Posts tagged ‘Auditoria’

marzo 20, 2013

Auditoría ciudadana de la deuda

Iturria: ATTAC.tv / Cécile Lamarque CADTM Bélgica – 2013/03/20

En esta entrevista Cécile Lamarque analiza las causas principales del aumento de la deuda pública. Por un lado, Cécile alude a los mercados financieros como responsables de la política de austeridad y, por otro, la movilización de los ciudadanos contra la deuda ilegítima ha abierto un nuevo camino hacia la auditoría ciudadana en Europa.

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marzo 14, 2013

Artillería jurídica contra la deuda externa

Iturria: Enric Llopis / Rebelion – 2013/03/13

La coordinadora del CADTM en Bélgica, Cécile Lamarque, reivindica los derechos humanos para que no se pague la deuda ilegítima

“No debemos, no pagamos”. Para materializar esta sencilla consigna hace falta acumular fuerza política. Pero también argumentos. Algunos de ellos, los de carácter jurídico, los ha expuesto en la Facultat de Ciències Socials de València, Cécile Lamarque, coordinadora del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) en Bélgica. Un arsenal de razones jurídicas para no pagar la deuda ilegítima a los acreedores.

En un acto organizado por la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià, Clínica Jurídica de la Facultat de Dret y el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Cécile Lamarque ha subrayado que la deuda se utiliza como “excusa” -en la realidad europea- para imponer políticas de austeridad y recortes. “Se nos dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, pero ¿a qué responde realmente el aumento de la deuda externa, sea pública o privada?

Primero, al “alza explosiva” de los tipos de interés en la década de los 80, coincidiendo con la llegada al gobierno de Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Gran Bretaña; además, a la aprobación de sucesivas contrarreformas fiscales para el beneficio de los grandes patrimonios y las rentas más altas, que han menguado los ingresos estatales; a dos tratados, primero el de Maastricht y después el de Lisboa, que fuerzan a los estados a financiarse en los mercados internacionales en lugar de hacerlo a través del Banco Central Europeo (BCE), a una tasa de interés muy inferior; por último, al coste de los planes de rescate y las maniobras de las agencias de calificación rebajando la nota de los estados. Es decir, “el endeudamiento en los países europeos no deriva de un incremento del gasto público”, subraya Lamarque.

El pago de la deuda y los planes de austeridad ahogan a las poblaciones del sur. Frente a lo que muchos ya califican de “austericidio”, el CADTM propone la realización de Auditorías Ciudadanas que delimiten qué parte de la deuda es ilegítima y, por tanto, no debe pagarse. Hay argumentos jurídicos que avalan las alternativas al binomio recortes-pago de la deuda. Por ejemplo, el último informe del experto de la ONU sobre deuda exterior, de abril de 2012, afirma que los estados acreedores y las instituciones financieras “no deben aprovechar las crisis para imponer reformas estructurales en los estados deudores”. También se explica en el mismo informe que los acreedores “no deberían imponer como condición de los préstamos o del alivio de la deuda, la aplicación de políticas como la privatización, la capitalización, la liberación del comercio, la desregulación de las inversiones o la liberalización del sector financiero”. Pero, afirma Cécile Lamarque, “la Troika impone actualmente estas medidas a los países de la periferia europea”.

Los Comités por la Auditoría de la Deuda priorizan la acción política de los ciudadanos para cancelar la deuda ilegítima al tiempo que desconfían de los tribunales y los mecanismos de arbitraje, “pues suelen dar la razón a las multinacionales y a los acreedores”, asegura la coordinadora del CADTM de Bélgica. “El derecho es siempre fruto de la correlación de fuerzas”, agrega. Por eso los argumentos jurídicos y las auditorías han de estar al servicio fundamentalmente de la lucha ciudadana. Siguiendo con las razones procedentes del Derecho, la activista recuerda que los estados “no tienen la obligación absoluta de reembolsar una deuda; deben hacerlo si se trata de deudas contraídas por el interés general”. Para ello, añade, puede invocarse la Carta de la ONU (1945); la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) o la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), entre otros textos.

El Derecho Internacional podría convertirse en un valioso aliado, de no ser porque las resoluciones de Naciones Unidas suelen quedarse en “papel mojado”. Una resolución del 18 de julio de 2012 llega a afirmar que todo estado “tiene la responsabilidad de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población (…) y no verse condicionado por fórmulas específicas de políticas económicas externas”. En otros casos, los estados pueden alegar motivos de fuerza mayor que les imposibilitan pagar las deudas. Según el Derecho Internacional, los estados también pueden ampararse en el “estado de necesidad” (“peligro para la existencia del estado y para su supervivencia política y económica”). Afirma Cécile Lamarque que Grecia podría invocar este principio para no reconocer parte de la deuda con los acreedores internacionales.

