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febrero 22, 2012

¿Tienes gripe, lumbago o varicela? Lo siento, ¡estás despedido!

por Acción+Reacción – 21/02/2012
La nueva reforma laboral tiene un apartado sobre la posibilidad de despido si se está enfermo (justificado medicamente) que apenas ha salido en los medios…

Concretamente, si cumples cualquier de estás dos condiciones te pueden despedir:

  • Que en dos meses seguidos, hayas estado 8-9 días o más enfermo.

  • Que en todo el año, hayas estado 20 días enfermo (en 4 meses, sean cuales sean esos meses, pero que sumando los días de baja por enfermedad supongan 20)

Según la propia Seguridad Social, con enfermedades como la gripe estarías a punto de ser despedido (pues estiman que los días de convalecencia son 7 días), pero no sólo gripe, si tienes cualquier de estás enfermedades podrías muy fácilmente estar en cualquier de las dos anteriores situaciones y que se te despida (por ejemplo, con un lumbago agudo o con varicela estarías automáticamente despedido).

Sugerimos que se haga el siguiente ejercicio mental y que cada uno medite si podría tener durante el año alguna de estas enfermedades (gripe, sinusitis, fiebre, migrañas, cualquier lesión que suponga de menos de 20 días de baja, etc.) porque si es así podría estar despedido.

Esta medida que los medios “casualmente han olvidado” comentar, podría ser peor pensarán algunos, pues omite que si la baja es de más de 20 días seguidos no se podrá despedir. Es decir, al menos no se despedirá a los enfermos crónicos todavía. Lo cierto es que si incluyese las enfermedades de más de 20 días (quimioterapias, operaciones complicadas, enfermedades reumatológicas, etc.) teniendo en cuenta que ciertos grados de la ley de dependencia se han visto paralizadas y que ya ciertos políticos han indicado su interés por no cubrir en su totalidad a los enfermos crónicos poco tendría de distinto de métodos de eliminación de los enfermos de la sociedad.

Sin embargo, la reforma laboral se sigue defendiendo como “justa” por el Gobierno.Recordemos que estos días de baja por enfermedad son justificados, es decir, un médico ha dado la baja durante esos días porque considera que existe un cuadro clínico por el que no se debe ir a trabajar.

Tras esta normativa, se intuye claramente qué va a pasar:

  1. Los trabajadores nos arrastraremos con 40 grados de fiebre, con varicela, todavía convalecientes a trabajar. Ignoramos como esto ayudará al PIB ni a la productividad que los políticos quieren incrementar, más bien perjudicará no sólo a esos factores sino a la salud del trabajador, seguramente volviendo a recaer posteriormente.
  2. Tras intentar el punto 1, mucha gente será despedida. Posteriormente, esos puestos se podrán completar con contratos “minijobs”, o de aprendiz, cobrando salarios por debajo del mínimo, pues existirá un paro muy superior al 22,8% actual con lo cuál se cubrirán esos despidos por enfermedad con los actuales parados que aceptarán en muchos casos esas condiciones.


Al igual que el pagar 1€ por receta era un impuesto a la enfermedad, esta reforma de la que casi ningún medio se ha hecho eco supone un atentando contra el derecho a asistencia sanitaria y de recuperarnos de la enfermedad así como una clara tendencia a podercambiar los puestos de trabajo con condiciones de empleo ordinarias por empleos en condiciones esclavistas, vía un desempleo gratuito simplemente por algo que debería ser protegido y no castigado: enfermar.

Todos enfermamos y los enfermemos deben ser los más protegidos no los más castigados.

———————-

Artículo 18. Extinción del contrato de trabajo:

(claúsula 5) Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

Reforma Laboral (BOE) http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf

*Como nota aclaratoria: está medida existía pero con está condición “ siempre que el índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo supere el 5 por 100 en los mismos períodos de tiempo.”  Esa condición se ha eliminado. Sin embargo ahora es independientemente del resto de la plantilla, por lo tanto mucho más fácilmente aplicable.

antes la plantilla tenía que haber faltado: en esos dos meses más de 2 días de media, o en el criterio de 4 meses más de 4 meses de media (es decir del conjunto de la plantilla). Era para evitar las huelgas encubiertas y salvo que haya una huelga encubierta, en medianas y grandes empresas es muy difícil que se cumpla esa condición ( que de 200 trabajadores, hayan faltado 2 días de media- léase casi todos, o al menos la mitad faltar 4 días, etc.).

