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abril 6, 2013

“Dicen que las pensiones son un problema sólo para generar un nuevo negocio para el sector financiero”

Iturria: Marcos Pérez Pena / eldiario.es – 2013/04/03

La economista Miren Etxezarreta, catedrática de la UAB, ofreció una conferencia este martes en la Semana Galega de Filosofía sobre la “estrategia del olvido en el capitalismo”.

La economista Miren Etxezarreta, catedrática de la UAB, ofreció una conferencia este martes en la Semana Galega de Filosofía sobre la “estrategia del olvido en el capitalismo”. Experta en Economía Agraria y en el sistema público de pensiones, actualmente participa activamente en diversos movimientos sociales, y en particular en el Seminario de Economía Crítica TAIFA dedicado a promover la crítica de la Economía convencional, la formación de economistas jóvenes y la divulgación crítica de temas económicos de actualidad a través de la publicación de Informes de Economía Crítica. Es también habitual leer sus artículos en Rebelión, Le Monde Diplomatique o en Público y fue muy comentada su intervención ante el Parlament de Catalunya en 2011 en el marco de las protestas del 15M. En el contexto de unas jornadas que giran alrededor de la memoria, afirmó que para el capitalismo “la memoria constituye poco más que una rémora que puede motivar unos gastos y actitudes no generadores de beneficios, y cuya incidencia debe reducirse a la menor expresión”.

En su conferencia defendió que “la memoria en el capitalismo o se ignora, o resulta orientada a cooperar al logro de los objetivos del sistema económico existente”. ¿El capitalismo emplea la desmemoria como instrumento?

Afecta sobre todo a la inmediatez de los resultados. Frente a la memoria, en el capitalismo importa el presente inmediato, el capitalismo obliga al consumo permanente y continuo. En contraposición, van apareciendo grupos de gente que apuestan por prácticas de producción y consumo alternativas. Supone una forma de oposición al capitalismo a través de la generación de ámbitos de autonomía y de formas de hacer diferentes.

Usted es experta en el sistema de pensiones. ¿Su crisis es tan grave como nos dicen desde el Gobierno?

El sistema de pensiones público depende mucho del mercado de trabajo porque en el contexto español son las cotizaciones de los trabajadores en activo las que pagan las pensiones de los jubilados. Si se deteriora el mercado de trabajo -tenemos seis millones de parados y seguramente aumentarán-, eso es un peligro para el sistema de pensiones, si se mantiene el mismo sistema tal y como está. Desde el Gobierno lo que están haciendo es replantear el sistema sobre la base de reducir el gasto. Todas las medidas se dirigen a ese objetivo: reducir las pensiones del futuro. Esto será así si realmente se quiere que sea así, pero no hay ninguna razón por la que las pensiones se tengan que pagar sólo con las cotizaciones de los trabajadores, en muchos países se pagan las pensiones con impuestos generales. El tema de las pensiones es básicamente una cuestión de distribución de las rentas y de la riqueza del país. Es un tema político, no de inviabilidad. Porque yo podría decir “más inviable es el ejército”, pero el ejército se paga con impuestos. El día que el ejército lo paguen los soldados o los generales podremos comenzar a hablar de inviabilidad. Si se quiere que las pensiones las paguen sólo unos trabajadores que cada día son menos puede haber problemas, pero tampoco tan graves como nos quieren hacer creer.

¿Se intenta beneficiar a los planes privados de pensiones?

La razón de esos discursos y de las propuestas de revisión del sistema de pensiones es un intento a nivel mundial de potenciar las pensiones privadas. Las pensiones privadas son un ámbito enormemente goloso para los mercados financieros, son unas bolsas de capital que las entidades financieras quieren manejar. Se lleva hablando de las pensiones privadas desde mucho antes de esta crisis. En 1994 el Banco Mundial ya elaboró un informe que afirmaba que las pensiones públicas eran inviables. Y siguen diciendo lo mismo, porque es un discurso falaz, hecho de medias verdades. Es cierto que si cada día hay menos trabajadores habrá más problemas para financiar las pensiones, pero también es verdad que se podrían financiar a través de los impuestos si hubiera un sistema de impuestos decente.

Las pensiones privadas necesitan más capital que las pensiones públicas porque hay que reunir más de 250 mil euros de cotizaciones para poder tener derecho a la pensión mínima cuando tengas 65 años. A ver qué trabajador puede ahorrar esa cantidad para una pensión privada. Y para tener una pensión media de 850 euros, que es la media de la pública, habría que tener 750 mil euros. Además, esos fondos privados están invertidos en bolsa y ya vemos lo que está pasando con la bolsa. Lo que pasó aquí con las preferentes puede pasar con el dinero que está invertido en acciones. Decir que las pensiones privadas son la solución para lo que está pasando con las pensiones públicas es una mentira. Se dice que las pensiones son un problema porque se quiere generar un nuevo tipo de negocio para el sector financiero. Pero las pensiones privadas corren tanto o más peligro que las públicas.

¿El discurso es parecido a la defensa que se hace de la austeridad como única solución, en vez de apostar por fórmulas para obtener más recursos?

Incluso el discurso oficial está cambiando. Por ejemplo, la señora Lagarde ya dijo que los programas de ajuste no son suficientes para resolver el problema. Y la mayor parte de los analistas coinciden en que estas políticas están empeorando la situación de los países en crisis. En el caso del Estado español, tenemos una economía absolutamente colapsada. Es evidente que esa no es la solución.

¿Tienen base real los optimistas discursos que hablan del alejamiento de la posibilidad de un rescate y del inicio de la recuperación?

