Posts tagged ‘sanidad’

junio 18, 2013

Pueblos del Pirineo recurren a una figura nunca usada para garantizar la sanidad

Iturria: Martxelo Díaz / Gara.net – 2013/06/18

La Iniciativa Legislativa de Ayuntamientos, una figura recogida en el Amejoramiento del Fuero pero que nunca se ha aplicado en Nafarroa, es la fórmula escogida por municipios de la zona pirenaica para impulsar una ley que garantice la atención sanitaria rural frente a los ataques del Gobierno navarro. Necesitan el apoyo de un tercio de los municipios de la merindad de Zangoza y que, además, representen a la mitad de la población.

Profesionales de la salud y cargos electos de los valles pirenaicos de Nafarroa han puesto en marcha una iniciativa para garantizar el derecho a la salud en las zonas rurales frente a los planes del Gobierno navarro de reducir servicios en estas localidades .

La fórmula escogida para ello es la Iniciativa Legislativa de Ayuntamientos, una posibilidad recogida en el artículo 19 del Amejoramiento y que establece que los ayuntamientos que representen un tercio de municipios y la mitad de la población de una merindad pueden instar a la elaboración de una ley foral en el Parlamento. La Iniciativa Legislativa de Ayuntamientos fue regulada mediante una ley foral en 1985. Pese a ello, nunca se había puesto en marcha hasta el momento.

Según recordaron ayer en Iruñea los alcaldes de Agoitz, Unai Lako; y Zangoza, Ángel Navallas; y la edil de Erronkari Amparo Viñuales, la consejera de Salud, Marta Vera, intentó en 2012 elaborar una ley que reducía notablemente la prestación de servicios sanitarios en las zonas rurales, especialmente las urgencias. Así, por ejemplo, se establecían guardias localizadas y se deterioraban las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios.

Los profesionales sanitarios y numerosos electos se posicionaron contra el proyecto de Vera. Visto el malestar social existente, el Parlamento, con los votos de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai, echó atrás el proyecto de UPN.

Sin embargo, el Parlamento debía haber puesto en marcha una ponencia para analizar la situación de las urgencias rurales y no lo ha hecho. Ante esta situación, los ayuntamientos de la zona pirenaica han decidido tomar la iniciativa.

Garantizar derechos

Los electos destacaron que el objetivo de la norma es garantizar por ley unos mínimos de calidad en la asistencia sanitaria en las poblaciones rurales para impedir que el Gobierno de turno pueda atacar este derecho básico.

La iniciativa surgió en los valles pirenaicos, donde ha recibido el apoyo del 95% de los cargos electos. El día 26, la Casa de Cultura de Zangoza acogerá una reunión para impulsar la recogida de adhesiones a la proposición de ley.

La exigencia de que la iniciativa cuenta con el apoyo de municipios que agrupen a la mitad de la población hace que sea necesario recabar apoyos en municipios como Burlata, Eguesibar, Noain o Uharte, situados en Iruñerria pero pertenecientes a la merindad de Zangoza. En ellos se concentra mucha más población en comparación con la que habita las zonas rurales de la merindad.

De este modo, la elaboración de una norma en defensa de la sanidad rural necesitará el apoyo de municipios de la zona metropolitana de Iruñea.

En cualquier caso, los impulsores de la iniciativa son optimistas y señalaron que esperan recabar los apoyos necesarios en otoño.

La proposición de ley foral elaborada por los municipios, con el apoyo de los profesionales sanitarios y otros agentes sociales, señala que en la zonas rurales deben establecerse guardias de presencia física en el centro de salud o consultorio como norma general. Rechaza que se emplee como criterio la población y reclama que se prioricen las zonas que se encuentran más alejadas de los hospitales de referencia.

Junto a ello, se destaca que en caso de urgencias graves y emergencias se garantizará de manera efectiva la activación inmediata de los recursos necesarios y la llegada del personal sanitario con el equipamiento necesario en un tiempo máximo de 20 minutos.

Asimismo, se reclama que se garantice el traslado de los pacientes al hospital de referencia en un plazo máximo de una hora y que los profesionales sanitarios dispongan de vehículos específicos para atender las urgencias en lugares de tránsito difícil por el firme de los caminos o por tratarse de zonas de montaña, además de que puedan hacer frente a la climatología adversa.

Junto a ello, la proposición de ley foral garantizará que se cubrirán las ausencias del personal sanitario y que los centros de salud de las zonas rurales dispongan de los equipamientos precisos y las primeras dosis de tratamiento en la atención urgente vital y no vital.

Además, se garantizará el acceso al transporte público creando redes por zonas para acercar a la población rural a la atención especializada y se fomentará el procedimiento de las interconsultas no presenciales para evitar desplazamientos innecesarios.

abril 10, 2013

Sanitarios de hospitales públicos vascos se encierran en protesta por los recortes en Osakidetza

Iturria: elcorreo.com – 2013/04/10

Personal sanitario de los principales hospitales públicos vascos está protagonizando este miércoles encierros de 24 horas en hospitales públicos vascos en protesta por los recortes en Osakidetza y por el aumento de la jornada laboral acordados por el Gobierno de Iñigo Urkullu.

