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abril 3, 2013

Éric Toussaint: “Toda la deuda generada por el rescate bancario ha de considerarse ilegítima”

Iturria: Publico.es – 2013/03/28

Si alguien conoce el funcionamiento y la importancia de la deuda soberana en el actual modelo económico mundial es Éric Toussaint. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Liège y la de París VIII, es además presidente del Comité para la Anulación de la Deuda en el Tercer Mundo (CADTM) y miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial desde su nacimiento en Porto Alegre en 2001. Esta semana se ha trasladado hasta la ciudad de Túnez para la celebración de su decimotercera edición, en la que ha recobrado fuerza gracias al impulso de la Primavera Árabe.

En un momento fundamental para los países del Magreb, en el que los nuevos gobiernos islamistas tratan de mostrarse como solventes socios ante Occidente, Toussaint se encuentra en Túnez reunido con representantes de todo el campo de la izquierda árabe con la mirada puesta en el horizonte de América Latina, donde varios gobiernos se negaron a pagar la deuda y salir de la senda de la austeridad. Desde allí explica a Público el momento por el que atraviesa en este momento la crisis económica a ambos lados del Mediterráneo.

Frente a la actual crisis de la deuda soberana usted apuesta por realizar una auditoría y no pagar la deuda ilegítima. ¿Qué parte de la deuda habría que considerar como tal?

Es una tarea sencilla, hay criterios muy claros. En el caso de Grecia más de la mitad de su deuda es con la Troika, 170.000 millones de euros. Es totalmente ilegítima y debe ser declarada nula porque ha sido impuesta por organismos que no representan a los ciudadanos griegos. Ni siquiera los memorándum fueron tratados democráticamente en el Parlamento; se aprobaron bajo el chantaje del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin posibilidad de enmendar los documentos. Son unas condiciones que representan una violación de los derechos económicos y sociales de la población. Portugal e Irlanda se ajustan también a este esquema.

En el caso español todavía no ha habido memorándum, pero toda la deuda generada por el rescate bancario ha de considerarse ilegítima. Puede ser una decisión legal, porque la ha tomado el propio gobierno, pero no es legítima, porque fuerza a la ciudadanía a asumir las deudas generadas por la burbuja inmobiliaria y la crisis de la banca.

El Foro Social Mundial que acoge Túnez ha situado la deuda como uno de los principales debates por la propia situación del país después de la Primavera Árabe. ¿Qué características tiene la deuda tunecina?

Ha sido contraída por un régimen dictatorial, por lo que no solamente es ilegítima sino que es odiosa. Se trata de una deuda pública externa hacia acreedores que son tanto países como el FMI y acreedores privados que han sido cómplices de Ben Alí. Por lo tanto, la movilización popular que tiene lugar estos días ha de hacer ver al gobierno que ha de repudiar el pago.

Desde un plano más amplio, ¿qué estrategias están siguiendo estos acreedores en los países árabes donde se han derrocado a las dictaduras, como Egipto o Libia?

La estrategia del FMI y las demás instituciones es brindar un apoyo a estos gobiernos para asegurar el pago. Otorgar créditos para comprometer a los nuevos gobiernos con acuerdos que refuerzan el modelo neoliberal exportado que implica seguir precarizando el mercado de trabajo en estos países. Adoptan un discurso revolucionario, afirmando que apoyan los procesos democráticos financiando a los gobiernos y éstos aceptan y adoptan los planes de ajuste que les exigen. Las fuerzas islamistas, como Ennahda en Túnez y los Hermanos Musulmanes en Egipto, son sumamente neoliberales. No van a poner en riesgo el modelo económico financiero en el que ganan las grandes empresas transnacionales.

¿Qué cambios ha habido en el sistema de mercado mundial para que el centro de la deuda se haya trasladado desde el Tercer Mundo a los países del Sur de Europa?

Hay una diferencia importante entre la situación en los años 80 y 90 cuando el epicentro de la crisis de la deuda estaba en los países del sur y la situación actual, en la que desde 2008 se sitúa en Europa. Es el resultado de la explosión de deuda privada generada por la crisis bancaria y posteriormente transformada en deuda pública.

La diferencia fundamental es que a partir de 2003 y 2004 subieron los precios de las materias primas que exportan los países del sur, como China, lo que les permitió aumentar sus reservas nacionales. Varios de ellos se deshicieron de la deuda pagando por adelantado con las reservas acumuladas producidas por el petróleo.

En el norte tuvimos una explosión de la deuda privada producida por la quiebra de los grandes bancos como Lemman Brothers, combinada con la explosión de la burbuja inmobiliaria, que desembocó en una crisis tremenda en el norte. Fue una crisis que generó una deuda privada que con los rescates bancarios se transfirió a los Estados. Los gobiernos europeos decidieron socializar las pérdidas del sector bancario.

Con el aumento de la deuda pública en Europa y la consecuente aplicación de planes de austeridad para rebajar el déficit público, ¿qué le espera al Sur de Europa en los próximos años?

Vamos a conocer una profundización de la crisis económica. Las consecuencias son más devastadoras en los llamados PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España), pero no hay ninguna duda de que los países más fuertes como Francia, Alemania o Bélgica también están en una situación de extrema gravedad.

Quedan aún diez o quince años de crisis, pues las políticas de los gobiernos que se pliegan a los intereses privados no son las adecuadas para revertir esta situación. La política actual de reducción del gasto público, congelación de salarios y servicios sociales tendrá un efecto muy fuerte en términos de reducción de las rentas.

¿Son los países latinoamericanos que se negaron a pagar la deuda, como Ecuador y Argentina, un ejemplo a seguir para Europa?

Es fundamental que los ciudadanos desde los movimientos sociales intenten realizar auditorías de la deuda, desde abajo. Esto es importante como instrumento de organización de las bases y como campaña masiva para hacer cambiar la percepción de la gente, pues desde la banca, las instituciones internacionales y los medios de comunicación que controlan construyen una falsa idea de que el déficit público es consecuencia del despilfarro en gastos sociales y un excesivo Estado del Bienestar. Una auditoría ciudadana no se limita a hacer un análisis, sino que sirve para provocar la movilización que exija la suspensión del pago de la deuda ilegítima.

Un ejemplo es el de Ecuador, donde durante años los movimientos populares hicieron auditorías desde las bases y posteriormente lograron que un gobierno, el de Correa, decidiera auditar y suspender el pago de la deuda ilegítima.

Creo que en nuestra situación en Europa la prioridad es la auditoría ciudadana. Si un gobierno como el de Rajoy, Merkel o Samaras hiciera una auditoría sólo serviría para legitimar el pago completo. Y este ejemplo podría concretarse en Grecia si Syriza ganara las elecciones. Desde el gobierno podrían suspender el pago, auditar la deuda y decidir qué parte hay que repudiar.

¿Qué escenario se abriría en Grecia si se negara a pagar la deuda?

Es totalmente posible para un gobierno de izquierdas en Europa llevar a cabo esta tarea si toma las medias políticas adecuadas. Éstas serían suspender el pago combinado con la suspensión de los memorándum de la Troika, control de movimientos de capitales, socilización de la banca privada, una fuerte reforma tributaria para que paguen los que más tienen, persecución del fraude fiscal y la reducción de impuestos sobre la ciudadanía como el IVA.

