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febrero 27, 2013

No pagar la deuda para salir de la crisis

Iturria: La hiedra / Kaos en la red – 2013/02/27

Análisis del papel del Estado en la crisis de la deuda, su incremento incesante y la función de los recortes. Se argenta por qué es imprescindible oponerse a la política de austeridad promovida por la UE y promover el impago de la deuda de forma unilateral a diferencia del caso argentino.

En este artículo, Carlos Schwartz nos explica el papel del Estado en la crisis de la deuda, la función de los recortes del gasto social y el incremento incesante de la deuda. Asimismo, destaca el protagonismo de la Unión Europea (UE) como principal motor de estas políticas de ajuste y defensora de los intereses de los grandes capitales del continente. Schwartz cree imprescindible oponer a la política de austeridad y sobreexplotación de la UE el impago de la deuda de forma unilateral a diferencia del caso argentino.

Crisis y explosión de la deuda

Desde la proclamación de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, el candidato del Partido Popular (PP) en las elecciones generales de noviembre de 2011, su equipo ministerial se ha dedicado a cercenar las conquistas sociales y las prestaciones del Estado en todos los terrenos. El argumento central de una parte considerable de esta liquidación de derechos sociales y asistenciales es la necesidad de lograr un equilibrio de los presupuestos generales del estado, es decir, la eliminación del déficit de las administraciones públicas. Este objetivo de estabilidad presupuestaria no es un afán exclusivo del gobierno del PP. También era una aspiración del gobierno que le precedió, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista (PSOE), quien convocó a su adversario Rajoy en agosto de 2011 para pactar una reforma constitucional hecha entre gallos y media noche para satisfacer a las autoridades de la Unión Europea (UE) y al Banco Central Europeo (BCE).

La reforma consistió en incorporar a la constitución los objetivos de estabilidad presupuestaria. Esa fue la condición impuesta por los capitales europeos para que el BCE interviniera en los mercados comprando deuda pública española evitando así también la intensa presión especulativa sobre la deuda soberana de Italia. Desde entonces y en diversas oportunidades la deuda pública española ha estado en el ojo de la tormenta. Desde julio de 2012 el anuncio del BCE de que tenía aprobado un mecanismo de intervención para sostener la deuda soberana de los países que solicitaran su asistencia a través de la UE, ha frenado la ola especulativa.

La deuda pública del Estado español alcanzará al final de este año en cifras redondas el billón de euros. Al cierre del segundo trimestre (últimos datos disponible del Banco de España) la cifra era de 978.368 millones de euros. Al finalizar el año 2012 la deuda pública total alcanzará el 100% del producto interior bruto (PIB). En el año 2007, antes de que la crisis capitalista se hiciera evidente en toda su magnitud la deuda era de 503.906 millones de euros o un 47,8% del PIB de ese año.1 Es decir que en términos porcentuales más que se duplicó y en términos absolutos es el doble. Mientras, la deuda externa de la banca privada española se ha reducido entre 2008 y 2012 en 200.000 millones de euros2, de 794.086 millones a 591.736 millones.

Esto es lo que los economistas burgueses denominan desapalancamiento, y es la contrapartida del incremento del endeudamiento público durante las crisis. Por si quedara alguna duda señalemos que la deuda externa del banco de España en el segundo trimestre de 2008 era de 12.326 millones de euros mientras que en el segundo trimestre de 2012 totalizaba 408.695 millones de euros.3 La lectura de este proceso es que parte de la deuda privada se transforma en pública y pasa a ser una carga directa de la sociedad. De acuerdo con los presupuestos generales del Estado para 2013 enviados por el gobierno a las Cortes, el pago de intereses de la deuda pública del año 2013 será de 30.000 millones de euros, tanto como el gasto salarial de la Administración.

Repercusión de la deuda a los y las trabajadoras

Este cuadro no es el resultado del incremento del gasto que suponen los y las trabajadoras en paro, y de una menor recaudación fiscal del impuesto sobre la renta y las empresas, porque las rentas del trabajo caen y los beneficios de la pequeña y mediana empresa se reducen o se transforman en pérdidas. Es el resultado directo del traslado de la crisis capitalista al Estado. Dentro de esta operación de rescate de los intereses capitalistas la cuestión central es el saneamiento bancario y del sector financiero cuya crisis es una expresión de la tendencia a la disolución de las relaciones económicas del régimen burgués, de la tendencia al derrumbe del capitalismo. El sistema bancario y financiero es parte de la esencia misma de las relaciones de producción capitalistas porque a través de él se materializa la circulación de las mercancías, la reproducción del capital y su ampliación mediante la extracción de plusvalía, y la concentración de los capitales para destinarlos al crédito necesario en el ciclo de la producción. Sin sistema bancario y financiero el capitalismo no puede existir. El incremento de la deuda pública que resulta del salvamento de los intereses capitalistas privados es repercutido sobre los y las trabajadoras de forma directa por el estado burgués.

La forma bajo la cual se repercute sobre la clase trabajadora el salvamento de los intereses capitalistas es esencialmente reduciendo la renta disponible para los derechos sociales y asistenciales de la sociedad en general, y en el caso de los trabajadores de las administraciones públicas también los ingresos salariales. La privatización de los servicios públicos como sanidad y educación, el incremento de los costes de los servicios como las tasas universitarias o el transporte, la reducción de los derechos sanitarios, la reducción de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la retirada de la asistencia a los dependientes, los recortes a las prestaciones por desempleo, son todos expresión del traslado de la crisis a los y las trabajadoras. Lo que el estado se ahorra en esta operación se destina a ayudar a los capitalistas. Este proceso es todavía más injusto que lo que pueda parecer a primera vista, puesto que se lleva a cabo después de que los capitalistas han extraído ya una plusvalía del trabajo ajeno. Es decir, cuando ya se han apropiado parte del trabajo socialmente necesario para la producción por el trabajador de bienes y servicios mediante el mecanismo de no pagarlo en el salario.

Parte de la operación de traslado es el régimen fiscal. La recaudación fiscal con la cual el estado burgués hace frente a su gasto se concentra en el Estado español en el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), que se basa en la tributación de las y los trabajadores. Por la vía de las retenciones a cuenta y la declaración de la renta el Estado exprime los salarios mientras las grandes fortunas no tributan. La eliminación del impuesto sobre el patrimonio, y de todo vestigio de fiscalidad progresiva, la preservación de las exenciones fiscales para las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), las numerosas exenciones fiscales dentro del impuesto de sociedades, son parte de este proceso. Mientras, el Gobierno y los grupos de interés capitalistas argumentan que el gasto público se dispara por los compromisos sociales que tiene el Estado con el seguro de desempleo a los desocupados por la crisis, el pago de las pensiones y los gastos asistenciales. La evidencia es que sólo el saneamiento de la banca supondrá entre 2012 y 2013 100.000 millones de euros aportados bajo la forma de deuda por la UE. Sin tener en cuenta lo que ya ha costado hasta ahora.

Gobierno, Unión Europea y capitalistas quieren la derrota de los y las trabajadoras

Dentro del arsenal del Gobierno contra los trabajadores la piedra angular ha sido la reforma laboral. El abaratamiento del despido, la precarización del empleo, el ataque a los convenios colectivos y su subordinación a los convenios por empresa pretenden abaratar los costes laborales unitarios aumentando la explotación -menos trabajadores, más horas de trabajo, ritmo de producción más intenso- incrementando la productividad sobre esta base. Es que el capitalismo español en medio de una crisis brutal se juega su supervivencia en el intento por restablecer su tasa de beneficio.