Estos actos, organizados la víspera de la celebración de la segunda Mesa Sectorial de Sanidad, han sido convocados por los sindicatos SATSE, ESK, ELA, SME-FFHE, UGT, CCOO y LAB en los hospitales de Cruces y Galdakao, en Bizkaia; Txagorritxu, en Álava, y Donosti, en Gipuzkoa.

En Cruces, los trabajadores han instalado una tienda de campaña y sacos de dormir en el vestíbulo principal, donde permanecerán hasta las 11:00 horas de mañana. Gotzon Álvarez, en nombre de la junta de personal del centro sanitario, ha criticado en declaraciones a los medios que en la mesa sectorial de este jueves, el Gobierno Vasco pretende alargar la jornada laboral del personal sanitario, después de haber congelado los salarios, no abonar la paga de Navidad y “penalizar” el hecho de estar de baja.

Esta nueva situación implicaría, según ha añadido, que se trabajará más por menos dinero y “lo que es más grave, que las 2.600 personas que trabajan en sustituciones por días libres, bajas y ausencias se quedan en el paro”. Ha asegurado además que los usuarios ya están afectados por estos recortes, que inciden en la “calidad asistencial”, y ha subrayado que los centros sanitarios “están en pié de guerra”.

Chorizo asado en Galdakao

En el Hospital de Galdakao, medio centenar de trabajadores se han manifestado contra los recortes de Osakidetza y han repartido octavillas y chorizo asado, bajo el lema “No hay pan para tanto chorizo”. Las movilizaciones se han iniciado a las 7.30 horas con una marcha encabezada por una pancarta con el lema “Murrizketarik ez (No a los recortes). Por una sanidad pública universal, gratuita y de calidad”.

La manifestación, que ha sido secundada por medio centenar de trabajadores, ha discurrido durante unos 45 minutos desde el Hospital de Galdakao hasta la rotonda de Usánsolo por la carretera N-240, que como consecuencia ha registrado problemas de tráfico. Tras la marcha, en la que se han coreado gritos contra las privatizaciones y en favor del mantenimiento del empleo, los manifestantes han llenado de carteles contra los recortes el Hospital de Galdakao y han repartido octavillas.

A las 11.00 horas, han distribuido chorizo asado y pan a los viandantes, y después han iniciado un recorrido por las distintas plantas del hospital para informar a los trabajadores sobre la política de los representantes de Osakidetza.

Encerrados en Txogorritxu desde las 7.30

En Vitoria, alrededor de un centenar de trabajadores de Osakidetza participan desde las 7.30 horas en el encierro convocado contra los recortes en la sanidad que tiene lugar en el vestíbulo del Hospital de Txagorritxu. El encierro se prolongará hasta mañana por la mañana, cuando los trabajadores abandonen el hospital y se desplacen hasta la sede de los Servicios Centrales de Osakidetza, donde se concentrarán mientras se celebra la mesa sectorial de sanidad, convocada a las 10.00 horas.

En Álava, el encierro ha sido convocado por la junta de personal de la atención especializada de Álava y se han adherido los comités de empresa de los hospitales de Txagorritxu, Santiago y de Salud Mental, así como la asamblea de trabajadores eventuales.

En el bilbaíno Hospital de Basurto, los sindicatos han convocado un acto de protesta contra los recortes el próximo viernes.

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abril 5, 2013

“Sanidad y educación son fundamentales en la lucha contra las desigualdades”

Iturria: Manuel Menor / kaosenlared.net – 2013/04/05

Entrevista de Manuel Menor a Àngels Martínez, experta en políticas económicas, feminismo y salud pública, para la revista ESCUELA Núm. 3.978 (560) del 4 de abril de 2013.

Angels Martínez Castells (Mollet del Vallés, 1948) es buena conocedora de las políticas económicas, especialidad de la que ha sido profesora en la Universidad de Barcelona y sobre la que había escrito su tesis doctoral. Ha aplicado su saber a asuntos como las deslocalizaciones industriales, feminismo, Europa, la crisis económica, las relaciones entre género y trabajo, y, sobre todo, la salud pública. Ha tratado todos estos asuntos en una gama amplia de revistas y también ha participado en obras colectivas de gran impacto lector, como Reacciona (Aguilar, 2011) o Actúa (Debate, 2012). Lo suyo es la defensa de los servicios sociales y el derecho a ser ciudadanos exigentes con lo que es de todos. Es fundadora y presidenta de “Dempeus per la salut publica” y acaba de ser elegida para el consejo científico de Attac. Tiene un blog personal bilingüe: http://puntsdevista.wordpress.com/Su asociación es más directamente accesible en: http://dempeusperlasalut.wordpress.com/Si se quiere dialogar sobre cuestiones candentes como las que aquí comenta, se puede twittear con ella en: @angelsmcastells

