Posts tagged ‘sanidad privada’

junio 13, 2013

Los acampados en el Hospital Donostia llevan 8.000 firmas de apoyo

Iturria: Gara.net – 2013/06/13

Los trabajadores del Hospital Donostia que llevan adelante una acampada desde el pasado 3 de junio contra los recortes en Osakidetza hicieron ayer una primera valoración de las protestas y destacaron que en poco más de una semana han conseguido 8.000 firmas de apoyo a su causa.

Representantes de la plataforma de trabajadores informaron de que muchos usuarios se han acercado a la acampada para mostrar su apoyo a los empleados y hacer llegar sus preocupaciones sobre el funcionamiento del servicio público de salud.

La plantilla, por su parte, tiene como objetivo denunciar los recortes acometidos durante los últimos meses, entre los que destacan el aumento de jornada, vía decreto, hasta las 1.610 horas, poniendo fin así a las históricas 35 horas semanales.

Reivindican, asimismo, que se ponga fin a las «peonadas» -como se denomina a las horas extra en Osakidetza- y a las políticas de destrucción de empleo.

En una nota informativa, denunciaron la falta de voluntad negociadora por parte de Osakidetza en torno al aumento de jornada y anunciaron que continuarán con las protestas mientras los recortes sigan adelante.

febrero 21, 2013

¿Quiénes y cómo quieren vender la sanidad a costa de nuestra salud?

Iturria: Joan Benach / Carles Muntaner / Público.es – 2013/02/20

El actual proceso de contrarreforma neoliberal de la sanidad representa una involución radical en nuestro modelo sanitario, un verdadero golpe de estado contra la sanidad pública. Muchas son las preguntas a hacernos: ¿Es mejor la sanidad privada que la pública?, ¿cuáles serán las consecuencias de la privatización?, ¿quiénes son los mercaderes y “vendedores” de nuestra sanidad?, ¿qué objetivos y estrategias están utilizando?, ¿cómo defender la sanidad pública?

Tal y como muestran gran número de estudios, la sanidad privada es más desigual, menos eficiente y tiene peores resultados que la pública. Por ejemplo, un estudio comparativo de hospitales privados con y sin afán de lucro en 26.000 hospitales y 38 millones de pacientes concluyó que la mortalidad fue mayor en los hospitales que se lucraban. Sabemos que los hospitales privados seleccionan a los pacientes, cobran por acto médico, realizan pruebas e intervenciones innecesarias y dan altas prematuras. La gestión privada no sólo es más cara sino que sus ganancias se basan, sobre todo, en ahorrar en recursos y personal, ofreciendo bajos salarios y condiciones de empleo precarias, lo cual afecta la salud de los trabajadores de la salud y daña la calidad de la atención sanitaria. La privatización de la sanidad rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social y abre paso al clasismo y la discriminación produciendo desigualdades injustificables. Todo ello producirá un modelo de sanidad “trifásico”, a tres niveles: una sanidad de pago para los ricos y la clase media que pueda pagarla, una sanidad pública con servicios mínimos y baja calidad para la clase trabajadora y una clase media empobrecida, y una sanidad de beneficencia para las personas en situación de pobreza y marginación.

Los principales mercaderes de la sanidad son el poder económico representado por las grandes empresas aseguradoras y los oligopolios de una industria farmacéutica-biomédica-tecnológica sanitaria que trabaja sin descanso para ampliar un modelo sanitario cuyo potencial de negocio es enorme. Empresas como Capio Sanidad, el Grupo Ribera Salud, USP, Sanitas, HM Hospitales, entre otras, invierten y compiten por consolidar sus intereses privados y ampliar sus beneficios económicos. El pastel a repartir al mejor postor es de miles de millones de euros. Junto a las empresas, otros “presuntos” implicados en el proceso son las elites políticas y gestores de partidos como el PP, CiU e incluso del PSOE, que velan por sus intereses personales y de clase inmediatos, siendo dependientes financiera, ideológica y psicológicamente de los poderes económicos. La connivencia se refleja en valores e intereses compartidos y en prácticas de clientelismo y “puertas giratorias” con favores políticos, pagos y salarios irregulares, y adjudicaciones sin concurso. Un ejemplo es el de la Generalitat de Catalunya, donde Boi Ruiz, Conseller de Salut desde finales de 2010, ha sido director y presidente desde 1994 de Unió Catalana d’Hospitals, la patronal sanitaria que agrupa a más de 100 entidades. Un ejemplo de su lealtad para promover la entrada de capital privado en la sanidad pública se refleja en el informe de principios de 2011 realizado por la consultora PwC para la Generalitat de Catalunya. En él se detalla la propuesta de privatizar y mercantilizar la sanidad: ambulancias, laboratorios clínicos, emergencias médicas, institutos tecnológicos, hospitales, centros de atención primaria… Se puede decir más fuerte pero no más claro. Por último, otros beneficiarios del proceso privatizador son los “vendedores”, los cuales incluyen ideólogos y consultoras o “voces de su amo”, y analistas o correas de transmisión de las bondades del negocio sanitario: gestores tecnócratas que manejan “clientes” en vez de pacientes, tertulianos “sabelotodo” que claman lo indefendible y, también, expertos, analistas e investigadores, malabaristas del coste-beneficio, disfrazados de científicos.