Es una reforma laboral diseñada para que las grandes empresas incrementen su beneficio en medio de la crisis, procediendo a reducciones drásticas de plantilla en empresas sin pérdidas como el caso de Telefónica y bancos como Santander, BBVA, Caixabank. Esta es una operación de un inmenso calado, porque está destinada a sentar las bases de una mayor explotación de los trabajadores y es al mismo tiempo un apoyo estratégico del Estado al proceso de concentración de capitales que acompaña a las crisis capitalistas. El grave problema es que la única forma de que haya una recuperación económica es mediante un prolongado periodo de destrucción de fuerzas productivas de forma pacífica o violenta. Y cualquiera de estos escenarios requiere de la derrota de los y las trabajadoras para poder imponerlos como salida a la crisis. Esta estrategia no es ajena a la entrega al capital privado de las áreas asistenciales y formativas tradicionales del estado, como la salud y la educación, en su afán de garantizar a los capitalistas nuevas vetas de negocio. Forma parte indisoluble además del proceso por el cual la crisis de los sectores privados se traslada al estado, mientras este abre puertas al negocio privado argumentando que no puede sostener sus responsabilidades tradicionales por falta de unos recursos que gasta precisamente en sostener a un sistema económico en virtual disolución.

La UE es un motor impulsor de este proceso. Su papel es el de estado mayor de los capitales más concentrados de Europa encabezados por los de Alemania. El grupo de países con una mayor composición técnica y orgánica de capital, Alemania, Holanda, Finlandia, Reino Unido, y en menor medida y en posición intermedia Francia y Bélgica, se han repartido el mercado de los países de la denominada periferia del viejo continente en la zona del euro: Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Se han dedicado a exportar a estos países sus excedentes de capital para financiar el endeudamiento de la periferia que a su turno suponía la compra de bienes y equipos fabricados por las empresas de estos países en todo el mundo, incluidas las mismas naciones periféricas. El caso de Reino Unido con Irlanda, o el de Alemania con Grecia y España iluminan esta situación. La política de rescate de las naciones en crisis por parte de la UE ha sido un mecanismo de rescate de los bancos de los países centrales cargados de deuda privada y soberana de las naciones en crisis.

La UE se ha dedicado a ejercer una presión sin límite sobre los países en crisis para imponer sus soluciones de austeridad, y toda vez que una crisis política amenazó con desbordar los límites de la tolerancia de los socios mayores la UE ha propugnado métodos antidemocráticos que han pasado por encima de la vida parlamentaria de los países en cuestión. Han logrado una reforma constitucional en España sin siquiera una consulta parlamentaria. Han impedido un referéndum en Grecia sobre el programa del rescate obligando a la dimisión del gobierno de Georgos Papandreu en 2011. Han ejercido una presión sin límites sobre el establishment político griego en las elecciones generales de junio de 2012 con el objetivo de lograr que Nueva Democracia resultara el partido más votado y recibiera por tanto 50 escaños que es el premio de la ley electoral griega para el ganador. El objetivo de fondo era evitar que, aun a pesar de su política, la coalición de izquierda Syriza acabara sacando a Grecia de la UE al abrir un canal más poderoso a la movilización de masas.

En Italia la UE y sus aliados han impuesto una coalición de todas las organizaciones desde la derecha hasta el centro izquierda para proclamar primer ministro al tecnócrata Mario Monti que no fue elegido en las urnas. Como lo demuestra el caso griego con claridad el objetivo de los capitales más concentrados de Europa es transformar a las naciones de la periferia en protectorados carentes de soberanía a los que se les dicta la política económica que viene bien a los países con excedentes de balanza de pagos. La política de austeridad a ultranza impuesta a la periferia sirve a los intereses de reducir hasta el extremo las necesidades de financiación de los países intervenidos y por lo tanto preservar los recursos de los países centrales. Bien mirado, no se trata solo de la opresión de los países de la periferia por los países centrales, sino además de la opresión creciente de los y las trabajadoras de todos los estados de la UE, formen o no parte de la zona de la moneda común, el euro. Desde este punto de vista, actos como la entrevista de los líderes sindicales españoles de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, con la canciller de Alemania Angela Merkel el pasado mes de julio son profundamente reaccionarios porque despiertan la ilusión de que una intervención de Alemania, el primer impulsor de esta política de la UE, puede llegar a ser beneficiosa para el Estado español. No es posible una defensa consecuente de los intereses de los y las trabajadoras sin la denuncia de la UE y la lucha por su disolución.

En 1915 Lenin en un artículo titulado La Consigna de los Estados Unidos de Europa señala que “Desde el punto de vista de las condiciones económicas del imperialismo, es decir de la exportación de capitales y del reparto del mundo por las potencias coloniales ‘avanzadas’ y ‘civilizadas’, los Estados Unidos de Europa son imposibles o reaccionarios en el capitalismo”.4 Asistimos en pleno siglo XXI a la materialización de esta consigna como mecanismo de salvamento del capitalismo europeo en descomposición. Desde entonces, y especialmente desde 1923 tras su adopción por la Internacional Comunista en vida de Lenin, la consigna con que los socialistas revolucionarios se oponen a los Estados Unidos de Europa como unión reaccionaria de intereses de la burguesía es “Por los Estados Unidos Socialistas de Europa”. Es decir los revolucionarios se oponen a la UE no desde la estrechez de la nación dominada por la burguesía, sino desde una unión de estados soberanos socialistas.
Desde el punto de vista de la lucha de los y las trabajadoras contra esta ofensiva la consigna de rechazar la deuda usuraria, exigir la moratoria unilateral de la deuda pública, es una pieza central. La moratoria debe ser unilateral y no negociada, y en todo caso lo único que se puede atender es el derecho de los pequeños inversores.

La experiencia de los países que, como Argentina y Ecuador, han apelado a las moratorias negociadas de la deuda pública interior y exterior y a su reestructuración pone de relieve que la idea de una “Auditoría de la Deuda” para determinar cual se debe pagar y cual no es un callejón sin salida. Toda la deuda pública sin distinción es usuraria y forma parte del proceso de exacción que el estado capitalista ejerce contra su población trabajadora para sostener los resortes de un estado que arbitra toda su acción en favor de los propietarios de los medios de producción. Son los trabajadores los que acaban pagando la deuda pública.

La experiencia de Argentina es además ilustrativa. El país suspendió pagos en 2001. Entre 2004 y 2005 negoció de nuevo parte de su deuda y emitió nuevos bonos con un recorte del principal para sustituir la deuda vieja, pero utilizó como referencia una serie de indicadores que implican una alta rentabilidad lo que está asfixiando nuevamente a la economía del país. Con esta operación transformó una deuda de 65.000 millones de dólares en 35.300 millones de dólares.5 Volvió a negociar otra parte de la deuda en suspensión de pagos en 2010, y nuevamente cedió a la presión internacional concediendo nuevos bonos y redujo la deuda de 20.000 millones de dólares a 10.500 millones de dólares. Mientras, la caída de las exportaciones ha reducido la cantidad de divisas que ingresan al país. Las divisas son indispensables para el servicio de la deuda externa. El Gobierno se financia con un impuesto del 35% a las exportaciones agropecuarias. Pero el dinero se va en pagar los intereses de la deuda. Para atender a las necesidades presupuestarias interiores y al pago de la deuda externa e interna, el Gobierno utiliza la emisión de moneda del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las cajas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Estos mecanismos provocan inflación. Para frenar la inflación el BCRA retira del sistema bancario el dinero que inyecta el gobierno para pagar el gasto público. Para ello emite una deuda especial que rinde un interés muy alto destinada a los bancos y que en este momento representa 109.000 millones de pesos argentinos.6 Pero lo que es peor es que el “desendeudamiento” preconizado por los gobiernos de Néstor Kirchner entonces y Cristina Fernández ahora ha sido paradójico: la deuda pública ha aumentado hasta alcanzar los 182.741 millones de dólares incluyendo la deuda con el Club de París7. Es decir Argentina va camino de una crisis fiscal. No cabe la menor duda de que este no es el sendero a seguir por los y las trabajadoras españolas.

