Posts tagged ‘pedro morenés’

abril 4, 2013

32.000 millones de deuda estatal en programas de armamento

Iturria: diagonalperiodico.net / Ana Adela Rubio – 2013/03/05

El Centre Delàs calcula que el presupuesto del Ministerio de Defensa se duplicará en 2013

El Gobierno ha anunciado una revisión de la estrategia de seguridad que endurece la posición en Marruecos y que elude intervenir sobre el endeudamiento del Ministerio de Defensa.

El Ejecutivo de Rajoy elabora una nueva estrategia de seguridad para España con el fin de desarrollar la Directiva de Defensa Nacional 1/ 2012 (DDN), presentada públicamente en agosto de 2012, que será endurecida en el primer trimestre de 2013 para modificar los aspectos relacionados con Marruecos y el Norte de África. En el texto de la Directiva se esgrimen razones de carácter internacional para justificar este cambio estratégico, como son, por ejemplo, hacer cumplir el Tratado de Lisboa, o ajustar la política de defensa al nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, pero lo cierto es que ni desde la UE se ha elaborado un cambio de estrategia de seguridad –pues aún hoy mantienen el plan de 2008 elaborado por Javier Solana, a la cabeza entonces de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE–, tampoco desde la OTAN se ha definido todavía el nuevo Concepto Estratégico presentado en 2010 para los países firmantes del Tratado del Atlántico.

Así pues, y como el mismo texto indica, el principal motivo que ha llevado al Gobierno a hacer un cambio de rumbo poco menos de un año después del plan estratégico presentado por el gobierno de Zapatero, y de cuya redacción también se encargó Javier Solana, es la crisis económica y financiera, y que además, ha sido identificada como una amenaza para la seguridad del Estado.

El actual Ejecutivo ha decidido que será necesario un cambio evolutivo en el departamento de Defensa que conduzca “al logro de una credibilidad que se sostenga” frente a la UE y la OTAN. Para ello, se llevará a cabo una “necesaria transformación de las Fuerzas Armadas (…) en un momento de limitada disposición de recursos” con el fin de que la “noción tradicional de defensa (…) no quede desbordada”. Esas transformaciones han ido encaminadas a la creación de nuevos órganos de gestión más que a su supresión, y han suscitado críticas a la gestión de un Ministerio que hasta ahora ha generado 32.000 millones, que suponen un 3,6% del total de la deuda pública del Estado. Ésta ha sido generada principalmente por la ayuda a los Programas Especiales de Arma­mentos. Según palabras del propio ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien ha anunciado en RTVE que intentará negociar una quita de la deuda con las industrias que han suministrado este armamento, “tiene escasa utilidad estratégica para las necesidades reales de la defensa”, como denuncia el Centre Delàs d’Estudis per la Pau en su informe Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013.

Más gasto militar

El actual Gobierno cifró en un principio en casi 7.000 millones de euros el presupuesto para el Ministerio de Defensa –un 6,7 % menos respecto al año 2012–, cuando lo cierto es que el gasto militar real se prevé en 16.492 millones de euros, es decir, más del doble de lo anunciado y un 1,55% del PIB. También, las operaciones militares en el extranjero aumentarán 700 millones de euros sobre los 14,36 millones que cada año les eran asignados. Según el centro Delàs “se puede afirmar que hay recursos para aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas y no los hay para incrementar las partidas de gasto social o de desarrollo de la economía productiva” en un momento en el que España vive su peor crisis financiera desde la democracia.

Control mediterráneo

Para seguir con su estrategia, el Gobierno de Rajoy tomará en consideración el modelo de Defensa de EE UU, ya que “mantienen su liderazgo en la lucha contra los riesgos y amenazas globales”, con un proyecto “de continua expansión del ideal democrático”. El Ejecutivo de Rajoy creó en julio de 2012 el nuevo departamento de Seguridad Nacional con Alfonso de Senillosa al frente, quien ocupará el cargo de consejero del departamento, imitando así el modelo del departamento de Seguridad Nacional de EEUU. Este departamento será el “órgano permanente de asesoramiento y apoyo técnico en materia de Seguridad Nacional a la Presidencia del Gobierno”, creando la figura del Director Operativo del departamento de Seguridad Nacional con nivel de Subdirector General.