En cuanto al euro, quedaría en la Comisión Europea decidir la expulsión o no. Mientras, habría que incentivar la producción agropecuaria y la industria ligera y la creación de empleo por parte del gobierno. Esto tendría un efecto positivo porque el ejemplo podría correr por el resto de Europa y los ciudadanos verían que es posible desobedecer.

Por eso, la responsabilidad histórica de Syriza es muy grande. Si en el gobierno no tomara este tipo de medidas la gente que votó con una perspectiva de cambio perdería la esperanza, con una crisis que seguiría perjudicando a las mayorías, y en ese momento organizaciones como Amanecer Dorado tendría un camino directo para conquistar a un amplio sector de la población y habría un proceso de tipo fascista en Grecia. Es el peor escenario, pero no es descartable.

marzo 28, 2013

La deuda, un instrumento de opresión de los pueblos

Iturria: Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda – 2013/03/22

La crisis económica desatada en 2007 ha provocado una disminución en los ingresos y un aumento de los gastos del Estado. Ambos procesos —agravados por las reducciones fiscales a las grandes empresas y las ayudas públicas al sector financiero— han conducido a un notable incremento de la deuda de los PIGS, el acrónimo peyorativo con el que los medios de comunicación anglosajones se refieren a Portugal, Italia, Grecia y España. De resultas, los pueblos de la Europa meridional sufren duras políticas de contención del gasto que pretenden —según los gobernantes y las instituciones internacionales— hacer frente a los compromisos contraídos con sus acreedores (principalmente bancos alemanes y franceses). Así, casi de repente, la deuda —que en el caso español tiene principalmente un origen privado— ha entrado en nuestras vidas en forma de recortes, precariedad y bajadas de salarios. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo: hablamos de un problema con una truculenta historia a sus espaldas. Ahora que algunas naciones del Norte desarrollado padecen sus efectos devastadores, quizás sea oportuno reflexionar sobre el tétrico rastro dejado por la deuda en su paso por los países de la periferia del sistema capitalista.

En los años sesenta, los pueblos africanos no acababan de conseguir la independencia política de las antiguas colonias cuando comenzaron a sufrir —con la connivencia de unas elites locales (a veces formadas en Europa y en Estados Unidos) corruptas y despóticas— una nueva tiranía en forma de deuda. En los setenta fueron las naciones latinoamericanas las que se unieron al grupo de países que comenzaron a endeudarse al reclamo de los bajos tipos de interés. Durante este periodo, los grandes bancos y las organizaciones financieras internacionales inundaron el mundo poscolonial de crédito barato que en muchas ocasiones nutrió el despilfarro y la corrupción. No obstante, la bajada en el precio de las materias primas a finales de esa década, unida a la exorbitante subida del tipo de interés decretado por Estados Unidos, complicó el pago de unas deudas que se habían desbocado en los años anteriores, alimentadas por el excedente de capitales y la sobreproducción en las prósperas potencias occidentales. Fue entonces cuando, para rescatar del ignominioso abismo del default a las naciones en vías de desarrollo, entraron en escena el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), dos instituciones financieras mundiales caracterizadas, desde su fundación en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, por un proceso de toma de decisiones escasamente democrático y controlado por sus miembros más poderosos.

Tanto el FMI como el BM concedieron a los países deudores préstamos condicionados a la puesta en marcha de Planes de Ajuste Estructural, que tuvieron unos costes sociales y medioambientales muy gravosos para los sectores populares que precisamente menos se habían beneficiado de una deuda a menudo contraída de forma ilícita. En efecto, aunque en muchos casos se trataba de una deuda ilegítima —por vulnerar la dignidad de los pueblos y los principios del derecho internacional—, tales programas priorizaron el pago a los acreedores sobre la satisfacción de las necesidades básicas de la población, obligando a los Estados rescatados a cumplir con una estricta dieta neoliberal que incluyó recortes en servicios sociales y pensiones, bajadas de salarios, despidos, privatizaciones, impuestos regresivos, etcétera.

Las desastrosas consecuencias de estas políticas antisociales se tradujeron en el aumento de la pobreza y del desempleo, la desindustrialización, la destrucción de un balbuciente Estado del Bienestar y el profundo ensanchamiento de la brecha social y de las desigualdades entre ricos y pobres. Todo ello sin olvidar los efectos que en términos de sobreexplotación de los recursos naturales, degradación de los ecosistemas y pérdida de la soberanía alimentaria también llevaron consigo los métodos austericidas impuestos por el FMI y el BM.

En fin, la sociedad española debe aprender de las lúgubres enseñanzas que dejan los ejemplos del Sur, donde la aplicación de la agenda neocapitalista supuso décadas de estancamiento económico, sin que los esfuerzos realizados sirviesen para aliviar los intereses abusivos de una deuda impagable. Pero no todos perdieron en este juego fruto de las relaciones económicas desiguales entre el centro y la periferia del sistema capitalista. Sin duda, los grandes beneficiarios fueron los acreedores, que a través de este mecanismo consiguieron suplantar la soberanía nacional de los países endeudados, poniendo los recursos de estos Estados al servicio de sus intereses. De hecho, la deuda ha sido utilizada en muchas ocasiones para obligar a los Estados a abrir sus mercados a la entrada productos extranjeros, a privatizar los servicios públicos en beneficio de empresas privadas, a permitir la explotación y extracciónde recursos naturales por parte de multinacionales, o incluso para favorecer cambios de Gobierno y compra de votos en los organismos internacionales.

El mecanismo de la deuda incrementa la vulnerabilidad política y la dependencia económica de los Estados afectados, con la consecuente perpetuación de unas relaciones Norte-Sur basadas en la desigualdad y la injusticia sobre las que descansa el poder de las elites del capitalismo mundial. Las experiencias de los países en vías de desarrollo durante las cuatro últimas décadas dejan bastante claro que la deuda funciona como un instrumento de dominación neocolonial, como una sutil herramienta de presión política que sirve para salvaguardar los intereses económicos, comerciales, estratégicos y geopolíticos de las principales potencias del Norte, sin necesidad de recurrir al empleo de la fuerza y de la conquista militar, como ocurriese en la época del imperialismo. Por tanto, la deuda puede ser considerada como una carga inmoral que pretende tiranizar a unos pueblos que hoy más que nunca deben gritar «No debemos, no pagamos».

marzo 27, 2013

Deuda: Licencia para recortar

Iturria: Pablo Elorduy / diagonalperiodico.net – 2013/03/19

EL ESTADO PAGARÁ UNOS 48.000 MILLONES DE EUROS ANUALES HASTA 2020 POR EL VENCIMIENTO DE LA DEUDA

¿Cómo comienza otro artículo sobre la crisis de la deuda y su peso en la economía europea? Apuesten a que con la exposición de sus efectos, en concreto de los más recientes, por ejemplo el Real Decreto-ley sobre la Jubilación Anticipada, publicado el 16 de marzo en el BOE. Depende de la dimensión que se le quiera dar, se puede optar por el rescate de Chipre y el efecto dominó que puede desembocar en otra escalada del coste de financiación de los Estados a través de la emisión de deuda pública.