Como una mercancía más, la sanidad pública ha sido puesta en venta al mejor postor para lograr el máximo beneficio económico. Las estrategias para mercantilizar son variadas. Una de ellas es “culpar a las víctimas” de sus enfermedades y señalar su responsabilidad personal (“repagos”) diluyendo el papel de las políticas y los determinantes sociales. Una segunda, es destruir la buena imagen y la capacidad de “lo público”. Se intenta hacer creer que la entrada del sector privado es “racional” y cubre una “función social” y, con la excusa de la “austeridad”, los brutales recortes presupuestarios están desangrando la sanidad pública. Y una tercera estrategia fundamental es la progresiva realización de cambios “político-legales” para parasitar a lo público, facilitar la gestión privada, crear fundaciones y consorcios para ocultar la realidad, segmentar la sanidad pública para ayudar a su venta, y promover el aseguramiento privado.

Tener una atención sanitaria de calidad no puede ser una mercancía sino un derecho regulado democráticamente y sufragado públicamente. Contra lo que apuntan los mercaderes y vendedores que se lucran con la salud y la vida de la gente, la sanidad pública es “la solución” y no “el problema”. La historia enseña que los procesos de movilización y lucha social, y la consiguiente generación de pérdidas y miedo en la clase dominante, son cruciales para defender nuestros derechos y conseguir otros nuevos. La salud no se vende, se defiende. Nuestra salud está en juego.

Profesores de salud pública de la Universitat Pompeu Fabra y la University of Toronto respectivamente; ambos son miembros del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET, UPF), y coautores junto con Gemma Tarafa y Clara Valverde del libro La Sanidad está en Venta (Barcelona: Icaria, 2012)

febrero 19, 2013

¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?

Iturria: Angeles Maestro / Kaos – 2013/02/19

Es preciso que en este momento nos centremos en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización…

Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta y que se conoce como políticas neoliberales. Se trata de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia. De ella forman parte la drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, la instauración de políticas de reducción del déficit – con la correspondiente disminución de presupuestos sociales – , la liquidación de derechos laborales y sociales y las privatizaciones.

Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.

El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque – en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada.

En el Estado español este proceso se inicia a mediados de los ochenta, por el PSOE, coincidiendo con la entrada en la CEE, y es continuado por los gobiernos del PP.

El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un % considerable del PIB (el 7% en 2013).

Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, la industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública. El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene sus puestos asegurados, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.

En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo. A semejanza de Gran Bretaña donde se publicó un informe, “Working for Patients”, que sirvió como hoja de ruta para la privatización y el desmantelamiento del mejor servicio sanitario de Europa Occidental, el Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la “Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud”.

El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo un programa de preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe fue abortada porque como Diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.

Se procedió a la privatización – “externalización” – de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc. Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza hospitalaria, que fueron a parar en gran parte a empresas constructoras tales como Ferrovial, FCC o Dragados y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario1.

En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente de su votación, CC.OO. emitió un comunicado congratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS”2.

La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.

Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: Sacyr, Dragados, FCC, Acciona, .. una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas.

Mención especial merece la empresa CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners. Este grupo, de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene una oficina central en Londres y su sede se encuentra en Luxemburgo. Esta empresa tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública, con sus negocios principales en Madrid (Hospitales Jimenez Díaz, Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba3, además de dos centros de especialidades) en Castilla la Mancha (hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares y Almansa) y en Cataluña, con importantes conciertos, y con el Hospital Universitari Sagrat Cor, integrado en la red de utilización pública.

La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.  .

Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica4.

El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solamente un expolio de recursos públicos, es además un crimen.

El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el coste.

La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:

  • Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
  • Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
  • Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
  • Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
  • Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.

La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.

La realidad descarnada es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.

Dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.

Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos:

Ni una privatización más

Derogación de la Ley 15/97

Devolución a manos públicas todo lo privatizado.

enero 8, 2013

Modelos de gestión sanitaria, ¿hay motivos para el cambio?

Iturria: Javier Padilla  / eldiario.es – 2013/01/07

  • Incrementos de 100€ per capita en gasto de gestión pública se tradujeron en disminuciones de la mortalidad evitable, mientras que incrementos similares en el gasto de gestión privada no consiguieron dicho logro
  • La gestión pública consigue mejores resultados en relación con la disminución de la mortalidad evitable que la gestión privada
  • Los sistemas de salud privados no solo no son más equitativos, sino que ni siquiera confirmarían la supuesta superioridad de la gestión de la que siempre han hecho gala

La reciente decisión de la Comunidad de Madrid de privatizar la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud ha hecho que cobre relevancia el interés por la organización de los sistemas sanitarios.

Existen cuatro aspectos, al menos, susceptibles de ser analizados en virtud de su titularidad pública o privada: 1) financiación del sistema sanitario, 2) propiedad de las infraestructuras, 3) control de la prestación de servicios y 4) gestión de la provisión de servicios.

En este artículo (dividido en dos partes) vamos a tratar de analizar cómo se comportan la gestión pública directa frente a la gestión privada mediante concesiones en relación a dos aspectos: los resultados en salud y los costes derivados de la asistencia.

Resultados en salud y titularidad de la provisión sanitaria.