Salud-sanidad. La sanidad solo es un componente de la salud, del mismo modo que creo estaremos de acuerdo con que la enseñanza solo es un ingrediente más de la educación, por importante y central que sea su papel. La sanidad previene, atiende y trata de curar a las personas enfermas. Pero la salud es mucho más: significa poder vivir la vida de forma autónoma y solidaria (porque las relaciones entre personas son siempre interdependientes) y nos permite ser felices. Para ello hay que considerar la sanidad como un determinante más de la salud, tan importante como un trabajo digno, un subsidio de paro asegurado que nos permita sobrevivir si hemos perdido el empleo o una pensión de jubilación que no degrade a las personas mayores. Y, junto con ello, son determinantes de salud también una alimentación nutritiva, una vivienda en condiciones en un barrio saludable y participar de un buen sistema educativo.

Sanidad-derechos sociales. Sanidad y educación públicas están en el centro de la conquista de los derechos sociales. Si se enfocan hacia la equidad, son instrumentos fundamentales en la lucha contra las desigualdades. Pero también pueden utilizarse para objetivos espurios: la enseñanza puede alejarse de la formación de ciudadanos y ciudadanas, y convertirse en un mero adiestramiento de mano de obra –en diferentes grados de cualificación– según las necesidades de las empresas; y la sanidad pública centrarse, en gran medida, en la mera “reparación de daños” para acortar el tiempo de bajas. Sin embargo, podemos asegurar que cumplan su cometido como derechos fundamentales si ampliamos su dimensión social y conseguimos que se afirmen como núcleo de un amplio sistema de servicios públicos al servicio de las personas.

Derecho universal a la sanidad. Precisamente este verano recordaba en la UIMP, en la presentación del libro Actúa y para explicar la actualidad del capítulo “La sanidad como mercancía, la salud como botín”, la obra legal que, con graves quebrantos, había iniciado el Ministro de Sanidad Ernest Lluch (1982-1986). Con el RD-ley 16/2012 de 20 de abril, de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, el Gobierno del PP nos obliga a un viaje en el tiempo; elimina, de un plumazo, conquistas fundamentales en derechos de ciudadanía. Con el Decreto-ley del pasado abril, Ana Mato se propone enterrar definitivamente la universalidad de la sanidad iniciada por Ernest Lluch.

Junto a la desaparición de los derechos de ciudadanía por derechos derivados de situación laboral, con un claro sesgo de género, reaparece el carácter de la beneficencia, al que se podrán acoger todas las personas con nacionalidad española, extranjeros residentes o “titulares de unas autorización para residir en España”, “siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente”.

Desaparecido el ciudadano como sujeto de derecho, en el Decreto-ley se considera imprescindible regular la condición de asegurado, como condición previa a partir de la cual (en tiempo verbal de futuro) “se podrá garantizar una asistencia pública gratuita y universal”… ¡Una asistencia pública universal a la que ya teníamos derecho hasta que se ha puesto en vigor el Decreto- ley! Y así, serán “asegurados”, pues (y tendrán derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos), quienes formen parte de la población activa (personas empleadas por cuenta propia o ajena, o en paro), los pensionistas, quienes acrediten su condición de “beneficiario” por su relación de dependencia, quienes acrediten su falta de medios. El estatuto de “beneficiario” tendrá una relación efectiva similar. Finalmente, se podrá acceder a la asistencia sanitaria pública mediante el pago de contraprestación o cuota derivada de un convenio especial… Y aquí convendrá leer atentamente la reglamentación que acompañe la medida, porque de hecho puede significar una mayor apertura hacia mutuas privadas (o seguros privados) para que sigan colonizando el servicio público de salud.

Insisto en la necesidad de leer con atención, puesto que el retroceso de la universalidad entendida como un derecho ciudadano fundamental, se expresa claramente en el propio texto del Decreto-ley cuando dice textualmente, que lo que era en anteriores disposiciones legales un sistema de salud “universal”, pasa ahora a tener “vocación universal” (2ª línea Decreto-ley)… Y por los artículos y disposiciones que siguen, creo que cabe dudar, con sobrados motivos, de dicha “vocación universal”.

Salud pública-salud privada. La salud privada no existe, existe la sanidad privada. La salud, por definición, siempre es pública. Vale la pena insistir en la diferencia porque ayuda a entender mejor las causas inmediatas de la enfermedad, los condicionantes de salud y las políticas (o causas de las causas) que pueden fomentar una sociedad autónoma y solidaria (sana) o una sociedad con paro, marginación, precariedad, miedo… (una sociedad enferma). Pero es que además, cuando la atención sanitaria se convierte en mercancía (y, por ejemplo, se obtiene a cambio del pago de una cuota a una mutua privada), solo se nos aceptará como “clientes” si gozamos de buena salud. Probemos a contestar a alguna de las ofertas que actualmente proliferan: “su oferta me viene de maravilla porque tengo 65 años, padezco diabetes, una enfermedad autoinmune y me han hecho un triple bypass”…; le colgarán el teléfono antes de que pueda acabar de contar sus males reales o imaginarios. Si no fuera por la sanidad pública, una auténtica conquista de civilización, la selección natural de nuestra sociedad sería incluso peor –de forma relativa– que en sociedades de muchos menos recursos.

