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agosto 28, 2012

El reino de España sangra a su población para salvar sus bancos privados

Iturria: Jérome Duval – ATTAC-CADTM País Valencià – 2012/08/28

Bankia, caso emblemático de la crisis bancaria española

El rescate de BFA-Bankia, via nacionalización de sus pérdidas y activos tóxicos, seguido de una demanda histórica de ayuda publica de 19.000 millones de euros (23.500 millones en total con las ayudas ya recibidas), ha precipitado a España en una histeria política, cuyo pulso es batido por la tensión financiera de los plazos que marcan los acreedores. El anuncio del gobierno de Rajoy el pasado 9 de junio de 2012 de un plan de rescate,- que antes había rechazado-, de hasta 100.000 millones de euros (entorno al 10% del PIB), destinado a sanear el conjunto del sector financiero español, puso a los mercados y las instituciones financieras internacionales bajo tensión. Las reuniones del eurogrupo, del G-20 o las videoconferencias, se suceden desde Roma, Washington, París o Bruselas sin lograr calmar el furor de los especuladores, embravecidos en el mercado de deuda. Durante ese tiempo, la ciudadanía sufre nuevas medidas antisociales, hundiéndola en una precariedad cada vez más extrema.

En el meollo de esta crisis está BFA-Bankia, cuarto banco del país en términos de capitalización bursátil, con 10 millones de clientes y alrededor de 380.000 accionistas. Bankia representa el 10% del sistema financiero español. Sin duda es el banco más expuesto a los créditos inmobiliarios de alto riesgo, por lo que está considerado como un banco “sistémico”: su quiebra podría arrastrar al conjunto del sector bancario y seguidamente, a toda la economía del país. Bankia, o más exactamente BFA-Bankia, nació a finales de 2010 y es el fruto de un inteligente conglomerado que permite aislar los activos inmobiliarios problemáticos de las siete cajas de ahorros reagrupadas en el seno de su matriz BFA (Banco Financiero y de Ahorros). Ésta, ayudada por el Estado, opera como el “banco malo” de Bankia. El Estado avala la montaña de activos inmobiliarios dudosos reunidos en BFA mientras que su filial Bankia, desembarazada de tan pesada carga, intenta atraer capital de pequeños inversores para su salida a bolsa. El objetivo está claro: transferir los riesgos resultantes de la burbuja inmobiliaria, del sector privado al público. Contribuyentes, clientela perjudicada y pequeño accionariado en riesgo a causa de las recomendaciones irresponsables de la banca, quedarán directamente afectados; pero aún más ampliamente, la población española en su conjunto sufrirá de nuevo el lastre de una deuda privada devenida pública. Se trata de nuevo de una excelente oportunidad para los banqueros,-responsables de inversiones de alto riesgo que han desembocado en pérdidas astronómicas-, de salvar sus apuestas indecentes.

Los sucesivos gobiernos de Zapatero (PSOE, izquierda liberal) y de Rajoy (PP, derecha liberal creada por el franquista Manuel Fraga), escogen socorrerles desembarazándoles del riesgo insostenible derivado de la burbuja inmobiliaria e inyectando dinero cargado directamente a los presupuestos del Estado, en detrimento de sectores vitales como la protección social, la educación, la sanidad o aún la lucha contra los incendios. Dado que el Estado se endeuda para sanear la banca, los recortes presupuestarios que afectan al estado del bienestar son decretados ineludibles para lograr reducir el déficit ocasionado. He aquí la trampa que queremos denunciar. BFA-Bankia, que ha sido criticada además por contar entre sus directivos1 con antiguos miembros activos del Partido Popular, sobre todo de la antigua Caja Madrid,- actualmente integrada en BFA-, representa un caso de escuela que mezcla políticos y banqueros al servicio de las finanzas.

BFA, el “banco malo” de Bankia

A raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, la reestructuración del sector bancario ha provocado que el número de cajas de ahorro pase de 45 a una quincena desde principios de 2011. En consecuencia, además de los cierres de sucursales y los consiguientes despidos, el capital ha quedado concentrado en las manos de enormes entidades consideradas “too big to fail” (“demasiado grandes para caer”). Sólo dos pequeñas cajas escapan a la fusión: Caixa Ontinyent y Caixa Pollença.

BFA (Banco Financiero y de Ahorros) nace el 3 de diciembre de 2010 y comienza a operar en enero de 2011. Esta nueva entidad es el fruto de la fusión de siete cajas de ahorro regionales, minadas por una burbuja inmobiliaria que no acaba de desvelar la profundidad de la crisis: se trata de Caja Madrid y Bancaja que detentan la mayoría del accionariado (52,06% y 37,70% respectivamente), a las que se incorporan Caja de Canarias (2,45%), Caja de Ávila (2,33%), Caixa Laietana (2,11%), Caja Segovia (2,01%) et Caja Rioja (1,34%). Más allá del Banco de España y los altos responsables de Bankia, el gobierno socio-liberal de Zapatero tiene la responsabilidad de haber autorizado y alentado tal fusión. A final de 2010, el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)2, el fondo público de ayuda al sector, otorga un préstamo de 4.465 millones de euros a BFA, la matriz de Bankia, y abre así la vía a la nacionalización de la banca. Esta operación tenía como objetivo sanear las cuentas de las cajas de ahorros reagrupadas en el seno de la nueva entidad. Pero ello se revelará insuficiente.