De hecho, la CEOE sí que se siente orgullosa de esa “pequeña modificaciónhttp://www.cincodias.com/articulo/economia/ceoe-confia-reforma-laboral-rebaje-absentismo/20120217cdscdieco_1/  “).

Los primeros pronósticos apuntan a una reducción cercana al 20% en el corto plazo.”

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-7730

*Días de convalecencia:

Tiempos de Incapacidad (Secretaría General de la Seguridad Social) http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/122970.pdf

*Especial agradecimiento a 20 minutos que publicó esta noticia: http://www.20minutos.es/noticia/1306117/0/reforma-laboral/despido-objetivo/enfermedad-inconstitucional/

http://accionmasreaccion.wordpress.com/2012/02/19/tienes-gripe-lumbago-o-varicela-lo-siento-estas-despedido/

Información complementaria:

Acercamiento a la posible ilegalidad del despido objetivo con 9 faltas de asistencia justificadas, acordado por la reforma laboral del RD-ley 3/2012

La entrada en vigor del RD-ley 3/2012 ha dado mucho que hablar en cuanto a la posibilidad de que parte de su contenido sea de dudosa legalidad, más allá de las consideraciones socio-laborales-morales el mismo, y en especial uno de los puntos controvertidos de esta reforma ha sido el cambio en el art. 52.d RD Legislativo 1/1995, del Estatuto de los Trabajadores, que posibilita el despido objetivo de los trabajadores con tan solo 9 faltas de asistencia al trabajo, en jornada de lunes a viernes, aunque estas sean justificadas, incluso motivadas por enfermedad o accidente del ausente.

El art. 52.d del Estatuto de los Trabajadores en su redacción anterior era “Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5 % en los mismos períodos de tiempo”, y el texto tras su reescritura del 10 de febrero de 2012 ha quedado así “Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.

La diferencia fundamental viene de haber eliminado la comparación de las ausencias del trabajador, de forma individualizada, con las del conjunto de la plantilla de la empresa. Evidentemente esta variación es una gran ayuda a la hora de luchar contra el absentismo que sufren algunas empresas, pero en la forma en que está redactado, sin ningún tipo de matiz cuando las causas de esas ausencias estén motivadas por la salud del trabajador, choca frontalmente con un derecho básico como el de la salud, valga la redundancia.

El derecho a la salud de los trabajadores viene recogido en la normativa básica laboral desde su inicio, ya en el art. 4.2.d Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores se dice “A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene”, de nuevo en el art. 19 RD Legislativo 1/1995, del Estatuto de los Trabajadores se profundiza en esta necesidad de garantía sobre la salud y seguridad del trabajador, como una obligación de la empresa. Otra vez más, en el art. 22 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se hace referencia la obligatoriedad de velar por la salud de sus empleados en el marco de su actividad laboral.

Evidentemente estas normas están enfocadas al marco de la salud y la seguridad en el entorno de trabajo, principalmente, el controlado por la empresa o en el que ésta puede incidir de una forma más o menos directa. Lo que entra en colisión con el hecho de que la salud en el entorno de la empresa sea un derecho a preservar y la salud fuera de la empresa un motivo para despedir al trabajador, un motivo de penalización. Máxime cuando es un asunto, que en la inmensa mayoría de los casos, conservarla o perderla, no es una cuestión que dependa de la voluntad de afectado, sino que es una circunstancia que escapa a ella.

Lo que lleva, esa involuntariedad y falta de control sobre la conservación de la salud, a tener que recurrir a una instancia superior, ya que en último extremo es el Estado, mediante la legislación que permite este nuevo trato al trabajador enfermo, y en ese sentido el art. 43 la Constitución Española de 1978, donde se reconoce el derecho a la protección de la salud, y la obligación del Estado para promoverla y protegerla: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.

Por último quedaría, dentro de la regulación de los efectos de la enfermedad de los trabajadores en la relación laboral, una paradoja como es que mientras en el art. 5 del Convenio número 132 de la OIT, se considera que los procesos de baja no pueden tener efecto a la hora de limitar la duración de las vacaciones de un trabajador, pues considera que la enfermedad es una circunstancia que impide al trabajador acudir al trabajo en contra de su voluntad, a la hora de despedir esta misma involuntariedad no sea tenida en cuenta a la hora del despido del trabajador por faltas de asistencia justificadas.

