko hainbat salaketa jarri direla LANBIDEn, mobbinga dela eta. Gure ustez, sorturiko lan egoera haztegia egokia da praktika horiek zabal daitezen.

LANBIDEn bere sorreratik bertatik gertatzen ari den lan-eskubideen urratze sistematikoaren errudunak –egitez edo ez-egitez– ezagunak dira: LANBIDEko zuzendaritza, Enpleguko sailburua eta sailburuordea, Funtzio Publikoko sailburuordea eta zuzendaria eta LANBIDEko Administrazio Kontseilua (ez ahaztu bertan Confebask, CCOO eta UGT daudela).

Begi-bistakoa da Jaurlaritzaren arduradunak saiatu direla kontrolak saihesten LANBIDEn bere sorreratik; horretarako Zuzenbide Pribatuko Ente Publiko gisa eratu zuten, eta, nahiz eta Erakunde Autonomo bihurtu, berdin jarraitu dute, haien txiringitoa izango balitz aritu dira: legediari itzuri egin diote eta ohitura bihurtu dute lanpostuak esleitzea edo aldaraztea, inongo lege-prozedurarik errespetatu gabe. Horrela, egindako bidegaberiak salaketa ere galarazi digute, haien jarduketen erregistroa ere ez baitaukagu.

Erabat onartezina da LANBIDE izanik enpleguaren ardura duen erakunde publikoa, bere langileen lan-baldintzen iruzurgilerik handiena izatea. Zer nolako bermerik izango dugu gainerako langileok ondo aholkatuak izateko, horretaz arduratzen diren langileek ez badute ez gutxieneko egonkortasunik, ez administrazio-bermerik ezta segurtasunik ere?

ELAk erantzukizun politikoak exijitzen dizkie gorago aipaturiko pertsona eta erakunde guztiei, iruzurra egite dietelako bai LANBIDEko langileei bai gizarte osoari.

Premiazkoa da neurriak hartzea, premiazkoa da bidegabekeria honen arduradunak aldatzea; baina beharrezkoa litzateke, aldi berean, egindakoagatik —edo ez-egindakoagatik— erantzutea. Hori dela eta, fiskaltzaren esku jarriko ditugu salatutako egintza guztiak. Gure ustez, hori da modu bakarra bukatzeko legeekiko mesprezuarekin —beraiek onarturiko legeak— eta langileen eskubideei egiten dieten iruzurrarekin. Horrela, finean, zerbitzu publikoaren efizientzia defendatzen dugu, beti ere objektibotasunetik eta inpartzialtasunetik.

ELA sindikatuak, LANBIDEko langile guztiekin batera, jarraituko du mobilizatzen eta gertaera larri hauek salatzen, Eusko Jaurlaritzak eta LANBIDEko zuzendaritzak beren langileen eskubideak errespeta ditzaten lortzeko.

Bestalde, Eskualde mailako eta inguru deprimituetarako Enplegu-Planen bilakaera salatu du ELAk.

Irakurri txostena

agosto 30, 2012

ELA Ertzaintza cree “irresponsable” la marcha de Ares, al que acusa de “abandonar el barco”

Iturria: El Correo / Europa Press – 2012/08/30

Ha asegurado que, en términos generales, la legislatura de el consejero se ha caracterizado por “los recortes para los trabajadores”, así como por una “mala gestión”

La responsable de ELA Ertzaintza Gala Paulogorran ha calificado de “irresponsable” la decisión de Rodolfo Ares de dejar el Departamento de Interior para coordinar la campaña electoral del PSE y le ha acusado de “abandonar el barco” porque “el trabajo no está terminado”.
Paulogorran ha asegurado que, en términos generales, la legislatura de Ares se ha caracterizado por “los recortes para los trabajadores”, así como por una “mala gestión”.
“Los cursos, comisiones, plazas, todo aquello que han sacado, ha sido con trabas y sacando puntilla a todo”, ha explicado. Como consecuencia, ELA cree que el servicio a la ciudadanía “se ha visto mermado” porque “cuando se corta, se reduce la calidad”.
Además, ha censurado que haya dejado su cargo institucional “por intereses partidistas”, en una actitud “irresponsable total” para los ciudadanos y la propia Ertzaintza, a la que “deja embarrada con unas comisiones de servicios que no hay por donde cogerlas”. La responsable sindical ha advertido a Ares de que “el trabajo no está terminado” por lo que su decisión supone “abandonar el barco”.
Paulogorran ha acusado al todavía consejero de “no haber dado ni agua” a ELA Ertzaintza durante su mandato, pese a haber solicitado reuniones o información, actitud que no ha mantenido con “sindicatos más afines”. “A nosotros, ni agua”, ha lamentado.
ELA ha reiterado que “queda trabajo que hacer, hay muchos temas por cerrar, por lo que es una actitud irresponsable con la Ertzaintza y la sociedad”.
agosto 30, 2012

Deuda privada, pública y social

Iturria: quiendebeaquien.org – 2012/08/24

Artículo de Alfredo Serrano, doctor en Economía y coordinador de América Latina de la Fundación CEPS. Publicado en el semanario de economía del periódico ecuatoriano El Telégrafo el 13/08/2012

