Un juez decreta la suspensión de un desahucio hasta la decisión definitiva del TJUE sobre la Ley hipotecaria española

Iturria: Europa Press – 2012/12/14

Cree que, de no hacerlo, supondría aplicar “una justicia anacrónica”, en favor de “los poderosos” y en contra de “los más débiles”

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia (Gipuzkoa) ha decretado la suspensión de un desahucio de una familia de su vivienda hasta que se establezca una nueva regulación hipotecaria en España y haya una decisión definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley española.

A través de un auto emitido a finales de noviembre, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Israel Pérez Soto destaca que, de no actuar así, supondría aplicar “una justicia anacrónica”, en favor de “los poderosos”, que “han llevado a la actual crisis económica”, y en contra de “los más débiles”.

El magistrado recuerda que, sobre los procesos ejecutivos, la Abogacía General del TJUE el 8 de noviembre de 212 estableció que la normativa española sobre desahucios vulneraba la normativa europea, Directiva 93/13/CEE del Consejo del 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores“, cuando éstos, ni en el procedimiento ejecutivo ni en el judicial, “puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo, mediante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa”.

En este sentido, señala que esta cuestión “está pendiente de su resolución definitiva, que supondría que los procesos ejecutivos españoles, amparados en la Ley hipotecaria española actual y su ejecución, vulneran la normativa europea”.

De esta forma, subraya “las gravísimas consecuencias que supondría para las ejecuciones ya realizadas o en trámite” que se confirmara que la Ley del Estado español vulnera la normativa de la UE.

“GRAVE CRISIS SOCIAL”

A ello, añade “la grave crisis social que está suponiendo aplicar la legislación hipotecaria” en la actual situación de crisis económica, ya que “ha supuesto gravísimas consecuencias personales, no sólo materiales, para las personas a las que se les aplica la ley y que suponen pérdidas irreparables”.

El juez indica que todo ello “ha motivado que, en la actualidad, “se esté pendiente de un cambio legislativo en la normativa de la ejecución hipotecaria“, que, junto al dictamen definitivo por el Tribunal de la UE, “puede afectar de forma sustancial la legislación hipotecaria y sus consecuencias”.

El magistrado cree que “es necesario, en este momento”, suspender el proceso ejecutivo y el desahucio pendiente, “hasta esperar a la nueva regulación hipotecaria definitiva y a la decisión definitiva que se adopte en el TJUE sobre si la normativa española vulnera la europea”.

“JUSTICIA ANACRÓNICA”

El auto judicial destaca que las leyes “deben ser aplicadas de acuerdo a la realidad social actual”. Para el juez, “en este momento, no hacerlo, supondría aplicar una justicia anacrónica, de espaldas a la sociedad”para actuar sólo en beneficio de “una de las partes, la más poderosa, en perjuicio de los más débiles, que deben soportar los excesos de los más poderosos”, que han llevado “a la presente situación de crisis económica”.

Asimismo, indica que, de no decretar la suspensión, supondría “un perjuicio irreparable para las personas y familias a las que no se les podría aplicar las modificaciones legislativas que se van a producir”.

De esta forma, cree que hay que suspender el desahucio y, “una vez establecida una nueva legislación, entonces, actuar conforme a la misma”. En esta línea, apunta que no puede “amparar el derecho la situación de crisis social que está produciendo la actual legislación hipotecaria que puede ser definitivamente afectada en su regulación por el dictamen que se adopte en el TJUE”, reitera.

SIN “REPARACIÓN POSIBLE”  

A su juicio, de procederse a este lanzamiento, “dadas las gravísimas consecuencias materiales y personales que un desahucio tiene”, si se realizase sin esperar a una nueva regulación y la decisión del Tribunal Europeo, “no tendría reparación posible”.

En este sentido, asevera que la justicia y el derecho no deben dar “la espalda” a todo esto porque, si no, los jueces se convertirían “en meros aplicadores de una legislación de la cual no se sabe si vulnera una legislación hipotecaria en el marco de la Unión Europea”. Contra la resolución judicial cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

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