Posts tagged ‘OCDE’

mayo 8, 2013

Más del 21% de los niños está en situación de pobreza en Navarra

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2013/05/08

En Navarra, según las estadísticas disponibles, un 10,6 % de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes y un 13,1 % están en riesgo de pobreza

La coordinadora de Unicef en Navarra, Maider Gabilondo, ha destacado la existencia de “grandes inequidades” respecto a la pobreza infantil en la Comunidad foral, ya que, si bien la tasa general ha ido creciendo, la afección es muy desigual entre poblaciones de niños.

Gabilondo, que ha presentado en comisión parlamentaria el informe de Unicef titulado “Bienestar infantil en los países ricos. Un panorama comparativo”, ha señalado que el estudio no ofrece datos desglosados por comunidades autónomas, aunque ha ofrecido algunos indicadores relativos a Navarra.

En el año 2008, ha indicado, utilizando el “umbral nacional” de renta per capita, Navarra tenía una pobreza infantil del 6,8 %, un porcentaje que se refiere a los menores de edad que viven en familias de cuatro miembros (dos adultos y dos niños) con unos ingresos inferiores a la mitad de la media española.

Utilizando el umbral de renta autonómico, el 17 % de los niños estaban en situación de pobreza en Navarra en el año 2008.

En 2010, utilizando el umbral nacional, Navarra llegó al 14,4 % de pobreza infantil y, con el umbral autonómico, la tasa se elevó al 21,7 %, ha comentado Gabilondo, que ha precisado además que, en realidad, las familias por debajo del umbral están “muy por debajo” del mismo, tanto del nacional como del navarro.

En Navarra, según las estadísticas disponibles, un 10,6 % de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes y un 13,1 % están en riesgo de pobreza.

Gabilondo ha señalado que Navarra está en el conjunto de España “en mucha mejor posición” por sus indicadores económicos, pero dentro de la Comunidad Foral hay “grandes inequidades” entre poblaciones de niños.

El informe de Unicef, que analiza el periodo 2000-2010, concluye que las tasas de pobreza infantil de España son de las más elevadas de los países de la OCDE, ya que sólo son superadas por las de Letonia, Estados Unidos y Rumanía.

Según el estudio, España ha bajado cinco puntos en la clasificación de bienestar infantil en la primera década del siglo XXI hasta situarse en el puesto 19 de los 29 países con economías más avanzadas.

Para evaluar el bienestar infantil, Unicef tiene en cuenta los indicadores de bienestar material, salud y seguridad, educación, conductas y riesgos, y vivienda y medio ambiente.

No obstante, los niños españoles muestran un alto grado de satisfacción por las relaciones que mantienen con sus familiares y sus amigos, un aspecto en el que España sólo es superada por Noruega e Islandia.

Unicef asigna a España una tasa de pobreza infantil del 20 %, lo que hace bajar la situación española al puesto 26, por delante únicamente de Letonia, Estados Unidos y Rumanía.

Gabilondo ha precisado que la pobreza infantil en España no está relacionada sólo con las dificultades económicas que se viven en este momento, ya que éste también era “un problema importante” antes de la crisis.

Tras resaltar que se están produciendo casos de malnutrición infantil en España, la coordinadora de Unicef ha puesto de relieve que el 37 % de los hogares españoles no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, diez puntos más que en 2008.

Además, ha apuntado que las medidas de austeridad y de contracción del gasto público, como las que se aplican actualmente en España, “siempre han afectado a los más vulnerables, a la infancia”.

La pobreza, ha dicho, tiene un “impacto más que evidente” en los niños, a los que se debe proteger, porque, entre otras razones, “ellos no han sido los que nos han llevado a esta situación, los hemos llevado nosotros, los adultos”.

La portavoz de Unicef ha declarado que lo que no se invierta ahora en la salud o educación de los niños “va a tener consecuencias irreversibles a futuro” en todos los indicadores económicos, por lo que es “urgente” invertir en el bienestar de los menores.

“Los niños son niños ahora, mañana van a ser adultos”, ha manifestado Gabilondo, que ha aseverado que “nos urge intervenir cuanto antes” en este ámbito.

abril 5, 2013

La propuesta educativa: privatizar la FP y sustituir becas por “préstamos del Estado a bajo interés”

Iturria: vozpopuli.com – 2013/04/05

La organización de países desarrollados defiende el modelo americano en el que el Estado financia los estudios universitarios mediante créditos a bajo interés. La fórmula defendida para España es la de conceder esos créditos cuyos plazos y cantidades de devolución quedarían supeditados a alcanzar un cierto nivel de ingresos

La lucha contra el paro juvenil pasa también por una reforma del sistema educativo, diagnostica la OCDE en su informe sobre el paro entre los más jóvenes en España. Además de reformar el mercado laboral, la OCDE dicta recetas de reforma educativa en las que apuesta por reforzar la Formación Profesional. Sin embargo, el organismo sostiene que no puede depender completamente de fondos públicos y apuesta por fórmulas semi-privadas: “sería más eficiente —afirman las conclusiones— que el coste fuera soportado por el gobierno, los empleadores y los estudiantes, de acuerdo con los beneficios que obtienen del sistema”.

A cambio, las empresas ganarían influencia sobre el plan de estudios de los jóvenes y deberían poder aprovechar más los llamados “contratos de formación” ya que –según la organización– “la formación profesional no parece responder a las necesidades laborales del país”. Sin embargo, el informe advierte que los planes del Gobierno español de conceder subvenciones en los pagos a la Seguridad Social a las empresas que recurran a contratos de aprendizaje corre un riesgo: “existe la posibilidad de que las compañías abusen del contrato de formación hasta convertirlo en una forma barata de contratar en prácticas para realizar labores de baja cualificación”.

La OCDE, además, plantea otras dos modificaciones a caballo entre la educación y la economía:

  • Sustituir las becas por “créditos del Estado a bajo interés” para los estudios universitarios: La organización de países desarrollados defiende el modelo americano en el que el Estado financia los estudios universitarios mediante créditos a bajo interés. La fórmula defendida para España es la de conceder esos créditos cuyos plazos y cantidades de devolución quedarían supeditados a alcanzar un cierto nivel de ingresos
  • Terminar con la figura del repetidor: La OCDE asegura que el sistema de repetición de cursos vigente en España “crea grandes costes para la sociedad”. Según sus estimaciones, el sistema de repetición de cursos supone un 10% del coste total destinado a educación primaria y secundaria en España. Por ello, concluye la organización, “debieran tomarse medidas para evitar la repetición de cursos”, algo en lo que ya trabaja la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert.
FOTO:EFE

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marzo 27, 2013

Los salarios no deben ser la variable de ajuste

Iturria: Michel Husson / vientosur.info – 2013/03/16

Las políticas de “devaluación interna” o, dicho de otra forma, de austeridad salarial son presentadas hoy como un medio para reducir los desequilibrios intraeuropeos y salir de una crisis cuya responsabilidad recae así implicitamente sobre los salarios. Es un punto de vista inverso el defendido en el libro Salario y competitividad: por un verdadero debate. Éste consiste en decir dos cosas: que la bajada generalizada de la parte de los salarios en el valor añadido se encuentra en la fuente de la crisis actual, y que el ajuste salarial lleva a un callejón si salida.

