Posts tagged ‘hipoteca’

mayo 3, 2013

La PAH denuncia en Orkoien las «abusivas» cláusulas suelo de Bankia

Iturria: Gara.net – 2013/05/03

Alrededor de cuarenta personas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Orkoien se concentraron ayer ante la sucursal de Caja Rioja Bankia de Iruñea para denunciar el «abuso de las cláusulas suelo, las estafas y la apropiación indebida por parte de la entidad» al que están sometidos muchos vecinos de Orkoien Asimismo, mostraron su apoyo a los afectados.

El objetivo inicial de la protesta era entregar las reclamaciones de cláusulas suelo que la PAH ha ido recabando en las próximas semanas, pero al llegar a la sucursal comprobaron que estaba cerrada, aunque los jueves suele permanecer abierta al público.

Aunque no pudieron hacer entrega de los documentos, los asistentes decidieron llevar a cabo una asamblea y una posterior concentración. Según anunciaron miembros de la PAH volverán a intentar entregar las reclamaciones en las próximas semanas. La fecha concreta la establecerán en la reunión del próximo jueves.

Un problema común

La PAH de Orkoien fue constituida hace cinco meses en respuesta a la necesidad que los hoy integrantes percibían en el vecindario. Tras identificar varios casos de personas afectadas por las cláusulas suelo de Bankia, decidieron emprender acciones directas contra este «abuso» por parte de la entidad rescatada. De hecho, entre las cuarenta personas congregadas ayer, ocho están afectadas por este tipo de cláusulas.

En sus cinco meses de andadura, la plataforma de Orkoien ha realizado diversas campañas informativas y de asesoramiento a los afectados por la «avaricia bancaria». Además, ha llevado a cabo actos de protesta con el objetivo de «denunciar y señalar la responsabilidad de las entidades bancarias».

«Mostramos el rostro humano de quienes sufren la injusticia de las acciones impunes de la banca», apuntaron.

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abril 10, 2013

Stop Desahucios: Escrache frente a la sede del PP de Iruñea

Iturria: AteakIreki – 2013/04/09

Unas 300 personas se han concentrado frente a la sede del derechista Partido Popular para reclamarle la aprobación de la Iniciativa legislativa popular que facilitaría la dación en pago.

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diciembre 19, 2012

Un juez decreta la suspensión de un desahucio hasta la decisión definitiva del TJUE sobre la Ley hipotecaria española

Iturria: Europa Press – 2012/12/14

Cree que, de no hacerlo, supondría aplicar “una justicia anacrónica”, en favor de “los poderosos” y en contra de “los más débiles”

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia (Gipuzkoa) ha decretado la suspensión de un desahucio de una familia de su vivienda hasta que se establezca una nueva regulación hipotecaria en España y haya una decisión definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley española.

A través de un auto emitido a finales de noviembre, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Israel Pérez Soto destaca que, de no actuar así, supondría aplicar “una justicia anacrónica”, en favor de “los poderosos”, que “han llevado a la actual crisis económica”, y en contra de “los más débiles”.

El magistrado recuerda que, sobre los procesos ejecutivos, la Abogacía General del TJUE el 8 de noviembre de 212 estableció que la normativa española sobre desahucios vulneraba la normativa europea, Directiva 93/13/CEE del Consejo del 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores“, cuando éstos, ni en el procedimiento ejecutivo ni en el judicial, “puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo, mediante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa”.

En este sentido, señala que esta cuestión “está pendiente de su resolución definitiva, que supondría que los procesos ejecutivos españoles, amparados en la Ley hipotecaria española actual y su ejecución, vulneran la normativa europea”.

De esta forma, subraya “las gravísimas consecuencias que supondría para las ejecuciones ya realizadas o en trámite” que se confirmara que la Ley del Estado español vulnera la normativa de la UE.

“GRAVE CRISIS SOCIAL”

A ello, añade “la grave crisis social que está suponiendo aplicar la legislación hipotecaria” en la actual situación de crisis económica, ya que “ha supuesto gravísimas consecuencias personales, no sólo materiales, para las personas a las que se les aplica la ley y que suponen pérdidas irreparables”.

El juez indica que todo ello “ha motivado que, en la actualidad, “se esté pendiente de un cambio legislativo en la normativa de la ejecución hipotecaria“, que, junto al dictamen definitivo por el Tribunal de la UE, “puede afectar de forma sustancial la legislación hipotecaria y sus consecuencias”.

El magistrado cree que “es necesario, en este momento”, suspender el proceso ejecutivo y el desahucio pendiente, “hasta esperar a la nueva regulación hipotecaria definitiva y a la decisión definitiva que se adopte en el TJUE sobre si la normativa española vulnera la europea”.

“JUSTICIA ANACRÓNICA”

El auto judicial destaca que las leyes “deben ser aplicadas de acuerdo a la realidad social actual”. Para el juez, “en este momento, no hacerlo, supondría aplicar una justicia anacrónica, de espaldas a la sociedad”para actuar sólo en beneficio de “una de las partes, la más poderosa, en perjuicio de los más débiles, que deben soportar los excesos de los más poderosos”, que han llevado “a la presente situación de crisis económica”.