Señalemos además que BFA posee participaciones en Concesiones Aeroportuarias (7,86%), Deoleo (9,63%), Desarrollos de Palma (10,38%), Ejido Desarrollos Urbanos (7,34%) Grupo Inmobiliario Ferrocarril (10,17%), Haciendas Marqués de la Concordia (8,47%), IAG (12%) Mercavalor, Sociedad de Valores y Bolsa (10,48%), NH Hoteles (9,22%), Numzaan (7,41%), Mapfre (15%) e Iberdrola (5,27%).3

La exposición de los acreedores, principalmente en el sector bancario español, acumulaba a fines de 2011, según declaraciónes del Banco de España, entre 176.000 y 184.000 millones de euros de activos inmobiliarios problemáticos. BFA, que a juzgar por sus propias cuentas, es la más expuesta al sector inmobiliario, a la altura de 37.500 millones de euros a finales de 2011, de los que 31.798 millones son activos inmobiliarios problemáticos (créditos con riesgo de no ser reembolsados), cierra su primer año de ejercicio con las mayores pérdidas de la historia de la banca española. Tras haber declarado beneficios de 309 millones de euros en 2011 bajo la gestión de Rodrigo Rato, BFA anuncia un saldo negativo de 439 millones, antes de reconocer finalmente,-ya tras la marcha del ex dirigente del FMI-, haber acumulado 3.318 millones de euros en pérdidas durante 2011. Si añadimos las pérdidas ocasionadas por la depreciación de los títulos en bolsa, esta suma sobrepasaría los 7.263 millones de euros.4 El shock es tanto más importante cuanto que Zapatero y el Banco de España habían incitado vivamente a numerosas empresas del IBEX 35 a comprar sus acciones, con una inversión próxima a los 3.000 millones de euros.5

Esta gestión desastrosa del banco, no impidió a su presidente director, Rodrigo Rato, embolsarse 2,34 millones de euros de salario fijo, ni a Francisco Verdú, su consejero delegado, de ser remunerado con 1,57 millones en 2011.6 (Por haber llegado durante el año, no percibe la totalidad de su retribución anual de 2,26 millones). Jose Luis Olivas, vicepresidente de Bankia antes de dimitir y aún hoy presidente de Bancaja, ha recibido 1,62 millones de euros en 2011. Finalmente, José Manuel Fernández Noriella, que reemplazó a Olivas, ha cobrado 725.000 euros ese mismo año 2011. Esto no son más que remuneraciones fijas, en las que no se incluyen por tanto las posibles remuneraciones variables o aquellas percibidas como administradores de otras empresas.

Por tanto, se distribuyeron sumas colosales antes de que la banca solicitara fondos públicos para ponerse a flote. En febrero de 2012, una nueva ley7 limita a 600.000 euros de remuneración fija los salarios de los directivos de entidades que hayan recibido dinero del Estado. Una medida insuficiente y muy tardía si consideramos que los miembros del consejo de administración de BFA, que recibió 4.465 millones de ayudas públicas a través del FROB, se repartieron entre enero y noviembre de 2011, más de 9 millones de euros.8 Es necesario privatizar las pérdidas urgentemente, haciendo pagar a los responsables que tanto se aprovecharon y no socializarlas como hace el gobierno; es más que hora de poner el sector bancario bajo control público sin que por ello el Estado deba asumir el coste de la operación. Son los grandes accionistas quienes deben asumir los gastos y los directivos deben ser perseguidos por la justicia a fin de determinar sus responsabilidades en la debacle.

Rodrigo Rato se provee de un paracaídas dorado antes del crash de Bankia

Bankia sale a bolsa el 20 de julio de 2011. Rodrigo Rato, exministro de economía y vicepresidente económico de Jose María Aznar cuando se producía el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, antiguo director del FMI y presidente de Bankia, toca la campana con orgullo a la apertura de la Bolsa ese día. La acción vale 3,75 euros y todo va bien en el mundo de las finanzas desregularizadas que goza de un nuevo producto sobre el que apostar. El 7 de mayo de 2012, la acción se cambia a 2,37 euros (o sea un hundimiento del 37% en diez meses) y, como en el FMI en 2007, Rodrigo Rato presenta su dimisión antes de finalizar su mandato. Será reemplazado dos días después (el 9 de mayo) por José Ignacio Goirigolzarri con el consejo del propio Rato, que lo señala como “la mejor persona en este momento para dirigir este proyecto”. Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresionales) y consejero de Bankia, afirmaba a su vez que “el trabajo de Rato ha sido ejemplar”.9

