Posts tagged ‘Tribunales’

junio 27, 2013

Condenan a IZAR por exposición al amianto de un trabajador fallecido del astillero de Euskalduna

Iturria: eldiario.es – 2013/06/26

El Juzgado de lo Social Número 2 de Bilbao ha condenado a la empresa IZAR Construcciones Navales SA a indemnizar en concepto de daños y perjuicios, con 56.700,49 euros a la viuda e hijos de A.R.C., que falleció con 81 años, el 12-10-2009, a consecuencia de un Mesotelioma epiteloide, derivado de la exposición laboral al amianto, durante la actividad desarrollada como Soldador-Sopletista en el Astillero de Olabeaga de Euskalduna entre 1944 y 1966, y posteriormente hasta 1984 en los Astilleros Españoles que se prejubiló.

Según ha informado la Asociación de victimas del amianto, ASVIAMIE, la Sentencia da por probada la profusa utilización de amianto en los años 60 y 70 en la industria naval, como material aislante en tuberías y mamparas y aun cuando el año 1982, se empezó a sustituir el amianto como material aislante, el riesgo continuaba presente en los buques construidos con anterioridad y cuya reparación se realizaba en los astilleros, “aunque nunca la empresa informó del riesgo cancerígeno a los trabajadores, ni realizó mediciones de las partículas de amianto, ni empleó sistemas de aspiración localizada”.

Nueve meses más tarde del fallecimiento de A.R.C., el INSS la reconoció como derivada de Enfermedad Profesional e indemnizó a la viuda con 9.347,16 euros.

La sentencia absuelve a la empresa Construcciones Navales del Norte SL por no tener ninguna relación y no quede probada la sucesión, ya que cuando Construcciones Navales del Norte adquirió el Astillero de Sestao en el 2006, Olabeaga llevaba 18 años cerrada.

ASVIAMIE, asociación de victimas del amianto considera que varios centenares de trabajadores de la industria naval estuvieron expuestos al amianto, sin la adopción de medidas preventivas, razón por la cual están en riesgo y les ha animado a incorporarse al Plan de vigilancia Sanitaria para la detección precoz de enfermedades, reclamando la compensación en el supuesto de la existencia de enfermedades.

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abril 8, 2013

La Audiencia Nacional rechaza el ERE de Laminaciones Arregui

Iturria: Expansion.com – 2013/04/08

La Audiencia Nacional ha rechazado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de suspensión presentado por Celsa Atlantic (antigua Laminaciones Arregui) para las plantas alavesas de Vitoria y Urbina y que iba a afectar a 160 trabajadores durante dos años, según informa el sindicato ELA en su página web.

El comité de empresa de Celsa Atlantic en Álava recurrió el ERE ante el Juzgado de lo Social de la Audiencia Nacional, organismo competente en este caso ya que el expediente afecta a trabajadores de dos comunidades autónomas porque también es de aplicación a la plantilla de la empresa en Galicia.

El juicio por este asunto se celebró el 26 de marzo en Madrid y a su término los sindicatos ya anunciaron que estaban satisfechos por el desarrollo de la vista y expresaron su confianza en que finalmente se desestimara el ERE.

Hoy la Audiencia Nacional ha dado la razón a los trabajadores y rechazado el expediente presentado por la dirección de la empresa.

Además de este procedimiento, sigue pendiente de resolución el recurso presentado por Celsa Atlantic ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaró nulo otro ERE de la empresa en sus dos plantas alavesas, en este caso de extinción de 178 puestos de trabajo.

El alto tribunal vasco declaró nulo el ERE al considerar que vulneraba “los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical” y que el expediente fue “una respuesta o represalia empresarial” por la huelga que secundaron los trabajadores.

marzo 27, 2013

El comité de Laminaciones espera que la Audiencia Nacional desestime el ERE

Iturria: Finanzas.com – 2013/03/26

El comité de empresa de Celsa Atlantic (antigua Laminaciones Arregui) confía en que, tras el juicio celebrado hoy en la Audiencia Nacional, el juez desestime el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de suspensión que afectaría a 160 trabajadores de las plantas alavesas de Vitoria y de Urbina.

El comité de trabajadores de Celsa Atlantic en Álava recurrió el ERE ante el Juzgado de lo Social de la Audiencia Nacional, organismo competente en este caso ya que el ERE afecta a trabajadores de dos comunidades autónomas porque también es de aplicación a la plantilla de la empresa en Galicia.