Asimismo, indica que, de no decretar la suspensión, supondría “un perjuicio irreparable para las personas y familias a las que no se les podría aplicar las modificaciones legislativas que se van a producir”.

De esta forma, cree que hay que suspender el desahucio y, “una vez establecida una nueva legislación, entonces, actuar conforme a la misma”. En esta línea, apunta que no puede “amparar el derecho la situación de crisis social que está produciendo la actual legislación hipotecaria que puede ser definitivamente afectada en su regulación por el dictamen que se adopte en el TJUE”, reitera.

SIN “REPARACIÓN POSIBLE”  

A su juicio, de procederse a este lanzamiento, “dadas las gravísimas consecuencias materiales y personales que un desahucio tiene”, si se realizase sin esperar a una nueva regulación y la decisión del Tribunal Europeo, “no tendría reparación posible”.

En este sentido, asevera que la justicia y el derecho no deben dar “la espalda” a todo esto porque, si no, los jueces se convertirían “en meros aplicadores de una legislación de la cual no se sabe si vulnera una legislación hipotecaria en el marco de la Unión Europea”. Contra la resolución judicial cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

noviembre 15, 2012

El Gobierno no modifica la Ley Hipotecaria en su propuesta sobre los desahucios

Iturria: Diagonalperiodico.net – 2012/11/14

  • Dos años de moratoria para algunos procedimientos de ejecución hipotecaria con estrictas condiciones
  • La reforma anunciada para poner fin “al drama de los desahucios” no incluye la dación en pago y se centra en aliviar los casos extremos.

La Ley Hipotecaria española permanecerá sin cambios. La norma data de 1909 y da a la banca el poder de reclamar el pago de la deuda, con intereses de mora, a quien haya perdido su hogar debido al impago de la hipoteca. El ministro de Economía y Finanzas, Luis de Guindos, ha argumentado que la dación en pago -por la que se salda la deuda con la entrega del piso- ya está previsto en el código de buenas prácticas acordado por el Gobierno y la mayoría de las entidades financieras, y que por lo tanto no debía entrar en el real decreto con medidas urgentes sobre los desahucios que el consejo de ministros ha aprobado la mañana del jueves.

Las medidas anunciadas por de Guindos prevén una moratoria de dos años en el pago de la hipoteca, y además con condiciones: podrán acceder a ella los hogares que ingresen menos de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (ahora mismo 19.200 euros anuales) y cuya cuota hipotecaria suponga más de la mitad de sus ingresos. Y sólo si además se encuentran en al menos una de las siguientes circunstancias: no tener otro piso en propiedad, ser familia monoparental con dos hijos, numerosa o con algún miembro con un 33% de discapacidad, que los titulares de la hipoteca se encuentran en paro sin prestación o un miembro sea víctima de violencia de género. el Real Decreto sólo cubriría a aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria abiertos después de su publicación, es decir, deja fuera a los cerca de 400.000 existentes.

Ada Colau, una de las portavoces de la PAH de Barcelona, ha definido las medidas como “un insulto” a los hogares afectados. En declaraciones a Europa Press, Colau ha considerado “completamente absurdo” que el real decreto se plantee la moratoria sólo para determinados grupos de hipotecados. “Es como poner a los pobres a competir entre ellos a ver quién es más desgraciado”, ha opinado.

Además, el Ejecutivo prevé la creación de un parque público de viviendas para el realojo de hogares desahuciados. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado que la renta mensual de estos pisos sería “baja y razonable” y no ha detallado nada más en relación con este anuncio. Las medidas llegan después de que haya aumentado la alarma social por la situación de los desahucios debido al aumento de movilizaciones de los afectados y al impacto mediático de los recientes suicidios relacionados con el conflicto.

febrero 13, 2012

La «obra social» de la banca usurera

Patxi Zamora – 2012/02/13 – Gara.net

Las grandes plusvalías del suelo han ido a parar a manos de unos pocos. Entre 2002 y 2005 el segmento del 10% más rico incrementó su patrimonio un 50% Un estado con millones de viviendas vacías y miles de personas desahuciadas mediante leyes tercermundistas es insostenible

Pareja con hijos y trabajo estable firma un crédito con entidad bancaria para, previa tasación, la compra de vivienda; para ello la hipoteca y la avala con la de otros familiares. Tras años pagando puntualmente, la pareja queda en el paro y no puede seguir abonando los recibos. Acude al banco y le plantea una moratoria o bien la entrega (dación en pago) de la vivienda. También le ofrece a la entidad la propiedad de la vivienda y que esta se la realquile a precio de mercado. La respuesta es negativa para cualquiera de las posibilidades y se le comunica que, en caso de impago, será desahuciada, sus familiares avalistas también y mantendrá la deuda de por vida. Por su parte, el banco subastará la vivienda (con la nueva modalidad exprés, a través de las notarías, podría autosubastársela por un precio ridículo y revenderla por lo que estime). Así habrá cobrado miles de euros de la hipoteca durante años, se lucrará en la venta tras el desahucio, se apropiará de la vivienda avaladora y mantendrá la deuda de sus clientes.

