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junio 25, 2013

El aumento de deuda se debe a las ayudas a la banca, no al gasto público

Iturria: Eduardo Garzón / La Marea – 2013/06/24

Sede del Banco de España en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

Sede del Banco de España en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

Todavía los hay que no son capaces de ver que si hoy día el Estado español presenta un elevado nivel de deuda pública (aunque todavía inferior al de otros países importantes, como Francia o Bélgica) es debido fundamentalmente a las ayudas públicas al sector bancario español (a cajas de ahorros, pero también a bancos) y a los desmedidos pagos por intereses de deuda pública, y no porque el Estado tenga un gasto corriente (gasto social, gasto en educación, gasto en sanidad, gasto en pensiones, gasto en administraciones…) excesivo. Esto último es el mensaje que se transmite, a través de los grandes medios de comunicación, desde los grandes grupos económicos y políticos interesados en camuflar la crisis financiera y hacerla pasar por una crisis fiscal. Mensaje que, desgraciadamente, está calando en buena parte de la población.

Pero vamos a refutar esta falsa creencia.

A finalizar el año 2008, cuando en España todavía no se había ayudado con dinero público a ninguna entidad financiera, la deuda pública alcanzaba los 358.425 millones de euros (el 40,20% del PIB; un nivel más que razonable). A finales de 2012, esta cantidad casi se había duplicado al presentar 688.231 millones de euros (un 84,20% del PIB). Es decir, en cuatro años el volumen de deuda pública se incrementó en 329.806 millones de euros (un aumento del 44% del PIB) (1).

Vamos a ver ahora por qué se tuvo que endeudar tanto el Estado español. Por un lado, se endeudó para inyectar dinero en las entidades financieras. Por otro lado, se tuvo que endeudar para pagar los intereses de esa deuda que iba aumentando rápidamente. Por último, también se tuvo que endeudar para suplir los gastos corrientes que no cubría con los escasos ingresos fiscales (gasto social, gasto en educación, etc).

Calculamos primero la cantidad total de dinero tomó prestado el Estado para ayudar al sector financiero español (2).

  • En concepto de inyecciones directas de capital (consistentes en aportar dinero directamente a las entidades), el Estado español ha gastado 59.130 millones de euros.
  • En concepto de adquisición de activos (consistentes en comprarle a las entidades una serie de activos, como los tóxicos acaparados por el banco malo), el Estado español ha gastado 71.821 millones de euros.
  • En concepto de créditos por parte del ICO y del FROB (consistentes en otorgar préstamos a las entidades), el Estado español ha gastado 3.099 millones de euros.
  • En concepto de participaciones y bonos preferibles convertibles (consistentes en financiar a las entidades a través de títulos de renta fija), el Estado español ha gastado 2.033 millones de euros.

En total, desde 2009 hasta finales de 2012, el Estado español se ha endeudado en 136.083 millones de euros para ayudar al sector bancario. Esto supone que de todo lo que se ha endeudado el Estado desde entonces, un 41,26% ha sido para dárselo a las entidades financieras españolas.

Ahora veamos cuánto se ha tenido que endeudar el Estado para poder pagar los intereses de deuda pública que tiene que abonar cada año (3).

En 2009 el Estado tuvo que pagar 17.400 millones de euros; en 2010, 23.200 millones de euros; en 2011, 27.400; y en 2012, 28.848. Esto hace un total de 96.848 millones de euros. Es decir, de todo lo que se ha endeudado el Estado desde 2009, un 29,38% ha sido para dárselo a los acreedores de la deuda pública española en concepto de intereses.

El resto, 96.875 millones de euros, (un 29,36% de todo el aumento de deuda desde 2009) es la cantidad que ha tenido que tomar prestada el Estado para suplir sus gastos corrientes.

Grosso modo, y para hacernos una idea aproximada, podemos decir que desde 2009 a finales de 2012, la cantidad de deuda pública ha aumentado aproximadamente un 18% sobre el PIB debido a las ayudas a la banca; un 13% sobre el PIB debido al pago de intereses de deuda pública, y otro 13% sobre el PIB al gasto corriente que excede los exiguos ingresos fiscales.