Paro y reparto de las rentas

Sobre el primer punto, la constatación es unánime, desde la OCDE a la Comisión Europea, pasando por el FMI: todos esos organismos han realizado recientemente estudios que no se preguntaban si la parte de los salarios había bajado, sino porqué. Sin embargo, esta constatación es lógicamente contradictoria con el análisis según el cual la causa de los desequilibrios económicos de los países del “Sur” de Europa se explicaría por una pérdida de competitividad debida a un crecimiento excesivo de los salarios.

Esta disminución de la parte del trabajo, como lo llama la OCDE, ha tenido evidentemente como contrapartida un aumento de los márgenes de beneficio de las empresas antes de la crisis. Pero éstas no se sirvieron de ello para hacer más inversiones, sino que más bien aumentaron el reparto de dividendos. Esta enorme transferencia de los asalariados hacia los accionistas ha podido ser realizada gracias a la palanca del paro. Son dos caras de la misma realidad: de un lado, la no redistribución de las ganancias de productividad a los asalariados, en particular bajo la forma de reducción del tiempo de trabajo, engendra un aumento del paro y, de la otra, alimenta la transferencia hacia los accionistas. La experiencia de las 35 horas en Francia, a pesar de sus imperfecciones, muestra a contrario que la reducción del tiempo de trabajo es una poderosa herramienta de creación de empleos: entre 1978 y 1997, en Francia, el empleo no había aumentado en el sector privado. Entre 1997 y 2002, cuando se produjo el paso a las 35 horas, fueron creados cerca de 2 millones de empleos. Luego el empleo aumentó un poco, antes de que la crisis le hiciera caer en el punto de partida.

Un aparente absurdo

Las instituciones y los gobiernos europeos ponen en marcha una orientación que se basa en tres elementos: austeridad presupuestaria, austeridad salarial, reformas estructurales (mercado de trabajo y protección social). Sin embargo, este conjunto no funciona y Europa se hunde en la recesión. Las razones de ello son conocidas y además existe un consenso bastante amplio sobre ese punto.

El mecanismo perverso de la austeridad es sencillo de entender. Se recorta en los gastos y se aumentan los impuestos, en particular el IVA, que pesan directamente sobre el consumo. El efecto inmediato es claramente una bajada del déficit. Pero la economía es un circuito y la austeridad presupuestaria tiene por efecto frenar la actividad y por tanto reducir los ingresos fiscales. Resultado: el peso de la deuda pública respecto al PIB continúa aumentando.

Se tiene ahí una primera correlación muy clara: ha sido en los países en los que la austeridad presupuestaria ha sido más severa donde la ratio deuda/PIB se ha degradado más. Olivier Blanchard, el economista jefe del FMI ha hecho recientemente su autocrítica reconociendo haber subestimado el “multiplicador presupuestario” (o en este caso el “divisor presupuestario”) que se supone prevé el efecto de una reducción del déficit sobre la actividad. Existe otra correlación tan clara como la anterior: es también en los países en los que la austeridad presupuestaria ha sido más severa donde la tasa de paro se ha degradado más (o se ha restablecido menos).

En un primer momento, se podría concluir de lo anterior que esas políticas son absurdas o debidas a ignorantes (illiterate como dice un comentarista anglosajón). Pero, en un segundo tiempo, hay que constatar que permiten, por absurdas que puedan parecer, un restablecimiento de los márgenes de ganancia de las empresas que es proporcional a la subida del paro. Se tiene a fin de cuentas un bucle austeridad presupuestaria/paro/ganancia que sugiere una interpretación diferente de las políticas realizadas: se trata de una terapia de choque que se apoya en la crisis para llevar adelante unas “reformas” que equivalen a una profunda regresión social.

Crecimiento y capitalismo

Sin embargo, esta terapia de choque no es forzosamente viable, ni siquiera desde el punto de vista de los intereses capitalistas, y es el tercer momento del análisis: este restablecimiento de la ganancia se hace en detrimento del crecimiento. Ahora bien, el capitalismo tiene necesidad de crecimiento para garantizar la posibilidad misma de ganancias. Es lo más inquietante que hay en el fondo en la coyuntura actual: el capitalismo europeo aparece como el más frágil, no puede contar más que con los mercados exteriores o con la carrera por la competitividad que no puede más que alimentar la recesión, y esto quiere decir también que las supresiones de empleos van a continuar. Europa está pues hundida en una crisis de tres niveles: una crisis de las deudas soberanas, una crisis específica de la zona euro y, en fin, una crisis larvada de rentabilidad del capital: bajo las deudas, está la cuestión de la ganancia.

Una estrategia de ruptura

Así pues, esta crisis es muy profunda y reclama soluciones radicales, que giran alrededor de dos cuestiones claves: el reparto de las rentas y la construcción europea. El reparto de las rentas debe ser modificado por la anulación de la deuda ilegítima, la reducción de la parte de las rentas financieras, el aumento de los salarios y la reforma fiscal. Es la condición para crear empleos mediante la reducción del tiempo de trabajo y la inversión pública, en particular en los sectores que contribuyen a la transición ecológica.

La construcción europea debe apuntar a la armonización entre países de estructuras económicas muy diferentes a través de un presupuesto europeo que permita financiar fondos de armonización, y asegurar la convergencia de las legislaciones fiscales -por ejemplo un impuesto unificado sobre el capital- y sociales -por ejemplo un sistema europeo de salarios mínimos-. Un proyecto así se enfrenta frontalmente a los intereses sociales dominantes que organizan por su parte una violenta regresión social. Debe servir de perspectiva para las luchas de resistencia y apoyarse en una estrategia de ruptura unilateral con la Europa neoliberal: el primer cerrojo que hay que hacer saltar es sin duda la prohibición establecida para los bancos centrales de financiar el déficit presupuestario.

Notas

1/ Reginald Savage et Michel Husson. Salaire et compétitivité. Pour un vrai débat… Collection “Les petits dossiers de l’Autre économie”. GRESEA

enero 17, 2013

Europa y la OCDE aprietan al Gobierno con las pensiones

Iturria: diagonalperiodico.net – 2013/01/08

Arrancan en el Parlamento los debates para endurecer el acceso a las pensiones, tal y como anunció el Gobierno en diciembre ante las presiones de la Unión Europea.

El año 2013 comienza marcado por una nueva embestida del Ejecutivo al sistema público de pensiones. El Consejo de Ministros del 28 de diciembre se cerraba con la postergación durante tres meses de la regulación de la jubilación anticipada y parcial y, en rueda de prensa, Rajoy hablaba de la “necesidad” de que nadie se jubile a los 58 años. El presidente anunció la apertura de un debate en el marco del Pacto de Toledo en el que se abordará, además de las jubilaciones anticipadas, el llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo de ajuste relacionado con el aumento de la esperanza de la vida. Dicho debate comenzaba hoy miércoles en comisión parlamentaria.

Diferentes presiones han vuelto a aparecer en el escenario económico actual, en esta ocasión representadas por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde Bruselas se alude al informe Sostenibilidad Fiscal 2012, en el que se dice que el gasto esperado en el sistema de pensiones del Estado español estará por encima de la media de la UE y que dicho sistema sólo será sostenible si se retrasa la edad de jubilación. Por su parte, la OCDE pide la privatización de las pensiones, ya que prevé que éstas supondrán un 15% del PIB en el año 2050,situación que considera insostenible. Como respuesta a esta presión, el Gobierno español ya ha comenzado a plantearse una nueva reforma del sistema público de pensiones para 2013 que contemple la aceleración de un proceso que desem­boque en la jubilación generalizada a los 67 años o incluso en un nuevo aumento de la edad de jubilación.

