Posts tagged ‘privatización’

julio 9, 2013

Concentraciones ante la Seguridad Social contra el recorte de las pensiones

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales) / Kaos – 2013/07/09

Esta mañana se han realizado concentraciones ante las sedes de la Seguridad Social de Bilbo, Donosti y Gasteiz, las cuales han sido convocadas por más de una cincuentena de colectivos sociales y sindicales. En la de Bilbo han participado más de un centenar de personas.

Murrizketarik EZ!!!

Estas iniciativas surgen con el ánimo de denunciar otro recorte socialla nueva reforma de las pensiones. Además, estas movilizaciones han servido para exigir una Euskal Herria asentada en unas bases sociales que garanticen la igualdad, la justicia social y la dignidad.

Gizarte eskubideen alde!!!

Bajo la excusa del “factor de sostenibilidad” se ha decidido disminuir la cuantía de las nuevas pensiones. El objetivo es recortar el gasto en pensiones de manera automática:pensionistas con pensiones más bajas; y más trabajadoras y trabajadores sin pensiones. 

No es la esperanza de vida quien pone en peligro las pensiones. El factor de sostenibilidad es la alfombra roja que el Estado pone para que los bancos y las aseguradoras puedan aumentar su cuota de mercado. Las políticas neoliberales sí lo hacen insostenible.

BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=emdu9xzxoJA]
mayo 3, 2013

Todo lo que nunca quiso saber sobre el copago judicial

Iturria: Tamara Fariñas / Diagonalperiodico.net – 2013/04/16

Una guía para no perderse tras la entrada en vigor de la reforma de las tasas judiciales planteada por Justicia.

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Desde el mes de noviembre, cuando entró en vigor la Ley 10/2012, ha habido un bombardeo informativo en torno a la cuestión de la aplicación de tasas en procedimientos judiciales que hasta entonces eran gratuitos. Se paralizaron los pagos de tasas por falta de formularios en las instituciones públicas, se detuvieron en algunas comunidades autónomas para evitar duplicidades de liquidaciones, y el Gobierno ha intentado recular en algunas cuestiones concretas, para disminuir la presión a la que el Ministerio de Justicia se estaba viendo sometido. Pero, ¿en qué se ha quedado la aplicación de tasas?

La nueva política de pago de tasas judiciales abre el abanico de pagadores y provoca un incremento del gasto por parte de los ciudadanos. Hasta ahora sólo las personas jurídicas con una facturación de más de diez millones de euros estaban obligadas a pagar las tarifas en procedimientos judiciales. A partir de la nueva ley, las personas físicas con más de 15.000 euros percibidos anualmente tendrán que pagar la misma cantidad que las empresas con facturaciones millonarias.

¿Cuánto pagaremos?

La cuota de liquidación en procedimientos jurídicos oscilará entre los 150 euros en procesos verbales y cambiarios de jurisdicción civil, y los 1.200 para los recursos de casación, tanto en el ámbito civil como en el contencioso-administrativo: unas cuotas muy altas si las comparamos con otros países europeos.

Estarán sujetos a estas tasas todos los procedimientos de jurisdicción de lo contencioso-administrativo, lo social y lo civil –pero no los procesos penales– con algunas excepciones: solicitudes de concursos voluntarios por los deudores, juicios monitorios y demandas de juicios verbales de menos de 2.000 euros, recursos de lo contencioso-administrativo por parte de funcionariado público, recursos de lo contencioso-administrativo cuando sean por silencio o inactividad de la Administración pública, procesos relacionados con la custodia de hijos menores y, por último, procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. El último real decreto que modificaba esta ley incluye además otras exenciones tarifarias: las separaciones y divorcios llevados a cabo por mutuo acuerdo –los que sean sin acuerdo pagarán una tasa de más de 150 euros–; los procedimientos de desahucios y todos aquellos impuestos por víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos. Además, se han reducido las cuantías en primera instancia, las tarifas en procedimientos laborales para todos los trabajadores –incluyendo a los funcionarios– y las de reclamaciones en materia de consumidores.

Estas nuevas tasas judiciales deberán pagarlas ya no sólo las personas jurídicas –entes, organismos, empresas, etc.– sino que pasan, por vez primera, a ser soportadas también por personas físicas, siempre que se perciban más de 14.900 euros anuales por unidad familiar. Además, reciben una rebaja tarifaria del 60% los trabajadores por cuenta ajena y autónomos que interpongan recursos de casación y suplicación en materia social.

¿Qué se hará con ese dinero?

Sólo en dos casos se procederá a la devolución de las tasas: cuando se alcance una terminación extrajudicial en la que se ahorre parte de los costes, y cuando las tasas son acumulativas. En este último caso, se pagan todas las tasas, Justicia se queda sólo con las de uno de los procesos y se devuelven las tasas correspondientes a los demás.