La variable principal que deberíamos estudiar y de la que menos datos tenemos es qué resultados producen los diferentes modelos de gestión sobre la salud de la población. En un artículo recientemente publicado en el European Journal of Epidemiology and Community Health (1) se analizó la influencia de la provisión (pública o privada) sobre la reducción de la mortalidad evitable en Italia cuando se incrementaba el gasto sanitario per capita; como se observa en la tabla (con datos extraídos de dicho estudio), incrementos de 100€ per capita en gasto de gestión pública se tradujeron en disminuciones de la mortalidad evitable, mientras que incrementos similares en el gasto de gestión privada no consiguieron dicho logro.

Tabla 1. Mortalidad evitable.

 

Éste es el único estudio disponible sobre resultados en salud según el modelo de gestión; sin embargo, sí existen múltiples estudios que analizan una de las variables que podrían explicar el porqué de esta diferencia sobre la mortalidad evitable que situaría a los modelos de gestión pública por encima de los de gestión privada: el ánimo de lucro (es recomendable la lectura del artículo “ La salud de las naciones” de Victor Lapuente en Piedras de papel).

La gestión sanitaria privada se puede llevar a cabo por empresas con ánimo de lucro o sin él; en el caso de España, los casos más conocidos de modelos de gestión privada (Modelo Alzira –grupo Ribera Salud- o concesiones gestionadas por Capio o Sanitas) se tratan de empresas con ánimo de lucro.

Según varios estudios publicados sobre la influencia del ánimo de lucro en la mortalidad general (2) y específica para ciertos procesos (3) (4), aquellos centros gestionados por empresas con ánimo de lucro tendrían una mayor mortalidad que aquellos centros sin ánimo de lucro. El ejemplo mejor estudiado a este respecto es el relacionado con la mortalidad asociada a hemodiálisis. Como se observa en la gráfica, tomada de un estudio de Devereaux et al publicado en JAMA en 2002 (3), existe un incremento de mortalidad en los centros con ánimo de lucro frente a los que carecen de él. Según explican los autores en el artículo, observaron que estas diferencias podrían deberse a que los centros con ánimo de lucro disponían de personal sanitario más escaso y con menor formación, y además los tiempos de duración de la diálisis fueron menores, factor descrito en la literatura como posible causa de incrementos de mortalidad en estos pacientes.

Tabla 2. Riesgo relativo.

 

En resumen, podríamos decir que la evidencia de la influencia de la titularidad de la gestión sanitaria sobre los resultados en salud es limitada y no tenemos datos de nuestro país que analicen rigurosamente este aspecto, pero la literatura internacional existente indica que: 1) la gestión pública consigue mejores resultados en relación con la disminución de la mortalidad evitable que la gestión privada y 2) el ánimo de lucro se ha relacionado con incrementos en la mortalidad general y específica con respecto a los centros sin ánimo de lucro.

La equidad y la eficiencia de los sistemas sanitarios: ¿son compatibles?

Cuando se habla de los diferentes modelos sanitarios siempre se mencionan los costes y la eficiencia, pero rara vez se oye hablar de los resultados en salud y de la equidad. En la economía clásica, la equidad quedaría representada como un aspecto que detraer a la parte de resultados, de modo que un sistema más equitativo resultaría menos eficiente; como explican Reidpath et al. en la revista BMC (5), en el ámbito sanitario la equidad ha de ser considerada como un resultado más en salud, logrando su consecución un incremento de la eficiencia de los sistemas sanitarios.

No existen datos que muestren si la gestión sanitaria privada es más o menos eficiente que la gestión sanitaria pública directa; los datos que podemos encontrar sobre titularidad pública o privada en relación a la equidad y la eficiencia son los que se publicaron recientemente en la revista PLoS medicine (6), donde analizaban la influencia de los sistemas de salud sobre la equidad y la eficiencia en países de renta media y baja según se tratara de sistemas públicos o privados, concluyendo que no existen datos que afirmen que los sistemas privados de salud sean más eficientes que los públicos. Estos datos, unidos a otros estudios que muestran mayores inequidades en la asistencia sanitaria en sistemas privados de salud (7), señalarían que los sistemas de salud privados no solo no son más equitativos, sino que ni siquiera confirmarían la supuesta superioridad de la gestión de la que siempre han hecho gala.

(1)  Quercioli C, Messina G, Basu S, et al. The effect of healthcare delivery privatisation on avoidable mortality: longitudinal cross-regional results from Italy: 1993-2003. J of Epidemiol & Comm Health. 2012

(2)  Devereaux PJ, Choi PTL, Lacchetti C, Weaver B, Schünemann HJ, Haines T, et al. A systematic review and metaanalysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals. CMAJ. 2002;166: 1399-406.

(3)  Devereaux PJ, Schunemann HJ, Ravindran N, Bhandari M, Garg AX, Choi PTL, et al. Comparison of mortality between private for-profit and private not-for-profit hemodialysis centers: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2002;288:2449-57.

(4)  Garg PP, Powe NR. Profit-making in the treatment of chronic kidney disease: truth and consequences. Semin Dial. 2001;14:153-156.