Con la nueva redacción del art. 52.d ET la enfermedad o el accidente no laboral breve del trabajador, de menos de 20 días de duración aunque sea con baja médica y con ello con un proceso de incapacidad temporal, se equipara a la negligencia. Se deja en una situación similar al trabajador que se contrae una gripe con el que anda sobre un tejado y sufre un accidente sin llevar los arneses, casco, botas y demás equipo de seguridad necesario facilitado por la empresa, la única diferencia es que en este último caso el despido es disciplinario.

En consecuencia, el nuevo tratamiento a las ausencias justificadas de corta duración más que cuestionable, pues aunque es cierto que el absentismo debe ser combatido por sus nefastas consecuencias en la empresa, también lo es que una cosa son los eventuales pinchazos consecutivos de una rueda del coche y otra distinta los problemas de salud, no laboral, cuando quede justificado en el correspondiente parte de baja médica.

http://ayudalaboral.net/index.php?option=com_content&;view=article&id=4044:acercamiento-a-la-posible-ilegalidad-del-despido-objetivo-con-9-dias-justificados-faltas-de-asistencia-acordado-por-la-reforma-laboral-del-rd-ley-32012&catid=86:de-sol-a-sol&It

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febrero 20, 2012

La reforma laboral o la precarización de los precarios: algunos apuntes sobre el triunfo de la barbarie

Publicado en Rebelión, Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo, Fundación CEPS.

El 10 de febrero el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la mayor mutilación de derechos laborales, individuales y colectivos de nuestra historia. Con un vergonzante ejercicio de cinismo y fabulación en la justificación de la norma, que se afirma como garante de la estabilidad en el empleo, el Partido Popular ha sometido absolutamente a nuestro ordenamiento laboral al dictado de las exigencias de la patronal y de los mercados desbocados.

Con el Real Decreto Ley 3/2012 el Gobierno ha impuesto una reforma que dinamita el principio de estabilidad en el empleo y ataca a los pilares fundamentales de la regulación de las relaciones laborales, situando al empresario en el centro del sistema y multiplicando sus capacidades de decisión unilateral sobre las condiciones de trabajo, prescindiendo del interés de los trabajadores, precarizando a los precarios y amputando gran parte del contenido del derecho al trabajo así como cercenando espacios de decisión propios de la acción colectiva de los trabajadores para someterlos al poder empresarial.

Con esta norma, y plenamente conscientes de ello, el gobierno vulnera preceptos constitucionales y normativa internacional (como el convenio 158 de la OIT) ratificada por el Estado español, lo que debería conllevar la declaración de la nulidad de la norma. En este sentido, vale la pena recordar además que una parte fundamental de este Real Decreto Ley, la relativa a la eliminación de los salarios de tramitación, es similar a la contenida en el RDL 5/2002 que fue contestado con la Huelga General del 20J y declarado parcialmente inconstitucional por la STC 68/2007, dada la falta de justificación de la concurrencia del presupuesto habilitante para utilizar la figura del RDL.

Pero la brutalidad de la reforma no nos resulta del todo desconocida. De hecho, la misma comparte con las reformas anteriores, llevadas a cabo por el PSOE, tanto las irregularidades de forma y justificación como las aberraciones de fondo, aun cuando el nivel de barbarie sea más alto.

En cuanto a la vía para la realización de la reforma, y al igual que las anteriores, el Real Decreto Ley constituye un claro ejercicio del autoritarismo normativo del Gobierno del PP, acogiendo la idea del Profesor Baylos, que ha prescindido de la opinión del Parlamento y de los agentes sociales y que carece de justificación suficiente para acometer por “urgencia y necesidad” las profundas modificaciones que contiene. Por añadidura, siguiendo la ya práctica habitual, la norma se justifica con argumentos falsos, claramente manipuladores de la realidad normativa europea e internacional. Así, no puede afirmarse simplemente que esta norma nos “acerca a la realidad europea” al rebajar la cuantía de la indemnización o al eliminar la autorización de la Administración en los procesos de despido colectivo. Los sistemas de regulación de las relaciones laborales son productos complejos que no resisten la comparación por segmentos estancos. Allí donde hay indemnizaciones más reducidas suelen haber procedimientos más complejos o garantistas para la extinción del contrato, igualmente, donde no hay autorización suelen existir mayores garantías de recolocación de los trabajadores y de control de la decisión empresarial.

