Posts tagged ‘Empresa’

enero 8, 2013

Los empleados de Magefesa se concentran contra el cierre de la planta

Iturria: elmundo.es – 2013/01/08

Los trabajadores de la empresa Magefesa se han concentrado hoy ante la sede en Derio (Bizkaia) para expresar el malestar por su situación laboral y el cierre de la planta.

Magefesa fue declarada en concurso de acreedores en septiembre de 2008 por su alto nivel de endeudamiento, dejando sin empleo a más de un centenar de trabajadores.

Varias decenas de empleados han celebrado hoy una asamblea para analizar su situación laboral en la fábrica, que permanece precintada por la Ertzaintza para custodiar la maquinaria que hay en su interior.

La compañía productora de artículos de menaje de acero inoxidable y de pequeños aparatos electrodomésticos ocupa un pabellón de 25.000 metros cuadrados en las afueras de Derio.

El pasado 11 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España a pagar una multa de 20 millones de euros por no haber recuperado las ayudas ilegales concedidas hace más de dos décadas a la empresa Indosa, filial de Magefesa.

La Comisión Europea declaró en 1989 ilegales e incompatibles con el mercado común las ayudas concedidas por el Gobierno y varias Comunidades Autónomas a Magefesa, formada por cuatro sociedades industriales: Indosa (País Vasco), MIGSA (Andalucía), Cunosa y GURSA (Cantabria).

Trabajadores de Magefesa concentrados ante la empresa. | Efe
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enero 7, 2013

Necesitamos un contrapeso frente al neoliberalismo feroz

Iturria:  Juanjo Basterra / Gara.net – 2013/01/07

Si hubiéramos seguido esa máxima que se grita en muchas de las manifestaciones de los trabajadores, «obrero despedido, patrón colgado», a estas alturas no habría patrón que valga. En Hego Euskal Herria desde el inicio de la crisis el paro ha aumentado en 124.000 personas y alcanza ya a 221.027 personas. De ellas, cerca de 100.000 personas han agotado sus prestaciones económicas. No tienen nada. La pobreza se extiende como una mancha de aceite, y el riesgo a caer en la pobreza ha crecido un 78% desde 2008. Por el contrario, los salarios no mejoran y las condiciones de trabajo cada vez son más duras. No sigo en ese largo listado de problemas para los trabajadores.

El desequilibrio es enorme. Quienes siguen a pies juntillas los ideales del capitalismo nos están destrozando todas las conquistas sociales. Por eso, se echa de menos la existencia de un contrapoder que equilibre esta desigualdad creciente. Solo se consigue con la lucha, evidente. Es lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Para evitar que la lucha por el socialismo y el comunismo se extendieran a todo el mundo, el sistema capitalista abrió el paso al Estado del Bienestar e incorporó el diálogo social, incluso los gobiernos impulsaron la inversión pública para ayudar al desarrollo económico de la sociedad.

Sin embargo, desde hace ya un par de décadas se han dado cuenta que no hay un contrapoder que les impida obtener todo lo que quieren. Así lo están haciendo. Porque en nuestro caso se han llevado adelante reformas laborales que nos acercan al esclavismo. Quieren recortarnos más las pensiones y hacernos trabajar durante más años, con lo que el paro convivirá con nosotros porque para el capital es una manera de chantajear y explotar a los trabajadores.

Mientras tanto, las empresas no financieras en tiempos de crisis han seguido obteniendo beneficios, más incluso que antes de la crisis y las rentas altas siguen creciendo año tras año. Se han elevado un 152% más en los últimos diez años.

No nos queda más remedio que la lucha y fijarnos en aquellos que hoy en América Latina y el Caribe todavía les siguen poniendo firmes a los capitalistas. Por ahí va nuestro camino.

diciembre 31, 2012

Las demandas por despido aumentaron el 24,6 por ciento hasta septiembre

Iturria: eldiario.es – 2012/12/30

En 2012 se alcanzará un récord en el número de demandas por despido, que se han duplicado desde el inicio de la crisis

Las demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social entre enero y septiembre llegaron a 109.278, el 24,6 % más respecto al mismo periodo un año antes, con lo que ya suman dos años consecutivos al alza.