(5)  Reidpath D, Olafsdottir A, Pokhrel S, Allotey P. The fallacy of the equity-efficiency trade off: rethinking the efficient health system. BMC public health, 12 Suppl 1(Suppl 1), S3. doi:10.1186/1471-2458-12-S1-S3

(6)  Basu, S., Andrews, J., Kishore, S., Panjabi, R., & Stuckler, D. (2012). Comparative performance of private and public healthcare systems in low- and middle-income countries: a systematic review. PLoS medicine, 9(6), e1001244. doi:10.1371/journal.pmed.1001244

(7)  Soares I. Evidence of the public-private mix in healthcare systems in countries with duplicated coverage: greater inequities and segmentation in National Health Systems. Ciênc saúde coletiva 2011;16(6)

diciembre 7, 2012

El negocio de la sanidad

Iturria: Esther Vivas. Periodista y activista / Publico.es – 2012/12/05

Hace algunos años Michael Moore retrataba brillantemente en ‘Sicko’ el negocio y la estafa sanitaria en Estados Unidos a manos de grandes compañías aseguradoras. Hoy éste es el modelo que se impone en el Estado español. Y, ¿adónde nos conducen dichas políticas? 50 millones de estadounidenses sin ningún tipo de cobertura sanitaria y 250 millones con seguro médico privado, que cuando necesitan un tratamiento, en muchos casos, les es negado. Si quieren ver lo que se nos viene encima, no se pierdan este film. Más que un documental, una película de terror.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobaron para este año el mayor recorte nunca visto en materia sanitaria: 7.267 millones de euros. Una ofensiva en toda regla contra el actual sistema de salud y que significa, entre otras medidas, el fin de la atención sanitaria universal, dejando al margen las personas inmigrantes sin papeles; la reducción de prestaciones sociales diversas; o el establecimiento del copago sanitario, haciéndonos volver a pagar, y en sitios como en Catalunya por partida doble (copago estatal más copago catalán), aquello que hemos abonado previamente mediante impuestos.

Se trata de medidas que nos hacen retroceder décadas y que promueven una deficiente atención sanitaria, con largas listas de espera, reducción de personal e infraestructuras… para así empujarnos a las mutuas privadas. Está claro: el éxito del sistema médico privado radica en el mal funcionamiento del público. Nos quieren enfermos, pero suficientemente vivos para seguir pagando. Se promueve así una sanidad para ricos y otra para pobres. Y ésta deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio.

Catalunya y el País Valencià han sido, tristemente, pioneras en dichas prácticas. Y quiénes las promueven cuentan con un dilatado curriculum en la empresa privada. Éste el caso de Boi Ruiz, actual consejero de sanidad de la Generalitat catalana, que antes de ocupar este cargo fue presidente y director de la principal patronal sanitaria catalana, La Unió Catalana d’Hospitals. Ahora le toca a Madrid. Y, cosas de la vida, Antonio Burgueño, director general de Hospitales de la Consejería de Sanidad madrileña, principal ideólogo de la privatización de hospitales y centros de salud, llegó a trabajar más de veinte años en el sector sanitario… privado. ¿Conflicto de intereses?

Nos lo han repetido por activa y por pasiva: “la sanidad pública no funciona”, “la gestión privada es mejor”… Y, un detalle: cuando el gobierno, los medios, el mundo empresarial se refieren a la sanidad hablan siempre de “gastos” sanitarios, “gasto” farmacéutico. Apostar por la sanidad, nos dicen, significa gastar. Curiosamente, “el gasto público”, pero “la inversión privada”. Manipulan las palabras para justificar sus prácticas, pero cada vez somos más quienes no nos creemos sus mentiras. La sanidad o la educación no son un “gasto”, son una “inversión”, una inversión en un modelo de sociedad y en los derechos de las personas.

Hoy el sector sanitario se alza en pie. En Madrid, son ya varias jornadas de huelga, manifestaciones masivas, encierros en hospitales como el del emblemáticoHospital Princesa que dio lugar a veinte ocupaciones más, un millón de  firmas recogidas, acciones diversas como la de “Abraza tu hospital”… Todo para decir “no” al plan de reforma del sistema sanitario impulsado por la  Comunidad de Madrid y que pretende privatizar seis hospitales, 27 centros de atención primaria, implantar la tasa de un euro por receta, entre otras medidas. Y que, según los sindicatos, implicaría la pérdida de siete mil puestos de trabajo.

Y todo ello mientras este domingo unas cincuenta mil personas con diversidad funcional se manifestaban en Madrid para reivindicar sus derechos ante los impagos de la administración pública. Un total de 300 millones son los que la administración debe a este sector y que amenazan con obligar a cerrar a un 20% de los centros que les atienden. Manifestación histórica, la primera protesta multitudinaria de dicho colectivo en años.

En Barcelona, los trabajadores del Hospital de Sant Pau empezaron hace días un encierro indefinido contra los recortes, que significaron para este hospital: cierre de 84 camas, reducción de la actividad de radioterapia, radiología, cierre de quirófanos, etc., con el consiguiente deterioro del servicio. La protesta contra los recortes salariales, los despidos y la precariedad es otro de sus frentes. De hecho, el caso del Hospital de Sant Pau es extrapolable al de muchos otros centros. Y su lucha, y el apoyo social y ciudadano con el que cuentan, todo un ejemplo a generalizar.

Catalunya ha sido la vanguardia de la privatización sanitaria a nivel estatal. Un buen ejemplo de como las políticas económicas de CiU y las del PP son calco y copia. La revista CafèambLlet lleva tiempo denunciando los oscuros negocios de CiU y del PSC con la sanidad pública catalana. Investigaciones que les han valido una multa de diez mil euros por descubrir “lo que no tocaba”. Y ahora varias entidades sociales han presentado una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra el consejero Boi Ruiz y su equipo al considerar que estos podrían haber incurrido en delitos de tráfico de influencias, omisión del deber de socorro, actividades prohibidas a los funcionarios, etc.