En los países de la periferia europea podría asimismo aplicarse el criterio sostenido por el experto de la ONU sobre deuda externa en su último informe: “cuando por causas ajenas a la voluntad del estado prestatario cambien las circunstancias, puede justificarse una moratoria de la deuda”. ¿Cuáles serían estas circunstancias? Por ejemplo, según la activista del CADTM, el incremento de los tipos de interés que se duplicaron en el periodo 2010-2011 respecto a 2008-2009. Otras veces el arsenal jurídico contra la deuda requiere de menos pormenores. Basta con invocar los principios generales del derecho internacional cuando se refieren a la “equidad”, “buena fe”, “abuso de derecho” o “fraude”.

Puede, así pues, tirarse de argumentario jurídico para considerar ilegítima una deuda contraída. También la casuística histórica es muy extensa y abundan los ejemplos a partir de los cuales podría reivindicarse el impago. Es el caso de las deudas contraídas por dictaduras, y que deben costear el conjunto de la población. Así, el CADTM reivindica este principio para las deudas contraídas por los regímenes recientemente caídos de Túnez y Egipto. “Se podría haber aplicado asimismo en las dictaduras militares de Grecia, Portugal o España”, subraya Lamarque. En contexto y época diferentes, tras la invasión de Iraq en 2003, el Club de París (foro internacional de países acreedores y deudores) consideró “odiosa” la deuda que mantenía este país y canceló el 80% de la misma. Aunque se tuvo cuidado en no difundir la noción de “deuda odiosa” por miedo a que cundiera el ejemplo.

Deudas ilegítimas por condicionalidades vinculadas a los préstamos. Éste es uno de los criterios con mayor potencial de materialización hoy en la Unión Europea. La deuda de los países de la periferia se halla íntimamente ligada a las políticas de austeridad e incluso a la imposición de gobiernos “títeres” (caso de Italia y Grecia). Lamarque también señala la posibilidad de declarar ilegítimo el endeudamiento producido por la compra de material militar (el ejemplo griego). O el derivado de la construcción de infraestructuras y grandes proyectos que afecten a las poblaciones y al medio ambiente.

No faltan ejemplos a los que acogerse y tomar como referencia. Algunos los cita el politólogo y jurista Joan E. Garcés en el epílogo de su libro “Soberanos e Intervenidos” (Ed. Siglo XXI), donde concluye que el empréstito “ha sido uno de los instrumentos financieros utilizados para intervenir, dividir o dominar a pueblos enteros”. En 1899, explica Garcés, Estados Unidos pidió que España asumiera las deudas contraídas por los cubanos alzados contra la corona. Un año antes, Reino Unido y Alemania suscribieron un acuerdo secreto para conceder un préstamo conjunto a Portugal y, anticipando que no podría reembolsarlo, repartirse en compensación los territorios portugueses de Angola, Mozambique y Timor, explica Garcés.

En el mismo libro se citan otras muestras de resistencia. Tras el pánico financiero de 1837, los estados de Mississippi, Arkansas, Florida y Michigan repudiaron la deuda pública contraída con inversores extranjeros. Se adujo que estas inversiones no habían producido beneficios. En 1860, el presidente mexicano Benito Juárez rechazó la deuda suscrita durante el régimen del general Zuloaga (1857-1860). Estados Unidos también obligó a repudiar la deuda que los estados confederados habían contraído con Francia y Reino Unido entre 1861 y 1865. Detalla Joan E. Garcés, asimismo, que tras 1877 los estados de Alabama, Arkansas, Luisiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee consideraron ilegítima la deuda pública contraída entre 1865 y 1877, porque el gobierno había actuado, se dijo, de manera corrupta y en beneficio propio.

En definitiva, resume Cécile Lamarque, hoy “el pago de la deuda se impone como condición absoluta; los estados lo aceptan para satisfacer a los mercados financieros”. De ahí nace la iniciativa de las Auditorías Ciudadanas. En Argentina (2001) se suspendió el pago de la deuda y ello no supuso, al contrario, una tragedia económica. En marzo de 2005, la Cámara de Representantes de Nigeria aprueba repudiar la deuda externa contraída por la dictadura militar. En 2010 y 2011 los ciudadanos islandeses decidieron mediante referéndum oponerse al reembolso de la deuda exterior, así como llevar a juicio a los gobernantes responsables.

Rafael Correa en Ecuador (2008) dejó de pagar, tras la realización de una auditoría con participación de los movimientos sociales, parte de la deuda exterior con la banca privada. Éste es uno de los grandes paradigmas aunque, según Cécile Lamarque, “podría haber llegado más lejos”. Grecia, Italia, Irlanda, Francia, Bélgica, Irlanda, Inglaterra, Portugal, España, Túnez, Grecia…Proliferan las plataformas por la auditoría de la deuda con la implicación de la sociedad civil. Trabajan en red para coordinar las luchas. “Porque el endeudamiento es un problema crónico del Sur, de los países periféricos de todo el mundo”, concluye Cécile Lamarque.

octubre 14, 2012

¿Y si España no paga sus deudas?