Para las y los socialistas revolucionarios, de lo que se trata es de transformar la realidad. En este sentido, debemos ser capaces de ofrecer a una sociedad en lucha objetivos claros que ayuden a agrupar fuerzas y concentrar el ataque en contra del traslado de la crisis a los y las trabajadoras por parte del Estado capitalista. La moratoria inmediata y unilateral de la deuda pública interna y externa se inscribe dentro de este objetivo. Para dar una salida real a la lucha por una sociedad justa este objetivo se debe acompañar de la expropiación de la banca y la nacionalización del crédito en el camino de un gobierno de los y las trabajadoras.

Carlos Schwartz es periodista especializado en asuntos económicos y miembro de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica (www.setcrit.net).

Notas

Datos tomados del Banco de España de acuerdo con los cuadros a1104, a1103 y a1102.
Datos tomados del Banco de España de acuerdo con el cuadro e0709 Deuda externa de España.
Ibid.
Disponible en: http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/8-1915eu.htm
Periódicos Clarín, Página12, La Nación, 10/02/2005, 15/02/2005, 13/02/2005.
Clarín, 11/11/2012
Ibid.

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febrero 5, 2013

Sin dinero público, no somos nada

Iturria: Carlos Sánchez Mato / Attac – 2013/01/31

A pesar de las triunfalistas declaraciones pronunciadas recientemente por el Gobierno español, el sector bancario no ha solucionado aún sus graves problemas de solvencia. Hasta el mes de diciembre de 2012, las entidades financieras españolas han recibido más de 589 mil millones de euros de fondos públicos en concepto de ayudas. Únicamente el 13,72% del total son ayudas de capitalización mientras que el 86,28% han sido ayudas a la financiación de las mismas. Ayudas directas en forma de capital, seguros contra pérdidas futuras, avales a las emisiones de deuda, adquisición de activos líquidos, suelo e inmuebles, suscripción de participaciones o bonos preferentes convertibles y préstamos ilimitados del Banco Central Europeo. Toda una batería de variados instrumentos para mantener a flote a las entidades bancarias al que hay que añadir el aval implícito gratuito que el Estado está dando al permitir que un Fondo de Garantía de Depósitos en quiebra técnica y que no dispone de patrimonio garantice los depósitos que los ciudadanos tienen en las entidades hasta un importe de 100 mil euros. Solamente la confianza en que el Estado protegerá los ahorros de la gente y no la solvencia de los bancos permite su supervivencia.

Aunque la propaganda oficial intenta evitar la difusión de esta información, todas las entidades han precisado de ayudas públicas en mayor o menor medida porque la insolvencia habitual de las mismas se precipita en escenarios de crisis como la que vivimos en la actualidad. Culpabilizar únicamente a una parte del sector, concretamente a las cajas de ahorro, de la debacle no es más que un argumento interesado que no pretende otra cosa que salvar a los grandes bancos a costa de la fagocitación de las cajas de ahorro. Y todo ello realizado con enormes ayudas públicas.

En el mes de diciembre del pasado año se ha formalizado la última inyección que ha superado los 81 mil millones de euros si sumamos al capital desembolsado en las entidades ya nacionalizadas, las adquisiciones de activos por parte del “banco malo”. No será la última.

Ver Cuadros de ayudas públicas al sector bancario español (Datos actualizados a diciembre de 2012)

http://matoeconomia.blogspot.es/img/ayudabancos.pdf

enero 29, 2013

Deuda, recortes sociales y ONGs

Iturria: Jesús M. Castillo / En lucha

Algunos movimientos sociales que nacieron con un espíritu eminentemente reivindicativo y antisistema fueron derivando hacia posiciones reformistas dando lugar a toda una pléyade de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)

Las fuertes luchas sociales de los años sesenta e inicios de los setenta, aún consiguiendo avances importantes, no consiguieron los objetivos planteados como horizonte de lucha.Al descenso natural en el nivel de movilizaciones tras un periodo socialmente muy convulso se sumaron, durante los años setenta e inicios de los ochenta, derrotas importantes en los planos sindical y político frente a gobiernos como los de Thatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos. En el Estado español, venció una Transición política en la que no se hizo justicia y no se avanzó social y políticamente como esperaban millones de personas. El neoliberalismo, que tan bien conocemos ahora, comenzó a instalarse como una fase más en la desesperada huida hacia delante de los capitalistas en su intento por dejar atrás la crisis de los setenta.
 
En este contexto, comenzaron a surgir diferentes movimientos sociales que enfocaban la lucha a nivel sectorial, configurándose grupos ecologistas, feministas, LGTB, de jóvenes, contra el racismo, etc. Con el paso del tiempo, algunos de estos movimientos sociales que nacieron con un espíritu eminentemente reivindicativo y antisistema fueron derivando hacia posiciones reformistas y labores asistenciales, dando lugar a toda una pléyade de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), muchas de las cuales se financiaban principalmente mediante subvenciones públicas.
 
Ahora, en plena crisis económica utilizada como excusa para recortar lo público en favor de los intereses de unos pocos, las subvenciones a ONGs se están viendo recortadas drásticamente, desde las que reciben grupos de lucha contra el VIH hasta las de desarrollo. Al mismo tiempo se prioriza el pago de una deuda soberana ilegítima, en gran parte producto de la transferencia de la deuda de la banca a la deuda pública.
 
Muchas ONGs miran ahora hacia las bases de la sociedad y a los movimientos sociales, impulsados y agrupados en gran parte en el 15M, para sobrevivir. Frente al recorte en subvenciones, estas ONGs realizan, por ejemplo, actividades para autofinanciarse a la vez que conciencian sobre una problemática social determinada.
 
El pago de la deuda ilegítima es un problema para muchas ONGs (el dinero de su financiación está yendo en gran parte a pagar la deuda) y para la mayoría de la sociedad que vemos como nos privatizan los servicios públicos y nos recortan nuestras condiciones laborales. Frente a este problema común es hora de que la sociedad civil organizada, desde ONGs y otros movimientos sociales, a asociaciones de vecinos y vecinas y a la izquierda revolucionaria nos unamos con el objetivo común de hacer frente a la dinámica neoliberal y contra el pago de su deuda. Es hora de que manteniendo la diversidad, que es riqueza, unifiquemos esfuerzos en luchas claves como la que se articula contra el pago de una deuda ilegítima y que viene unida a un nuevo proyecto constituyente. Necesitamos un movimiento masivo que se articule desde las bases de la sociedad y se inspire y apoye en experiencias recientes latinoamericanas en Ecuador, Venezuela o Bolivia, en las luchas europeas contra la austeridad y en las revoluciones árabes que siguen su camino.
Jesús M. Castillo es activista de En lucha, profesor de Ecología y delegado sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) en la Universidad de Sevilla.
enero 29, 2013

Tribunales dan la razón a Islandia en litigio con Holanda y Reino Unido por quiebra de sus bancos, pero…

Iturria: Kaos en la Red – 2013/01/28

En contra de las advertencias de Europa, sus ciudadanos y ciudadanas se negaron dos veces en referéndum a compensar a los británicos y holandeses. Lo paradójico de este caso es que, pese al apoyo recibido hoy por los tribunales, el Gobierno de Islandia ha acabado por pagar gran parte del dinero.