Igualmente, y como ocurriera en las dos reformas que la han precedido, la de 2010 y la de 2011, el gobierno pretende diluir su responsabilidad afirmando que actúa atendiendo a una continua reclamación de “todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego”, para ceder absolutamente a las presiones de la Patronal, que ha obtenido un texto entregado a sus intereses.

El fondo de la reforma también sigue con una senda pergeñada por las reformas acometidas por el gobierno del PSOE. Así, aun siendo la reforma más agresiva de la historia del derecho del trabajo español en democracia, no se trata de una contra-reforma sino de una profundización en la senda de involución de los derechos laborales, compartiendo con las reformas anteriores un punto fundamental de partida: utilizar las normas laborales como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción, vinculando la creación de empleo con la desregulación normativa del mercado de trabajo, la bajada de los salarios y la práctica eliminación del derecho de los trabajadores a la estabilidad en el empleo.

Pero, sobre estos mimbres, el gobierno del PP ha traspasado las líneas rojas del ordenamiento laboral desestabilizando el mismo y rompiendo los últimos vestigios de su potencial reequilibrador. Dos cuestiones fundamentales, la devaluación del coste de la mano de obra (abaratando despido y sobretodo salarios) y la exaltación del poder empresarial individual sobre las decisiones colectivas convierten a esta reforma en una suerte de refundación del derecho del trabajo, que pasa a convertirse en una mera regulación del mercado de trabajo, perdiendo su potencial equilibrador y tuitivo.

En estos momentos, más allá de los argumentos de rechazo en conjunto de la reforma, es necesario descender, poco a poco, en el contenido de las medidas concretas, para ir destilando de cada una de ellas el elenco de derechos que las mismas vulneran. De entre las medidas que conculcan claramente los derechos de los trabajadores y que van a provocar un ascenso todavía mayor de precariedad, temporalidad y un retroceso de los salarios de los segmentos ya precarizados de la clase trabajadora (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años) deben destacarse por su especial brutalidad los siguientes:

1. En cuanto a la destrucción del principio de estabilidad en el empleo y el ataque al derecho al trabajo

– La reforma facilita el despido de manera general: abarata la indemnización por despido improcedente, de 45 días con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un límite de 24, aplicándola parcialmente a los contratos ya vigentes de manera que va a provocar una reducción real de las indemnizaciones ya generadas; elimina los salarios de tramitación, retomando lo dispuesto en el Decretazo de 2002, que fue ampliamente contestado con la Huelga General del 20J y declarado posteriormente inconstitucional, permitiendo al empresario recurrir sin necesidad de consignar la indemnización al despido improcedente sin causa, derivando el pago hasta la sentencia judicial sin verse penalizado por ello; amplía los supuestos en los que el empresario puede despedir por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) y elimina el vínculo entre este despido y la reducción de puestos de trabajo, convirtiendo así el despido en una herramienta normal de la gestión de la empresa y no en una opción excepcional ligada al mantenimiento de la viabilidad de los puestos de trabajo; elimina la autorización administrativa en los procesos de despido, suspensión y reducción colectiva de trabajo, con la consiguiente reducción de la protección de los trabajadores en estos supuestos y del control del fraude y de las causas alegadas por las empresas.

– La reforma crea un nuevo contrato para “indefinido” para “emprendedores” con despido libre durante un año e incentivos fiscales y bonificaciones si se suscribe con colectivos ya precarizados, como son los jóvenes, mujeres o mayores de 45 años: pese al nombre utilizado, no puede llamarse indefinido a un contrato con un periodo de prueba, de despido libre, de un año de duración. Con este contrato se invierte la lógica del derecho del trabajo que atendía a las características de los trabajadores o de la prestación a realizar a la hora de diseñar contratos de trabajo, ahora se diseñan en función de las supuestas necesidades de los empresarios según el número de trabajadores que tenga la empresa, sin atender ni al capital de la misma a la hora de otorgar bonificaciones ni a las características de los trabajadores que son contratados por esta modalidad.

– La reforma precariza, aún más, la situación de los jóvenes menores de 33 años, ampliando las posibilidades para la utilización, incluso encadenada, del contrato para la formación y aprendizaje, que permite abonar salarios por debajo del SMI. A partir de ahora, la formación podrá ofrecerse en la misma empresa, abriendo así la puerta a deficiencias formativas en estos contratos.