De acuerdo con la estadística que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para tener una medida del efecto de la crisis sobre los órganos judiciales, las reclamaciones por despido se han duplicado con respecto a las que se producían antes de la crisis, ya que entre enero y septiembre de 2007 se habían registrado 49.145 demandas.

A la vista de la cifra alcanzada en septiembre, la estadística apunta a que en 2012 se alcanzará un nuevo récord que superará al registrado en 2009, que hasta ahora había sido el año de la crisis con mayor destrucción de empleo.

De momento, en los tres primeros trimestres de 2012 ya se han sobrepasado en un 3,4% las demandas registradas en el mismo periodo de 2009, en el que hubo 105.701, mientras que en el conjunto de 2009 llegaron a 135.379.

A lo largo de 2012, el ritmo de crecimiento se ha ido moderando, ya que el primer trimestre las demandas crecieron el 12,3% respecto a los tres meses precedentes, en el segundo trimestre aumentaron el 10,7% y en el tercero, el 3,1%.

No obstante, la cifra de demandas registradas en el tercer trimestre (38.384) es la segunda más alta de la serie, por detrás de la del primer trimestre de 2009 (38.510).

Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana aglutinan el 61,7 % de las demandas presentadas en lo que va de año, aunque en todas ellas el aumento de las reclamaciones está en línea con la media nacional.

Las comunidades donde mayores incrementos se han producido son Extremadura (74,9 %), Navarra (58,5 %), Castilla-La Mancha (52,8 %) y Cantabria (51,8 %).

También por encima de la media se sitúan Aragón (30,7 %), País Vasco (30,2 %) y Madrid (25,7 %).

La estadística del CGPJ también recoge las demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, que al contrario de las demandas por despido muestran una tendencia a la baja, con 110.147 presentadas entre enero y septiembre, que suponen el 5,2 % menos que en el mismo periodo de 2011.

Estas reclamaciones incluyen, además de los despidos, la responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, el recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo y las tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias.

Las reclamaciones de cantidad llevan seis meses disminuyendo y la cifra alcanzada en el tercer trimestre de 2012 (30.949) se sitúa prácticamente en los niveles registrados antes de la crisis en 2007.

La cifra más alta de la serie se registró en el primer trimestre de 2010, con 49.437 demandas.

diciembre 28, 2012

Empresa vasca: la internacionalización y los derechos humanos

Iturria: Gara.net / Juan Hernández Zubizarreta – Profesor de la UPV/EHU – 2012/12/28

En el discurso de investidura el lehendakari Urkullu propuso «que instituciones y empresas impulsemos una estrategia compartida de diplomacia económica para fortalecer la marca «Basque Coutry». Reforzando nuestra imagen exterior como país fiable, cumplidor y competitivo».

Puede parecer a primera vista que esta idea tiene un alto consenso social e institucional; pero, ¿es un consenso sin fisuras? ¿Los movimientos sociales, ONGs y sindicatos comparten, sin más, la marca «Basque Country»?

Hay una primera observación; como afirma José Manuel Naredo, «la creencia de que la actividad económica está regida por la producción y el mercado induce a presuponer, de entrada, que apunta a fines utilitarios buenos de por sí y a cubrir demandas insatisfechas. Presupone también que las empresas trabajan para fabricar y vender bienes y servicios socialmente útiles». Las empresas vascas, por el mero hecho de invertir en el exterior no crean desarrollo ni en los países receptores, ni en Euskal Herria. Dependerá de dónde lo hagan, cómo lo hagan y en qué inviertan.

