Posts tagged ‘Universidad Pública’

noviembre 12, 2012

El futuro de la universidad

Iturria: Publico.es – 2012/11/07

Resulta obligado preguntarse si no es preciso  considerar como especialmente significativo que, en  la situación actual en la que nos encontramos, —en que la mentira premeditada y planificada se intenta  hacer pasar por una inevitable “modificación democrática”—, aparezca un  artículo en El País, el 2 de Noviembre pasado titulado ¿Quien mandará en la Universidad? y firmado por Ivanna Vallespin.

El artículo da mucho de sí, pero como resulta  materialmente imposible analizarlo extensamente, intentaremos (con)centrarnos en el párrafo inicial, dejando perfectamente claro que se puede utilizar ese mismo planteamiento  con el resto del escrito:

El modelo actual de Universidad está en entredicho. Los campus se encuentran en un punto de inflexión generado por la merma de los recursos públicos, un número de licenciados que el mercado laboral español no es capaz de absorber y la necesidad de mejorar unas discretas cuotas de investigación respecto a otros países europeos. Ante este panorama, el Gobierno prevé remodelar de arriba abajo la Universidad, tanto en relación al contenido (eliminar la Selectividad, revisar el catálogo de titulaciones…) como la estructura. Para abordar esta última, ha encargado un informe a una comisión de expertos que se espera tener listo para diciembre. El documento debe trazar las líneas del nuevo modelo de gobernanza de las universidades, que incluye desde revisar los órganos de gobierno de los campus (quién manda y cómo se eligen los directivos) hasta el sistema de financiación (qué parte de los fondos serán públicos y qué parte, privados) y la forma de contratar al profesorado.

Es difícil decir tantas medias verdades —en muchas ocasiones mucho peores que las mentiras porque resultan bastante más creíbles— en tan escaso espacio. La primera afirmación ya es inexacta. “El modelo actual de Universidad esta en entredicho”. Lo adecuado sería: “El gobierno ha decidido acabar con el modelo actual de Universidad Publica a cualquier precio y con la mayor rapidez posible” para lo que es casi imprescindible convencer a los españoles de su inevitabilidad e incluso, si es posible, de su conveniencia. En la consecución de semejante tarea resulta imprescindible la “adecuada” colaboración de periódicos y periodistas. Y pensamos que el artículo que comentamos es un perfecto ejemplo, y el periódico elegido uno de los más idóneos, para alcanzar el objetivo propuesto.

La segunda afirmación es una mezcla de verdad y de mentira, puesto que si “los campus se encuentran en un punto de inflexión” es fundamentalmente por la merma de recursos públicos, algo que fue perfectamente planificado por los gobiernos estatales —iniciado por el anterior y refrendado y ejecutado con fruición  por el actual— y autonómicos —pionero siempre el de la Comunidad Madrileña— como el sistema mas idóneo para conseguir la tan esperada privatización de  la universidad pública. La existencia de un número de licenciados de la universidad —pública y privada— que el mercado no es capaz de absorber es algo que tiene numerosos lustros de existencia y múltiples causas y nunca podía servir como única excusa para una modificación radical de la universidad, mientras que la tercera, “la necesidad de mejorar las cuotas de investigación” es literalmente, una mentira, una invención para justificar las decisiones tomadas. Por más que se intente manipular los datos —y el Ministerio, con su máximo responsable a la cabeza, es un convencido de sus ventajas, sobre todo porque sus efectos se expanden por/ante la pasividad de los creadores de la opinión pública—, la relación investigación/inversión era absolutamente defendible y perfectamente homologable con la europea, aunque estuviera lejos de ser una situación idílica. Tras los más de 5.200 millones de euros recortados en enseñanza por el ínclito Wert, es obvio que la situación se ha agravado dramáticamente, rozando incluso la posibilidad de su desaparición.

Y llegamos a la gran mentira. “Ante este panorama el gobierno prevé remodelar de arriba abajo la universidad”. Primero se crea voluntariamente las condiciones idóneas, infectando las células sanas y luego uno se autopostula como el único cirujano/carnicero capaz de atajar la enfermedad. Si semejante planteamiento demuestra que funciona admirablemente con el tema de la crisis/estafa económica, ¿por qué razón no trasladarlo a la privatización de los servicios públicos? Dicho y hecho. Según el artículo de El País,  el Gobierno interviene “ante semejante panorama”. El problema es simple y sencillamente que no es cierto. Sin necesidad de remontarnos al plan Bolonia, lo que ahora se anuncia como novedad estaba perfectamente previsto desde hace bastante tiempo. Y hay pruebas que lo demuestran: En el año 2010, encargado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y firmado por Federico Gutiérrez Solana como presidente de la CRUE y Patricia Botín —hija del dueño del banco de Santander— como presidenta de la fundación CYD,  se entrega un informe conocido bajo el nombre de Estrategia Universidad 2015, que deja perfectamente claro el camino que va a seguir la universidad en los años venideros. Sobre el tema especifico de la elección de rector veamos lo que en 2010 decía ese informe: “Lo primero que hay que poner de manifiesto es que el debate hoy en día no se centra en el proceso de elección del rector sino en el hecho de si este debe ser elegido o directamente designado”. Tras decantarse claramente por la designación por parte de un órgano externo a la universidad —¡a imagen y semejanza de los actuales Consejos Sociales, pero ampliado!— ante el que éste tiene que rendir cuentas, “más importante  si cabe que el sistema de elección de rector es el que atañe a la elección o designación de los responsables de los centros”. No contentos “los autodenominados demócratas de toda la vida” con  decantarse por el nombramiento digital de los decanos de los centros, avanzan un pasito más y plantean la conveniencia —en aras de evitar que las discrepancias empañen el resultado final— de que éstos a su vez designen de idéntica forma a los directores de departamentos. El círculo  de la  racionalización/democratización/privatización de la universidad  ya está logrado, y se ha conseguido la aniquilación  absoluta de cualquier vestigio democrático en la designación de los responsables de la universidad.

