Posts tagged ‘defensa de la sanidad pública’

noviembre 9, 2012

Ya son ocho los hospitales de Madrid donde hay encierros de trabajadores

Iturria: Diario Insurgente – 2012/11/09

Los trabajadores de los hospitales Infanta Cristina (Parla), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y del Carlos III de Madrid se han sumado hoy a los encierros contra las medidas anunciadas por el Gobierno regional el pasado día 31, con lo que ya son ocho los encierros en hospitales madrileños.

Los hospitales del Tajo (Aranjuez) y Sureste (Arganda del Rey) se incorporaron ayer a la ola de encierros iniciada hace seis días en el Hospital de La Princesa, mientras que los trabajadores del hospital del Henares (Coslada) y del Infanta Leonor (Vallecas) están encerrados por turnos desde este lunes.

A ellos hay que añadir el Instituto de Cardiología de Madrid, cuyos trabajadores también han decidido hoy en asamblea iniciar un encierro indefinido para frenar el cierre del centro, dependiente del SERMAS, que se ubica en la Ciudad Universitaria y opera en colaboración con el Hospital Clínico San Carlos.

Según ha dicho a Efe un portavoz de los trabajadores del Instituto, que tiene casi 70 años de antigüedad, el director gerente les comunicó “por escrito que el instituto cerrará, los trabajadores fijos serán integrados en el Clínico y los interinos despedidos”.

Tras una asamblea realizada hoy, “una treintena de trabajadores se han encerrado en el aula de reuniones del centro, donde permanecerán por turnos por tiempo indefinido”, según el portavoz.

En el Infanta Cristina de Parla, los trabajadores han acordado en asamblea iniciar hoy el encierro y ya han elaborado “listas con los relevos por turnos y por servicios hasta el lunes”, además de continuar con las concentraciones informativas.

“En principio, el encierro es indefinido, y serán los propios trabajadores quienes decidan hasta dónde quieren llegar”, ha dicho a Efe la portavoz de CSIT en el hospital, Arancha Hernández, que ha cifrado en unas 50 las personas que están ocupando el vestíbulo del centro.

Los trabajadores del Infanta Sofía de ‘Sanse’, han acordado hoy un encierro “en principio de 24 horas pero puede ser indefinido”, tras una asamblea de trabajadores donde también se acordó una recogida de firmas.

Según una portavoz sindical, África Díaz, “casi cien personas se hallan en el salón de actos y se quedarán a dormir, en principio por turnos hasta incluso el fin de semana”, aunque la continuidad dependerán de cuántos trabajadores se apunten.

El Gobierno regional anunció la semana pasada que externalizará la gestión del personal sanitario de seis hospitales: Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo.

En el caso del Hospital Universitario de La Princesa, el Gobierno ha anunciado que dejará de ser un hospital general y se reconvertirá en un geriátrico, mientras que el Carlos III, de alta especialización y referencia nacional en enfermedades infecciosas y tropicales, se transformará en un centro para enfermos crónicos, con estancias hospitalarias medias y largas.

Anuncios
noviembre 9, 2012

En vez de oponerse a la privatización de la Sanidad Pública, el PSOE hace una propuesta para regularla

Iturria: CAS Madrid – 2012/11/09

Recordamos que en mayo de 2009 desde CAS presentamos en el Congreso 500.000 firmas pidiendo la derogación de dicha Ley y ningún grupo parlamentario nos ha recibido aun, lo que muestra el interés real de los políticos por la sanidad pública.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso anuncia una iniciativa para modificar la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que “garantice que toda privatización de un centro o servicio público esté avalada previamente por un instituto independiente”, así mismo, “esta autorización tendría una validez de 4 años con una evaluación anual”. Según el PSOE “esta autorización previa garantizaría a los ciudadanos la calidad asistencial y evitaría la selección de pacientes”.

Ante el total desmantelamiento y la ola privatizadora que el PP ha lanzado sobre la Sanidad Pública, el PSOE, como hizo en 1997 cuando votó a favor de la Ley 15/977 de Nuevas Formas de Gestión, y volvió a hacer en 2009 cuando el gobierno Zapatero pudiendo derogarla no lo hizo, ahora vuelve a ponerse del lado de las empresas y contra las necesidades y los derechos de la población.

Recordamos que en mayo de 2009 desde CAS presentamos en el Congreso 500.000 firmas pidiendo la derogación de dicha Ley y ningún grupo parlamentario nos ha recibido aun, lo que muestra el interés real de los políticos por la sanidad pública.

Fuera políticos y empresas de la sanidad: control y gestión democráticos de los centros sanitarios por parte de usuarios y trabajadores del sector.

Ver noticia completa en alguno de los siguientes enlaces:

noviembre 9, 2012

Médicos especialistas de madrid convocan huelga indefinida

Iturria: lainformacion.com – 2012/11/09

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha acordado en asamblea iniciar una serie de movilizaciones, entre las que destaca la convocatoria a una huelga indefinida de personal sanitario, que comenzaría a finales del mes de noviembre.

Según informó la entidad, más de 500 médicos acudieron a la asamblea de la asociación, celebrada en el Colegio de Médicos de Madrid, con el fin de debatir la forma de hacer frente a las recientes decisiones tomadas por la Comunidad de Madrid.

A juicio de AFEM, “las medidas anunciadas por el Gobierno regional pretenden desmantelar la sanidad pública madrileña y afectarán directamente a la atención sanitaria de cerca de 1,3 millones de ciudadanos y a la situación laboral de unos 8.000 profesionales”.

Pedro González, presidente de AFEM, declaró en la asamblea que “la situación es tan dramática que o hacemos algo, o dentro de unos años no tendremos sanidad pública para nuestros hijos o mayores. Es una situación extremadamente grave, sobre todo porque detrás de todo ello hay intereses económicos más allá del ahorro de costes”.

Los médicos de AFEM acordaron expresar su “más absoluto rechazo” a las medidas que el Gobierno de Madrid pretende aplicar a los presupuestos sanitarios del próximo año. Considera que “las medidas tomadas por la comunidad madrileña son injustas y absurdas, pues carecen de fundamento técnico”.
“De hecho”, agrega en una nota, “la evidencia científica internacional demuestra que la privatización de la sanidad multiplica los gastos y empeora los resultados en salud. Algunas, como la implantación del euro por receta, afectarán fundamentalmente a los más vulnerables, como ancianos, enfermos crónicos o personas con escasos recursos económicos”.

Ante ello, decidieron iniciar una serie de movilizaciones, incluida la convocatoria de una huelga indefinida a partir de la última semana de noviembre dirigida a todos los médicos de la Comunidad de Madrid y que se hará oficial en próximas fechas.