Además, en general los circuitos de las inversiones y del comercio internacional se expanden al margen de los derechos humanos, sociales y medioambientales. No se pueden aislar los núcleos duros del comercio, la inversión y la producción en el exterior de los derechos humanos. ¿Por qué al hablar de la internacionalización y de la diplomacia económica vasca, se menciona un país fiable, cumplidor y competitivo, y no un país que va a respetar y hacer respetar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a todas las empresas vascas inviertan donde inviertan?

Las instituciones y las empresas vascas deben analizar el caudal normativo y las políticas públicas de los países receptores; no basta con que haya negocio para las empresas vascas, hay que tener en cuenta si las legislaciones nacionales receptoras tutelan los derechos de las mayorías sociales y respetan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, ¿no importa que no se respete la normativa de la Organización Internacional del Trabajo? ¿La explotación de las mujeres en las maquilas y en las cadenas de subcontratación de las empresas textiles es indiferente a los flujos de comercio e inversiones? La mera inversión no implica, sin más, beneficio para todo el mundo.

En el ámbito global las administraciones vascas deben defender que el comercio y las inversiones no pueden ser fines en sí mismos. La necesidad de inserción o no en la economía internacional no es objeto de debate, pero sí lo es la valoración sobre los efectos sociales y la redistribución de la riqueza. Las normas, disposiciones, políticas de ajuste y los préstamos condicionados de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no son intrínsecamente útiles, sus normas y contenidos no pueden ser ajenos a las realidades internas de los países y a las necesidades del conjunto de la población, y no deben responder a los intereses de minorías económicas detentadoras de poder. Los contenidos de un acuerdo deben ser fruto del equilibrio entre variables económicas y resultados sociales.

Los tratados regionales de comercio e inversiones no sólo pretenden desregularizar los flujos de bienes, sino las inversiones, la propiedad intelectual y los servicios. Su lógica de libre comercio subordina al mercado las legislaciones nacionales. Son tratados internacionales que condicionan y determinan las políticas nacionales desde la total asimetría. Si Euskal Herria pretende el reconocimiento de su independencia, no puede hacerse a costa de la independencia de otros pueblos y países. No se pueden utilizar los mecanismos de impunidad que la arquitectura económico-financiera apuntala; no es legítimo sustentar nuestro bienestar en la pobreza de otros pueblos.

Desde una perspectiva nacional, el apoyo político y las subvenciones financieras a la internacionalización de las empresas vascas deben ir acompañados de una serie de regulaciones sobre las delegaciones comerciales, los lobbies y las puertas giratorias.

El Gobierno Vasco y las diputaciones deben tipificar como inversiones no responsables aquellas que colisionen frontalmente con los derechos humanos y medioambientales -la industria de armas, la energía nuclear…- y abrir cauces participativos para establecer nuevos parámetros sobre el concepto de desarrollo.

Las delegaciones comerciales no pueden estar compuestas únicamente por representantes políticos y empresarios; sindicalistas, miembros de ONGs, movimientos sociales, representantes de la economía social… deben formar parte de las delegaciones. Las inversiones y el comercio no son ajenos a los derechos humanos y a las prácticas empresariales y gubernamentales de los países receptores. Por otra parte, las delegaciones comerciales y la agenda de visitas, por ejemplo de empresarios colombianos a Euskal Herria, deben ajustarse a los criterios descritos.

Los lobbies son grupos o «empresas especializadas» en la presión política por encargo de un tercero, para el que trabajan, y que habitualmente suele ser una importante empresa; desarrollan su actividad principal fuera del espacio público. En Gasteiz, Donostia, Iruña y Bilbo existen lobbies fuera del control público. De ahí que deben regularse y, en su caso, prohibirse bajo principios de total transparencia y participación ciudadana.