Al término del juicio, fuentes sindicales han expresado a Efe su satisfacción por el desarrollo de la vista y su confianza en que finalmente se desestime el ERE de suspensión durante dos años ya que incluso un informe de la Inspección de Trabajo de Madrid “da la razón” a los trabajadores y considera que la empresa “actuó de mala fe” en la negociación.

Aparte del procedimiento judicial en la Audiencia Nacional, está pendiente aún de resolución un recurso presentado por Celsa Atlantic ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declaró nulo otro ERE de la empresa en sus dos plantas alavesas, en este caso de extinción de 178 puestos de trabajo.

El TSJPV declaró nulo el ERE porque considera que vulneraba “los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical” y que el expediente fue “una respuesta o represalia empresarial” por la huelga que secundaron los trabajadores.

marzo 27, 2013

Los tribunales ponen límites a la reforma laboral

Iturria: eldiario.es / Ana Requena Aguilar – 2013/03/26

  • La conflictividad en los juzgados ha aumentado desde la aprobación de la norma.
  • Los jueces echan atrás los despidos colectivos si comprueban que la empresa no ha negociado con los trabajadores o lo ha hecho de mala fe.
  • También se tiene en cuenta si existe un grupo empresarial más amplio que el que se toma en consideración para tramitar el ERE.

Fue una consigna muy repetida en el Gobierno: la reforma laboral disminuirá la judicialización de los conflictos. Un año después, la realidad es precisamente la contraria. Las demandas por despido en los juzgados de lo social crecieron un 25,3% en 2012 respecto al año anterior, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los expedientes de regulación de empleo se han disparado: los no pactados (con más probabilidad de acabar en los juzgados) crecieron por encima del 90% en los ocho primeros meses de 2012. Y son los tribunales los que, sentencia a sentencia, están moldeando la norma laboral y marcando las nuevas líneas rojas.

Aunque aún no hay jurisprudencia al respecto (ningún caso ha sido todavía dirimido por el Tribunal Supremo), ya hay cerca de 50 sentencias dictadas entre los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. Fabián Valero, abogado especializado en Derecho laboral, explica que hay varios puntos clave que están permitiendo declarar nulos parte de los nuevos despidos colectivos que llegan a los tribuanales. Son los casos en los que el juez comprueba que no ha existido “voluntad real de negociación ” o que ha habido “mala fe negocial” por parte de la empresa durante el periodo de consultas con los trabajadores.

“En estas sentencias se declaran los despidos colectivos nulos en cuanto a que la empresa ha faltado al principio de buena fe a lo largo del periodo de consultas, en relación al deber de hacer todo lo posible para llevar a cabo un acuerdo y no considerar el periodo de consultas como un mero trámite”, asegura Antonio Valenciano, abogado y presidente de la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet).

Es el caso de una sentencia que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó en diciembre y en la que declaraba nulo un expediente de regulación de empleo por el incumplimiento empresarial del periodo de consultas. La sentencia señala que este periodo es unverdadero proceso de negociación de obligado cumplimiento y que debe estar guiado por la búsqueda de un acuerdo. Por el contrario, constata que la posición de la empresa fue “inamovible e inflexible”.

Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, constata el aumento de la conflictividad laboral en los juzgados: “La crisis ha incrementado el número de despidos objetivos y de extinciones de contratos a través de expedientes de regulación de empleo. En caso de desacuerdo con la empresa, los trabajadores y sus representantes tratan de defender sus derechos y de obtener, si no puede lograrse la readmisión, mejoras económicas sobre la indemnización abonada por la empresa. Además, antes los despidos colectivos los resolvía la autoridad laboral [una autorización que desde la reforma laboral ya no es necesaria], ahora en muchos casos no hay acuerdo y los trabajadores recurren a los tribunales para discutir si los despidos son procedentes o improcedentes”.

En otra sentencia de julio, en este caso de la Audiencia Nacional, se declara nulo un despido colectivo al considerar probado el fraude de ley: durante el periodo de consultas, la empresa trató de parcelar la negociación por centros de trabajo y mantuvo contactos paralelos con trabajadores afectados. La sentencia considera probado que, si bien los propios representantes de los trabajadores no cuestionan la posible existencia de causas económicas, los defectos en el procedimiento y la forma de negociar vulneran el principio de “buena fe que debe regir”.

También está teniéndose en cuenta la existencia de un grupo empresarial más amplio que el que se toma en consideración para tramitar el ERE y que puede llevar a confusión sobre la situación económica real de la empresa o sobre la constitución de la mesa que negocia el expediente. Otro factor que está conduciendo a la nulidad de los expedientes de regulación es lafalta de aportación de la documentación económica y financiera necesaria para que los representantes de los trabajadores estudien la situación de la empresa.