Ceuta y Melilla

A pesar del tono grandilocuente con el que está redactado el apartado de objetivos de la Directiva de Defensa Nacional, no ha pasado inadvertida la opacidad de su redacción con una falta notable de propuestas acerca del por qué y el cómo llevar a cabo la seguridad sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El texto aclara que el Estado garantizará “la disuasión (…) tomando en consideración la singularidad de los riesgos propios”, es decir, tomará las medidas necesarias y por cuenta propia para defender Ceuta y Melilla de las amenazas que se estimen oportunas.

Estando Ceuta y Melilla fuera de las áreas incluidas en el Tratado de Washington, el Ejecutivo quiere llevar a cabo esta política de defensa sin entrar en debate con la OTAN o la UE –que desde el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa garantiza el apoyo y seguridad a cualquier Estado miembro de la UE allá donde extienda su soberanía–, lo que podría situar a España en una posición de aislamiento diplomático que lejos de beneficiar a la seguridad estatal, podría mermarla en caso de una escalada del conflicto en las zonas que se revisarán en el nuevo plan estratégico. El vicepresidente del Gobierno melillense, Miguel Marín (PP), ya expresó su conformidad con este nuevo plan, que tiene como consecuencia la llegada de al menos 200 efectivos militares a la ciudad autónoma.

Enterrada la Alianza de Civiliza­ciones del anterior presidente, el Ejecutivo centra su atención en una estrategia geopolítica que tiene como foco principal el Mediterráneo, algo que sin lugar a dudas le acerca a aliados como EE UU y sus socios: Israel o Arabia Saudí. Así, la atención se centra en los cambios sufridos en los países del norte de África, haciendo referencia de modo indirecto a la Primavera Árabe, y percibiendo estas revueltas sociales, así como su situación fallida en algunos Estados, como una amenaza para la seguridad del país, todo ello sin olvidar la importante fuente de recursos naturales que poseen estos países, como por ejemplo Egipto o Argelia, de la que España depende hasta en un 45% para su consumo energético.

Morenés arropa a las armeras en Abu Dhabi

Desde que Pedro Morenés tomara el cargo de Ministro de Defensa, tampoco han pasado inadvertidos los contratos millonarios que ha hecho el Estado en materia de defensa y armamento con la empresa, especializada en munición y armas de infantería en la que el actual Ministro era consejero delegado. Instalaza reclamaba al Gobierno el pago de 40 millones de euros de indemnización en concepto de daño emergente y lucro cesante por la prohibición de la fabricación de bombas de racimo, principal producción de dicha empresa. Después de varias negociaciones, el Gobierno no sólo pagará la indemnización sino que, además, ha continuado haciendo contratos millonarios para material armamentístico con dicha empresa. Instalaza es una de las nueve empresas con capital español que han presentado sus productos en la Feria Internacional IDEX 13, que se ha celebrado en febrero en Abu Dhabi. Las firmas del sector armamentístico estuvieron acompañadas en este emirato por el propio Morenés, que tuvo ocasión de comprobar de primera mano cómo continúan vendiéndose bombas de racimo en una feria considerada uno de los bazares de armas del mundo.

 

Olmo Calvo

Olmo Calvo

 

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julio 14, 2012

Buenos políticos, grandes empresarios y mejores personas

Iturria: Inés Marco y Albert Sales / Rebelion.org – 2012/07/13

Ya nos hemos acostumbrado a que las instituciones públicas “fichen” a directivos de empresas privadas para la gestión de las administraciones o para llevar a cabo reformas estructurales en nombre de la eficacia y de la eficiencia. El discurso dominante que impone el desprestigio de lo público reconoce en los gestores de las grandes corporaciones los expertos que deben iluminar el camino hacia unas administraciones públicas más eficientes a la vez que más reducidas. No es tan común que las transiciones del sector público al sector privado se den a conocer con tanta vehemencia pero también son un fenómeno habitual. Para las élites del mundo empresarial y político, lo que separa la gestión de los intereses corporativos de la gestión del interés común, son unas puertas giratorias que, a partir de ciertos niveles de responsabilidad, son extremadamente permeables.