Las «puertas giratorias» entre responsables políticos y económicos son expresiones de la crisis de legitimidad democrática. El poder financiero en la UE se traduce en 16 países con banqueros en puestos claves de responsabilidad política: ministros, gobernadores de los bancos centrales… han formado parte de los consejos de administración de la banca privada internacional. En Euskal Herria, los representantes institucionales y los consejos de administración no pueden actuar como vasos comunicantes; las «puertas giratorias» deben ser ilegales.

Las administraciones públicas -Gobierno Vasco y diputaciones- de apoyo a las inversiones directas deben asegurar mecanismos de control por medio de evaluaciones de impactos sociales, medioambientales, procesos de consultas con las comunidades afectadas, consultas públicas, sistemas de transparencia… en definitiva, establecer fórmulas que incorporen a las inversiones privadas la filosofía de los derechos humanos.

Si las diputaciones y el Gobierno Vasco quieren subvencionar la internacionalización de las empresas vascas, deben incorporar, al menos, los siguientes criterios:

a. Respeto a las legislaciones nacionales de los países receptores y, en todo caso, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos; si China no respeta la libertad sindical y la negociación colectiva, las empresas sí deben acatar las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, los estándares de cumplimiento -medioambientales, sociales, laborales…- deben ajustarse al Derecho Internacional de los Derechos humanos.

b. Creación de empleo en los países receptores y en Euskal Herria, y evaluación de la actividad de las empresas que reciben subvenciones en referencia a otros indicadores: medioambientales, derechos humanos, sociales, pago de impuestos, transferencia tecnológica…

c. Consulta a los trabajadores, y en su caso, a las comunidades indígenas, campesinas… de los países receptores, directa o indirectamente afectados.

d. Activar mecanismos extraterritoriales de responsabilidad. Deben establecerse sistemas de control de las prácticas de las empresas que reciben subvenciones; adecuar la recepción de denuncias por violación de derechos humanos y medioambientales, sea directamente por los colectivos afectados o, indirectamente, vía movimientos sociales y sindicatos vascos.

La marca «Basque Country» implica que la actividad de las empresas y administraciones se subordine al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, inviertan donde inviertan.

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diciembre 10, 2012

Las grandes empresas españolas han vivido por encima de sus posibilidades

Iturria: auditoriaciudadana.net Saque de Esquina, Eduardo Garzón

Desde los altos círculos de poder, y especialmente a través de los medios de comunicación, se intenta expandir sutilmente la idea de que todos hemos tenido responsabilidad en la gestación y desarrollo de la crisis económica española cuyos efectos impiden hoy día que la actividad económica se recupere. Se nos dice que “todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, con la intención de generar un sentimiento de culpabilidad que nos predisponga a aceptar los sacrificios que se nos imponen. Según esta visión, puesto que todos hemos cometido excesos, todos debemos pagar ahora un precio por ello. Este mensaje ha tenido un notable éxito en la sociedad española, teniendo como resultado que muchas personas acepten sin rechistar el recorte de derechos sociales y laborales, limitando así el grosor poblacional que se rebela y protesta frente a este tipo de medidas.

El triunfo de este mensaje contrasta con el respaldo argumentativo que le subyace. Y no es para menos: la evidencia empírica y los datos estadísticos no apoyan en absoluto el contenido de esta idea; sino que precisamente lo contradicen. Un simple vistazo a ciertos indicadores económicos de nuestra economía nos revelará una realidad muy diferente a la que nos intentan reflejar: no todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino que son las grandes empresas y los hogares más ricos los sectores que lo han hecho. Demostrarlo es bastante sencillo y es lo que se abordará en este post y en el siguiente.

Uno de los mayores problemas de la economía española es su sobreendeudamiento, ya que impide que los agentes endeudados puedan contribuir positivamente a la recuperación de la actividad económica (cualquier ingreso que reciban será destinado principalmente a reducir su deuda y no a invertir o consumir, y así será hasta que deje de suponer una carga importante). Según losúltimos datos del Banco de España, la cantidad de deuda total de la economía española (la suma de valores distintos de acciones y el saldo vivo de préstamos) alcanzaba a finales de 2011 los 4,3 billones de euros (un 402% del PIB). De esta cantidad total, la deuda de las administraciones públicas suponía el 77% del PIB, mientras que el resto (325% del PIB) correspondía a la deuda privada (de familias y empresas). Esto significa que del total de la deuda española, sólo el 19,1% es deuda atribuida a las arcas públicas y el 80,9% es deuda contraída por las familias y las empresas.