El artículo afirma que para solucionar el tema se ha nombrado por parte del Ministerio un comité de “expertos”—que “casualmente” presenta total mayoría del PP—  y que en diciembre emitirá su informe. Que dicho informe,  de nuevo “casualmente”, vaya  a coincidir en  líneas generales  con lo propugnado por Estrategia Universidad 2015, de la misma forma que ya ha ocurrido lo mismo con el comité de expertos catalanes, nos obliga a plantearnos si —generalizando— la actitud de la prensa ante este tema proviene de una ignorancia supina, o simplemente, forma parte de una connivencia que como todo el mundo sabe, tiene por objetivo beneficiar a ambas partes.

Antonio Castro
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid
Jaime Pastor

Profesor de la UNED
Ángel Ponce

Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid

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octubre 22, 2012

El Gobierno lleva a los tribunales a 15 universidades públicas

Iturria: Manuel Planelles / Neus Caballer /Kaos en la Red – 2012/10/22

Hacienda recurre sus convocatorias de plazas para nuevos profesores

El pulso que mantiene el Gobierno central con las universidades públicas sube de intensidad y llega hasta los tribunales. El departamento de Cristóbal Montoro, encargado de velar por la austeridad presupuestaria, ha ordenado a la Abogacía del Estado que recurra las convocatorias de acceso a plazas del cuerpo docente de 15 universidades. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas entiende que se ha superado la tasa de reposición vigente, que obliga a que solo se cubran 10 de cada 100 bajas que se generen en la enseñanza.

El recorrido jurídico de los recursos del departamento de Montoro es una incógnita. En el caso de las 15 universidades afectadas la vía sería la del contencioso-administrativo y tendrá que ser un tribunal el que decida en cada caso si aplica la suspensión cautelar de las convocatorias.

“Cuando se resolviera el recurso, si fuera en contra de las universidades, técnicamente el catedrático perdería su condición pero conservaría su plaza de profesor titular de Universidad. No se quedaría en el paro, volvería al cuerpo al que pertenecía antes de presentarse a la oposición”, explica el rector de Universidad de Valencia, Esteban Morcillo, sobre las repercusiones de este conflicto.

El precedente más reciente es el de las oposiciones de secundaria de Andalucía, que Hacienda paralizó al presentar un recurso en abril. El ministerio también entendía que la oferta andaluza superaba la tasa de reposición de bajas fijada. Y la Junta argumentaba que su oferta había sido aprobada con anterioridad a los decretos que reducían la cobertura de vacantes. La vía elegida por Hacienda en el caso andaluz fue la del Tribunal Constitucional, donde presentó un “conflicto positivo de competencias”, una figura reservada para las disputas entre el Estado y las comunidades. El Constitucional decidió el 13 de septiembre suspender cautelarmente las oposiciones andaluzas hasta que se pronuncie sobre el fondo del conflicto.

La relación entre los máximos responsables de la Universidad y el Ejecutivo de Mariano Rajoy arrancó con muy mal pie. Los rectores llegaron a plantar al ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Consejo de Universidades de mayo. Mostraron así su desacuerdo con la decisión de Wert de no incluir en el orden del día de aquel encuentro el debate sobre el decreto ley de recortes aprobado en abril. Los claustros de muchas de las instituciones, donde están representados todos los sectores de la enseñanza superior, han ido aprobando desde entonces declaraciones de rechazo a los ajustes del Gobierno, como la subida de las tasas o las restricciones en las becas.

Los estudiantes también han protestado contra el Ejecutivo. En la Universidad de Sevilla, por ejemplo, los alumnos paralizaron toda la actividad docente durante los últimos 15 días del curso pasado. “Es una reivindicación justa”, dijo entonces el rector de esta institución, Antonio Ramírez de Arellano, sobre la protesta estudiantil. El rector de la Complutense, Santiago Carrillo, también se ha mostrado partidario de las movilizaciones contra los ajustes.