La legitimación del fenómeno de las puertas giratorias descansa sobre mitos extremadamente discutibles: por un lado, la idealización del sector privado y de todo lo que de él provenga, incluidos sus profesionales, y por el otro, la creencia que los beneficios de las grandes empresas transnacionales con sede en un país concreto repercuten en el bienestar de la población de dicho país. Pero además de legitimarse en mitos que la observación empírica de la realidad desmonta con rapidez, las puertas giratorias constituyen un mecanismos de enriquecimiento de las élites políticas y económicas que, sin ningún disimulo, pasan por encima de profundos conflictos de intereses, siendo innumerables los casos en que un cargo público ha hecho uso de su posición para defender y desarrollar políticas que han acabado favoreciendo a un sector empresarial que le esperaba con los brazos abiertos al terminar su mandato.

En el Estado español, los ex-presidentes José María Aznar y Felipe González, responsables de la privatización de Endesa y Gas Natural Fenosa, han obtenido contratos millonarios como asesores externos de estas compañías una vez que se han convertido en las transnacionales que dominan el sector eléctrico en América Latina. Por debajo en la jerarquía política hispánica, muchos otros nombres conocidos han ocupado cargos relevantes a los dos lados de la frontera entre lo público y lo privado. Pedro Solbes, el que fuera vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda durante el primer gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, presta desde 2011 sus servicios como miembro de los consejos de administración de la eléctrica Enel (propietaria de Endesa) y del banco britànico Barclays.

Merece especial atención el caso de Rodrigo Rato. El que fue vicepresidente segundo del Gobierno de Aznar y ministro de Economía y Hacienda, después de llevar a cabo la mayor privatización de la historia de España (Argentaria, Tabacalera, Telefónica, Endesa, Repsol…), paso a ser el director gerente del Fondo Monetario Internacional desde 2004 hasta 2007 año en que dimitió “por razones personales” y fue nombrado a la división internacional del Banco de Lazard. Por esos tiempos también se incorporó al consejo de Criteria y al Consejo Asesor Internacional del Banco Santander, hasta que en 2010 se le nombra presidente de Caja Madrid y, posteriormente, de Bankia. Con esta trayectoria, es evidente que Rato ha representado muchos papeles en la tragicomedia de la crisis española saliendo hasta el momento bien parado y perfectamente remunerado.

Pero para comprender como funciona el mecanismo de las puertas giratorias para llenar ciertas cuentas bancarias nada mejor que poner atención al caso de Pedro Morenés [1], quién fue Secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000, Secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002, y Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004, y que desde diciembre de 2011 es Ministro de Defensa del Gobierno de España.

El señor Morenés, desde mediados de 2005 y hasta poco antes de ser nombrado ministro, ha sido consejero delegado de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas especialmente controvertidas como las llamadas “bombas de racimo”. Esta empresa, con sede en Zaragoza, es proveedora de equipos, materiales y munición para las Fuerzas Armadas españolas y para ejércitos de todo el mundo, pero ha pasado una pequeña crisis comercial debido a la prohibición de las bombas de dispersión por el tratado de Dublín, firmado por 107 países, entre los que se cuenta España. Para superar el descenso de ventas derivado de este compromiso internacional, Instalaza reclamó al gobierno español recientemente una “compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante”, siendo Morenés representante de la empresa [2]. La operación se cerró en abril de 2012 aceptando el gobierno español, en un contexto de recortes sociales de todo tipo y con Morenés ejerciendo de Ministro de defensa, abonar la cantidad fijada por Instalaza.