“Fuera de estos supuestos, cuando la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia entran al fondo del asunto y analizan la situación de la empresa, se inclinan mayoritariamente poraceptar la validez del ERE. Las empresas ya no tienen que acreditar que los despidos van a contribuir a mejorar su situación o mejorar su posición económica y competitiva, será suficiente con que las empresas acrediten una situación económica negativa, o bien la existencia de pérdidas actuales o previstas, o una disminución de sus ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos”, resume Fabián Valero.

Por su parte, el presidente de Andet, Antonio Valenciano, asegura que es muy difícil demostrar que la empresa ha cometido un fraude en sus cuentas. “A los jueces siempre les ha valido la información del registro mercantil y las cuentas auditadas. Es algo aberrante porque no incluyen otro tipo de información que puede ser pertinente, son meras declaraciones, nada más, no hace falta ni que justifiques las cuentas. Además, todos sabemos que muchas auditorías no son precisamente exhaustivas”, dice.

Eduardo Rojo confirma que los tribunales están siendo meticulosos con el cumplimiento de los aspectos formales, pero que si estos se cumplen y se analizan las causas económicas, muchos despidos colectivos sí salen adelante. No obstante, señala que sí está habiendo una vigilancia “escrupulosa” de la normativa, algo que está produciendo “reticencias” en los sectores empresariales. “Esto está llevando a las empresas a afinar más“, asegura

En una sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional del pasado diciembre se consideró válido el expediente de regulación de empleo de un grupo de ‘contact center’. La Audiencia señaló que se trataba de despidos procedentes ya que consideró probado que el 93% del negocio de la empresa procedía de dos contratos que no se mantuvieron. La compañía acreditó pérdidas en tres trimestres consecutivos y presentó sus previsiones de pérdidas para 2012 y 2013. Además, las empresas cumplieron “sobrada y escrupulosamente” con su obligación de informar a los representantes de los trabajadores. Resultado: expediente válido.

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Protesta de trabajadores contra el ERE de Roca. EFE
diciembre 19, 2012

Un juez decreta la suspensión de un desahucio hasta la decisión definitiva del TJUE sobre la Ley hipotecaria española

Iturria: Europa Press – 2012/12/14

Cree que, de no hacerlo, supondría aplicar “una justicia anacrónica”, en favor de “los poderosos” y en contra de “los más débiles”

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia (Gipuzkoa) ha decretado la suspensión de un desahucio de una familia de su vivienda hasta que se establezca una nueva regulación hipotecaria en España y haya una decisión definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley española.

A través de un auto emitido a finales de noviembre, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Israel Pérez Soto destaca que, de no actuar así, supondría aplicar “una justicia anacrónica”, en favor de “los poderosos”, que “han llevado a la actual crisis económica”, y en contra de “los más débiles”.

El magistrado recuerda que, sobre los procesos ejecutivos, la Abogacía General del TJUE el 8 de noviembre de 212 estableció que la normativa española sobre desahucios vulneraba la normativa europea, Directiva 93/13/CEE del Consejo del 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores“, cuando éstos, ni en el procedimiento ejecutivo ni en el judicial, “puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo, mediante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa”.

En este sentido, señala que esta cuestión “está pendiente de su resolución definitiva, que supondría que los procesos ejecutivos españoles, amparados en la Ley hipotecaria española actual y su ejecución, vulneran la normativa europea”.

De esta forma, subraya “las gravísimas consecuencias que supondría para las ejecuciones ya realizadas o en trámite” que se confirmara que la Ley del Estado español vulnera la normativa de la UE.

“GRAVE CRISIS SOCIAL”

A ello, añade “la grave crisis social que está suponiendo aplicar la legislación hipotecaria” en la actual situación de crisis económica, ya que “ha supuesto gravísimas consecuencias personales, no sólo materiales, para las personas a las que se les aplica la ley y que suponen pérdidas irreparables”.

El juez indica que todo ello “ha motivado que, en la actualidad, “se esté pendiente de un cambio legislativo en la normativa de la ejecución hipotecaria“, que, junto al dictamen definitivo por el Tribunal de la UE, “puede afectar de forma sustancial la legislación hipotecaria y sus consecuencias”.