El escándalo Goirigolzarri

Antes de retomar el control de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri ha ocupado, entre otros, el puesto de vicepresidente de Repsol (abril 2002-abril 2003) y Telefónica (abril 2000-abril 2003) ocupando asiento en el consejo de administración hasta 2003, prosiguiendo su larga carrera de 30 años en el seno del segundo banco español, BBVA, donde percibía cerca de 4,6 millones de euros al año (salario fijo y remuneración variable). Ha sido también consejero de BBVA-Bancomer (México), Citi Bank (China) y de CIFH (Hong Kong) durante este periodo. En septiembre de 2009, en pleno debate internacional sobre la limitación de salarios y bonus, deja su puesto en el BBVA con una jubilación anticipada cercana a los 3 millones de euros brutos al año. Mientras la crisis se extendía violentamente por Europa, ¡cobra de golpe 68,7 millones de euros!10 A pesar del escándalo ocasionado, nada cambia en el seno de la banca: dos años después, en 2011, Francisco González, presidente de BBVA y Ángel Cano, consejero delegado, perciben una remuneración total de 4,9 millones de euros y 3,6 millones respectivamente. Ese año, el comité de dirección recibió en total 9,35 millones de euros de remuneración fija y 14,2 millones de remuneración variable11.

Nacionalización del banco malo

Nada más llegar a Bankia, Goirigolzarri propone la toma de control de BFA por el estado. El gobierno responde rápidamente que aportará el capital necesario para el saneamiento y controlará así el 100% de BFA. El Estado se convierte el accionista mayoritario de esta entidad, que detentaba entonces más del 45% de participación en Bankia y desde el mismo momento entra en el capital de las sociedades de las que BFA es también accionista.

Así, algunos días después de la dimisión de Rodrigo rato, el FROB decide transformar los 4.400 millones de euros inyectados a finales de 2010 bajo la forma de participaciones preferentes convertibles a 5 años en simples acciones. En efecto, como nos explica Mikel Barba: “Estas participaciones están sujetas al pago de intereses y deben ser recompradas por la entidad en un período de cinco años. En caso de que la entidad no pueda devolver el dinero aportado en cinco años, las participaciones se convierten en capital con lo cual el Estado pasa a ser propietario de una parte -o de la totalidad- de la sociedad. (…) El FROB reconoce que no va a recuperar en un plazo de cinco años el dinero que colocó en las preferentes de BFA, por lo que decide convertirlas en capital. Pasa de ser un acreedor de la empresa a ser el propietario12.”

El 25 de mayo, después de que la agencia de calificación Standard & Poor´s anunciara la degradación de la nota de Bankia y otros cuatro bancos españoles a rango de inversión especulativa, la cotización de los títulos de Bankia fue suspendida mientras su consejo de administración trata de determinar el montante de la nueva ayuda requerida. BFA-Bankia, que había recibido ya 4.400 millones de euros en dinero público del FROB, solicita finalmente 19.000 millones de euros suplementarios al Estado. Ello marca de hecho, la más grande operación de salvamento del sector financiero de la historia española. La nacionalización de la banca al borde de la quiebra viene así a sumarse a la larga lista de aquellas ya realizadas desde el inicio de la crisis, tanto en España (Catalunya Caixa, NovaGalicia Caixa, Banco de Valencia, sin contar las otras entidades que habían percibido inyecciones de dinero, como Caja Castilla la Mancha, Cajasur, o la CAM), como en el extranjero. A título de ejemplo, la banca franco-belga-luxemburguesa Dexia ha sido rescatada de la quiebra en dos ocasiones y la operación ha costado 18.000 millones de euros a los contribuyentes13.

Mariano Rajoy ha asegurado que el salvamento de Bankia no tendría ningún impacto sobre el déficit público del país, que se había comprometido a reducir del 8,9% al 5,3% del PIB este año 201214. Sin embargo nada es menos seguro que esto y durante los primeros cinco meses del año 2012 (de enero a mayo), el déficit del Estado ha alcanzado ya el 3,4%, con un aumento del 30,6% en relación al mismo periodo del año anterior.

Durante ese tiempo, prosigue el hundimiento de los títulos de Bankia. El 20 de junio de 2012, la cotización alcanza los 80 céntimos de euro, o sea una pérdida de 80% desde su salida a bolsa. Igualmente, el anuncio del eurogrupo el 9 de junio de 2012 de una inyección que podría alcanzar los 100.000 millones de euros,- muy por encima de los 37.000 millones estimados necesarios por el FMI15 y de los 62.000 millones de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger-, no ha beneficiado a Bankia, que es la única entidad financiera del Ibex 35 que ha registrado una caída de su capitalización bursátil desde esta fecha hasta el 30 de junio. Los títulos han perdido 9,80% durante este corto periodo, mientras los demás bancos registraban ganancias tras la euforia provocada por el anuncio del rescate16. El 17 de julio, los títulos caían a 0,59 euros, su mínimo, antes de remontar en agosto ante la proximidad de una inyección inminente de capital europeo, del que Bankia sería el primer beneficiario. La salida a bolsa es un fiasco soportado por los pequeños inversores que ven sus depósitos reducidos a nada, mientras los grandes inversores, bien informados, huían de la debacle.