Además, este colectivo médico invita a representantes de otros colectivos sanitarios, como enfermeras y auxiliares, a sumarse a estas movilizaciones. Asimismo, destaca la importancia del apoyo ciudadano a estas medidas, pues “los principales perjudicados del desmantelamiento del actual sistema sanitario son los pacientes, y pacientes somos todos”, indicó Pedro González.

“AFEM lucha contra las medidas adoptadas por el Gobierno regional, que incluyen la privatización total de seis hospitales, un 10% de los centros de salud y el desmantelamiento de hospitales emblemáticos como La Princesa o el Carlos III, y que se han tomado con improvisación y oscurantismo, sin consultar a los profesionales ni a los ciudadanos afectados”, agrega la nota.

Según Pedro González, “como ciudadanos somos muy conscientes de la situación que atravesamos todos y no queremos ser parte del problema, sino contribuir a su solución. El deterioro de nuestra sanidad lo sufrimos también como usuarios de la sanidad, por lo que nuestro lema es ‘somos médicos, somos pacientes’. Así, nos comprometemos a que nuestras reivindicaciones afecten lo mínimo posible a nuestros pacientes”.

AFEM también expresó su preocupación “por la situación laboral de muchos facultativos que se verán afectados por traslados o por la no renovación de sus contratos el próximo enero, porque estas medidas suponen un profundo paso hacia el desmantelamiento de una sanidad pública de calidad, cuya propietaria es la sociedad en general, no el Gobierno regional”.

noviembre 8, 2012

Más caros y más opacos

Iturria: Sergio Fernández Ruiz – Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid /NuevaTribuna.es – 2012/10/29

Recientemente acaba de conocerse el Informe de la Cámara de Cuentas en el que se recoge que el Gobierno de la Comunidad de Madrid incrementó el canon anual de los hospitales semiprivados de la región construidos por el sistema PFI (Iniciativa de Financiación Privada), 1,9 millones de euros anuales y les incrementó además en 4,3 millones la cantidad máxima anual, todo ello sin ninguna publicidad ni recogerlo en la información que se da de las reuniones del Gobierno madrileño.

Parecen necesarias algunas reflexiones:

Primero. Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid venimos denunciando, desde que la Comunidad de Madrid optó por esta formula para construir hospitales, que toda la evidencia disponible en otros países (especialmente en el Reino Unido donde se inició el experimento) señalaba que estos hospitales suponían un importante sobrecoste para la administración pública sin mejoras en la eficiencia y la calidad de su funcionamiento, y en este mismo sentido estaba lo referido en el Informe publicado por la OMS. El Gobierno madrileño sin embargo se empecinó en poner en marcha estos hospitales, supuestamente para mejorar la gestión y la eficiencia.

Segundo. En la Comunidad de Madrid, se da el caso que las entidades constructoras de unos hospitales cuyo coste de construcción fue de 676 millones de euros habían recibido a finales de 2011 oficialmente 683 millones de euros (es decir más del precio de construcción) y la Comunidad de Madrid, mas bien todos los madrileños, les adeudamos al menos 4.284 millones de euros, cantidad que puede ser sustancialmente superior porque los contratos prevén actualizaciones anuales. Como se ve un negocio redondo.

Tercero. Tal y como ahora de conoce, estos centros están recibiendo con carácter extrapresupuestario aportaciones suplementarias que escapan al control público y que suponen inyecciones de dinero, que en plena crisis solo pretenden mejorar la rentabilidad de unas empresas ya de por si altamente rentables (en 2011 se quejaban las concesionarias de que su tasa de beneficio había bajado de la prevista del 11% al 9% ) .Ya les gustaría a la mayoría de las empresas españolas estar en esta situación en medio de la crisis.

Cuatro. Además, hay que tener en cuenta que estos centros tienen un presupuesto diferenciado para la parte de gestión pública de los hospitales y que los análisis clínicos están externalizados en un macrolaboratorio privado y la radiología en una empresa pública con su propio presupuesto lo que hace aún mas opaco el gasto real de los centros y oculta su elevado coste.

Cinco. Conviene recordar que la única ventaja teórica de estos hospitales, el incrementar las camas hospitalarias de la Comunidad de Madrid, tampoco se ha hecho efectiva porque su apertura ha venido acompañada del cierre de camas en los hospitales tradicionales, con lo que Madrid continua por debajo de la media de camas/1.000 habitantes de España (3,06 versus 3,3) y muy lejos del promedio de la Unión Europea (5,5).

Finalmente, decir que estos sobrecostes para asegurar los beneficios de las empresas privadas han supuesto un estrangulamiento de los presupuestos de los hospitales de gestión tradicional (mas de un 11% de disminución presupuestaria en los dos últimos ejercicios) lo que deteriora la calidad asistencial, pese a lo que siguen siendo los elegidos por la mayoría de la población ante un problema grave de salud. Un buen ejemplo de los recortes de la Comunidad de Madrid es el reciente ERE a la agencia Laín Entralgo, el cierre de los centros de drogodependencias, etc, recortes que vienen provocados porque en un entorno de insuficiencia presupuestaria se produce una restricción de fondos y se mantienen los aportes a los centros privados y semiprivados.

En resumen, estamos ante un impresentable intento de ocultación de los exorbitantes costes de los centros de gestión privada y semiprivada y el fracaso de la política privatizadora. Por ello es necesario que se reconduzca la situación mediante la recuperación del control de estos hospitales por parte de la Administración Pública lo que normalizaría sus costes y permitiría una mejora de la Sanidad Pública madrileña.

octubre 18, 2012

Hacia un sistema de salud inhumano

Iturria: diarioinformacion.com / Begoña Beviá Febrer – 2012/10/05

La constitución de la Organización Mundial de la Salud estipula que: “La posesión del mejor estado de salud que se es capaz de alcanzar constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, cualesquiera que sean su raza, religión, sus opiniones políticas, su condición económica o social”. Sin embargo, la crisis generada por la especulación está propiciando una intensificación del desmantelamiento de los servicios públicos de salud.

El Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes en el ámbito de la sanidad es el instrumento que da forma legal a este último ataque. Con este, desaparece el derecho a una atención universal. Del derecho a la protección de la salud se pasa a la necesidad de pagar un seguro para poder ser atendido. Diversos colectivos quedan fuera de la posibilidad de recibir atención o con la posibilidad de recibirla pero de una forma muy precaria.