Si no se escoge ese camino, puede tratarse, en primer lugar, del relato de Rajoy dando por superada “la enorme crisis financiera y de deuda pública” durante la presentación del plan de empleo juvenil el 12 de febrero. O quizá, con un dato. El mismo día que el Gobierno anunciaba la reforma de la edad de jubilación e introducía el factor de sostenibilidad para el cómputo de las pensiones –medidas a las que la UE otorga una “creciente importancia”, tal y como viene recogido en el BOE– el Banco de España anunciaba que la Deuda Pública de 2012 es equivalente al 84,1% del PIB español. Es la cifra de endeudamiento más alta desde 1910, y significa que el conjunto de las administraciones adeudan 884.416 millones de euros a distintos acreedores residentes en España (63%), principalmente bancos con su sede social en el Estado español, o residentes fuera del país (37%).

De partida hay una crisis “superada”, según el presidente del Gobierno; dos medidas relacionadas destinadas a satisfacer a la UE –pensiones y empleo juvenil– y fríos datos que apuntan a que durante 2012 la deuda pública creció 15 puntos respecto a 2011.Hay también dos debates parlamentarios en los que dos partidos han expuesto que esa deuda es impagable e ilegítima. El primero, en orden cronológico, lo protagonizó el diputado de IU, Alberto Garzón. El 12 de marzo declaró en el Parlamento que hay una parte ilegítima de la deuda pública y que ésta ya es impagable. El segundo, un día después, de Quim Arrufat en el Parlament de Catalunya, quien hizo una interpelación, que irá acompañada de una moción que se resolverá en abril, sobre la deuda de Catalunya (50.000 millones), que, como Arrufat la ve, es el “el negocio redondo, ya que no se puede recortar y se genera cada año. Es un quiste eterno, la máquina de hacer dinero de los pobres a los ricos”, según ha explicado este diputado de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a DIAGONAL.

Antes de interpelar al Parlament, Arrufat estuvo reunido con la Plataforma de Auditoría de la DeudaIolanda Fresnillo, activista de este grupo, critica que Izquierda Unida no lo hiciera y que propusiese un examen del agujero llevado a cabo por expertos del Banco de España. En un contexto en el que las quitas o rebajas de la deuda llevan aparejadas medidas como el ajuste de las pensiones anunciado el 15 de marzo, la propuesta, para Fresnillo, tiene que pasar por un examen para el que, las fuentes consultadas coinciden, no existen estándares fijos, ya que nunca se ha formado el tribunal internacional de la deuda reclamado históricamente por movimientos sociales de todo el globo. Se debe llevar a cabo una “auditoría integral -explica Fresnillo- “que incluya impactos de género, ambientales y que cuente con la participación ciudadana. La auditoría no será si no es ciudadana, no de expertos ni tecnócratas”.

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Fábrica de deuda

El Observatorio Metropolitano de Madrid sostiene que existe una relación entre los repuntes del mercado bursátil y el descenso de la prima de riesgo. Así, en julio, cuando el diferencial con el bono de deuda alemana alcanzó su tope, las 35 principales cotizadas en el parqué madrileño caían a niveles de la era prechampions de Zapatero, hasta por debajo de los 6.000 puntos. La pregunta, plantean desde el Observatorio Metropolitano ,“es si hay fundamentos sólidos para saber si va a haber un crecimiento bursátil”. No es el único factor que el Observatorio Metropolitano detecta. La guerra de divisas internacional, que sostienen principalmente el euro y el dolar, tuvo otro episodio con el rescate salvaje de Chipre, que ha hecho caer al euro en relación a la moneda estadounidense después de unos meses en los que la divisa europea había mantenido su pujanza, merced a la devaluación interna llevada a cabo a través de la caída de los salarios en la Eurozona.

En cualquier caso, si no se produce otra clase de arreglo político, queda la deuda como valor refugio y como garantía de pago. Carlos Pereda, del Colectivo IOÉ, explica a este periódico que “se prevé una media anual de 48.000 millones de euros de vencimientos de deuda pública” en el periodo que va de 2013 hasta 2020. Esta cifra se puede comparar conel monto que el Gobierno plantea ahorrar con su reforma de la edad de jubilación, 2.400 millones hasta 2027, o con los 9.579 millones de presupuesto de un ministerio como el de Agricultura y Medio Ambiente.

“Cuando las entidades financieras habían perdido nichos como la inversión en bolsa y el ladrillo, la deuda se convierte en valor refugio, el problema para los grandes bancos es conseguir que sea un mercado de alto rendimiento”, explican desde el Observatorio Metropolitano. La herramienta para llevarlo a cabo es a través de las percepciones de las tres Agencias de Calificación de Riesgos, Standard and Poors, Moody’s y Fitch, agentes privados insertados en las economías públicas, cuyo modelo de negocio “no tiene por objetivo reducir la deuda de empresas, países o inversores”, explica el filósofo y periodista Werner Rügemer en su libro Las agencias de Calificación, publicado por Virus: “Lo único que desean es que los deudores puedan cumplir con sus obligaciones bajo cualquier circunstancia. Nos encontramos ante una fábrica profesional de generar deuda”.

El papel del Estado

El Grupo de Economía de Sol impulsó en Madrid la semana por la Europa de las personas, contra la Europa de los mercados, que coincidió con el Consejo Europeo celebrado a mediados de marzo. Liliana Pineda explica que desde hace dos años Economía Soldenuncia el papel de las agencias de calificación en la crisis de la deuda. “Hay una delegación inaudita e ilegítima de un control, el del endeudamiento, que debería ser público”, denuncia Pineda, quien critica al Banco Central Europeo por permitir que las agencias de rating operen bajo normativas laxas en la generación de productos financieros derivados, que las agencias “imponen a los Estados con la connivencia de sus bancos centrales”.

El caso de Chipre ha devuelto a primer plano el debate acerca del papel de la Unión Europea en una crisis que ya consume su quinto aniversario. La quita de la deuda a través de la intervención de los depósitos de la población ha tenido como consecuencia un repunte de 20 puntos de las primas de riesgo de España e Italia. Con unas vías de beneficio taponadas, la deuda sólo funciona como valor refugio a través de los Estados, convertidos en “garantes de la seguridad y agentes expropiadores”, en palabras de Werner Rügemer, y unas instituciones europeas diseñadas para seguir fielmente este modelo. “Esta socialización de deudas privadas puede ir a más en los próximos meses”, advierte Fresnillo, quien cree que  Rajoy, al dar por finalizada la crisis de deuda “no se dirigía a nosotros, sino a los mercados”.

Y quien dice mercados dice acreedores, pero, ¿qué se debe y a quién? Según el economista y miembro de Attac François Chesnais, “cuando bancos y hedge funds prestan a los Estados comprando los Bonos del Tesoro emitidos por los ministerios de finanzas, se trata de sumas ficticias que se ponen a disposición en base a la red de relaciones y transacciones interbancarias”. Es decir, se generan unos valores financieros cuyo peso en la economía actual es entre tres y cuatro veces superior al del PIB Mundial: por cada dólar que genera la llamada “economía productiva” hay cinco dólares en títulos.