El neoliberalismo es una construcción hegemónica en múltiples ámbitos de la vida, también en la economía. Cuando se habla de deuda, ésta sólo puede ser de un color. La deuda está condenada a ser circunscrita a lo financiero. La deuda sólo puede ser aquella que poseen los acreedores internacionales y que debe cobrarse aunque sea menoscabando a las grandes mayorías. La deuda privada ha de pagarse aunque sea a costa de más deuda social. Para la integración neoliberal de la Unión Europea, y para su instrumento bipartidista en buena parte de la periferia, la deuda social no tiene ni por asomo la misma importancia que lo adeudado a buena parte de la oligarquía financiera. La deuda social, no importa, no existe, no precisa ser saldada.

En España, antes que llegara esa tormenta llamada crisis, la deuda era mayoritariamente privada. El modelo económico elegido por el bipartidismo español, por ejemplo en el periodo 1998-2007, se dedicó a crecer en base a una deuda privada exacerbada, y a una política presupuestaria que priorizaba el pago a los acreedores privados de toda tenencia de deuda pública. Es así como se obtiene, en el año 2007, una deuda pública española del 36% del PIB. Por el contrario, la deuda privada española crecía del 100% al 200% en menos de ocho años, alcanzando así el oro olímpico como velocista de deuda privada, muy por encima del medallista dominante en estos avatares, Estados Unidos, que para conseguir esa marca necesitó 22 años. Ser campeón en esta modalidad requiere jugadores con mucho entrenamiento, pero esencialmente, exige que haya árbitros y jueces que toleren e incluso premien estas prácticas de crear riqueza ficticia en base a pilares crediticios insostenibles. La deuda privada no es per se el problema, sino cómo se usa, y cómo se puede crear (y distribuir) riqueza real, permitiendo a su vez ir pagándola sin necesidad de endeudarse socialmente.

La política económica, pactada por el régimen bipartidista español, se basaba -en resumidas cuentas- en una triada neoliberal: a) esta financiarización de la economía sin base productiva que hacía aumentar el PIB gracias a la burbuja inmobiliaria y financiera sin cambiar la base estrecha de la economía (el turismo), b) mínimo gasto social (de los más bajos de la UE) para conformar un estado de bienestar aparente, y c) política tributaria que exonera a las grandes fortunas, recauda a partir de las clases medias, y realza la imposición indirecta condenando a las clases más populares a mayor sacrificio tributario. El resultado es de conocimiento de todos. La fiesta duró lo que el capital financiero de los países centrales europeos habían decidido que dure. La deuda privada era excesivamente alta, sin capacidad de generar ingresos para su propio pago, y entonces, comenzó a tambalear la arquitectura que sostiene las ganancias de la oligarquía financiera mundial.

Durante esos años, nadie de la super-estructura hegemónica se preocupó por ningún ratio acerca de la deuda privada. Los criterios de convergencia de la UE eran nominales, nunca reales; y dentro de éstos, sólo se atendía a la deuda pública. Jamás a la deuda privada. Mucho menos a la deuda social. Ni el Banco Central Europeo, ni FMI, ni Comisión Europea, ni gobierno español, se llamara Partido Socialista o Partido Popular, nadie, absolutamente nadie, se dedicó a poner restricciones en el endeudamiento privado en España. La sacrosanta economía de mercado se regula así mismo con manos cada vez más invisibles, no necesita nadie que le diga nada acerca de cuánto o cómo debe endeudarse. Lo público, ya es otra cosa. Mejor pongamos un ratio por si acaso. Y de deuda social, mejor ni hablar aunque sea la propia constitución liberal del 78, la pactada en la transición hacia una democracia coartada, la que diga en su artículo 1, literalmente que “los problemas sociales deben ser resueltos por el Estado”. No obstante, la deuda privada tampoco es mayoritariamente de las familias como se suele afirmar intencionadamente para culpabilizar a éstas del mal de todos los males. Tres cuartas partes de la deuda privada pertenece a muy pocas empresas (menos del 1% tiene el 95% de la misma).

He aquí cuando el neoliberalismo usa el sector público. Porque es enfáticamente mentira que el neoliberalismo haya hecho desaparecer lo público, ni haya desregulado. Las políticas neoliberales privatizaron todo lo rentable, y proponen un sector público corporativo que salve a algunos poderes económicos cuando las vacas comiencen a ser flacas. No titubea en regular a favor de la gran minoría, y en este caso, conformó grandes autopistas que disfrazaban a la deuda privada como pública. A veces, disimuladamente con ayudas y subvenciones o exenciones. Otras veces, por vía directa, con salvataje bancario que garantiza con deuda pública el saneamiento de los activos tóxicos que no podían sostener la deuda privada. Así, en pocos años, después de una suerte de keynesianismo regresivo, o dicho de otro modo, un intervencionismo corporativo a favor de una minoría, la deuda pública crece y crece y sigue creciendo. Y en sólo cuatro años, se duplica, ya pasa a estar por encima del 80% del PIB, superando así los ratios establecidos por el mismo poder económico. La deuda privada procura seguir pasando desapercibida, y si alguien dice algo, lo más cómodo: la culpa es de las familias.