Tenemos una economía que no tiene capacidad productiva, que tiene una altisima deuda, y además los programas de ajuste no hacen más que asfixiar la poca capacidad que se podía tener de gestionar la deuda -no de pagarla, porque la deuda es impagable-. La economía española estáin articulo mortis. ¿Es cierto que de momento se está pudiendo eludir el peligro del rescate? Bien, de momento sí. Pero ya veremos qué pasa, porque somos tributarios de lo que pase en otros países. Si pasa algo en Chipre, nos afecta, se pasa algo en Alemania, nos afecta. Vivimos en la economía global y a los débiles a economía global nos afecta más.

Yo no creo mucho en eso de que “ya pasó lo peor”, porque no sé donde se van a integrar seis millones de parados. Puede que se comience a producir un poco más, pero eso no resuelve el problema del paro. Llevamos mucho tiempo diciendo que el año que viene llegará la recuperación yel año que viene no llega nunca. Y creo que el 2014 tampoco va a ser de recuperación. Y además hay que pensar “recuperarse de donde?”. Estamos muy abajo. Caimos mucho ya, por ejemplo en salario o en bienestar. Si recuperarse es comenzar a funcionar un poco, aun nos faltaría subir otra vez toda esa cuesta para volver al lugar en el que estábamos, si alguna vez llegamos allí.

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marzo 11, 2013

Salud intenta silenciar a los trabajadores de Osasunbidea

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2013/03/11

Pide en un correo interno que ‘se delate’ la actividad informativa para evitar la difusión de incidencias en la cocina, que prosiguen

Las informaciones sobre las incidencias de la cocina hospitalaria incomodan a Salud, de ahí que la dirección del Complejo Hospitalario haya decidido intentar silenciar a la plantilla a través de un correo interno en el que recuerda la potestad del departamento para autorizar la actividad informativa en el CHN.

Esta semana los problemas en el servicio de alimentación han saltado de los medios locales a programas televisivos de alcance estatal de al menos cuatro canales, las fotos de las dietas realizadas por pacientes y profesionales han dado la vuelta al mundo, las redes sociales hierven con la polémica, protagonista de blogs y plataformas ciudadanas on line, todo un despliegue que ha puesto en el centro de la diana a los gestores sanitarios navarros y a la adjudicataria de la cocina externalizada, Mediterránea de Catering. La respuesta del departamento no ha sido novedosa, intentar matar al mensajero para enterrar el tsunami social y que tortillas verdes, habas que rebotan y pacientes en huelga de hambre dejen de ser motivo de conversación entre la ciudadanía y objeto de mofa en Internet.

El pasado miércoles un e-mail de la Dirección de Enfermería del CHN recordaba que “es el director del Complejo Hospitalario quien debe autorizar la realización de cualquier filmación, entrevista y cualquier otra actividad que esté relacionada o que tenga lugar en el Complejo”. Además, el texto también pide una actitud colaborativa a la hora de informar sobre esta cuestión. “Rogamos igualmente que se informe sobre cualquier petición o incidencia en este sentido”, recoge el correo.

“TAPAR LA BOCA” La llamada de atención ha sido interpretada por trabajadores como un intento de “taparles la boca” a ellos y a los pacientes para enfriar la polémica. “Está claro que no quieren que trascienda lo que está sucediendo en el Complejo Hospitalario con la comida. No pueden decir que sea para proteger a los pacientes porque hasta ahora ninguno se ha quejado de la presencia de los medios de comunicación, más bien al contrario, han encontrado en ellos un vía para su frustración”, afirmó ayer una enfermera del centro. “Es de la comida de la que hay que protegerles”, añadió.

La dieta continuó ayer siendo motivo de queja entre enfermos. Pacientes del complejo manifestaron su disconformidad con la comida de la pasada jornada, pese a que el jefe del Servicio de Dietética y Nutrición dijo el jueves en la Comisión de Salud que el lunes, día 4, suponía un punto de inflexión para la mejora del servicio, al disponerse ya del libro con dietas validadas, sin el que se han estado sirviendo menús hasta esa fecha.

Pescado sin terminar de cocinar y con un olor desagradable, purrusalda de un color y aspecto muy alejados del habitual en las mesas de los navarros y servida, además, a enfermos con problemas en el aparato digestivo, pese a ser una verdura que provoca flatulencia, formaban parte de la dieta de ayer en el Complejo Hospitalario.

La petición para la reversión al servicio público de las cocinas hospitalarias sigue ganando apoyos. La web change.org superaba ayer las 21.400 firmas.

Las claves

El sindicato ELA criticó “firmemente” la “desvergüenza” de la empresa que gestiona el servicio de cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), Mediterránea de Catering, y destacó que “si hay casi mil reclamaciones, es por la nula calidad del servicio”. En un comunicado hecho público ayer, el sindicato exigió, además, a la empresa “una rectificación pública por las últimas acusaciones infundadas de la dirección de Mediterránea de Catering”. En concreto, explicó que “un directivo de esta empresa ha tratado de esconder su incompetencia echando la culpa al colectivo de enfermería, pero está claro que si hay casi mil reclamaciones es por la nula calidad del servicio”. “Eso no se puede esconder, tampoco con mentiras”, agregó. Finalmente, ELA insistió en que seguirá “defendiendo el trabajo de todos los empleados del Servicio Navarro de Salud” y volvió a reclamar “la reversión inmediata de las cocinas hospitalarias al servicio público”. ELA se suma así a la indignación que las palabras del responsable de la empresa en Navarra, Javier Carrecedo, provocó en el Colegio de Enfermería, el sindicato de Enfermería SATSE y LAB, al acusar a las enfermeras de rellenar reclamaciones de pacientes.