Los poderes financieros clamen al cielo por tamaña ofensa e incumplimiento de ese país. Hablan de poca credibilidad y de que no hay criterios de seguridad jurídico financiera. No obstante, el mismo gobierno islandés ha ido anunciando las cantidades que ya lleva desembolsadas para pagar esa deuda. O sea, aquí también la crisis no la han pagaio los ricos!

El Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) acaba de dictaminar que el Gobierno de Reikiavik no violó la ley cuando forzó que 300.000 ahorradores británicos se quedasen sin el dinero que habían depositado en unas entidades que antes de la crisis parecían tan seguras como las de su país.

Tras la bancarrota ocurrida en 2008 en Islandia ante el rechazo del Ejecutivo islandés a rescatar a sus principales entidades financieras, los Gobiernos británicos y holandeses compensaron a los ahorradores con su propio dinero por las pérdidas. No obstante, inmediatamente después iniciaron un proceso legal cuya primera etapa terminó este lunes.

Según el dictamen de la EFTA, cuya decisión sorprendió a muchos analistas, Islandia no actuó en contra de la normativa al tomar la decisión de no pagar a los ahorradores. “Es una satisfacción considerable que la defensa islandesa haya ganado el caso Icesave. El Tribunal de la EFTA hace que esté más cerca el final de una historia muy larga”, respondió hoy el Gobierno islandés.

Lo paradójico de este caso es que, pese al apoyo recibido hoy por los tribunales, el Gobierno de Islandia ha acabado por pagar gran parte del dinero que debía al Estado británico. Según portavoces oficiales, Reikiavik ya ha reembolsado casi 3.300 millones de euros de los más de 6.600 depositados en Icesave. La cantidad ya pagada supone más del 90% del mínimo garantizado que el Estado estaba obligado a devolver. Así que, pese al veredicto que hoy llega de Luxemburgo, los contribuyentes islandeses, de una forma u otra, acabarán pagando —tal y como han hecho los españoles e irlandeses— los excesos de sus banqueros.

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enero 16, 2013

Entrevista de Óscar Carpintero a Juan Torres López

Iturria: últimoCero – 2013/01/13

La plataforma digital últimoCero presenta una interesante entrevista realizada por Óscar Carpintero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid, a Juan Torres, miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

[youtube http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ObR3Rc3quWo]
noviembre 27, 2012

Las otras deudas

Iturria: Carlos Taibo – Revista 15-M (noviembre de 2012)

Nada descubro cuando afirmo que estamos delante de una genuina estafa. En su versión más reciente, esa estafa se vincula estrechamente con la palabra deuda. Aunque nuestros gobernantes parecen empeñados en subrayar que arrastramos un grave problema de deuda contraída por las diferentes administraciones públicas, la realidad es muy diferente: hasta hace bien poco más de las cuatro quintas partes de la deuda española correspondía a agentes privados, entre los cuales despuntaban con claridad inmorales entidades financieras. Sólo una pequeña fracción de la deuda privada había sido contraída, entre tanto, por las unidades familiares.

En el meollo de la estafa mencionada despunta, claro, una circunstancia más: asistimos a un inmoral proceso de estatalización de la deuda privada que está en el origen de recortes y agresiones contra derechos. En virtud de la decisión asumida por los dos grandes partidos españoles, los desafueros cometidos por los responsables de bancos y cajas de ahorro los tenemos que pagar todas. No está de más que, en este terreno, recuerde lo que debiera ser evidente: mientras nuestros gobernantes acuden presurosos a salvar la cara a las instituciones financieras, no actúan de la misma manera con las familias. Ahí está, para demostrarlo, ese dato espeluznante que nos habla de nada menos que 350.000 desahucios.

Conviene agregar, con todo, un par de observaciones más. Si la primera subraya que nuestros gobernantes rechazan orgullosamente cualquier fórmula que implique una auditoría seria de la deuda, la segunda anota que en paralelo se niegan a aceptar lo que muchas entendemos que es la clave de la cuestión: la inexorable necesidad de distinguir entre deuda legítima –aquella que es razonable pagar– y deuda ilegítima –la que, al haber sido contraída en virtud de la especulación y del negocio más rastrero, hay motivos poderosos para rechazar–. Para cerrar el círculo, en fin, estamos obligados a certificar un dato sangrante que ilustra de manera fehaciente la condición de quienes nos gobiernan: no hay nadie en la cárcel, sea por efecto de la desregulación general acometida en el último decenio –si desaparecen las normas desaparecen también los delitos–, sea como consecuencia de la nula independencia del poder judicial.

De todo lo anterior hay que extraer lo que a mi entender es una conclusión obvia: sobran los motivos para rechazar el pago del grueso de la deuda y para hacer otro tanto con las faraónicas ayudas que las instancias que están en el origen de ésta –bancos y cajas de ahorro– siguen recibiendo. Como sobran las razones para dar réplica rotunda a las agresiones que el capital ha decidido sacar adelante al amparo de una nueva ola de la lucha de clases que nos retrotrae a etapas que muchos pensaban definitivamente arrinconadas por la historia.

Me importa subrayar, eso sí, y ahora cambio de tercio, que la negativa a sacarle las castañas a bancos y cajas de ahorro debe acompañarse de una actitud bien distinta en lo que respecta a otras deudas que, olvidadas, éstas sí, conviene pagar. La primera de esas deudas impagadas lo es con las mujeres. Víctimas de una atávica marginación, tanto en el orden material como en el simbólico, padecen a menudo una doble explotación: la que se verifica en el ámbito laboral convencional y la que se hace valer en el hogar de la mano de una economía de cuidados que recae de manera casi exclusiva sobre sus hombros. Nunca está de más recordar que el 70% de los pobres y el 80% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres.

La segunda de esas deudas que debemos asumir lo es con la mayoría de los habitantes de los países del Sur. En este caso lo que se impone es el recordatorio de las secuelas, dramáticas, de siglos de expolio de la riqueza humana y material que atesoran esos países. No vaya a ser que en el Norte opulento acabemos por reconstruir nuestros maravillosos Estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de explotación y exclusión.

La tercera, y última, de las deudas que estamos obligados a considerar es la que tenemos con los integrantes de las generaciones venideras y, también, con las restantes especies que nos acompañan en el planeta Tierra. A unos y otras llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable, cautivados como estamos por los mitos del crecimiento, el consumo, la productividad y la competitividad.

Mientras rechazamos la deuda que nuestros gobernantes nos han endosado, hagamos por pagar estas tres onerosas deudas que cabo de mencionar.

noviembre 8, 2012

La estafa de la deuda pública

Iturria: Vicenç Navarro / Publico.es – 2012/10/30

Según el pensamiento dominante en los establishments financieros, políticos y mediáticos que configuran la sabiduría convencional en el conocimiento económico, la deuda del Estado español (aproximadamente un 90% del PIB) se debe al excesivo gasto público realizado en el país durante los años de bonanza en los que se despilfarró el dinero público. Y para confirmar tal aseveración se citan casos como el del AVE, que en muchas partes de España apenas tiene pasajeros, o las carreteras que no llevan a ninguna parte y muchos otros ejemplos de derroche de dinero público que –según la sabiduría convencional- nos han llevado a la crisis actual. Un indicador de tal crisis es la elevada prima de riesgo que el Estado español tiene que pagar para poder conseguir dinero de la banca, pues ésta (conocida como los mercados financieros) está dejando de tener la confianza en la capacidad del Estado en poder pagar los intereses de su deuda pública. De ahí la necesidad de recortar gasto público a fin de disminuir el déficit y la deuda pública y recuperar así la famosa “confianza de los mercados”, la frase más utilizada en la narrativa oficial de los gobiernos español y catalán para justificar sus recortes presupuestarios.