En un texto escrito en 201017, David Hall afirmaba que la crisis financiera y económica es el resultado de préstamos insostenibles y de la creación de formas complejas de deuda por los bancos. Desde la quiebra en septiembre de 2008 de Lehman Brothers, los Estados Unidos y otros gobiernos decidieron, tras decenios de privatizaciones, salvar los bancos nacionalizándolos o inyectando capital para recuperar su solvencia. No nos engañemos, el Estado queda en general, fuera de la gestión, que se mantiene en manos de banqueros. No se trata de una debilidad del capitalismo, sino al contrario de una maniobra para reforzarlo socializando las pérdidas, antes de volver a privatizar el establecimiento, viable de nuevo gracias al saneamiento. El FMI describe esto como “una transferencia de riesgo sin precedentes del sector privado al público18.”

Traducido por Mireya Royo.

Notas

(1) Ver la lista detallada: http://www.diarioelaguijon.com/noticia/2098/DENUNCIA-CIUDADANA/Las-redes-sociales-denuncian-la-lista-de-familiares-y-miembros-del-PP-colocados-en-Bankia.html

(2) La constitución del FROB, aprobada por el Parlamento el 8 de junio de 2009 y desarrollada por el Real Decreto de 26 de junio del mismo año (RD 9/2009), trata de socorrer a los bancos debilitados por su exposición al sector inmobiliario y en crisis desde el estallido de la burbuja en 2008. El fondo público de ayuda al sector financiero (FROB) controla hoy día NovaGalicia, CatlunyaCaixa, Banco de Valencia y Bankia. Su capital de 9.000 millones de euros, proveniente de los presupuestos del Estado se agota a finales de 2011, y de ahí el interés suscitado por el rescate europeo en cuanto a la amplitud de las sumas necesarias

(3) http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/09/economia/1336577121.html

(4) http://www.elconfidencial.com/economia/2012/05/28/bfa-eleva-a-7263-millones-sus-perdidas-en-2011-las-mayores-de-la-historia-de-la-banca-98908/ y Reuters, 29 mayo 2012,http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE84S02120120529

(5) “Bankia y el fiasco de la política”El País, 1 julio 2012.

(6) El País, 7 mayo 2012, http://economia.elpais.com/economia/2012/05/07/actualidad/1336412114_356055.html

(7) Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. Titulo IV,http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1674.pdf

(8) http://www.elconfidencial.com/economia/2012/02/16/bfabankia-reparte-9-millones-entre-sus-consejeros-antes-de-la-limitacion-de-salario-92727/

(9) « el trabajo de Rodrigo Rato ha sido ejemplar » en « La situación de Bankia no es tan desesperada »ABC Punto Radio, 08/05/2012, http://www.abc.es/20120507/economia/abci-bankia-situacion-desesperada-201205072233.html

(10) “Goirigolzarri, el ejecutivo de la pensión millonaria en el BBVA”El País, 7 mayo 2012,http://economia.elpais.com/economia/2012/05/07/actualidad/1336396158_000163.html ;http://elpais.com/diario/2009/10/01/economia/1254348005_850215.html

(11) http://economia.elpais.com/economia/2012/02/10/actualidad/1328863666_274271.html

(12) Ver Mikel Barba, El caso Bankia o las cinco maniobras de una gran estafahttp://www.rebelion.org/noticia.php?id=149845

(13) El CADTM Bélgica y ATTAC introdujeron el 23 de diciembre de 2011 un recurso ante el Consejo de Estado belga para anular el Real Decreto del 18 de octubre 2011 que otorga una garantía de Estado de 54.450 millones de euros a determinados préstamos de Dexia que supone el equivalente al 15% del PIB (Producto Interior Bruto) de Bélgica. Verhttp://cadtm.org/Resume-du-recours-Dexia-intente

(14) Esto antes que Bruselas, viendo irrealizable el objetivo, acordara un año de retraso, llevando a 2014 en lugar de 2013 el objetivo de déficit por debajo del 3%. Reuters, 7 julio 2012.

(15) « Le FMI appelle à un filet de sécurité crédible pour les banques espagnoles  » Les Echos 9 de junio 2012-

(16) “Todas las entidades financieras que cotizan en el Ibex 35, salvo Bankia, han registrado importantes ganancias en Bolsa desde que el pasado 9 de junio el Eurogrupo brindó a España hasta 100.000 millones para sanear el sector. (…) Bankia ha sido la única entidad que cotiza en el Ibex 35 que ha registrado pérdidas en este periodo, al caer un 9,80%.” Bankia, incapaz de sumarse a la euforia del rescate financiero, 30 junio de 2012, http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/claves/bankia-incapaz-sumarse-euforia-rescate-financiero-20120630

(17) Why we need public spending, David Hall, PSIRU, University of Greenwich, p.11, octubre de 2010.