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Taza de leche con un grumo gigante de proteína en polvo. (D.N.)

marzo 4, 2013

¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?

Iturria: Ángeles Maestro / Attac – 2013/03/04

Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual que en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta. Las políticas neoliberales forman parte de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia: drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, instauración de políticas de reducción del déficit —con la correspondiente disminución de presupuestos sociales—, liquidación de derechos laborales y sociales y privatizaciones.

Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.

El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada. En el Estado español este proceso lo inicia el PSOE a mediados de los ochenta coincidiendo con la entrada en la CEE y es continuado por los gobiernos del PP.

El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un porcentaje considerable del PIB (el 7% en 2013).

Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública. El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene su trabajo asegurado, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.

En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo. El Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud. El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo una guía para la preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe fue abortada porque como diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.

Se procedió a la privatización —“externalización”—  de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc. Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza, casi todos subcontratados por constructoras, y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario[1].

En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente de su votación, CC OO emitió un comunicadocongratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS”.

La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.

Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas. CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners, grupo de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública

La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.

Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica.

El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solo un expolio de recursos públicos, es además un crimen. El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el coste.

La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:

  • Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
  • Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
  • Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
  • Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
  • Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.

La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.

La realidad es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.Dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.

Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos: Ni una privatización más, Derogación de la Ley 15/97 y devolución  a manos públicas todo lo privatizado.

[1] Entre otros informes ver: Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Hospital Infection, 49: 109-116. 50

Ángeles Maestro: Médica y Técnica Superior de Salud Pública. Militante de Red Roja

febrero 23, 2013

Bancos y grandes constructoras cambian el ladrillo por el agua

Iturria: Toni Martínez / Lamarea.com – 2013/02/10

Según la ONU, hay 1.100 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso al agua potable. Por este motivo, en 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció este acceso como un derecho humano básico, un derecho que en España empieza a ser un negocio que está pasando a manos privadas.

Hasta hace pocos años, la gestión del agua, es decir, quienes se encargaban de hacer que este recurso natural de primera importancia llegara a los ciudadanos, eran los ayuntamientos. A través de entidades locales se aseguraba el suministro a los vecinos. Pero el descenso de los ingresos municipales ha hecho que se multipliquen por todo el Estado los procesos de privatización de este suministro. El procedimiento es sencillo: el agua sigue siendo pública, pero la gestión se adjudica a un agente privado que consigue la concesión del ciclo urbano del agua a cambio de una cantidad de dinero. Es lo que se conoce como “canon concesional”. Estos cánones son utilizados por los ayuntamientos para aliviar su desastrosa situación financiera.

Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, ya ha bautizado este fenómeno como “burbuja hídrica”. A su juicio, “se acabó el ladrillo y ahora hace falta dinero, los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos, y la solución que proponen es vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el servicio del agua”.

La forma de privatizar es a través de un partenariado Público Privado (PPP) mediante el cual se otorga una concesión durante 40 o 50 años a una empresa privada. Así, las compañías se hacen con un mercado sin competencia local, un auténtico monopolio, y con un usuario seguro y permanente, dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 95% y el 97%.

Al calor del negocio del agua han acudido tanto empresas francesas del sector como el lobby de las grandes constructoras. Solo la catalana Agbar (filial de la francesa Suez), con 13 millones de usuarios, y FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), un grupo de construcción y servicios, con sus más de 9 millones de abonados, controlan cerca del 80% del mercado privatizado. Todo un oligopolio al que se ha sumado Acciona, que acaba de obtener la licencia de Aigües del Ter-Llobregat, suministradora del agua a Barcelona y a Cáceres.

Pero para entrar en el negocio del agua hace falta capital, y ahí es donde entra en juego la banca. Las grandes empresas que optan a los concursos de privatización suelen tener detrás una entidad bancaria que les va a financiar, aprovechando el dinero que el Banco Central Europeo les ha prestado al 1% de interés, una medida excepcional para inyectar liquidez en el sector financiero.

Hay que recordar que, por imposición europea, los ayuntamientos no pueden tener una línea directa de financiación, un dinero que sí pueden recibir a través de los PPP, en los que el socio privado hace de banquero. Para el economista y miembro de Nueva Cultura del Agua Pedro Arrojo, “privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente tendrás que alquilar los servicios privados y deberás pagar lo que ellos han invertido, más lo que te quieran cobrar de intereses”.

Un futuro oscuro Según un estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, la entrada de la empresa privada en el sector “no ha supuesto la esperada mejora en la eficiencia”. Los responsables del estudio se preguntan si “hay otras razones que estén impulsando el proceso privatizador experimentado por el sector”, en este caso en Andalucía. Los expertos señalan siempre los motivos económicos. De hecho, Babiano solo encuentra inconvenientes, ya que “el modelo de gestión pública-privada es costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa; oscuro porque no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión y supone una pérdida del control por parte de las administraciones”.

A su juicio, de continuar con esta deriva privatizadora, “dentro de 20 años tendremos los ratios de aumento tarifario más caros de Europa, habrá una degradación de las infraestructuras y unas condiciones medioambientales lamentables”. El experto va más allá, y profetiza que el resultado de esta burbuja hídrica supondrá “una ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano del agua, lo que conducirá a una insostenibilidad y quizás a su posterior rescate público pagado por todos”. ¿Les suena de algo?

febrero 21, 2013

¿Quiénes y cómo quieren vender la sanidad a costa de nuestra salud?