Los poderes económicos ordenan una transición para España donde el centro del huracán es la deuda pública. La privada no interesa porque es culpa de ellos mismos. Y la social, menos porque es la que padecen las grandes mayorías. La única prioridad es pagar la deuda pública que además está en manos de esa gran banca europea. De nuevo, el FMI, el dependiente Banco Central Europeo, los tecnócratas, toda la plutocracia y el gobierno español, centran toda su atención en esta deuda, como si la deuda social no tuviera ninguna importancia para la gran mayoría. ¿Qué carajo importa la deuda laboral, la deuda habitacional, la deuda sanitaria, la deuda educativa, o la deuda histórica del franquismo?

Ecuador mostró otro camino. Lo primero fue la decisión política de revisar otra decisión política, no técnica: contratar deuda ilegítimamente. Se optó por saldar la legítima, la deuda social. La pobreza se redujo, las desigualdades, el desempleo, el subempleo sigue siendo alto pero también disminuyó. Todavía resta mucho para cambiar el régimen de acumulación hacia otro más distributivo, pero el camino queda mucho más allanado cuando las necesidades inmediatas se van resolviendo. La deuda pública también se redujo pero con una estrategia más digna e inteligente. La amenaza creíble de no pagar deuda ilegítima provocó que los cobardes acreedores aceptaran un pago por el 30% de su valor inicial (ilegitimo). La deuda pública se fue pagando, pero la deuda social ha sido el eje de una nueva manera de hacer política. Esto, que parece tan complicado, sólo se consigue si las mayorías deciden hacerlo. Esto es la política.

agosto 28, 2012

El reino de España sangra a su población para salvar sus bancos privados

Iturria: Jérome Duval – ATTAC-CADTM País Valencià – 2012/08/28

Bankia, caso emblemático de la crisis bancaria española

El rescate de BFA-Bankia, via nacionalización de sus pérdidas y activos tóxicos, seguido de una demanda histórica de ayuda publica de 19.000 millones de euros (23.500 millones en total con las ayudas ya recibidas), ha precipitado a España en una histeria política, cuyo pulso es batido por la tensión financiera de los plazos que marcan los acreedores. El anuncio del gobierno de Rajoy el pasado 9 de junio de 2012 de un plan de rescate,- que antes había rechazado-, de hasta 100.000 millones de euros (entorno al 10% del PIB), destinado a sanear el conjunto del sector financiero español, puso a los mercados y las instituciones financieras internacionales bajo tensión. Las reuniones del eurogrupo, del G-20 o las videoconferencias, se suceden desde Roma, Washington, París o Bruselas sin lograr calmar el furor de los especuladores, embravecidos en el mercado de deuda. Durante ese tiempo, la ciudadanía sufre nuevas medidas antisociales, hundiéndola en una precariedad cada vez más extrema.

En el meollo de esta crisis está BFA-Bankia, cuarto banco del país en términos de capitalización bursátil, con 10 millones de clientes y alrededor de 380.000 accionistas. Bankia representa el 10% del sistema financiero español. Sin duda es el banco más expuesto a los créditos inmobiliarios de alto riesgo, por lo que está considerado como un banco “sistémico”: su quiebra podría arrastrar al conjunto del sector bancario y seguidamente, a toda la economía del país. Bankia, o más exactamente BFA-Bankia, nació a finales de 2010 y es el fruto de un inteligente conglomerado que permite aislar los activos inmobiliarios problemáticos de las siete cajas de ahorros reagrupadas en el seno de su matriz BFA (Banco Financiero y de Ahorros). Ésta, ayudada por el Estado, opera como el “banco malo” de Bankia. El Estado avala la montaña de activos inmobiliarios dudosos reunidos en BFA mientras que su filial Bankia, desembarazada de tan pesada carga, intenta atraer capital de pequeños inversores para su salida a bolsa. El objetivo está claro: transferir los riesgos resultantes de la burbuja inmobiliaria, del sector privado al público. Contribuyentes, clientela perjudicada y pequeño accionariado en riesgo a causa de las recomendaciones irresponsables de la banca, quedarán directamente afectados; pero aún más ampliamente, la población española en su conjunto sufrirá de nuevo el lastre de una deuda privada devenida pública. Se trata de nuevo de una excelente oportunidad para los banqueros,-responsables de inversiones de alto riesgo que han desembocado en pérdidas astronómicas-, de salvar sus apuestas indecentes.