– La reforma facilita la modificación de las condiciones de trabajo por voluntad del empresario, incluyendo el salario y la jornada: el empresario tendrá que alegar causas, más concretas y sencillas, pero no justificar la razonabilidad del cambio, sea geográfico, funcional o de condiciones de trabajo, por lo que el control judicial de la causa queda limitado.

– La reforma impone al trabajador una “flexibilidad”, introduciendo la posibilidad de realizar horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial, que permitirá una mayor disponibilidad del tiempo del trabajador al servicio del empresario y que impedirá de facto la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar así como la formación continua.

2. Dada a la inclusión de múltiples incentivos fiscales y bonificaciones, lo que la reforma va a producir de facto es una transferencia de las prestaciones sociales para provecho del empresario.

3. En cuanto a la mutilación de espacios propios de los convenios colectivos y el ataque a la libertad sindical:

– La reforma permite el descuelgue en la empresa sobre cualquier condición de trabajo pactada en un convenio colectivo, incluyendo jornada. Las causas para justificar esta modificación a la baja en el ámbito empresarial se aligeran y por añadidura se impone un arbitraje obligatorio para el caso de que no se alcance un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores.

– La reforma impone la prioridad de la aplicación del convenio de empresa sobre los de nivel superior, sin que pueda modificarse esta prioridad por acuerdos interprofesionales, los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa carecen ya por tanto de aplicabilidad asegurada en este ámbito, es decir, no regularán de facto las relaciones de trabajo.

– La reforma elimina la ultractividad normativa de los convenios colectivos, pasados dos años desde la finalización del convenio éste perderá vigencia, pasando a aplicarse los convenios superiores si los hubiere o, en su defecto, los mínimos del Estatuto de los trabajadores.

Por todo lo antedicho, por lo injustificado de la adopción mediante un Real Decreto, sin el acuerdo de los actores sociales y sin el debate parlamentario, por la falsedad de las razones que justifican la medida, por su ataque frontal a los pilares fundamentales que configuran el derecho del trabajo, por el contenido contrario a los derechos a los derechos de negociación colectiva y huelga (art. 37 y 29 CE), y por las medidas contrarias a los derechos de los trabajadores a un empleo estable y de calidad y en particular de los jóvenes, no nos cabe otra salida que la movilización social continuada hasta conseguir la retirada del texto.

Junto con las movilizaciones, y en apoyo de las mismas, los juristas críticos debemos agotar todas las vías posibles para conseguir que la reforma sea objeto de control constitucional, así como mantener una denuncia documentada y formativa constante para evidenciar día a día las mentiras que fundamentan la invasión bárbara que ha acabado con lo poco de tuitivo y reequilibrador que tenía nuestro derecho laboral.

febrero 17, 2012

«Un trabajador podrá estar hasta los 33 años cobrando 500 euros»

Koldo Irurzun – Profesor del derecho al trabajo de la UPV-EHU

La nueva reforma laboral del Gobierno español del PP nos retrotrae «a las relaciones laborales al siglo XIX», manifiesta Koldo Irurzun. Un retroceso que parece que no parará ahí, porque la patronal reclama acotar, por otro lado, el derecho a la huelga. El profesor de la UPV-EHU considera que las clases populares, los trabajadores y la propia sociedad tienen que «recomponer el pacto social que ha saltado por los aires. Esta última reforma es el tiro de gracia», asegura.

Por Juanjo BASTERRA – Gara 17/02/2012

En 35 años, los derechos laborales han sufrido un adelgazamiento extremo. Ocho reformas, incluida esta última, ni han mejorado la calidad del empleo, ni la negociación colectiva ni la contratación, sino todo lo contrario. La última supone «el tiro de gracia» a unos derechos conquistados en décadas a fuerza de lucha, sudor y lágrimas.

¿Qué valoración realiza de esta todavía caliente reforma laboral del Gobierno del PP?

Lo primero que hay que decir es que sirve para distraer la atención de la opinión pública y de los ciudadanos hacia un asunto, que es importante, pero no es el principal para salir de la situación de crisis en la que estamos. El verdadero debate que se tendría que estar produciendo hoy no es sobre la reforma laboral, sino sobre el sistema productivo. En el preámbulo del real decreto nos encontramos con una primera cuestión incierta que es plantear que las reglas laborales son un elemento causante de la crisis. El origen de la crisis no está en las reglas laborales, por lo tanto la solución no está en las mismas, porque sirvieron para que las grandes empresas amasaran grandes fortunas, para que el crecimiento del PIB fuera continuado durante muchos años. El foco está colocado en un lugar que no corresponde.