Privatización del sistema sanitario público. En el inestable equilibrio de un sistema mixto público-privado, basado en el supuesto de “colaboración” entre ambos, descubrimos de hecho un proceso de colonización del sistema privado que parasita el sistema público y consigue que se privaticen los servicios más rentables. Con ello convierte la satisfacción de necesidades y el ejercicio de derechos universales en maximización de beneficios para unos pocos bolsillos. Tenemos las alertas sobre qué significa este proceso para el bienestar, la salud y la vida, en los múltiples estudios realizados sobre el proceso de privatización del sistema público británico iniciado en tiempos de Margaret Thatcher; y conocemos también los pobres resultados en términos de esperanza de vida, bebés muertos al nacer y mujeres que fallecen durante el parto en países con alto nivel de PIB, pero con sistema privado de salud.

Pago/copago/repago. El agravamiento en las condiciones de co-repago, con la exclusión de prótesis y productos por determinar, la introducción del repago en servicios ambulatorios fundamentales como el transporte asistido para diálisis, tratamientos invalidantes, etc., va a significar (significa ya, de hecho) la pérdida de servicios y medicamentos fundamentales para personas que los necesitan para su salud y bienestar, en tanto que supondrá una carga burocrática costosa e inefi caz por la complicada (e injusta) aplicación de los distintos tramos de repago, incluido el repago con que se grava a pensionistas y la fórmula (todavía por concretar) en que se efectuará la devolución de los límites de gasto permitido (pero siempre en contra de la persona enferma).

El repago ha dado lugar a acciones de protesta de distinto tipo. Por ejemplo, en Catalunya, desde asociaciones de vecinos, iaioflautas y Dempeus per la Salut Pública, hasta negarse a pagar el euro adicional que impone el govern de CiU por receta, y que discrimina con alevosía a las personas más enfermas. Algunas han elegido no tomar sus medicamentos, con el consiguiente peligro para su salud. Personal de atención sanitaria de primaria ya está advirtiendo que mujeres y hombres que antes no pagaban por sus medicamentos por estar en la jubilación y siguen necesitando sus medicamentos, les preguntan si se los pueden facilitar de muestras gratuitas porque, de otra manera, tienen que escoger entre comer o pagar a la farmacia…

Mujeres y nuevo sistema sanitario (repercusiones). Resulta inadmisible que, bajo la excusa de los recortes económicos, se esté produciendo un grave retroceso en los derechos de las mujeres, tan duramente conquistados. También es salud la despenalización del aborto voluntario y su inclusión efectiva en el Sistema Nacional de Salud. Volvemos a ello casi 30 años después de la Ley Orgánica 9/1985. Aquella “Ley de despenalización del aborto” o “Ley de interrupción voluntaria del embarazo” –que incluía la reforma del Artículo 417 bis del Código Penal (Anexo 1) –, tuvo que hacer frente a fuertes oposiciones y graves problemas. Vino precedida por otra conocida sentencia del Tribunal Constitucional (sentencia 53/1985) – que se pronunció sobre el recurso de inconstitucionalidad que paralizó el proyecto de despenalización parcial del aborto durante dos años–, y a su amparo se elaboró el texto definitivo que entró en vigor en 1985. Dicha Ley, aprobada después de superar todos los escollos clericales y acientíficos, despenalizó el aborto inducido en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada o supuesto terapéutico; el supuesto criminológico, cuando el embarazo era el resultado de violación; y, finalmente, el supuesto relacionado con malformaciones o graves defi ciencias físicas o psíquicas. Naturalmente, el movimiento feminista no estuvo de acuerdo con las limitaciones establecidas por la Ley, aunque valoró que se abriera un proceso despenalizador que debía continuar a medida que se fueran venciendo las hipocresías de sacristía que implican –siempre– el sometimiento de las mujeres.

Gallardón se opone a la actual ley de interrupción del embarazo mintiendo: dice que es por la liberación de las mujeres, que por “opresión” se ven obligadas a abortar (y mientras, el Gobierno del cual forma parte recorta sanidad, enseñanza, prestaciones y todas las políticas amigas de las mujeres para “activarlas”, seguramente, y que encuentren su liberación en embarazos no deseados…). Y lo hace engañando: porque alega que quiere volver a la Ley de 1985, pero sin contemplar el supuesto de malformación, equiparando al ser nacido con problemas a los embriones (una vieja polémica que el Ministro se empeña en reabrir). Y lo hace enfureciendo con toda razón a las mujeres que siguieron luchando por la ampliación de derechos que había abierto la Ley de 1985 hasta la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los grandes beneficiados del nuevo sistema. Sin duda, las mutuas y las clínicas privadas, los laboratorios farmacéuticos que han intervenido en la elaboración de las listas de medicamentos excluidos de financiación… Pero sus beneficios privados son insignificantes comparados con los graves quebrantos para toda la sociedad y la salud pública de este nuevo sistema que intenta parecerse al de Estados Unidos. Pero hay que saber que, en dicho país, el primer riesgo de quiebra para muchos hogares de clase media es una intervención quirúrgica complicada y una larga enfermedad. En ambos casos, incluso teniendo seguro de enfermedad, las mutuas procuran abandonar a las personas enfermas a su suerte, con mil y una excusas que las eximen del contrato suscrito. Y que no quieran presentar como beneficio que se excluya a personas inmigrantes de la atención primaria, porque significa mayor afluencia al servicio de unas urgencias ya ahora colapsadas en muchos casos y un peligro real para la salud pública. Los policías y los burócratas distinguen entre papeles en regla y no. Los microbios y los virus no distinguen en absoluto.

