Posts tagged ‘Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco’

junio 25, 2013

Confirmada la nulidad de un despido en Panda

Iturria: Gara.net – 2013/06/24

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia que declara la nulidad del despido del delegado sindical de CNT en Panda Security de Bilbo, efectuado dentro del ERE de extinción que la empresa presentó y que fue aceptado en 2011, según informó CNT en un comunicado.

Explicó que, el TSJPV considera que se trata de un despido «con claros elementos discriminatorios que afectan a la garantía de indemnidad y a la libertad sindical del trabajador afectado», además de «enmascarar una conducta antisindical».

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junio 25, 2013

El TSJPV declara nulos los despidos de 22 trabajadores de Upacat

Iturria: Gara.net – 2013/06/24

El TSJPV ha declarado nulos los despidos de 22 trabajadores de la empresa donostiarra Upacat, dedicada al sector del Metal, por «falta de acompañamiento de medidas sociales en el ERE de extinción», según informó el sindicato ELA.

La central explica en una nota que el TSJPV «ha concedido amparo» a la demanda que presentó contra estos despidos que, según ELA, incumplen el artículo 50 del convenio del Metal de Gipuzkoa.

Además de los motivos citados, la resolución judicial declara nulos los despidos por «superar el período de consultas de 30 días sin lograr acuerdo alguno con la parte social» y por «falta de buena fe en el periodo de consultas».

La empresa también es condenada por «haber planteado un ERE de extinción, mientras se encontraba vigente un ERE de suspensión».

La sentencia condena también al grupo ELT «al quedar demostrada la responsabilidad mercantil del grupo».

En su comunicado, ELA felicita a los trabajadores de Upacat «por esta victoria y se reafirma en que ante un mercado laboral cada vez más injusto, hay que utilizar todas la armas sindicales y jurídicas para defender los derechos» de los empleados. La plantilla ha llevado a cabo movilizaciones durante los últimos meses a fin de evitar que la dirección sacara el material, puesto que los despidos estaban todavía en los tribunales.

octubre 16, 2012

Corrugados Azpeitiaren aurkako epaiketa egin da Bilbon

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/16

Gaur egin da Euskadiko Justizia Epaitegi Gorenean Corrugados Azpeitia enpresak iragarritako 60 langileren kaleratze kolektiboaren aurkako epaiketa. Epaiketa dela-eta, enpresako hamarnaka langile elkarretaratu dira epaitegiaren aurrean, enpresa komiteak deituta.

Corrugados Azpeitiako langileak greba mugagabean daude ekainaren 23a geroztik, enpresaren erabakiaren –60 langileren kaleratzea, soldaten %35eko jaitsiera, urteko lanaldia 49 ordutan handitzea eta 200 langile baina gehiagori eragingo dion enplegu erregulazio espedientea– erantzun gisa.

ELA eta LAB sindikatuek osatzen dute enpresaren aurkako salaketa jarri duen enpresa komitea.

octubre 16, 2012

Celebrado el juicio contra Corrugados Azpeitia

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/16

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha acogido hoy el juicio por el despido colectivo de 60 trabajadores/as de la empresa Corrugados Azpeitia, denunciado en su día por el comité de empresa. Con motivo del juicio decenas de trabajadores y trabajadoras de Corrugados se han concentrado convocados por ELA y LAB –los sindicatos que componen el comité de empresa– frente a los juzgados.

La plantilla se encuentra en huelga indefinida desde el 23 de junio en respuesta a la propuesta de la empresa de despedir a 60 personas, además de una reducción salarial de un 35 por ciento y un aumento de 49 horas en la jornada anual, así como un expediente de regulación de empleo para más de 200 trabajadores/as.

octubre 16, 2012

El comité de Formica decide por unanimidad recurrir ante los tribunales el expediente de extinción

Iturria: Gara.net – 2012/10/16

El comité de Formica, formado por ELA, LAB y CCOO, acordó ayer por unanimidad recurrir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el expediente de extinción de 169 empleos de la planta de Galdakao, que supondrá su cierre y desaparición, tras 66 años de historia.

Gotzon Almaraz, representante de LAB, informó a GARA que están a la espera de que la dirección de la empresa presenta la documentación legal del expediente y envíe la carta de despido a los trabajadores. No saben con exactitud «si los despidos serán todos en conjunto o en varias tandas, como se había comentado». Según adelantó, hoy se celebrará una asamblea de trabajadores para indicarles el procedimiento a seguir y para mantener el encierro en la planta de Galdakao y la huelga indefinida para evitar su cierre.