(18) Ibidem y FMI, Global Financial Stability Report, julio de 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft…

Publicado en el periódico Diagonal

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agosto 26, 2012

De la rebelión popular a la transformación económica

Iturria: latarde.com – 2012/08/25

Cuando se dice Islandia muchos no se atreven siquiera a señalar en qué lugar del mundo se encuentra pero, cuando se dice que es el único país del noroeste europeo que mediante acción popular consiguió terminar con un gobierno viciado y decir NO al salvamento de la banca cuando el sistema financiero colapsó, el asunto despierta interés.

¿Cómo lo lograron?
Fue gracias a la ciudadanía islandesa, cuya revuelta en 2008 y 2009 fue poco conocida en el mundo por temores de Europa a que otros países siguieran el ejemplo.
Y es que lo que empezó como una crisis se convirtió en oportunidad cuando el gobierno central decidió nacionalizar los tres principales bancos, el Landsbanki el Kaupthing y el Glitnir, cuyos clientes eran principalmente estadounidenses, holandeses e ingleses.
Con este cambio, la moneda oficial conocida como krona, se fue a pique y la bolsa suspendió su actividad tras un hundimiento del 76%.
La bancarrota fue ineludible, inicialmente y para salvar la situación recibió apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que inyectó US$2.100 millones y de los países nórdicos que ayudaron con otros US$2.500 millones.
Durante todo el 2009 la situación económica de la región fue absolutamente precaria con una caída del 7% del PIB. Fue en este momento en el que el gobierno propuso devolver la deuda contraída con gran bretaña y Holanda pero, mediante el pago de 3.500 millones de euros, una suma que debían pagar todas las familias islandesas mensualmente durante 15 años al 5,5% de interés.
La reacción no se hizo esperar, la medida provocó la ira de los islandeses, quienes se tomaron las calles exigiendo que esa decisión fuera sometida a referéndum. Una gran victoria si se tiene en cuenta que en marzo de 2010 se celebraba esa votación con un aplastante 93% de la población que se negaba a devolver la deuda y rescatar a los bancos.

Islandia hoy
De acuerdo con Héctor Fabio Ramos, director del programa de negocios internacionales, de la Fundación Universitaria del Área Andina, “Islandia ha tenido una rápida recuperación luego de una crisis bastante profunda, sin embargo, hay que reconocer que algunos bancos recurrieron a otros países en busca de ayuda como fue el caso del Banco Bayern quien solicitó ayuda al gobierno Alemán, de igual forma el país como tal tuvo intervención del Fondo Monetario Internacional, es decir, no se aprobó un salvamento del sector financiero por parte de los ciudadanos pero sí se tomaron medidas económicas muy fuertes para superar la crisis”.
Con dichas medidas, según las previsiones de la Comisión Europea, este país cerró el 2011 con un crecimiento del 2,1% y  en 2012, este crecimiento se estima en 1,5%, una cifra que supera el triple que la de los países de la zona euro. La tendencia al crecimiento podría aumentar incluso en 2013, cuando está previsto que alcance el 2,7%.
De acuerdo con los analista, el desequilibrio sigue pero la decisión de no ayudar a la banca fue positiva en la medida que se ha vuelto a generar empleo y la deuda pública ha ido disminuyendo visiblemente.

junio 28, 2012

El agujero de Bankia en números que se entienden

Iturria: escolar.net – 2012/06/28

Guarden esta foto para la historia. Ahí los tienen, tan contentos. De los siete, cuatro eran militantes del PP. Solo uno contaba con formación financiera. Son los siete magníficos, los siete fundadores de Bankia, los siete genios que nos han dejado en herencia un inmenso agujero a repartir a escote entre todos los contribuyentes. Hoy BFA –la matriz de Bankia– vale menos que nada: menos 13.635 millones de euros.

Para los que se pierden con los grandes números. 13.635 millones son:

  • 30 veces más que lo que Sanidad ahorrará con el medicamentazo (440 millones de euros).
  • 82 veces más de los recortes en becas para este año (122 millones).
  • 71 veces más que los recortes a la minería (190 millones)
  • Mas del doble de lo que el Estado recaudó con la última subida del IVA (6.500 millones).
  • Casi nueve veces más de lo que ahorró el Gobierno de Zapatero con la congelación de las pensiones (1.530 millones).
  • 24 veces más de lo que el Estado ha recaudado en los primeros cinco meses del año con la última subida del IRPF (559 millones).
  • 2,2 billones de las antiguas (o futuras) pesetas.
  • 290 euros por español, niños incluidos.

Estos 13.635 millones de euros no son el único agujero. A esta cifra hay que sumar el robo que supone a toda la sociedad que haya quedado también arruinada la obra social de las cajas, muchas de ellas centenarias.

Un aplauso para los siete magníficos. Se lo han ganado-.

junio 26, 2012

El mayor problema de España no es ni el déficit público ni la deuda pública

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 25 de junio de 2012

Este artículo cuestiona la sabiduría convencional en los círculos del establishment español que asume que un problema mayor de la economía española es su elevado déficit público y la gran deuda pública. El artículo cuestiona tal tesis, señalando que los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, son innecesarios y contraproducentes pues contribuyen a la recesión de la economía española.