En segundo lugar, el RD 16/2012 hace desaparecer la gratuidad en el acceso a la asistencia. Se pasa de pagar por medio de los impuestos a introducir el pago individual, con la lógica de ir reduciendo el papel de los primeros. La vía del pago por medio de los impuestos directos de todos permite garantizar que todos y todas tengamos derecho a las mismas prestaciones, con independencia de nuestros ingresos. Este es un principio ético clave de equidad en el acceso a la asistencia. Con el RD 16/2012 se introduce el cobro por prestaciones y aumenta el pago por medicamentos. El objetivo es restringir la asistencia a una básica “gratuita”, equivalente de lo que se ha conocido como “beneficencia”, y una asistencia de pago. Este pago ya se ha introducido en el transporte no urgente, las prótesis, los productos dietéticos, así como en las medicinas.

Al quitar la universalidad y la gratuidad de la asistencia se disminuye el acceso a la sanidad y el nivel de salud que se puede alcanzar. El resultado son personas cuya muerte podría haber sido evitada. Por ello, el RD 16/2012 así como las legislaciones previas que privatizan la sanidad deben derogarse.

El ataque al modelo sanitario público se justifica por medio de la necesidad de contener el gasto y de la mayor eficiencia de la empresa privada. Se nos dice que “hemos gastado por encima de nuestras posibilidades” cuando la realidad es que el gasto sanitario público en el Estado español es del 6,5% del PIB mientras que la media de la UE-15 es del 7,3%, y que se gasta por habitante y año por debajo de la media de los países de la OCDE.

Se nos dice que la empresa privada es mas “eficiente” que el servicio público. La realidad es que los sistemas sanitarios en donde hay mayor presencia de la empresa privada son los más caros. Hemos de pensar que las empresas que gestionan la sanidad privada y las concesiones son empresas como Bankia o la CAM, que han tenido que ser rescatadas con dinero público por su mala gestión.

Medidas como el copago, los recortes y la privatización se acompañan de una campaña ideológica. Para los responsables políticos la protección de la salud deja de basarse en la mejora del nivel general de bienestar pasando a ser interesadamente entendida como una responsabilidad individual (la persona es culpable de sus enfermedades). Sin embargo, la evidencia nos dice que el nivel de empleo o de salario son factores clave de la salud física y psicológica de la población. Si una persona tiene pocos ingresos puede recurrir a comer comida basura, con lo que pueden aumentar sus niveles de colesterol y de tensión arterial, así como la probabilidad de padecer un infarto. Por otra parte, los responsables de sanidad del Gobierno central y autonómico han contratado “expertos” para hacernos creer que las enfermedades crónicas -las cuales resultan caras para las empresas aseguradoras- no son reales. Así, recientemente, el coordinador de la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Cronicidad declaró que “a las personas que sufren patologías crónicas hay que evitar etiquetarlas con la palabra enfermoÉ tienen un problema más social que sanitario”.
Por último, sabemos que hay dinero, pero que no se invierte bien. Sabemos que el dinero de todos entregado a la banca hasta el momento equivale a tres veces el gasto público en sanidad y que el dinero que pagaremos por los intereses de la deuda en el 2013 supera el del salario de todos los empleados públicos. La política de transformar un déficit privado de bancos y empresas en una deuda pública impagable nos hunde en el paro, y en la pérdida de unas condiciones dignas de trabajo, de estudio y de vida, factores los cuales, a su vez, influyen sobre la pérdida de la salud. Si no pagamos esta deuda ilegítima, salvaremos de una condena a muerte a miles de personas.

octubre 16, 2012

La sanidad pública, en almoneda

Iturria: Enric Llopis / Rebelión – 2012/10/16

Los gobiernos del PP promueven la sanidad pública de gestión privada como paso previo a la privatización total del modelo

Sanidad pública, educación pública y servicios sociales hace tiempo que se han convertido en negocios privados al alza. En el caso de la sanidad, con el País Valenciano y Madrid como grandes paradigmas. Un pomposo discurso que vende las bondades del “Modelo de colaboración público-privado”, en el que supuestamente las empresas privadas ofrecen una mejor gestión, mayor eficiencia económica y el estado continúa teóricamente garantizando los mismos prestaciones y servicios que en la sanidad pública, envuelve una ofensiva que aspira a un cambio radical de modelo, que tiene a los Estados Unidos (atención sanitaria al ciudadano en función de su renta, lo que deja a mucha gente fuera del sistema) como gran referente. Diferentes gobiernos autonómicos, sobre todo del PP, se aplican a materializar este cambio de paradigma.

Un mero vistazo a la evolución del marco jurídico ya permite intuir algunos de estos cambios. La Ley General de Sanidad (1987) permitía la participación del sector privado (preferentemente a través de entidades sin ánimo de lucro, que podían concertar determinados servicios con la Administración) en los ámbitos que no alcanzara la cobertura de la sanidad pública. La Ley 15/97, actualmente en vigor, modifica la legislación anterior y abre la puerta a las empresas privadas en la gestión de la sanidad pública. Las legislaciones autonómicas incorporan posteriormente este principio, que ha dado lugar a la coexistencia de centros sanitarios públicos (con una progresiva privatización de sus servicios), centros estrictamente privados y, por último, centros públicos que, por concesión administrativa, son gestionados por operadores privados, lo que en la práctica no supone sino un proceso gradual de privatización de la sanidad pública.

El País Valenciano constituye un buen observatorio de este proceso. En el año 1997 se abre la veda (En 1995 el PP accede al gobierno en el País Valenciano, de la mano de Eduardo Zaplana). De manera progresiva, y partiendo de una estrategia premeditada (que públicamente nunca se reconoce), comienza la privatización de determinados servicios públicos (limpieza, cocinas hospitalarias y ambulancias, entre otros) en los centros sanitarios . También se ponen en manos del sector privado las resonancias magnéticas de los hospitales públicos, pese a los informes que acreditaban que el servicio público tenía un coste menor. En 2000 tiene lugar el segundo gran hito: se pone en marcha el Hospital de la Ribera (en el municipio de Alzira), que representa el primer gran ejemplo de privatización de la sanidad pública en el País Valenciano.

¿En que se basa el modelo Alzira , es decir, hospitales públicos de gestión privada? La Administración pública otorga una concesión mediante concurso, 15 años en el caso del Hospital de la Ribera, a una empresa privada (Ribera Salud) que se compromete a la construcción del centro hospitalario, ponerlo en marcha y gestionarlo. El gobierno autonómico paga a la empresa por los costes de estos conceptos. Así, sólo por la gestión sanitaria del Hospital de la Ribera, la Conselleria de Sanitat ha de abonar en 2012 cerca de 640 euros por habitante y año. Pero la clave radica en un modo de financiación paralela, sobre el que muy poco se sabe, y que permite a la empresa concesionaria incrementar los ingresos e intentar asegurarse la rentabilidad del negocio: la derivación de pacientes. Ciudadanos (en listas de espera o que requieren pruebas de diagnóstico) adscritos a centros hospitalarios de otras comarcas (por ejemplo, de Alcoi o Gandía) son derivados al Hospital de la Ribera, para que, gracias al dinero público (que siempre paga la atención a los pacientes en este modelo), cuadren los números .