En los últimos meses de 2011 compatibilizó su cargo en Instalaza con el de Presidente Ejecutivo de la empresa paneuropea de misiles MBDA. Durante su larga trayectoria en el sector del armamento también ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA, la empresa guipuzcoana de la familia del presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, especializada en carros de combate, cañones y otro elementos de artillería. Morenés también ha sido presidente de Construcciones Navales del Norte SL, los antiguos astilleros públicos de Sestao, que el hoy ministro conocía muy bien de antes de su privatización, de cuando fue consejero de la SEPI y director comercial de la división de Construcción Naval del INI. Es propietario único de Boguillas SL, una empresa que se dedica a la “gestión y representación de intereses” y que el año pasado facturó 361.567 euros con sólo 19.646 euros en gastos de personal, según el registro mercantil –entre los últimos tres años, las ventas superan ampliamente el millón de euros–. También es dueño de I-Sec Ibérica, una “consultoría” “en el sector de la Seguridad”, consejero de Gamo Outdoor, un fabricante de rifles de aire comprimido, de Ingenio 3000, de Repasa… Parece pues que se trata de todo un hombre de empresa que, de vez en cuando, se pasa al sector público a prestar sus apreciados servicios.

Pero cuando el sector público ostenta a la vez la calidad de regulador y de cliente de las empresas en las que recala el señor Morenés el conflicto de intereses se hace evidente. Justo antes de su nombramiento, el actual ministro era Presidente y Consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica que ha recibido adjudicaciones de contratos en los últimos tres años por valor de 4 millones de euros para la vigilancia y seguridad de diversas dependencias del Ministerio de Defensa, además de ser la empresa contratada para custodiar los atuneros vascos en el Índico.

En 1997, en calidad de Secretario de Estado de Defensa, Morenés pone en marcha un mecanismo de financiación que consistía en la concesión de anticipos reintegrables sin intereses a las empresas adjudicatarias de los grandes programas de armamento por parte del Ministerio de Industria. La intención era facilitar que las empresas fabricantes hicieran frente a las fases de desarrollo y al inicio de la producción con unos fondos que no tenían que devolver hasta recibir el pago del Ministerio de Defensa. En su etapa como Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología (entre 2002 y 2004) siguió aprobando nuevas partidas para la prefinanciación de las empresas de armamento proveedoras de Defensa. 19 programas han sido prefinanzados de esta forma (aviones, helicópteros y carros de combate, aviones de transporte, submarinos y fragatas, además de una larga serie de “programas menores”) y, según diversas estimaciones hechas por un grupo de expertos hace escasos meses, podrían costar al erario público entre 35.371 y 37.356 millones de euros, pagaderos hasta 2030 o 2040 [3].

No acaban ahí los mecanismos impulsados por Morenés para favorecer a las empresas del sector en el que desarrolla sus proyectos empresariales. Él fue quien impulsó los principales programas de armamento (Avión de Combate Europeo Eurofighter; Carro de Combate Leopard y las Fragatas F-100) cuyo coste supone hoy más de la mitad de la deuda acumulada por Defensa. Y también fue Morenés quien puso en marcha el mecanismo por el cual el Ministerio de Defensa podía dedicar el importe de su particular desamortización a la adquisición de más armamento (vendiendo terrenos que, en su día, expropió a ayuntamientos y poblaciones, a los que deberían haber revertido).

En fin, con sus idas y venidas entre el sector público y el mundo de la empresa del armamento, Pedro Morenés es un ejemplo a seguir para todo aquel que quiera sacar el máximo beneficio del desempeño de cargos públicos.

 

NOTAS:

1 El currículum vitae de Pedro Morenés estaba disponible en la web del Círculo de Empresarios, por lo menos, hasta febrero de 2010.