En conclusión, el vertiginoso aumento de deuda pública no se debe al excesivo gasto público corriente, como reza el mantra al que nos tienen acostumbrados, sino que se debe a la acción conjunta de las ayudas a la banca –fundamentalmente–, al pago de intereses de deuda pública, y al gasto corriente que excede los escasos ingresos fiscales.

Notas:
(1) Datos de Eurostat. Disponibles en http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?print=true

(2) Todos los datos de ayuda a la banca son oficiales y han sido consultados en el magnífico documento realizado por el compañero de ATTAC-Madrid Carlos Sánchez Mato. Sánchez, C. (2013): Las ayudas públicas al sector bancario español. Disponible en http://matoeconomia.blogspot.es/img/aypub2012.pdf

(3) Datos recogidos de los libros amarillos de los Presupuestos Generales del Estado. Disponibles en http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PresupuestosEjerciciosAnteriores/Paginas/PresupuestosEjerciciosAnteriores.aspx

 

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febrero 10, 2013

La patronal también la pagas tú

Iturria: Ignacio Escolar / elperiodico.com – 2013/02/10

La inmensa mayoría de empresarios honestos de este país deberían corear un famoso lema del 15-M y dedicárselo con un corte de mangas a la cúpula de la patronal: «¡Que no nos representan, que no!». La CEOE, que tantas lecciones da sobre el esfuerzo y la austeridad de los demás, arrastra un oscuro presente y un impresentable historial. Es una organización que ya está tardando en abrir las ventanas, limpiar bajo las alfombras y pedir públicamente disculpas a la sociedad.

La trayectoria de sus últimos dirigentes es como para hacérselo mirar. José María Cuevas, su histórico presidente, ni siquiera fue empresario; su hijo (al fin un emprendedoren la familia) acaba de ser detenido en una operación contra el blanqueo de capitales. Su sucesor, Gerardo Díaz Ferrán, está en la cárcel, acusado de gravísimos delitos; es el mismo moroso que no pagaba a sus empleados pero tenía dinero para donar varios cientos de miles de euros a Fundescam que se gastaron en la campaña electoral de su amiga, laregeneradora Esperanza Aguirre. Y quien sustituyó a Díaz Ferrán, Juan Rosell, ha tenido esta semana dos patinazos cada uno de los cuales justificaría por separado una dimisión. El primero, asegurar que esos 7,5 millones de euros en «donaciones» que aparecen registrados en los presuntos papeles de Bárcenas tienen poca credibilidad porque son «cantidades ridículas» (¿cuántos ceros hacen falta para que los donativos se parezcan a los de verdad?). El segundo, negar las cifras de paro. Para la marca España, es ideal que el presidente de los empresarios cuestione la estadística oficial.

Rosell también soltó el viernes en la SER una frase para enmarcar: «En la empresa pública ni se controla ni se evalúa». El cazo se lo dice a la sartén. En el 2010, la CEOE gestionó 587 millones de euros. Por comparar, el presupuesto del Congreso y del Senado (141 millones entre ambas cámaras) no llega ni a la mitad de la mitad. El 68% de esos fondos, unos 400 millones, son subvenciones, pagadas por los contribuyentes. La mayor parte de su dinero es público, pero sus cuentas son opacas. La CEOE solo presenta anualmente un mínimo resumen, con menos detalles que el salpicadero de un Seat Panda y solo de la cúpula central. Hablamos de una organización que cuenta con nueve vicepresidentes, una junta directiva de 221 miembros, 486 sedes por toda España y 3.729 empleados. Son los mismos que pregonan la austeridad, llaman vagos a los funcionarios y critican la «mastodóntica» Administración. Son también los que pedían abaratar el despido pero aprobaron una indemnización de 1,9 millones de euros para uno de sus exdirectivos.

El PP planteó esta semana que la futura ley de transparencia afecte también a partidos y sindicatos, como receptores de dinero público. Me sumo a la propuesta, pero que la amplíen también a la patronal.

octubre 30, 2012

¿Qué pasaría…si los bancos españoles en problemas no recibieran ayudas y se les dejara caer?