Esta reforma laboral ¿retuerce todavía más el modelo de relaciones laborales?

Sí, son varias vueltas de tuerca más. Se ahonda y profundiza en una línea delineada por el PSOE. Anteriormente, las vueltas de tuerca más agresivas habían sido del PSOE, sin duda. La reforma de 1994, que afectaba a 65 artículos de los 96 del Estatuto de los Trabajadores, había sido, sin duda, una de las más perjudiciales para la clase trabajadora. Esta va más alla. Nos sitúa ya en un momento en el que pacto social que sostenía al estado de bienestar está demolido. Lo han derrumbado entre PSOE y PP. La clase trabajadora tendrá que pensar cómo lo recompone.

¿Se puede reactivar?

Las clases más conscientes se tienen que replantear cómo recomponen esto, pese a que en el preámbulo, con gran cinismo y demagogia, se diga que es una reforma para todos, y que todos salen beneficiados. El cinismo del preámbulo no tiene límite pese a que se diga todo eso, luego, cuando uno lee los detalles del texto de la reforma, contempla que es regresiva con los trabajadores y, al contrario, es muy favorecedora de las posiciones empresariales.

¿Cuáles son los elementos más regresivos que recoge?

Hay muchos. Por empezar, siguiendo el decreto de la reforma, destacaría el contrato de formación y aprendizaje, que en los años 80 intentó implantar el PSOE y propició una huelga general, conocido como contrato basura. Contrato de máxima precarización, que se extiende hasta los 30 años en una disposición adicional escondida, entre otras muchas, siempre que estemos en una tasa de desempleo superior al 15%. Pueden tener una duración de hasta 3 años. Las generaciones futuras podrían estar trabajando hasta los 33 años con este tipo de contrato.

¿En que condiciones salariales?

Fija un máximo del 75% y 85% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir unos 500 euros. Es un sueldo de pobreza. En la parte opuesta, en la parte empresarial, las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social llegan al 100%. Es un contrato prácticamente gratuito a efectos de cotización, con un salario reducido y es interesantísimo para los empresarios.

¿Qué dice del contrato sobre los emprendedores?

Se podía imaginar que estaba destinado a alguien que hasta ahora no desarrolla ninguna actividad económica, pero que pone un negocio y le favorecen con una contratación especial. Nada más alejado de la realidad. Se regula supuestamente un contrato para emprendedores destinado al 99,23% de las empresas, según el preámbulo, de cincuenta o menos trabajadores. Es un nuevo contrato, con el envoltorio de algo novedoso, cuando en realidad se trata de un nuevo modelo de contrato precario y para prácticamente cualquier empresa.

¿Qué características tiene?

Establece un periodo de prueba de un año. Sobre eso, hay que decir que desnaturaliza por completo la institución del periodo de prueba. Tenía el sentido de que se podía acreditar las habilidades y competencias del trabajador. Para eso se entiende que el periodo de prueba puede ser de dos o tres meses, seis meses en el peor y más largo de los casos, pero ahora llega a un año. No sería ninguna agresión especial si no fuera por las consecuencias que tiene el periodo de prueba, ni indemnización, como principal consecuencia: se extingue la relación laboral sin indemnización, causa, etc. Estamos ante un nuevo contrato que permite el despido libre. Además, continúa con una suerte de humillación, porque se le propone al trabajador que pague parte de su salario. Es como hay que entender la posibilidad que se da al trabajador para que complete ese salario de pobreza y lo complemente con la utilización del 25% de su prestación por desempleo.

¿Qué otras agresiones impone?

Solo se mantienen las categorías profesionales con lo que las posibilidades de movilidad y flexibilidad aumentan. En materia de modificación de condiciones de trabajo se da pie a una reducción de salarios en las empresas.

¿Los expedientes de regulación pierden el control externo de la autoridad laboral?