2 Según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

3 Fuente: Centre Delàs, http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=926%3Ajohn-doe&catid=42%3Aeconomia-de-defensa&Itemid=63&lang=es Consultado 7 de julio de 2012.

junio 22, 2012

Deuda militar, deuda odiosa, deuda ilegítima

Iturria: Rebelon.org  – John Doe – Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs – Justícia i Pau. 2012/06/20

Se considera “Deuda ilegítima” aquélla que es contraída contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor. En base a esta definición, y a tenor del atraco a mano armada (nunca mejor dicho) que se está perpetrando contra los intereses de la población, que cada día ve cómo cuesta conseguir lo más básico y elemental mientras se despilfarra el dinero en todo tipo de asuntos espurios, debemos preguntarnos si cabría considerar como deuda ilegítima la de los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA).

Los PEA nacieron entre 1997 y 1998, con el Partido Popular en el Gobierno. Mediante una artimaña contable se puso en marcha un modelo para, a través del Ministerio de Industria, conceder a un exiguo grupo de empresas (grosso modo, EADS, Indra, Santa Bárbara y Navantia) unos anticipos reintegrables sin intereses con la finalidad de que éstas hicieran frente a las fases de I+D, prototipado y primeras series de fabricación de estos sistemas de armas. Hasta la fecha, son 19 los programas que conforman esta categoría (aviones, helicópteros y carros de combate, aviones de transporte, submarinos y fragatas, además de una larga serie de “programas menores”), los cuales, según diversas estimaciones hechas por un grupo de expertos hace escasos meses, podrían costarnos entre 35.371 y 37.356 millones de euros, pagaderos hasta 2030 o 2040 (por la sencilla razón de que el fin de la “vida útil” de la mayoría de los programas comienza a producirse en torno a 2040).

En septiembre de 2011, la Secretaría de Estado de Defensa, aún en manos del PSOE, realizó una “Evaluación de los programas especiales de armamento”, con el objetivo de buscar soluciones al grave problema de deuda a que se enfrenta el Ministerio de Defensa.

El exhaustivo trabajo realizado por la SEDEF, acredita lo siguiente:

– que la capacidad financiera del Ministerio de Defensa no es suficiente para atender las obligaciones de pago derivadas de los PEA en curso, es decir, que fueron contratados al margen de la realidad financiera del Ministerio de Defensa

– que tal insuficiencia presupuestaria no es coyuntural, ni está directamente relacionada con la crisis económica actual, sino que es un problema financiero, complejo y estructural, absolutamente relacionado con el sistema de adquisiciones y con su modelo de sostenimiento

– que se trata de un problema de Estado, dado que implica a muchos agentes (políticos, militares, industria)

– que quienes tomaron las decisiones de adquisición en el período que va de 1997 a 2004 (en el que se generaron más del 80% de las obligaciones que han de ser atendidas en el presente y en el futuro) difirieron a futuros presupuestos el pago de tales compromisos aun a sabiendas de que nunca podrían satisfacerse los compromisos financieros adquiridos

– que «no deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora».

Pues bien:

– si el Estado sabía que estaba poniendo en marcha un mecanismo de generación de deuda que nunca iba a poder pagar, y que, hoy por hoy, ha generado casi 40.000 millones y

– si esta deuda ha sido creada y utilizada contra los intereses de la ciudadanía del país, que ha tenido que sufrir dolorosos recortes sociales con cantidades que están muy por debajo de esa cuantía

Entonces:

– es fácilmente deducible que esa deuda no tiene por qué ser pagada, pues quienes gobiernan el Estado desde 1997-1998 habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y,

– por tanto, que los contratos adquiridos con las empresas o consorcios de empresas para desarrollar estos PEA son nulos desde un punto estrictamente legal.

Señalar a un único culpable sería difícil, por la sencilla razón de que en torno a este problema siempre ha habido un acuerdo de Estado en el que los dos grupos parlamentarios mayoritarios (PP y PSOE) han ido de la mano; pero sí podemos decir quiénes han sido sus garantes y defensores desde la ostentación de sus cargos de responsabilidad en los ministerios implicados: el de Defensa (con sus Secretarios de Estado, pues a este órgano le corresponde la dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y material y la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la defensa) y el de Industria.