La Reforma de 2011

En la situación actual, y con la reforma de las pensiones de abril de 2011 ratificada hace unos días mediante un decreto del Gobierno para su entrada en vigor el 1 de enero de 2013, se establece un incremento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Además, entra en vigor un incremento progresivo desde los 15 a los 25 años del período de cómputo para el cálculo de la pensión, con el objetivo de completar dicho proceso en 2021. Según el Gobierno, esta reforma ha tenido un “impacto positivo visible en el gasto en pensiones”, pero todavía lo considera insuficiente. Dicha reforma se estableció en su día como respuesta a las presiones del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, representantes de los intereses del capital financiero encabezado por la banca y las compañías de seguros.Dichas presiones han calado en todos los países de la Unión Europea, que ya han comenzado a reformar sus sistemas de pensiones en cuanto a la edad mínima de jubilación. Tras las reformas, España se situará en uno de los niveles de edad más altos, superada únicamente por Irlanda y Reino Unido, que atrasarán la edad mínima de jubilación a los 68 años. Estos sistemas contrastan enormemente con la edad mínima de jubilación en América Latina, situada en 60 años en países como Uruguay y Venezuela, o 58 años en el caso de Bolivia.

Beneficios privados

Estas sucesivas reformas del sistema público están beneficiando enormemente a las entidades que gestionan los sistemas privados de pensiones, que han aumentado su capital en este tipo de activos financieros. Según un informe del año 2012 del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá sobre la reforma de las pensiones en España, los partícipes en planes de pensiones privados entre 1991 y 2011 han pasado de 710.000 a 8,7 millones, y en ese período el patrimonio depositado en dichos planes se ha multiplicado por 31 hasta sumar un total de 53.000 millones.

A este auge del sistema privado han contribuido también las políticas fiscales desarrolladas en el Estado español en los últimos 20 años, que han favorecido la disminución de fondos de pensiones públicos, la disminución de sus cuantías y una tributación más favorable para el ahorro privado –se calcula que cada año el Estado deja de ingresar 2.000 millones a causa de las desgravaciones por las aportaciones a fondos de pensiones privados. Esto ha tenido como consecuencia que se haya trasladado a la ciudadanía que existe una crisis de las pensiones públicas y hayan tratado de destinar parte de sus ahorros a fondos privados.

La cara oculta de estos fondos privados es que en realidad no son pensiones, y no pueden sustituir a un sistema público de pensiones, ya que se trata de fondos privados constituidos por los ahorros que cada persona deposita de forma voluntaria en la entidad gestora de dicho fondo (por lo general, un banco) hasta el momento de su jubilación. Dicho fondo lo invierte el banco en el mercado financiero y, cuando el titular del fondo se jubila, retira el capital generado. Este capital puede ser una cantidad menor al dinero que había ahorrado, hecho que se da cuando la rentabilidad de las inversiones es negativa, algo propio de las recesiones.

Según un estudio de 2009 de Pablo Fernández y Javier del Campo sobre la rentabilidad de los fondos privados de pensiones, Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 1994-2009, en el periodo 1999-2009, el 93% de los fondos del sistema individual obtuvo una rentabilidad inferior a la inflación y el 99,3% obtuvo una rentabilidad inferior a la de los bonos del Estado a diez años. Por su parte, el informe subraya que un sistema público de pensiones, además de sostenible y justo, es un mecanismo de redistribución de rentas desde los períodos de actividad a los de no-actividady de renta productiva entre las generaciones que trabajan y las que reciben la pensión.

Además, son muchos los economistas, como el Nobel de economía Joseph Stiglitz, u otros expertos como Adolfo Jiménez, Camila Arza, o Vicenç Navarro, los que han demostrado la falta de rigor científico y de fundamento de las teorías neoliberales de privatización. Entre sus argumentos, figura el hecho de que un aumento del porcentaje que representan las pensiones sobre el PIB no implica necesariamente una situación insostenible, ya que normalmente se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB en el futuro, lo que permite disponer de una cantidad de recursos mucho mayor para los no pensionistas, argumento reforzado por el hecho de que hace 50 años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB, y hoy emplea un 8%. La sociedad, en cambio, tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces. Ya hace 50 años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, algunas voces liberales decían que en 50 años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país, cosa que no ha sucedido.

Frente al error de que el aumento en la esperanza de vida obliga a retrasar la edad de jubilación para poder mantener los ingresos del sistema, estos economistas señalan que en España (y en Europa) la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de forma muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 a 80 años. Según el catedrático Vicenç Navarro, “la mortalidad por cada grupo de edad ha ido descendiendo (también entre los ancianos), pero los años de vida que el anciano vive ahora no son cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones tomando como base esta lectura errónea de los datos penaliza a la población, pues asume que los ancianos viven más años de los que en realidad viven”.

Claves de la reforma

Aumento cada año de la edad y del mínimo de años cotizados
El Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones del 4 de febrero de 2011 entre los sindicatos UGT y CCOO, las organizaciones patronales CEOE y CEPYME, y el Gobierno estableció el aumento a 67 años de la edad de jubilación. En 2027 se habrá completado esta medida y sólo se podrán jubilar a los 65 quienes hayan cotizado más de 38 años y seis meses. Hoy se pueden jubilar a los 65 quienes hayan cotizado 35 años y tres meses.

La pérdida de poder adquisitivo implícita en los recortes del gobierno
La decisión del Gobierno de no cubrir la desviación respecto a la inflación de las pensiones ha hecho retroceder un 2% la cuantía de estas rentas, a lo que se une la no actualización a la base de cálculo de las mismas. La entrada en vigor del pacto de las pensiones cambiará el cálculo de la base reguladora de la pensión –que tenía en cuenta las cotizaciones de los últimos 180 meses–: añadirá un año más hasta 2022, y para la base de cotización se tendrán en cuenta los últimos 25 años.

La hucha de las pensiones y la deuda
Un 90% del fondo de reserva de la Seguridad Social, la cuenta para resolver posibles problemas de tesorería en pagos de prestaciones contributivas como las pensiones, fue invertido por el Gobierno a lo largo de 2011 para la compra de bonos de deuda española, considerados una inversión de riesgo por parte de las agencias de calificación. El porcentaje de estas inversiones ha subido desde que en 2005 el Ejecutivo aprobara este tipo de operaciones. En 2007 ya representaba el 51,3% del total del fondo. Entre septiembre y octubre de 2012, el Gobierno ha tenido que adelantar 7.000 millones de euros del fondo de reserva para el pago de las pensiones.

enero 16, 2013

¿Por qué las desigualdades están creciendo?

Iturria: Vicenç Navarro / vnavarro.org – 2013/01/14

Este artículo critica algunas de las teorías que se han dado para explicar el crecimiento de las desigualdades en los países de la OCDE, incluyendo España. El artículo subraya que las causas más importantes de tal crecimiento son más políticas que económicas.