Aquí ya tenemos un dato curioso: la mayor parte del problema del sobreendeudamiento español corresponde al sector privado, y no al público. Esto contrasta con la idea que se transmite a través los grandes medios de comunicación donde los debates se centran en torno a la deuda alcanzada por las administraciones públicas, y nunca (o muy pocas veces) en la privada. La deuda pública en teoría puede relacionarse con un exceso de todos los ciudadanos, ya que se puede entender que el Estado se endeuda para mejorar las condiciones de vida de la población. No obstante, no podemos olvidar un factor muy importante: la deuda pública se ha mantenido constante a lo largo de mucho tiempo e incluso comenzó a descender a partir de 2004. Su aumento a partir de 2007 se debe a los rescates bancarios, y a la pérdida de recaudación derivada de la recesión económica. El endeudamiento público, además de presentar un porcentaje pequeño sobre el total de la deuda, no aumentó durante el boom inmobiliario. Por todo ello, no tiene sentido atribuirle a las administraciones públicas responsabilidad alguna en este reciente sobreendeudamiento de la economía española.

Dejemos a un lado, entonces, la deuda pública y centrémonos en la privada (formada por la deuda de los hogares y la de las empresas). La deuda de las familias representaba el 83% del PIB, mientras que la deuda empresarial alcanzaba el 243% del PIB. Esto supone que, una vez considerada en solitario la deuda privada, solo el 25,5% pertenece a los hogares, mientras que el restante 74,5% es de las empresas.

Esto quiere decir que la mayor parte del problema de la deuda privada es atribuible a las empresas españolas. Las empresas se han endeudado en cantidades muy superiores a las realizadas por las familias españolas.

El análisis de la deuda de las familias –que nos revelará que dentro de este sobreendeudamiento han destacado las familias más ricas– será llevado a cabo en el siguiente post. Ahora nos centraremos en la deuda empresarial.

Si estudiamos el endeudamiento de las empresas atendiendo al tamaño de las mismas descubriremos un dato muy llamativo: el 95% de toda la deuda empresarial española corresponde a las grandes empresas (más de 250 empleados).

Es decir, casi la totalidad de la deuda contraída por las empresas españolas es atribuible exclusivamente a las grandes empresas. Las empresas no financieras invirtieron masivamente (y utilizando especialmente técnicas de apalancamiento –esto es, recurriendo a endeudarse) alrededor de dos conceptos: la vivienda y la diversificación internacional. Las empresas financieras asumieron enormes riesgos también a través de operaciones que eran mucho más rentables cuánto más recurrieran al endeudamiento. Es obvio que este tipo de actividades están más fácilmente al alcance de las grandes empresas, que cuentan con más y mayores recursos y medios que empresas más pequeñas. Para un mayor análisis de las inversiones de las grandes empresas leer este artículo de Juan Laborda: “Sí, en España la élites vivieron por encima de sus posibilidades”.

Ahora bien, si queremos saber cuántas grandes empresas existen en España puede que nos llevemos otra sorpresa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solamente 4997 empresas de las 3.250.576 empresas que hay tienen más de 200 empleados (INE no clasifica por 250 empleados, como hace el Banco de España). Es decir, solo el 0,153% de todas las empresas españolas tiene más de 200 empleados. Deducimos por lo tanto que el 95% de toda la deuda empresarial española pertenece a menos del 0,153% de las empresas españolas. Son solo unas poquísimas empresas las que se han excedido e hinchado el sobreendeudamiento empresarial español.