Y, precisamente, son los recortes que intenta imponer el Gobierno central los que han provocado un nuevo encontronazo, en este caso, con el departamento de Montoro. El enfrentamiento se remonta al mes de julio, cuando, a través de un burofax, el Ministerio de Hacienda conminó a varias universidades a que retiraran las ofertas de empleo que habían sido publicadas ya en el Boletín Oficial del Estado. “Si transcurrido un mes desde la recepción de este requerimiento no se hubiera obtenido contestación, se entenderá rechazado, momento en el que este órgano directivo solicitará a la Abogacía del Estado la interposición del correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa”, se señalaba en el escrito enviado a las academias afectadas. Ese plazo se ha cumplido y Hacienda intentará frenar estos concursos en los tribunales.

“Es una intromisión del Gobierno en la autonomía universitaria”, opina el vicerrector de Planificación Docente y Profesorado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José Antonio Sánchez Medina. A ellos también les llegó un burofax en verano en el que se les pedía que dejaran en suspenso 19 plazas publicadas en el BOE, que habían sido aprobadas por el Consejo de Gobierno de dicha universidad en febrero.

Los responsables del campus sevillano, como la mayoría de los afectados, decidieron seguir adelante con sus convocatorias al entender que eran legales, ya que se habían aprobado —que no publicado en el BOE— con anterioridad al decreto de recortes de abril.

Sin embargo, lo cierto es que no existe una posición unitaria respecto a este asunto. Los escritos enviados por Hacienda fueron analizados en la asamblea general extraordinaria de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) celebrada el 6 de septiembre. “Se observa gran disparidad de actuaciones entre las distintas universidades, por lo que resulta difícil aunar criterios comunes de actuación en lo que respecta a 2012”, se señala en el acta de aquella reunión. Cada rector decidió tomar su camino. Y la mayoría escogió seguir adelante con las convocatorias. Así lo han decidido la Universidad de Sevilla (13 plazas en disputa), la de Granada (59) o la Jaume I de Castellón (18).

También la Universidad de Valencia, con 45 plazas de catedrático y profesor titular en el aire. “El Consejo de Gobierno votó en contra de suspender las oposiciones. Por una razón: porque el burofax de Hacienda no lo pide expresamente. Simplemente pidió que se retirarán del BOE las publicaciones de las convocatorias de plazas”, explica su rector, Esteban Morcillo. “Los concursos se están celebrando con normalidad en todas las universidades y los nombramientos se están enviando al BOE. Si hubiera un recurso de Hacienda y el juez accediera a la suspensión cautelar podría paralizar los nombramientos ganados por oposición”, añade Morcillo.

marzo 13, 2012

Manifiesto de profesores de la Universidad frente a los recortes de la reforma laboral

Gara.net – 2012/03/13

Profesores y catedráticos de universidades del Estado español, entre los que se encuentran miembros de la UPV-EHU, de Deusto y de la Universidad Pública de Nafarroa, rechazan que para despedir o no cumplir los convenios las empresas puedan alegar «pérdidas previstas».

Un total de 190 profesores y catedráticos universitarios de la rama de contabilidad han firmado un manifiesto contra la utilización de las «pérdidas previstas» como causa económica de despido y de «descuelgue» de convenio colectivo que permite la reforma laboral. A su juicio, esas medidas son subjetivas y suponen dejar en manos de los empresarios todas las posibilidades para despedir o no acatar las reglas de los convenios firmados entre las partes.

Entre los firmantes hay prestigiosos profesores y estudiosos de la contabilidad de todas las universidades del Estado español, entre ellas la UPV-EHU y la Universidad de Deusto y la Universidad Pública de Navarra, habiendo ocupado alguno de ellos puestos institucionales, como el anterior presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, José Antonio Gonzalo Angulo, el antiguo responsable de la Sindicatura de Cuentas de Valencia, Vicente Montesinos Julve, o la antigua presidenta del Consejo de Coordinación Universitaria, María Antonia García Benau.

Todos ellos rechazan que las empresas puedan alegar «pérdidas previstas», como dice la ley de la reforma laboral, para establecer «las causas económicas de despido y de descuelgue de los convenios colectivos».

Afirman que la información empresarial que se utilice con propósitos externos debe ser fiable y estar auditada, pero que su pretendida objetividad es imposible con «las pérdidas previstas», porque se trata de una estimación hipotética y subjetiva que se elabora «de parte» por la empresa en situaciones como el despido o la modificación de condiciones laborales.

El manifiesto precisa que la inclusión de esta cláusula contamina los principios jurídicos más básicos al obligar a los jueces «a fundamentar sus resoluciones en pruebas que no son de hechos ciertos, sino de sucesos en todo caso futuribles». Porque, como explican, «el resultado previsto -beneficios o pérdidas- solo puede estar basado en el establecimiento de una serie de hipótesis previas subjetivas, cuya definición puede provocar grandes oscilaciones en los resultados. El resultado previsto es una magnitud meramente hipotética», apostillaron los profesores y catedráticos.

Por otro lado, el manifiesto señala que la reforma incurre en una contradicción, al pretender en su «exposición de motivos haber eliminado de la nueva redacción elementos valorativos de proyección futura e imposible prueba, cuando en el articulado se insiste en las pérdidas previstas como causa económica de despido y descuelgue de convenio colectivo».

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