Iturria: Finanzas.com / Cristina Vallejo Redactora de Inversión29012/10/09

Hay un grupo de economistas, especialmente los no ligados al “establishment”, los que no trabajan para bancos, ni para empresas, ni para gestoras de fondos, básicamente algunos de los que enseñan en la universidad o los que trabajan por su cuenta, que defienden desde hace tiempo que España no podrá hacer frente a sus deudas. Especialmente a la privada, que está conformada fundamentalmente por deuda bancaria. Desde hace poco, también dicen que el Estado no podrá hacer frente a sus compromisos por culpa de la ingente carga de intereses que pesan sobre la deuda pública. En otras palabras: España estaría abocada a hacer un “default”. Y sería una buena noticia.

En las últimas horas, desde que los países del club europeo de la “AAA” (Alemania, Holanda y Finlandia) se negaran a cumplir con el calendario previsto para la creación de la unión bancaria y, por tanto, para la recapitalización directa del sector financiero español, la probabilidad de un impago de España ha aumentado drásticamente. ¿Cómo podrá el Estado asumir la ingente deuda del sector financiero? Porque ha sido esto y no las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados, ni el rescate andaluz, ni las elecciones en Cataluña, lo que ha disparado la prima de riesgo y ha provocado fuertes descensos en el Ibex y en otros índices europeos. El problema de España es la deuda bancaria. Para asumirla es para lo que se mete otra vez la tijera hoy en los presupuestos. Y también para pagar los intereses de la deuda pública. Porque el segundo problema, no hay que obviarlo, son esos rendimientos, artificialmente engordados por la rapiña de los acreedores. A río revuelto, ganancia de pescadores.

Lo que sorprende del grupo heterodoxo de economistas, entre los que hay nombres como el del catedrático de la Universidad de Sevilla Juan Torres López, el ex rector de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Berzosa, o el profesor del IEB Alejandro Inurrieta, no es sólo su diagnóstico de la situación y que se resume en la frase “España no podrá pagar sus deudas”. Lo más importante y verdaderamente transgresor es el modo en el que desdramatizan esa posibilidad real y liberadora.

El problema, dicen, no es económico, sino político. El Gobierno debe convencerse de que parte de la deuda que hoy pesa sobre nuestros hombros es ilegítima: una parte de ella responde a la usura de los prestamistas; otra, a la irresponsabilidad de la gestión de agentes privados (y también de responsables políticos, o de empresarios metidos a gestores de lo público en pos de sus propios intereses: hablamos de las cajas de ahorros). No estaría mal realizar una auditoría de la deuda, como alguna vez se ha pedido en Grecia.

El Ejecutivo, una vez realizada esa auditoría, debería comenzar a negociar con los acreedores. Éstos, no hay duda, tendrían que sentarse a negociar. Y aceptarían las condiciones una vez negociadas. No habría otro remedio.

Pero no es una tarea fácil. Harían falta más condiciones además de un Gobierno concienciado por liberar a su pueblo de la esclavitud de la deuda. El propio pueblo también debería estar concienciado y respaldar a su Gobierno en esta decisión. Y debe ser fuerte. Porque lloverán piedras.

El gran freno a esta opción es pertenecer a la Unión Europea, lo que implica no contar con soberanía monetaria que supla la financiación externa con financiación propia, como ocurre en países como EE.UU., sin ir más lejos. Ser miembro de la Unión Europea implica, además, tener unos socios que velan más porque cobren sus acreedores privados que porque la Unión siga siendo (precariamente) democrática. Y nos estamos refiriendo, concretamente, a Alemania. Y se piensan que con recortes se aseguran cobrar.

Lo que sí nos aseguramos con estos recortes, sobre todo con el modo en que se están haciendo, es un brutal y, quizás, irreversible deterioro democrático. La deuda es la mayor esclavitud, porque los acreedores, ante un deudor acobardado, se convierten en dueños y señores. Por eso, estos economistas, en un foro en el que compartieron mesa, coincidieron en que “quitarse la deuda del medio es la única vía para que el pueblo vuelva a empoderarse”.

Carlos Berzosa hizo una recomendación que me apunté. Dijo que para entender de verdad las consecuencias de la deuda odiosa hay que leer, en lugar de sesudos manuales de Economía, una novelita de Gabriel García Márquez, “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada”. Aún no la he leído. La dejo para cuando termine “La conquista del aire”, de Belén Gopegui, que también habla de préstamos, de esos que te piden los amigos y das a regañadientes, para no quedar mal, pero luego te arrepientes. ¿Les suena?

octubre 8, 2012

Discurso de Carlos Taibo contra la Deuda y para una Auditoria 25S

Iturria: auditoriaciudadana.net – 2012/10/05

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