Que las desigualdades en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) han ido creciendo hasta alcanzar niveles no conocidos desde principios del siglo XX es una realidad que ya casi nadie cuestiona. Sólo algunos ultraliberales, que también niegan que haya cambio climático, continúan negando este hecho. Las explicaciones más frecuentes que se dan a este crecimiento de las desigualdades son predominantemente dos. Una es la introducción de nuevas tecnologías que eliminan muchísimos puestos de trabajo en los países más desarrollados económicamente, eliminación que se centra primordialmente en los puestos de trabajo de escasa cualificación. De ahí que, según tal argumento, haya un elevado desempleo en tales países en los sectores de trabajadores poco cualificados. Esto explica el énfasis que muchos gobiernos dan al desarrollo de un modelo educativo encaminado a corregir tal escasa cualificación. La solución propuesta por aquellas opciones políticas que atribuyen las desigualdades al escaso desarrollo de formación cualificada entre la población es mejorar la cualificación a través de la educación.

Tal argumento, sin embargo, explica muy poco el crecimiento de las desigualdades, pues la automatización de los puestos de trabajo de baja cualificación no es un fenómeno nuevo. Antes al contrario, la automatización ha existido desde el principio del trabajo asalariado, habiendo sido una constante en el diseño del trabajo. No parecería ser, pues, que tal automatización pudiera ser una causa mayor de la destrucción de los puestos de trabajo y de la extensión del desempleo. Es más, tal automatización está afectando también a puestos de trabajo de elevada tecnología y cualificación. Hoy, un técnico especialista en lecturas de radiografías, por ejemplo, sustituye en muchos hospitales a radiólogos con doctorados. En realidad, no hay evidencia de que las nuevas tecnologías estén afectando más a los trabajadores con menos cualificaciones que los que tengan más cualificaciones. Es más, según las estadísticas de empleo del gobierno federal de EEUU, los puestos de trabajo que están creciendo más son los primeros, los de baja cualificación, mucho más que los de elevada cualificación. No parece, pues, convincente que los cambios tecnológicos sean una causa de este enorme crecimiento de las desigualdades.

¿La globalización como causa del crecimiento de las desigualdades?

La segunda explicación más común que se da para explicar tal crecimiento es la globalización económica. Constantemente se hace referencia a los puestos de trabajo que se están yendo, por ejemplo, a la China, puestos de trabajo que por regla general son de escasa cualificación. Hay un elemento de verdad en este argumento. Pero sólo un elemento de verdad pues este argumento ignora que esta exportación de puestos de trabajo se centra primordialmente en puestos de trabajo de baja cualificación y ello a pesar de que en los países donde tales puestos de trabajo se instalan, también tienen muchos profesionales de elevada cualificación que harían gustosamente (y con menor salario) los trabajos de alta cualificación que existen en los países donde se exportan primordialmente trabajos no cualificados. El hecho de que sean estos últimos y no los primeros los que se exportan se debe, como bien dice Dean Baker (del Center for Economic and Policy Research de EEUU), que los profesionales de elevada cualificación tienen mucho más poder en los países que exportan puestos de trabajo que los trabajadores no cualificados. Tales profesionales, a través de sus organizaciones profesionales, son capaces de influenciar al Estado para que desarrolle políticas proteccionistas que no permitan tal competitividad con los profesionales extranjeros. Se me dirá, con razón, que tales puestos de trabajo cualificados también se están exportando. Pero está ocurriendo con menor frecuencia que entre los no cualificados.

Este hecho muestra como las causas mayores del crecimiento de las desigualdades tanto dentro de cada país como a nivel mundial son políticas (es decir, relacionadas con las relaciones de poder) más que económicas. En aquellos países donde el mundo del trabajo tiene mayor poder político hay menos desigualdades. Y en aquellos países donde el capital (los grandes grupos financieros y económicos) tiene mayor influencia política, las desigualdades son mayores. Los países escandinavos que, debido a su escaso tamaño han tenido economías altamente globalizadas (es decir integradas en la economía mundial), son países, sin embargo, con menos desigualdades y ello se debe al gran poder que históricamente han tenido las izquierdas en aquellos países, una situación que es opuesta a la de los países del sur de Europa, que históricamente han tenido unas derechas fuertes y unidas y unas izquierdas débiles y desunidas, responsables de que existan grandes desigualdades en estos últimos países.

Las causas mayores del crecimiento de las desigualdades se deben a la enorme influencia política del mundo del capital a costa del mundo del trabajo

Lo cual me lleva al último punto que quiero subrayar. El enorme crecimiento de las desigualdades es un indicador de la enorme influencia del capital financiero y empresarial sobre los aparatos del Estado a costa de la influencia del mundo del trabajo, que ha ido perdiendo su influencia sobre aquellos aparatos. La incorporación y desarrollo de la ideología neoliberal dentro de las políticas públicas de los partidos gobernantes, incluidas las izquierdas mayoritarias, es una consecuencia de este diferencial de influencias que tienen las distintas clases sociales sobre el Estado. En otras palabras, es la victoria del capital sobre el trabajo la que ha llevado a una enorme concentración de las rentas y de la propiedad, transformando la lucha de clases tradicional en otro conflicto que es mucho más amplio que el existente entre la burguesía por un lado y la clase obrera por el otro. A este último conflicto (que continúa existiendo) hay que añadirle el conflicto de una minoría de la población en contra de la gran mayoría. De ahí que la solución a este enorme crecimiento de las desigualdades sea la democratización de los aparatos del Estado convirtiéndolos en una institución al servicio de la mayoría, en lugar de al servicio a la minoría, como está ocurriendo ahora. La evidencia científica que apoya tal explicación del crecimiento de las desigualdades es abrumadora.

Y esta democratización no ocurrirá a no ser que se rompa el lazo que une los equipos dirigentes de los partidos gobernantes con los equipos gestores de las grandes corporaciones e instituciones financieras. Es más que preocupante ver este lazo reproducirse incluso en los partidos de centroizquierda gobernantes, donde vemos exdirigentes de la socialdemocracia en puestos de servicio a algunas de las empresas que se han beneficiado y continúan beneficiándose más de la intervención del Estado. Este hecho debería denunciarse, pues es esta ligazón la que está en la raíz del problema del crecimiento de las desigualdades. Hoy, la pérdida de legitimidad de la democracia se basa precisamente en el excesivo poder que el mundo del capital (y más en especial el capital financiero) tiene sobre el Estado. No podrá desarrollarse la ya escasamente desarrollada democracia en España a no ser que se rompa este lazo del mundo financiero y empresarial con el Estado. Cuando Endesa, por ejemplo, invita a una ex Ministra de Economía del PSOE a integrarse en su equipo de dirección, no lo hace por su conocimiento del sector energético, sino porque es una fuente de conocimiento y contactos en las estructuras del Estado que beneficia a tal empresa, una empresa cuyo servicio a la sociedad es muy cuestionable y poco ético, comportamiento facilitado por una excesiva influencia sobre el Estado. El número de dirigentes del PSOE que hoy ocupan puestos en las grandes empresas del país es enorme. Esta relación entre mundo financiero y mundo empresarial con los partidos conservadores y liberales ha sido la característica que ha definido a tales partidos de derechas. Lo que es preocupante es que esta relación se está produciendo también en los partidos mayoritarios de izquierda. Ahí está el origen del crecimiento de las desigualdades. Éstas son consecuencias de este maridaje de poder económico y político.