Los sucesivos gobiernos de Zapatero (PSOE, izquierda liberal) y de Rajoy (PP, derecha liberal creada por el franquista Manuel Fraga), escogen socorrerles desembarazándoles del riesgo insostenible derivado de la burbuja inmobiliaria e inyectando dinero cargado directamente a los presupuestos del Estado, en detrimento de sectores vitales como la protección social, la educación, la sanidad o aún la lucha contra los incendios. Dado que el Estado se endeuda para sanear la banca, los recortes presupuestarios que afectan al estado del bienestar son decretados ineludibles para lograr reducir el déficit ocasionado. He aquí la trampa que queremos denunciar. BFA-Bankia, que ha sido criticada además por contar entre sus directivos1 con antiguos miembros activos del Partido Popular, sobre todo de la antigua Caja Madrid,- actualmente integrada en BFA-, representa un caso de escuela que mezcla políticos y banqueros al servicio de las finanzas.

BFA, el “banco malo” de Bankia

A raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, la reestructuración del sector bancario ha provocado que el número de cajas de ahorro pase de 45 a una quincena desde principios de 2011. En consecuencia, además de los cierres de sucursales y los consiguientes despidos, el capital ha quedado concentrado en las manos de enormes entidades consideradas “too big to fail” (“demasiado grandes para caer”). Sólo dos pequeñas cajas escapan a la fusión: Caixa Ontinyent y Caixa Pollença.

BFA (Banco Financiero y de Ahorros) nace el 3 de diciembre de 2010 y comienza a operar en enero de 2011. Esta nueva entidad es el fruto de la fusión de siete cajas de ahorro regionales, minadas por una burbuja inmobiliaria que no acaba de desvelar la profundidad de la crisis: se trata de Caja Madrid y Bancaja que detentan la mayoría del accionariado (52,06% y 37,70% respectivamente), a las que se incorporan Caja de Canarias (2,45%), Caja de Ávila (2,33%), Caixa Laietana (2,11%), Caja Segovia (2,01%) et Caja Rioja (1,34%). Más allá del Banco de España y los altos responsables de Bankia, el gobierno socio-liberal de Zapatero tiene la responsabilidad de haber autorizado y alentado tal fusión. A final de 2010, el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)2, el fondo público de ayuda al sector, otorga un préstamo de 4.465 millones de euros a BFA, la matriz de Bankia, y abre así la vía a la nacionalización de la banca. Esta operación tenía como objetivo sanear las cuentas de las cajas de ahorros reagrupadas en el seno de la nueva entidad. Pero ello se revelará insuficiente.

Señalemos además que BFA posee participaciones en Concesiones Aeroportuarias (7,86%), Deoleo (9,63%), Desarrollos de Palma (10,38%), Ejido Desarrollos Urbanos (7,34%) Grupo Inmobiliario Ferrocarril (10,17%), Haciendas Marqués de la Concordia (8,47%), IAG (12%) Mercavalor, Sociedad de Valores y Bolsa (10,48%), NH Hoteles (9,22%), Numzaan (7,41%), Mapfre (15%) e Iberdrola (5,27%).3

La exposición de los acreedores, principalmente en el sector bancario español, acumulaba a fines de 2011, según declaraciónes del Banco de España, entre 176.000 y 184.000 millones de euros de activos inmobiliarios problemáticos. BFA, que a juzgar por sus propias cuentas, es la más expuesta al sector inmobiliario, a la altura de 37.500 millones de euros a finales de 2011, de los que 31.798 millones son activos inmobiliarios problemáticos (créditos con riesgo de no ser reembolsados), cierra su primer año de ejercicio con las mayores pérdidas de la historia de la banca española. Tras haber declarado beneficios de 309 millones de euros en 2011 bajo la gestión de Rodrigo Rato, BFA anuncia un saldo negativo de 439 millones, antes de reconocer finalmente,-ya tras la marcha del ex dirigente del FMI-, haber acumulado 3.318 millones de euros en pérdidas durante 2011. Si añadimos las pérdidas ocasionadas por la depreciación de los títulos en bolsa, esta suma sobrepasaría los 7.263 millones de euros.4 El shock es tanto más importante cuanto que Zapatero y el Banco de España habían incitado vivamente a numerosas empresas del IBEX 35 a comprar sus acciones, con una inversión próxima a los 3.000 millones de euros.5

Esta gestión desastrosa del banco, no impidió a su presidente director, Rodrigo Rato, embolsarse 2,34 millones de euros de salario fijo, ni a Francisco Verdú, su consejero delegado, de ser remunerado con 1,57 millones en 2011.6 (Por haber llegado durante el año, no percibe la totalidad de su retribución anual de 2,26 millones). Jose Luis Olivas, vicepresidente de Bankia antes de dimitir y aún hoy presidente de Bancaja, ha recibido 1,62 millones de euros en 2011. Finalmente, José Manuel Fernández Noriella, que reemplazó a Olivas, ha cobrado 725.000 euros ese mismo año 2011. Esto no son más que remuneraciones fijas, en las que no se incluyen por tanto las posibles remuneraciones variables o aquellas percibidas como administradores de otras empresas.