¿Qué hay en el trasfondo de este modo de proceder? ¿Por qué otorgar tanta prioridad a un solo centro hospitalario? El modelo Alzira representa uno de los grandes buques insignias del PP valenciano, es decir, una apuesta política de gran calado que ha de salir bien al precio que sea. Por eso el Gobierno Valenciano rescató la concesión del hospital y, en 2002, sacó un segundo concurso para que la iniciativa de Ribera Salud fuera rentable. A la empresa se le concedió en concurso la posibilidad de prestar la atención primaria, lo que le permitía controlar el gasto en todo el proceso asistencial, aumentar su volumen de negocio y sanear sus cuentas (en el primer concurso sólo se le adjudicó la atención especializada); la Conselleria de Sanidad pasó de pagar 240 euros por habitante y año a 420. A ello hay que agregar otras ventajas: se garantizan en La Ribera determinados servicios (radiodiagnósticos y anestesistas permanentes para las epidurales de los partos, entre otros) que, deliberadamente, no se prestan en centros públicos, en una decisión de carácter mucho más político que sanitario.

Ya desde los orígenes la estrategia estaba perfectamente diseñada. Por ejemplo, las áreas quirúrgica y de diagnóstico del Hospital de la Ribera contaban con unas dimensiones desproporcionadas para las necesidades de la comarca de la Ribera (ámbito de cobertura). Se tenía en vista, desde la fase de diseño, la derivación de pacientes y la financiación paralela. Otros hospitales que siguen el modelo público de gestión privada, como los de Dénia o Manises, no pueden, por razones de la mayor competencia en el sector, realizar estos desvíos de pacientes, y en consecuencia se hallan actualmente en situación de apuro económico.

Según el portavoz del área de Salud de Intersindical Valenciana, Rafael Reig, “no hay ninguna prueba empírica de que este modelo resulte más barato que la sanidad pública; en primer lugar, existe mucha opacidad informativa; pero, además, si fuera rentable nos lo venderían todos los días; tampoco se ha constatado una mejora en la calidad de la asistencia, ni se ha terminado con las listas de espera; hay casos en los que se ha dado cita para una operación de menisco al cabo de un año”. Asimismo, “a la empresa que gestiona el Hospital de la Ribera se le dan otras ventajas: es la Seguridad Social la que paga los materiales y medicamentos; por no hablar del trato al personal laboral: un trabajador con un salario equivalente al de otro de la sanidad pública tiene una jornada laboral un 20% superior”, explica el sindicalista.

El País Valenciano cuenta actualmente con cinco hospitales públicos de gestión privada, en los municipios de Alzira, Dènia, Torrevieja, Manises y Elx. A ellos se les sumarán próximamente los de Llíria, Gandía y Torrent (el número de hospitales públicos de referencia y comarcales se eleva a 18). ¿Quién está detrás de estos centros, agraciados por la concesión pública? En todos los casos, un consorcio formado por un socio capitalista y una compañía de seguros, a los que pueden agregarse otros socios menores (algunas veces constructoras o empresas del ladrillo ). En el accionariado de Ribera Salud están representados, con la mayoría de los títulos, Caja Mediterráneo (CAM), ahora en manos del Banco de Sabadell, Bankia (que pretende deshacerse de su capital en la empresa) y la aseguradora Adeslas; también, aunque con un porcentaje menor, la promotora Lubasa y Dragados y Construcciones. En hacerse con el capital de Bankia han manifestado su interés el Banco de Sabadell, la multinacional sueca Capio Salud y un grupo inversor de Juan Roig, propietario de Mercadona.

En todos los hospitales de estas características en el País Valenciano, Ribera Salud participa del negocio, aunque de manera compartida con diferentes aseguradoras privadas: DKV en Dènia; Asisa en Torrevieja; Sanitas en Manises y Asisa en Elx. Todo parece estar muy bien repartido. ¿Por qué razón? “El sector privado sanitario ha sido hasta hace poco testimonial en el País Valenciano; dicho de otro modo, no tenía capacidad suficiente para asumir la gestión de la sanidad en su conjunto, que es realmente el objetivo político del PP; lo que se está haciendo es introducir a las empresas privadas con experiencia en gestión sanitaria en la sanidad pública, parasitándola, pero gradualmente, haciendo tiempo para que el sector privado vaya ampliando su volumen de negocio y adquiriendo la infraestructura necesaria; el fin es poder gestionar finalmente toda la sanidad pública; el final de la hoja de ruta es el modelo norteamericano”, explica Rafael Reig.

En este proceso hay un elemento decisivo: cerca del 50% del gasto en la gestión privada de los hospitales procede del capítulo de personal; y es en este punto donde las empresas ponen el foco. Las empresas aspiran fundamentalmente, y lo afirman bien a las claras, a la gestión del personal. “Si ganan dinero es porque reducen plantilla y recortan en gasto corriente, material sanitario y servicios al usuario”, asegura el portavoz de Intersindial valenciana. Además, las empresas se aprovechan de la situación de asfixia económica de la Generalitat: el Gobierno Valenciano ha tenido que renunciar al pago anual que pretendía cobrar a las empresas adjudicatarias, que además seguramente controlarán totalmente a medio o largo plazo la gestión del personal.

Por lo demás, estos centros públicos de gestión privada no son, ni mucho menos, exclusivos del País Valenciano. Al frente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre los ha promovido hasta el punto de que todos los nuevos hospitales públicos son de estas características; por ejemplo, el Hospital Infanta Elena (Valdemoro); el Hospital de Henares (Coslada); Hospital Sureste (Arganda del Rey); Hospital del Tajo (Aranjuez); Hospital Infanta Cristina (Parla); Hospital Infanta Leonor (Madrid), Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda). Frente al modelo valenciano, sin embargo, los centros hospitalarios promovidos por la lideresa mantienen la gestión pública del personal sanitario (no el resto de los ámbitos de gestión).