Las constructoras más importantes han conseguido no pocos contratos millonarios gracias a sobornos a los políticos. ¿Alguien ha visto a sus ejecutivos, que en definitiva fueron los que incitaron a delinquir y entregaron la mordida, acudir a los juzgados a declarar como imputados? Los banqueros Ibarra y Botín, reconociendo implícitamente su delito, descuido según ellos, han tenido que pagar millones de euros por impuestos de cantidades astronómicas evadidas al fisco. Habrá quien me acuse de demagogia, pero la realidad es mucho más cruda. La hipocresía del sistema y sus delincuentes de guante blanco pasean su impunidad ante las tragedias que se están viviendo. No hay estado de derecho cuando existe una justicia para los pobres (ahora les llaman «de escasos recursos») y otra para los próceres de la nación. Y como decía San Agustín, «un país que no tiene Justicia equivale a una banda de ladrones». Con la ley en la mano resulta evidente que la vivienda no es un derecho sino un producto especulativo. A las mismas entidades bancarias que reciben miles de millones de ayudas públicas y que financian generosamente la visita del Papa, ONGs o, como Banca Cívica («nuestra» ex CAN), recogen alimentos para necesitados, no les tiembla el pulso para dejar en la calle a familias sin ingresos por la pérdida de sus puestos de trabajo.

Desde el comienzo de la crisis en 2007, en Euskal Herria se han llevado a cabo unas 7.400 ejecuciones hipotecarias, 2.700 de ellas en Navarra, la mitad por la fuerza, dejando, en cada una de ellas, a una familia sin casa y otra casa deshabitada. En el Estado español 70 mil pierden su vivienda cada año. La causa no es otra que la deriva financiera del capitalismo que ya estudiara Carlos Marx, todavía tan vigente en sus análisis. Una economía de casino legalizada al servicio de gangsters que son adulados por reyes y gobernantes prestos a seguir sus directrices y su ejemplo.

Entre 1997 y 2007 el coste de la vivienda libre se triplicó artificialmente al tiempo que no existe en el mundo estado con tantas viviendas vacías (6 millones según el INE). Los años del «todo urbanizable» y los créditos fáciles para el negocio de la venta de hipotecas en la Bolsa (una locura tramposa, jugar con las hipotecas como si ya estuvieran cobradas) han derivado en la mayor crisis conocida, agudizada por los indecentes sueldos y dietas de ejecutivos y cargos públicos que, junto a los dividendos a los especuladores, se jalaron todos los beneficios del boom.

Las grandes plusvalías del suelo han ido a parar a manos de unos pocos. Entre 2002 y 2005 el segmento del 10% más rico incrementó su patrimonio un 50%, mientras la mayoría perdía poder adquisitivo real. Diversos expertos reclamaron al gobierno en 2007 que adquiriera parte de las viviendas y creara un parque público de alquiler. En otros países que sufrieron similares circunstancias, las entidades financieras pusieron en el mercado (venta y alquiler) ese stock de viviendas a unos precios moderados y les dieron salida. Asumieron unas pérdidas, pero les permitió volver a funcionar. En el reino borbónico pretenden subsanar las deudas provocadas por esos activos inmobiliarios «tóxicos» solo con las ayudas públicas a las entidades financieras, que continúan repartiendo dividendos.

Frente a estos abusos nacen las PAH (plataformas de afectados por las hipotecas), asambleas autónomas que pretenden aportarles defensa jurídica y apoyo, negociando con los bancos e intentando frenar los desahucios con plantes y reocupaciones. Además, las PAH impulsan una Iniciativa Legislativa Popular que recoja la dación en pago (liquidación de la deuda hipotecaria una vez entregadas las llaves) y una moratoria para los desahucios.

Está en manos de la presión social poner fin a este sinsentido que permite a los usureros acumular viviendas envenenando el problema de la burbuja inmobiliaria. La ley debe orientarse hacia el bienestar social, a luchar contra la especulación y a proteger el arrendamiento como fórmula de futuro. Porque las raíces del «propietarismo» y la alergia al alquiler hay que buscarlas en la ley del suelo de 1956 -el franquismo entendió que un país de propietarios era mucho menos susceptible de derrocar al régimen que un país de inquilinos- que hizo extraordinariamente rentable la venta de vivienda y muy poco atractivo el alquiler.

El poder del complejo inmobiliario financiero parece invencible. Pero la paciencia de la ciudadanía tiene un límite y experien- cias como las PAH han puesto en marcha una lucha justa, con propuestas llenas de sentido común que van a sumar cada día nuevas solidaridades. Un estado con millones de viviendas vacías y miles de personas desahuciadas, mediante leyes tercermundistas que favorecen a la delincuencia especulativa, es insostenible. La usura del siglo XXI merece que movimientos sociales, sindicales, políticos y la ciudadanía se impliquen para combatirla.

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