Quim Arrufat pone un ejemplo sobre el que trabaja la CUP: “Cada año hasta 2035 Catalunya pagará unos 1.100  millones de euros en pagos diferidos de carreteras y obras públicas que se hicieron financiadas por las empresas. La suma es tres veces más cara que el coste real presupuestado”. Por eso, Arrufat denuncia que en el Parlament  “faltan escaños en los que se sienten los Consejos de Admi­nistración, las constructoras y los bancos que poseen la mayoría de las emisiones de bonos”.

La situación de Catalunya, explica este diputado, es más compleja, ya que la Comunidad no tiene mecanismos de recaudación. No obstante, aunque la Administración central sí los tiene, la deriva no hace sino reforzar la financiarización de la economía. Desde el comienzo de la crisis en 2007, los impuestos que pagan en España las cotizadas del Ibex 35 han caído desde el 21,21% hasta el 16,42 % que pagaron en el último año del que hay datos, 2011.

Por eso, como insisten las organizaciones que reclaman el impago o la auditoría de la deuda, ésta debe estar acompañada siempre de otras medidas fiscales que cuestionen las bases del modelo económico. “El concepto de deuda ilegítima es político y no está cerrado”, explica Iolanda Fresnillo, “es la ciudadanía la que tiene que marcar las líneas rojas”, concluye.

El Gobierno endurece la jubilación

El Gobierno aprobó el 15 de marzo un Real Decreto-ley sobre la edad de jubilación que endurece las condiciones para optar a la jubilación anticipada. Así, será necesario haber cotizado a la Seguridad Social  33 años –hasta ahora eran necesarios 30– para poder optar a retirarse antes de los 63 años. La edad mínima también se ha visto aumentada a través de este Real Decreto 5/2013. Hasta ahora las personas de 61 años podían optar por esta fórmula, a partir de la nueva normativa la edad queda fijada en 63 años, cuatro menos de la edad “estándar” de jubilación, fijada en 67 años tras el acuerdo social firmado por Gobierno del PSOE, sindicatos y patronal en abril de 2011. Las trabas al acceso a la jubilación parcial, por las que se aumentan las horas mínimas en los centros de trabajo y la edad mínima para optar a esta modalidad, son otras de las medidas que incorpora este Real Decreto, que vuelve a invocar el mantra de la “sostenibilidad de las pensiones” y la exigencia de adecuación a los planteamientos de la Unión Europea. Los sindicatos de concertación critican que la medida se ha tomado sin el acuerdo del Pacto de Toledo y saltándose las bases del acuerdo de 2011.

marzo 20, 2013

Auditoría ciudadana de la deuda

Iturria: ATTAC.tv / Cécile Lamarque CADTM Bélgica – 2013/03/20

En esta entrevista Cécile Lamarque analiza las causas principales del aumento de la deuda pública. Por un lado, Cécile alude a los mercados financieros como responsables de la política de austeridad y, por otro, la movilización de los ciudadanos contra la deuda ilegítima ha abierto un nuevo camino hacia la auditoría ciudadana en Europa.

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marzo 14, 2013

Artillería jurídica contra la deuda externa

Iturria: Enric Llopis / Rebelion – 2013/03/13

La coordinadora del CADTM en Bélgica, Cécile Lamarque, reivindica los derechos humanos para que no se pague la deuda ilegítima

“No debemos, no pagamos”. Para materializar esta sencilla consigna hace falta acumular fuerza política. Pero también argumentos. Algunos de ellos, los de carácter jurídico, los ha expuesto en la Facultat de Ciències Socials de València, Cécile Lamarque, coordinadora del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) en Bélgica. Un arsenal de razones jurídicas para no pagar la deuda ilegítima a los acreedores.

En un acto organizado por la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià, Clínica Jurídica de la Facultat de Dret y el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Cécile Lamarque ha subrayado que la deuda se utiliza como “excusa” -en la realidad europea- para imponer políticas de austeridad y recortes. “Se nos dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, pero ¿a qué responde realmente el aumento de la deuda externa, sea pública o privada?

Primero, al “alza explosiva” de los tipos de interés en la década de los 80, coincidiendo con la llegada al gobierno de Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Gran Bretaña; además, a la aprobación de sucesivas contrarreformas fiscales para el beneficio de los grandes patrimonios y las rentas más altas, que han menguado los ingresos estatales; a dos tratados, primero el de Maastricht y después el de Lisboa, que fuerzan a los estados a financiarse en los mercados internacionales en lugar de hacerlo a través del Banco Central Europeo (BCE), a una tasa de interés muy inferior; por último, al coste de los planes de rescate y las maniobras de las agencias de calificación rebajando la nota de los estados. Es decir, “el endeudamiento en los países europeos no deriva de un incremento del gasto público”, subraya Lamarque.

El pago de la deuda y los planes de austeridad ahogan a las poblaciones del sur. Frente a lo que muchos ya califican de “austericidio”, el CADTM propone la realización de Auditorías Ciudadanas que delimiten qué parte de la deuda es ilegítima y, por tanto, no debe pagarse. Hay argumentos jurídicos que avalan las alternativas al binomio recortes-pago de la deuda. Por ejemplo, el último informe del experto de la ONU sobre deuda exterior, de abril de 2012, afirma que los estados acreedores y las instituciones financieras “no deben aprovechar las crisis para imponer reformas estructurales en los estados deudores”. También se explica en el mismo informe que los acreedores “no deberían imponer como condición de los préstamos o del alivio de la deuda, la aplicación de políticas como la privatización, la capitalización, la liberación del comercio, la desregulación de las inversiones o la liberalización del sector financiero”. Pero, afirma Cécile Lamarque, “la Troika impone actualmente estas medidas a los países de la periferia europea”.

Los Comités por la Auditoría de la Deuda priorizan la acción política de los ciudadanos para cancelar la deuda ilegítima al tiempo que desconfían de los tribunales y los mecanismos de arbitraje, “pues suelen dar la razón a las multinacionales y a los acreedores”, asegura la coordinadora del CADTM de Bélgica. “El derecho es siempre fruto de la correlación de fuerzas”, agrega. Por eso los argumentos jurídicos y las auditorías han de estar al servicio fundamentalmente de la lucha ciudadana. Siguiendo con las razones procedentes del Derecho, la activista recuerda que los estados “no tienen la obligación absoluta de reembolsar una deuda; deben hacerlo si se trata de deudas contraídas por el interés general”. Para ello, añade, puede invocarse la Carta de la ONU (1945); la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) o la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), entre otros textos.

El Derecho Internacional podría convertirse en un valioso aliado, de no ser porque las resoluciones de Naciones Unidas suelen quedarse en “papel mojado”. Una resolución del 18 de julio de 2012 llega a afirmar que todo estado “tiene la responsabilidad de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población (…) y no verse condicionado por fórmulas específicas de políticas económicas externas”. En otros casos, los estados pueden alegar motivos de fuerza mayor que les imposibilitan pagar las deudas. Según el Derecho Internacional, los estados también pueden ampararse en el “estado de necesidad” (“peligro para la existencia del estado y para su supervivencia política y económica”). Afirma Cécile Lamarque que Grecia podría invocar este principio para no reconocer parte de la deuda con los acreedores internacionales.