La gran estafa

El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia del gasto público. En realidad, el gasto y empleo público español, incluyendo el catalán, son los más bajos de la UE-15. Sólo un adulto de cada diez trabaja en el sector público en España (en Catalunya no se llega ni a este ratio). En Suecia, es uno de cada cuatro. La hipertrofia del sector público, que según el dogma neoliberal dominante está ahogando la economía española, es una de las falsedades más notorias que se transmite con mayor frecuencia en los mayores medios de información. Los datos, fácilmente accesibles, muestran precisamente lo contrario. El Estado en España (y en Catalunya) es uno de los más pobres de la Unión Europea de los Quince, UE-15. Ahora bien, los economistas de FEDEA, los gurús mediáticos –como Xavier Sala i Martín y otros- continuarán, contra toda la evidencia existente, subrayando que la raíz del problema que tiene España, incluyendo Catalunya, es su excesivo gasto público, que –según ellos- ha generado el gran crecimiento de su deuda pública.

La causa real del crecimiento de la deuda

La causa más importante (y más silenciada por los medios) de la elevada deuda pública en España ha sido el dominio de la banca –y muy en especial de la banca alemana- y de las fuerzas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y su sistema de gobierno. Veamos los datos. Tales fuerzas establecieron un Banco Central que no era un Banco Central, sino que era un enorme lobby de la banca. Lo que hace un Banco Central en un país es imprimir dinero y con este dinero compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros.

Ahora bien, cuando se estableció el euro, el Estado español perdió tal capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública. Se delegó tal autoridad al Banco Central Europeo, que sigue imprimiendo dinero pero no para prestarlo al Estado español (la compra de deuda pública, en la práctica, es un préstamo al Estado), sino para prestarlo a la banca privada a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Y es esta banca privada la que compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 6% o un 7% en el caso español o italiano). Es un negocio redondo para la banca. El chanchullo del año. La banca, incluyendo la banca alemana, se ha forrado de dinero durante todos estos años. Nunca les había ido tan bien. Chupaban la sangre  (los altos intereses de la deuda pública) al Estado, y cuando éste parecía que iba a desmayarse o morir, entonces (y sólo entonces), el Banco Central Europeo le prestaba dinero al Estado, es decir, le compraba deuda pública para que continuara viviendo, a fin de que la banca privada, como sanguijuela, pudiera continuar chupándole la sangre (es decir, su dinero).

Este entramado, en el que el BCE da dinero a la banca privada a unos intereses bajísimos, se justifica con el argumento de que así se garantiza el crédito necesario para las familias y para las empresas medianas y pequeñas (que crean la mayoría de puestos de trabajo). Pero el crédito ni está ni se le espera. En realidad, a pesar de que el BCE ha dado desde diciembre de 2011 más de un billón de euros (sí, un billón de euros) a la banca privada (la mitad de este billón fue a la banca privada española e italiana), el crédito continúa escaso, pues la banca tenía otras inversiones (como comprar deuda pública) mucho más rentables que la de ofrecer crédito.

Cualquier persona normal y corriente se preguntará, ¿por qué el BCE no prestó este dinero a los Estados de la Eurozona en lugar de prestarlo a la banca para poder financiarse sin necesidad de pagar unos intereses tan elevados a la banca privada? Por extraño que parezca, nadie en la estructura de poder que gobierna la Eurozona se planteó, hasta hace muy poco, esta pregunta. Y ello, como resultado de estar imbuidos en el dogma neoliberal, que es la ideología promovida por el capital financiero, es decir, por la banca (además de las compañías de seguro, fondos de alto riesgo y un largo etcétera).

Si el BCE hubiera prestado el dinero al Estado español, en lugar de éste tener que pedirlo a la banca privada, el Estado hubiera ahorrado muchísimo dinero. El Estado, en lugar de pagar unos intereses al 6%, hubiera pagado al 1% (como pagan los bancos para obtener dinero del BCE), ahorrándose muchísimo, pero muchísimo dinero, sin que hubiera aparecido el problema de la deuda pública, y sin que se hubiera necesitado hacer ningún recorte de gasto público. Hoy, uno de cada cuatro euros que el Estado se gasta va para pagar su deuda pública, predominantemente a los bancos. Si hubiera recibido dinero directamente del BCE no habría habido ninguna necesidad de hacer recortes.

El economista Eduardo Garzón ha calculado (en su artículo “Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública”) lo que el Estado español tendría como deuda pública (desde 1989 a 2011) si hubiera tenido un Banco Central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada pagando los elevadísimos intereses que ha pagado. Pues bien, la deuda pública sería hoy un 14% del PIB (sí, ha leído bien, un 14%) en lugar de un 90%. Este es el enorme coste al Estado español de haber tenido el sistema de gobernanza del euro tal como ahora existe, sistema de gobernanza que se diseñó para optimizar los intereses de la banca a costa de los intereses de la población y de su Estado. Hoy España, incluyendo Catalunya, no tendría los problemas que tiene si hubiera tenido un Banco Central propio digno de su nombre, o hubiera tenido un Banco Central Europeo que hubiera sido un Banco Central.

Las injusticias del sistema actual

El sistema de gobierno del euro es, además de sumamente ineficiente, profundamente injusto, pues está originando un proceso redistributivo enormemente regresivo en el que la gran mayoría de la población está pagando con impuestos el pago de los intereses de la deuda pública del Estado, y con ello está transfiriendo a los súper ricos (que compran los bonos a través de los bancos) dinero para pagarles lo que el Estado les debe al haber comprado deuda pública. Esta transferencia de dinero se realiza también a nivel de la Eurozona, de manera que los países que tienen que pagar intereses de la deuda más altos (los países del Sur) los pagan a los bancos del Norte (que han invertido cantidades muy significativas de su capital en comprar deuda pública de tales países que generan unos intereses exuberantes, alcanzando unos beneficios estratosféricos). Alemania tiene 200.000 millones de euros en tal tipo de inversiones en España. En realidad, los famosos 100.000 millones de euros que la Unión Europea puso al alcance de España para “salvar sus bancos” era, en realidad, dinero (aprobado por el Parlamento Alemán) para salvar a los bancos alemanes (tal como han reconocido varios economistas asesores del gobierno alemán) que estaban con el agua al cuello debido a la deuda pública y privada española, ya que tenían pánico a que no les pudieran pagar. Será el pueblo español el que pagará los 40.000 millones que el Estado ha pedido para pagar tal deuda, situación que es profundamente injusta. Si después de leer este artículo usted, lector, no está indignado, es señal de que, o bien es usted parte del problema o es que no me he explicado bien. En este caso, le aconsejo lea el libro de Juan Torres y yo, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero donde expandimos lo que brevemente presento en este artículo. Pero créame que hay causas para estar más que indignado. Hoy se está desmantelando el escasamente financiado Estado del bienestar en España, incluyendo en Catalunya, para que los bancos puedan comprar su deuda pública, la cual consiguieron diseñando un sistema en que sus beneficios, que afectan a un sector superminoritario (lo que los indignados estadounidenses Occupy Wall Street movement llaman el 1%) se realice a costa de la miseria de todos los demás. Así de claro. Léase el libro y lo verá.

noviembre 7, 2012

La austeridad aumenta la deuda

La Vanguardia

Nadie ha sido cesado por incompetencia en las cúpulas de poder en Bruselas, Francfort, Berlin. Tampoco, que sepa yo,  se le ha ocurrido a un ministro o alto funcionario pedir disculpas. Pero queda cada vez más claro ya que se ha cometido un error de consecuencias desastrosas para los ciudadanos europeos en la respuesta a la crisis en Europa.  Se calculó hace tres años que los ajustes fiscales permitirían reducir los abultados niveles de deuda publica y restaurarían la confianza de los mercados. Ahora crece el consenso de que el resultado es justo el contrario.. Los ajustes están provocando un aumento del volumen de deuda publica (y privada) como porcentaje del PIB debido a su impacto sobre la actividad económica.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció  el mes pasado en Tokio en un anexo técnico de  su informe de expectativas que el impacto de los ajustes sobre el crecimiento europeo –y por tanto de los ingresos tributarios y el coste de prestaciones sociales- podría ser tres veces mayor de lo que se había pensado al diseñar los ajustes.  Ahora
uno de los institutos de análisis más importantes del Europa, el National Institute of  Economic and Social Research (NIESR) en Londres, da un paso más  allá tras analizar los ajustes y los llamados multiplicadores fiscales en todos los países europeos.