Iturria: Attac Acordem – 2012/10/25

Desde el estallido de la crisis financiera hemos visto cómo muchas entidades bancarias españolas se han visto en serios problemas y cómo el gobierno ha acudido en su ayuda inyectándoles de una u otra forma dinero público. Este traspaso directo de dinero perteneciente a todos los ciudadanos a unas entidades privadas atenta claramente contra la justicia social e incluso contra los fundamentos económicos en boga. Sin embargo, el gobierno ha esgrimido continuamente como argumento la necesidad de no dejar caer a las entidades bancarias para evitar así un colapso financiero que terminaría perjudicándonos más a todos. Pero, ¿hasta qué punto es cierto este argumento tan recurrido? Profundicemos en el tema.

Un banco en problemas es un banco que no puede atender los pagos que tiene comprometidos con otros agentes. Si un banco en problemas no es ayudado con dinero público se verá forzado a caer, a ser liquidado, a desaparecer como entidad. Esto significa que el banco tendrá que vender todo aquello que posea y que tenga valor y con el dinero recaudado tendrá que devolver los pagos que tenía comprometidos. Pero claro, si el banco se está liquidando es porque no tiene suficiente dinero para abonar todos los pagos que debe, por lo que después de vender sus propiedades dispondrá de menos dinero del que debe pagar. No podrá pagar a todos aquellos a los que les debe dinero, así que algunos se quedarán sin cobrar.

Por ejemplo, si un banco debe dinero por una cuantía de 1.000 millones de euros y después de vender sus posesiones recauda solo 700 millones de euros, quedarán 300 millones de euros sin poder pagarse y que se consideran pérdidas. Alguien no podrá cobrar; alguien debe hacerse cargo de esas pérdidas.

¿Pero quién se quedará sin cobrar? Pues eso lo decide la ley, que se rige por el siguiente criterio: los últimos en cobrar (los primeros en asumir pérdidas) serán aquellos agentes económicos que más riesgo hayan contraído en sus operaciones con el banco, y cobrarán primero aquellos que menos riesgo hayan asumido. Este criterio es muy lógico, porque cuanto mayor riesgo existe más dinero se puede ganar, pero también perder. Cuando una persona o un fondo invierte en un banco contrayendo un riesgo elevado tiene que ser consciente de que su inversión dependerá del funcionamiento del banco: si al banco le va bien, el inversor ganará mucho dinero; pero si le va mal, perderá mucho dinero.

Así las cosas, en el dibujo siguiente se muestra el orden en el que los agentes deben asumir las pérdidas del banco.

Orden de liquidación bancaria

Los primeros en asumir pérdidas (los primeros en no cobrar) serán los accionistas. Las acciones son un elemento de inversión con un riesgo elevado que genera mucha rentabilidad. Puesto que sus propietarios han ganado bastante dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser los primeros en asumir pérdidas.

Si, por ejemplo, el banco en cuestión ha cuantificado las pérdidas por orden de 300 millones de euros y debe a los accionistas 100 millones de euros, quedarán 200 millones de euros en pérdidas. Alguien más tiene que quedarse sin cobrar. En ese caso se procederá en el orden comentado: los segundos en contraer pérdidas serán los propietarios de los bonos subordinados. Ésta es una inversión de menor riesgo que las acciones, pero todavía con un alto riesgo y alta rentabilidad.

Si después de ello todavía quedasen pérdidas por traspasar, los siguientes serían los poseedores de bonos no garantizados (tipo de inversión con menor riesgo que los bonos subordinados y que las acciones).

En penúltimo lugar se encuentran los depósitos de los clientes. Los propietarios de estos depósitos son los ciudadanos que han depositado en el banco sus ahorros, y por lo tanto no han corrido riesgos ni han ganado mucho dinero con esa actividad, por lo que se entiende que tienen prioridad a la hora de cobrar en caso de liquidación.