Otro factor añadido a la presión de los negocios privados sobre la sanidad pública es el final de la burbuja inmobiliaria , y la necesidad de reorientar los capitales hacia nuevos nichos de inversión. En muchos casos, las empresas constructoras de obra pública y del ladrillo se anticiparon a la crisis y empezaron a invertir en hospitales, en una tendencia que continúa hoy. Además de Lubasa y Dragados y Construcciones, con presencia en el Hospital de la Ribera, Acciona se halla entre los accionistas de la empresa que gestiona el hospital de Torrevieja; Son Espases, el mayor centro hospitalario de Palma de Mallorca, está participado en un 49,5% del capital por Iridium, del grupo ACS (la constructora de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid); el Hospital de Torrejón tiene entre sus accionistas a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Globalvia Infraestructuras y al Grupo constructor Alpine; Dragados y FCC también están presentes en el Hospital de Son Dureta (Palma de Mallorca), entre otros ejemplos.

En toda esta maraña de intereses empresariales tampoco faltan las conexiones políticas. Algunas muy notorias. En el accionariado de Capio Salud (multinacional sueca que en el estado español controla o participa en la gestión de 28 centros sanitarios), figuran personajes como el exministro de Economía y expresidente del FMI, Rodigo Rato, y el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela; familiares de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; y Teresa Echániz Salgado, hermana del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado; Por otra parte, el actual conseller de Sanitat de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, alcanzó este cargo tras dirigir la patronal catalana de hospitales. También trajo cola la privatización en el País Valenciano del servicio de resonancias magnéticas de los hospitales públicos, del que se beneficiaron empresas de Carlos Paz, íntimo amigo de Eduardo Zaplana (expresidente del Gobierno Valenciano) y del diputado autonómico del PP, Luis de la Concepción.

Actualmente, nos hallamos en la primera fase de la hoja de ruta neocon aplicada a la salud, resume Rafael Reig. “Los poderes públicos todavía garantizan el derecho a la salud, es decir, la atención sanitaria gratuita; pero la prestación de servicios y la atención a los pacientes está poniéndose paulatinamente en manos del sector privado; en una segunda fase se pretende la privatización absoluta de la salud; que la atención sanitaria dependa del poder adquisitivo; ¿Qué es, si no, el copago ?”, se pregunta.

Por lo demás, “la atención sanitaria pública, universal y de calidad es un derecho ciudadano, independiente de la condición social o lugar de residencia. La progresiva aplicación de políticas neoliberales, que desmantelan el Estado del Bienestar y favorecen la privatización de la sanidad, daña nuestra salud y aumenta la desigualdad. Como si fuera una mercancía más, la sanidad pública está en venta : se cierran centros de atención primaria, urgencias y quirófanos, aumentan las listas de espera, se amplía el repago…La ciudadanía debe saber lo que nos jugamos: perder un derecho esencial conseguido tras largas luchas sociales”, concluyen Carles Muntaner, Clara Valverde, Gemma Tarafa y Joan Benach en el libro “La sanidad en venta” (Icaria).

septiembre 12, 2012

Gobierno foral expulsa a pacientes para ‘maquillar’ las listas de espera

Iturria: ABC.es / EFE – 2012/09/11

El sindicato ELA ha asegurado que el Gobierno foral pretende “expulsar” a pacientes para “maquillar” las listas de espera en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, “a la par que se aumenta la jornada” al personal de este organismo.

ELA denuncia en un comunicado que eliminar a pacientes y ampliar la jornada y modificar el horario del personal “no es la solución al problema de las listas, y mucho menos el camino a una sanidad pública de calidad”.

El Gobierno de UPN, considera el sindicato, “siempre ha intentado maquillar las cifras de lista de espera, derivando pacientes a centros privados, con las peonadas o ahora quitando gente de las mismas, siempre bajo la política de desmantelamiento del sector público y en favor de lo privado”.

Por estos motivos, ELA exige al Gobierno de Navarra que “fomente la red sanitaria pública, con un mayor gasto que permita garantizar una atención médica de calidad, la cual es imposible sin unas condiciones laborales dignas”.

septiembre 6, 2012

Osakidetza suspende el tratamiento de logopedia a los niños con prótesis auditiva

Iturria: Deia.com – 2012/09/06

RERCORTES EN LA SANIDAD VASCA

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de los Sordos presenta una queja al Ararteko

Aunque desde el Gobierno López se viene presentando a Osakidetza como la punta de lanza de la oposición a los recortes sociales que está llevando a cabo el Ejecutivo de Rajoy en Sanidad, la realidad es que son bastantes los colectivos, tanto de profesionales sanitarios como de pacientes, que ven cómo también en Osakidetza se suspenden prestaciones de las que han disfrutado hasta hace bien poco.
Uno de estos colectivos es la Federación Vasca de Asociaciones de Padres/Madres y Amigos de los Sordos (FEVAPAS) que ha elevado una queja al Ararteko en la que cuestiona la asignación de las ayudas de logopedia para los niños y las niñas con discapacidad auditiva.

La Federación censura que Osakidetza haya suspendido el tratamiento de logopedia para los niños y niñas con implante coclear una vez cumplidos los seis años, pero sobre todo se quejan amargamente de que desde la sanidad pública vasca hayan dejado sin logopedia a los pequeños con prótesis auditiva que no precisan de implante.

“El tratamiento en los primeros años de vida es un elemento fundamental en la prevención de la sordera y en los posibles efectos permanentes en el desarrollo del lenguaje. No entendemos el motivo por el cual Osakidetza reduce la logopedia a los menores con implante coclear hasta los seis años. La rehabilitación de estos pacientes exige un seguimiento específico en la puesta en marcha del implante y un tratamiento ininterrumpido y sistemático, que precisa ser realizado por un profesional”, explica a DEIA, Blanca Markinez, trabajadora social de Aspasor, la organización alavesa.

Distintos criterios En la Federación de Asociaciones señalan que existen distintos criterios en los tres territorios, pero que es en Araba donde la situación es más preocupante. “En Bizkaia, la situación es similar a la nuestra, pero en Gipuzkoa es la propia Asociación la que presta el servicio de logopedia por lo que tienen más capacidad de actuación y de prolongar las terapias tanto cuanto necesiten los niños”, añade Markínez.

Desde las Asociaciones muestran su inquietud porque la edad en la que un paciente es implantado va a depender de la decisión y criterio del otorrino asesorado por el resto de profesionales, la familia y la evolución del menor. “Puede suceder que se retrase el implante hasta los 4 ó 5 años y solo se beneficie unos meses o un año del tratamiento. Esto no tiene mucho sentido ya que la suspensión de los tratamientos de logopedia deben ir en función del modo en que el niño va evolucionando en el lenguaje”, advierte Markinez, quien se refiere a la clara discriminación que sufren los pequeños con problemas auditivos según el territorio donde vivan, “aunque donde peor están es en Araba y eso que solo hay siete pequeños que precisan estos tratamientos”, zanja.