Según el NIESR, los ajustes no solo han causado enormes daños a los tejidos sociales de algunos países europeos, disparando el paro, dejando a  familias enteras en la calle, condenando a niños al bajo rendimiento escolar y, más adelante, a una mayor marginación social debido al aumento drástico de la pobreza infantil y la desigualdad.  No  solo han causado esto sino también han sido “contraproducentes” en lo que se refiere a su objetivo de reducir la deuda, advierte un nuevo informe del instituto londinense :  “Según nuestra investigación, la consolidación fiscal coordinada no solo ha tenido un impacto más fuerte sobre el crecimiento de lo que se esperaba sino también ha aumentado, en vez de bajar, las ratios de deuda frente al PIB”, afirma el instituto.  “Con los planes de consolidación fiscal ya en marcha, las ratios de deuda serán mayores en el 2013 en la UE en lugar de más bajos”. Conviene leer esto otra vez. “Con los planes de consolidación fiscal ya en marcha, las ratios de deuda serán mayores en el 2013 en la UE en lugar de más bajos”. O lo que viene a ser lo mismo: “En caso de que no se hubieran adoptado estas políticas, los niveles de deuda respecto al PIB serían menores”, según sentencia el informe. Léalo otra vez por si el grado de locura de lo ocurrido no se ha asimilado:  “En caso de que no se hubieran adoptado estas políticas, los niveles de deuda respecto al PIB serian menores”.

En otras palabras, el dolor que están sufriendo muchos habitantes de la periferia europea, quizás usted, no ha servido para nada. De hecho, ha sido un dolor contraproducente que no forma parte de un proceso de recuperación sino  que, -como de hecho ocurre en muchas enfermedades fisiológicas-, el sufrimiento está agravando la condición subyacente.

En el caso de España, el NIESR calcula que la deuda pública como porcentaje del PIB al final del año próximo será cinco puntos porcentuales mayores de lo que habría sido sin haberse adoptado los ajustes. En el caso de Grecia, el error es un auténtico catástrofe: la deuda se sitúa  30 puntos porcentuales del PIB por encima de donde se situaría sin haberse adoptado los ajustes.

Los resultados del análisis del equipo de economistas del NIESR demuestran cuantitavamente  hasta qué punto las políticas llevadas a cabo en Europa han tenido consecuencias diametralmente opuestas a las deseadas. Este “resultado perverso” es una consecuencia de la “contracción brusca” del PIB provocado por la austeridad. Al intentar realizar ajustes  simultáneamente en diversos países el impacto negativo sobre la actividad económica europea es aun mayor.

Hablé el viernes con Jonathan Portes, el director del NIERS y autor del informe junto con Dawn Holland. Portes  calificó las políticas de austeridad en la UE como “un terrible error”. No solo son responsables los eurocratas en Bruselas y Francfort  o los ortodoxos empecinados de Berlin sino quienes en los paises que han adoptado ajustes duros han utilizado argumentos populistas apelando a un sentido común simplista de “apretar el cinturón” para bajar la deuda. El Partido Conservador británico y el Partido Popular en España ganaron elecciones respectivamente presentando una estrategia económica  engañosa que defendía la idea de que la austeridad pudiera ser  motor del crecimiento ya que –según se argumentaba- la retirada del estado reduciría un problema de crowding out (exclusión) del sector privado y crearía margen para una mayor inversión privada que compensaría el impacto sobre la demanda de los ajustes.

Pero los economistas con perspectiva histórica saben de sobra, a partir de la experiencia de los años veinte y treinta, que , cuando existe mucha capacidad económica infrautilizada  como en Europa y EE.UU actualmente, no puede existir un problema de crowding out. Más bien todo lo contrario.  El miedo que paraliza la inversion privada en estos momentos solo puede ser combatida gracias a fuertes inversiones públicas para resucitar la demanda agregada, para generar oportunidades de negocio y estimular los  llamados animal spirits.  “Jamás era plausible la idea de contracción expansiva y ahora está totalmente desacreditado”, sentencia Portes.

El gobierno de David Cameron preveía un aumento del 20,3% de la inversión privada en 2011 y 2013 gracias a la retirada de gasto publico . En realidad, el aumento de la inversión ha sido el 2,5%..“En España, donde  no hay flexibidad de la tasa de cambio, la austeridad es aun mas dañina que en el Reino Unido“, dijo.

Según el informe NIERS el efecto multiplicador de un ajuste fiscal son especialmente elevados en una economía en una fase prolongada de recesion en la que la actividad economía se sitúa por debajo de su nivel máximo anterior. Puesto que los tipos de interés en una economía deprimida con elevados niveles de deuda privado y publico como a actual  son próxima a cero , es imposible que las consolidación fiscal se vea compensada por recortes de tipos..

Es más, advierte Portes: “Si las medidas de austeridad se adoptan simultáneamente en países dependientes de demanda interna no funciona jamás”, dijo Portes.  “Es irónico porque se creó la UE para evitar el impacto de evitar fallos de coordinación”, sentencia.

El argumento de que no queda mas remedio que seguir con la austeridad ya que los mercados lo exigen parte de “un razonamiento falso”, añade. “Los mercados no son tontos; entienden el impacto sobre el crecimiento“, dijo Portes. De hecho, muchos participantes de mercado ya coinciden con el FMI y el NIESR asi como economistas de enorme prestigio como Brad De Long, Larry Summers , Paul Krugman, Charles Wyplosz, Paul de Grauwe y muchos más de que la austeridad no resuelve sino agrava el problema de endeudamiento

Ya sé. Es difícil para muchos escaparse de la  pedante  lógica  lineal de que el   recorte del gasto público es necesario para bajar el déficit.   Requiere saltos laterales de pensamiento , un reconocimiento de que la economía  es dinámica y que la ratio de deuda depende tanto del denominador como del numerador. Tanto del PIB como de la deuda en sí. Quizas para algunas mentes es imposible deshacerse de la convicción de que hay que sufrir para redimirse, sobre todo si son  mentes de quienes no sufren mucho.

Es decir que las políticas sádicas y contraproducentes con la ayuda de un medio de Rupert Murdoch o un Pedro Jota Ramirez, hasta pueden generar votos. Por eso, tenemso que insistir en que  el pensamiento indisciplinado  de los defensores de la austeridad sea sometido al nuevo consenso de Washington (y Londres), es decir, al criterio de  los excelentes economistas del FMI y el NIESR. Estos expertos  saben que necesitamos urgentemente más crecimiento  para evitar la insolvencia y que la única manera de conseguirlo es mediante un ritmo mucho más lento de consolidación fiscal en la periferia de la zona euro y por una expansión fiscal en el nucleo del euro asi como en el Reino UNido. Eso y una bateria de medidas de inversión pan europeas para relanzar la economía.