Iturria: Joan Benach / Carles Muntaner / Público.es – 2013/02/20

El actual proceso de contrarreforma neoliberal de la sanidad representa una involución radical en nuestro modelo sanitario, un verdadero golpe de estado contra la sanidad pública. Muchas son las preguntas a hacernos: ¿Es mejor la sanidad privada que la pública?, ¿cuáles serán las consecuencias de la privatización?, ¿quiénes son los mercaderes y “vendedores” de nuestra sanidad?, ¿qué objetivos y estrategias están utilizando?, ¿cómo defender la sanidad pública?

Tal y como muestran gran número de estudios, la sanidad privada es más desigual, menos eficiente y tiene peores resultados que la pública. Por ejemplo, un estudio comparativo de hospitales privados con y sin afán de lucro en 26.000 hospitales y 38 millones de pacientes concluyó que la mortalidad fue mayor en los hospitales que se lucraban. Sabemos que los hospitales privados seleccionan a los pacientes, cobran por acto médico, realizan pruebas e intervenciones innecesarias y dan altas prematuras. La gestión privada no sólo es más cara sino que sus ganancias se basan, sobre todo, en ahorrar en recursos y personal, ofreciendo bajos salarios y condiciones de empleo precarias, lo cual afecta la salud de los trabajadores de la salud y daña la calidad de la atención sanitaria. La privatización de la sanidad rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social y abre paso al clasismo y la discriminación produciendo desigualdades injustificables. Todo ello producirá un modelo de sanidad “trifásico”, a tres niveles: una sanidad de pago para los ricos y la clase media que pueda pagarla, una sanidad pública con servicios mínimos y baja calidad para la clase trabajadora y una clase media empobrecida, y una sanidad de beneficencia para las personas en situación de pobreza y marginación.

Los principales mercaderes de la sanidad son el poder económico representado por las grandes empresas aseguradoras y los oligopolios de una industria farmacéutica-biomédica-tecnológica sanitaria que trabaja sin descanso para ampliar un modelo sanitario cuyo potencial de negocio es enorme. Empresas como Capio Sanidad, el Grupo Ribera Salud, USP, Sanitas, HM Hospitales, entre otras, invierten y compiten por consolidar sus intereses privados y ampliar sus beneficios económicos. El pastel a repartir al mejor postor es de miles de millones de euros. Junto a las empresas, otros “presuntos” implicados en el proceso son las elites políticas y gestores de partidos como el PP, CiU e incluso del PSOE, que velan por sus intereses personales y de clase inmediatos, siendo dependientes financiera, ideológica y psicológicamente de los poderes económicos. La connivencia se refleja en valores e intereses compartidos y en prácticas de clientelismo y “puertas giratorias” con favores políticos, pagos y salarios irregulares, y adjudicaciones sin concurso. Un ejemplo es el de la Generalitat de Catalunya, donde Boi Ruiz, Conseller de Salut desde finales de 2010, ha sido director y presidente desde 1994 de Unió Catalana d’Hospitals, la patronal sanitaria que agrupa a más de 100 entidades. Un ejemplo de su lealtad para promover la entrada de capital privado en la sanidad pública se refleja en el informe de principios de 2011 realizado por la consultora PwC para la Generalitat de Catalunya. En él se detalla la propuesta de privatizar y mercantilizar la sanidad: ambulancias, laboratorios clínicos, emergencias médicas, institutos tecnológicos, hospitales, centros de atención primaria… Se puede decir más fuerte pero no más claro. Por último, otros beneficiarios del proceso privatizador son los “vendedores”, los cuales incluyen ideólogos y consultoras o “voces de su amo”, y analistas o correas de transmisión de las bondades del negocio sanitario: gestores tecnócratas que manejan “clientes” en vez de pacientes, tertulianos “sabelotodo” que claman lo indefendible y, también, expertos, analistas e investigadores, malabaristas del coste-beneficio, disfrazados de científicos.

Como una mercancía más, la sanidad pública ha sido puesta en venta al mejor postor para lograr el máximo beneficio económico. Las estrategias para mercantilizar son variadas. Una de ellas es “culpar a las víctimas” de sus enfermedades y señalar su responsabilidad personal (“repagos”) diluyendo el papel de las políticas y los determinantes sociales. Una segunda, es destruir la buena imagen y la capacidad de “lo público”. Se intenta hacer creer que la entrada del sector privado es “racional” y cubre una “función social” y, con la excusa de la “austeridad”, los brutales recortes presupuestarios están desangrando la sanidad pública. Y una tercera estrategia fundamental es la progresiva realización de cambios “político-legales” para parasitar a lo público, facilitar la gestión privada, crear fundaciones y consorcios para ocultar la realidad, segmentar la sanidad pública para ayudar a su venta, y promover el aseguramiento privado.

Tener una atención sanitaria de calidad no puede ser una mercancía sino un derecho regulado democráticamente y sufragado públicamente. Contra lo que apuntan los mercaderes y vendedores que se lucran con la salud y la vida de la gente, la sanidad pública es “la solución” y no “el problema”. La historia enseña que los procesos de movilización y lucha social, y la consiguiente generación de pérdidas y miedo en la clase dominante, son cruciales para defender nuestros derechos y conseguir otros nuevos. La salud no se vende, se defiende. Nuestra salud está en juego.