El Estado pretende, con la imposición de estos aranceles, recaudar fondos para, según explican, mantener la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, para esto han tenido que acudir a un sistema de pago utilizado durante el Franquismo, y que ya había sido derogado en los ‘80.

marzo 15, 2013

El silencio de las cocinas

Iturria: Javier Guzmán / Rebelión – 2013/03/15

Estos últimos días hemos visto en los diarios el escándalo de la comida “basura” y lo que los enfermos tenían que tragar gracias al menú del Hospital de Navarra cuya concesión estaba en una empresa de catering

¿Por qué la comida del sistema hospitalario público puede estar empeorando? Durante estos últimos años se ha producido un fenómeno, la externalización del servicio y la ocupación de ese nuevo mercado por parte de grandes empresas de restauración colectiva. Debemos preguntarnos si existe alguna diferencia entre un hospital que disponga de cocina propia, con personal propio, que compre sus ingredientes en la zona y que elabore la comida en la misma cocina, respecto a otro sin cocina donde los platos se elaboren en cocinas centrales alejadas del centro, basadas en alimentos altamente procesados y precocinados, comprados en grandes cantidades. Esto es exactamente lo que está pasando en el sistema educativo y sanitario público con respecto a su servicio de comedor. La sustitución de un modelo de proximidad y calidad por un modelo de negocio para grandes empresas.

En 10 años se ha duplicado el grado de externalización del servicio de restauración colectiva, actualmente el índice de concesión es del 65% del total (con un volumen estimado de unos 530 M.€ de facturación) y esas cifras no paran de crecer.

En ese mismo periodo se ha concentrado enormemente la prestación de ese servicio y actualmente solamente dos empresas controlan una de cada cuatro comidas en hospitales y escuelas. Empresas que buscan únicamente beneficio, y una administración pública que no tiene en cuenta que la restauración colectiva es un servicio muy especial, pensado para lo que se conoce como un “consumidor cautivo”, aquel que tiene muy pocas o ninguna posibilidad de elegir otra forma o lugar dónde comer, parece difícil imaginarse un consumidor más cautivo que un paciente hospitalario, un niño de primaria o una persona que acude a un banco de alimentos.

¿Quién decide qué comemos en los hospitales? ¿Quién decide lo qué comen nuestras hijas e hijos en los comedores escolares? ¿Cómo se toman estas decisiones? ¿Se prioriza la calidad y la salud o reducir costes para generar beneficios? ¿Quién produce esos alimentos? ¿De dónde vienen? ¿Se podría ofrecer ese servicio con otros criterios?

Javier Guzmán. Director de VSF Justicia Alimentaria Global

diciembre 13, 2012

El ‘hachazo’ a las pensiones: una decisión injusta, torpe y falaz

Iturria: Borja Suárez Corujo / diario.es – 2012/12/13

  • Se trata de una decisión injusta: el pensionista medio (833 euros mensuales) habrá perdido sólo este año 222 euros
  • También es torpe, en la medida en que puede haber vulnerado la Constitución
  • Y es falaz por el incumplimiento del programa electoral y por la deliberada confusión con la que se aplica la medida

El fracaso de la aplicación de una política de austeridad a ultranza se ha cobrado nuevas víctimas: los pensionistas. El “caprichoso” calendario electoral ha querido que gallegos, vascos y catalanes hayan ido a votar sin conocer cuál iba a ser finalmente la suerte de las pensiones en 2012. Esto es, si el Gobierno compensaría la pérdida de poder adquisitivo acumulada a lo largo del año como consecuencia de una revalorización inicial de las pensiones en enero pasado del 1% muy inferior al IPC interanual del 2,9% en el mes de noviembre, que es el que se toma como referencia según la Ley. Pese a que apenas cuatro días antes de tomar la decisión el Gobierno, por boca de su Secretario de Estado de Seguridad Social, todavía defendía que había margen para compensar esta desviación, el enésimo Decreto-ley aprobado por los populares ha dejado sin efecto este mecanismo legal de compensación, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas de casi dos puntos (1,9%).

Ante todo, se trata de una decisión injusta. Todos los pensionistas, incluidos los perceptores de pensiones mínimas, sufren ese perjuicio en 2012: el pensionista medio (833 euros mensuales) habrá perdido sólo este año 222 euros. Y a ello hay que añadir el perjuicio que supondrá la suspensión del mecanismo de revalorización en 2013. Me explico. Las pensiones se incrementarán el próximo año en un 1 ó 2% en función de su cuantía; pero para los pensionistas (casi) tan relevante como esto es que tal será la subida cualquiera que sea la inflación en noviembre de 2013. Si tenemos en cuenta que en los quince últimos años –con la única excepción de 2009– el IPC se ha situado en noviembre siempre por encima del 2%, parece previsible que los pensionistas vuelvan a perder poder adquisitivo en 2013.