Y ya por último el banco tendrá que pagar a los propietarios de los bonos garantizados. Estos bonos son un elemento de inversión muy seguro (con poco riesgo) que genera muy poca rentabilidad. Puesto que sus propietarios no han ganado mucho dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser los primeros en cobrar (los últimos en asumir pérdidas).

Esta prioridad en el pago ya nos está indicando algo muy importante: si a un banco se le deja caer y es liquidado, los propietarios de los bonos garantizados pueden estar tranquilos porque cobrarán con toda seguridad. Además, y con casi toda seguridad, después de devolver el dinero de los bonos garantizados sobrará dinero para devolver a los depositantes sus ahorros. La única forma de que el banco no pudiese devolver los depósitos a los ahorradores sería si las pérdidas del banco fuesen tan grandes como para que no pudieran ser absorbidas por los accionistas, por los propietarios de bonos subordinados y por los poseedores de bonos no garantizados.

Saber con total seguridad cuántas pérdidas tienen los bancos españoles es muy difícil. Es difícil porque muchos de los activos bancarios tienen los precios inflados en su contabilidad, y la única forma de conocer con exactitud su precio real sería acudiendo al mercado a venderlos. No obstante, se han hecho muchas estimaciones sobre estas cantidades y todas calculan que las pérdidas de los bancos españoles nunca serían tan grandes como para no poder devolver los depósitos en caso de liquidación. La estimación más pesimista calcula que las pérdidas serían de 300.000 millones de euros (la más optimista es la de la Unión Europea: menos de 100.000 millones de euros y por eso el rescate será de esa cuantía), que a pesar de ser una cantidad relevante, puede ser absorbida por los inversores más arriesgados de los bancos (accionistas y poseedores de bonos subordinados y de bonos no garantizados). Según el director de Independent Advisors este tipo de inversores podrían asumir pérdidas de hasta 700.000 millones de euros. Incluso empleando la estimación más pesimista (300.000 euros), habría suficiente margen para que las pérdidas no llegasen a afectar a los depositantes.

En otras palabras, si el gobierno no ayudase con dinero público a los bancos españoles en problemas, éstos tendrían que ser liquidados y tendrían enormes pérdidas. Pero las pérdidas afectarían a los inversores más arriesgados y nunca a los depositantes. Los ciudadanos podrían recuperar sus ahorros aunque el banco no fuese ayudado por el gobierno. Por lo tanto, ni los ahorradores del banco ni el Estado tendrían que sufrir las consecuencias de la mala gestión de los bancos. Los costes los tendrían que asumir los accionistas y otros inversores más arriesgados (lo que es normal y lógico, pues se embarcaron en operaciones arriesgadas y han perdido). Si tenemos en cuenta que estos inversores son fundamentalmente grandes entidades financieras y grandes empresas, veremos todavía con mejores ojos que sean estos agentes los que soporten las pérdidas, puesto que gracias a su tamaño y potencial poseen una gran capacidad para afrontar pérdidas.

Ahora bien, es cierto que en este caso se generaría un efecto dominó que terminaría afectando a más bancos y a más empresas. Esto es así porque aquellas empresas que deberían asumir pérdidas podrían luego no poder cumplir sus compromisos de pago con terceros agentes. Liquidar bancos problemáticos tiene un coste alto, aunque no sea para el Estado o para los ciudadanos. Pero la pregunta clave es: si el coste hay que sufrirlo de todas formas, ¿por qué tienen que padecer todo el coste los ciudadanos corrientes -que nunca se arriesgaron en las operaciones bancarias, que apenas ganaron dinero con ellas, y que además en general no gozan de suficientes recursos para soportarlos- y no padecerlo en absoluto los inversores privados -que se arriesgaron, ganaron dinero con ello, y que además tienen un colchón económico mucho mayor?