En sus continuas reuniones con la canciller alemana Angela Merkel, el Presidente Rajoy ha acentuado que el objetivo principal de su gobierno es el de reducir el déficit público, y supeditará todas sus políticas públicas a conseguir tal objetivo. Tal postura asume que el mayor problema de la economía española es el endeudamiento del Estado español (sea éste central, autonómico o municipal), postura que fue también compartida anteriormente por el gobierno Zapatero. Ambos gobiernos han interpretado tal endeudamiento como la causa de que el país esté en recesión y que ahora esté estancado, dificultando su recuperación. De ahí su constante referencia a que “España no puede gastarse más de lo que tiene”, frase que, con distintas variaciones, ha ido repitiendo.

Los datos, sin embargo, no avalan tales tesis. Veámoslos. Si el déficit y la deuda pública hubieran sido la causa de la crisis financiera y económica que España padece (tal como muchos economistas neoliberales, incluyendo los financiados y/o próximos a Fedea), el Estado en este país habría tenido un enorme déficit público y una elevada deuda pública cuando comenzó la crisis, en 2007. Los datos, sin embargo, muestran que, en contra de tal tesis, cuando la crisis empezó, España tenía superávit en sus cuentas del Estado. España ingresaba al Estado 2.23% del PIB más de lo que gastaba. Y su deuda pública era equivalente a un 36,2% del PIB, una de las más bajas de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de riqueza que España), y muy por debajo de lo establecido por el Tratado de Maastricht (60% del PIB). En realidad, la deuda pública neta (que es la que debería utilizarse aunque nunca se utilice tal indicador) era sólo un 26,7% del PIB (la deuda neta es la deuda bruta menos los intereses que el Estado se debe a si mismo al incluir deuda pública poseída por diferentes ramas del Estado). No es cierto, por lo tanto, que la crisis se debiera a que el Estado se estaba gastando más de lo que tenía. El gasto público no era el problema, pues ni el déficit ni la deuda pública eran elevados. De ahí que las políticas de recortes de gasto público (incluyendo el gasto público social) no pudieran justificarse bajo el argumento de que nos gastábamos más de lo que teníamos. En realidad, el gasto público español (incluyendo el social) por habitante era y continúa siendo de los más bajos de la UE-15.

El crecimiento notable del déficit no se debió al aumento del gasto público, sino a la bajada de los ingresos al Estado resultado de la recesión y elevado desempleo, a lo cual contribuyeron los recortes de aquel gasto público. Fue el elevado crecimiento de desempleo (España ha tenido durante la crisis la tasa de crecimiento de desempleo más elevada de la OCDE después de EEUU e Irlanda) y consecuente descenso del nivel de ocupación y de la masa salarial lo que disparó el déficit público del Estado, alcanzando en 2009, sólo dos años después del inicio de la crisis, la cifra de -11,2% del PIB, y ello como consecuencia de que los ingresos al Estado, incluyendo el IRPF (los impuestos sobre la renta), proceden en su gran mayoría de las rentas del trabajo, y muy poco de las rentas del capital. Las políticas de recortes contribuyeron a la recesión. Si España hubiera crecido un 1,5% del PIB, el déficit habría disminuido más rápidamente que de la manera en que se ha intentado conseguir, es decir, a base de recortes. Resultado de tales políticas de austeridad (y devaluación doméstica conseguida a base de disminuir salarios), la economía no se ha recuperado y el déficit alcanzó en 2011 el 8,5% (es probable que, resultado de la ingeniería contable, fuera mayor) y la deuda pública el 68,5% del PIB (el 56,4% del PIB en su deuda neta).

Pero incluso estas cifras desfavorables en el caso del déficit público (aunque no inquietantes en el caso de deuda pública), son menos alarmantes de lo que se presentan y no deberían ser motivo de tanta preocupación. Según las proyecciones del FMI, la deuda pública en el 2017 será de un 80% del PIB, que es una cifra asumible, aunque existe el peligro que, resultado del rescate financiero, los 100.000 millones de euros aumenten esta deuda pública diez puntos más del PIB (90% del PIB).

Un tanto semejante ocurre en cuanto a los intereses de la deuda. De nuevo, según el FMI, España en 2011 pasará de pagar en intereses un 1,9% del PIB a un 3,9% en el 2017, cifra que no está fuera de lo común entre los países de la UE-15. Ni el déficit ni la deuda pública son un mayor problema. El que sí es un problema (que crea grandes incertidumbres entre los mercados financieros) es el escaso crecimiento económico y elevado desempleo. Éste es el mayor problema que tiene la economía española y que requiere una serie de intervenciones públicas que el gobierno Rajoy no está ni siquiera considerando. El gobierno debería estimular la economía y facilitar la creación de empleo, lo cual puede hacer sin que aumente el déficit público. En realidad, la reducción de éste debería conseguirse a base de aumentar el crecimiento económico y el descenso del desempleo. Y para ello deberían aumentarse los ingresos al Estado mediante reformas fiscales que permitieran ingresar más fondos al Estado para estimular la creación de empleo. Y ahí el espacio es enorme.