Hacer negocio con la sanidad pública es uno de los principales objetivos del capital privado en la presente situación de crisis, siendo la excusa perfecta para aplicar unas políticas de privatización que hace tiempo vienen planificándose. Del mismo modo que se busca hacer negocio con la educación, la vivienda, el transporte y, en definitiva, con nuestras vidas. Los servicios públicos están en el punto de mira del poder económico y político y son el gran pastel que estos quieren repartirse aumentando, así, su tasa de beneficio. Pero, como se ha repetido en numerosas ocasiones: “La sanidad pública no se vende, se defiende”. Que así sea.

diciembre 6, 2012

Denuncian el «intento de privatizar los almacenes sanitarios de Araba»

Iturria: diariovasco.com – 2012/12/04

El comité empresa del Hospital Alto Deba, el del Hospital Santiago, la Junta de Personal de atención especializada de Araba, la Junta de Personal de atención primaria de Araba, el Comité de Empresa del hospital Psiquiátrico de Araba y el hospital de Leza han denunciado públicamente el «intento de privatización de todos los almacenes sanitarios de Araba que, en la actualidad, pertenecen a Osakidetza y están gestionados por personal propio». Esta medida «supondrá, además de la perdida de decenas de puestos de trabajo, un nuevo deterioro en la calidad de la asistencia sanitaria que, nuevamente, quedará supeditada a parámetros económicos».

La privatización de los almacenes de Araba, «y más adelante de los del resto de Euskadi, es la avanzadilla de lo que se esta dando en numerosas autonomías del Estado español, cuyo mayor ejemplo lo tenemos en Madrid, y no es otra cosa que la privatización de todo el sistema sanitario público, y ello a sabiendas de que es más costosa la gestión privada que la pública» señalan los trabajadores.
«A la gravedad de estos hechos, hay que añadir lo escandaloso que resulta que se hagan por un Gobierno en funciones y que públicamente y en reiteradas ocasiones ha manifestado que no se privatizaría ningún servicio. De hecho, el director general de Osakidetza, Julián Pérez Gil, hace apenas un mes y medio negó esta posibilidad ante cientos de trabajadoras y trabajadores durante la presentación del proyecto arquitectónico del Hospital Universitario de Araba (Txagorritxu)». Estos trabajadores han denunciado asimismo el «incumplimiento del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo que recoge expresamente la no externalización de servicios y la moción aprobada en el Parlamento Vasco, incluidos votos del PSE, en la que se instaba a Osakidetza a no privatizar servicios».
agosto 16, 2012

Niegan la tarjeta sanitaria europea a una joven porque su padre está en el paro

Iturria: levante-emv.com – 2012/08/08

Asegura que en la Seguridad Social le han recomendado que se haga un seguro privado

Pilar Marco, una estudiante de periodismo de la Universidad de Valencia cuyo programa Erasmus comienza el 31 de agosto en Viena, tendrá que viajar al Austria sin la cobertura de la tarjeta sanitaria europea.

Según los funcionarios de la oficina de la Instituto Nacional de la Seguridad Social de Torrent, donde intentó obtener el documento, al estar su padre, de quien depende económicamente, en el paro «no tengo derecho a a la cobertura», manifestó Pilar.

Los responsables del despacho, «de muy malos modos y sin atender a los papeles que les presenté, se negaron a hacerme la tarjeta sanitaria europea», explica la estudiante de Periodismo, que va a presentar «uno o los recursos que hagan falta, ya que si tengo derecho a la Seguridad Social en territorio español lo he de tener en la Unión Europea».

Alternativas
Falta menos de un mes para que la mayor parte de los estudiantes Erasmus inicien sus estudios y son muchos los que se pueden encontrar con este problema.

«Ante casos como éste nos aconsejan que nos hagamos un seguro privado y se desentienden», cuenta Pilar Marco indignada.

«Para estar tanto tiempo fuera es necesario contratar un buen seguro y además de que son muy caros, solo cubren el 80 % de los costes, con lo que tendría que pagar el 20% restante en efectivo», añade la joven, para quien resulta «increíble» que de repente la Seguridad Social «haya dejado de ser para todos», y señala que no entiende cómo es posible que estando su padre en el pa­ro le sugieran que contrate un seguro privado. «Cómo si por estar en el paro no pagáramos impuestos», dice.

Tras mucho insistir sobre su situación, a Pilar le han ofrecido la posibilidad de expedirle un certificado provisional sustitutorio, que sólo dura 3 meses, y que tendría que ir renovando, a la espera de que no se lo denieguen nunca.

Además, la joven podría encontrarse con que en las oficinas del INSS se le exige renovar personalmente el documento, algo complicado si al vencimiento se encuentra en Austria.

«Me dicen que es lo mismo pe­ro no es cierto, me he informado y se supone que es lo que te dan hasta que recibes la tarjeta sanitaria», añade la joven, quien resalta que nadie le garantiza que una vez allí no se quede «abandonada sin seguro médico».

«Además, no es lo mismo ir a una consulta médica con la tarjeta sanitaria que con un papel en español del que pueden no fiarse», sentencia.