El magistrado cree que “es necesario, en este momento”, suspender el proceso ejecutivo y el desahucio pendiente, “hasta esperar a la nueva regulación hipotecaria definitiva y a la decisión definitiva que se adopte en el TJUE sobre si la normativa española vulnera la europea”.

“JUSTICIA ANACRÓNICA”

El auto judicial destaca que las leyes “deben ser aplicadas de acuerdo a la realidad social actual”. Para el juez, “en este momento, no hacerlo, supondría aplicar una justicia anacrónica, de espaldas a la sociedad”para actuar sólo en beneficio de “una de las partes, la más poderosa, en perjuicio de los más débiles, que deben soportar los excesos de los más poderosos”, que han llevado “a la presente situación de crisis económica”.

Asimismo, indica que, de no decretar la suspensión, supondría “un perjuicio irreparable para las personas y familias a las que no se les podría aplicar las modificaciones legislativas que se van a producir”.

De esta forma, cree que hay que suspender el desahucio y, “una vez establecida una nueva legislación, entonces, actuar conforme a la misma”. En esta línea, apunta que no puede “amparar el derecho la situación de crisis social que está produciendo la actual legislación hipotecaria que puede ser definitivamente afectada en su regulación por el dictamen que se adopte en el TJUE”, reitera.

SIN “REPARACIÓN POSIBLE”  

A su juicio, de procederse a este lanzamiento, “dadas las gravísimas consecuencias materiales y personales que un desahucio tiene”, si se realizase sin esperar a una nueva regulación y la decisión del Tribunal Europeo, “no tendría reparación posible”.

En este sentido, asevera que la justicia y el derecho no deben dar “la espalda” a todo esto porque, si no, los jueces se convertirían “en meros aplicadores de una legislación de la cual no se sabe si vulnera una legislación hipotecaria en el marco de la Unión Europea”. Contra la resolución judicial cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

octubre 10, 2012

Un proyecto de ley de tasas judiciales lamentable, para dejarnos sin Justicia

Iturria: Hayderecho.com / Kaos en la Red – 2012/10/09

Está en tramitación parlamentaria un Proyecto de ley en verdad tremendo, por el que se regulan determinadas tasas en la Administración de Justicia. Si el Proyecto acaba en ley, se cercenará la posibilidad de tutela judicial en perjuicio de los más débiles.

No abundaremos, para este blog, en consideraciones jurídicas elementales, relativas tanto al derecho a la tutela judicial efectiva, del art. 24.1 CE, que sería frontalmente contrariado, como al art. 119 de nuestra Norma Fundamental, cuyo espíritu no puede ser más opuesto a impedir el acceso a la Justicia a quien no disponga de amplios recursos económicos para litigar, que es lo que resulta del proyecto legislativo. Vamos a los hechos del proyecto: se pretende que se abonen al Estado unas tasas judiciales altísimas como requisito para acceder a los tribunales en todas las jurisdicciones excepto la penal. Las tasas se imponen a cualquier persona, sea física o jurídica y si es física, sólo se exime a quienes tengan ingresos inferiores a 12.780€ anuales y computando no solo los del propio interesado sino los de su unidad familiar (doble del IPREM, límite para derecho a justicia gratuita). La crisis económica es un puro pretexto porque ninguna consideración económica es aceptable como fundamento de unas tasas tan rotundamente restrictivas del acceso a la Justicia.

Se proyecta que se paguen como tasas unas sumas de dinero que pueden muy fácilmente alcanzar los varios millares de euros por interponer una demanda civil (efecto del sistema de cálculo escogido en el procedimiento ordinario: sumar a un fijo de tasa de 300 euros el porcentaje del 0,5% de la cuantía procesal, que, por ejemplo, tratándose de un inmueble, es el precio de mercado del inmueble, y tratándose de una reclamación de cantidad, la cantidad reclamada). Se proyecta que un trabajador o un pensionista que ve desestimada su demanda en el Juzgado de lo social pague 500 euros por recurrir. Se proyecta que la tasa por impugnar una multa de tráfico sea de importe superior a la propia multa. Impunidad del poderoso de cualquier clase (también del Estado) y ley del más fuerte. No sería ya una justicia de dos velocidades, sino una justicia exclusiva para quienes puedan pagar esas tasas y ninguna justicia para el que no pueda. Y también se vería afectado directamente otro derecho constitucional; porque la protección al consumidor está en la Constitución y en las normas europeas, y nadie va a defenderse del abuso de las grandes empresas si sigue adelante el proyecto, que, además de tasas altísimas para pleitos cotidianos, impone también tasas en asuntos pequeños, como los de consumo, que directamente disuaden de reclamar, por ser mayor la tasa que el importe reclamado.