Profesores de salud pública de la Universitat Pompeu Fabra y la University of Toronto respectivamente; ambos son miembros del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET, UPF), y coautores junto con Gemma Tarafa y Clara Valverde del libro La Sanidad está en Venta (Barcelona: Icaria, 2012)

febrero 17, 2013

Ahora sí que el sistema de pensiones es una estafa piramidal

Iturria: Diego Morales / diegomorales.net – 2013/02/09

Si hubiera titulado el artículo “el sistema de pensiones es una estafa piramidal” más de uno habría pensando que eso ya lo venían diciendo los que defienden los planes de pensiones privados. Basta realizar la búsqueda en internet “el sistema de pensiones es una estafa piramidal” para encontrarse más de 23.000 referencias. No es casualidad. El negocio de los planes de pensiones privados es un caramelo para las entidades bancarias, un mercado que en España no termina de despegar: sólo el 8% de los ciudadanos españoles tienen contratado un seguro de pensiones privado. Entonces, ¿a qué viene este título? La clave está en el “ahora sí”.

El Gobierno está usando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para comprar bonos del estado  en un momento en el que casi nadie está interesado en comprar deuda española. ¿Cuánto? Al menos el 90%, alrededor de 60.000 millones de euros. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social surgió en los años de “bonanza económica” para crear fondos de estabilización con el fin de asegurar las pensiones contributivas en caso de recesión en el futuro. Repito, para asegurar el pago de las pensiones. Lo que está haciendo el Gobierno es todo lo contrario: utilizar ese fondo de previsión para comprar bonos del tesoro. ¿Consecuencias? Por un lado apenas quedan fondos para asegurar las pensiones y por el otro el gobierno está invirtiendo en deuda soberana en un momento en el que “los mercados” no están interesados en comprarla. Catástrofe asegurada.
 
Más datos. En septiembre del año pasado el Gobierno retiró 3.000 millones de euros del Fondo para cubrir deuda. En noviembre tuvo que retirar 4.000 millones de euros más para pagar pensiones porque, como se puede ver, la “recesión del futuro” para la que se creó el Fondo de Reserva ya estaba aquí. Con estas dos retiradas el Gobierno rebaso el límite anual (3%) y se vio “obligado” a modificar la Ley Reguladora del Fondo de Reserva para los ejercicios 2012, 2013 y 2014, fijando el nuevo límite de disposición en base al “equivalente al importe del déficit que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social que, al efecto, elabore la Intervención General de la Seguridad Social” (Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad Social – Consejo de Ministros 30/11/2012).
 
Ahora sí que el sistema de pensiones es una estafa piramidal, no antes. Los defensores de los planes de pensiones privados llevan años diciendo que siempre lo ha sido. Mentían. Una estafa piramidal era Madoff o el Forum Filatélico, donde no existía ningún fondo de reserva sino que todo el dinero de los nuevos entrantes se utilizaba para pagar a los salientes. La existencia del Fondo de Reserva de la Seguridad Social echa por tierra esa tesis. El problema es que ahora, ahora sí, no existe tal fondo porque, como he comentado, lo han vaciado. El problema no es la naturaleza de las pensiones públicas sino las circunstancias políticas -y no económicas- que lo han convertido en lo que tenemos ahora: una estafa. Si los distintos Gobiernos hubiesen actuado correctamente -lo cual está visto que es imposible- no tendríamos este problema.
 
Las pensiones, en un marco político sin chorizos (como bien los describen en The Economist), no estarían en peligro. Los detractores de las pensiones públicas defienden, además, que el modelo público de la seguridad social es inviable por el envejecimiento demográfico en España. Sin embargo, como bien ha explicado Vincenç Navarro en el diario El País, las pensiones no podrían estar en peligro por esa causa ya que el incremento productivo por cada trabajador aumenta cada año, supliendo ese problema con creces.
febrero 5, 2013

No es la austeridad, es el cambio de modelo

Iturria: Ignacio Urquizu / eldiario.es – 2013/02/04

Desde que en 2010 los gobiernos europeos comenzaran con las políticas de ajuste, no ha habido día que no se clame contra la austeridad. Es cierto que lo que se ha denominado austericidio está estrangulando nuestras economías. Tal y como acaban de reconocer dos prestigiosos investigadores del FMI, los recortes en el gasto público han tenido efectos mucho más devastadores de lo esperado sobre las economías.

La segunda consecuencia de la austeridad es social y se refleja en los enormes recortes del Estado del bienestar. Pero si sólo nos centramos en la reducción del gasto, minusvaloramos lo que realmente se está produciendo: un cambio de modelo. Es innegable que el austericidio está teniendo efectos sociales en el corto plazo, aumentando las desigualdades y la exclusión. Pero no es menos cierto que, en el momento que las economías se recuperen, un gobierno comprometido con el Estado del bienestar puede aumentar sustancialmente sus partidas presupuestarias. Por lo tanto, los recortes por sí mismos no dejan de ser un problema temporal.

En cambio, la transformación del modelo del Estado del bienestar apunta a una cuestión más bien estructural, que implica cambios más profundos. Continuando con las ideas que han dominado en las últimas décadas, los gobiernos conservadores están persiguiendo dos objetivos en estos momentos: privatizar la mayor parte de los servicios públicos y cambiar la forma de financiarlos. Ambas cuestiones exigen de un debate sosegado y con datos, más allá de los lugares comunes y los intereses particulares.

En relación a la privatización, sería un error pensar que toda gestión privada es un ejemplo de eficacia y calidad. Pero también sería una equivocación atribuir estas virtudes únicamente a lo público. De hecho, la literatura comparada muestra que factores como la adecuada supervisión del financiador o los diseños institucionales son los que realmente explican que una gestión sea mejor o peor. Por ello, el foco no debería ponerse tanto en un debate estéril entre lo público y lo privado, sino en saber qué servicios se quieren externalizar, por qué y bajo qué condiciones.

En estos momentos, algunos gobiernos autonómicos están proponiendo transferir la gestión integral de algunos centros sanitarios a empresas externas. Pero si se opta por esta opción, es muy probable que estas corporaciones acabe abusando de su posición ventajosa. Existen numerosos ejemplos de compañías que, ante la amenaza de una quiebra o la suspensión de los servicios, acaban recibiendo dinero público. Este chantaje se puede repetir en el tiempo, siempre y cuando la empresa que presta el servicio tenga capacidad de amenaza. Por ello, es muy importante evitar posiciones abusivas por parte de las compañías que prestan los servicios a la administración.

¿Cómo determinamos que una posición es ventajosa para la empresa externa? Si esta compañía tiene capacidad de parar la prestación integral de un servicio, su capacidad de amenaza es enorme. Así, por ejemplo, no es lo mismo que en un conflicto se paralicen totalmente uno o varios hospitales, que la presión se “reduzca” a los servicios de limpieza. Además, cuanto más sofisticado y mayor tecnología exija un trabajo, más ventaja tendrá la empresa externa. En este caso, sustituir a la compañía prestataria del servicio será mucho más costoso que acceder a sus peticiones.

Pero además de definir muy claramente qué servicios se externalizan y en qué condiciones, también es cierto que no siempre resultan más baratas las privatizaciones. RecientementeSalvador Peiró y Ricard Meneu mostraban en el blog de FEDEA que, en la Comunidad Valenciana, los costes de hospitalización por habitante eran un 7,5 por ciento más caros en las áreas que eran gestionadas por una concesión que los que disfrutaban de una gestión directa por parte de la administración.

Otro ejemplo de incremento de costes en la prestación de servicios lo encontramos en el Reino Unido. Desde que se privatizó la red ferroviaria, los costes para el Estado son el doble, si lo comparamos con lo que costaba cuando era pública. Entre los aumentos de gasto, destacan los desorbitados sueldos de los ejecutivos, quienes se elevaron su sueldo un 56 por ciento una vez fueron privatizadas las compañías.

Junto a la privatización de los servicios públicos, un segundo cambio de mayor trascendencia es la financiación de las políticas sociales. Aquí el debate tiene dos vertientes que afectan tanto a la calidad de las políticas sociales como a la capacidad redistributiva del Estado del bienestar.

Por un lado, están los partidarios de permitir la financiación privada de la sanidad, la educación o las pensiones. De nuevo, la política comparada muestra datos que deberían invitar a la reflexión. En un reciente post en este blog, Víctor Lapuente se hacía eco de un estudio de Holmberg y Rothstein. En él se muestra que la financiación pública de la sanidad tiene efectos muy positivos sobre algunos indicadores de salud como, por ejemplo, la esperanza de vida. En cambio, la financiación privada tiene efectos negativos, aunque no significativos. Es decir, mientras que la salud de las personas mejora cuando la sanidad es financiada de forma pública, no se puede decir lo mismo cuando se realiza con dinero privado.

Por otro lado, también nos encontramos a los partidarios de financiar los servicios públicos a través de tasas. De esta forma, serían los usuarios los que asumirían parte de los costes de las políticas sociales a través de fórmulas como, por ejemplo, el copago. De optarse por esta vía, lo que correría peligro sería la capacidad redistributiva del Estado del bienestar. En toda política pública, su redistribución depende de quién financia el servicio y quién se beneficia de él. Cuando los costes los asumen las clases más acomodadas y los beneficiarios son los de menor renta, se produce una gran redistribución. En cambio, si un servicio lo financian las clases bajas y disfrutan de él las clases altas, entonces la política es muy regresiva.

Por ello, la solución sería analizar cada una de las políticas públicas, viendo cómo se financian y quién los utiliza. Si vamos al ejemplo de la sanidad, un servicio donde se quieren instaurar el sistema del copago, descubriremos que la probabilidad de ponerse enfermo depende de la edad y la clase social de las personas. En el último barómetro sanitario disponible en el CIS (2010), vemos que el 82 por ciento de los mayores de 65 años fueron a la consulta del médico en el último año, mientras que en los menores de 35 años esta cifra desciende al 66 por ciento. Si distinguimos por clase social, observamos que el 75 por ciento de los obreros no cualificados usaron los servicios sanitarios, un porcentaje que baja al 69 por ciento para las clases altas y medias-altas. Es decir, si financiamos el sistema público de salud a través de sus usuarios, serán los pensionistas y las clases sociales más bajas quienes contribuirán más que los demás a su sostenimiento. Estaremos atacando uno de los principales objetivos de las políticas sociales: la redistribución

En definitiva, la austeridad es un problema a corto plazo para el Estado del bienestar. En cambio, el cambio de modelo debería preocuparnos mucho más, puesto que estamos ante una transformación estructural. De imponerse propuestas como la privatización integral de los servicios públicos o cambios en su financiación pública, pasaremos a tener unas políticas sociales de peor calidad, rehenes de las grandes corporaciones y con menor capacidad redistributiva.

febrero 5, 2013

La Privatización del Agua: Un Robo de las Empresas, Amparado por los Gobiernos

La Privatización del Agua: Un Robo de las Empresas, Amparado por los Gobiernos

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enero 31, 2013

El becerro de oro del capital

Iturria: Susan George / nº 182 de Red Pepperhttp://www.redpepper.org.uk

El modelo económico que defienden las elites está más basado en la fe ciega que en la racionalidad, lo cual debe reflejarse en nuestras resistencias al mismo.

El informe del Grupo Euromemorandum, publicado recientemente, es tanto un análisis como un conjunto de propuestas particularmente importante y minucioso en lo que se refiere a reparar años de daño autoinfligido en la Eurozona. Su voz, aunque bienvenida, no es la única de un coro que ha llegado a ser potente.

Muchos expertos prestigiosos, como el premio Nobel Paul Krugman, Martin Wolf del Financial Times e innumerables ONG cantan con la misma partitura. Esta amplia coalición ha propuesto alternativas válidas y convergentes basadas tanto en la historia como en el sentido común.

Pero seamos honestos. Ninguna de las propuestas razonables y factibles de este consenso, trabajado desde el centroizquierda a los radicales veteranos, está encima de la mesa. Los gobiernos, el FMI e instituciones como la Comisión Europea y el Banco Central Europeo no sólo no las están discutiendo o implementando, sino que ni siquiera las leen. Esta cruda verdad debería darnos una pista con respecto a lo que sucede realmente.

No es de la economía de lo que hablamos. Hablamos de religión, de la religión del fuego eterno. No había ninguna razón económica para permitir que la suspensión de pagos griega, aparente o real, socavara y posiblemente destruyera 50 años de construcción europea. Grecia no representa más que el 3% de la economía europea. Sin embargo, en vez de obligar y ayudar a Grecia a corregir las evidentes anomalías económicas, lo que incluye un presupuesto militar inflado y ningún ingreso por vía de impuestos procedente de la Iglesia o los ricos, se impuso un escenario de obra de teatro medieval con moralina.

Las políticas de austeridad impuestas en todas partes son tan dogmáticas como cualquier dogma inventado por Calvino o el papa. No importa que las doctrinas recetadas no funcionen. No se trata de que funcionen si “funcionar” significa que se beneficie la gran mayoría de los pueblos europeos. Los mandamientos recetados deben aplicarse cualesquiera que sean las consecuencias: de acuerdo con las repetidas advertencias de sus adversarios, una recesión en toda regla y la más que probable destrucción de las notables, aunque deficientes, conquistas de la posguerra.

Se trata de antiguos y oscuros ritos de sacrificios humanos; hay que aplacar a los mercados. A estas misteriosas fuerzas casi divinas se les rendirán tributos: echar al fuego otro servicio público, más recortes salariales, más niños sin educación y más padres sin empleo, sin ayudas o mal pagados. La sed de estos dioses no se puede apagar. Como descubren con frecuencia los dirigentes europeos, siempre exigen nuevos sacrificios.

Sí, reconozco que también operan otras fuerzas casi racionales. No hablamos sólo de religión. También hablamos de política, dinero, poder y Rapport de Forces y las elites que nos gobiernan seguramente piensan que han encontrado una manera a toda prueba de que el pueblo vuelva a pagar la crisis de éstas. El capital debe continuar devorando el tejido social, privatizar los servicios públicos, incrementar la plusvalía y perpetuar las desigualdades ostensibles que lo mantienen a flote.

Lo que quiero decir a las personas que todavía están dispuestas a seguir luchando es que entiendan que en este momento no se trata de una discusión racional sobre las alternativas económicas con otras personas respetables cuyas ideas son simplemente distintas de las nuestras. Nos enfrentamos a un sistema de creencias rígidas, con muchos recursos a su disposición, cuyo sacerdocio está dispuesto a defenderlo hasta la muerte. Sí, debemos seguir con nuestras campañas y explicaciones, nuestras propuestas y publicaciones, nuestras ocupaciones y marchas. Pero también debemos hacer mucho más que esto.

Con la campaña de impuestos sobre las transacciones financieras de Attac verificamos la regla del pulgar [un procedimiento destinado a recordar o calcular aproximadamente un valor o tomar una decisión] de Gandhi: “Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te critican y dicen que no puede funcionar nunca, entonces ganas”. Hemos avanzado considerablemente con esta campaña, pero sigue sin aplicarse al euro. Sólo ganas cuando la mayoría de tus adversarios se da cuenta de que es de su interés o cuando ya no aguanta la presión.

Las propuestas del Euromemorandum no son del interés de los mercados financieros y no podemos maquillarlas para que lo sean, de manera que nos situamos en la fase 1 de Gandhi: nos ignorarán. Es por esta razón que necesitamos el apoyo no sólo de economistas sino también de antropólogos, historiadores, actores, cómicos y teólogos. Necesitamos la sátira y la denuncia, los sermones y nuestras propias obras de teatro medievales con moralina.

Algunos de nuestros enemigos quizá hasta reconozcan que se están poniendo en peligro al adorar al becerro de oro. No olvidemos al enviado papal a quien en 1209, durante la cruzada albigense, le preguntaron sus soldados qué hacer con los católicos que se pudieran encontrar entre los herejes. Él, como los mercados sagrados y el 1%, gritó “Mátalos a todos, Dios reconocerá a los suyos.” Quizá también a los alemanes.

enero 31, 2013

¿Para qué sirven las privatizaciones?

Iturria: Juan Torres López – 2013/01/31

Las políticas neoliberales se presentan casi siempre revestidas de argumentaciones sofisticadas y bien difundidas gracias a la generosa financiación de los grandes grupos financieros y empresariales a grupos mediáticos y de investigación, a académicos, economistas y periodistas que se encargan de crear opinión favorable a las medidas que toman los gobiernos. Sin embargo, las evidencias empíricas que pudieran demostrar la veracidad de esos argumentos con prácticamente nulas en casi todos los casos. En estos momentos estamos sufriendo una nueva amenaza al bienestar social y a la eficiencia económica que igualmente se trata de justificar como imprescindible y positiva con argumentos que una vez más carecen de fundamento y realismo.