VI Legislatura (1996–2000)

Ministro de Defensa: Eduardo Serra Rexach

Secretario de Estado de Defensa: Pedro Morenés y Álvarez de Eulate

Ministro de Industria y Energía: Josep Piqué i Camps

VII Legislatura (2000–2004)

Ministro de Defensa: Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde

Secretario de Estado de Defensa: Fernando Díez Moreno

Ministros de Ciencia y Tecnología: Anna María Birulés Bertrán (2000–2002), Josep Piqué i Camps (2002–2003) y Juan Costa Climent (2003–2004)

VIII Legislatura (2004–2008)

Ministros de Defensa: José Bono Martínez (2004–2006) y José Antonio Alonso Suárez (2006–2008)

Secretarios de Estado de Defensa: Francisco Pardo Piqueras (2004–2007) y Soledad López Fernández (2007–2008)

Ministros de Industria, Turismo y Comercio: José Montilla Aguilera (2004–2006) y Joan Clos i Matheu (2006–2008)

IX Legislatura (2008–2011)

Ministra de Defensa: Carme Chacón Piqueras

Secretario de Estado de Defensa: Constantino Méndez Martínez

Ministros de Industria, Turismo y Comercio: Miguel Sebastián Gascón

X Legislatura (2011-)

Ministra de Defensa: Pedro Morenés y Álvarez de Eulate

Secretario de Estado de Defensa: Pedro Argüelles Salaverría

Ministros de Industria, Energía y Turismo: José Manuel Soria López

De esta caterva, Pedro Morenés, el actual Ministro de Defensa, fue quien puso en marcha los PEA, siendo Secretario de Estado de Defensa del ministerio que presidía Eduardo Serra y, también, Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004, siendo ministro Josep Piqué. Como es sabido, Pedro Morenés tiene un largo currículo en la industria de armamento: desde 2005 hasta su toma de posesión en 2011 ha sido consejero de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas (entre otras, las llamadas “bombas racimo”), cargo que compatibilizó con el de Presidente ejecutivo de la empresa de misiles MBDA. También ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA (empresa especializada en carros de combate, cañones y artillería), KuitVer Estudios S.L. (especializada en I+D+i militar) y Presidente y Consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica (la empresa contratada para custodiar los atuneros en el océano Índico en la “Operación Atalanta”). Morenés nombró como Secretario de Defensa del actual gobierno a Pedro Argüelles, quien hasta su nombramiento dirigía la filial española de la empresa militar estadounidense Boeing.

Todo esto nos indica que estamos en manos de un lobby: una clase política y militar (podríamos seguir por Piqué, Bono, García Vargas, Villar Turrau, Sebastián Zaragoza, Francisco Torrente, Enrique Navarro…), con claras vinculaciones con las empresas de armamento que se benefician de jugosos contratos financiados con dinero público. Las mismas empresas que aparecen en el informe de la SEDEF de esta guisa:

– las empresas beneficiadas con los anticipos apenas han iniciado sus devoluciones al Tesoro. Entre 1997 y 2011 sólo han devuelto 147 millones de euros; a cambio, han recibido 23.415 millones de euros

– el beneficio para las empresas es muy cuantioso a largo plazo. Las armas obtenidas generan nuevas obligaciones que, por tratarse de sistemas complejos y tecnológicamente muy avanzados, suponen importantes cuantías que es necesario sumar a las de la propia adquisición (se estima que el coste de mantenimiento de un sistema de armas durante todo su «ciclo de vida» puede llegar a superar en tres veces su coste de adquisición)

– cada PEA está sujeto a revisiones de precios, así como a partidas abiertas que son de contenido variable e incierto (modificaciones contractuales sobrevenidas; importes reservados en los presupuestos de los contratos para eventuales partidas pendientes de contratar; revisiones de precios; penalidades aplicables por retrasos e incumplimientos; importes asociados al tipo de cambio impositivo del IVA; cambios de paridad en las divisas; importes asociados a la ampliación de seguros y garantías…). Estas condiciones leoninas amparan a las empresas adjudicatarias y las elevan a una posición dominante en todo el proceso

– dado que muchos de los PEA han nacido obsoletos, se estima que habrá unos cuantiosos sobrecostes adicionales derivados de la forzada extensión de la “vida en servicio” de ciertos sistemas por retrasos en los programas que los deberían reemplazar.