En los países de la periferia europea podría asimismo aplicarse el criterio sostenido por el experto de la ONU sobre deuda externa en su último informe: “cuando por causas ajenas a la voluntad del estado prestatario cambien las circunstancias, puede justificarse una moratoria de la deuda”. ¿Cuáles serían estas circunstancias? Por ejemplo, según la activista del CADTM, el incremento de los tipos de interés que se duplicaron en el periodo 2010-2011 respecto a 2008-2009. Otras veces el arsenal jurídico contra la deuda requiere de menos pormenores. Basta con invocar los principios generales del derecho internacional cuando se refieren a la “equidad”, “buena fe”, “abuso de derecho” o “fraude”.

Puede, así pues, tirarse de argumentario jurídico para considerar ilegítima una deuda contraída. También la casuística histórica es muy extensa y abundan los ejemplos a partir de los cuales podría reivindicarse el impago. Es el caso de las deudas contraídas por dictaduras, y que deben costear el conjunto de la población. Así, el CADTM reivindica este principio para las deudas contraídas por los regímenes recientemente caídos de Túnez y Egipto. “Se podría haber aplicado asimismo en las dictaduras militares de Grecia, Portugal o España”, subraya Lamarque. En contexto y época diferentes, tras la invasión de Iraq en 2003, el Club de París (foro internacional de países acreedores y deudores) consideró “odiosa” la deuda que mantenía este país y canceló el 80% de la misma. Aunque se tuvo cuidado en no difundir la noción de “deuda odiosa” por miedo a que cundiera el ejemplo.

Deudas ilegítimas por condicionalidades vinculadas a los préstamos. Éste es uno de los criterios con mayor potencial de materialización hoy en la Unión Europea. La deuda de los países de la periferia se halla íntimamente ligada a las políticas de austeridad e incluso a la imposición de gobiernos “títeres” (caso de Italia y Grecia). Lamarque también señala la posibilidad de declarar ilegítimo el endeudamiento producido por la compra de material militar (el ejemplo griego). O el derivado de la construcción de infraestructuras y grandes proyectos que afecten a las poblaciones y al medio ambiente.

No faltan ejemplos a los que acogerse y tomar como referencia. Algunos los cita el politólogo y jurista Joan E. Garcés en el epílogo de su libro “Soberanos e Intervenidos” (Ed. Siglo XXI), donde concluye que el empréstito “ha sido uno de los instrumentos financieros utilizados para intervenir, dividir o dominar a pueblos enteros”. En 1899, explica Garcés, Estados Unidos pidió que España asumiera las deudas contraídas por los cubanos alzados contra la corona. Un año antes, Reino Unido y Alemania suscribieron un acuerdo secreto para conceder un préstamo conjunto a Portugal y, anticipando que no podría reembolsarlo, repartirse en compensación los territorios portugueses de Angola, Mozambique y Timor, explica Garcés.

En el mismo libro se citan otras muestras de resistencia. Tras el pánico financiero de 1837, los estados de Mississippi, Arkansas, Florida y Michigan repudiaron la deuda pública contraída con inversores extranjeros. Se adujo que estas inversiones no habían producido beneficios. En 1860, el presidente mexicano Benito Juárez rechazó la deuda suscrita durante el régimen del general Zuloaga (1857-1860). Estados Unidos también obligó a repudiar la deuda que los estados confederados habían contraído con Francia y Reino Unido entre 1861 y 1865. Detalla Joan E. Garcés, asimismo, que tras 1877 los estados de Alabama, Arkansas, Luisiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee consideraron ilegítima la deuda pública contraída entre 1865 y 1877, porque el gobierno había actuado, se dijo, de manera corrupta y en beneficio propio.

En definitiva, resume Cécile Lamarque, hoy “el pago de la deuda se impone como condición absoluta; los estados lo aceptan para satisfacer a los mercados financieros”. De ahí nace la iniciativa de las Auditorías Ciudadanas. En Argentina (2001) se suspendió el pago de la deuda y ello no supuso, al contrario, una tragedia económica. En marzo de 2005, la Cámara de Representantes de Nigeria aprueba repudiar la deuda externa contraída por la dictadura militar. En 2010 y 2011 los ciudadanos islandeses decidieron mediante referéndum oponerse al reembolso de la deuda exterior, así como llevar a juicio a los gobernantes responsables.

Rafael Correa en Ecuador (2008) dejó de pagar, tras la realización de una auditoría con participación de los movimientos sociales, parte de la deuda exterior con la banca privada. Éste es uno de los grandes paradigmas aunque, según Cécile Lamarque, “podría haber llegado más lejos”. Grecia, Italia, Irlanda, Francia, Bélgica, Irlanda, Inglaterra, Portugal, España, Túnez, Grecia…Proliferan las plataformas por la auditoría de la deuda con la implicación de la sociedad civil. Trabajan en red para coordinar las luchas. “Porque el endeudamiento es un problema crónico del Sur, de los países periféricos de todo el mundo”, concluye Cécile Lamarque.

enero 29, 2013

Tribunales dan la razón a Islandia en litigio con Holanda y Reino Unido por quiebra de sus bancos, pero…

Iturria: Kaos en la Red – 2013/01/28

En contra de las advertencias de Europa, sus ciudadanos y ciudadanas se negaron dos veces en referéndum a compensar a los británicos y holandeses. Lo paradójico de este caso es que, pese al apoyo recibido hoy por los tribunales, el Gobierno de Islandia ha acabado por pagar gran parte del dinero.

Los poderes financieros clamen al cielo por tamaña ofensa e incumplimiento de ese país. Hablan de poca credibilidad y de que no hay criterios de seguridad jurídico financiera. No obstante, el mismo gobierno islandés ha ido anunciando las cantidades que ya lleva desembolsadas para pagar esa deuda. O sea, aquí también la crisis no la han pagaio los ricos!

El Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) acaba de dictaminar que el Gobierno de Reikiavik no violó la ley cuando forzó que 300.000 ahorradores británicos se quedasen sin el dinero que habían depositado en unas entidades que antes de la crisis parecían tan seguras como las de su país.

Tras la bancarrota ocurrida en 2008 en Islandia ante el rechazo del Ejecutivo islandés a rescatar a sus principales entidades financieras, los Gobiernos británicos y holandeses compensaron a los ahorradores con su propio dinero por las pérdidas. No obstante, inmediatamente después iniciaron un proceso legal cuya primera etapa terminó este lunes.

Según el dictamen de la EFTA, cuya decisión sorprendió a muchos analistas, Islandia no actuó en contra de la normativa al tomar la decisión de no pagar a los ahorradores. “Es una satisfacción considerable que la defensa islandesa haya ganado el caso Icesave. El Tribunal de la EFTA hace que esté más cerca el final de una historia muy larga”, respondió hoy el Gobierno islandés.

Lo paradójico de este caso es que, pese al apoyo recibido hoy por los tribunales, el Gobierno de Islandia ha acabado por pagar gran parte del dinero que debía al Estado británico. Según portavoces oficiales, Reikiavik ya ha reembolsado casi 3.300 millones de euros de los más de 6.600 depositados en Icesave. La cantidad ya pagada supone más del 90% del mínimo garantizado que el Estado estaba obligado a devolver. Así que, pese al veredicto que hoy llega de Luxemburgo, los contribuyentes islandeses, de una forma u otra, acabarán pagando —tal y como han hecho los españoles e irlandeses— los excesos de sus banqueros.