La forma en la que se están traspasando las pérdidas de los bancos a los ciudadanos atenta contra la lógica económica y la justicia social; fenómeno que revela la estrecha ligazón entre la élite económica que saldría perdiendo si se liquidasen los bancos y la élite que posee el poder político. No es de extrañar, por lo tanto, que los indignados españoles digan bien claro y bien alto que la respuesta a la crisis sea una enorme estafa.

febrero 13, 2012

La soga se aprieta sobre el cuello de Grecia

Declaraciones de Juan Torres López en RT TV: La soga se aprieta sobre el cuello de Grecia

10 feb 2012 – rt.com

febrero 13, 2012

Camino al desastre

Andrés Martínez Lorca – 2012/02/13 – Rebelión

La crisis del capitalismo en Europa está llevando al empobrecimiento creciente de amplias masas populares, al hundimiento político de la socialdemocracia que tan buenos servicios le prestó al sistema desde la Guerra Fría y al éxito electoral de los partidos conservadores. Bajo la partitura de los que hace años condujeron a la ruina económica a muchos países de América Latina y apoyaron las dictaduras del Cono Sur, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los grandes bancos ─ que han provocado el desastre financiero que ahoga el crédito y lleva al cierre de empresas y al despido creciente de trabajadores ─, dirigen sin disimulo la política europea.

En España el gobierno del PSOE asumió sin ningún reparo esa política neoliberal cuyos objetivos pueden resumirse en estos puntos: erosión del ya precario Estado de bienestar; privatización creciente de las pocas empresas públicas que quedaban; recorte de salarios y congelación de pensiones; subida de impuestos indirectos; liquidación de gran parte de las pequeñas empresas; desinterés en la persecución del fraude fiscal; protección de las rentas del capital. Tras haberle hecho el trabajo sucio a sus socios del bipartidismo, el PP obtuvo una holgada victoria en las elecciones generales, fruto más bien de la desastrosa política económica del gobierno Zapatero que de las aparentes ventajas de su propio programa electoral. Sin tomar tierra durante toda la campaña, Mariano Rajoy centró todas sus intervenciónes en una fórmula mágica: crear empleo. ¿Qué ha sido de esa promesa?

En su primera intervención ante la Cámara de Diputados, el nuevo presidente de gobierno echó un jarro de agua fría: “este año va a ser malo; en 2012 empeorarán las cifras de paro”. ¡Así que esas tenemos ahora con ustedes en el poder! Según él, el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria “respeta escrupulosamente lo pactado con el PSOE” en la llamada reforma exprés de la Constitución, aprobada en agosto pasado con los votos de ambos partidos y que sitúa a los mercados por encima de los ciudadanos.

Como los bancos son quienes en verdad llevan el timón, se han permitido ser más explícitos que el siempre enigmático Rajoy. Según el BBVA, la tasa de paro rondará el 25% hasta… mediados de 2013. “Este año se perderán unos 2.000 empleos diarios. Pensamos que el número de parados llegará a 5.700.000 personas”, ha declarado Rafael Doménech, responsable del banco para la economía española.

Después de estas dramáticas cifras que avergüenzan a la ciudadanía y desprestigian a los dirigentes políticos, el gobierno del PP no ha tomado ninguna medida concreta que impulse la actividad productiva, haga circular el crédito y fomente el empleo. A pesar de encontrarnos en plena recesión, su respuesta ha sido hasta ahora la de reducir la inversión pública, impulsar los recortes presupuestarios, congelar el salario mínimo, facilitar el despido y reducir los derechos laborales. Veamos brevemente su reflejo en los acuerdos del Consejo de Ministros.

A los pocos días de constituirse, el gobierno adoptó unas severas medidas económicas y fiscales que, según puede leerse en El País (día 26 enero de 2012), representan “el mayor ajuste en la historia de España, valorado en 15.189 millones de euros”. Después, aprobó un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria orientado a reducir el gasto público y a proponer sanciones a los eventuales infractores, según explicó a los diputados el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro: http://politica.elpais.com/politica/2012/01/26/actualidad/1327576506_760804.html

El 3 de febrero se publicó el Decreto-ley de saneamiento del sector financiero. Un análisis detallado y crítico del mismo ha sido llevado a cabo por Juan Torres López y Alberto Garzón en un artículo de lectura recomendada: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144301

Para estos economistas, “la reforma no ataja los problemas de fondo que han dejado sin financiación a las empresas que crean empleo y a las familias, no proporciona remedios que garanticen que el crédito quede asegurado y se limita a favorecer descaradamente los intereses de los grandes bancos españoles”.