Por tanto, se distribuyeron sumas colosales antes de que la banca solicitara fondos públicos para ponerse a flote. En febrero de 2012, una nueva ley7 limita a 600.000 euros de remuneración fija los salarios de los directivos de entidades que hayan recibido dinero del Estado. Una medida insuficiente y muy tardía si consideramos que los miembros del consejo de administración de BFA, que recibió 4.465 millones de ayudas públicas a través del FROB, se repartieron entre enero y noviembre de 2011, más de 9 millones de euros.8 Es necesario privatizar las pérdidas urgentemente, haciendo pagar a los responsables que tanto se aprovecharon y no socializarlas como hace el gobierno; es más que hora de poner el sector bancario bajo control público sin que por ello el Estado deba asumir el coste de la operación. Son los grandes accionistas quienes deben asumir los gastos y los directivos deben ser perseguidos por la justicia a fin de determinar sus responsabilidades en la debacle.

Rodrigo Rato se provee de un paracaídas dorado antes del crash de Bankia

Bankia sale a bolsa el 20 de julio de 2011. Rodrigo Rato, exministro de economía y vicepresidente económico de Jose María Aznar cuando se producía el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, antiguo director del FMI y presidente de Bankia, toca la campana con orgullo a la apertura de la Bolsa ese día. La acción vale 3,75 euros y todo va bien en el mundo de las finanzas desregularizadas que goza de un nuevo producto sobre el que apostar. El 7 de mayo de 2012, la acción se cambia a 2,37 euros (o sea un hundimiento del 37% en diez meses) y, como en el FMI en 2007, Rodrigo Rato presenta su dimisión antes de finalizar su mandato. Será reemplazado dos días después (el 9 de mayo) por José Ignacio Goirigolzarri con el consejo del propio Rato, que lo señala como “la mejor persona en este momento para dirigir este proyecto”. Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresionales) y consejero de Bankia, afirmaba a su vez que “el trabajo de Rato ha sido ejemplar”.9

El escándalo Goirigolzarri

Antes de retomar el control de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri ha ocupado, entre otros, el puesto de vicepresidente de Repsol (abril 2002-abril 2003) y Telefónica (abril 2000-abril 2003) ocupando asiento en el consejo de administración hasta 2003, prosiguiendo su larga carrera de 30 años en el seno del segundo banco español, BBVA, donde percibía cerca de 4,6 millones de euros al año (salario fijo y remuneración variable). Ha sido también consejero de BBVA-Bancomer (México), Citi Bank (China) y de CIFH (Hong Kong) durante este periodo. En septiembre de 2009, en pleno debate internacional sobre la limitación de salarios y bonus, deja su puesto en el BBVA con una jubilación anticipada cercana a los 3 millones de euros brutos al año. Mientras la crisis se extendía violentamente por Europa, ¡cobra de golpe 68,7 millones de euros!10 A pesar del escándalo ocasionado, nada cambia en el seno de la banca: dos años después, en 2011, Francisco González, presidente de BBVA y Ángel Cano, consejero delegado, perciben una remuneración total de 4,9 millones de euros y 3,6 millones respectivamente. Ese año, el comité de dirección recibió en total 9,35 millones de euros de remuneración fija y 14,2 millones de remuneración variable11.

Nacionalización del banco malo

Nada más llegar a Bankia, Goirigolzarri propone la toma de control de BFA por el estado. El gobierno responde rápidamente que aportará el capital necesario para el saneamiento y controlará así el 100% de BFA. El Estado se convierte el accionista mayoritario de esta entidad, que detentaba entonces más del 45% de participación en Bankia y desde el mismo momento entra en el capital de las sociedades de las que BFA es también accionista.

Así, algunos días después de la dimisión de Rodrigo rato, el FROB decide transformar los 4.400 millones de euros inyectados a finales de 2010 bajo la forma de participaciones preferentes convertibles a 5 años en simples acciones. En efecto, como nos explica Mikel Barba: “Estas participaciones están sujetas al pago de intereses y deben ser recompradas por la entidad en un período de cinco años. En caso de que la entidad no pueda devolver el dinero aportado en cinco años, las participaciones se convierten en capital con lo cual el Estado pasa a ser propietario de una parte -o de la totalidad- de la sociedad. (…) El FROB reconoce que no va a recuperar en un plazo de cinco años el dinero que colocó en las preferentes de BFA, por lo que decide convertirlas en capital. Pasa de ser un acreedor de la empresa a ser el propietario12.”

El 25 de mayo, después de que la agencia de calificación Standard & Poor´s anunciara la degradación de la nota de Bankia y otros cuatro bancos españoles a rango de inversión especulativa, la cotización de los títulos de Bankia fue suspendida mientras su consejo de administración trata de determinar el montante de la nueva ayuda requerida. BFA-Bankia, que había recibido ya 4.400 millones de euros en dinero público del FROB, solicita finalmente 19.000 millones de euros suplementarios al Estado. Ello marca de hecho, la más grande operación de salvamento del sector financiero de la historia española. La nacionalización de la banca al borde de la quiebra viene así a sumarse a la larga lista de aquellas ya realizadas desde el inicio de la crisis, tanto en España (Catalunya Caixa, NovaGalicia Caixa, Banco de Valencia, sin contar las otras entidades que habían percibido inyecciones de dinero, como Caja Castilla la Mancha, Cajasur, o la CAM), como en el extranjero. A título de ejemplo, la banca franco-belga-luxemburguesa Dexia ha sido rescatada de la quiebra en dos ocasiones y la operación ha costado 18.000 millones de euros a los contribuyentes13.