España tiene los recursos para crear empleo. Lo que ocurre es que no los recoge. Y no me refiero sólo al fraude fiscal (90.000 millones de euros), sino a las reducciones de impuestos que han estado ocurriendo en los últimos quince años y, muy en especial, en las rentas de capital y en las rentas superiores, reducciones que, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional han sido responsables de más de la mitad del déficit estructural existente en España. El estado (tanto central como autonómico) podría hacer obtenido 2.100 millones de euros manteniendo el impuesto sobre el patrimonio, y 2.552 millones anulando la bajada del impuesto de sucesiones, y 2.500 millones revirtiendo la bajada de impuesto que se aprobó para las personas que ingresan más de 150.000 euros al año, y 5.300 millones eliminando la reducción de los impuestos de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0.12% de todas las empresas) y/o 44.000 millones de euros anulando el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las granes empresas citadas en la frase anterior y/o 6.900 millones de euros aplicando un impuesto finalista en Sanidad (como ha hecho Canadá) y/o 3.000 millones de euros gravando los beneficios bancarios (como ha aconsejado el FMI), y/o 1.000 millones haciendo pagar 5 euros más por cada pasajero que saliera de un aeropuerto español y(o casi 1.000 millones de euros pagando las multas de tráfico según el nivel de renta del infractor (como en Finlandia) y así un largo etcétera. Con estos fondos podría haberse creado empleo y con ello estimular el crecimiento del empleo, disminuyendo así el déficit. El que estas medidas no sean las que se tomen y en su lugar otras (recortes y más recortes) se impongan se debe a la creencia errónea de que el gasto público es el problema, y así estamos.

Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

abril 9, 2012

¿Quién define la confianza de los mercados financieros?

Iturria: Publico.es – 2012/04/05

– Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

El argumento más frecuentemente utilizado por el gobierno Rajoy para justificar los enormes recortes de gasto público en España es la necesidad de “recuperar la confianza de los mercados financieros”, la frase más utilizada por todos los proponentes de las políticas de austeridad. De ahí que debería ser un motivo de gran atención mediática averiguar cómo se define tal supuesta confianza de los mercados, y quién tiene el poder de definición. Es sorprendente, en este sentido, la escasa atención mediática sobre estos puntos.

El indicador más frecuentemente utilizado para medir tal confianza de los mercados son los intereses que el Estado debe pagar para poder vender su deuda pública. A mayor desconfianza, mayores los intereses, y viceversa. A mayor confianza, menores intereses. Pero, ¿quién define los intereses? La respuesta conforme a la ortodoxia neoliberal es que son los “mercados”. Pero, como toda ortodoxia, ésta se basa en fe más que en evidencia. Ésta muestra que, en general, son las agencias de valoración de bonos las que, con sus evaluaciones, guían el comportamiento de tales mercados financieros. En realidad, uno de los instrumentos más valiosos que tienen las instituciones financieras (tales como los bancos, las compañías de seguros y los fondos de alto riesgo) que intervienen en el supuesto mercado, son las agencias de evaluación de los productos financieros (en inglés Credit Rating Agencies) que, en teoría, valoran tales productos –como los bonos públicos de los Estados- y dicen a las instituciones financieras si vale la pena invertir en ellos o no. Cuando una de tales agencias valora negativamente los bonos públicos de un Estado, éste tiene que aumentar los intereses de tales bonos a fin de hacerlos más atractivos para las instituciones financieras. Es lo que se llama “recuperar la confianza de los mercados”.

En teoría, tales agencias podrían justificar su existencia si su trabajo fuera independiente, objetivo y creíble. Pero no es así, tal como lo demuestra la evidencia acumulada. Estas agencias son meros instrumentos de aquellas instituciones que, en gran parte, las financian. De ahí que siempre valoren muy positivamente los productos de las instituciones que les financian (sean bancos, compañías de seguro, u otros) mientras que valoran negativamente a ciertos productos si ello favorece los intereses de tales instituciones financiadoras. De nuevo, la evidencia de ello es abrumadora. Esto fue reconocido por el vicepresidente de una de ellas, la famosa Moody’s, que tras dejar la compañía, declaró a la Comisión Federal de EEUU encargada de analizar las causas de la crisis  financiera, que lo más importante para tal agencia no era la objetividad en sus estudios del valor de los productos financieros sino la satisfacción de sus clientes que financiaban tales estudios (citado en el artículo de John Ryan “Do we need Credit Rating Agencies?” en Social Europe Journal. 16.03.12). Más claro imposible.