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enero 16, 2013

Entrevista de Óscar Carpintero a Juan Torres López

Iturria: últimoCero – 2013/01/13

La plataforma digital últimoCero presenta una interesante entrevista realizada por Óscar Carpintero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid, a Juan Torres, miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

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enero 4, 2013

El tabú del impago

Iturria: attacmadrid.org – 2013/01/03

Lo que se dirime es si el impago será diseñado por los acreedores de forma que sirva a sus intereses (maximizar los pagos recibidos) o si será usado como instrumento de legítima defensa por parte de los grupos sociales que están pagando la deuda.

Bibiana Medialdea

En los últimos tiempos cada vez son más las voces que cuestionan la legitimidad del pago de ciertas deudas. La proliferación de plataformas que defienden la necesidad de una auditoría sobre la deuda pública, la reivindicación de anular parte de la deuda hipotecaria de las familias con dificultades económicas (dación en pago) o, más en general, la popularización de la consigna “No debemos, no pagamos”, son buena prueba de ello.

Sin embargo, el impago de la deuda suele presentarse como una opción descabellada, inviable más allá del ámbito de la propaganda. Por muy elevado que sea el coste social derivado de atender los compromisos financieros, se argumenta, seguir pagando deuda es siempre el “mal menor”. Dejar de hacerlo, condenaría a un escenario de exclusión financiera y aislamiento político mucho más gravoso. El impago no sólo supondría pérdidas para los acreedores sino, sobre todo, para la parte deudora, que a cambio del alivio inmediato perdería su acceso a nuevos recursos y quedaría estigmatizada de por vida.

Dejemos de lado el hecho de que el fundamento jurídico vigente ampara el impago de deuda bajo ciertas condiciones: el Derecho Internacional acuña el concepto jurídico de “deuda odiosa” para referirse a aquella que no se ha contraído a favor de quien finalmente ha de responder por ella. Los ejemplos más utilizados son el no reconocimiento en 1898 de la deuda del Gobierno cubano por parte de Estados Unidos, o la anulación en 2004 de la deuda iraquí contraída por el régimen de Sadam Hussein.

Obviemos también la cuestión, crucial, de la legitimidad de decidir sobre el uso que se da a los recursos propios. Es evidente, más allá de la legalidad, que existen principios y derechos de rango superior a un contrato privado de deuda financiera. Si no está permitido, por ejemplo, que una persona salde una deuda vendiendo un órgano de su cuerpo, ¿por qué habría de estarlo que un país la salde vendiendo su sistema sanitario?

Y hagamos un último esfuerzo por olvidar que, en flagrante contradicción con el discurso oficial sobre el “impago imposible”, la historia está plagada de episodios de impagos de todo tipo: desde los antiguos jubileos hasta las recientes quitas negociadas entre la troika y el Gobierno griego. Según atestiguan las hemerotecas y los libros de historia, la conclusión de estos episodios no concuerda con las amenazas previstas.

Así pues, centrémonos esta vez, exclusivamente, en un aspecto que atañe en la actualidad y de forma particular a los países de la Europa periférica, entre los que se incluye España: la cuestión no es si el impago de deuda es o no posible; porque lo cierto es que en las condiciones económicas actuales algún tipo de impago es inevitable. Y tanto los acreedores como la troika, por supuesto, lo saben.

Sintéticamente, la situación es la siguiente. Estos países acumulan volúmenes de deuda, mayoritariamente privada, desorbitados; deudas que multiplican varias veces todo lo que producen en un año (en el caso español se acerca al 400% del PIB). Por otra parte, su producción –de donde proceden los ingresos con los que habría que pagar las deudas- disminuye o, en el mejor de los casos, crece a un ritmo insignificante. Así las cosas, la fórmula a la que recurren para pagar la deuda es refinanciarla: es decir, contraer nuevas obligaciones para saldar las que van venciendo. Pero los tipos de interés que los mercados financieros privados exigen a los países de la Europa periférica para concederles nuevos créditos están muy por encima de su exigua capacidad de generación de ingresos con los que afrontar los pagos. Como resultado, su deuda acumulada registra una inercia de crecimiento imparable.

La secuencia, además, tiende a retroalimentarse convirtiéndose en una espiral perpetua, debido a que los acreedores imponen políticas de austeridad que profundizan la recesión (dificultando cada vez más la generación de ingresos), lo cual obliga a recurrir de forma creciente al mecanismo perverso de la refinanciación del endeudamiento a tipos de interés inasumibles. Bajo estas condiciones, como decíamos, saldar las deudas pendientes resulta imposible.

A primera vista parece absurdo: ¿Qué sentido tiene que los acreedores hagan del impago un tabú, si antes o después tendrán que avenirse a negociarlo? Precisamente, cuando se camina hacia un impago, convertirlo en un tabú es muy importante.

Una vez que una deuda se evidencia impagable el problema deja de afectar en exclusiva al deudor. La función del sector financiero es proveer de crédito, y el beneficio (interés) que obtiene por ello se supone correspondido por el riesgo que asume en su actividad. Son profesionales de la concesión de créditos. Siempre que alguien accede a crédito por encima de sus posibilidades hay una contraparte que está concediendo crédito por encima de las suyas. La pérdida en caso de impago, por tanto, está no sólo justificada sino “prevista” en la operación. Pero lógicamente, y en la medida en que sea capaz, la parte acreedora tratará siempre de minimizarla. Y en el contexto político actual, la capacidad de esta parte acreedora -el sector financiero- para conseguir lo que se propone es, según se ha demostrado, considerable.

Una vez que no se puede seguir ignorando que la parte deudora es incapaz de atender sus pagos, se inician las negociaciones en torno a la reestructuración de su deuda. Y ahí lo que se abre es una disputa distributiva fundamental: ¿Quién se hace cargo de los platos rotos? ¿Cómo se reparte la factura entre la parte deudora y la acreedora, si es que se reparte? Incluso si la reestructuración incluye impagos parciales, los resultados de esta negociación pueden ser escandalosamente desfavorables para la parte deudora. El diablo, como suele, está en los detalles.

En este sentido, resulta muy ilustrativo estudiar qué pasó con las renegociaciones de deuda en la crisis latinoamericana de los años ochenta. Ahora que ha pasado el tiempo y es posible realizar los cálculos, se constata que las reestructuraciones de deuda intermediadas por el FMI, incluso cuando incluían quitas que se vendieron como grandes concesiones, favorecieron enormemente a los bancos acreedores frente a los Estados endeudados. Esto se debió a dos razones fundamentales. Por una parte, porque al reprogramar los pagos los acuerdos priorizaban siempre el pago de intereses frente a la amortización del capital, que de esa forma no se liquidaba y seguía generando nuevos intereses. Así, según el nuevo esquema de pagos negociado, aunque se pagaba deuda, ésta no disminuía proporcionalmente. Y por otra, porque la reprogramación de la deuda suponía alargar los plazo y, por tanto, incrementar el pago final de intereses. Los cálculos señalan que en muchos casos ambos elementos compensaron de sobra las quitas concedidas.