Mariano Rajoy ha asegurado que el salvamento de Bankia no tendría ningún impacto sobre el déficit público del país, que se había comprometido a reducir del 8,9% al 5,3% del PIB este año 201214. Sin embargo nada es menos seguro que esto y durante los primeros cinco meses del año 2012 (de enero a mayo), el déficit del Estado ha alcanzado ya el 3,4%, con un aumento del 30,6% en relación al mismo periodo del año anterior.

Durante ese tiempo, prosigue el hundimiento de los títulos de Bankia. El 20 de junio de 2012, la cotización alcanza los 80 céntimos de euro, o sea una pérdida de 80% desde su salida a bolsa. Igualmente, el anuncio del eurogrupo el 9 de junio de 2012 de una inyección que podría alcanzar los 100.000 millones de euros,- muy por encima de los 37.000 millones estimados necesarios por el FMI15 y de los 62.000 millones de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger-, no ha beneficiado a Bankia, que es la única entidad financiera del Ibex 35 que ha registrado una caída de su capitalización bursátil desde esta fecha hasta el 30 de junio. Los títulos han perdido 9,80% durante este corto periodo, mientras los demás bancos registraban ganancias tras la euforia provocada por el anuncio del rescate16. El 17 de julio, los títulos caían a 0,59 euros, su mínimo, antes de remontar en agosto ante la proximidad de una inyección inminente de capital europeo, del que Bankia sería el primer beneficiario. La salida a bolsa es un fiasco soportado por los pequeños inversores que ven sus depósitos reducidos a nada, mientras los grandes inversores, bien informados, huían de la debacle.

En un texto escrito en 201017, David Hall afirmaba que la crisis financiera y económica es el resultado de préstamos insostenibles y de la creación de formas complejas de deuda por los bancos. Desde la quiebra en septiembre de 2008 de Lehman Brothers, los Estados Unidos y otros gobiernos decidieron, tras decenios de privatizaciones, salvar los bancos nacionalizándolos o inyectando capital para recuperar su solvencia. No nos engañemos, el Estado queda en general, fuera de la gestión, que se mantiene en manos de banqueros. No se trata de una debilidad del capitalismo, sino al contrario de una maniobra para reforzarlo socializando las pérdidas, antes de volver a privatizar el establecimiento, viable de nuevo gracias al saneamiento. El FMI describe esto como “una transferencia de riesgo sin precedentes del sector privado al público18.”

Traducido por Mireya Royo.

Notas

(1) Ver la lista detallada: http://www.diarioelaguijon.com/noticia/2098/DENUNCIA-CIUDADANA/Las-redes-sociales-denuncian-la-lista-de-familiares-y-miembros-del-PP-colocados-en-Bankia.html

(2) La constitución del FROB, aprobada por el Parlamento el 8 de junio de 2009 y desarrollada por el Real Decreto de 26 de junio del mismo año (RD 9/2009), trata de socorrer a los bancos debilitados por su exposición al sector inmobiliario y en crisis desde el estallido de la burbuja en 2008. El fondo público de ayuda al sector financiero (FROB) controla hoy día NovaGalicia, CatlunyaCaixa, Banco de Valencia y Bankia. Su capital de 9.000 millones de euros, proveniente de los presupuestos del Estado se agota a finales de 2011, y de ahí el interés suscitado por el rescate europeo en cuanto a la amplitud de las sumas necesarias

(3) http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/09/economia/1336577121.html

(4) http://www.elconfidencial.com/economia/2012/05/28/bfa-eleva-a-7263-millones-sus-perdidas-en-2011-las-mayores-de-la-historia-de-la-banca-98908/ y Reuters, 29 mayo 2012,http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE84S02120120529

(5) “Bankia y el fiasco de la política”El País, 1 julio 2012.

(6) El País, 7 mayo 2012, http://economia.elpais.com/economia/2012/05/07/actualidad/1336412114_356055.html

(7) Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. Titulo IV,http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1674.pdf

(8) http://www.elconfidencial.com/economia/2012/02/16/bfabankia-reparte-9-millones-entre-sus-consejeros-antes-de-la-limitacion-de-salario-92727/

(9) « el trabajo de Rodrigo Rato ha sido ejemplar » en « La situación de Bankia no es tan desesperada »ABC Punto Radio, 08/05/2012, http://www.abc.es/20120507/economia/abci-bankia-situacion-desesperada-201205072233.html

(10) “Goirigolzarri, el ejecutivo de la pensión millonaria en el BBVA”El País, 7 mayo 2012,http://economia.elpais.com/economia/2012/05/07/actualidad/1336396158_000163.html ;http://elpais.com/diario/2009/10/01/economia/1254348005_850215.html

(11) http://economia.elpais.com/economia/2012/02/10/actualidad/1328863666_274271.html