La constatación de esta concentración de las deudas en tan pocas grandes empresas es totalmente contraria al mensaje extendido de que “todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Una vez recurrido a los indicadores económicos oficiales no queda más remedio que dar por falsa esta idea. Los datos demuestran que una parte muy importante del problemático sobreendeudamiento de la economía española es atribuible únicamente a las grandes empresas españolas. Por lo tanto, podemos y debemos decir valientemente y sin miedo que han sido principalmente las grandes empresas las que se han endeudado en cantidades astronómicas y las que han vivido por encima de sus posibilidades.

octubre 31, 2012

ELA denuncia que cinco grandes superficies superan ya las 72 horas de apertura semanales

Iturria: Noticias de Navarra – 2012/10/31

El sindicato defiende las cero aperturas en festivo y recuerda que Navarra tiene competencias propias

El sindicato ELA denunció ayer que cinco grandes superficies están superando ya las 72 horas de apertura a semanales, al aplicar el Real Decreto que permite abrir hasta 90 horas. El sindicato ha denunciado esta situación en la ordenanza de Turismo y Comercio.

Los responsables de la Federación de servicios de ELA, Pablo Sánchez, Olaia Alonso y Olivia Arévalo, recordaron ayer que actualmente el decreto del Gobierno estatal del mes de julio sobre el Comercio no es de aplicación en Navarra, comunidad que “tiene autonomía para regular el comercio”. Por ello, ELA pide que la ley de Navarra “no traslade ese decreto sino que se mejoren las condiciones actuales para las plantillas, a través de una ley que regule las cero aperturas en domingos y festivos”.

Los sindicalistas recordaron en una nota que ELA se ha reunido con todos los grupos políticos, excepto con el PP por no haberlo facilitado, para trasladarles su posición contraria al decreto y a la apertura en domingos y festivos, algo que se puede hacer gracias a la potestad legisladora de Navarra en esta materia. “En todo caso, si hay que modificar la ley, que sea en favor de las plantillas y el pequeño comercio”, considera ELA, que hizo un “llamamiento” a ” todos los agentes implicados a trabajar de forma coordinada en favor de las cero aperturas y la no ampliación de los horarios comerciales”.

El sindicato señaló que las grandes superficies que han ampliado su jornada “no han contratado a más trabajadores”, sino que han cubierto el mayor número de horas con un cambio en los turnos y un incremento en la flexibilidad de sus trabajadores.

ELA hizo asimismo un llamamiento a los grupos parlamentarios para que apoyen la iniciativa de Izquierda-Ezkerra tendente a lograr que no se abran las tiendas ningún domingo ni festivo. El sindicato se mostró partidario de llevar una estrategia conjunta con el resto de fuerzas sindicales y de involucrar también a las empresas que han mostrado un menor interés en incrementar las aperturas.

Olivia Arévalo, Olaia Alonso y Pablo Sánchez, ayer en la sede de ELA

octubre 19, 2012

España, a la cabeza de Europa… en los sueldos de los consejos de administración

Iturria: R. Pozo / vozpopuli.com – 2012/10/18

La delicada situación económica en la que se encuentra España no tiene correlato en la retribución de las grandes empresas del país a sus consejos de administración. Si en algo es capaz España de estar a la cabeza de Europa es en la remuneración de los consejeros, algo que se pone de manifiesto en un informe elaborado por la firma francesa Alphavalue.

En este capítulo, España ha logrado encaramarse a lo más alto después de remontar tres puestos. Hace un año, los consejos de administración españoles eran los cuartos mejor remuneradosde Europa, por detrás de los belgas, los británicos y los luxemburgueses. Sin embargo, un incremento del 28% en la media de las retribuciones ha hecho que la situación cambie y ha permitido poder afirmar que un consejero de una gran empresa española percibe, de media, más que uno en la City.