En esta línea, los especialistas consideran que una dotación de prótesis auditiva debe ir acompañada de una estimulación en el área del lenguaje. “A Osakidetza el tema de la logopedia le desborda; le resulta muy complicado su control y creen que ha existido cierto abuso en pacientes con otras dolencias. Para poner fin a esta situación, en lugar de mejorar el control, han decidido reducir al máximo esta prestación; los criterios que utilizan son un desastre”, reconocen a DEIA.

Lo que dice Osakidetza ¿Qué argumenta Osakidetza para restringir la logopedia a estos pacientes? “En los niños con prótesis auditivas señala que es un tema social al no existir una intervención quirúrgica y que son las instancias sociosanitarias las que deben ocuparse de su asistencia.”, apuntan desde la Federación de Asociaciones. “Sobre la suspensión del tratamiento una vez cumplidos los seis años, Osakidetza asegura que a partir de esa edad la logopedia debe ser una competencia del sistema educativo”, recalca Blanca Markinez, al tiempo que muestra su malestar por esta situación, “sobre todo porque Osakidetza corre con los gastos de los implantes y de las prótesis auditivas; todos los profesionales saben que las dos intervenciones médicas deben ir acompañadas de rehabilitación en el lenguaje. Si no es así, los resultados serán muy reducidos”, remacha.

septiembre 3, 2012

Desmontando mentiras sobre la reforma sanitaria

Iturria: yosisanidaduniversal.net

“Este Real Decreto-Ley afecta solamente a los y las inmigrantes sin papeles. No va a afectar a las personas españolas.”

El Real Decreto-Ley  deja sin cobertura sanitaria a los siguientes colectivos:

1. Inmigrantes irregulares sin permiso de residencia en vigor.

2. Ciudadanía de paises de la Unión Europea, del espacio económico europeo o de SUIZA que no sean residentes en España o Ascendientes de dicha ciudadanía.

3. Ciudadanía española y extranjera con permiso de residencia, mayor de 26 años, que no hayan percibido nunca prestación por desempleo y que tengan rentas superiores a una cantidad anual aún por determinar. Entre los que se encuentran los siguientes colectivos:

  • Estudiantes universitarios/as con becas no sujetas a cotización pero sí a IRPF.
  • Personas que no han conseguido su primer empleo.
  • Personas divorciadas que no están a cargo del excónyuge.
  • Personas separadas de parejas de hecho no formalizadas.
  • Personas discapacitadas en grado inferior al 65%.
  • Personas pertenecientes a población nómada.
  • Profesionales liberales.

“Esta reforma afectará a aquellas personas que no pagan impuestos, porque no contribuyen a las arcas de la Sanidad Pública”

Lo más grave de esta  reforma sanitaria es precisamente que pasa de un sistema universal de derechos de las personas, basado en valores como  la solidaridad social (“Me puedo quedar en el paro”, “Me puedo poner enferma estando en el paro”, “Hoy por ti, mañana por mí”) y de justicia social (“Todas las personas tienen derecho a educación y sanidad”, “Garantizar derechos a todo el mundo es la mejor manera de generar una sociedad mejor”) a un pretendido sistema en el que cada persona recibe lo que paga, y debe justificar que es “asegurado/a”, que tiene un seguro que le cubra ante la posibilidad de estar enferma/o o necesitar cuidados de salud. El retroceso en derechos ciudadanos es abrumador, sin  que se vaya a generar un ahorro importante.

Además, ni siquiera es cierto que cada persona vaya a contribuir pagando la sanidad con sus cotizaciones, porque la sanidad pública no se paga con dichas cotizaciones a la Seguridad Social sino que se costea con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que se pagan con el total de los impuestos, incluidos todos los indirectos también.

Estas frases tratan de alentar la insolidaridad social, sugiriendo que “alguien” (inmigrante, pobre, parada, extranjero, etc.) se aprovecha de las personas que cotizan.

“Privatizar garantizará la calidad en la gestión”

Como ya se demuestra en otros países tales como EEUU, una Sanidad que gestione personas aseguradas y no pacientes abre la puerta a diferentes tipos de aseguramiento y, por ello, diferentes calidades de atención sanitaria en función de las posibilidades económicas. Y a unos elevadísimos gastos de tramitación e intermediación. Además es conocida la tendencia en dichos sistemas de aseguramiento a aumentar las diferencias sociales en salud y al aumento de la carga de sufrimiento (enfermedad y muerte) entre sectores de población y clases sociales desfavorecidas o en riesgo de exclusión social.

“Echániz dice que el sistema sanitario está en ‘situación de riesgo vital grave’ por culpa de los socialistas”, “Con la reforma se ahorrarán 7.000 millones de euros”

El Sistema Nacional de Salud  español es perfectamente sostenible. Es un falso debate que pretende justificar las medidas basándose en una política del miedo.Lo que se pretende es un cambio del modelo de Servicio Sanitario Público conseguido durante muchos años de lucha por la sociedad en su conjunto (ciudadanía, trabajadores/as sanitarios y no sanitarios, etc.)

En realidad:

  1. Es uno de los mejores y más eficientes sistemas sanitarios del mundo según la mayoría de las valoraciones de instituciones expertas y organismos internacionales.
  2. El gasto sanitario público esta en un 6,2 del PIB y es uno de los más económicos de la Unión Europea. Para mantener y mejorar la salud de cada ciudadano/a del Estado Español se dedican 1250 € por persona y año. Esto es claramente sostenible.
  3. El déficit económico en el Sistema se debe fundamentalmente a la infra-financiación crónica y persistente, y a la mala gestión del Sistema por los diversos Gobiernos, y a la ausencia de control y participación ciudadana.
  4. Existe margen de mejoras en el funcionamiento del Sistema Sanitario Público, sin cambio de las características esenciales como el acceso universal, la atención integral a los problemas de salud y el enfoque de promoción de la salud y prevención
  5. El objetivo no es hacer un sistema sostenible sino privatizable. Esto les permite nuevas oportunidades de negocio.

Además, el actual Gobierno del Partido Popular alega que el sistema sanitario no es sostenible y que, en consecuencia, se aprueban una serie de medidas urgentes para garantizar dicha sostenibilidad, argumentando que ello se debe a la mala gestión del gobierno anterior del Partido Socialista, sin contar con su propia contribución a dicha situación.

“Las circunstancias mandan”, “La atención sanitaria española es más cara que en otros estados del entorno”, “No hay dinero”

El gasto sanitario público por persona y año, en poder paritario de compra, es de 2.049 dólares frente a 2.870 dólares de media en la Unión Europea (inferior con más de un 28% de diferencia).

¿No hay dinero?