Tras superar un examen de capacitación en el idioma del lugar solicitado y lograr la concesión de tan ansiada beca, el estudiante tiene que llevar a cabo numerosas gestio­nes en la Administración pública. Y uno de los trámites más importantes es la obtención de la tarjeta sanitaria europea que garantiza a cualquier español la total cobertura ante cualquier enfermedad o incidente en el extranjero.

mayo 17, 2012

Escándalo: la verdad sobre los incentivos médicos en los hospitales de gestión privada. ¿mayor eficacia o mayor negocio a costa de la salud?

Iturria: CAS-Madrid – 2012/05/16

Una doctora especialista refiere cómo son los sistemas de incentivación en los hospitales de gestión privada.

Soy médico de urgencias y trabajo en el cada vez más reducido sistema público de salud. Por diversas circunstancias, durante un periodo de mi vida, me vi obligada a trabajar en un hospital de gestión privada, y supongo que, por eso, me han pedido que aporte algunos datos sobre ese tipo de sanidad que parece abocada a implantarse en todo el territorio nacional.

Antes de comenzar, quisiera explicar en qué consiste el sistema de triaje en urgencias. Cuando un paciente entra por la puerta de urgencias de un hospital es evaluado por un profesional sanitario, normalmente un enfermero/a, que toma las constantes vitales y cuestiona al enfermo para, según la gravedad de su patología, adjudicarle un color. De esta forma, por un código específico de colores, se atenderá con mayor celeridad al paciente que más grave esté. En mi comunidad autónoma, por ejemplo, se utiliza el sistema Manchester que funciona parecido a los semáforos de tráfico: el rojo (muy grave) se atiende antes que el verde (leve). Este sistema se creó para optimizar la atención de todos los pacientes, y me parece que funciona bastante bien.

Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si a ese mismo código se le asocia un valor económico? ¿Qué pasaría si por cada paciente atendido con un código rojo se cobrase una productividad 10 o 20 veces superior a la de otro paciente con código verde?

En el hospital de gestión privada donde trabajé, el 50% del sueldo de los facultativos era variable y basado directamente de la productividad, productividad dependiente de si se había atendido a pacientes rojos, naranjas o amarillos…por lo que es fácil deducir qué tipo de pacientes era mejor atendido que otro.

Otra variante en el dividendo de la productividad consistía en el hecho de que un paciente acabara hospitalizado o fuera dado de alta a su domicilio. Aportaban mayor cantidad de dinero los que se marchaban que los que ingresaban. Dato éste que por si solo me parece suficientemente gráfico, y pienso no necesite más comentarios.

Además, me di cuenta de que algunos facultativos no atendían a los pacientes que no estaban acreditados. Por acreditado se entiende al individuo con su tarjeta sanitaria en regla y que, por lo tanto, el hospital de gestión privada cobraría al Estado una cantidad X por tratarlo.

¿Y por qué? Pues porque el hospital, al no poder facturar por su asistencia, tampoco pagaba al profesional que lo había atendido.

Salí espantada huyendo de un sistema sanitario que cosificaba a los enfermos y los convertía en mercancías; pero desgraciadamente, estos últimos meses están ocurriendo alarmantes cambios en el sistema público de salud.

En estos momentos, el sistema informático con el que recetamos la medicación, se bloquea en los pacientes sin acreditación. Población ésta de las más vulnerables, y a la cual se nos impide ni siquiera prescribirle un antibiótico.

Pero esto no solo ocurre a inmigrantes. En estos momentos también se nos bloquea el sistema con españoles con todos sus papeles en regla y que han cotizado toda su vida en la Seguridad Social, pero que se encuentran en una comunidad autónoma distinta de la de su lugar habitual de residencia. A esos pacientes que quizás hayan salido de casa durante un fin de semana, tampoco podemos prescribirles fármaco alguno.

Y por último, quiero explicar lo que sucede con los especialistas en los hospitales de gestión privada. Alguien muy cercano a mí, desgraciadamente, sufre una de las enfermedades que podrían etiquetarse como raras. Dicha persona tenía un seguro privado y, al inicio de los síntomas, se le atendió en un precioso hospital privado con habitación individual con 2 camas, baño, TV y un catering con suculentas comidas. Hasta ahí todo iba bien. Confort, mucho confort. Pero ¿qué ocurre en los hospitales de gestión privada? Pues que te atiende un internista. ¿y quién es un internista? Pues un médico que sabe de todo. Sabe de todo, pero no es especialista de nada. Sería algo parecido al médico de familia, pero a nivel hospitalario. En principio y en la mayoría de los casos, un internista podrá atenderte correctamente. Ellos se ocupan de todos los pacientes con patología médica y el especialista solo está como consultor o para realizar pruebas complementarias. Por ejemplo, si tienes una neumonía, el internista te pautará un antibiótico, y solo en el caso de que necesites una broncoscopia, vendrá un neumólogo para realizarte dicha prueba y nada más.

Pero ¿qué pasa si tus síntomas no encajan con ninguna enfermedad conocida? ¿Qué ocurre si tu médico no sabe qué tratamiento ponerte? Podrá consultar a dicho especialista que probablemente tampoco conozca la citada patología, y empezarás un largo peregrinaje de un especialista a otro, esperando toparte algún día con el iluminado que pueda ayudarte.