Por si sigue habiendo dudas,  repito la posición del nuevo consenso: las voodoo economics de”austeridad sí, crecimiento también” (Mariano Rajoy dixit) han  causado un aumento catastrófico de la deuda pública que amenaza la solvencia del estado español. Sin crecimiento, ninguna operación de apoyo de Mario Draghi real o virtual hará sostenible la deuda española

Portes instó a la UE a cambiar de estrategia: “El BCE y la UE deberían abandonar la meta de reducción inmediato de los déficit; hay que mantener las reformas estructurales y desacelerar fuertemente la austeridad  sino vamos a ver un aumento mayor de la deuda pública” .¿Se ha aprendido la lección? “El FMI en Washington sí. En Londres se reconoce poco a poco. Pero en Europa creo que no”, dice Portes

octubre 30, 2012

¿Qué pasaría…si los bancos españoles en problemas no recibieran ayudas y se les dejara caer?

Iturria: Attac Acordem – 2012/10/25

Desde el estallido de la crisis financiera hemos visto cómo muchas entidades bancarias españolas se han visto en serios problemas y cómo el gobierno ha acudido en su ayuda inyectándoles de una u otra forma dinero público. Este traspaso directo de dinero perteneciente a todos los ciudadanos a unas entidades privadas atenta claramente contra la justicia social e incluso contra los fundamentos económicos en boga. Sin embargo, el gobierno ha esgrimido continuamente como argumento la necesidad de no dejar caer a las entidades bancarias para evitar así un colapso financiero que terminaría perjudicándonos más a todos. Pero, ¿hasta qué punto es cierto este argumento tan recurrido? Profundicemos en el tema.

Un banco en problemas es un banco que no puede atender los pagos que tiene comprometidos con otros agentes. Si un banco en problemas no es ayudado con dinero público se verá forzado a caer, a ser liquidado, a desaparecer como entidad. Esto significa que el banco tendrá que vender todo aquello que posea y que tenga valor y con el dinero recaudado tendrá que devolver los pagos que tenía comprometidos. Pero claro, si el banco se está liquidando es porque no tiene suficiente dinero para abonar todos los pagos que debe, por lo que después de vender sus propiedades dispondrá de menos dinero del que debe pagar. No podrá pagar a todos aquellos a los que les debe dinero, así que algunos se quedarán sin cobrar.

Por ejemplo, si un banco debe dinero por una cuantía de 1.000 millones de euros y después de vender sus posesiones recauda solo 700 millones de euros, quedarán 300 millones de euros sin poder pagarse y que se consideran pérdidas. Alguien no podrá cobrar; alguien debe hacerse cargo de esas pérdidas.

¿Pero quién se quedará sin cobrar? Pues eso lo decide la ley, que se rige por el siguiente criterio: los últimos en cobrar (los primeros en asumir pérdidas) serán aquellos agentes económicos que más riesgo hayan contraído en sus operaciones con el banco, y cobrarán primero aquellos que menos riesgo hayan asumido. Este criterio es muy lógico, porque cuanto mayor riesgo existe más dinero se puede ganar, pero también perder. Cuando una persona o un fondo invierte en un banco contrayendo un riesgo elevado tiene que ser consciente de que su inversión dependerá del funcionamiento del banco: si al banco le va bien, el inversor ganará mucho dinero; pero si le va mal, perderá mucho dinero.

Así las cosas, en el dibujo siguiente se muestra el orden en el que los agentes deben asumir las pérdidas del banco.

Orden de liquidación bancaria

Los primeros en asumir pérdidas (los primeros en no cobrar) serán los accionistas. Las acciones son un elemento de inversión con un riesgo elevado que genera mucha rentabilidad. Puesto que sus propietarios han ganado bastante dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser los primeros en asumir pérdidas.

Si, por ejemplo, el banco en cuestión ha cuantificado las pérdidas por orden de 300 millones de euros y debe a los accionistas 100 millones de euros, quedarán 200 millones de euros en pérdidas. Alguien más tiene que quedarse sin cobrar. En ese caso se procederá en el orden comentado: los segundos en contraer pérdidas serán los propietarios de los bonos subordinados. Ésta es una inversión de menor riesgo que las acciones, pero todavía con un alto riesgo y alta rentabilidad.

Si después de ello todavía quedasen pérdidas por traspasar, los siguientes serían los poseedores de bonos no garantizados (tipo de inversión con menor riesgo que los bonos subordinados y que las acciones).

En penúltimo lugar se encuentran los depósitos de los clientes. Los propietarios de estos depósitos son los ciudadanos que han depositado en el banco sus ahorros, y por lo tanto no han corrido riesgos ni han ganado mucho dinero con esa actividad, por lo que se entiende que tienen prioridad a la hora de cobrar en caso de liquidación.

Y ya por último el banco tendrá que pagar a los propietarios de los bonos garantizados. Estos bonos son un elemento de inversión muy seguro (con poco riesgo) que genera muy poca rentabilidad. Puesto que sus propietarios no han ganado mucho dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser los primeros en cobrar (los últimos en asumir pérdidas).

Esta prioridad en el pago ya nos está indicando algo muy importante: si a un banco se le deja caer y es liquidado, los propietarios de los bonos garantizados pueden estar tranquilos porque cobrarán con toda seguridad. Además, y con casi toda seguridad, después de devolver el dinero de los bonos garantizados sobrará dinero para devolver a los depositantes sus ahorros. La única forma de que el banco no pudiese devolver los depósitos a los ahorradores sería si las pérdidas del banco fuesen tan grandes como para que no pudieran ser absorbidas por los accionistas, por los propietarios de bonos subordinados y por los poseedores de bonos no garantizados.

Saber con total seguridad cuántas pérdidas tienen los bancos españoles es muy difícil. Es difícil porque muchos de los activos bancarios tienen los precios inflados en su contabilidad, y la única forma de conocer con exactitud su precio real sería acudiendo al mercado a venderlos. No obstante, se han hecho muchas estimaciones sobre estas cantidades y todas calculan que las pérdidas de los bancos españoles nunca serían tan grandes como para no poder devolver los depósitos en caso de liquidación. La estimación más pesimista calcula que las pérdidas serían de 300.000 millones de euros (la más optimista es la de la Unión Europea: menos de 100.000 millones de euros y por eso el rescate será de esa cuantía), que a pesar de ser una cantidad relevante, puede ser absorbida por los inversores más arriesgados de los bancos (accionistas y poseedores de bonos subordinados y de bonos no garantizados). Según el director de Independent Advisors este tipo de inversores podrían asumir pérdidas de hasta 700.000 millones de euros. Incluso empleando la estimación más pesimista (300.000 euros), habría suficiente margen para que las pérdidas no llegasen a afectar a los depositantes.

En otras palabras, si el gobierno no ayudase con dinero público a los bancos españoles en problemas, éstos tendrían que ser liquidados y tendrían enormes pérdidas. Pero las pérdidas afectarían a los inversores más arriesgados y nunca a los depositantes. Los ciudadanos podrían recuperar sus ahorros aunque el banco no fuese ayudado por el gobierno. Por lo tanto, ni los ahorradores del banco ni el Estado tendrían que sufrir las consecuencias de la mala gestión de los bancos. Los costes los tendrían que asumir los accionistas y otros inversores más arriesgados (lo que es normal y lógico, pues se embarcaron en operaciones arriesgadas y han perdido). Si tenemos en cuenta que estos inversores son fundamentalmente grandes entidades financieras y grandes empresas, veremos todavía con mejores ojos que sean estos agentes los que soporten las pérdidas, puesto que gracias a su tamaño y potencial poseen una gran capacidad para afrontar pérdidas.