(12) Ver Mikel Barba, El caso Bankia o las cinco maniobras de una gran estafahttp://www.rebelion.org/noticia.php?id=149845

(13) El CADTM Bélgica y ATTAC introdujeron el 23 de diciembre de 2011 un recurso ante el Consejo de Estado belga para anular el Real Decreto del 18 de octubre 2011 que otorga una garantía de Estado de 54.450 millones de euros a determinados préstamos de Dexia que supone el equivalente al 15% del PIB (Producto Interior Bruto) de Bélgica. Verhttp://cadtm.org/Resume-du-recours-Dexia-intente

(14) Esto antes que Bruselas, viendo irrealizable el objetivo, acordara un año de retraso, llevando a 2014 en lugar de 2013 el objetivo de déficit por debajo del 3%. Reuters, 7 julio 2012.

(15) « Le FMI appelle à un filet de sécurité crédible pour les banques espagnoles  » Les Echos 9 de junio 2012-

(16) “Todas las entidades financieras que cotizan en el Ibex 35, salvo Bankia, han registrado importantes ganancias en Bolsa desde que el pasado 9 de junio el Eurogrupo brindó a España hasta 100.000 millones para sanear el sector. (…) Bankia ha sido la única entidad que cotiza en el Ibex 35 que ha registrado pérdidas en este periodo, al caer un 9,80%.” Bankia, incapaz de sumarse a la euforia del rescate financiero, 30 junio de 2012, http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/claves/bankia-incapaz-sumarse-euforia-rescate-financiero-20120630

(17) Why we need public spending, David Hall, PSIRU, University of Greenwich, p.11, octubre de 2010.

(18) Ibidem y FMI, Global Financial Stability Report, julio de 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft…

Publicado en el periódico Diagonal

agosto 27, 2012

¿Qué futuro nos espera?

Iturria: rosamariaartal.com – Rosa María Artal – 2012/08/27

El 1 de Septiembre va a marcar un punto de inflexión en nuestro camino a la pobreza. Según el diseño del PP para, presuntamente “salir de la crisis”, pagaremos más por menos y mermará de nuevo nuestra calidad de vida. Sube el IVA con incrementos sin precedentes. En múltiples productos. Puede que entre lo más notable esté la elevación del precio de las proteínas: carne, pescado… Como en tiempos de la posguerra habrá que dosificarlas, tomarlas mucho más de tarde en tarde. Entretanto –y la verdad no es demagogia- os invito a daros una vuelta por el Club del Gourmet de El Corte Inglés por ejemplo. Un obsceno espectáculo de ostentación en donde vemos elevadísimos precios de alimentos por ser a veces tan solo más sofisticados y llamados a distinguirse de clases con menos recursos.

A partir de ese 1 de Septiembre también pagaremos íntegramente medicinas de uso muy habitual como el Almax o el Fortasec, expectorantes o –con más consecuencia para quienes lo necesitan- vasodilatadores periféricos. En torno a 150.000 emigrantes se verán privados de la sanidad pública, salvo en urgencias, contraviniendo los derechos humanos.

Todo es para pagar un pufo de los poderes financieros que los ciudadanos de a pie no causamos. Espero que todo el mundo recuerde el inicio de la crisis mundial. Ésa que agravó en España la burbuja inmobiliaria –inflada por el PP y no desactivada por el PSOE de Zapatero- y nuestro endémico tejido productivo basado en el turismo y los servicios.

Toda Europa se encamina a la pobreza. Le Monde recoge las declaraciones de un responsable de Unilever, una potente industria de alimentos cosméticos anglo-holandesa, que así lo afirma textualmente. Y en ese conjunto hay sociedades destinadas a pasarlo peor. Muy prácticos los de Unilever, declaran que van a tratar al mercado español como a los países asiáticos en vías de desarrollo: venden productos en envases más pequeños para que sean más baratos. El gasto se nota menos, aunque sea el mismo.

Porque ¿Qué nos espera? Se puede firmar y rubricar que con estas medidas no “se sale de la crisis”, se ahonda. La subida del IVA en Portugal ha conseguido recaudar menos por ese impuesto: los ciudadanos reducen sus compras y no les salen las cuentas al gobierno conservador. Suele pasar con esta injusta tasa. Se fastidia al contribuyente y encima se obtienen menos ingresos. Ni a mala fe, sale peor.

Pero es a Grecia adonde debemos mirar con más atención aún. Tenemos en común con ese país la corrupción política y la tolerancia social a esa corrupción. Algo que siempre pasa una durísima factura. Y aunque en una economía aún más débil, los mismos fundamentos productivos: turismo y construcción inmobiliaria.