Y eso hicimos nosotros, buscar y buscar hasta que convencimos a nuestro enfermo para que se cambiase de sistema sanitario y fuera atendido en la Seguridad Social. A diferencia de los hospitales privados, en los públicos no tienes una habitación individual ni una selecta cocina, pero hay facultativos de todas las especialidades. Médicos especialistas que además se reúnen entre ellos y hacen sesiones clínicas. Sesiones interdisciplinarias donde no solo estarán los neumólogos, por ejemplo, sino que estos se juntarán también con los cardiólogos o digestólogos para discutir esos casos raros que difícilmente una sola persona podrá resolver. Muchas mentes pensantes, reunidas y trabajando juntas por un mismo paciente, tienen siempre muchas más probabilidades de acertar que una sola pensando en solitario.

Me siento profundamente agradecida a todos mis compañeros del sistema público de salud que dedicaron su tiempo y esfuerzos a estudiar la enfermedad de mi familiar. Trabajo y horas de estudio no remuneradas económicamente, pero que seguro les aportaron una gran satisfacción personal por su carácter altruista y humano.

Expongo estos datos de mi experiencia personal esperando que sirvan de punto de reflexión a los escépticos y a los aletargados que todavía piensan que los cambios que ya sufrimos y los que se avecinan en nuestro sistema público de salud no son tan graves.

Por razones obvias, guardamos el anonimato de la doctora que nos envía esta denuncia.

 

mayo 16, 2012

Los recortes de la sanidad española podrían producir un «problema humanitario»

Iturria: www.thelancet.com Vol. 379, 12 de mayo de 2012. Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez

Los defensores de la salud pública han advertido que los recortes sanitarios de España podrían ocasionar graves problemas de salud pública si se suprime la atención médica gratuita para la población anciana e inmigrante.

Por vez primera desde la creación del Sistema Nacional de Salud en España, en 1986, los pensionistas tendrán que pagar por sus medicinas. Además, las personas con trabajo tendrán que pagar por los medicamentos hasta un 50 por ciento más, dependiendo de sus ingresos. Con la inclusión de esta y otras medidas en un Real Decreto legislativo de finales del mes de abril, el gobierno conservador de Mariano Rajoy pretende ahorrar 7.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, un 10 por ciento del gasto sanitario total del año 2011.

Las reformas incluyen el régimen de co-pago de los medicamentos, la supresión de la gratuidad de la atención médica para los inmigrantes ilegales y algunas otras medidas para mejorar la eficiencia del sistema de salud.

Los 8,5 millones de pensionistas de España, que son responsables del 75 por ciento de los 11.000 millones de euros de gasto farmacéutico (1,1 por ciento del PIB) recibirán un duro golpe por los recortes. Según las nuevas medidas, solo los desempleados que no reciban subsidio de desempleo y los jubilados que perciban la pensión mínima tendrán medicamentos gratuitos. Los jubilados con ingresos superiores pagarán el 10 por ciento del coste de sus medicinas, con el límite de 8, 18 o 60 euros, en función de la cuantía de su pensión. Por lo que se refiere a los trabajadores, los que tengan unos ingresos mínimos (hasta 22.000 euros anuales) seguirán pagando el 40 por ciento del coste de las medicinas, los que ganen más de 100.000 euros pagarán el 50 por ciento y los que perciban ingresos superiores, el 60 por ciento.

El régimen de co-pago se ha ampliado a las prótesis, los productos dietéticos y los traslados no urgentes en ambulancia. Todas estas medidas entrarán en vigor el día 1 de julio.

«Habría que hacer una reforma del co-pago de medicamentos y este sería un primer paso que mejoraría la situación anterior, que era muy injusta para los trabajadores con salarios bajos», declaro´Beatriz González, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experta en economía sanitaria. «Las medidas tienen buena intención, pero quizá son demasiado optimistas acerca de la capacidad de ahorro que representan.»

En una conferencia de prensa celebrada después de la reunión del Consejo de Ministros en que se aprobaron las medidas, la vicepresidenta Soraya Sánez de Santamaría declaró que estos recortes eran el único modo de mantener el estado de bienestar.

La Federación Española de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) entiende que el nuevo régimen de co-pago es un impuesto sobre la enfermedad. «Penaliza a quienes tienen recursos más limitados y más problemas de salud», refirió a The Lancet Marciano Sánchez Bayle, pediatra y portavoz de la FADSP. Según FADSP, el 8,5 por ciento de los pensionistas gana menos de 300 euros al mes y el 54 por ciento menos de 650, lo que les coloca «en situación de tener que escoger entre pagar los medicamentos o comprar comida».

La FADSP también cree que las medidas adoptadas apenas contribuirán a reducir el déficit de la sanidad pública. La verdadera intención, afirman, es «quebrar el carácter distributivo y de apoyo del sistema de salud pública e instaurar el pago por servicios sanitarios que hasta ahora se financiaban con los impuestos, para posteriormente ampliar el régimen de pago a otros aspectos de la atención sanitaria: consultas, pruebas diagnósticas, hospitalización, etc.».

España es uno de los 15 países miembros de la Unión Europea que menos gasta en sanidad pública. En el año 2008, el primer año de la crisis económica, España destinó a este capítulo el 6,5 por ciento del PIB, mientras que la media de los Estados miembros de la Europa de los 15 fue del 7,3 por ciento según Eurostat, la oficina de estadística de la UE.