Últimas observaciones sobre las desigualdades en España

Existe entre amplios sectores de las izquierdas en España una percepción errónea de que lo que ocurre en España está predominantemente determinado por fuerzas exteriores a España. Esta percepción aparece en la frase constantemente reproducida en forums políticos y mediáticos del país “que los estados están desapareciendo” y/o “es poco lo que pueden hacer hoy en día”.

Tal postura es profundamente errónea y sirve para justificar políticas públicas reaccionarias e impopulares. La congelación de las pensiones (presentada como resultado de las presiones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo) es un ejemplo de ello. El estado podría haber conseguido incluso más dinero revirtiendo la bajada del impuesto de sucesiones que había aprobado en un periodo anterior. Estas políticas de clase se están llevando a cabo por las elites gobernantes en España, en alianza con las elites gobernantes de la Unión Europea con las cuales comparten intereses de clase.

Las enormes desigualdades en España (España es el país que, después de Letonia, tiene mayores desigualdades en la UE) están basadas en la excesiva influencia de la banca y la gran patronal sobre el estado, realidad que es percibida por la ciudadanía correctamente. Según la Encuesta de Tendencias Sociales, los bancos y la CEOE son percibidos como los sectores que tienen más poder en España por la mayoría de la población española. La expresión de su abusivo poder sobre el Estado es la mayor causa de la pérdida de legitimidad de la democracia. Y es esta influenza que ha ya alcanzado unos niveles sin precedentes en el periodo democrático y que explica que, a pesar de que el porcentaje de la población activa ha ido aumentando, las rentas del trabajo como porcentaje de la Rentas Nacional haya disminuido siendo hoy, un porcentaje menor que las rentas del capital, es decir, que los beneficios empresariales, situación que se ha acentuado todavía más en estos años de crisis (desde 2007), en el que el porcentaje de la población con empleo ha disminuido. La crisis ha dañado el nivel de vida de la población trabajadora. Hoy el 20% de la población de mayor renta (burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales) poseen más renta que la gran mayoría de la población (el 60%). Y puesto que este 20% domina la vida política y mediática del país, España continúa y continuará siendo el país con mayores desigualdades de la UE. Así de claro.

diciembre 10, 2012

Privatizar la sanidad: la bolsa y la vida

Iturria: Víctor Lapuente Giné / eldiario.es – 2012/12/10

Los gobiernos de todo el mundo llevan décadas intentando auto-reformarse. Un denominador común de estas reformas ha sido desplazar actividad gubernamental de la llamada administración pública tradicional – organizaciones burocráticas, rígidas, con personal funcionario– a las nuevas formas de gestión pública, que intentan adoptar prácticas gerenciales del sector privado al público. Pasar de un gobierno que lo hace todo a un gobierno que se limita a llevar el timón; mientras otros – se supone que más eficientes o más efectivos– reman. Hay, sin embargo, una fauna variada de “remeros”. Algunos gobiernos han elegido a trabajadores públicos, pero no sujetos a un estatuto de función pública, sino a un mercado competitivo similar al del sector privado. Otros han preferido remeros externos, incluyendo en ocasiones a empresas privadas; pero, en muchas otras, restringiendo la competición a entidades sin ánimo de lucro.

Aunque el abanico de  posibilidades es muy amplio, el debate sobre la privatización de la sanidad madrileña vuelve a poner de manifiesto que en España sólo parece que existen los dos extremos: o el status quo de un personal sanitario funcionarial o la externalización a empresas privadas.

Por un lado, se nos bombardea con la idea de que hay que externalizar la gestión de los hospitales y otros centros sanitarios para equipararla a la más eficiente gestión de las empresas. Sin embargo, esto es una falacia. En el sector privado, las empresas externalizan la gestión de determinadas actividades –limpieza, consultoría, marketing; a veces también producción o diseño – pero no todas sus actividades a otras empresas.

Se trata, de hecho, de una paradoja para la teoría económica clásica. En principio, toda transacción debería estar sujeta a un precio, por lo que un empresario X interesado en fabricar coches, simplemente debería pagar un precio de mercado A al ingeniero Y a cambio del diseño de una rueda, un precio B al ingeniero Z que diseña los frenos, un precio C por cada puerta que cada operario monte, etc… Como podemos imaginar, este “etc..” sería inmensamente largo. Gestionar esta infinidad de contratos individuales sería una pesadilla. Conclusión, el empresario X encuentra mucho más eficiente montar su propia organización y pagar un salario a sus empleados a cambio de unas instrucciones sobre cómo hacer el trabajo.

La gran mayoría de empresas externalizan algunas de sus actividades. Pero ninguna que quiera sobrevivir externalizará actividades que permitan que la empresa contratada abuse de su posición. Se nos pueden ocurrir muchísimos casos en los que una empresa se niegue a dar a otra la producción de un determinado componente o la gestión de un determinado proceso – aún en el supuesto de que esta última sea más eficiente. Los intereses de la empresa proveedora y la cliente pueden chocar en muchos aspectos, desde espionaje industrial para beneficiar a la competencia a facturaciones exageradas por servicios difíciles de cuantificar o por imprevistos varios. Este dilema del “make or buy” – es decir, cuándo es mejor hacerlo uno mismo y cúando es más apropiado comprarlo a otra empresa – afecta a cualquier organización privada.

Quiero subrayar esto: cuando se nos diga que externalizar la gestión es más eficiente apelando a los valores del sector privado, hay que responder que las empresas no externalizan aquellas actividades que generan incentivos perversos. El estado, que no es más que la empresa de todos, debe regirse por el mismo principio: podemos externalizar aquellas actividades cuyos resultados son claramente medibles y, además, no ofrecen oportunidades para comportamientos deshonestos.

La sanidad es un caso complejo, para empezar porque hay actividades que pueden establecerse fácilmente en un contrato entre la administración y un proveedor privado – por ejemplo, un dinero X por un servicio de comedor o incluso por una operación quirúrgica Y. Pero hay actividades difíciles de controlar, como derivar pacientes “poco eficientes” económicamente al hospital público de al lado.

Esto ha llevado a un enorme interés en la comunidad académica por evaluar las experiencias de privatización de la sanidad pública. Llama la atención la ausencia total de referencias a estos estudios en el debate sobre la privatización de la sanidad en Madrid – ni por los promotores ni por los detractores. Estos últimos se escudan en mensajes simplistas como una sanidad “100% pública”, con lo que se entiende que Ignacio González señale la “irresponsabilidad” del movimiento de protesta contra su plan. Ahora bien, la justificación que da la comunidad de Madrid es también meramente ideológica, no basada en estudios independientes. Como señalaba un alto cargo para explicar la idoneidad de las medidas, “nos hemos mantenido fieles a nuestro discurso liberal, hemos sido coherentes” ( El Pais 31-10-2012).

La discusión es dicotómica: o blanco (la marea contra la privatización) o negro (la marea privatizadora). Se produce así una confluencia paradójica de intereses para mantener a la opinión pública confundida y esconder que existen modelos grises intermedios que podrían ser muy interesantes. Por una parte, los sindicatos, representando a trabajadores que no quieren perder su plaza funcionarial, tienen un interés en equiparar a cualquier “remero” de la sanidad que no sea funcionario con alguien que se enriquecerá a costa de todos. Por otra parte, la Comunidad de Madrid tiene un interés en decir que los “remeros” serán todos tan eficientes, poco amigos del lucro y responsables como las cooperativas de médicos que gestionan ambulatorios en Cataluña.