El escritor griego Petros Márkaris ha escrito un libro, Las luces se apagan, donde reseña el camino seguido tras 18 meses de “reformas” noeoliberales. Y es desolador. Entresaco algunos párrafos del artículo que Márkaris ha escrito en El País y que merece la pena leer completo:

“Mientras tanto, el conjunto de los ciudadanos sin recursos no deja de crecer. Muchos de ellos no pueden ni siquiera costearse sus medicamentos. ¿Qué hacen entonces? Recurren a la organización Médicos sin Fronteras, que proporciona de forma gratuita algunas medicinas. Las dos clínicas de Médicos sin Fronteras que existen en Atenas están pensadas para asistir a inmigrantes sin recursos, que llegan a Grecia desde África en barcas de remos. Pero cada vez son más los griegos que piden ayuda. Algunos días hay casi mil personas haciendo cola en Médicos sin Fronteras.

Entre ellos, por ejemplo, diabéticos que ya no pueden permitirse comprar insulina. La miseria de los inmigrantes se extiende a los griegos. Hasta hace apenas medio año, cuando me asomaba a la calle desde el balcón de mi casa, veía a inmigrantes que revolvían entre los cubos de basura, en busca de algo para comer. En las últimas semanas, se han unido a ellos cada vez más griegos. No quieren revelar su miseria, por eso hacen su ronda a primera hora de la mañana, cuando las calles están casi desiertas.

(…)

Lo peor para los miembros del partido de los mártires es el desánimo. Han perdido la esperanza. Para ellos, tras la crisis no se esconde perspectiva alguna de alcanzar un futuro mejor. Cuando uno habla con ellos, no es posible dejar de pensar que solo están esperando a que llegue el final. Cuando una gran parte de la sociedad no logra reunir el optimismo necesario, significa que la vida es en verdad agobiante. En muchos de los bloques de viviendas en los que viven ciudadanos con ingresos escasos o moderados ya no se enciende la calefacción. Las familias carecen de dinero para gasóleo, o prefieren utilizarlo para otras cosas.

(…)

La recesión no es la única preocupación de los mártires. A pesar de que sus negocios ya no rinden, están obligados a pagar sus tributos por partida triple: primero, el Impuesto sobre la Renta, después diferentes impuestos adicionales y, por último, un complemento de solidaridad. Un impuesto este, el de solidaridad, que el año próximo deberán abonar en dos ocasiones, mientras que otro impuesto indirecto, el IVA, se incrementó dos veces durante el año pasado. Mientras que los defraudadores no pagan nada o casi nada de estos impuestos adicionales o del complemento de solidaridad, porque muchos no presentan la declaración de Hacienda o disfrazan una gran parte de sus ingresos, los ciudadanos honrados no pueden casi ni respirar.

(…)

La contención del consumo y la falta de créditos ha frenado el crecimiento económico del país y, por este motivo, son muchas las pequeñas empresas que se hunden estos días. Desaparecen, pero no se llevan consigo las numerosas deudas contraídas. Mi cuñado, representante de moda infantil, me contaba entristecido que solo la pasada semana había vivido tres casos semejantes. Es desesperante. Ahora, delante de las oficinas de empleo, se ven largas colas de parados que cada mes aguardan pacientemente la orden de pago con la que el banco debe transferirles su subsidio. Sin embargo, nunca pueden tener la certeza de que el pago llegue a principios de mes. A veces, tienen que esperar algo más para cobrar sus 416,50 euros, pues el número de parados no deja de crecer y a las oficinas de empleo se les termina el dinero.

(…)

El cuarto y último partido de la sociedad griega es el que más me preocupa. Es el partido de los desesperanzados: los jóvenes griegos, sentados todo el día frente al ordenador, buscando en Internet, desesperados, un trabajo, sea donde sea. No son emigrantes como sus abuelos, que en los años sesenta llegaron a Alemania desde Macedonia y Tracia para buscar trabajo. Estos jóvenes han ido a la universidad, algunos incluso tienen un doctorado. Sin embargo, cuando terminan la carrera se van directos al paro. (…)

Ya sea a causa de la recesión, de las medidas de contención del gasto, del recorte de la deuda o de las reformas, el caso es que vamos a sacrificar a tres generaciones en nombre de la crisis. Hoy son los jóvenes los que más pierden; mañana lo seremos nosotros, porque en algunos años nos faltarán las fuerzas para seguir luchando. (…)”.

Pero no todos pierden en Grecia, tampoco en España, ni en el resto de Europa…

“Está claro que los beneficiarios y los defraudadores no tienen tales preocupaciones. Apenas sienten que el país está en crisis. Antes de que Grecia entrase en esta situación, ya habían trasladado su dinero al extranjero. Mientras que los bancos griegos han perdido en los últimos 18 meses alrededor de 6.000 millones de euros, los bancos extranjeros —especialmente los suizos— se frotan las manos”.

Añadamos que los griegos han cometido el error histórico de volver a entregar el poder a los causantes de sus males. Como en otros países, como en España, el miedo y la manipulación, el desinterés por la realidad, conduce a votar contra los propios intereses. Nada conseguiremos mirando para otro lado. Discutiendo si son galgos o podencos mientras nos engulle el lobo. Enchufándonos en vena fútbol, cualquier otra distracción, o diciéndonos que no queremos sufrir pensando estas cosas o que no sirve para nada lo que hagamos. Un negro futuro camina sin pausa, y es inexorable si no se cambia su trazado.

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