El preámbulo del proyecto hace referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, de 16 de febrero de 2012, para fundamentar la constitucionalidad de tasas judiciales. Pero -¡atención a la grosera manipulación, peor que la mentira!- esa sentencia, y otras tres del TC que el preámbulo no menciona, se referían a la legislación precedente, que imponía tasas módicas a personas jurídicas, tasas de unos 70 euros a sociedades mercantiles de gran facturación. El Tribunal Constitucional, con cita de jurisprudencia europea, declara la constitucionalidad de las tasas y del mecanismo de contribuir al sostenimiento de la Administración de Justicia  si, y solo si las tasas no significan una barrera al acceso a la jurisdicción y matizando que se referían al caso concreto. Que no se dé curso a una demanda por no pagar una tasa módica, proporcionada y asumible es constitucional, pero que se impida la defensa con tasas desproporcionadas, disuasorias y desorbitadas, imposibles de pagar para un significativo porcentaje de población, es inconstitucional e infringe los convenios internacionales.

Como las tasas no se modulan en función de la capacidad económica, las sufrirán las clases medias; y serán ellas quienes se encuentren ante una barrera infranqueable e inconstitucional. Si es que en realidad entra en la clase media una familia que sobrevive con los 1.100€ mensuales fijados por el proyecto como límite para exención de tasas, o si de verdad se diferencia en algo de quien gana un euro menos y por tanto se beneficia de la exención. A las empresas les resulta irrelevante la tasa –a diferencia de los particulares, la tasa es gasto fiscalmente deducible, como lo son  el IVA y las minutas de los profesionales que intervienen, abogado y procurador, con manifiesta desigualdad procesal-, y al deudor en concurso se le exime, y al Estado también, sea cual sea su forma.

El proyecto no prevé más mecanismo  sobre la capacidad económica que la inadmisión de plano por el secretario judicial del escrito al que deba acompañarse la autoliquidación (por cierto: ¿con o sin algún tipo de recurso al juez?). Bastante trabajo tienen ya los secretarios judiciales, a quienes se encarga comprobar que se acompaña la autoliquidación de las tasas actuales, como para colapsar del todo los Juzgados imponiéndoles la comprobación individual de la capacidad económica de cada justiciable. Pero que sea inviable en la práctica graduar las tasas por nivel de ingresos si es el secretario el encargado de ese control no afecta al hecho de que imponer tasas altas a cualquiera sin tener en cuenta la capacidad económica resulta inconstitucional y contrario a los convenios internacionales.

Naturalmente que hay quien demanda sin ningún fundamento. Los abusos existen, y por eso también prevé desde siempre el Derecho Procesal la figura jurídica de la condena en costas a los litigantes temerarios. Si el legislador quiere que se contribuya al sostenimiento de la Administración de Justicia, con el repetido pretexto de una (discutible) hiperjudicialización de la sociedad española, que imponga esa carga a quien de verdad da lugar a pleitos innecesarios, es decir, a quien pierda el pleito con condena en costas y, además, sea declarado temerario. Que el querulante pague tasas, y, si se quiere, además multas, cuando sea condenado y en ese momento; pero que no se cargue a todo justiciable sistemáticamente con tasas como si demandar fuera un lujo o un capricho y no un derecho constitucional de primer orden. Ningún pleito es deseable en sí mismo, como tampoco una intervención quirúrgica por una apendicitis o un cáncer; pero a nadie que sufre una apendicitis jurídica o un cáncer jurídico se le puede reprochar que busque el remedio para ello, un remedio que está en la Constitución y que protegen los convenios internacionales

Se prevé que las tasas sean incluidas en la condena en costas del que sea condenado, y por tanto quien tuvo que adelantarlas (si se lo permitía su capacidad económica, que si no, se quedó sin pleito o sin recurso, y sin derecho) podría en teoría recuperarlas del contrario perdedor. Pero no solo existe –y se aplica- la posibilidad legal de que no haya condena en costas en caso de asuntos dudosos (y entonces el litigante contrario es con frecuencia insolvente y por tanto la  recuperación resulta imposible), sino que además esa solución de que pague el que pierda tampoco es necesariamente justa. Perder un juicio no significa siempre que la postura procesal fuera infundada; y no es lo mismo perder y ser condenado -o no- a costas, que perder con declaración expresa de temeridad y mala fe. Con leyes muchas y malas, en vez de pocas y buenas, y opiniones jurídicas para todos los gustos en cualquier tema, y muchas con fundamento, de modo que se sostiene una postura procesal al amparo de doctrina y jurisprudencia y, sin embargo, se pierde el pleito, pero no por eso se está necesariamente abusando de recursos públicos. La propia técnica legislativa frecuentemente defectuosa fomenta los pleitos con la inseguridad jurídica que origina.

Y al hilo de la cuestión de la inseguridad jurídica que propicia el mismo legislador, hay otro aspecto preocupante en el proyecto de ley: que -dejando ahora a un lado el espinoso asunto de la muy discutible autonomización de nuestra Justicia- ya hay tasas judiciales autonómicas en Cataluña por Ley Ley catalana 5/2012 (título III bis, capítulo I) e inminentes en la Comunidad Valenciana. En lo que respecta a su contenido, la ley catalana es razonable por dos motivos: por número de exenciones en materias, justiciables y jurisdicciones –por ejemplo, nada en laboral ni Derecho de Familia en sentido amplio- y por imponer cuotas muy inferiores a las estatales, de modo que no puede decirse que esas tasas impidan el acceso a la jurisdicción a la generalidad de la población. Así, por demanda de un juicio ordinario, 120 euros fijos de tasa autonómica, frente a las  cuantías que llegan muy fácilmente a miles de euros de tasa nacional al establecerse un fijo de tasa estatal de 300 y sumarse el variable del 0,5% de la cuantía procesal. El proyecto de tasas estatales especifica que se impone la  tasa en todo el ámbito nacional, sin perjuicio de las tasas autonómicas “que puedan exigir las Comunidades autónomas en ejercicio de sus respectivas competencias financieras, las cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles”. Pero la ley catalana, que también se establece “sin perjuicio de las tasas y otros tributos de carácter estatal que puedan exigirse” en efecto parece que sí grava los mismos hechos imponibles que la estatal: interposición de demanda, de reconvención, monitorio, apelación, etc. Quien deba acudir a la jurisdicción en Cataluña –no necesariamente catalanes, que el sistema procesal obliga a demandar en todo el territorio nacional, donde las leyes indican en el caso concreto- tendrá que pagar la tasa autonómica y además la tasa estatal, mientras se aclara el conflicto de competencias; y otro tanto en la Comunidad Valenciana. Perjudicado inmediato: el justiciable. El Estado y la Comunidad Autónoma gravan y cobran, y después, dentro de un incierto número de años, el justiciable que haya pagado duplicado conseguirá quizá la devolución de ingresos indebidos (¿cuál de las dos tasas sobra?); y el justiciable privado de jurisdicción por motivos económicos al sumarse dos tasas se quedó sin su derecho.

En definitiva, el legislador no debe en ningún caso aprobar el proyecto en los inconstitucionales e injustos términos en los que está planteado, y esperemos que se imponga el sentido común. En caso contrario los efectos serán inmediatos y graves, además de la indefensión provocada por la impunidad del más poderoso y la desprotección frente a la arbitrariedad del Estado, dos conflictos de competencias en momento nada oportuno y avalancha de recursos al Tribunal Constitucional cuando empiecen a ser rechazadas peticiones que no adjunten el justificante de la tasa: aumento inmediato del número de asuntos penales, pues al estar esa jurisdicción exenta de tasa, se intentará esa vía cuando se vea la menor posibilidad; el Derecho del Consumo convertido en papel mojado; alteración de la paz social, pues habrá quien no pudiendo defenderse en los juzgados haga uso del inadmisible sistema de tomarse de justicia por su mano; significativa elevación de las primas de las pólizas de seguros que cubran defensa jurídica; y fomento del despacho de abogados “a la estadounidense” que financien a sus clientes a cambio de un elevado porcentaje del resultado, sistema éste, por cierto, que lejos de disuadir de pleitos temerarios, más bien los fomenta. Por principio negamos la mayor de que haya de aprobarse una ley de tasas judiciales, cuyo mismo concepto evoca ingratas y superadas épocas, pero si en efecto de verdad resultara indispensable aprobarlas, que lo sea con un sistema muy distinto: que pague el temerario, que para eso ha dado lugar a un pleito inútil o, en todo caso, que pague el condenado en costas, si hay tal condena y cuando la haya; que se rebajen radicalmente a cuantías muy módicas las tasas fijas y se eliminen por completo las variables, además de suprimir las tasas en la jurisdicción laboral y ampliar las exenciones por materias en lo civil y en lo contencioso-administrativo.

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