SANIDAD Y EDUCACIÓN: PUNTOS DE CONTACTO

Como Dempeus per la Salut Pública nos parecería que un programa mínimo inicial que potenciara la salud en nuestra época debería pasar por:

1) Desmercantilizar la salud pública y la atención sanitaria, como la quieren el control privado, la infl uencia del neoliberalismo y la industria biomédico- farmacéutica. En este sentido, rechazar tanto las propuestas de recortes de salarios del personal como de plantilla, copago, etc., que en la práctica reducen las prestaciones que reciben los pacientes y tienen por objetivo real potenciar un sistema público con doble lista de espera (una lenta y precaria para las clases populares, y otra acelerada y diligente para quienes paguen también un seguro privado).

2) Desbiomedicalizar la salud proponiendo avances en la educación, la prevención, la humanización y la atención de la salud a través de una integración entre lo biológico, lo psicológico y lo social, en una visión integral de la salud.

3) Integrar la atención sanitaria dentro de la salud pública, haciendo especial hincapié en la prevención primaria de la enfermedad y la promoción de la salud. Por ello, es imprescindible hacer pedagogía activa de los determinantes sociales de la salud y de la equidad en salud. Potenciar la equidad en salud es también potenciar una sociedad de personas más iguales, en una sociedad más justa.

4) Vigilar y proponer políticas para cambiar los principales determinantes de la salud y de la equidad, como recomienda la Comisión de Determinantes de Salud. Hoy está más claro que nunca que deben ser las políticas surgidas desde las personas, sus derechos y sus necesidades, las que marquen las políticas de salud. En este sentido, una sociedad excluyente, con una tasa media de paro del 25% de la población activa –que prácticamente se dobla en la población menor de 25 años–, es un elemento de desigualdad y una atentado a la salud pública de primer orden.

5) Hay que conseguir que el lema de salud –en todas las políticas– sea más útil que nunca. Esto significa hacer posibles las medidas que satisfagan los derechos y las necesidades, con su evaluación relativamente constante. Si la política planteada puede afectar negativamente a la salud o incrementar las desigualdades debe desestimarse e impulsar otras que favorezcan la mejora de la salud entendida de forma global.

6) Hay que explicar qué es la equidad en salud y por qué la equidad puede no corresponderse con lo que está escrito o lo que parece más igualitario. Como se sabe perfectamente en el mundo de la enseñanza, ni es justo ni permite alcanzar la igualdad tratar de manera igual a los desiguales…

7) Hay que hacer énfasis en la figura del trabajador/a social, que junto con los médicos y médicas de atención primaria constituyen una fi gura de proximidad estrechamente en contacto con los sectores más débiles de nuestra sociedad, donde hay que invertir más solidaridad y toda la ayuda necesaria, especialmente para los colectivos más vulnerables.

8) Promover el reconocimiento del papel imprescindible que deben jugar los agentes educativos (escuela formal y no formal) en la promoción de la salud de la comunidad. Su acompañamiento en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de las personas, así como la situación de proximidad cotidiana que les permite conocer los contextos socioeconómicos de niños, jóvenes y familias, sitúa a los agentes educativos como elementos claves en la promoción de modelos de vida y entornos físicos y psicosociales saludables.

9) Finalmente, nos parece fundamental democratizar la salud pública y la atención sanitaria con participación de la población. Mejora su salud de forma directa –por la misma acción e implicación de las personas– e indirecta –por el impulso de objetivos que de otra manera podrían no llegar nunca a estar en la agenda de quienes hacen las políticas–. Esta participación debe ser libre e insurgente, con voz propia; debe crear un contrapoder fuerte, real, con propuestas alternativas. Solo así tiene sentido hablar de participación de la sociedad civil.