Por si no fuera poco, esta doble congelación parcial de las pensiones viene a añadirse a otras decisiones del Gobierno del PP que han recortado la renta disponible de los pensionistas con consecuencias directas en su calidad de vida y en la del resto de miembros de las unidades familiares en las que se integran cuyos ingresos dependen cada vez más de aquéllos. Se hace referencia a las subidas de impuestos (IVA, IRPF) pero, sobre todo, al recorte de las prestaciones por dependencia y al copago farmacéutico.

La decisión del Gobierno de Rajoy también es torpe, en la medida en que puede haber vulnerado la Constitución. Desde un punto de vista jurídico, la actualización de las pensiones por desviación de la inflación no es una mera expectativa, sino un derecho que al final del mes de noviembre ya se ha devengado conforme a lo que establece la Ley General de Seguridad Social. Por eso es razonable considerar que su inaplicación sobrevenida es, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, contraria a dos principios consagrados en el artículo 9.3 de nuestra Norma Fundamental: el de seguridad jurídica y el de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales.

En tercer lugar, no menos grave es que pueda calificarse la decisión de falaz. No sólo por esas reafirmaciones sobre la voluntad del Gobierno de cumplir el mandato legal, por el incumplimiento de su programa electoral y de mandatos parlamentarios recientes o por la incoherencia de utilizar para justificar su actuación los mismos argumentos que tan fieramente criticaron desde la oposición. Sino, en particular, por la deliberada confusión con la que se aplica la medida: con tal de evitar el término “congelación” –y así seguir vinculando este estigma al PSOE– los populares optan por una fórmula que, respaldada por una potente política comunicativa, pretende ocultar que sólo en 2012 la pérdida de poder adquisitivo de todos los pensionistas ha sido mayor que la que experimentaron durante el Gobierno de Zapatero.

Dos apuntes para finalizar. De un lado, esta reducción de las pensiones marca seguramente el inicio de un proceso agresivo de recortes en materia de Seguridad Social que, no se olvide, es el corazón de nuestro Estado de bienestar. De otro, el desgaste que previsiblemente va a sufrir el Gobierno de Rajoy como consecuencia de esta medida no va a poder a ser capitalizada por el PSOE si no es capaz antes de reconocer que congelar las pensiones en 2011 fue un error político mayúsculo.

octubre 16, 2012

La sanidad pública, en almoneda

Iturria: Enric Llopis / Rebelión – 2012/10/16

Los gobiernos del PP promueven la sanidad pública de gestión privada como paso previo a la privatización total del modelo

Sanidad pública, educación pública y servicios sociales hace tiempo que se han convertido en negocios privados al alza. En el caso de la sanidad, con el País Valenciano y Madrid como grandes paradigmas. Un pomposo discurso que vende las bondades del “Modelo de colaboración público-privado”, en el que supuestamente las empresas privadas ofrecen una mejor gestión, mayor eficiencia económica y el estado continúa teóricamente garantizando los mismos prestaciones y servicios que en la sanidad pública, envuelve una ofensiva que aspira a un cambio radical de modelo, que tiene a los Estados Unidos (atención sanitaria al ciudadano en función de su renta, lo que deja a mucha gente fuera del sistema) como gran referente. Diferentes gobiernos autonómicos, sobre todo del PP, se aplican a materializar este cambio de paradigma.

Un mero vistazo a la evolución del marco jurídico ya permite intuir algunos de estos cambios. La Ley General de Sanidad (1987) permitía la participación del sector privado (preferentemente a través de entidades sin ánimo de lucro, que podían concertar determinados servicios con la Administración) en los ámbitos que no alcanzara la cobertura de la sanidad pública. La Ley 15/97, actualmente en vigor, modifica la legislación anterior y abre la puerta a las empresas privadas en la gestión de la sanidad pública. Las legislaciones autonómicas incorporan posteriormente este principio, que ha dado lugar a la coexistencia de centros sanitarios públicos (con una progresiva privatización de sus servicios), centros estrictamente privados y, por último, centros públicos que, por concesión administrativa, son gestionados por operadores privados, lo que en la práctica no supone sino un proceso gradual de privatización de la sanidad pública.

El País Valenciano constituye un buen observatorio de este proceso. En el año 1997 se abre la veda (En 1995 el PP accede al gobierno en el País Valenciano, de la mano de Eduardo Zaplana). De manera progresiva, y partiendo de una estrategia premeditada (que públicamente nunca se reconoce), comienza la privatización de determinados servicios públicos (limpieza, cocinas hospitalarias y ambulancias, entre otros) en los centros sanitarios . También se ponen en manos del sector privado las resonancias magnéticas de los hospitales públicos, pese a los informes que acreditaban que el servicio público tenía un coste menor. En 2000 tiene lugar el segundo gran hito: se pone en marcha el Hospital de la Ribera (en el municipio de Alzira), que representa el primer gran ejemplo de privatización de la sanidad pública en el País Valenciano.