Ese es otro problema. El control administrativo de los expedientes de regulación se reduce al simple periodo de consultas y podemos decir que el ERE ha muerto en su sentido original, cuando una autoridad administrativa laboral tutelaba el trámite. Es cierto que esa tramitación estaba desnaturalizada, ya que las autorizaciones administrativa alcanzaban un 90% de las solicitudes. Pero esta reforma introduce su defunción.

¿Por qué introduce la ultraactividad en esta reforma?

Para beneficiar a los empresarios. La institución de la ultraactividad en materia de negociación colectiva lo que planteaba era una equilibrio de fuerzas, una vez finalizado el convenio y mientras no había acuerdo, por lo menos se mantenía el equilibrio anterior, pero en esta reforma se rompe. Ese periodo de prórroga de la vigencia del convenio se mantiene por dos años. Cuando termine el plazo de dos años, caemos en las redes de la regulación legislativa, que cada vez es más tenue. Lanzamos al vacío a los trabajadores.

¿También reduce el coste del despido?

Se reduce a 33 días por 24 mensualidades, en general, para todas las relaciones laborales. Pero un elemento que introduce es que el personal laboral (850.000 trabajadores en el Estado español) de las administraciones públicas entra en el mismo riesgo de destrucción de sus empleos que en la empresa privada cuando se alcancen tres trimestres consecutivos de insuficiencia presupuestaria. Las agresiones son numerosas. Hay otra en cuanto a la negociación colectiva, como es la remisión última y final a la comisión como órgano determinante como inaplicación o descuelgue de condiciones de trabajo. Es un arbitraje forzoso, que tengo dudas de su constitucionalidad.

¿No pone a las empresas demasiado fácil despedir ya sea en época de crisis o en época de bonanza?

La ingeniería financiera va a dar pie para que se puedan fabricar todo tipo de balances a la carta.

El Gobierno español justifica la reforma para equipararnos a Europa, ¿a qué Europa se refiere a Alemania, a Dinamarca…?

En el preámbulo hay una apelación continua a los estados de nuestro entorno, a los mercados, a las instituciones internacionales. Nos señala una pérdida continua de los estándares básicos de democracia. La soberanía está siendo objeto a una dejación absoluta en base a intereses económicos. Lo que hay desde esta reforma es menos democracia, porque hay menos soberanía. Cuando hablamos de equipararnos a Europa no lo hacemos hablando de los salarios mínimos. Se debiera dar en conjunto. Esa técnica del espigueo de sesgar en algunos elementos y otros no, no es aceptable. A mí, más que el modelo alemán, que esboza la patronal, me entusiasma el modelo islandés o el argentino. Y, también, parte de nuestro modelo vasco, que tiene valores como la economía social y el cooperativismo. Son elementos a considerar.

«Es necesaria la movilización social»

¿Hay conciencia social para responder a esta agresión?

Las clases populares tienen que recomponer el pacto social que se ha roto ¿Cómo? En las urnas, en la calle y mediante la autogestión, a partir de modelos productivos de economía social y cooperativismo. Esa recomposición debe llegar a partir de la calle, la huelga y la movilización social. En el Estado español, por la deslegitimación sindical existe una grave dificultad de movilización. Los sindicatos mayoritarios del Estado han provocado su propia deslegitimación. En la medida en que haya menos respuesta y sea menos contundente, su nivel de credibilidad descenderá. Hace que se deslegitime. Entran en una espiral a la que tendrán que responder y supongo que estará conectada a sus problemas financieros.

Y, ¿en Euskal Herria?

En Euskal Herria el sindicalismo está siendo más contundente y es la única posibilidad con que cuentan los trabajadores. Es difícil, pero hay que tener en cuenta que hasta ahora la organización colectiva históricamente es lo único que ha podido y es la que en su momento puso esos diques y construyó el pacto social que ahora se ha roto. Por lo tanto, la recuperación y la reconstrucción vendrá de la mano de la movilización social. Tal vez no solo de los sindicatos, sino con otros movimientos sociales implicados y que les afecta directamente.

La secretaria general de Confebask, Nuria López de Gereñu, no acepta la huelga y dice que hay que preguntar a los parados, ¿qué opina?

El sujeto representativo de la clase trabajadora son los sindicatos y dentro hay un ejército de desempleados en situación de no actividad, pero integran la misma clase trabajadora. Es cierto que los sindicatos tendrían que hacer un trabajo de conexión con esa parte que se está quedando descolgada. Pero son el sujeto principal, al que se le suman otros afectados. J. B.

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