Deuda: Licencia para recortar

Iturria: Pablo Elorduy / diagonalperiodico.net – 2013/03/19

EL ESTADO PAGARÁ UNOS 48.000 MILLONES DE EUROS ANUALES HASTA 2020 POR EL VENCIMIENTO DE LA DEUDA

¿Cómo comienza otro artículo sobre la crisis de la deuda y su peso en la economía europea? Apuesten a que con la exposición de sus efectos, en concreto de los más recientes, por ejemplo el Real Decreto-ley sobre la Jubilación Anticipada, publicado el 16 de marzo en el BOE. Depende de la dimensión que se le quiera dar, se puede optar por el rescate de Chipre y el efecto dominó que puede desembocar en otra escalada del coste de financiación de los Estados a través de la emisión de deuda pública.

Si no se escoge ese camino, puede tratarse, en primer lugar, del relato de Rajoy dando por superada “la enorme crisis financiera y de deuda pública” durante la presentación del plan de empleo juvenil el 12 de febrero. O quizá, con un dato. El mismo día que el Gobierno anunciaba la reforma de la edad de jubilación e introducía el factor de sostenibilidad para el cómputo de las pensiones –medidas a las que la UE otorga una “creciente importancia”, tal y como viene recogido en el BOE– el Banco de España anunciaba que la Deuda Pública de 2012 es equivalente al 84,1% del PIB español. Es la cifra de endeudamiento más alta desde 1910, y significa que el conjunto de las administraciones adeudan 884.416 millones de euros a distintos acreedores residentes en España (63%), principalmente bancos con su sede social en el Estado español, o residentes fuera del país (37%).

De partida hay una crisis “superada”, según el presidente del Gobierno; dos medidas relacionadas destinadas a satisfacer a la UE –pensiones y empleo juvenil– y fríos datos que apuntan a que durante 2012 la deuda pública creció 15 puntos respecto a 2011.Hay también dos debates parlamentarios en los que dos partidos han expuesto que esa deuda es impagable e ilegítima. El primero, en orden cronológico, lo protagonizó el diputado de IU, Alberto Garzón. El 12 de marzo declaró en el Parlamento que hay una parte ilegítima de la deuda pública y que ésta ya es impagable. El segundo, un día después, de Quim Arrufat en el Parlament de Catalunya, quien hizo una interpelación, que irá acompañada de una moción que se resolverá en abril, sobre la deuda de Catalunya (50.000 millones), que, como Arrufat la ve, es el “el negocio redondo, ya que no se puede recortar y se genera cada año. Es un quiste eterno, la máquina de hacer dinero de los pobres a los ricos”, según ha explicado este diputado de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a DIAGONAL.

Antes de interpelar al Parlament, Arrufat estuvo reunido con la Plataforma de Auditoría de la DeudaIolanda Fresnillo, activista de este grupo, critica que Izquierda Unida no lo hiciera y que propusiese un examen del agujero llevado a cabo por expertos del Banco de España. En un contexto en el que las quitas o rebajas de la deuda llevan aparejadas medidas como el ajuste de las pensiones anunciado el 15 de marzo, la propuesta, para Fresnillo, tiene que pasar por un examen para el que, las fuentes consultadas coinciden, no existen estándares fijos, ya que nunca se ha formado el tribunal internacional de la deuda reclamado históricamente por movimientos sociales de todo el globo. Se debe llevar a cabo una “auditoría integral -explica Fresnillo- “que incluya impactos de género, ambientales y que cuente con la participación ciudadana. La auditoría no será si no es ciudadana, no de expertos ni tecnócratas”.

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Fábrica de deuda

El Observatorio Metropolitano de Madrid sostiene que existe una relación entre los repuntes del mercado bursátil y el descenso de la prima de riesgo. Así, en julio, cuando el diferencial con el bono de deuda alemana alcanzó su tope, las 35 principales cotizadas en el parqué madrileño caían a niveles de la era prechampions de Zapatero, hasta por debajo de los 6.000 puntos. La pregunta, plantean desde el Observatorio Metropolitano ,“es si hay fundamentos sólidos para saber si va a haber un crecimiento bursátil”. No es el único factor que el Observatorio Metropolitano detecta. La guerra de divisas internacional, que sostienen principalmente el euro y el dolar, tuvo otro episodio con el rescate salvaje de Chipre, que ha hecho caer al euro en relación a la moneda estadounidense después de unos meses en los que la divisa europea había mantenido su pujanza, merced a la devaluación interna llevada a cabo a través de la caída de los salarios en la Eurozona.

En cualquier caso, si no se produce otra clase de arreglo político, queda la deuda como valor refugio y como garantía de pago. Carlos Pereda, del Colectivo IOÉ, explica a este periódico que “se prevé una media anual de 48.000 millones de euros de vencimientos de deuda pública” en el periodo que va de 2013 hasta 2020. Esta cifra se puede comparar conel monto que el Gobierno plantea ahorrar con su reforma de la edad de jubilación, 2.400 millones hasta 2027, o con los 9.579 millones de presupuesto de un ministerio como el de Agricultura y Medio Ambiente.