El saldo de la negociación en torno a la reestructuración de la deuda (impago incluido) depende de la correlación de fuerzas entre deudores y acreedores. Y la posición de fuerza de la parte deudora radica, precisamente, en su capacidad de no pagar. De decidir no pagar. Fingir que la opción del impago no existe es la forma más efectiva de despojar a la parte deudora de su poder de negociación. Hay que recordar que la opción del impago unilateral existe, es la única forma de que los deudores cuenten con todo el poder que les corresponde. De nuevo América Latina, con los casos delimpago unilateral argentino de 2001 y la política del gobierno de Correa en Ecuador a partir de 2007,puede ayudarnos a ilustrar la cuestión.

Lo que ahora está en juego en Europa no es si habrá o no impago. La cuestión política fundamental serán sus características concretas:

1. Qué deuda deja de pagarse: ¿deuda pública? ¿deuda hipotecaria de familias con dificultades? ¿deuda de las entidades financieras?

2. Qué acreedores asumen la quita: ¿los Estados? ¿otras instituciones públicas? ¿el sector financiero privado?

3. Qué condiciones afectan a la deuda restante.

En definitiva, lo que se dirime es si el impago será diseñado por los acreedores de forma que sirva a sus intereses (maximizar los pagos recibidos), o si será usado como instrumento de legítima defensa por parte de los grupos sociales que están pagando la deuda. Una deuda que, es preciso recordarlo, no les corresponde.

diciembre 19, 2012

Por qué la deuda pública no debería pagarse

Iturria: Vicenç Navarro – 2012/12/18

Este artículo señala las razones por las cuales la deuda publica de los países perifericos de la Eurozona es artificialmente exagerada y que se debe al excesivo poder que el capital financiero tiene hoy en tal zona. El artículo indica que tal deuda no debería pagarse, pues su nivel responde a unas prácticas que no deberían aceptarse.

La deuda pública acumulada por los países de la Eurozona es impagable. Ha alcanzado un nivel que los Estados no podrán pagar. Esto aplica prácticamente a todos los países, pero muy en especial a los países antes llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain), y ahora GIPSI (con el añadido de Italia). En todos ellos la deuda pública está por encima de los niveles permitidos en el Tratado de Maastrich, que estableció las condiciones que los países debían seguir para entrar y permanecer en el euro.

Frente a esta situación deberían hacerse dos preguntas. Una es ¿cuál es la consecuencia de que los Estados no paguen la deuda? Y la otra, ¿debería pagarse tal deuda? En realidad, los Estados no deberían pagar la deuda, incluso en el caso de que pudieran hacerlo, pues esta deuda es exagerada y la cantidad de intereses que se ha forzado a los Estados a pagar para poder conseguir dinero, es decir, para que la banca comprara bonos públicos del Estado, es artificialmente alta e inmoral. Y digo inmoral porque esta exigencia de que los Estados paguen intereses altos se basa en que ha sido la propia banca, a través de su lobby, el Banco Central Europeo, la que ha creado la situación intolerable en la que los Estados no tenían otro remedio para conseguir dinero que pagar tales intereses exageradamente altos, pues el Estado no podía pedir prestado dinero del BCE (mientras que los bancos sí que podían). Es como si una persona robara dinero a otra y luego tuviera la osadía de prestarle el dinero robado (porque no había dinero disponible de ninguna otra fuente) a la persona robada, a unos intereses elevadísimos. El ladrón robaría dos veces a la persona robada. Esto es lo que la banca ha hecho. Ha eliminado el instrumento que los Estados tenían para protegerse de la especulación de sus bancos, y así han conseguido intereses de los bonos altísimos (ver mi artículo “La estafa de la deuda pública” en El Plural, 29.11.12)

Por otra parte, es importante que se informe a la ciudadanía que los Estados pueden conseguir recursos y que pueden conseguirlo sin necesidad de endeudarse. La negación de esta posibilidad justifica las políticas de austeridad y los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Ahora bien, los Estados tienen enormes recursos que no se están tocando. Por ejemplo, si analizamos la propiedad pública que cada uno de estos Estados tiene, la cantidad total representa muchas veces el valor de la deuda pública. Y éste es el filón de oro donde los acreedores, es decir, los bancos, quieren meter mano. Tales Estados deberían resistirse a ceder a esta demanda, pues una vez vendida tal propiedad, ya no tienen donde apoyarse en el futuro.

Existe, sin embargo, una enorme propiedad privada que se ha ido incrementando y concentrando durante estos hechos de recesión, cuando las desigualdades de renta y propiedad han crecido exponencialmente, es decir, muy rápidamente. Así, en Italia, el país de los GIPSI que tiene mayor deuda pública (la OCDE calcula que en 2013 será un 122% del PIB) tiene nada menos que en propiedad privada en inversiones y tierra el 377% del PIB, en inversiones financieras el 237% de PIB, y así un largo etcétera. Stefan Bach, en un interesante artículo, “Capital Levies – A Step Towards Improving Public Finances in Europe”, en Social Policy Journal calcula que un incremento de un 5% de los impuestos sobre tal propiedad privada podría conseguir el equivalente al 15% del PIB, medida que, a la vez que contribuir a reducir las desigualdades, disminuiría su enorme deuda pública. No se conocen estudios semejantes en España pero es probable que las cantidades fueran muy semejantes.

Otra área de ingresos son las rentas originadas del capital, invertidas en actividades especulativas a través de la banca. Incluyo en esta categoría la huída de capitales a paraísos fiscales u otros países, distinta a los de los depositarios. Incluso el Banco Mundial, un organismo de clara orientación conservadora, ha documentado en todos los países de elevada deuda los fondos depositados en el extranjero, que en cada uno de estos países representa una cantidad mucho mayor que el tamaño de la deuda pública (ver el libro Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press 2010, escrito por Eric Toussaint y Damien Millet).

España, uno de los países con mayores desigualdades de la OCDE puede y debe conseguir fondos de aquellos que se beneficiaron más de los años de bonanza. Dinero lo hay con gran abundancia entre las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca (que ha recibido fondos públicos por una cantidad equivalente nada menos que al 10% del PIB). El problema es que el Estado no los recoge. Influenciado por las grandes fortunas, por las grandes empresas y por la banca, el Estado prefiere endeudarse, beneficiando a la banca, a la cual se le paga más adelante los intereses elevadísimos, con dinero público. Un escándalo.

 

noviembre 8, 2012

La estafa de la deuda pública

Iturria: Vicenç Navarro / Publico.es – 2012/10/30

Según el pensamiento dominante en los establishments financieros, políticos y mediáticos que configuran la sabiduría convencional en el conocimiento económico, la deuda del Estado español (aproximadamente un 90% del PIB) se debe al excesivo gasto público realizado en el país durante los años de bonanza en los que se despilfarró el dinero público. Y para confirmar tal aseveración se citan casos como el del AVE, que en muchas partes de España apenas tiene pasajeros, o las carreteras que no llevan a ninguna parte y muchos otros ejemplos de derroche de dinero público que –según la sabiduría convencional- nos han llevado a la crisis actual. Un indicador de tal crisis es la elevada prima de riesgo que el Estado español tiene que pagar para poder conseguir dinero de la banca, pues ésta (conocida como los mercados financieros) está dejando de tener la confianza en la capacidad del Estado en poder pagar los intereses de su deuda pública. De ahí la necesidad de recortar gasto público a fin de disminuir el déficit y la deuda pública y recuperar así la famosa “confianza de los mercados”, la frase más utilizada en la narrativa oficial de los gobiernos español y catalán para justificar sus recortes presupuestarios.