Para comprender y predecir sus valoraciones basta conocer quiénes les financian. Así, en EEUU, ha habido una campaña promovida por Wall Street, el centro financiero de EEUU, que tiene como objetivo desacreditar la deuda pública del gobierno federal como manera de forzar recortes en la Seguridad Social y privatizar las pensiones y los programas sanitarios a las personas de la tercera edad. Con la ayuda de los medios afines, Wall Street ha estado promoviendo tal mensaje a través de sus agencias de valoración, devaluando su valoración de los bonos públicos federales. (Antonio Caño en sus sesgados informes sobre EEUU –ver El País de 18.03.12- también transmite este mensaje sobre la deuda pública federal de EEUU). Tales bonos, sin embargo, no tienen ningún problema. Prueba de su salud es que los bonos federales tienen los intereses más bajos de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Si tuvieran problemas, tendrían intereses elevados. La desvaloración de los bonos del Estado federal por parte de tales agencias no tuvo ningún impacto, excepto desacreditar en EEUU todavía más a tales agencias, incluso más de lo que ya lo estaban. Un tanto semejante ocurrió con la devaluación de los bonos públicos del Estado francés, valoración que respondía a una campaña encaminada a penalizar al gobierno francés por su petición de establecimiento de una agencia pública europea que las sustituyera.

El gobierno español, sin embargo, raramente las criticó. Antes al contrario, la ministra de Economía y Hacienda del gobierno Zapatero, Elena Salgado, las alabó, y se opuso al establecimiento de las agencias públicas europeas. Su docilidad hacia tales agencias privadas era sorprendente en una ministra de un gobierno socialista. Su temor (algunos dirían pánico) a antagonizarlas llegó a niveles extremos. Un tanto semejante ocurre con el actual ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos, que fue el director en España del Banco Lehman Brothers que, al colapsar debido a sus prácticas especulativas, creó la crisis financiera. Su obediencia a los mandatos de tales agencias es absoluta.

¿Por qué no se las ignora y se crea una agencia pública europea?

La evidencia de que tales agencias son meros instrumentos de las instituciones financieras hace que se haya estado explorando el desarrollo de agencias públicas de valoración que sean más objetivas y más creíbles que las actuales. El Parlamento Europeo ya ha recomendado el establecimiento de tal agencia. Predeciblemente, la mayor fuerza opositora procede del capital financiero que las financia y sostiene y, como no, del Banco Central Europeo que, como he indicado muchas veces, no es un banco central, sino un lobby de la banca. La avalancha de lobbies intentando que no se constituya esta entidad pública es abrumadora, y es probable que no se apruebe. Y así estamos.

En Estados Unidos, sin embargo, se ha aprobado una ley –The Dodd Frank Act- que elimina la regla que instruía hasta ahora el deber de las pensiones publicas, así como de los bonos públicos, de vender sus activos valorados negativamente por tales agencias. Esta regla les dio un enorme poder que ahora desaparecerá. Nada de esto está pasando en la UE, cuyas instituciones, incluyendo el Banco Central Europeo, continúan considerando tal evaluación como criterio de valoración de la deuda pública. Y ello ocurre a pesar de que la motivación política de tales agencias es obvia si se mira cómo se creó el llamado “problema de la deuda pública” que se inició en Grecia, cuando el Presidente socialista, George Papandreu anunció que la deuda pública griega era mayor que la anunciada por el gobierno conservador anterior. En teoría, tal declaración del Sr. Papandreu parecería “haber descubierto” que las cuentas del Estado no eran correctas. Pero, en realidad, la falta de credibilidad de las cuentas griegas era bien conocida antes de que el Presidente Papandreu lo indicara. Ya en 2004, la Oficina de Estadísticas de la UE –Eurostat-había indicado que las cuentas del Estado griego no eran creíbles, lo cual no fue obstáculo para que las agencias de valoración mantuvieran la evaluación positiva de la deuda pública griega. Fue al anunciarlo el Presidente Socialista cuando se cambió la evaluación, pasando a ser negativa, iniciándose la cascada de valoraciones negativas, primero Grecia, después Portugal, y más tarde España e Italia. ¿Cómo es que las agencias habían valorado positivamente la deuda publica de todos estos países y sólo hasta aquel momento se cambió de valoración positiva a negativa? Y la respuesta es fácil de ver si uno deja de creer en el dogma liberal. Fue el intento del capital financiero de crear la crisis de la deuda pública, de cuya especulación ganó pingües beneficios.

Lo que pasó en Grecia había pasado antes en EEUU. Recordemos que en EEUU tales agencias valoraron muy positivamente los productos de los bancos estadounidenses (incluido el Lehman Brothers del Sr. Luis de Guindos, actual Ministro de Economía), que colapsaron el día después de que les dieran matrícula de honor. En ambos casos, en las dos vertientes del Atlántico, su comportamiento fue el que respondió a los intereses del capital financiero. El famoso “problema de la deuda pública” fue y continúa  siendo un problema artificial, creado, en parte, por las agencias de valoración, para obtener los intereses de aquellas instituciones que las financian. El hecho de que se haya creado este problema (un problema que es falso) se debe a que a los bancos les ha ido muy bien con la existencia de tal problema. Así de claro.

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