¿En que se basa el modelo Alzira , es decir, hospitales públicos de gestión privada? La Administración pública otorga una concesión mediante concurso, 15 años en el caso del Hospital de la Ribera, a una empresa privada (Ribera Salud) que se compromete a la construcción del centro hospitalario, ponerlo en marcha y gestionarlo. El gobierno autonómico paga a la empresa por los costes de estos conceptos. Así, sólo por la gestión sanitaria del Hospital de la Ribera, la Conselleria de Sanitat ha de abonar en 2012 cerca de 640 euros por habitante y año. Pero la clave radica en un modo de financiación paralela, sobre el que muy poco se sabe, y que permite a la empresa concesionaria incrementar los ingresos e intentar asegurarse la rentabilidad del negocio: la derivación de pacientes. Ciudadanos (en listas de espera o que requieren pruebas de diagnóstico) adscritos a centros hospitalarios de otras comarcas (por ejemplo, de Alcoi o Gandía) son derivados al Hospital de la Ribera, para que, gracias al dinero público (que siempre paga la atención a los pacientes en este modelo), cuadren los números .

¿Qué hay en el trasfondo de este modo de proceder? ¿Por qué otorgar tanta prioridad a un solo centro hospitalario? El modelo Alzira representa uno de los grandes buques insignias del PP valenciano, es decir, una apuesta política de gran calado que ha de salir bien al precio que sea. Por eso el Gobierno Valenciano rescató la concesión del hospital y, en 2002, sacó un segundo concurso para que la iniciativa de Ribera Salud fuera rentable. A la empresa se le concedió en concurso la posibilidad de prestar la atención primaria, lo que le permitía controlar el gasto en todo el proceso asistencial, aumentar su volumen de negocio y sanear sus cuentas (en el primer concurso sólo se le adjudicó la atención especializada); la Conselleria de Sanidad pasó de pagar 240 euros por habitante y año a 420. A ello hay que agregar otras ventajas: se garantizan en La Ribera determinados servicios (radiodiagnósticos y anestesistas permanentes para las epidurales de los partos, entre otros) que, deliberadamente, no se prestan en centros públicos, en una decisión de carácter mucho más político que sanitario.

Ya desde los orígenes la estrategia estaba perfectamente diseñada. Por ejemplo, las áreas quirúrgica y de diagnóstico del Hospital de la Ribera contaban con unas dimensiones desproporcionadas para las necesidades de la comarca de la Ribera (ámbito de cobertura). Se tenía en vista, desde la fase de diseño, la derivación de pacientes y la financiación paralela. Otros hospitales que siguen el modelo público de gestión privada, como los de Dénia o Manises, no pueden, por razones de la mayor competencia en el sector, realizar estos desvíos de pacientes, y en consecuencia se hallan actualmente en situación de apuro económico.

Según el portavoz del área de Salud de Intersindical Valenciana, Rafael Reig, “no hay ninguna prueba empírica de que este modelo resulte más barato que la sanidad pública; en primer lugar, existe mucha opacidad informativa; pero, además, si fuera rentable nos lo venderían todos los días; tampoco se ha constatado una mejora en la calidad de la asistencia, ni se ha terminado con las listas de espera; hay casos en los que se ha dado cita para una operación de menisco al cabo de un año”. Asimismo, “a la empresa que gestiona el Hospital de la Ribera se le dan otras ventajas: es la Seguridad Social la que paga los materiales y medicamentos; por no hablar del trato al personal laboral: un trabajador con un salario equivalente al de otro de la sanidad pública tiene una jornada laboral un 20% superior”, explica el sindicalista.

El País Valenciano cuenta actualmente con cinco hospitales públicos de gestión privada, en los municipios de Alzira, Dènia, Torrevieja, Manises y Elx. A ellos se les sumarán próximamente los de Llíria, Gandía y Torrent (el número de hospitales públicos de referencia y comarcales se eleva a 18). ¿Quién está detrás de estos centros, agraciados por la concesión pública? En todos los casos, un consorcio formado por un socio capitalista y una compañía de seguros, a los que pueden agregarse otros socios menores (algunas veces constructoras o empresas del ladrillo ). En el accionariado de Ribera Salud están representados, con la mayoría de los títulos, Caja Mediterráneo (CAM), ahora en manos del Banco de Sabadell, Bankia (que pretende deshacerse de su capital en la empresa) y la aseguradora Adeslas; también, aunque con un porcentaje menor, la promotora Lubasa y Dragados y Construcciones. En hacerse con el capital de Bankia han manifestado su interés el Banco de Sabadell, la multinacional sueca Capio Salud y un grupo inversor de Juan Roig, propietario de Mercadona.

En todos los hospitales de estas características en el País Valenciano, Ribera Salud participa del negocio, aunque de manera compartida con diferentes aseguradoras privadas: DKV en Dènia; Asisa en Torrevieja; Sanitas en Manises y Asisa en Elx. Todo parece estar muy bien repartido. ¿Por qué razón? “El sector privado sanitario ha sido hasta hace poco testimonial en el País Valenciano; dicho de otro modo, no tenía capacidad suficiente para asumir la gestión de la sanidad en su conjunto, que es realmente el objetivo político del PP; lo que se está haciendo es introducir a las empresas privadas con experiencia en gestión sanitaria en la sanidad pública, parasitándola, pero gradualmente, haciendo tiempo para que el sector privado vaya ampliando su volumen de negocio y adquiriendo la infraestructura necesaria; el fin es poder gestionar finalmente toda la sanidad pública; el final de la hoja de ruta es el modelo norteamericano”, explica Rafael Reig.

En este proceso hay un elemento decisivo: cerca del 50% del gasto en la gestión privada de los hospitales procede del capítulo de personal; y es en este punto donde las empresas ponen el foco. Las empresas aspiran fundamentalmente, y lo afirman bien a las claras, a la gestión del personal. “Si ganan dinero es porque reducen plantilla y recortan en gasto corriente, material sanitario y servicios al usuario”, asegura el portavoz de Intersindial valenciana. Además, las empresas se aprovechan de la situación de asfixia económica de la Generalitat: el Gobierno Valenciano ha tenido que renunciar al pago anual que pretendía cobrar a las empresas adjudicatarias, que además seguramente controlarán totalmente a medio o largo plazo la gestión del personal.

Por lo demás, estos centros públicos de gestión privada no son, ni mucho menos, exclusivos del País Valenciano. Al frente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre los ha promovido hasta el punto de que todos los nuevos hospitales públicos son de estas características; por ejemplo, el Hospital Infanta Elena (Valdemoro); el Hospital de Henares (Coslada); Hospital Sureste (Arganda del Rey); Hospital del Tajo (Aranjuez); Hospital Infanta Cristina (Parla); Hospital Infanta Leonor (Madrid), Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda). Frente al modelo valenciano, sin embargo, los centros hospitalarios promovidos por la lideresa mantienen la gestión pública del personal sanitario (no el resto de los ámbitos de gestión).

Otro factor añadido a la presión de los negocios privados sobre la sanidad pública es el final de la burbuja inmobiliaria , y la necesidad de reorientar los capitales hacia nuevos nichos de inversión. En muchos casos, las empresas constructoras de obra pública y del ladrillo se anticiparon a la crisis y empezaron a invertir en hospitales, en una tendencia que continúa hoy. Además de Lubasa y Dragados y Construcciones, con presencia en el Hospital de la Ribera, Acciona se halla entre los accionistas de la empresa que gestiona el hospital de Torrevieja; Son Espases, el mayor centro hospitalario de Palma de Mallorca, está participado en un 49,5% del capital por Iridium, del grupo ACS (la constructora de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid); el Hospital de Torrejón tiene entre sus accionistas a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Globalvia Infraestructuras y al Grupo constructor Alpine; Dragados y FCC también están presentes en el Hospital de Son Dureta (Palma de Mallorca), entre otros ejemplos.

En toda esta maraña de intereses empresariales tampoco faltan las conexiones políticas. Algunas muy notorias. En el accionariado de Capio Salud (multinacional sueca que en el estado español controla o participa en la gestión de 28 centros sanitarios), figuran personajes como el exministro de Economía y expresidente del FMI, Rodigo Rato, y el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela; familiares de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; y Teresa Echániz Salgado, hermana del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado; Por otra parte, el actual conseller de Sanitat de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, alcanzó este cargo tras dirigir la patronal catalana de hospitales. También trajo cola la privatización en el País Valenciano del servicio de resonancias magnéticas de los hospitales públicos, del que se beneficiaron empresas de Carlos Paz, íntimo amigo de Eduardo Zaplana (expresidente del Gobierno Valenciano) y del diputado autonómico del PP, Luis de la Concepción.

Actualmente, nos hallamos en la primera fase de la hoja de ruta neocon aplicada a la salud, resume Rafael Reig. “Los poderes públicos todavía garantizan el derecho a la salud, es decir, la atención sanitaria gratuita; pero la prestación de servicios y la atención a los pacientes está poniéndose paulatinamente en manos del sector privado; en una segunda fase se pretende la privatización absoluta de la salud; que la atención sanitaria dependa del poder adquisitivo; ¿Qué es, si no, el copago ?”, se pregunta.

Por lo demás, “la atención sanitaria pública, universal y de calidad es un derecho ciudadano, independiente de la condición social o lugar de residencia. La progresiva aplicación de políticas neoliberales, que desmantelan el Estado del Bienestar y favorecen la privatización de la sanidad, daña nuestra salud y aumenta la desigualdad. Como si fuera una mercancía más, la sanidad pública está en venta : se cierran centros de atención primaria, urgencias y quirófanos, aumentan las listas de espera, se amplía el repago…La ciudadanía debe saber lo que nos jugamos: perder un derecho esencial conseguido tras largas luchas sociales”, concluyen Carles Muntaner, Clara Valverde, Gemma Tarafa y Joan Benach en el libro “La sanidad en venta” (Icaria).

julio 3, 2012

Personal de cocinas de hospitales, contrarios a la privatización

Iturria: Gara.net – 2012/07/03

IRUÑEA. El colectivo de personal de cocinas hospitalarias de Nafarroa pidió ayer a la consejería de Salud que detenga el proyecto de privatización de las cocinas, por entender que será «gravoso para la hacienda pública».

Este colectivo quiere que se mantenga el servicio de Cocinas Hospitalarias por «garantizar el menor coste posible y la mayor calidad alimentaria para los pacientes, avalada por décadas de satisfactoria prestación».

Así lo indicó en una nota difundida ante el acto de apertura de plicas de la licitación del concurso de adjudicación de la gestión de ese servicio. Tras señalar que «el agujero del déficit de las cuentas públicas crece por momentos», cuestiona que el Gobierno foral mantenga este proyecto que va a suponer el aumento del déficit. Y es que, según apuntan, la inversión que se supone que va a realizar la empresa adjudicataria será amortizada a través de un canon que se irá pagando año a año y que «no supone más que aumentar los gastos».

mayo 21, 2012

Miles de personas salen a la calle contra los recortes sociales

Iturria: Berri-Otxoak (Plataforma Contra la Exclusión y Por los Derechos Sociales) – 2012/05/20

Miles de personas se han manifestado esta mañana por las calles de Bilbo y Gasteiz convocadas por decenas de colectivos sociales y sindicales de Euskalerria para denunciar los recortes en sanidad, educación y derechos sociales.

GIZARTE MURRIZKARIEK EZ!!

Miles de personas se han manifestado esta mañana por las calles de Bilbo y Gasteiz convocadas por  decenas de colectivos sociales y sindicales de Euskalerria. Movilizaciones previstas, también, para el fin de semana -sábado 26 de Mayo-, en Donisti y Gasteiz.

Con estas movilizaciones se pretende…
-Rechazar los recortes y las políticas que se vienen aplicando.
-Exigir a todas las instituciones de Hego Euskal Herria que no apliquen los recortes que Rajoy quiere imponer: en la sanidad, en la educación y derechos sociales.

-Exigir a nuestras administraciones un giro radical de sus políticas: derogar los recortes ya aplicadosen prestaciones sociales, en sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, etc.-Una política fiscal justa y progresiva que dé marcha atrás en las reformas aprobadas en las últimas décadas.

-Diseñar políticas de igualdad de oportunidades, políticas efectivas de conciliación de la vida laboral y personal. Reparto del trabajo productivo y reproductivo.
-Conseguir un marco vasco de relaciones laborales y de protección social basado en el reparto de la riqueza y el trabajo.
-Reconocimiento de los derechos laborales y sociales.
Para finilizar señalar que sólo la movilización y la presión social van a hacer que este cambio de políticas se produzca.

BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)

mayo 21, 2012

Bilboko manifa.

Mila esker Esteban Peredari argazkiengatik.

mayo 18, 2012

El principio del fin de la sanidad universal

Iturria: diagonalperiodico.net – 2012/05/17

Repasamos las consecuencias de la ‘contrarreforma sanitaria’ con las últimas medidas aprobadas por el Gobierno y los cambios en el modelo de sanidad.
ANTONIO GÓMEZ LIÉBANA / Integrante de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CASMadrid)

Foto: David Fernández

El Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno supone un paso más –muy importante– dentro de la contrarreforma sanitaria que se viene realizando desde hace años, e implica modificaciones sustanciales en el modelo de sanidad pública universal, además de abrir vías para futuros recortes. Para empezar, vincula el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento (excluye de la atención gratuita a quienes no ostenten esta condición) y no establece que éste tenga que ser al régimen general de la Seguridad Social, lo que deja abierta la posibilidad de modelos de aseguramiento diferentes (orientados a la desgravación fiscal de seguros privados).

Apoyándose en el discurso xenófobo de un supuesto abuso, excluye de la atención integral a los inmigrantes no regularizados, limitándola a urgencias, embarazos y a los menores de 18 años, a pesar de que existen múltiples estudios que demuestran que los inmigrantes (regularizados o no) utilizan en menor medida que los nacionales el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Además, como la sanidad se financia vía impuestos, incluso los irregulares aportan con impuestos como el IVA su dinero para el mantenimiento de los servicios públicos. Se trata de una medida inhumana, injusta, inmoral, peligrosa desde el punto de vista de la salud pública (aumenta el riesgo de focos de enfermedades infectocontagiosas) y negativa desde el lado de los costes (al ser el único acceso que les queda, se incrementarán las visitas a urgencias).

Por primera vez, se aprueba el “copago farmacéutico para pensionistas” (10% del precio de las medicinas) y el “aumento del copago farmacéutico para el resto de la población”, según teóricos niveles de renta. Así se establece un impuesto a la enfermedad. La protección social, basada en la solidaridad de los impuestos en función de la renta, deja de tener efecto, obligándose a pagar más no a quienes más tienen, sino a quienes están más enfermos.

Prestaciones de su bolsillo

También se anuncia el pago por los usuarios de “medicamentos para síntomas menores”, sin definir cuáles, pero que con toda seguridad serán medicamentos útiles y de utilización frecuente (analgésicos, antihistamínicos), que pasarán a ser pagados por el bolsillo del ciudadano. Se instaura asimismo el pago de una parte del transporte sanitario no urgente, la dietoterapia, etc. ¿Qué pasará con los enfermos que precisan diálisis u oncológicos que realizan varios viajes semanales?

Sin embargo, las actuaciones sobre la industria farmacéutica son testimoniales y de escaso impacto económico. En este sentido existen medidas de lógica común y perfectamente asumibles, como las compras al por mayor y la distribución en los propios centros sanitarios de la medicación prescrita; la creación de una industria nacional para los medicamentos básicos (como la tienen las Fuerzas Armadas); la prohibición de que la formación médica esté en manos de las multinacionales; o incluso la no financiación por el sector público de todos aquellos fármacos que se registren, medidas que podrían ahorrar miles de millones de euros, pero que no van ni siquiera a plantearse.

El documento sí ahonda en el camino de los ‘incentivos perversos’ justificados sobre la “racionalización [recorte] del gasto” y la “competencia –en lugar de la colaboración– entre profesionales y centros”. Los nuevos modelos de hospitales privatizados incorporan incentivos económicos a los profesionales que menos pacientes ingresan, más altas dan o menos derivan a los especialistas.

Los 600 millones de euros que según el Gobierno se van a ahorrar con una supuesta “coordinación entre servicios sociales y sanitarios”, no esconden más que el cierre anunciado de más centros públicos de larga estancia para la derivación de los pacientes crónicos a centros privados, como acaba de ocurrir con el cierre de los dos hospitales de crónicos y paliativos de Palma de Mallorca.

Las medidas anunciadas son, por tanto, un paso más dentro del plan perfectamente planificado que se lleva desarrollando años con la complicidad de las cúpulas sindicales y el apoyo imprescindible del partido ex socialdemócrata. En grandes líneas: por una parte, se traspasan las partes rentables del sistema para lucro de todo tipo de empresas, potenciándose los seguros privados para quienes puedan pagárselos; y por otra, se va articulando un sistema similar al antiguo de beneficencia para excluidos, parados y trabajadores.

La respuesta está en la coordinación de las luchas autogestionadas y autónomas del poder, desoyendo los cantos de sirena de la ‘izquierda posibilista’, cuya postura se limita a la llamada e intento de captación del voto representativo, ocultando que no hay vuelta atrás y que el Estado de bienestar no volverá.

 

abril 11, 2012

La tiranía del dinero, la democracia secuestrada

Iturria: ATTAC Acordem – Pep Cabayol – 2012/04/08

En Europa se ha impuesto la marktkonforme demokratie. El pasado 1 de septiembre Angela Merkel dijo en el Bundestag: “Vivimos en una democracia parlamentaria y por tanto la confección del presupuesto es un derecho básico del parlamento. Pero encontraremos la manera de hacerlo para que resulte acorde con los mercados”. Frau Merkel dejó claro así que no se aprobaría ningún presupuesto que desagradara a la oligarquía financiera que controla los negocios mundiales.

La mentira.

Leo Strauus, discípulo del nazi Carl Schmitt, siempre defendió que las élites tienen que mentir para poder gobernar: “Los gobiernos, a través de la prensa, sólo deben dar a la población un mínimo de información fidedigna. Si se quiere mantener la fe de las masas en un futuro mejor, no hay ningún otro camino que la mentira y el engaño“. Para Strauss sólo se puede conseguir el “consentimiento” a las propuestas formuladas desde “la alta política”, a través de la mentira. Strauss fue (y es) guía de los neocons, los neoliberales.

En la misma universidad donde impartía ideología Strauss, enseñaba economía Milton Friedman al frente de la famosa y muy liberal Escuela de Chicago. El pensamiento de Friedman se basa en la creencia (interesada, por supuesto) que los mercados competitivos libres de la intervención del estado son buenos para la eficiencia de la economía. Y proponía medidas como: mínima participación del Estado en el gobierno económico, ningún control político, ningún salario mínimo, ninguna subvención, privatizar la seguridad social, ningún estado del bienestar.

La apropiación de los bienes comunes

En la Universidad de Chicago se cocía la usurpación de los bienes públicos y de la ciudadanía. Había que decidir sin embargo, cómo y cuándo hacerlo. Los primeros experimentos fueron en 1973 en Chile. Con el apoyo de la presidencia y de los políticos norteamericanos, la Escuela de Chicago con Friedman a la cabeza, apoyaron a Pinochet, justificaron e impulsaron la violencia de estado y consiguieron su principal objetivo: el enriquecimiento de los más ricos a costa de los más débiles por medio de la represión, cárcel y muerte de muchos ciudadanos que clamaban por sus derechos. El asesinato y la cárcel ensombrecieron Sudamérica en nombre de la guerra al comunismo.

En el transcurso de los años 80 se impuso en EEUU un cambio de hegemonía del pensamiento social que ha llevado del keynesianismo al neoliberalismo. Un dato lo certifica: a finales de los 70 los más ricos podían llegar a pagar en impuestos al estado hasta un 70% de sus beneficios. Robert Reich, que fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con Clinton, explica que por las deducciones al final tan sólo pagaban el 50%. El año 2011 esta cifra descendió al 36%. ¿Del 70 al 36 en 30 años! Pero aún hay más porque por medio vías de escape paralegales y fraudulentas, en 2011, 18.000  familias más ricas de EEUU no pagaron impuestos.

Los 80 fueron años de plomo para las clases populares. En EEUU con Reagan, en Reino Unido con Thatcher. En la vieja y continental Europa el estado del bienestar, de derechos sociales, también retrocedió. Pero no era suficiente.

El neoliberalismo

Llegamos así al 13 de enero de 1993, fecha oficiosa del nacimiento del Consenso de Washington. John Williamson, el economista que había redactado las misiones originales de FMI y Banco Mundial, convocó a la élite neoliberal para decidir cómo “convencer” a los políticos para que adoptaran medidas contrarias a los intereses de la mayoría de ciudadanos. Políticas que deberían facilitar el traspaso de la propiedad de bienes públicos a manos privadas.  La reunión tuvo lugar en el Carnegie Conference Center de Washington. Para asegurar sus intereses y dado que las crisis provocadas son iguales de efectivas que las reales, decidieron que mentir a los ciudadanos no sería un problema si así conseguían sus propósitos. Para lograrlo acordaron aprovechar y favorecer los momentos catastróficos porque entonces la ciudadanía acepta mejor cambios traumáticos. Y señalaron cuatro objetivos a los gobiernos del mundo: eliminar reglas de control, privatizar, adelgazar el estado y aprobar leyes favorables a las transnacionales, lo que oculta el eufemismo liberalizar.

La privatización del futuro

Las crisis reales, las provocadas, las favorecidas y las exageradas, han cuajado. El Norte, como antes le pasó al Sur, ha caído en shock. Asustados, incapaces de reaccionar colectivamente, nos preocupa más la supervivencia personal que la comunitaria sin darnos cuenta de que la oligarquía sólo piensa en imponer la tiranía del dinero en favor del 1% de la población mundial cuando maneja los mercados. Y que los objetivos señalados en 1993 para el Sur, ahora son para el Norte.

¿Qué pretenden? ¿Qué quieren conseguir? Traspasar a su propiedad privada dos de los mecanismos claves para la equidad, las dos cosas a las que los humanos, además de respirar, beber, comer y procrear, nunca renunciaremos: salud para vivir, educación para vivir mejor en el futuro.

Ellos, los oscuros mercados, saben que pagaremos por tenerlas porque no hay futuro sin salud ni educación. ¿Les permitiremos que se las apropien con el único objetivo de acumular riqueza a costa de los derechos sociales de la mayoría? Aceptaremos convertirnos (aún más) en objetos de negocio?

No todos los políticos pero…
Merkel dijo que el Bundestag no aprobaría ninguna medida que no fuera bendecida por los mercados. Es decir, por el poder financiero. En todos los parlamentos europeos pasa lo mismo. ¿Dónde están los políticos independientes de los mercados? La democracia controlada, supervisada, y dirigida. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿podemos considerar democrático un sistema político que decide en sede parlamentaria secuestrar buena parte de la soberanía popular? ¿Es esta la democracia que nos proponen? ¿Es esto democracia? ¿No deberíamos exigir a los partidos políticos y a sus representantes que si no están de acuerdo con esta “percepción” de la democracia, salgan a la calle y denuncien inequívocamente lo que ya es para muchos una perversión democrática y una violación sistemática de los derechos humanos? ¿Estamos asistiendo a un crimen económico contra la humanidad cuando a la mayoría se le dificulta por ley, cuando no se le impide, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y al buen vivir?

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