«España gasta mucho menos en sanidad pública en relación con su riqueza global», afirma Vicenç Navarro, profesor de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y profesor de la Universidad Johns Hopkins de Maryland, en Estados Unidos. Según Navarro, en lugar de recortear España tendría que gastar 13.500 millones de euros más al año en su servicio de salud pública para igualar el gasto de los demás países de la Europa de los 15.

Otra medida aprobada por el gobierno español consiste en reducir el «turismo sanitario» para impedir los abusos de los visitantes extranjeros que se aprovechan de la gratuidad del sistema de atención sanitaria de España. Pero la medida más controvertida será la supresión de la tarjeta sanitaria para los inmigrantes. Desde el 1 de septiembre, unos 500.000 inmigrantes solo tendrán derecho a atención médica de urgencia y a asistencia en el embarazo y el parto. Según Sánchez Bayle, «esto es un problema humanitario para la salud pública». Médicos del Mundo, Cáritas y otras ONG también han criticado la medida.

El gobierno español ha adoptado otras medidas de eficiencia, entre las que se encuentran la adquisición de medicamentos a escala nacional, en lugar de autonómica, y la modificación del envasado de fármacos con el fin de que los envases solo contengan las unidades necesarias para seguir el tratamiento. Todas estas medidas han sido concertadas con las 17 comunidades autónomas españolas.

La FADSP entiende que los recortes son «un globo sonda para evaluar la reacción social» antes de instaurar más recortes. «Todo indica que se ha abierto el camino para hacer desaparecer la universalidad de la atención sanitaria», declaró Sánchez Bayle.

 

abril 11, 2012

La trampa de Guindos — Progresividad en las prestaciones sanitarias

Iturria: Rebelión – 2012/04/10

El canto de sirena que lanza el ex Consejero asesor para Europa de Lehman Brothers y ministro de Economía Luis De Guindos proponiendo abrir el debate sobre la introducción de la progresividad en las prestaciones sanitarias (1) es una de las mayores trampas que puede colar el PP a los trabajadores, a los sindicatos y a las izquierdas en general PORQUE:

1.-Supone empujar a las clases medias y altas fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS) español, lo que a medio plazo convertirá la sanidad pública en una “sanidad para pobres”; modelo americano previo a la Reforma de la Sanidad de Obama y lo que teníamos antes de la generalización del sistema público de salud en 1986. Las clases medias y altas que huyesen de la Sanidad Pública posteriormente obtendrían una disminución de su carga tributaria, como ha sucedido en otros países, al pagarse su propia sanidad privada. Esto supondría menores fuentes de ingreso al fisco para la financiación para el Sistema Nacional de Salud

2.-Ello potenciaría aún más el trasvase de usuarios desde la sanidad pública a la privada, incrementando en mayor medida el negocio de la sanidad.

3.-Es una forma de introducir el fin de la universalidad y la gratuidad del sistema sanitario, rasgos característicos de nuestra sanidad pública, por la puerta de atrás y bajo la coartada de una decisión de justicia social que, en realidad, sólo busca rebajar la calidad del sistema sanitario, desproveerle aún más de fondos y darle una puntilla de muerte.

4.-Es infinitamente más reaccionario que recurrir a la progresividad fiscal real (impuesto en el IRPF y otros sobre el capital, las SICAV, los beneficios empresariales y las grandes fortunas). Una progrsividad fiscal real es una forma mucho más eficaz y progresista de recaudar fondos para la sostenibilidad de un sistema sanitario cuya crisis financiera ha sido inducida por la confluencia de intereses entre las grandes corporaciones y mutualidades sanitarias privadas, sectores políticos y de la administración, la industria farmacéutica y sectores financieros privados con intereses cruzados en las grandes entidades de sanidad privada, que encontrarán un nuevo gran mercado en la financiación de la privatización de la sanidad.

5.-Avanza hacia un copago parcial inicial. Una vez aplicada en todas las Comunidades Autónomas sobre una parte de las clases sociales, ya sólo bastará implantarlo a todas las demás, justamente a los trabajadores, pensionistas y familias de rentas bajas, que son las más necesitadas de una sanidad pública de calidad, universal y gratuita.

6.-Es una medida populista que trata de ganar masa crítica hacia más medidas privatizadoras de los servicios, mediante el apoyo a un falso señuelo de “que paguen más los que más tienen” (luego pagará el resto, como en Catalunya con el copago) y el consenso de amplias capas de la población que sienten que no hay un reparto equitativo de las medidas anticrisis –puras medidas antisociales y de voladura de lo público- y verán en esto una medida, aparentemente, más igualitaria y redistributiva del peso de los sacrificios. Puede abrir una brecha en las izquierdas que piquen ese anzuelo.

En consecuencia, oponerse a esa medida, explicando muy bien los motivos, con el fin de ganar la batalla de la opinión pública y de la calle debe ser una de las batallas que los sindicatos, la clase trabajadora y las organizaciones de izquierdas acometan con firmeza y sin dudas ni titubeos.

NOTAS:
(1) http://www.publico.es/dinero/428768/de-guindos-plantea-la-progresividad-en-las-prestaciones-sanitarias y también http://politica.elpais.com/politica/2012/04/09/actualidad/1333954688_207882.html

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