La propuesta de Dempeus per la Salut Pública es por una sociedad sana, equitativa, plenamente democrática y saludable, en armonía, autonomía y solidaridad. Y exigimos además, como un valor de salud fundamental, que nuestros chicos y chicas dispongan de un sistema de enseñanza presidido por contenidos y valores humanistas, y se eduquen en la solidaridad y la libertad, sin los peligros reductores y empobrecedores de magias trasnochadas, fundamentalismos integristas, y el virus empobrecedor para las mentes y la convivencia en democracia que representa el pensamiento único.

marzo 27, 2013

Concentración en el Complejo Hospitalario de Navarra para exigir información sobre la infección por Listeria de un paciente

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2013/03/27

Los convocantes han denunciado el “oscurantismo” de la consejera de Salud y han demandado “transparencia y responsabilidades”

Usuarios y trabajadores del Complejo Hospitalario de Navarra se han concentrado en la entrada del edificio Materno Infantil para exigir información respecto a la relación entre un caso de infección por bacteria Listeria y la alimentación proporcionada a los enfermos.

La concentración, según informa LAB, se ha convocado ante la alarma que ha provocado la información de DIARIO DE NOTICIAS, según la cual un paciente permanece ingresado en la UCI del CHN con Listeria, una bacteria hallada en febrero en el menú hospitalario, aunque se desconoce el origen de la enfermedad en este caso.

Desde el Gobierno foral se ha afirmado que no hay ninguna relación entre esa infección y la alimentación y desde la empresa Mediterránea de Cátering se ha defendido la “calidad y seguridad alimentaria” de su servicio y se ha asegurado que “nunca” ha existido ningún riesgo para la salud de los pacientes.

En la concentración se han mostrado carteles con el lema “queremos saber ¿intoxicación alimentaria?” y se han coreado consignas en favor de la rescisión del contrato y la reversión de la cocina al sistema público.

Los convocantes han denunciado el “oscurantismo” de la consejera de Salud y han demandado “transparencia y responsabilidades”, al entender que con “la cocina pública no se generaban problemas de ese tipo y que la reversión a lo público es la solución”.

ELA exige una investigación sobre el origen de la bacteria detectada en CHN

El sindicato ELA ha exigido una “investigación profunda” sobre la aparición de la bacteria Listeria en el Complejo Hospitalario de Navarra, a la vista de que hay al menos un paciente grave por la acción de dicho agente. Así lo ha indicado en un comunicado en el que ha recordado que esa misma bacteria ha sido detectada en alguna de las comidas que sirve la cocina privatizada del Complejo Hospitalario, por lo que debe comprobarse “si la gravedad de dicho paciente ha sido provocada o no por el producto que ofrece Mediterránea de Catering”. De ser así, ELA exigirá al Gobierno de Navarra y a la consejera Marta Vera las máximas responsabilidades políticas. Al respecto ha añadido que “en el caso de que se descartara este supuesto, la alarma creada es un factor más que obliga a la reversión inmediata de las cocinas al sistema público”.

Concentración en el CHN para exigir información sobre la infección por Listeria de un paciente. (Oskar Montero)

Concentración en el CHN para exigir información sobre la infección por Listeria de un paciente. (Oskar Montero)

marzo 22, 2013

Movilizaciones en Donostia y Txagorritxu contra los recortes en Sanidad

Iturria: Gara.net – 2013/03/22

Los hospitales de Txagorritxu y Donostia volvieron a convertirse ayer en escenario de sendas movilizaciones en defensa de la sanidad pública y en contra de los recortes. La protesta del hospital alavés estaba convocada por la junta de personal, mientras en Donostia, las secciones sindicales de ELA, LAB, SAE, CCOO, UGT y UTESE dieron cuenta de la recogida de firmas iniciada el pasado mes de enero y que lleva ya recabadas un total de 9.179 adhesiones a favor de una sanidad «pública, universal y de calidad».

Tras una concentración celebrada junto al centro hospitalario donostiarra bajo el lema «Zerbitzu publikoen alde. Murrizketarik ez», el portavoz del sindicato LAB, Juanra Villarubia, acompañado de la portavoz de SAE, Idoia Usón, informó de que las firmas serán entregadas al consejero de Sanidad, Jon Darpón.

Denunciaron que los recortes se ven plasmados «en disminución significativa de sustituciones del personal, aumentos de jornada efectiva o el deterioro de la calidad asistencial que oferta Osakidetza por el consiguiente aumento de las cargas de trabajo y listas de espera».

LAB llevará a la mesa sectorial de Osakidetza, que tendrá lugar hoy, el derecho a la negociación colectiva y la creación de empleo en la sanidad pública.

marzo 4, 2013

¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?

Iturria: Ángeles Maestro / Attac – 2013/03/04

Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual que en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta. Las políticas neoliberales forman parte de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia: drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, instauración de políticas de reducción del déficit —con la correspondiente disminución de presupuestos sociales—, liquidación de derechos laborales y sociales y privatizaciones.

Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.

El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada. En el Estado español este proceso lo inicia el PSOE a mediados de los ochenta coincidiendo con la entrada en la CEE y es continuado por los gobiernos del PP.

El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un porcentaje considerable del PIB (el 7% en 2013).

Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública. El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene su trabajo asegurado, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.

En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo. El Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud. El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo una guía para la preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe fue abortada porque como diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.