La gran estafa

El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia del gasto público. En realidad, el gasto y empleo público español, incluyendo el catalán, son los más bajos de la UE-15. Sólo un adulto de cada diez trabaja en el sector público en España (en Catalunya no se llega ni a este ratio). En Suecia, es uno de cada cuatro. La hipertrofia del sector público, que según el dogma neoliberal dominante está ahogando la economía española, es una de las falsedades más notorias que se transmite con mayor frecuencia en los mayores medios de información. Los datos, fácilmente accesibles, muestran precisamente lo contrario. El Estado en España (y en Catalunya) es uno de los más pobres de la Unión Europea de los Quince, UE-15. Ahora bien, los economistas de FEDEA, los gurús mediáticos –como Xavier Sala i Martín y otros- continuarán, contra toda la evidencia existente, subrayando que la raíz del problema que tiene España, incluyendo Catalunya, es su excesivo gasto público, que –según ellos- ha generado el gran crecimiento de su deuda pública.

La causa real del crecimiento de la deuda

La causa más importante (y más silenciada por los medios) de la elevada deuda pública en España ha sido el dominio de la banca –y muy en especial de la banca alemana- y de las fuerzas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y su sistema de gobierno. Veamos los datos. Tales fuerzas establecieron un Banco Central que no era un Banco Central, sino que era un enorme lobby de la banca. Lo que hace un Banco Central en un país es imprimir dinero y con este dinero compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros.

Ahora bien, cuando se estableció el euro, el Estado español perdió tal capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública. Se delegó tal autoridad al Banco Central Europeo, que sigue imprimiendo dinero pero no para prestarlo al Estado español (la compra de deuda pública, en la práctica, es un préstamo al Estado), sino para prestarlo a la banca privada a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Y es esta banca privada la que compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 6% o un 7% en el caso español o italiano). Es un negocio redondo para la banca. El chanchullo del año. La banca, incluyendo la banca alemana, se ha forrado de dinero durante todos estos años. Nunca les había ido tan bien. Chupaban la sangre  (los altos intereses de la deuda pública) al Estado, y cuando éste parecía que iba a desmayarse o morir, entonces (y sólo entonces), el Banco Central Europeo le prestaba dinero al Estado, es decir, le compraba deuda pública para que continuara viviendo, a fin de que la banca privada, como sanguijuela, pudiera continuar chupándole la sangre (es decir, su dinero).

Este entramado, en el que el BCE da dinero a la banca privada a unos intereses bajísimos, se justifica con el argumento de que así se garantiza el crédito necesario para las familias y para las empresas medianas y pequeñas (que crean la mayoría de puestos de trabajo). Pero el crédito ni está ni se le espera. En realidad, a pesar de que el BCE ha dado desde diciembre de 2011 más de un billón de euros (sí, un billón de euros) a la banca privada (la mitad de este billón fue a la banca privada española e italiana), el crédito continúa escaso, pues la banca tenía otras inversiones (como comprar deuda pública) mucho más rentables que la de ofrecer crédito.

Cualquier persona normal y corriente se preguntará, ¿por qué el BCE no prestó este dinero a los Estados de la Eurozona en lugar de prestarlo a la banca para poder financiarse sin necesidad de pagar unos intereses tan elevados a la banca privada? Por extraño que parezca, nadie en la estructura de poder que gobierna la Eurozona se planteó, hasta hace muy poco, esta pregunta. Y ello, como resultado de estar imbuidos en el dogma neoliberal, que es la ideología promovida por el capital financiero, es decir, por la banca (además de las compañías de seguro, fondos de alto riesgo y un largo etcétera).

Si el BCE hubiera prestado el dinero al Estado español, en lugar de éste tener que pedirlo a la banca privada, el Estado hubiera ahorrado muchísimo dinero. El Estado, en lugar de pagar unos intereses al 6%, hubiera pagado al 1% (como pagan los bancos para obtener dinero del BCE), ahorrándose muchísimo, pero muchísimo dinero, sin que hubiera aparecido el problema de la deuda pública, y sin que se hubiera necesitado hacer ningún recorte de gasto público. Hoy, uno de cada cuatro euros que el Estado se gasta va para pagar su deuda pública, predominantemente a los bancos. Si hubiera recibido dinero directamente del BCE no habría habido ninguna necesidad de hacer recortes.

El economista Eduardo Garzón ha calculado (en su artículo “Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública”) lo que el Estado español tendría como deuda pública (desde 1989 a 2011) si hubiera tenido un Banco Central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada pagando los elevadísimos intereses que ha pagado. Pues bien, la deuda pública sería hoy un 14% del PIB (sí, ha leído bien, un 14%) en lugar de un 90%. Este es el enorme coste al Estado español de haber tenido el sistema de gobernanza del euro tal como ahora existe, sistema de gobernanza que se diseñó para optimizar los intereses de la banca a costa de los intereses de la población y de su Estado. Hoy España, incluyendo Catalunya, no tendría los problemas que tiene si hubiera tenido un Banco Central propio digno de su nombre, o hubiera tenido un Banco Central Europeo que hubiera sido un Banco Central.

Las injusticias del sistema actual

El sistema de gobierno del euro es, además de sumamente ineficiente, profundamente injusto, pues está originando un proceso redistributivo enormemente regresivo en el que la gran mayoría de la población está pagando con impuestos el pago de los intereses de la deuda pública del Estado, y con ello está transfiriendo a los súper ricos (que compran los bonos a través de los bancos) dinero para pagarles lo que el Estado les debe al haber comprado deuda pública. Esta transferencia de dinero se realiza también a nivel de la Eurozona, de manera que los países que tienen que pagar intereses de la deuda más altos (los países del Sur) los pagan a los bancos del Norte (que han invertido cantidades muy significativas de su capital en comprar deuda pública de tales países que generan unos intereses exuberantes, alcanzando unos beneficios estratosféricos). Alemania tiene 200.000 millones de euros en tal tipo de inversiones en España. En realidad, los famosos 100.000 millones de euros que la Unión Europea puso al alcance de España para “salvar sus bancos” era, en realidad, dinero (aprobado por el Parlamento Alemán) para salvar a los bancos alemanes (tal como han reconocido varios economistas asesores del gobierno alemán) que estaban con el agua al cuello debido a la deuda pública y privada española, ya que tenían pánico a que no les pudieran pagar. Será el pueblo español el que pagará los 40.000 millones que el Estado ha pedido para pagar tal deuda, situación que es profundamente injusta. Si después de leer este artículo usted, lector, no está indignado, es señal de que, o bien es usted parte del problema o es que no me he explicado bien. En este caso, le aconsejo lea el libro de Juan Torres y yo, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero donde expandimos lo que brevemente presento en este artículo. Pero créame que hay causas para estar más que indignado. Hoy se está desmantelando el escasamente financiado Estado del bienestar en España, incluyendo en Catalunya, para que los bancos puedan comprar su deuda pública, la cual consiguieron diseñando un sistema en que sus beneficios, que afectan a un sector superminoritario (lo que los indignados estadounidenses Occupy Wall Street movement llaman el 1%) se realice a costa de la miseria de todos los demás. Así de claro. Léase el libro y lo verá.

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