Esta confusión lastra el debate, porque es posible que el paso de una sanidad en manos de una maquinaria burocrática funcionarial y jerárquica a una sanidad gestionada por entes más autónomos, dinámicos y competitivos reportara buenos dividendos en términos de contención de costes y de calidad del servicio. Pero la gestión en manos de empresas con ánimo de lucro resulta más problemática. Si nos restringimos a los resultados de la sanidad que se pueden medir – como tasas de mortalidad o costes por paciente – los estudios más ambiciosos (que pueden llegar a incluir millones de casos) no muestran una superioridad del modelo privado. No hay evidencia de que la gestión de hospitales por empresas privadas produzca mejores resultados – en términos de menor mortalidad o de contención de costes – que la gestión en manos de entidades sin ánimo de lucro. En otras palabras, con la privatización no ganamos ni en “bolsa” ni en “vida”.

Pero luego están los elementos del contrato que no se pueden controlar fácilmente y que pueden dar lugar a lucros inapropiados. Existen muchos ejemplos de que permitir el enriquecimiento (sólo por clarificar, no sólo no tengo nada en contra, sino, más bien al contrario, soy muy partidario del enriquecimiento individual si reporta beneficios sociales) de los proveedores privados de sanidad pública fomenta comportamientos inadecuados. Hay casos grotescos – y quizás relativamente fáciles de corregir – como la dentista británica acusada de facturar falsos servicios al NHS por valor de 1,5 millones de libras. Hay otros abusos más sutiles – y difíciles de detectar – como los ambulatorios privados suecos que manipulaban el número y las horas de llegada de los pacientes para obtener beneficios fáciles. Y todos en España estamos familiarizados con la “socialización” de tratamientos no rentables.

En resumen, el mensaje para la Comunidad de Madrid sería el siguiente. Querer externalizar la gestión de los centros sanitarios es como si alguien hubiera intentado convencer a Henry Ford de que tenía que dejar la gestión de sus fábricas de coches en manos de otra empresa con el argumento de que “en relación a lo que podemos medir, no podemos garantizar que la empresa contratada reducirá los costes o aumentará la calidad; y, en relación a lo que no podemos medir, hay muchas posibilidades que esta empresa se aproveche de nosotros, con lo que, además, vamos a tener que contratar a un ejército de supervisores y abogados”. Deberíamos exigir al gobierno de Madrid ser tan escéptico como seguramente Henry Ford lo sería en esta situación. Queremos datos, que pasen un mínimo umbral de rigor científico; no videos propagandísticos.

Pero también hay un mensaje para los sindicatos de la sanidad pública, pues el actual sistema es mejorable. En lugar de atrincherarse en un modelo funcionarial casi decimonónico, deberían abanderar las propuestas de cambio hacia modelos de empleo más acorde con la descentralización, individualización e introducción de incentivos que han sido adoptados en los sectores públicos de otros países de la OCDE. Nos jugamos la bolsa y la vida.

diciembre 8, 2012

Combatir los paraísos fiscales, una prioridad

Iturria: Xavier Caño Tamayo / Attac – 2012/12/07

Campaña “ELLOS EVADEN TÚ PAGAS”

Los gobiernos europeos recortan más y más los presupuestos sociales, violando derechos de millones de ciudadanos. Ahora la Unión Europea exige que en España (25% de paro) se despida a miles de trabajadores bancarios (no a los banqueros, claro) de sus entidades financieras que serán recapitalizadas con dinero europeo: 40.000 millones de euros para rescatar a los banqueros españoles y diez mil asalariados de banca, al paro.

Además, el gobierno conservador español ha constituido la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (el llamado “banco malo”) para limpiar los cuantiosos activos tóxicos de la banca, vendiendo millones de pisos invendibles hasta hoy, fruto de la enorme burbuja inmobiliaria española. Para vender tales activos tóxicos, el gobierno ha diseñado un retorcido producto financiero, los Fondos de Activos Bancarios (FAB), especie de batiburrillo de hipotecas de varios bancos. Y, para venderlos, el gobierno ofrece un obsceno incentivo fiscal: mirará hacia otro lado, si el dinero para comprar esos FAB proviene de paraísos fiscales. Pero, ¿no eran una lacra?

Desde la OCDE pretenderán que ya solo restan seis paraísos fiscales, porque casi todos los paraísos cumplieron la condición impuesta por la misma OCDE para dejar de serlo: firmar doce convenios de intercambio de información fiscal y financiera con otros tantos estados. Lo hicieron, sí, pero tales convenios se firmaron con estados irrelevantes fiscal y financieramente (como Letonia) o entre paraísos fiscales, lo que hace inútiles esos convenios.

Como dice un cínico aristócrata en “El gatopardo” de Lampedusa, conviene que algo cambie para que todo siga igual. Y todo sigue igual. Continúa habiendo más de setenta paraísos fiscales que ocultan gran parte de la riqueza mundial y son refugio seguro de las fortunas de evasores de impuestos, corruptos, criminales organizados e incluso terroristas.

Según Tax Justice Network, gran parte de activos financieros mundiales, entre 21 y 32 billones (con doce ceros) de dólares, no paga impuestos. Y no los paga porque se ocultan en paraísos fiscales.

Según Xavier Harel, investigador y autor de La grande évasion: le vrai scandale des paradis fiscaux, del 30 al 40% de impuestos que deberían recaudar los países en desarrollo terminan en paraísos fiscales: un billón de dólares a sumar a la fuga de capitales desde el mundo empobrecido. Y en Francia solo cuatro de las cuarenta mayores empresas pagan los impuestos debidos por beneficios. En Reino Unido, 466 empresas de las 700 mayores corporaciones pagaron menos de 15 millones de dólares en impuestos por ganancias en 2005 y 2006, mientras las otras 436 simplemente no pagaron impuestos. Según Harel, impuestos eludidos y evadidos cuestan a la Unión Europea 200.000 millones de euros anuales.

¿Se es consciente de qué significa que los estados de países empobrecidos y también los desarrollados dejen de recibir esos cientos de miles de millones en la era de los recortes sociales, de las violaciones continuas de derechos esenciales de la ciudadanía y del aumento indecente de la pobreza? Pues que no quepa duda de que los paraísos fiscales tienen mucho que ver con esos inmensos y obscenos impagos de impuestos. Por activa o por pasiva.

Por cierto, ¿con quién habrá firmado convenios bilaterales Suiza, paraíso fiscal por excelencia? Suiza que, tras conocerse el maquillaje perpetrado por la OCDE para simular que ya no quedan paraísos fiscales, tranquilizó por escrito a las grandes fortunas y empresas que ocultan sus dineros blindados en bancos suizos: Suiza garantizaba el secreto bancario en cualquier caso. Buena prueba de su amor por lo secreto es que Suiza ha pedido la extradición del informático Hervé Daniel Falciani, actualmente encarcelado en España, por haber revelado una larga lista de 2000 defraudadores fiscales europeos. El mundo al revés.

En inglés, delito y crimen no se distinguen; en ambos casos es crime. Pero en castellano ambas palabras no significan exactamente lo mismo, y puede haber un delito con considerable sanción penal que no sea un crimen (ser miembro de un partido en la dictadura franquista, por ejemplo) y un crimen que no sea delito, porque no esté tipificado un código penal. Ese es el caso; los paraísos fiscales son auténticos centros criminales por lo que permiten, facilitan y ocultan. Aunque lo que hacen y omiten aún no se tipifique como delito en un código penal.