Ahora bien, es cierto que en este caso se generaría un efecto dominó que terminaría afectando a más bancos y a más empresas. Esto es así porque aquellas empresas que deberían asumir pérdidas podrían luego no poder cumplir sus compromisos de pago con terceros agentes. Liquidar bancos problemáticos tiene un coste alto, aunque no sea para el Estado o para los ciudadanos. Pero la pregunta clave es: si el coste hay que sufrirlo de todas formas, ¿por qué tienen que padecer todo el coste los ciudadanos corrientes -que nunca se arriesgaron en las operaciones bancarias, que apenas ganaron dinero con ellas, y que además en general no gozan de suficientes recursos para soportarlos- y no padecerlo en absoluto los inversores privados -que se arriesgaron, ganaron dinero con ello, y que además tienen un colchón económico mucho mayor?

La forma en la que se están traspasando las pérdidas de los bancos a los ciudadanos atenta contra la lógica económica y la justicia social; fenómeno que revela la estrecha ligazón entre la élite económica que saldría perdiendo si se liquidasen los bancos y la élite que posee el poder político. No es de extrañar, por lo tanto, que los indignados españoles digan bien claro y bien alto que la respuesta a la crisis sea una enorme estafa.

octubre 29, 2012

O la deuda o nosotros

Iturria: rebelion.org / Mariucha Fontana – 2012/10/29

El rescate de la banca convertido en deuda pública es un atraco a los trabajadores y al pueblo para garantizar los beneficios privados de los banqueros y socializar sus pérdidas.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 aprobados con el voto del PP en su primer trámite parlamentario, son una clara demostración de que gobiernan para la banca y están dispuestos a inmolar a los trabajadores y al pueblo para hacer lo que exige la troika en beneficio de los banqueros, los especuladores, los grandes empresarios y los millonarios. El rescate de la banca convertido en deuda pública es un atraco a los trabajadores y al pueblo para garantizar los beneficios privados de los banqueros y socializar sus pérdidas.

Las cuentas presentadas (ver el recuadro adjunto) tendrán gravísimas consecuencias para la vida del pueblo trabajador. El pago de las cargas y de los intereses de la deuda equivalen a la suma de los gastos de todos los ministerios. Como en una transfusión de sangre, un puñado de bancos absorbe toda la riqueza que los trabajadores producen, exigiendo aún más sobreexplotación. Con ello los recortes se profundizan, es un atraco sin fin a la clase trabajadora y al pueblo para mantener los beneficios del 1% de capitalistas. Nos enfrentamos a una disyuntiva en que o trabajamos y comemos o pagamos la deuda, una deuda que nos es nuestra sino de los banqueros y que nos conduce a un empobrecimiento sin precedentes.

Vivimos en una situación de permanente atraco. Los empresarios, aprovechándose de la crisis y de la reforma laboral, rebajan sueldos y abusan de una mano de obra joven altamente cualificada, pagando sueldos indignos. Los ERES no paran. Una cantidad enorme de parados están dejando de cobrar la prestación y no consiguen empleo, y cerca de dos millones de familias tienen ya a todos sus miembros en paro y sin ingreso alguno. Una situación que sigue empeorando, pues se profundiza la recesión y el desempleo superará el 25% en el 2013. Muchos trabajadores/as no cobran sus sueldos y se ven obligados a hacer huelgas para cobrarlo.

A esta situación insostenible, se le suman nuevos recortes en los Presupuestos del 2013, que el ministro de la Hacienda, Cristóbal Montoro, califica cínicamente como “los más sociales de la democracia”. En ellos a la reforma laboral, al “pensionazo”, al robo de la paga de navidad de los empleados públicos, al recorte de la prestación por desempleo, a la subida del IVA, de la luz y del gas, a los desahucios masivos, se les suman nuevos recortes en el gasto público y social para poder destinar más dinero aún a los bancos.

El gobierno anunció que “incrementaría” las pensiones en un 1%, casi dos puntos por debajo de la inflación. La difusión de la noticia de que la Seguridad Social acumula un déficit superior al 10% confirma que ni tan sólo ese 1% está garantizado, dibujándose en el horizonte nuevos “pensionazos”.

El propio ministro de Hacienda anuncia además que preparan nuevas “reformas estructurales”, 43 reformas legales que afectarán al mercado laboral y la política de empleo, la educación, las pensiones, el sector público, la ciencia, la competencia, el mercado inmobiliario, el sector primario y la seguridad jurídica…, es decir, un conjunto de leyes que profundizarán en los recortes y agresiones a la mayoría social.

Otro rescate, otro atraco

Los Presupuestos de 2013 han sido descalificados por el propio FMI y por la mayoría de los “expertos” y economistas de la burguesía por considerarlos “optimistas”, al basarse en un escenario de caída del 0,5% del PIB, cuando la recesión que ellos prevén es tres veces superior.

Es por ello que este presupuesto es visto como chapucero e increíble porque ni la recaudación será la prevista ni los gastos tampoco, ya que aumentará el desempleo y el paro, además de la deuda. Una deuda que cuanto más se paga, más se debe, dado que los intereses suben a voluntad de la banca y de los especuladores, con la troika exigiendo más recortes para pagarla.

De hecho estos Presupuestos son la antesala de un nuevo e inminente rescate. En la reciente reunión de jefes de Estado de la UE, el gobierno de Rajoy acaba de recibir la orden de Merkel de sumar los 40 mil millones del rescate bancario a la deuda del Estado, así como de que debe hacer efectiva la petición de rescate bajo “condiciones estrictas” supervisadas por la troika, es decir, una nueva reforma laboral y otro “pensionazo”, más desempleo y rebajas salariales, nuevos recortes sociales y el desmantelamiento de la educación, la sanidad y los servicios públicos.

La espiral a la griega es el camino a seguir en todo el sur de Europa. Grecia ya está a las puertas de un nuevo “rescate” con el que la troika (BCE, FMI y Comisión Europea) impondrá nuevos recortes. Ahora les exigen una nueva reforma laboral, cuyas medidas principales son la ampliación de la semana laboral a 6 días, la reducción de las indemnizaciones por despido, eliminar los aumentos salariales por antigüedad y congelar los salarios hasta que el índice de desempleo se sitúe por debajo del 10%. Además exigen más despidos masivos de empleados públicos (entre 5 y 15 mil).

El nuevo rescate que se avecina solo interesa a la banca y a las multinacionales españolas y supondrá un nuevo y profundo atraco al pueblo y a la soberanía del Estado español, que camina en dirección a la semicolonización. Como gritaba la gente en las manifestaciones del 13-O: “No queremos, no nos da la gana de ser una colonia de la banca alemana”.

No debemos, no pagamos

No hay salida a la crisis sin acabar con el pago de esta deuda ilegítima y sin romper con la Unión Europea del capital, con el euro y con la troika. Hablar de salir de la crisis en contra del PP sin dejar de pagar la deuda, como hacen el PSOE, CCOO y UGT y hasta Izquierda Unida, es seguir haciendo que el coste de la crisis de los capitalistas lo paguemos nosotros. La opción hoy es sencilla: o empleo, o pago de la deuda; o sanidad y educación públicas o pago de la deuda; o se come, se estudia y se tienen pensiones dignas o se paga la deuda. No hay otra alternativa.

CIFRAS DE LOS PRESUPUESTOS 2013

Rescate al banquero…

Subida del 33,8% de los intereses de la deuda a los bancos.

El 50% del presupuesto es para pagar la deuda.

la deuda ha crecido hasta el 90% DEL PIB.

El 80% de la “deuda pública” es del “rescate” de la banca.

…Recorte al obrero

Reducción del 6,3% en prestaciones para desempleo.

Reducción del 17,2% en Educación.

Recorte del 22,6% en Sanidad.

Reducción del 20% en dependencia.

Recorte del 25% en los servicios públicos.

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