Y sin embargo, aún puede ser peor. No sólo es que estén pensando en cómo solucionar el problema por la vía rápida (condonación de la deuda) sino que ya están maquinando cuáles serán los nuevos programas. Lo que les preocupa no es la deuda contraída, sino la que está por contraerse, es decir, de dónde van a sacar el dinero para financiar nuevos programas sobre los que ya están trabajando (helicópteros, buques, blindados…). Argüelles ha recalcado que la vocación del Gobierno “no es dejar a la defensa hibernada de por vida y sin posibilidad de ir renovando y adecuando su material”.

En los últimos 15 años se han modificado todas las leyes que ha sido menester para permitir que se pudiera comprar armamento gracias a la venta de los numerosos inmuebles y terrenos de los que era propietario el Ministerio de Defensa (se estima que unos 15 millones de metros cuadrados de terrenos y unas 50.000 viviendas, además de otras propiedades).

Sólo entre 1999 y 2010 esta financiación extrapresupuestaria proveniente de la actividad de la GIED (Gerencia de Infraestructuras de la Defensa) y del INVIFAS (Instituto de Viviendas de las Fuerzas Armadas), ahora fusionados en el INVIED, ha generado un crédito superior a los 4.000 millones de euros, que, en su práctica totalidad, han sido destinados a los PEA.

Con la que está cayendo, y a pesar de que el Ministerio de Defensa siempre ha recurrido a la especulación más abyecta con estas propiedades otrora enajenadas a los municipios por el “bien de la defensa nacional” (vendiendo por subasta, contratando a consultoras especializadas en la especulación de inmuebles, modificando el régimen jurídico de los Organismos Autónomos para que pudiesen obrar a su antojo…), temen que el bajón por el que pasa el mercado inmobiliario pueda dejar a los futuros programas sin recursos.

El INVIED ha generado unos ingresos en 2011 que ascienden a 162 millones de euros. Con esta hipótesis de partida, para el período que va de 2011 a 2040, estos ingresos tendrían un valor medio anual de 219 millones de euros corrientes (han tenido en cuenta no sólo la capacidad del organismo de enajenación de inmuebles sino también las nuevas funciones asumidas por el INVIED —utilización y explotación económica y comercial de los bienes de dominio público adscritos al Ministerio de Defensa).

El Consejo de Ministros, además de modificar el techo presupuestario inicial de los programas (lo que ya ha hecho en varias ocasiones) también ha modificado la curva de pagos, lo que generará, a su vez, unos costes financieros que, como podemos ver actualmente, con la prima de riesgo disparada y con una enorme dificultad para captar dinero (los intereses rondan hoy el 7%), pueden suponer un pico.

Para aquellos contratos firmados antes del 30 de abril de2008, si la Administración se demorase en el pago más de dos meses desde la fecha de expedición del documento acreditativo de la realización total o parcial del contrato, deberá abonar al contratista el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos de las cantidades adeudadas. Posteriormente, el tipo legal de interés de demora a aplicar será del 8%.

Una proyección optimista (cambio del ciclo económico actual) fija unos intereses de demora de 2.609 millones de euros. Una proyección pesimista (seguir como estamos ahora) dispara esta cantidad hacia nadie sabe dónde.

Concluyendo, estamos ante una mascarada que es un calco de lo que está pasando en el escenario macroeconómico. Al contrario de lo que diría Marx (lo hacen pero no lo saben), estoy convencido de que estos lo hacen y lo saben.

¿En qué se convertirán los casi 40.000 millones actuales en los próximos 28 años que aún pretenden mantenerlos? En ruina.

En nuestras manos está evitar que este tropel de chorizos siga campando por sus respetos.

 

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