La lucha ciudadana contra los paraísos fiscales es prioritaria, por difícil e irrealizable que parezca. En 1900 también parecía imposible que las mujeres pudieran votar.

noviembre 5, 2012

Los paraísos fiscales y la fuga de capitales

Iturria: alainet.org / Sally Burch

Un estudio sobre los paraísos fiscales (1) que publicó en semanas recientes el Tax Justice Network –TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la evasión tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se había estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo, y por ende contribuye a agudizar la pobreza.
El estudio hace un estimado –que considera conservador– de que para 2010, el monto de fondos de la riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80 jurisdicciones offshore (extraterritoriales) -donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de dólares (o sea, millones de millones).
De este total, alrededor de un tercio, esto es entre 7,3 y 9,3 billones de dólares, provendría de 139 países de bajo o mediano ingreso.  Es más, el 61% de este monto corresponde a un grupo de solo 10 países, que incluye a Brasil, México, Venezuela y Argentina.  Se trata principalmente de rentas financieras acumuladas desde los años ’70 por las élites privadas de estos países, y que no se han registrado en sus países de origen.  Estas cifras abarcan solo los activos financieros; no se ha calculado otro tipo de inversiones, por ejemplo en oro, bienes raíces, yates, etc.
Al hacer un balance de activos y pasivos, el estudio demuestra que gran parte de los países considerados deudores en realidad serían prestamistas netos, si estos recursos no se hubiesen sustraído de su sistema financiero.  En efecto, los 139 países mencionados, que incluyen a todas las principales economías en desarrollo, “registraban una deuda externa bruta agregada de US$4,08 billones en 2010”. Al restar las reservas en el exterior de estos países, invertidas mayoritariamente en valores en el Primer Mundo, se constata que “su deuda externa neta agregada suma una cifra negativa de US$ 2,8 billones para 2010”. De allí se concluye que, si a ello se suman los recursos desviados al sistema offshore, estos países supuestamente endeudados, “no tienen nada de deudores: son prestamistas netos, del tenor de$10,1 a $13,1 billones”.
El problema, sin embargo, es que “los activos de estos países están en manos de un pequeño número de individuos ricos mientras que las deudas recaen en la gente ordinaria de estos países a través de sus gobiernos”.
La pérdida en términos tributarios es también enorme: teniendo en cuenta las ganancias no declaradas que han generado estas inversiones offshore desde 1970, la pérdida en los últimos 40 años podría alcanzar alrededor de US$ 3,7 billones, estima el estudio.
El TJN -red internacional dedicada a la justicia tributaria, con sede en el Reino Unido- desarrolló una metodología nueva para hacer estos cálculos, que estima mucho más verídica que los métodos que han utilizado tradicionalmente las instituciones financieras internacionales. Por lo mismo, expresa una fuerte crítica a estos organismos, pues, “han prestado una mínima atención a este ‘agujero negro’ de la economía global”, siendo que ellos “tienen un acceso fácil no solo a los recursos analíticos, sino también a muchos de los datos primarios que se requieren para cuantificar con más precisión las dimensiones de este problema”.  Y pregunta: “¿Por qué se hacen la vista gorda?”
La pérdida para los países en desarrollo es aún mayor, si a ello le sumamos el hecho que la mayoría de acuerdos de inversión extranjera –incluidos los TLCs- se acompañan de acuerdos de doble imposición.  Estos acuerdos generalmente prevén que los inversionistas extranjeros puedan tributar en su país de origen, y no en el país que les provee los recursos, mano de obra, servicios, etc. con los cuales realizan sus ganancias.  Muchas veces, mediante subterfugios como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, estas empresas terminan sin pagar en ninguno de los dos países: o sea, se produce una doble evasión, y estas rentas se desvían hacia los paraísos fiscales.
Cambiar los esquemas de negociación
Una cosa es reconocer el problema pero otro es lo que los países latinoamericanos puedan hacer para comenzar a solucionarlo.  En entrevista con ALAI, David Spencer, abogado norteamericano especializado en legislación financiera y asesor de TJN, opina que una mayor colaboración entre gobiernos de la región podría mejorar su capacidad de negociación.  Considera que UNASUR, por ejemplo, podría intensificar esfuerzos en este sentido.  A la vez, le llama la atención la escasa colaboración que se da en el seno de grupos como el G77, para abordar este tema ante las instancias correspondientes de la ONU.  Una de las soluciones que sugiere Spencer es insistir que los centros financieros provean información a otros países sobre los activos que sus residentes mantienen en su sistema financiero.
El abogado reconoce, sin embargo, que existe una fuerte resistencia de las economías avanzadas para abordar el tema con seriedad, pues ellas “se benefician enormemente de este flujo de capitales hacia sus instituciones financieras: del City Bank en Nueva York a City Bank Cayman Islands; o del Morgan Bank a Morgan Panamá, por ejemplo.  Estas instituciones financieras dependen fuertemente de los depósitos de latinoamericanos ricos, y no quieren detener el flujo de fondos”; hecho que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para que las cosas no cambien.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las principales economías desarrolladas) en principio ha expresado preocupación por esta fuga de capitales; pero poco ha hecho para impedirla.  Spencer reconoce que la OCDE estableció una especie de “lista negra” de 40 países considerados paraísos fiscales, pero puso como requisito para que un país sea borrado de la lista, que firme al menos 12 acuerdos de intercambio de información.  Lo que hicieron estos paraísos fiscales fue firmar acuerdos entre ellos, y así casi todos salieron de la lista, sin que nada haya cambiado.
Spencer señala que una puerta de negociación posible es el hecho que a EEUU, por ejemplo, también le interesa obtener información tributaria sobre sus residentes con activos en América Latina.  Entonces esto hace posible establecer acuerdos de intercambio de información fiscal.  En cambio resulta mucho más complejo hacerlo con los paraísos fiscales, donde no se aplican las mismas reglas.  Y de hecho, gran parte de los fondos regionales sustraídos se encuentran en países como las Islas Caimán, Bermuda, Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o Panamá.
Para TJN, la búsqueda de soluciones como éstas a la fuga de capitales y la evasión fiscal debería constar entre las primeras prioridades de las políticas mundiales de reducción de la pobreza.
– Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.
(1) James S. Henry, The Price of Off-shore Revisited, Tax Justice Network, Julio 2012.  http://tjn-usa.org/storage/documents/Price_of_Offshore_Revisited_72612.do
octubre 15, 2012

Los presupuestos de la deuda

Iturria: madrilonia.org – 2012/10/12

Como ya sabíamos por Grecia, Portugal e Irlanda y antes por los países de América Latina que tuvieron que sufrir el ajuste estructural impuesto por el FMI durante los años ochenta, el gobierno de la deuda no sólo implica una transferencia permanente de recursos públicos, en última instancia de riqueza social, hacia los acreedores financieros. También implica una constante declaración de que todas las políticas públicas, hasta el más nimio gesto del Estado, van a estar subordinadas al pago de la deuda.  En casos como el de España, en el que además de la deuda pública los niveles de endeudamiento privado son gigantescos, este enunciado puede hacerse extensivo a toda la estructura económica, a toda la producción social. A fin de cuentas, los productos financieros no son más que eso, derechos privados sobre los recursos sociales del futuro. La deuda se sitúa por encima de cualquier otra consideración social, ética o legal, vía reforma constitucional. Los derechos futuros de los acreedores, de la oligarquía financiera están por encima de los derechos de la ciudadanía.  Tenemos deberes de pago sin derechos de vida. 

Los Presupuestos del Estado de 2013 son exactamente este tipo de declaración política de sumisión al poder financiero. Como ya aprendimos en los Presupuestos de 2012, de poco sirven las cuentas de los presupuestos a la hora de saber cuáles van a ser los recortes reales.  Como ya sucediera el año pasado, los nuevos recortes en educación, sanidad, en el seguro de desempleo o en las pensiones van a venir en disposiciones adicionales y en anuncios posteriores, preferentemente por sorpresa y con la menor cantidad de detalles posibles. Para lo que sí han servido los presupuestos es para decir que la deuda manda y en su presentación se declaró por activa y por pasiva que pagar la deuda va a ser la prioridad absoluta del Estado.  De hecho, en estos presupuestos el servicio de la deuda, 38.590 millones de Euros ya cuesta más que el pago de todas las nóminas de los funcionarios y la partida del pago de intereses aumenta frente a la del año pasado en más de 10.000 millones de euros. Una cantidad semejante a los recortes en sanidad y educación impuestos a las Comunidades Autónomas en Marzo de 2012.

En lo demás, los presupuestos son una trampa para la opinión pública tolerada por Bruselas y Alemania. Como se han hartado de decir en los grandes medios sin analizarlo políticamente, las previsiones económicas que maneja el gobierno para 2013 en términos de PIB y de empleo están descaradamente distorsionadas al alza. Esto afecta a las previsiones de ingresos del Estado que se estiman muy por encima de sus niveles reales. A medida que se vayan incumpliendo estas previsiones de ingresos del Estado, y creciendo el déficit, se irán anunciando recortes y privatizaciones que no constan en los presupuestos. Los candidatos más firmes a ser los primeros campos en ser recortados son las pensiones, que ya en estos presupuestos descienden en relación al IPC, y las diferentes modalidades de prestaciones por desempleo. Medidas ambas que lejos de haber surgido de los actuales programas de austeridad forman parte de la agenda neoliberal desde mediados de los ochenta y que se repiten como un mantra en los informes de los principales organismos económicos transnacionales FMI, BM y OCDE.

¿Tendríamos que pensar que los economistas del gobierno se han equivocado? Desde luego, hasta el economista más dogmático debería saber que en un contexto de austeridad en toda Europa y desaceleración en medio mundo, escasez de crédito, caída de la demanda interna y facilidades crecientes para el despido, no hay resortes para que se recupere el crecimiento. Más convincente es pensar que las trampas contables están toleradas por Europa como parte de la estrategia de gobierno de la economía española que se viene practicando desde el verano de 2011. Por un lado, el gobierno español sabe que cada anuncio de recortes sociales le supone una pequeña crisis de legitimidad que sumadas han dado como resultado una gran crisis de legitimidad, no sólo del gobierno sino del régimen. Por otro lado, Bruselas y Berlín deben mantener la ilusión de la soberanía nacional española si no quieren que suceda como Grecia. En el país heleno la toma directa de los asuntos políticos nacionales a cargo de la UE le ha valido para que su intervención haya sido percibida, por una parte importante de la población, como parte del proyecto político neoliberal de expolio en lugar de como una prescripción aséptica de normas económicas. Además está explícita injerencia liderada por Alemania está  provocando una politización incipiente de la escala europea. Para que esto no suceda es necesario que la UE no asfixie al gobierno de Rajoy y se vea obligada a gobernar España de una manera tan visible que focalice el conflicto político entre la UE y las poblaciones de los países de la periferia europea.

El “aire” que Bruselas da al gobierno es muy limitado y, en última instancia, la UE se va a ver abocada a gobernar de forma más directa en España.  A pesar de que oigamos rumores cada vez más fuertes de rescate, España ya está tutelada desde un mecanismo de intervención europea que desarrolla los mismos mecanismos de un rescate pero de manera escalonada. La economía española es demasiado grande para ser puesta a disposición de los agentes financieros mediante el rescate de la misma manera que en Grecia. En su lugar, el rescate funciona mediante un goteo constante de intervenciones sobre los tipos de interés de la deuda soberana que deben ir asociados a contrapartidas en términos de privatizaciones y recortes. Pero las contrapartidas no llegan por si mismas sino que las imponen los mecanismos disciplinarios de la Unión Europea. No es casualidad que en la semana antes de la presentación de los presupuestos y tras la visibilización a escala internacional de la puesta en cuestión de la legitimidad del gobierno que supuso el 25S, el Banco Central Europeo suspendiese su programa de compra de bonos y dejase aumentar la prima de riesgo como “recordatorio” disciplinario de cuál es el programa político que tiene que emprender el gobierno: austeridad, recortes y privatizaciones.

En realidad, la única ruptura posible con este modelo de gobierno de la deuda es la declaración de un impago democrático de la deuda decretado “desde abajo”. Para llegar a este escenario es indispensable que salte en pedazos el pacto bipartidista que junto a CIU ha gobernado España desde 1978 y que no es más que un impedimento para que la ciudadanía se plantee democráticamente el modelo de sociedad y de economía en la que quiere vivir. Y que nuestras demandas se encuentren con las de los demás países, cada vez más,  de la UE sometidos al gobierno de la deuda y los programas de austeridad, creando un nuevo espacio europeo para el empoderamiento democrático frente a los intereses de los capitalistas financieros transnacionales. Como ya dijimos claramente entre los días 25 y 29 de septiembre, el primer paso para que llegue este momento es que el gobierno de Rajoy dimita y que nos veamos las caras directamente con la alianza Alemania/agentes financieros que detenta el mando europeo en estos momentos.

octubre 10, 2012

1,5 millones de personas acuden a comedores sociales en Alemania

Iturria: Librered.net / Kaos en la Red – 2012/10/09

Alemania, una de las principales potencias económicas de Europa, se enfrenta a una de sus peores crisis de los últimos tiempos afectando de manera espeluznante la calidad de vida de sus ciudadanos.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los últimos años se ha extendido la brecha entre ricos y pobres en Alemania.

El número de indigentes en el territorio germano, en paro o con trabajo precario, que acuden a los centros de reparto benéfico de comida o comedores gratuitos para indigentes, han aumentado últimamente.

De acuerdo con estadísticas oficiales, en Alemania viven unos 13 millones de pobres, y la organización asistencial ‘Deutsche Tafel’ contabiliza que en 2012 el número de personas carenciadas que acuden a estos centros benéficos en busca de comida, ha tenido un aumento de 200.000.

La nombrada organización también asegura que actualmente hay 1,5 millones de personas en el territorio alemán que acuden a los comedores sociales y cada vez hay más gente que necesita este recurso caritativo.

El presidente de la organización, Gerd Häuser, asegura que “tener trabajo ya no significa estar protegido ante la pobreza” y que “la política antipobreza ha fracasado en Alemania”.

Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó sobre una bajada de crecimiento de la economía mundial para 2012 y 2013, tal como es el caso de Alemania, cuya previsión se ha reducido en una y cinco décimas.

‘Deutsche Tafel’, fundada en Berlín, es un distribuidor de comida gratuita procedente de restos en buen estado de supermercados y panaderías, con más de 20 años de actividad.

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