“Cuando las entidades financieras habían perdido nichos como la inversión en bolsa y el ladrillo, la deuda se convierte en valor refugio, el problema para los grandes bancos es conseguir que sea un mercado de alto rendimiento”, explican desde el Observatorio Metropolitano. La herramienta para llevarlo a cabo es a través de las percepciones de las tres Agencias de Calificación de Riesgos, Standard and Poors, Moody’s y Fitch, agentes privados insertados en las economías públicas, cuyo modelo de negocio “no tiene por objetivo reducir la deuda de empresas, países o inversores”, explica el filósofo y periodista Werner Rügemer en su libro Las agencias de Calificación, publicado por Virus: “Lo único que desean es que los deudores puedan cumplir con sus obligaciones bajo cualquier circunstancia. Nos encontramos ante una fábrica profesional de generar deuda”.

El papel del Estado

El Grupo de Economía de Sol impulsó en Madrid la semana por la Europa de las personas, contra la Europa de los mercados, que coincidió con el Consejo Europeo celebrado a mediados de marzo. Liliana Pineda explica que desde hace dos años Economía Soldenuncia el papel de las agencias de calificación en la crisis de la deuda. “Hay una delegación inaudita e ilegítima de un control, el del endeudamiento, que debería ser público”, denuncia Pineda, quien critica al Banco Central Europeo por permitir que las agencias de rating operen bajo normativas laxas en la generación de productos financieros derivados, que las agencias “imponen a los Estados con la connivencia de sus bancos centrales”.

El caso de Chipre ha devuelto a primer plano el debate acerca del papel de la Unión Europea en una crisis que ya consume su quinto aniversario. La quita de la deuda a través de la intervención de los depósitos de la población ha tenido como consecuencia un repunte de 20 puntos de las primas de riesgo de España e Italia. Con unas vías de beneficio taponadas, la deuda sólo funciona como valor refugio a través de los Estados, convertidos en “garantes de la seguridad y agentes expropiadores”, en palabras de Werner Rügemer, y unas instituciones europeas diseñadas para seguir fielmente este modelo. “Esta socialización de deudas privadas puede ir a más en los próximos meses”, advierte Fresnillo, quien cree que  Rajoy, al dar por finalizada la crisis de deuda “no se dirigía a nosotros, sino a los mercados”.

Y quien dice mercados dice acreedores, pero, ¿qué se debe y a quién? Según el economista y miembro de Attac François Chesnais, “cuando bancos y hedge funds prestan a los Estados comprando los Bonos del Tesoro emitidos por los ministerios de finanzas, se trata de sumas ficticias que se ponen a disposición en base a la red de relaciones y transacciones interbancarias”. Es decir, se generan unos valores financieros cuyo peso en la economía actual es entre tres y cuatro veces superior al del PIB Mundial: por cada dólar que genera la llamada “economía productiva” hay cinco dólares en títulos.

Quim Arrufat pone un ejemplo sobre el que trabaja la CUP: “Cada año hasta 2035 Catalunya pagará unos 1.100  millones de euros en pagos diferidos de carreteras y obras públicas que se hicieron financiadas por las empresas. La suma es tres veces más cara que el coste real presupuestado”. Por eso, Arrufat denuncia que en el Parlament  “faltan escaños en los que se sienten los Consejos de Admi­nistración, las constructoras y los bancos que poseen la mayoría de las emisiones de bonos”.

La situación de Catalunya, explica este diputado, es más compleja, ya que la Comunidad no tiene mecanismos de recaudación. No obstante, aunque la Administración central sí los tiene, la deriva no hace sino reforzar la financiarización de la economía. Desde el comienzo de la crisis en 2007, los impuestos que pagan en España las cotizadas del Ibex 35 han caído desde el 21,21% hasta el 16,42 % que pagaron en el último año del que hay datos, 2011.

Por eso, como insisten las organizaciones que reclaman el impago o la auditoría de la deuda, ésta debe estar acompañada siempre de otras medidas fiscales que cuestionen las bases del modelo económico. “El concepto de deuda ilegítima es político y no está cerrado”, explica Iolanda Fresnillo, “es la ciudadanía la que tiene que marcar las líneas rojas”, concluye.

El Gobierno endurece la jubilación

El Gobierno aprobó el 15 de marzo un Real Decreto-ley sobre la edad de jubilación que endurece las condiciones para optar a la jubilación anticipada. Así, será necesario haber cotizado a la Seguridad Social  33 años –hasta ahora eran necesarios 30– para poder optar a retirarse antes de los 63 años. La edad mínima también se ha visto aumentada a través de este Real Decreto 5/2013. Hasta ahora las personas de 61 años podían optar por esta fórmula, a partir de la nueva normativa la edad queda fijada en 63 años, cuatro menos de la edad “estándar” de jubilación, fijada en 67 años tras el acuerdo social firmado por Gobierno del PSOE, sindicatos y patronal en abril de 2011. Las trabas al acceso a la jubilación parcial, por las que se aumentan las horas mínimas en los centros de trabajo y la edad mínima para optar a esta modalidad, son otras de las medidas que incorpora este Real Decreto, que vuelve a invocar el mantra de la “sostenibilidad de las pensiones” y la exigencia de adecuación a los planteamientos de la Unión Europea. Los sindicatos de concertación critican que la medida se ha tomado sin el acuerdo del Pacto de Toledo y saltándose las bases del acuerdo de 2011.

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