Se procedió a la privatización —“externalización”—  de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc. Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza, casi todos subcontratados por constructoras, y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario[1].

En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente de su votación, CC OO emitió un comunicadocongratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS”.

La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.

Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas. CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners, grupo de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública

La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.

Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica.

El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solo un expolio de recursos públicos, es además un crimen. El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el coste.

La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:

  • Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
  • Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
  • Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
  • Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
  • Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.

La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.

La realidad es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.Dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.

Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos: Ni una privatización más, Derogación de la Ley 15/97 y devolución  a manos públicas todo lo privatizado.

[1] Entre otros informes ver: Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Hospital Infection, 49: 109-116. 50

Ángeles Maestro: Médica y Técnica Superior de Salud Pública. Militante de Red Roja

noviembre 9, 2012

Médicos especialistas de madrid convocan huelga indefinida

Iturria: lainformacion.com – 2012/11/09

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha acordado en asamblea iniciar una serie de movilizaciones, entre las que destaca la convocatoria a una huelga indefinida de personal sanitario, que comenzaría a finales del mes de noviembre.

Según informó la entidad, más de 500 médicos acudieron a la asamblea de la asociación, celebrada en el Colegio de Médicos de Madrid, con el fin de debatir la forma de hacer frente a las recientes decisiones tomadas por la Comunidad de Madrid.

A juicio de AFEM, “las medidas anunciadas por el Gobierno regional pretenden desmantelar la sanidad pública madrileña y afectarán directamente a la atención sanitaria de cerca de 1,3 millones de ciudadanos y a la situación laboral de unos 8.000 profesionales”.

Pedro González, presidente de AFEM, declaró en la asamblea que “la situación es tan dramática que o hacemos algo, o dentro de unos años no tendremos sanidad pública para nuestros hijos o mayores. Es una situación extremadamente grave, sobre todo porque detrás de todo ello hay intereses económicos más allá del ahorro de costes”.

Los médicos de AFEM acordaron expresar su “más absoluto rechazo” a las medidas que el Gobierno de Madrid pretende aplicar a los presupuestos sanitarios del próximo año. Considera que “las medidas tomadas por la comunidad madrileña son injustas y absurdas, pues carecen de fundamento técnico”.
“De hecho”, agrega en una nota, “la evidencia científica internacional demuestra que la privatización de la sanidad multiplica los gastos y empeora los resultados en salud. Algunas, como la implantación del euro por receta, afectarán fundamentalmente a los más vulnerables, como ancianos, enfermos crónicos o personas con escasos recursos económicos”.

Ante ello, decidieron iniciar una serie de movilizaciones, incluida la convocatoria de una huelga indefinida a partir de la última semana de noviembre dirigida a todos los médicos de la Comunidad de Madrid y que se hará oficial en próximas fechas.

Además, este colectivo médico invita a representantes de otros colectivos sanitarios, como enfermeras y auxiliares, a sumarse a estas movilizaciones. Asimismo, destaca la importancia del apoyo ciudadano a estas medidas, pues “los principales perjudicados del desmantelamiento del actual sistema sanitario son los pacientes, y pacientes somos todos”, indicó Pedro González.

“AFEM lucha contra las medidas adoptadas por el Gobierno regional, que incluyen la privatización total de seis hospitales, un 10% de los centros de salud y el desmantelamiento de hospitales emblemáticos como La Princesa o el Carlos III, y que se han tomado con improvisación y oscurantismo, sin consultar a los profesionales ni a los ciudadanos afectados”, agrega la nota.

Según Pedro González, “como ciudadanos somos muy conscientes de la situación que atravesamos todos y no queremos ser parte del problema, sino contribuir a su solución. El deterioro de nuestra sanidad lo sufrimos también como usuarios de la sanidad, por lo que nuestro lema es ‘somos médicos, somos pacientes’. Así, nos comprometemos a que nuestras reivindicaciones afecten lo mínimo posible a nuestros pacientes”.

AFEM también expresó su preocupación “por la situación laboral de muchos facultativos que se verán afectados por traslados o por la no renovación de sus contratos el próximo enero, porque estas medidas suponen un profundo paso hacia el desmantelamiento de una sanidad pública de calidad, cuya propietaria es la sociedad en general, no el Gobierno regional”.

noviembre 5, 2012

La privatización de hospitales en Madrid abre un negocio de 400 millones de euros

Iturria: Eldiario.es / Raúl Rejón – 2012/11/02

Las empresas competirán con sus ofertas por la facturación que ofrecerá la atención sanitaria de más de un millón de madrileños

La privatización de seis hospitales madrileños abre un negocio de más de 400 millones de euros para las empresas del sector por la atención sanitaria de más de un millón de ciudadanos. Cuando en septiembre de 2008 el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, realizó una exposición en el Hotel Ritz de la capital acerca de las infraestructuras sanitarias de la región la tituló “Oportunidades de negocio”. El auditorio era una selección de empresarios del sector de la sanidad. Entonces se planteaban cuatro hospitales totalmente externalizados. Durante el año próximo, el negocio crecerá a costa de la privatización de seis hospitales cuya actividad médica pasará de la gestión pública a manos de empresas privadas.

El negocio no es pequeño. Con esta transformación del sistema, compañías como Capio Sanidad, Ribera  Salud, Sanitas, USP-Quirón, DKV, Asisa (todas ellas presentes en centros públicos con gestión privada en España) ven ampliado a golpe de decisión política su mercado potencial. En la Comunidad de Madrid ya existen hospitales dirigidos enteramente por empresas. El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, ha contado que el precio por habitante que pagan las arcas públicas en estos sistemas es de 441 euros. Sin embargo, el convenio que rige en Torrrejón de Ardoz recoge un pago de 571 por habitante y año. En todo caso, con la cifra escogida por el Gobierno de Ignacio González, se abre un negocio de, aproximadamente, 497 millones de euros al año.

El convenio capitativo multiplica la  población asignada al centro hospitalario por un precio anual (luego se le resta los tratamientos que alguno de esos pacientes haya recibido en otros centros). Así, actualmente, el hospital Infanta Leonor de Vallecas en la capital tiene asignados 325.000 vecinos (143 millones), el Infanta Sofia de San Sebastián de los Reyes 300.000 (132 millones), el Infanta Cristina de Parla 120.000 (52 millones), el del Tajo en Aranjuez 65.000 (28 millones), el del Sureste 150.000 (66 millones) y el del Henares en Coslada 170.000 (74,9 millones), siempre aplicando el dato de pago medio.

A ese festín de facturación sólo pueden aspirar empresas con “reconocida solvencia” en la materia como se encargó de recordar el consejero al explicar su nuevo modelo sanitario. En España operan en hospitales públicos diversas compañías como Capio Sanidad (que factura unos 500 millones al año), Ribera Salud -que facturó 380 millones en 2011, el doble que un año antes y reconoció un EBIDTA de 38 millones, también dos veces más-. Estas dos corporaciones gestionan ya hospitales en Madrid. Otras empresas: Sanitas que es la accionista mayoritaria en el valenciano hospital de Manises, DKV, presente en Denia (ambas unidas con Ribera Salud).

Los presupuestos de la Comunidad Madrid incorporan otras buenas noticias para el sector privado en la sanidad pública. Así, otro hospital que funciona por concesión, la Fundación Jiménez Díaz, verá modificado su convenio para asimilarlo a los que se acaban de anunciar (llamado capitativo). Lo dirige Capio y recibió la población del distrito madrileño de Moncloa tras el traslado del hospital Puerta de Hierro desde esa zona a otra población (Majadahonda). Son 116.000 vecinos.

octubre 11, 2012

Limpieza privatizada

Iturria: Gara.net – 2012/10/11

Los representantes de ESK, ELA, LAB, UGT y CCOO del Hospital de Cruces rechazan «la privatización de la limpieza del nuevo edificio de Laboratorios» para los próximos cuatro años. Denuncian que, «a la chita callando», la dirección aprovechó el verano para abrir el proceso de contratación del servicio que termina en diciembre de este año.

Las centrales sindicales critican «el desprecio a las propuestas de trabajadores y sindicatos» y manifiestan que la dirección «ha actuado con una total falta de transparencia y ha optado por una política de hechos consumados».

Por este motivo, han convocado a una concentración para hoy a las 13.30 en la entrada del Hospital de Cruces y el lunes a las 11.45 horas en la entrada del pabellón de Gobierno de este centro.

octubre 10, 2012

ELA pide que adjudicación de transporte sanitario incluya subrogar plantillas

Iturria: ABC.es / EFE – 2012/10/10

ELA exige al Gobierno de Navarra que en el próximo proceso de adjudicación del servicio de Transporte Sanitario (ambulancias) de Pamplona y la zona Norte de Navarra incluya en el pliego de condiciones la subrogación de las plantillas, manteniendo el número actual de empleos.

Asimismo pide el mantenimiento del convenio actual de aplicación, ya que, según explica en un comunicado, la última reforma laboral aprobada facilita la no aplicación de los convenios colectivos o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Antes de conocer oficialmente el condicionado para la adjudicación, ELA ha presentado alegaciones ante el departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

En ellas plantea que la política empleada para la realización de los pliegos, debe de ser garante de la creación de empleo, del mantenimiento de las condiciones laborales de las plantillas, del servicio a la comunidad de un transporte sanitario de calidad y del respeto al medio ambiente

ELA apunta que el actual escenario económico “no debe ser aprovechado para empobrecer la calidad de los servicios públicos” y denuncia en este sentido que la política de las administraciones públicas, a la hora de sacar a concurso cualquier servicio público, esté basada en el ahorro de costes, “resultando ésta en más de una ocasión continúa fuente de conflictos laborales”.

Frente a eso pide que los criterios de adjudicación sean “en mayor porcentaje siguiendo los criterios técnicos que los económicos” y aboga por que la Administración mantenga una actitud informativa y de colaboración con la representación de los trabajadores.

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