Todo un desafío si se tiene cuenta que los órganos ejecutivos de las grandes empresas españolas perciben un 16% más que los británicos, un 23% más que los alemanes, un 45% más que los franceses y un 64% más que los italianos, por mencionar los países del entorno de España. Unos mercados, eso sí, en los que es mucho más frecuente una retribución basada en incentivos y ligada a la trayectoria y objetivos de las empresas.

Porque uno de los aspectos que más llama la atención es que las cifras que no se corresponden precisamente con el rendimiento de las grandes empresas a lo largo del ejercicio, tanto en resultados corporativos como en su rendimiento bursátil. Los beneficios de las compañías que integran el Ibex-35 cayeron un 34% mientras que el índice selectivo cerró 2011 con un descenso del 13%, un retroceso agravado además por el hecho de que la bolsa española ya acumulaba tres años consecutivos de caídas.

Atención de los inversores institucionales

No obstante, la situación podría revertirse próximamente, toda vez que un buen número de empresas cotizadas ha decidido congelar las retribuciones del consejo de administración ante el escenario de prolongada crisis y también por los resultados de las corporaciones.

El Gobierno también ha querido poner fin al descontrol en torno a las retribuciones, al menos de las entidades financieras que han tenido que ser intervenidas por el Ejecutivo como consecuencia de su desesperada situación.

Las cuestiones relacionadas con las retribuciones entran en el capítulo del gobierno corporativo, que es cada vez más observado por los inversores institucionales a la hora de tomar una decisión de mercado. De hecho, las compañías españolas han hecho numerosos guiños al gobierno corporativo en los últimos meses buscando precisamente la atención en especial de fondos de inversión y de pensiones, que cada vez emplean más estos parámetros.

octubre 12, 2012

ELA advierte de otra reforma laboral para evitar resoluciones judiciales

Iturria: Deia.com – 2012/10/12

El secretario general de ELA, Adolfo “Txiki” Muñoz, ha advertido hoy del riesgo de que a corto plazo se promueva una nueva reforma laboral para evitar resoluciones judiciales en contra de decisiones de empresas, como en el caso de la antigua Laminaciones Arregui o la bilbaína Koyo.

Muñoz ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para presentar un estudio elaborado por Eurostat, el instituto europeo de estadística, en el que se constata que el coste laboral por hora en el País Vasco y Navarra está por debajo del de los países de la Zona Euro.

El secretario general de ELA ha explicado que la patronal, “que tiene como aliados al poder político y al miedo”, está trabajando para que se produzca una “devaluación interna” a través de la bajada generalizada de salarios y “si gana esa batalla habrá más desempleo” y más crisis.

Muñoz ha advertido de que “ya se empiezan a oír voces” sobre la posibilidad de que se acometa una nueva reforma laboral, porque las anteriores “no se han hecho para que los jueces sean un obstáculo sino para que la decisión del empresario sea inapelable”.

En este sentido ha recordado las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en contra de los Expedientes de Regulación de Empleo de las empresas Koyo y Celsa Atlantic (La antigua Laminaciones Arregui).

Por eso, ELA teme que se vaya a acometer una nueva reforma para que “no quepan las dudas de algunos jueces”.

En cuanto al informe, Muñoz y Joseba Villarreal, responsable de negociación colectiva de ELA, han explicado que el año pasado el coste por hora en la Comunidad Autónoma Vasca fue de 24,7 euros y en Navarra de 22,9, lo que supone 2,9 y 4,7 euros menos la hora respectivamente sobre la media de la UE-17.

Villarreal ha explicado que estos datos “desmienten” los argumentos de la patronal que achaca buena parte de la situación de las empresas a unos supuestos altos costes laborales en Euskadi.

Ha añadido que si esto fuera así, países como Noruega, que tiene un coste de 44,2 euros por hora, o Bélgica y Suecia, por encima de los 39 euros, deberían estar inmersos en una crisis aún más profunda que la que atraviesa el Estado, y no es así.