Me refiero a la nueva fase del proceso privatizador que en España comenzó a mediados de los años ochenta del pasado siglo, que ha ido dejando unas secuelas lamentables en nuestra economía y que ahora se dirige hacia servicios públicos esenciales en el sector sanitario y educativo.

De 1984 a 1996 se llevaron a cabo unas 70 operaciones de privatización de empresas públicas mediante distintos tipos de procedimientos, generalmente orientadas a abrir su capital a los intereses privados y casi siempre justificadas por la necesidad de ajustarse a lo establecido en las normas y directivas de la Unión Europea, a la que nos incorporábamos en esos años.

Más tarde, y hasta el final de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se entró en una segunda fase, muy distinta, más radical y orientada a desmantelar la práctica totalidad del sector público empresarial español para ponerlo en manos del capital privado. Y ahora, como he dicho, se trata de hacer lo mismo con la sanidad y la educación públicas.

Esto último era algo difícil de justificar en años anteriores, dado el alto aprecio que la población tiene por esos servicios, pero ahora se puede utilizar la crisis y los problemas de la deuda pública para argumentar que es algo imprescindible para resolverlos.

Este argumento se une a los que siempre se han dado para llevar a cabo las privatizaciones: que hay que acatar las normas europeas, que es imprescindible vender para proporcionar recursos al Estado y que, además, al hacerlo se dispondría de los mismos bienes o servicios a menor precio y con mayor calidad y eficacia.

Los medios de comunicación e incluso muchas revistas académicas están llenas de textos dirigidos a justificar y desarrollar estas tres ideas pero, como señalé al principio, la evidencia empírica muestra claramente que no tienen mucho fundamento y que no reflejan la realidad de lo que sucede cuando se privatizan empresas o servicios públicos.

Es verdad que la Unión Europea ha impuesto un adelgazamiento del sector público (con el mismo objetivo que en España) pero no lo es menos que aquí se ha llegado más lejos innecesariamente, con el único propósito de satisfacer en mayor medida a los grupos privados interesados en quedarse con la antigua propiedad pública. Buena prueba de ello es que en otros países aún perviven empresas públicas en sectores estratégicos que en España han sido desmantelados.

Tampoco es verdad que las privatizaciones sean una fuente de ingresos netos para los Estados. Son, por el contrario, un negocio ruinoso. Las que se llevaron a cabo de 1984 a 1996 reportaron un total aproximado de 13.200 millones de euros, y las que se realizaron de este último año a 2007, unos 30.000 millones. La prueba de que fueron operaciones nefastas para los intereses del conjunto de la sociedad española es que solo cuatro empresas en su día privatizadas (Telefónica, Gas Natural, Endesa y Repsol) obtuvieron en un solo año, 2011, unos beneficios superiores a los 10.000 millones de euros, y todas las de energía y telecomunicación más de 12.000. Si a ello se le suman los que hubieran proporcionado los antiguos bancos públicos y las demás empresas privatizadas, es fácil deducir que lo que ha producido su traspaso a manos privadas es una extraordinaria merma en los ingresos del Estado.

Finalmente, tampoco es cierto que la privatización haya generado más competencia. En realidad, se ha reproducido el mismo mercado de carácter oligopolista, ineficiente y caldo de cultivo de grandes acuerdos para imponer precios a los consumidores. La prueba la tienen mes a mes todos los españoles cuando pagan las tarifas que suelen estar entre las más elevadas de toda Europa.

Y tampoco es cierto que la privatización vaya acompañada de mejor calidad en el servicio. Por el contrario, diversos estudios han demostrado que las política de privatizaciones están asociadas al aumento de la mortalidad por abuso de alcohol, enfermedades cardiovasculares, suicidios y homicidios, especialmente entre hombres. Y está bien demostrado que llevan consigo la disminución del número de médicos, dentistas y de camas cuando se llevan a cabo en el sector hospitalario.

Los estudios empíricos que se han llevado a cabo en España, como el de las profesoras Laura Cabeza y Silvia Gómez Ansón, demuestran que las antiguas empresas públicas no han registrado “mejora significativa en la rentabilidad, en la eficiencia, en el volumen de ventas y de inversión, ni cambios significativos en el nivel de endeudamiento o en el empleo” después de haber sido privatizadas (“Los procesos de privatización en España: determinantes e implicaciones de la eficiencia empresarial”, ‘Estudios de economía aplicada’, vol. 27-2, 2009, p. 20).

Los resultados de las privatizaciones han sido simplemente el beneficio de los grupos privados que adquirieron la propiedad pública a bajo precio. No hay rentabilidad social en ellas y en realidad constituyen un vergonzoso expolio al conjunto de la sociedad. Por eso urge que en España se lleve a cabo una investigación profunda de las privatizaciones realizadas, de las condiciones en que se efectuaron, de sus beneficiarios y de lo que éstos dieron a cambio a quienes las aprobaron y ejecutaron, que no ha sido poco, como puede comprobarse casi a diario cuando se tienen noticias de la corrupción tan generalizada en los partidos que las impulsaron. Ningún robo debe quedar impune y es un elemental deber de ejercicio democrático que la ciudadanía conozca lo que se ha hecho con su patrimonio, así como castigar a los culpables de su dilapidación en manos de grupos privados amigos.

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