Almaraz aseguró que «no están justificadas las causas de los despidos y del cierre de la empresa» y lamentó que «se trata de quitarnos por la cara el trabajo y el futuro de muchas familias de Galdakao». Por ello, aseguró que «vamos a por todas, porque está claro que en cada una de las reuniones que hemos mantenido con la empresa hemos desmontado todos los argumentos que nos han presentado. Están injustificados los despidos y el cierre».

Desindustrialización

Ante esta situación, el representante sindical recordó a los grupos políticos que «no pueden mantener la reforma laboral de esta manera, porque supone dar paso a la desindustrialización de Euskal Herria».

Tras la reunión de la semana pasada, la compañía anunció que extinguiría los contratos de trabajo en su planta vizcaina de Formica con una indemnización de 20 días. Ante la oposición a negociar por parte de Formica, el comité remarcó ayer que el objetivo que pretenden al recurrir a los tribunales es «seguir luchando por la defensa de los puestos de trabajo», porque «hemos trabajado bien en esta empresa, manteniendo una calidad buena en la producción y haciéndonos un hueco en un mercado complicado».

Ese esfuerzo, que antes ya supuso la marcha de otros trabajadores, «no se quiere tener en cuenta por parte de la dirección de Formica, por eso no nos dejan otra vía que acudir a los tribunales a defendernos».

octubre 10, 2012

Comité de Laminaciones Arregui se felicita por la sentencia y mantiene su apuesta de negociación “real” con la empresa

Iturria: Finanzas.com – 2012/10/09

Entienden que la empresa deberá readmitir “en los días sucesivos” a todos los trabajadores

El Comité de Laminaciones Arregui, actual Celsa Atlantic, se ha felicitado este martes por la sentencia que declara nulo el ERE de extinción para los 358 trabajadores de sus dos plantas alavesas, y ha subrayado que mantiene su apuesta de negociación “real” con la empresa para “poder solucionar este conflicto” iniciado hace cinco meses.

El Comité ha celebrado una rueda de prensa en Vitoria tras conocer la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) con la que ha declarado nulo el ERE de extinción presentado por Laminaciones Arregui por considerar que vulnera los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.

El responsable de ELA en la empresa, Gustavo López de Armentia, ha recordado que la reforma laboral es nueva y que las sentencias que ahora se están dando son “novedad”, por lo que ahora comienza un proceso en el que la empresa tiene cinco días para presentar recurso “si lo entienden oportuno”, pero entienden que la empresa tendrá que readmitir “en los días sucesivos” a todos los trabajadores.

Sin embargo, ha recordado que las demandas individuales que cada trabajador había presentado y que estaban paralizadas durante el proceso en el TSJPV, ahora siguen adelante. “Esperamos que en unos días, los juzgados de Vitoria nos indiquen como quieren abordar las demandas individuales”, ha informado.

López de Armentia ha resaltado que la sentencia es “muy clara” y rechaza la vía de los despidos por una “vulneración clara del derecho a huelga”, ya que “tras ponerse en huelga el 8 de mayo, al día siguiente la empresa anunció el cierre de las plantas”. “El TSJPV ha entendido que se trata de una acción-reacción por parte de Laminaciones”, ha señalado.

El representante sindical también ha señalado que el juez ha tenido en cuenta las alegaciones del Comité en las que se denunciaba que los despidos tenían “un color muy concreto, que correspondían a los sindicatos que en el conflicto han estado más activos”.

El tribunal analiza también el hecho de que hasta que tuvo lugar el juicio oral el pasado 18 de septiembre en Bilbao, la empresa despidió a un total de 178 trabajadores, de los cuales, 97 han sido empleados afiliados a ELA. “No se determinaban con un perfil productivo o de cualificación sino por estar haciendo huelga o por estar afiliados a unos sindicatos concretos”, ha explicado el representante de ELA.

El presidente del Comité de Empresa, Nando Anguiano, por su parte, ha apostado por mantener la propuesta que presentaron hace una semana — sin todavía conocer el resultado de la sentencia– con la que planteaban a la dirección un diálogo y negociación “real” con la empresa. “Estamos dispuestos a negociar para poder solucionar este conflicto que lleva ya cinco meses”, ha insistido.

Según ha explicado, tras cinco meses de huelga, la sentencia ha “demostrado” que la lucha de los trabajadores era “legítima” y ha advertido de que “los jueces van a nivelar la lucha entre empresarios y trabajadores”, después de que “la reforma laboral les haya dado potestad a los empresarios para deshacer los derechos laborales”. “UN PLAN DE FUTURO”

En este sentido, ha advertido de que, a pesar de la sentencia, los trabajadores tienen la amenaza de esta reforma laboral “todavía encima”, y ha apostado por “el mantenimiento de la actividad industrial”. “Celsa debe hacer un verdadero plan de futuro; no aceptaremos un planteamiendo de despidos fantasmas y salvajes como el que hasta ahora han querido hacer”, ha señalado.

Asimismo, ha felicitado al Comité de empresa, y especialmente a los trabajadores que han estado “aguantando” este conflicto desde la situación de huelga y “sin ceder a los chantajes de la empresa” y ha subrayado el “ejemplo” que han dado estos trabajadores que el pasado 8 de mayo se declararon en huelga al considerar “injustas” las medidas de la empresa.

“Tenemos ganas de que empiece una negociación o seria con la empresa”, ha reiterado antes de realizar un llamamiento a los trabajadores que no se han declarado en huelga, para que en esta nueva negociación haya “una unión por solidaridad con sus compañeros, para que tomen decisiones que vayan acordes con lo que hace el Comité”.

Por otro lado, ha instado al resto de empresas como Corrugados Azpeitia, los trabajadores del aeropuerto de Foronda “que tantas veces nos han acompañado en nuestras movilizaciones”, así como otras empresas en conflicto para que “sigan peleando y por el camino de la lucha” porque “se consiguen cosas”. “CHANTAJES EN EMPRESAS”

“Esta es una noticia muy buena para los trabajadores de Laminaciones y para aquellos que están siendo chantajeados por sus empresas y para los que lo van a estar. Esta noticia es muy importante para toda la clase trabajadora”, ha indicado.

El Comité no ha querido avanzar si van a abandonar la huelga y han insistido en que mantienen esta propuesta de diálogo. Además, han recordado el emplazamiento que esta semana le han hecho a los partidos políticos a quienes les han pedido que se “esmeren” y les ayuden a “encontrar un acuerdo” con un posicionamiento de los candidatos para conseguir una salida “no traumática” del conflicto.

“La empresa estaba en la casilla de 178 despedidos y ahora volvemos a la casilla de salida pero somos conscientes de que el problema no está solucionado”, han subrayado.

Finalmente, ha señalado que esta sentencia debería servir “para que la sociedad recapacite” y ha animado a toda la ciudadanía a participar en la manifestación que han convocado este jueves a las 19.00 horas desde la plaza de Bilbao de la capital alavesa. “Laminaciones Arregui es totalmente viable según los trabajadores y el TSJPV”, ha concluido.

octubre 9, 2012

Un proyecto de ley de tasas judiciales lamentable, para dejarnos sin Justicia

Iturria: Hayderecho.com – 2012/10/08

Está en tramitación parlamentaria un Proyecto de ley en verdad tremendo, por el que se regulan determinadas tasas en la Administración de Justicia.  Si el Proyecto acaba en ley, se cercenará la posibilidad de tutela judicial en perjuicio de los más débiles. No abundaremos, para este blog, en consideraciones jurídicas elementales, relativas tanto al derecho a la tutela judicial efectiva, del art. 24.1 CE, que sería frontalmente contrariado, como al art. 119 de nuestra Norma Fundamental, cuyo espíritu no puede ser más opuesto a impedir el acceso a la Justicia a quien no disponga de amplios recursos económicos para litigar, que es lo que resulta del proyecto legislativo. Vamos a los hechos del proyecto: se pretende que se abonen al Estado unas tasas judiciales altísimas como requisito para acceder a los tribunales en todas las jurisdicciones excepto la penal. Las tasas se imponen a cualquier persona, sea física o jurídica y si es física, sólo se exime a quienes tengan ingresos inferiores a 12.780€ anuales y computando no solo los del propio interesado sino los de su unidad familiar (doble del IPREM, límite para derecho a justicia gratuita). La crisis económica es un puro pretexto porque ninguna consideración económica es aceptable como fundamento de unas tasas tan rotundamente restrictivas del acceso a la Justicia.

Se proyecta que se paguen como tasas unas sumas de dinero que pueden muy fácilmente alcanzar los varios millares de euros por interponer una demanda civil (efecto del sistema de cálculo escogido en el procedimiento ordinario: sumar a un fijo de tasa de 300 euros el porcentaje del 0,5% de la cuantía procesal, que, por ejemplo, tratándose de un inmueble, es el precio de mercado del inmueble, y tratándose de una reclamación de cantidad, la cantidad reclamada). Se proyecta que un trabajador o un pensionista que ve desestimada su demanda en el Juzgado de lo social pague 500 euros por recurrir. Se proyecta que la tasa por impugnar una multa de tráfico sea de importe superior a la propia multa. Impunidad del poderoso de cualquier clase (también del Estado) y ley del más fuerte. No sería ya una justicia de dos velocidades, sino una justicia exclusiva para quienes puedan pagar esas tasas y ninguna justicia para el que no pueda. Y también se vería afectado directamente otro derecho constitucional; porque la protección al consumidor está en la Constitución y en las normas europeas, y nadie va a defenderse del abuso de las grandes empresas si sigue adelante el proyecto, que, además de tasas altísimas para pleitos cotidianos, impone también tasas en asuntos pequeños, como los de consumo, que directamente disuaden de reclamar, por ser mayor la tasa que el importe reclamado.

El preámbulo del proyecto hace referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, de 16 de febrero de 2012, para fundamentar la constitucionalidad de tasas judiciales. Pero -¡atención a la grosera manipulación, peor que la mentira!- esa sentencia, y otras tres del TC que el preámbulo no menciona, se referían a la legislación precedente, que imponía tasas módicas a personas jurídicas, tasas de unos 70 euros a sociedades mercantiles de gran facturación. El Tribunal Constitucional, con cita de jurisprudencia europea, declara la constitucionalidad de las tasas y del mecanismo de contribuir al sostenimiento de la Administración de Justicia  si, y solo si las tasas no significan una barrera al acceso a la jurisdicción y matizando que se referían al caso concreto. Que no se dé curso a una demanda por no pagar una tasa módica, proporcionada y asumible es constitucional, pero que se impida la defensa con tasas desproporcionadas, disuasorias y desorbitadas, imposibles de pagar para un significativo porcentaje de población, es inconstitucional e infringe los convenios internacionales.

Como las tasas no se modulan en función de la capacidad económica, las sufrirán las clases medias; y serán ellas quienes se encuentren ante una barrera infranqueable e inconstitucional. Si es que en realidad entra en la clase media una familia que sobrevive con los 1.100€ mensuales fijados por el proyecto como límite para exención de tasas, o si de verdad se diferencia en algo de quien gana un euro menos y por tanto se beneficia de la exención. A las empresas les resulta irrelevante la tasa –a diferencia de los particulares, la tasa es gasto fiscalmente deducible, como lo son  el IVA y las minutas de los profesionales que intervienen, abogado y procurador, con manifiesta desigualdad procesal-, y al deudor en concurso se le exime, y al Estado también, sea cual sea su forma.

El proyecto no prevé más mecanismo  sobre la capacidad económica que la inadmisión de plano por el secretario judicial del escrito al que deba acompañarse la autoliquidación (por cierto: ¿con o sin algún tipo de recurso al juez?). Bastante trabajo tienen ya los secretarios judiciales, a quienes se encarga comprobar que se acompaña la autoliquidación de las tasas actuales, como para colapsar del todo los Juzgados imponiéndoles la comprobación individual de la capacidad económica de cada justiciable. Pero que sea inviable en la práctica graduar las tasas por nivel de ingresos si es el secretario el encargado de ese control no afecta al hecho de que imponer tasas altas a cualquiera sin tener en cuenta la capacidad económica resulta inconstitucional y contrario a los convenios internacionales.

Naturalmente que hay quien demanda sin ningún fundamento. Los abusos existen, y por eso también prevé desde siempre el Derecho Procesal la figura jurídica de la condena en costas a los litigantes temerarios. Si el legislador quiere que se contribuya al sostenimiento de la Administración de Justicia, con el repetido pretexto de una (discutible) hiperjudicialización de la sociedad española, que imponga esa carga a quien de verdad da lugar a pleitos innecesarios, es decir, a quien pierda el pleito con condena en costas y, además, sea declarado temerario. Que el querulante pague tasas, y, si se quiere, además multas, cuando sea condenado y en ese momento; pero que no se cargue a todo justiciable sistemáticamente con tasas como si demandar fuera un lujo o un capricho y no un derecho constitucional de primer orden. Ningún pleito es deseable en sí mismo, como tampoco una intervención quirúrgica por una apendicitis o un cáncer; pero a nadie que sufre una apendicitis jurídica o un cáncer jurídico se le puede reprochar que busque el remedio para ello, un remedio que está en la Constitución y que protegen los convenios internacionales

Se prevé que las tasas sean incluidas en la condena en costas del que sea condenado, y por tanto quien tuvo que adelantarlas (si se lo permitía su capacidad económica, que si no, se quedó sin pleito o sin recurso, y sin derecho) podría en teoría recuperarlas del contrario perdedor. Pero no solo existe –y se aplica- la posibilidad legal de que no haya condena en costas en caso de asuntos dudosos (y entonces el litigante contrario es con frecuencia insolvente y por tanto la  recuperación resulta imposible), sino que además esa solución de que pague el que pierda tampoco es necesariamente justa. Perder un juicio no significa siempre que la postura procesal fuera infundada; y no es lo mismo perder y ser condenado -o no- a costas, que perder con declaración expresa de temeridad y mala fe. Con leyes muchas y malas, en vez de pocas y buenas, y opiniones jurídicas para todos los gustos en cualquier tema, y muchas con fundamento, de modo que se sostiene una postura procesal al amparo de doctrina y jurisprudencia y, sin embargo, se pierde el pleito, pero no por eso se está necesariamente abusando de recursos públicos. La propia técnica legislativa frecuentemente defectuosa fomenta los pleitos con la inseguridad jurídica que origina.

Y al hilo de la cuestión de la inseguridad jurídica que propicia el mismo legislador, hay otro aspecto preocupante en el proyecto de ley: que -dejando ahora a un lado el espinoso asunto de la muy discutible autonomización de nuestra Justicia- ya hay tasas judiciales autonómicas en Cataluña por Ley Ley catalana 5/2012 (título III bis, capítulo I) e inminentes en la Comunidad Valenciana. En lo que respecta a su contenido, la ley catalana es razonable por dos motivos: por número de exenciones en materias, justiciables y jurisdicciones –por ejemplo, nada en laboral ni Derecho de Familia en sentido amplio- y por imponer cuotas muy inferiores a las estatales, de modo que no puede decirse que esas tasas impidan el acceso a la jurisdicción a la generalidad de la población. Así, por demanda de un juicio ordinario, 120 euros fijos de tasa autonómica, frente a las  cuantías que llegan muy fácilmente a miles de euros de tasa nacional al establecerse un fijo de tasa estatal de 300 y sumarse el variable del 0,5% de la cuantía procesal. El proyecto de tasas estatales especifica que se impone la  tasa en todo el ámbito nacional, sin perjuicio de las tasas autonómicas “que puedan exigir las Comunidades autónomas en ejercicio de sus respectivas competencias financieras, las cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles”. Pero la ley catalana, que también se establece “sin perjuicio de las tasas y otros tributos de carácter estatal que puedan exigirse” en efecto parece que sí grava los mismos hechos imponibles que la estatal: interposición de demanda, de reconvención, monitorio, apelación, etc. Quien deba acudir a la jurisdicción en Cataluña –no necesariamente catalanes, que el sistema procesal obliga a demandar en todo el territorio nacional, donde las leyes indican en el caso concreto- tendrá que pagar la tasa autonómica y además la tasa estatal, mientras se aclara el conflicto de competencias; y otro tanto en la Comunidad Valenciana. Perjudicado inmediato: el justiciable. El Estado y la Comunidad Autónoma gravan y cobran, y después, dentro de un incierto número de años, el justiciable que haya pagado duplicado conseguirá quizá la devolución de ingresos indebidos (¿cuál de las dos tasas sobra?); y el justiciable privado de jurisdicción por motivos económicos al sumarse dos tasas se quedó sin su derecho.

En definitiva, el legislador no debe en ningún caso aprobar el proyecto en los inconstitucionales e injustos términos en los que está planteado, y esperemos que se imponga el sentido común. En caso contrario los efectos serán inmediatos y graves, además de la indefensión provocada por la impunidad del más poderoso y la desprotección frente a la arbitrariedad del Estado, dos conflictos de competencias en momento nada oportuno y avalancha de recursos al Tribunal Constitucional cuando empiecen a ser rechazadas peticiones que no adjunten el justificante de la tasa: aumento inmediato del número de asuntos penales, pues al estar esa jurisdicción exenta de tasa, se intentará esa vía cuando se vea la menor posibilidad; el Derecho del Consumo convertido en papel mojado; alteración de la paz social, pues habrá quien no pudiendo defenderse en los juzgados haga uso del inadmisible sistema de tomarse de justicia por su mano; significativa elevación de las primas de las pólizas de seguros que cubran defensa jurídica; y fomento del despacho de abogados “a la estadounidense” que financien a sus clientes a cambio de un elevado porcentaje del resultado, sistema éste, por cierto, que lejos de disuadir de pleitos temerarios, más bien los fomenta. Por principio negamos la mayor de que haya de aprobarse una ley de tasas judiciales, cuyo mismo concepto evoca ingratas y superadas épocas, pero si en efecto de verdad resultara indispensable aprobarlas, que lo sea con un sistema muy distinto: que pague el temerario, que para eso ha dado lugar a un pleito inútil o, en todo caso, que pague el condenado en costas, si hay tal condena y cuando la haya; que se rebajen radicalmente a cuantías muy módicas las tasas fijas y se eliminen por completo las variables, además de suprimir las tasas en la jurisdicción laboral y ampliar las exenciones por materias en lo civil y en lo contencioso-administrativo.

septiembre 10, 2012

ELA gana la primera sentencia del TSJPV sobre un despido colectivo tras la reforma

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/09/10

En la misma se declaran nulos los 13 despidos efectuados por la empresa Koyo Bearings S.A. por haberse vulnerado el derecho a la libertad sindical de ELA, y se condena de forma solidaria a la empresa Koyo y la multinacional Jtekt Corporation, considerados grupo empresarial a efectos laborales, a la inmediata readmisión de los despedidos.

El Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (TSJPV) acaba de dictar con fecha 4 de septiembre la primera sentencia en un procedimiento de Despido Colectivo por causas económicas tras la reforma laboral. En la misma se declaran nulos los 13 despidos efectuados por la empresa Koyo Bearings S.A. por haberse vulnerado el derecho a la libertad sindical de ELA, y se condena de forma solidaria a la empresa Koyo y la multinacional Jtekt Corporation, considerados grupo empresarial a efectos laborales, a la inmediata readmisión de los despedidos.

La empresa Koyo inició con fecha 27 de febrero del presente año periodo de consultas para extinguir 16 contratos de trabajo alegando causas económicas y productivas. El proceso culminó con un acuerdo suscrito por la mayoría del Comité de empresa, perteneciente al sindicato UGT, por el que se acordó extinguir el contrato a 13 trabajadores y suspender de empleo a otros 14.

Recurrida dicha decisión por el sindicato ELA, la sentencia ahora dictada declara la nulidad de tales despidos por entender que se ha producido una “vulneración de la libertad sindical de ELA” destacando entre otros elementos que “todos los despedidos están afiliados al sindicato ELA”, “que todos los despedidos se presentaron como elegibles en la candidatura del sindicato” y que “el que es sindicato mayoritario en el Comité de empresa, recordamos UGT, no se ha visto afectado en afiliado alguno”.

Este es un capítulo más del conflicto laboral que se vive en esta empresa, antigua Timken, conflicto que se inició en el año 2009 y que derivó en una huelga que duró un año y 8 meses. Muchos meses de huelga en los que la empresa demostró su prepotencia y su forma de actuar con aquellos que no admiten sus imposiciones, son activos en la huelga, se niegan a firmar EREs y reivindican sus derechos.

Coincidiendo con su reincorporación al trabajo tras la huelga, la empresa despidió a nueve trabajadores, también mayoritariamente afiliados a ELA, y también esta vez fue condenada a readmitir a los despedidos. En todo este periodo es destacable la sintonía mostrada en todo momento entre la multinacional y los miembros de UGT, mayoritaria tras las elecciones hechas una vez acabada la huelga, con respecto a todas las medidas planteadas por aquella.

Esta sentencia demuestra que, a pesar de la flexibilidad introducida por la última reforma laboral en la normativa sobre despidos colectivos, las empresas no pueden hacer todo lo que quisieran, y que la confrontación para la defensa de nuestros derechos da resultado.

ELA valora positivamente esta sentencia del TSJPV, que viene a garantizar un derecho fundamental como es el de la libertad sindical y constituye un antecedente para evitar que las empresas puedan utilizar los EREs para despedir a los trabajadores en función de su afiliación, actividad u opinión sindical, como es el caso.

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