Ha reclamado a la patronal que diga claramente si su objetivo es acercar los costes laborales en el País Vasco y Navarra a los de Bulgaria, que los tiene en 3,5 euros la hora.

 
 
 
El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz "Txiki", durante una rueda de prensa (EFE)
agosto 11, 2012

Las empresas sólo pagan a Hacienda el 17,7% de sus beneficios

Iturria: Publico.es – 2012/08/11

Las grandes compañías son las más beneficiadas por las deducciones del Impuesto de Sociedades. En tres años, la factura real de las empresas con el fisco se ha reducido en 2,5 puntos.

De cada 100 euros que obtienen como beneficios, las empresas pagan a Hacienda apenas 18 euros. Las diversas bonificaciones y deducciones existentes en el Impuesto sobre Sociedades permiten que las compañías reduzcan notablemente su factura con Hacienda; una situación que beneficia especialmente a las compañías más grandes.

La última Memoria de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, con datos referidos al ejercicio de 2009, cifra en el 17,7% el tipo efectivo en el Impuesto Sobre Sociedades, esto es, lo que de verdad representa el pago a Hacienda sobre los resultados obtenidos,una vez aplicadas las deducciones, bonificaciones y desgravaciones. Este porcentaje contrasta con el 30% del gravamen general del impuesto  (ó el 25% que soportan las pymes, entendiendo como tales las que facturan menos de 8 millones de euros).

La última reforma de este tributo (que entró en vigor en 2007) contemplaba una progresiva reducción y desaparición de las deducciones, pero eso no ha supuesto que las empresas hayan tenido que pagar más al fisco. Al contrario. Las estadísticas de Hacienda muestran que en los últimos años el tipo efectivo ha ido bajando acusadamente: en 2003, este ratio era del 24,4%, con el tipo general en el 35%; y en 2007, cuando se rebajó el gravamen al 30%, el tipo efectivo se situaba el 20,2%. En tres ejercicios, el porcentaje real de pago de impuestos de las empresas se ha reducido en 2,5 puntos porcentuales.

Y cuanto mayor es la empresa, menos paga a Hacienda. Los datos de la Memoria de la Administración Tributaria muestran que las compañías con una facturación de más de 1.000 millones de ingresos tienen un tipo efectivo del 16,4% (más de un punto inferior de la media). Las grandes empresas, con departamentos fiscales internos y la ayuda de grandes despachos profesionales, suelen exprimir al máximo las posibilidades que les permite la ley del Impuesto (y en algunos casos, rozando lo permisible, según denuncian las asociaciones de inspectores fiscales y de técnicos de Hacienda). Las pymes apenas pueden exprimir las deducciones, y todas las empresas que facturan menos de 10 millones de euros soportan un tipo efectivo superior a la media. Las más pequeñas son las que, en términos relativos, acaban pagando más al fisco: las que facturan entre 50.000 y 250.000 euros tienen un tipo efectivo del 21,9%, y las que facturan menos de 50.000 euros, del 23,4%.

El ejercicio de 2009 fue el primero de la crisis que siguió a la quiebra de Lehman Brothers. Las grandes empresas españolas, las que forman parte del Ibex 35, tuvieron aquel año unos beneficios 42.000 millones, un 21% menos que en 2008 (luego, con la recuperación 2010, subieron a 49.000 millones). Pero esto no tiene mucho impacto en el tipo efectivo, que tiene que ver sobre todo con deducciones y desgravaciones por inversiones y otras actuaciones realizadas en ejercicios anteriores.

La crisis sí que produjo la desaparición de empresas, especialmente pymes. Los datos de la memoria de Hacienda señalan que en 2009 hubo 1,41 millones de declarantes del Impuesto sobre Sociedades; de éstos, 1,19 eran los que el impuesto denomina “de reducida dimensión”, esto es, las empresas que facturan menos de 8 millones de euros. Eran 6.600 empresas menos que un año antes.

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