La Banca, según la Asociación Española de Banca, en 2011 sólo pagó en impuestos el 14,5% de sus millonarios beneficios, y en 2010 sólo el 22,8%, menos que la inmensa mayoría de los y las trabajadoras y que numerosas pensionistas.

Las personas detrás de las grandes fortunas del pais ganaron un 6% más en 2011 que en 2010, el peor de los tres años de crisis, cuando el número de personas en paro supera los 5,6 millones de personas según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2012 y el poder de los salarios está disminuyendo.

El fraude fiscal alcanza el 25% del PIB (90.000 millones de €) –somos la 10ª potencia mundial en fraude-. Si el fraude se persiguiese sólo como en la Unión Europea, se ingresarían más de 40.000 millones de €. No habría crisis.

Se ha aplicado una amnistía fiscal al fraude y se han mantenido las rebajas del Impuesto de Sociedades, cuando más de 12,5 millones de personas en el Estado están en riesgo de pobreza y exclusión social (el 26,7% de la población).

“El Real Decreto Ley 16/2012 se hará efectivo a partir del 31 de Agosto de 2012”

Su ejecución se hace de forma escalonada para las distintas medidas que se han aprobado:

  1. Con respecto al acceso al Sistema se reintroduce la clasificación de personas aseguradas y no aseguradas desde el principio pero se escalona su aplicación para preparar todo el aparato administrativo que se necesita. La expulsión del Sistema Sanitario se hará efectiva el 31 de agosto a quién no tenga la documentación en regla. En la comunidad autónoma de Madrid existe ya una circular interna destinada a que el personal estatutario deje de tramitar las tarjetas de “personas sin recursos” a inmigrantes no comunitarios/as sin tarjeta de residencia. Esto se traduce en que aquellas personas a las que esta tarjeta se les ha caducado, ya no están recibiendo efectivamente la tarjeta sanitaria  y por lo tanto su acceso a los distintos servicios de salud está siendo menoscabado. Tanto es así, que los y las responsables de la Comunidad se han visto obligados a emitir circulares a los hospitales recordándoles que deben seguir atendiendo a estos pacientes hasta el 31 de Agosto. Incluso después de ésto, en los hospitales de gestión privada se siguen poniendo impedimentos para tratamientos tales como VIH, oncológicos y diálisis. ¿Qué va a pasar con estas personas enfermas después de esa fecha?
  1. El 1 de julio del 2012 se empieza aplicar el “repago” en los medicamentos y otras prestaciones complementarias a todas las personas aseguradas y beneficiarias según su nivel de renta y/o pensión.
  1. La fijación de las prestaciones sanitarias que la ciudadanía va a poder recibir se empezará a aplicar en los próximos meses (julio-agosto 2012) según vayan siendo aprobadas.
  1. Limitación de la cartera de servicios. Se establecen tres categorías: prestaciones básicas -que serán gratuitas-, suplementarias y accesorias, que conllevan copago tanto para población activa como para pensionistas. Las prestaciones básicas van a ser redefinidas siguiendo el carácter restrictivo de las políticas gubernamentales. Pagar según renta conlleva un aumento del coste burocrático, que varias fuentes expertas han valorado entre 500 y 900 millones de €, cuando para discriminar las aportaciones de cada persona según la renta ya existe el IRPF.

“La Reforma busca la equidad y mejor eficiencia del sistema”

Se espera que, con todas las medidas tomadas en estos años y el RD 16/2012, se ocasione un aumento de las desigualdades sociales en salud y los problemas en la población, confirmado en múltiples informes y estudios internacionales. Se especifican a continuación:

  • Aumento de la morbi-mortalidad de la población por deterioro condiciones de vida, aumento de la pobreza, la marginación y de hábitos insalubres.
  • Aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas.
  • Aumento del sufrimiento, y agravamiento de patologías mentales, tales como ansiedad, depresión, suicidio, etc.
  • Aumento de los efectos adversos del sistema sanitario en la población (yatrogenias, errores, listas de espera aún más prolongadas) y del deterioro de la calidad de la atención sanitaria.
  • El deterioro de las condiciones laborales y aumento de la precariedad en el empleo es productor de enfermedad.
  • Y con el RD también se aumenta el riesgo de exclusión de la cobertura sanitaria.

En conclusión, y al contrario a lo que nos dicen, con el RD se genera un sistema menos eficiente en salud y mucho más injusto.

La ciudadanía estará menos segura pues las circunstancias por las que en el futuro se pueda tener o no derecho al “aseguramiento” podrán ser modificadas, al suponer todo lo expuesto un intento de  hacer desaparecer el sistema universal de protección.

“La población migrante abusa de la Sanidad. Todo el mundo viene a los hospitales españoles y eso no puede ser”

Varios estudios demuestran que el perfil de inmigrante en España es una persona joven y con buena salud, que realiza un uso mucho menor de la sanidad que la población española.

En lo referente al llamado “turismo sanitario” (que corresponde a un perfil de inmigrante procedente de países de la Comunidad Europea), aparte de ser un fenómeno minoritario, se debe sobre todo a la incapacidad de las administraciones para registrar y facturar la atención prestada a la ciudadanía de la UE cuando visitan España. Es interesada la confusión con el resto de las/los migrantes, alentando sentimientos xenófobos.

“NO tendrán tarjeta pero sí asistencia ‘básica’, como en el resto de la UE. No es ninguna violación de derechos de asistencia y ningún problema de salud pública”

Los y las inmigrantes no regularizados/as sólo tendrán derecho a la asistencia de urgencias.

La consecuencia evidentes serán la saturación de las urgencias por motivos “no urgentes” al no existir otro cauce de atención para la población inmigrante enferma. Por otra parte, las enfermedades y su transmisión no entienden de papeles, pudiendo provocar esta irresponsable política del gobierno verdaderos problemas de salud pública.

Nuestro Sistema Sanitario estaba considerado a nivel internacional (Derechos Humanos de los Migrantes en la ONU) como un sistema que garantizaba una buena asistencia a este grupo de población y un modelo a imitar. Con este RD retrocedemos claramente. El que la totalidad de la población no tenga acceso a la medicina preventiva, y sólo a la de emergencia, supone un error en la gestión de la  Salud Pública, al dejar de hacerlo de forma global e igualitaria.

De nuevo,  mencionar el hecho de que la emergencia es más cara que la atención ordinaria y no permite atender los mismos contenidos, deja fuera la imprescindible prevención, y está orientada a la atención urgente, necesaria por supuesto, pero es sólo una parte de la atención a la salud y la enfermedad. Y se deteriorarán las prestaciones de los servicios de urgencias para ser sobrecargadas con demandas de atención en servicios que no están preparados para ello.