Y ahora llega la guinda que corona la tarta de esta antipopular política económica y social: el gobierno ha aprobado por Decreto-ley, es decir, de inmediata entrada en vigor, la anunciada Reforma laboral. El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar su texto. Se trata de una verdadera Contrarreforma que echa por tierra los pocos derechos laborales que habían dejado en pie las previas reformas neoliberales dictadas por el gobierno del PSOE. La locuaz vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado con su habitual desparpajo que “marcará un antes y un después en la legislación laboral”. Y así es, por desgracia.

Llama la atención su extensísimo preámbulo de 9 páginas y 7 apartados que es toda una cortina de humo autojustificatoria que bien puede servir como ejemplo de encubrimiento ideológico de unas draconianas medidas antisociales. Además de algunas perlas literarias como la idea de “flexiseguridad” ─ que no es sino una versión postmoderna de la vieja ley del embudo, es decir, la “flexibilidad” a soportar por el trabajador y la “seguridad”

a disfrutar por el empresario─, la tesis central es de una manifiesta inconsistencia lógica. Ante el fracaso de la política económica seguida en España, la consecuencia lógica sería criticarla y cambiarla. Pues no para estos cerebros neocapitalistas en estado puro cuya pirueta sofística (con perdón para los viejos sofistas) concluye con esta luminaria que podemos leer en dicho preámbulo: “La crisis económica ha puesto en evidencia… la insostenibilidad del modelo laboral español”.

Entre los puntos novedosos que contiene el Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, podemos destacar los siguientes: reduce la indemnización por despido improcedente, amplía las causas del despido objetivo, suprime la autorización previa de la administración en los expedientes de regulación de empleo (ERE), favorece la flexibilidad de horarios y la movilidad geográfica, autoriza a las empresas en dificultades a desvincularse de lo pactado en los convenios y permite a las empresas de trabajo temporal (ETT) poder funcionar también como agencias de colocación. El diario La Vanguardia ofrece el siguiente resumen: http://www.lavanguardia.com/economia/20120210/54252850910/reforma-laboral.html

Según anunció con antelación el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, esta reforma iba a ser “extremadamente agresiva”1. Para el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en confesiones semipúblicas durante la reciente cumbre de la Unión Europea,“la reforma laboral me va a costar una huelga general”. Por una vez, estoy de acuerdo con ambos políticos conservadores, tanto respecto al juicio de valor del primero como en el arriesgado pronóstico del segundo.

Las medidas económicas y sociales tomadas por el gobierno están hundiendo al país y llevando a la miseria a cientos de miles de familias. Eso lo ve todo el mundo, incluso los defensores a ultranza de este descarnado capitalismo de saqueo exprés. Su aprobación por los dirigentes de la UE, del Fondo Monetario Internacional y de los grandes bancos confirma a quién benefician.

Pero lo peor de todo es el sistemático desprecio a la inteligencia de la ciudadanía, la mentira contínua a través de los grandes medios al anunciar que los recortes en derechos, en salarios y en inversión pública se hacen… para crear empleo.

Aceptemos de una vez por todas esa repugnante y repetida mentira oficial. Se cierran fábricas para crear empleo, se bajan los sueldos para fomentar el consumo, se reduce la inversión pública para aumentar la productividad, se facilita y abarata el despido también para crear empleo, se pisotean los derechos laborales para mejorar el nivel de vida de los trabajadores, se destruye lo público para beneficiar… al pueblo.

Y a quien no trague el engaño, ¿cómo se le convence? Con el «consenso a palos» que empleó la policía en la noche del viernes contra los pacíficos manifestantes de la Puerta del Sol.

Nota:

1 El curriculum de este ministro es dificilmente superable desde el punto de vista del neoliberalismo rampante. Entre sus recientes cargos profesionales sobresalen estos: desde 2006, consejero asesor para Europa de Lehman Brothers y director de la filial de ese banco estadounidense en España y Portugal hasta su quiebra en 2008. Ese mismo año se incorporó a PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa multinacional especializada en auditoría y consultoría, como responsable de la división financiera. Profesor en la facultad de Económicas de la Universidad de Navarra del Opus Dei desde 2005. Destacado ideólogo en el ámbito económico de la Fundación derechista FAES, presidida por José María Aznar.

febrero 13, 2012

¿Cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra?

Yves Julien/Jérome Duval – 11/02/2012 – cadtm.org

La deuda del Estado español está en el punto de mira de toda Europa, ya que los mercados financieros (bancos de inversión, fondos buitres y aseguradoras) han estado y siguen especulando con ella, con un solo objetivo: llevarse jugosos beneficios. Y esto a costa del empobrecimiento de la población en su conjunto, porque toda esta especulación conlleva un aumento progresivo de los intereses a pagar, reduciendo, a su vez, otros gastos del Estado, como ahora: la educación, las prestaciones de jubilación, viudez y desempleo, justicia, sanidad o servicios sociales. Todas estas medidas de austeridad, equivalentes a los planes de ajuste estructural llevadas a cabo en el sur del planeta a partir de los años 80, no hacen más que aumentar las desigualdades sociales, a través del empobrecimiento cada vez mayor de las personas, especialmente de las más vulnerables (mujeres, minorías étnicas, jóvenes, inmigrantes, personas en paro y jubiladas).

No obstante, y en oposición con el discurso dominante, no son los gastos públicos los que han hecho que incrementara la deuda del Estado español. Al contrario, han sido medidas, cuyo beneficio para el conjunto de la población es más que dudoso, las que han provocado los déficits que han obligado un endeudamiento cada vez mayor. Por ejemplo, la baja de impuestos sobre sucesiones y donaciones, sobre el tramo superior del IRPF, y la supresión del impuesto sobre el patrimonio han beneficiado a los más ricos, cuyo patrimonio ha sido también protegido por el fraude fiscal, la bajada de impuestos sobre sociedades y las SICAV, como premio a su avidez y descontrol.

Por lo tanto, la lógica imperante es de hacer pagar al conjunto de la población las ventajas económicas conseguidas por un pequeño número de personas adineradas a través de la deuda. Pero no resulta fácil conocer la proporción exacta del presupuesto dedicado a pagar la deuda. Esto se debe a una voluntad política deliberada de esconder estas cuestiones a la población, facilitada por el carácter peculiar del endeudamiento de los estados, muy diferente al entendimiento general de los préstamos a particulares o empresas. Para estos préstamos, el dinero prestado (llamado capital), así como los intereses, se reembolsan conjuntamente a lo largo del tiempo acordado. En el caso de un estado, solo los intereses de los préstamos (llamados letras, bonos u obligaciones del Estado, según sean a corto, medio o largo plazo) se van reembolsando a lo largo de su duración, mientras que el capital se debe devolver de golpe cuando acaba (vence) el préstamo. Por esta razón, el funcionamiento habitual de los Estados es de endeudarse más para pagar los vencimientos de las antiguas deudas, permitiendo a los estados esconder estos gastos, ya que se equilibran a nivel presupuestario: los gastos por pago de vencimientos equivalen a los ingresos por emisión de deuda nueva. No obstante, aumentando la deuda por el déficit resultando de una mala gestión presupuestaria, se incrementa cada vez más el pago, que a su vez necesita cada vez más emisiones. Además, esta nueva deuda puede ser emitida en condiciones diferentes, por ejemplo con tasas de interés más altas (lo que ha estado ocurriendo últimamente), que desembocan en el clásico efecto bola de nieve (aumento de la deuda por el efecto combinado de altas tasas de interés y nuevos préstamos para pagar endeudamientos anteriores).

El estudio minucioso de los presupuestos generales del estado (accesibles a través de la página web del Ministerio de Economía y Hacienda) permite averiguar la cantidad de dinero gastada por el Estado español a título de reembolso de capital durante los últimos años (ver tabla). Por ejemplo, el reembolso de capital para el año 2010 es comparable al presupuesto total del Estado para ese año. Si sumamos intereses y capital reembolsados últimamente, vemos que entre 2000 y 2010, el Estado español ha reembolsado más de 3 veces lo que debía en 2000, y sigue debiendo casi el doble. Esta tabla también permite ver como los intereses y el capital reembolsados así como la deuda total no han parado de aumentar desde el año 2000, y con la actual especulación sobre la deuda del Estado español, esta tendencia no va a cambiar.

¿Cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra?

En conclusión, parece totalmente injusto ahorrar sobre los servicios públicos como educación y sanidad para reembolsar una deuda con el fin de aliviar un déficit que benefició a los más acomodados. Bajo presión popular, el Estado tiene que abrir todas las cuentas públicas de la deuda para que el pueblo, apoyado sobre el derecho nacional e internacional, pueda decidir si se debe reembolsar lo que ha sido pagado varias veces y que carece de legitimidad. Así, esta auditoría de la deuda pública española permitiría invertir la transferencia de riqueza operada por el servicio de la deuda en beneficio de los acaudalados tenedores de títulos de deuda hacia la población en su conjunto, para su bienestar.

febrero 11, 2012

Islandia triplicará su crecimiento en 2012 tras encarcelar a políticos y banqueros

Teo Navarro – Kaos en la Red – 2012
A diferencia de España, Grecia o Italia, que tiene en sus gobiernos a personas responsables de la criris, procedentes de Lehman Brothers o Goldman Sachs, Islandia consiguió acabar con un gobierno corrupto y parásito.

Es la ciudadanía islandesa, cuya revuelta en 2008 fue silenciada en Europa por temor a que muchos tomaran nota. Pero lo lograron, gracias a la fuerza de toda una nación, lo que empezó siendo crisis se convirtió en oportunidad. Una oportunidad que los movimientos altermundistas han observado con atención y lo han puesto como modelo realista a seguir.

La historia de Islandia es una de las más buenas noticias de los tiempos que corren. Sobre todo después de saber que según las previsiones de la Comisión Europea, este país del norte atlántico, cerrará el 2011 con un crecimiento del 2,1% y que en 2012, este crecimiento será del 1,5%, una cifra que supera el triple que la de los países de la zona euro.

La tendencia al crecimiento aumentará incluso en 2013, cuando está previsto que alcance el 2,7%. Los analistas aseveran que la economía islandesa sigue mostrando síntomas de desequilibrio. Y que la incertidumbre sigue presente en los mercados. Sin embargo, ha vuelto a generar empleo y la deuda pública ha ido disminuyendo de forma palpable.

Este pequeño país del periférico ártico rechazó rescatar a los bancos. Los dejó caer y aplicó la justicia sobre quienes habían provocado ciertos descalabros y desmanes financieros. Los matices de la historia islandesa de los últimos años son múltiples. A pesar de trascender parte de los resultados que todo el movimiento social ha conseguido, poco se ha hablado del esfuerzo que este pueblo ha realizado. Del límite que alcanzaron con la crisis y de las múltiples batallas que todavía están por resolver. Sin embargo, lo que es digno de mención es la historia que habla de un pueblo capaz de comenzar a escribir su propio futuro, sin quedar a merced de lo que se decida en despachos alejados de la realidad ciudadana. Y aunque sigan existiendo agujeros por llenar y oscuros por iluminar.

La revuelta islandesa no ha causado otras víctimas que los políticos y los hombres de finanzas. No ha vertido ninguna gota de sangre. No ha sido tan llamativa como las de la Primavera Árabe. Ni siquiera ha tenido rastro de mediática, pues los medios han pasado por encima de puntillas. Sin embargo, ha conseguido sus objetivos de forma limpia y ejemplar.

Hoy por hoy, su caso bien puede ser el camino ilustrativo de los indignados españoles, de los movimientos de Occupy Wall Street y de quienes exigen justicia social y justicia económica en todo el mundo.

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