Es absolutamente  falso que se conserve para las personas “no aseguradas” una asistencia sanitaria básica. Y se producirán deterioros por esta medida en los servicios sanitarios destinados a toda la población.

septiembre 2, 2012

Con la reforma sanitaria entra en vigor una nueva violación de derechos humanos

Iturria: es.amnesty.org – 2012/08/31

Cuatro organizaciones reclaman que el gobierno revise el Real Decreto para cumplir con sus obligaciones internacionales

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC exigen que no se adopten represalias contra el personal sanitario que atienda a personas sin tarjeta sanitaria

Cuando mañana entre en vigor la reforma sanitaria, España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por ser una medida regresiva y discriminatoria. Esta decisión vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España.

Las organizaciones firmantes vienen denunciando que la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes mayores de edad en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud. Estas personas solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto.

Las personas con enfermedades crónicas o mentales serán algunas de las más afectadas por la reforma sanitaria. Como María, una mujer boliviana de 32 años que dejó a sus hijos en su país y trabaja en el servicio doméstico sin contrato. Al enterarse de que su hijo mayor estaba gravemente enfermo, cayó en una profunda depresión con ideas suicidas, que requiere tratamiento farmacológico, proporcionado por su médico de familia. A partir de mañana no podrá seguir con su tratamiento, cuya medicación no se vende sin receta.

Petru tiene la misma edad que María. Es natural de Rumanía y padece tuberculosis pulmonar con multirresistencia. Fue atendido en un hospital de Mallorca y sometido a aislamiento respiratorio. No cuenta con recursos económicos para continuar con su tratamiento, ni para combatir la tuberculosis, ni para comprar la insulina que necesita para su diabetes. Esta situación puede implicar además un problema de salud pública por el riesgo de transmisión de esta enfermedad.

Orden ministerial

A pesar de que mañana entra en vigor la reforma sanitaria, el gobierno todavía no ha hecho pública la anunciada orden ministerial que contemplaría crear convenios especiales para atender a las personas migrantes, mediante los que se condicionaría el acceso a la salud al pago de una cantidad económica y al hecho de estar un año inscrito en el padrón municipal. Por las informaciones publicadas en los medios de comunicación, las entidades firmantes temen que esta orden establezca barreras económicas que pongan en peligro el acceso a la atención sanitaria de las personas más vulnerables.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU exige la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud y afirma: “Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos (…) incluidos los grupos socialmente desfavorecidos”.

En los mismos términos se ha manifestado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien ha solicitado a los Estados que eliminen “los honorarios elevados de los servicios de atención médica“, identificándolos como uno de los “obstáculos con que tropieza la mujer para acceder a esta atención.

Estas peticiones internacionales contrastan con declaraciones como las de José Antonio Monago, presidente de Extremadura, que afirmó ante los medios de comunicación que el cobro de una cuota a los inmigrantes irregulares por asistencia sanitaria “no es una cuestión de humanidad sino de presupuesto”, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) afirman que la cuestión es, en realidad, de derechos humanos y de cumplir o no con la legislación internacional y las exigencias de la ética profesional.

Otros gobierno autonómicos, sin embargo, han manifestado desde el principio su oposición a dejar sin tarjetas sanitarias (y, por extensión, sin acceso a la asistencia primaria de salud y la atención de especialistas) a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

Según se desprende del estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, Inmigrantes en situación irregular: acceso a la asistencia sanitaria en 10 estados miembro de la Unión Europea, España junto con Francia, Bélgica e Italia contaban con sistemas más garantistas que el resto de países europeos en lo que se refiere a asistencia sanitaria para inmigrantes en situación administrativa irregular. En España, a través de la tarjeta sanitaria, se tenía acceso a todos los servicios prestados por el sistema nacional de salud. Con las actuales reformas, esas garantías se transforman en desprotección.

Postura del personal sanitario

En relación al movimiento de objeción de conciencia que se ha generado en el sector de la salud con respecto a la aplicación del Real Decreto 16/2012, las entidades que suscriben este comunicado consideran que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos. Por ello, solicitan al gobierno que no adopte represalias ante el ejercicio por parte de estos profesionales de acciones orientadas a cumplir obligaciones internacionales de derechos humanos, tal y como destaca el artículo 17 de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU.

Los miembros de este sector que han anunciado su intención de seguir atendiendo a los enfermos que queden fuera del sistema sanitario público serán considerados “defensores y defensoras de derechos humanos”, en tanto que “promueven y procuran la protección y realización de los derechos humanos”, tal y como refleja la Declaración anteriormente citada.

Efectos sobre las personas más vulnerables

Las organizaciones advierten de las graves consecuencias que las restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden implicar para quienes sufran enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles y enfermedades mentales, suponiendo además un riesgo para la salud de toda la población. Recuerdan asimismo que los Estados tienen la obligación de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, incluso en épocas de limitaciones graves de recursos, que es cuando deben redoblar dichos esfuerzos.

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha subrayado que “excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad”.

En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género en situación de irregularidad, se da la circunstancia de que su centro de salud, adonde suelen acudir tras recibir las agresiones, se convierte en punto esencial para la detección temprana y la identificación de las víctimas. Especialmente grave puede ser la situación de las personas enfermas de tuberculosis o de VIH/SIDA, enfermedad crónica que si no es tratada adecuadamente produce la muerte.

Solicitantes de asilo y víctimas de trata

Las entidades promotoras acogen con satisfacción la inclusión en el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, de dos colectivos vulnerables como son los solicitantes de protección internacional y las mujeres víctimas de trata. Sin embargo, con respecto a las víctimas de trata, la asistencia sanitaria se limita a las mujeres en periodo de restablecimiento y reflexión, cuando en realidad son muy pocas a las que se les concede esta opción.

La propia Fiscalía General del Estado reconoce en su memoria del 2011 que en las operaciones policiales en lugares donde se realizaba la prostitución se detectaron 15.075 personas en situación de riesgo, de las cuales solo fueron identificadas como víctimas de explotación sexual y trata 1.641. Y únicamente a 43 de ellas se les ofreció el periodo de reflexión.

Además, la atención sanitaria es una de las vías por las que se detecta a posibles víctimas, como destaca el “Protocolo Marco de Protección de Víctimas de seres humanos”, adoptado por el gobierno en 2011.

Cumplimiento de las obligaciones internacionales

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y SEMFYC exigen al gobierno el cumplimiento íntegro de sus obligaciones internacionales. Así lo hizo ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que advirtió a España de que la reforma sanitaria no debe limitar el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal. Por tanto, el gobierno debe revisar de manera urgente los reales decretos 16/2012 y 1192/2012.

 

A %d blogueros les gusta esto: