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marzo 11, 2013

Salud intenta silenciar a los trabajadores de Osasunbidea

Iturria: noticiasdenavarra.com – 2013/03/11

Pide en un correo interno que ‘se delate’ la actividad informativa para evitar la difusión de incidencias en la cocina, que prosiguen

Las informaciones sobre las incidencias de la cocina hospitalaria incomodan a Salud, de ahí que la dirección del Complejo Hospitalario haya decidido intentar silenciar a la plantilla a través de un correo interno en el que recuerda la potestad del departamento para autorizar la actividad informativa en el CHN.

Esta semana los problemas en el servicio de alimentación han saltado de los medios locales a programas televisivos de alcance estatal de al menos cuatro canales, las fotos de las dietas realizadas por pacientes y profesionales han dado la vuelta al mundo, las redes sociales hierven con la polémica, protagonista de blogs y plataformas ciudadanas on line, todo un despliegue que ha puesto en el centro de la diana a los gestores sanitarios navarros y a la adjudicataria de la cocina externalizada, Mediterránea de Catering. La respuesta del departamento no ha sido novedosa, intentar matar al mensajero para enterrar el tsunami social y que tortillas verdes, habas que rebotan y pacientes en huelga de hambre dejen de ser motivo de conversación entre la ciudadanía y objeto de mofa en Internet.

El pasado miércoles un e-mail de la Dirección de Enfermería del CHN recordaba que “es el director del Complejo Hospitalario quien debe autorizar la realización de cualquier filmación, entrevista y cualquier otra actividad que esté relacionada o que tenga lugar en el Complejo”. Además, el texto también pide una actitud colaborativa a la hora de informar sobre esta cuestión. “Rogamos igualmente que se informe sobre cualquier petición o incidencia en este sentido”, recoge el correo.

“TAPAR LA BOCA” La llamada de atención ha sido interpretada por trabajadores como un intento de “taparles la boca” a ellos y a los pacientes para enfriar la polémica. “Está claro que no quieren que trascienda lo que está sucediendo en el Complejo Hospitalario con la comida. No pueden decir que sea para proteger a los pacientes porque hasta ahora ninguno se ha quejado de la presencia de los medios de comunicación, más bien al contrario, han encontrado en ellos un vía para su frustración”, afirmó ayer una enfermera del centro. “Es de la comida de la que hay que protegerles”, añadió.

La dieta continuó ayer siendo motivo de queja entre enfermos. Pacientes del complejo manifestaron su disconformidad con la comida de la pasada jornada, pese a que el jefe del Servicio de Dietética y Nutrición dijo el jueves en la Comisión de Salud que el lunes, día 4, suponía un punto de inflexión para la mejora del servicio, al disponerse ya del libro con dietas validadas, sin el que se han estado sirviendo menús hasta esa fecha.

Pescado sin terminar de cocinar y con un olor desagradable, purrusalda de un color y aspecto muy alejados del habitual en las mesas de los navarros y servida, además, a enfermos con problemas en el aparato digestivo, pese a ser una verdura que provoca flatulencia, formaban parte de la dieta de ayer en el Complejo Hospitalario.

La petición para la reversión al servicio público de las cocinas hospitalarias sigue ganando apoyos. La web change.org superaba ayer las 21.400 firmas.

Las claves

El sindicato ELA criticó “firmemente” la “desvergüenza” de la empresa que gestiona el servicio de cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), Mediterránea de Catering, y destacó que “si hay casi mil reclamaciones, es por la nula calidad del servicio”. En un comunicado hecho público ayer, el sindicato exigió, además, a la empresa “una rectificación pública por las últimas acusaciones infundadas de la dirección de Mediterránea de Catering”. En concreto, explicó que “un directivo de esta empresa ha tratado de esconder su incompetencia echando la culpa al colectivo de enfermería, pero está claro que si hay casi mil reclamaciones es por la nula calidad del servicio”. “Eso no se puede esconder, tampoco con mentiras”, agregó. Finalmente, ELA insistió en que seguirá “defendiendo el trabajo de todos los empleados del Servicio Navarro de Salud” y volvió a reclamar “la reversión inmediata de las cocinas hospitalarias al servicio público”. ELA se suma así a la indignación que las palabras del responsable de la empresa en Navarra, Javier Carrecedo, provocó en el Colegio de Enfermería, el sindicato de Enfermería SATSE y LAB, al acusar a las enfermeras de rellenar reclamaciones de pacientes.

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Taza de leche con un grumo gigante de proteína en polvo. (D.N.)

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febrero 23, 2013

Bancos y grandes constructoras cambian el ladrillo por el agua

Iturria: Toni Martínez / Lamarea.com – 2013/02/10

Según la ONU, hay 1.100 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso al agua potable. Por este motivo, en 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció este acceso como un derecho humano básico, un derecho que en España empieza a ser un negocio que está pasando a manos privadas.

Hasta hace pocos años, la gestión del agua, es decir, quienes se encargaban de hacer que este recurso natural de primera importancia llegara a los ciudadanos, eran los ayuntamientos. A través de entidades locales se aseguraba el suministro a los vecinos. Pero el descenso de los ingresos municipales ha hecho que se multipliquen por todo el Estado los procesos de privatización de este suministro. El procedimiento es sencillo: el agua sigue siendo pública, pero la gestión se adjudica a un agente privado que consigue la concesión del ciclo urbano del agua a cambio de una cantidad de dinero. Es lo que se conoce como “canon concesional”. Estos cánones son utilizados por los ayuntamientos para aliviar su desastrosa situación financiera.

Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, ya ha bautizado este fenómeno como “burbuja hídrica”. A su juicio, “se acabó el ladrillo y ahora hace falta dinero, los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos, y la solución que proponen es vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el servicio del agua”.

La forma de privatizar es a través de un partenariado Público Privado (PPP) mediante el cual se otorga una concesión durante 40 o 50 años a una empresa privada. Así, las compañías se hacen con un mercado sin competencia local, un auténtico monopolio, y con un usuario seguro y permanente, dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 95% y el 97%.

Al calor del negocio del agua han acudido tanto empresas francesas del sector como el lobby de las grandes constructoras. Solo la catalana Agbar (filial de la francesa Suez), con 13 millones de usuarios, y FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), un grupo de construcción y servicios, con sus más de 9 millones de abonados, controlan cerca del 80% del mercado privatizado. Todo un oligopolio al que se ha sumado Acciona, que acaba de obtener la licencia de Aigües del Ter-Llobregat, suministradora del agua a Barcelona y a Cáceres.

Pero para entrar en el negocio del agua hace falta capital, y ahí es donde entra en juego la banca. Las grandes empresas que optan a los concursos de privatización suelen tener detrás una entidad bancaria que les va a financiar, aprovechando el dinero que el Banco Central Europeo les ha prestado al 1% de interés, una medida excepcional para inyectar liquidez en el sector financiero.

Hay que recordar que, por imposición europea, los ayuntamientos no pueden tener una línea directa de financiación, un dinero que sí pueden recibir a través de los PPP, en los que el socio privado hace de banquero. Para el economista y miembro de Nueva Cultura del Agua Pedro Arrojo, “privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente tendrás que alquilar los servicios privados y deberás pagar lo que ellos han invertido, más lo que te quieran cobrar de intereses”.

Un futuro oscuro Según un estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, la entrada de la empresa privada en el sector “no ha supuesto la esperada mejora en la eficiencia”. Los responsables del estudio se preguntan si “hay otras razones que estén impulsando el proceso privatizador experimentado por el sector”, en este caso en Andalucía. Los expertos señalan siempre los motivos económicos. De hecho, Babiano solo encuentra inconvenientes, ya que “el modelo de gestión pública-privada es costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa; oscuro porque no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión y supone una pérdida del control por parte de las administraciones”.

A su juicio, de continuar con esta deriva privatizadora, “dentro de 20 años tendremos los ratios de aumento tarifario más caros de Europa, habrá una degradación de las infraestructuras y unas condiciones medioambientales lamentables”. El experto va más allá, y profetiza que el resultado de esta burbuja hídrica supondrá “una ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano del agua, lo que conducirá a una insostenibilidad y quizás a su posterior rescate público pagado por todos”. ¿Les suena de algo?

febrero 21, 2013

¿Quiénes y cómo quieren vender la sanidad a costa de nuestra salud?

Iturria: Joan Benach / Carles Muntaner / Público.es – 2013/02/20

El actual proceso de contrarreforma neoliberal de la sanidad representa una involución radical en nuestro modelo sanitario, un verdadero golpe de estado contra la sanidad pública. Muchas son las preguntas a hacernos: ¿Es mejor la sanidad privada que la pública?, ¿cuáles serán las consecuencias de la privatización?, ¿quiénes son los mercaderes y “vendedores” de nuestra sanidad?, ¿qué objetivos y estrategias están utilizando?, ¿cómo defender la sanidad pública?

Tal y como muestran gran número de estudios, la sanidad privada es más desigual, menos eficiente y tiene peores resultados que la pública. Por ejemplo, un estudio comparativo de hospitales privados con y sin afán de lucro en 26.000 hospitales y 38 millones de pacientes concluyó que la mortalidad fue mayor en los hospitales que se lucraban. Sabemos que los hospitales privados seleccionan a los pacientes, cobran por acto médico, realizan pruebas e intervenciones innecesarias y dan altas prematuras. La gestión privada no sólo es más cara sino que sus ganancias se basan, sobre todo, en ahorrar en recursos y personal, ofreciendo bajos salarios y condiciones de empleo precarias, lo cual afecta la salud de los trabajadores de la salud y daña la calidad de la atención sanitaria. La privatización de la sanidad rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social y abre paso al clasismo y la discriminación produciendo desigualdades injustificables. Todo ello producirá un modelo de sanidad “trifásico”, a tres niveles: una sanidad de pago para los ricos y la clase media que pueda pagarla, una sanidad pública con servicios mínimos y baja calidad para la clase trabajadora y una clase media empobrecida, y una sanidad de beneficencia para las personas en situación de pobreza y marginación.

Los principales mercaderes de la sanidad son el poder económico representado por las grandes empresas aseguradoras y los oligopolios de una industria farmacéutica-biomédica-tecnológica sanitaria que trabaja sin descanso para ampliar un modelo sanitario cuyo potencial de negocio es enorme. Empresas como Capio Sanidad, el Grupo Ribera Salud, USP, Sanitas, HM Hospitales, entre otras, invierten y compiten por consolidar sus intereses privados y ampliar sus beneficios económicos. El pastel a repartir al mejor postor es de miles de millones de euros. Junto a las empresas, otros “presuntos” implicados en el proceso son las elites políticas y gestores de partidos como el PP, CiU e incluso del PSOE, que velan por sus intereses personales y de clase inmediatos, siendo dependientes financiera, ideológica y psicológicamente de los poderes económicos. La connivencia se refleja en valores e intereses compartidos y en prácticas de clientelismo y “puertas giratorias” con favores políticos, pagos y salarios irregulares, y adjudicaciones sin concurso. Un ejemplo es el de la Generalitat de Catalunya, donde Boi Ruiz, Conseller de Salut desde finales de 2010, ha sido director y presidente desde 1994 de Unió Catalana d’Hospitals, la patronal sanitaria que agrupa a más de 100 entidades. Un ejemplo de su lealtad para promover la entrada de capital privado en la sanidad pública se refleja en el informe de principios de 2011 realizado por la consultora PwC para la Generalitat de Catalunya. En él se detalla la propuesta de privatizar y mercantilizar la sanidad: ambulancias, laboratorios clínicos, emergencias médicas, institutos tecnológicos, hospitales, centros de atención primaria… Se puede decir más fuerte pero no más claro. Por último, otros beneficiarios del proceso privatizador son los “vendedores”, los cuales incluyen ideólogos y consultoras o “voces de su amo”, y analistas o correas de transmisión de las bondades del negocio sanitario: gestores tecnócratas que manejan “clientes” en vez de pacientes, tertulianos “sabelotodo” que claman lo indefendible y, también, expertos, analistas e investigadores, malabaristas del coste-beneficio, disfrazados de científicos.

Como una mercancía más, la sanidad pública ha sido puesta en venta al mejor postor para lograr el máximo beneficio económico. Las estrategias para mercantilizar son variadas. Una de ellas es “culpar a las víctimas” de sus enfermedades y señalar su responsabilidad personal (“repagos”) diluyendo el papel de las políticas y los determinantes sociales. Una segunda, es destruir la buena imagen y la capacidad de “lo público”. Se intenta hacer creer que la entrada del sector privado es “racional” y cubre una “función social” y, con la excusa de la “austeridad”, los brutales recortes presupuestarios están desangrando la sanidad pública. Y una tercera estrategia fundamental es la progresiva realización de cambios “político-legales” para parasitar a lo público, facilitar la gestión privada, crear fundaciones y consorcios para ocultar la realidad, segmentar la sanidad pública para ayudar a su venta, y promover el aseguramiento privado.

Tener una atención sanitaria de calidad no puede ser una mercancía sino un derecho regulado democráticamente y sufragado públicamente. Contra lo que apuntan los mercaderes y vendedores que se lucran con la salud y la vida de la gente, la sanidad pública es “la solución” y no “el problema”. La historia enseña que los procesos de movilización y lucha social, y la consiguiente generación de pérdidas y miedo en la clase dominante, son cruciales para defender nuestros derechos y conseguir otros nuevos. La salud no se vende, se defiende. Nuestra salud está en juego.

Profesores de salud pública de la Universitat Pompeu Fabra y la University of Toronto respectivamente; ambos son miembros del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET, UPF), y coautores junto con Gemma Tarafa y Clara Valverde del libro La Sanidad está en Venta (Barcelona: Icaria, 2012)

febrero 5, 2013

No es la austeridad, es el cambio de modelo

Iturria: Ignacio Urquizu / eldiario.es – 2013/02/04

Desde que en 2010 los gobiernos europeos comenzaran con las políticas de ajuste, no ha habido día que no se clame contra la austeridad. Es cierto que lo que se ha denominado austericidio está estrangulando nuestras economías. Tal y como acaban de reconocer dos prestigiosos investigadores del FMI, los recortes en el gasto público han tenido efectos mucho más devastadores de lo esperado sobre las economías.

La segunda consecuencia de la austeridad es social y se refleja en los enormes recortes del Estado del bienestar. Pero si sólo nos centramos en la reducción del gasto, minusvaloramos lo que realmente se está produciendo: un cambio de modelo. Es innegable que el austericidio está teniendo efectos sociales en el corto plazo, aumentando las desigualdades y la exclusión. Pero no es menos cierto que, en el momento que las economías se recuperen, un gobierno comprometido con el Estado del bienestar puede aumentar sustancialmente sus partidas presupuestarias. Por lo tanto, los recortes por sí mismos no dejan de ser un problema temporal.

En cambio, la transformación del modelo del Estado del bienestar apunta a una cuestión más bien estructural, que implica cambios más profundos. Continuando con las ideas que han dominado en las últimas décadas, los gobiernos conservadores están persiguiendo dos objetivos en estos momentos: privatizar la mayor parte de los servicios públicos y cambiar la forma de financiarlos. Ambas cuestiones exigen de un debate sosegado y con datos, más allá de los lugares comunes y los intereses particulares.

En relación a la privatización, sería un error pensar que toda gestión privada es un ejemplo de eficacia y calidad. Pero también sería una equivocación atribuir estas virtudes únicamente a lo público. De hecho, la literatura comparada muestra que factores como la adecuada supervisión del financiador o los diseños institucionales son los que realmente explican que una gestión sea mejor o peor. Por ello, el foco no debería ponerse tanto en un debate estéril entre lo público y lo privado, sino en saber qué servicios se quieren externalizar, por qué y bajo qué condiciones.

En estos momentos, algunos gobiernos autonómicos están proponiendo transferir la gestión integral de algunos centros sanitarios a empresas externas. Pero si se opta por esta opción, es muy probable que estas corporaciones acabe abusando de su posición ventajosa. Existen numerosos ejemplos de compañías que, ante la amenaza de una quiebra o la suspensión de los servicios, acaban recibiendo dinero público. Este chantaje se puede repetir en el tiempo, siempre y cuando la empresa que presta el servicio tenga capacidad de amenaza. Por ello, es muy importante evitar posiciones abusivas por parte de las compañías que prestan los servicios a la administración.

¿Cómo determinamos que una posición es ventajosa para la empresa externa? Si esta compañía tiene capacidad de parar la prestación integral de un servicio, su capacidad de amenaza es enorme. Así, por ejemplo, no es lo mismo que en un conflicto se paralicen totalmente uno o varios hospitales, que la presión se “reduzca” a los servicios de limpieza. Además, cuanto más sofisticado y mayor tecnología exija un trabajo, más ventaja tendrá la empresa externa. En este caso, sustituir a la compañía prestataria del servicio será mucho más costoso que acceder a sus peticiones.

Pero además de definir muy claramente qué servicios se externalizan y en qué condiciones, también es cierto que no siempre resultan más baratas las privatizaciones. RecientementeSalvador Peiró y Ricard Meneu mostraban en el blog de FEDEA que, en la Comunidad Valenciana, los costes de hospitalización por habitante eran un 7,5 por ciento más caros en las áreas que eran gestionadas por una concesión que los que disfrutaban de una gestión directa por parte de la administración.

Otro ejemplo de incremento de costes en la prestación de servicios lo encontramos en el Reino Unido. Desde que se privatizó la red ferroviaria, los costes para el Estado son el doble, si lo comparamos con lo que costaba cuando era pública. Entre los aumentos de gasto, destacan los desorbitados sueldos de los ejecutivos, quienes se elevaron su sueldo un 56 por ciento una vez fueron privatizadas las compañías.

Junto a la privatización de los servicios públicos, un segundo cambio de mayor trascendencia es la financiación de las políticas sociales. Aquí el debate tiene dos vertientes que afectan tanto a la calidad de las políticas sociales como a la capacidad redistributiva del Estado del bienestar.

Por un lado, están los partidarios de permitir la financiación privada de la sanidad, la educación o las pensiones. De nuevo, la política comparada muestra datos que deberían invitar a la reflexión. En un reciente post en este blog, Víctor Lapuente se hacía eco de un estudio de Holmberg y Rothstein. En él se muestra que la financiación pública de la sanidad tiene efectos muy positivos sobre algunos indicadores de salud como, por ejemplo, la esperanza de vida. En cambio, la financiación privada tiene efectos negativos, aunque no significativos. Es decir, mientras que la salud de las personas mejora cuando la sanidad es financiada de forma pública, no se puede decir lo mismo cuando se realiza con dinero privado.

Por otro lado, también nos encontramos a los partidarios de financiar los servicios públicos a través de tasas. De esta forma, serían los usuarios los que asumirían parte de los costes de las políticas sociales a través de fórmulas como, por ejemplo, el copago. De optarse por esta vía, lo que correría peligro sería la capacidad redistributiva del Estado del bienestar. En toda política pública, su redistribución depende de quién financia el servicio y quién se beneficia de él. Cuando los costes los asumen las clases más acomodadas y los beneficiarios son los de menor renta, se produce una gran redistribución. En cambio, si un servicio lo financian las clases bajas y disfrutan de él las clases altas, entonces la política es muy regresiva.

Por ello, la solución sería analizar cada una de las políticas públicas, viendo cómo se financian y quién los utiliza. Si vamos al ejemplo de la sanidad, un servicio donde se quieren instaurar el sistema del copago, descubriremos que la probabilidad de ponerse enfermo depende de la edad y la clase social de las personas. En el último barómetro sanitario disponible en el CIS (2010), vemos que el 82 por ciento de los mayores de 65 años fueron a la consulta del médico en el último año, mientras que en los menores de 35 años esta cifra desciende al 66 por ciento. Si distinguimos por clase social, observamos que el 75 por ciento de los obreros no cualificados usaron los servicios sanitarios, un porcentaje que baja al 69 por ciento para las clases altas y medias-altas. Es decir, si financiamos el sistema público de salud a través de sus usuarios, serán los pensionistas y las clases sociales más bajas quienes contribuirán más que los demás a su sostenimiento. Estaremos atacando uno de los principales objetivos de las políticas sociales: la redistribución

En definitiva, la austeridad es un problema a corto plazo para el Estado del bienestar. En cambio, el cambio de modelo debería preocuparnos mucho más, puesto que estamos ante una transformación estructural. De imponerse propuestas como la privatización integral de los servicios públicos o cambios en su financiación pública, pasaremos a tener unas políticas sociales de peor calidad, rehenes de las grandes corporaciones y con menor capacidad redistributiva.

febrero 5, 2013

La Privatización del Agua: Un Robo de las Empresas, Amparado por los Gobiernos

La Privatización del Agua: Un Robo de las Empresas, Amparado por los Gobiernos

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enero 31, 2013

El becerro de oro del capital

Iturria: Susan George / nº 182 de Red Pepperhttp://www.redpepper.org.uk

El modelo económico que defienden las elites está más basado en la fe ciega que en la racionalidad, lo cual debe reflejarse en nuestras resistencias al mismo.

El informe del Grupo Euromemorandum, publicado recientemente, es tanto un análisis como un conjunto de propuestas particularmente importante y minucioso en lo que se refiere a reparar años de daño autoinfligido en la Eurozona. Su voz, aunque bienvenida, no es la única de un coro que ha llegado a ser potente.

Muchos expertos prestigiosos, como el premio Nobel Paul Krugman, Martin Wolf del Financial Times e innumerables ONG cantan con la misma partitura. Esta amplia coalición ha propuesto alternativas válidas y convergentes basadas tanto en la historia como en el sentido común.

Pero seamos honestos. Ninguna de las propuestas razonables y factibles de este consenso, trabajado desde el centroizquierda a los radicales veteranos, está encima de la mesa. Los gobiernos, el FMI e instituciones como la Comisión Europea y el Banco Central Europeo no sólo no las están discutiendo o implementando, sino que ni siquiera las leen. Esta cruda verdad debería darnos una pista con respecto a lo que sucede realmente.

No es de la economía de lo que hablamos. Hablamos de religión, de la religión del fuego eterno. No había ninguna razón económica para permitir que la suspensión de pagos griega, aparente o real, socavara y posiblemente destruyera 50 años de construcción europea. Grecia no representa más que el 3% de la economía europea. Sin embargo, en vez de obligar y ayudar a Grecia a corregir las evidentes anomalías económicas, lo que incluye un presupuesto militar inflado y ningún ingreso por vía de impuestos procedente de la Iglesia o los ricos, se impuso un escenario de obra de teatro medieval con moralina.

Las políticas de austeridad impuestas en todas partes son tan dogmáticas como cualquier dogma inventado por Calvino o el papa. No importa que las doctrinas recetadas no funcionen. No se trata de que funcionen si “funcionar” significa que se beneficie la gran mayoría de los pueblos europeos. Los mandamientos recetados deben aplicarse cualesquiera que sean las consecuencias: de acuerdo con las repetidas advertencias de sus adversarios, una recesión en toda regla y la más que probable destrucción de las notables, aunque deficientes, conquistas de la posguerra.

Se trata de antiguos y oscuros ritos de sacrificios humanos; hay que aplacar a los mercados. A estas misteriosas fuerzas casi divinas se les rendirán tributos: echar al fuego otro servicio público, más recortes salariales, más niños sin educación y más padres sin empleo, sin ayudas o mal pagados. La sed de estos dioses no se puede apagar. Como descubren con frecuencia los dirigentes europeos, siempre exigen nuevos sacrificios.

Sí, reconozco que también operan otras fuerzas casi racionales. No hablamos sólo de religión. También hablamos de política, dinero, poder y Rapport de Forces y las elites que nos gobiernan seguramente piensan que han encontrado una manera a toda prueba de que el pueblo vuelva a pagar la crisis de éstas. El capital debe continuar devorando el tejido social, privatizar los servicios públicos, incrementar la plusvalía y perpetuar las desigualdades ostensibles que lo mantienen a flote.

Lo que quiero decir a las personas que todavía están dispuestas a seguir luchando es que entiendan que en este momento no se trata de una discusión racional sobre las alternativas económicas con otras personas respetables cuyas ideas son simplemente distintas de las nuestras. Nos enfrentamos a un sistema de creencias rígidas, con muchos recursos a su disposición, cuyo sacerdocio está dispuesto a defenderlo hasta la muerte. Sí, debemos seguir con nuestras campañas y explicaciones, nuestras propuestas y publicaciones, nuestras ocupaciones y marchas. Pero también debemos hacer mucho más que esto.

Con la campaña de impuestos sobre las transacciones financieras de Attac verificamos la regla del pulgar [un procedimiento destinado a recordar o calcular aproximadamente un valor o tomar una decisión] de Gandhi: “Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te critican y dicen que no puede funcionar nunca, entonces ganas”. Hemos avanzado considerablemente con esta campaña, pero sigue sin aplicarse al euro. Sólo ganas cuando la mayoría de tus adversarios se da cuenta de que es de su interés o cuando ya no aguanta la presión.

Las propuestas del Euromemorandum no son del interés de los mercados financieros y no podemos maquillarlas para que lo sean, de manera que nos situamos en la fase 1 de Gandhi: nos ignorarán. Es por esta razón que necesitamos el apoyo no sólo de economistas sino también de antropólogos, historiadores, actores, cómicos y teólogos. Necesitamos la sátira y la denuncia, los sermones y nuestras propias obras de teatro medievales con moralina.

Algunos de nuestros enemigos quizá hasta reconozcan que se están poniendo en peligro al adorar al becerro de oro. No olvidemos al enviado papal a quien en 1209, durante la cruzada albigense, le preguntaron sus soldados qué hacer con los católicos que se pudieran encontrar entre los herejes. Él, como los mercados sagrados y el 1%, gritó “Mátalos a todos, Dios reconocerá a los suyos.” Quizá también a los alemanes.

enero 31, 2013

¿Para qué sirven las privatizaciones?

Iturria: Juan Torres López – 2013/01/31

Las políticas neoliberales se presentan casi siempre revestidas de argumentaciones sofisticadas y bien difundidas gracias a la generosa financiación de los grandes grupos financieros y empresariales a grupos mediáticos y de investigación, a académicos, economistas y periodistas que se encargan de crear opinión favorable a las medidas que toman los gobiernos. Sin embargo, las evidencias empíricas que pudieran demostrar la veracidad de esos argumentos con prácticamente nulas en casi todos los casos. En estos momentos estamos sufriendo una nueva amenaza al bienestar social y a la eficiencia económica que igualmente se trata de justificar como imprescindible y positiva con argumentos que una vez más carecen de fundamento y realismo.

Me refiero a la nueva fase del proceso privatizador que en España comenzó a mediados de los años ochenta del pasado siglo, que ha ido dejando unas secuelas lamentables en nuestra economía y que ahora se dirige hacia servicios públicos esenciales en el sector sanitario y educativo.

De 1984 a 1996 se llevaron a cabo unas 70 operaciones de privatización de empresas públicas mediante distintos tipos de procedimientos, generalmente orientadas a abrir su capital a los intereses privados y casi siempre justificadas por la necesidad de ajustarse a lo establecido en las normas y directivas de la Unión Europea, a la que nos incorporábamos en esos años.

Más tarde, y hasta el final de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se entró en una segunda fase, muy distinta, más radical y orientada a desmantelar la práctica totalidad del sector público empresarial español para ponerlo en manos del capital privado. Y ahora, como he dicho, se trata de hacer lo mismo con la sanidad y la educación públicas.

Esto último era algo difícil de justificar en años anteriores, dado el alto aprecio que la población tiene por esos servicios, pero ahora se puede utilizar la crisis y los problemas de la deuda pública para argumentar que es algo imprescindible para resolverlos.

Este argumento se une a los que siempre se han dado para llevar a cabo las privatizaciones: que hay que acatar las normas europeas, que es imprescindible vender para proporcionar recursos al Estado y que, además, al hacerlo se dispondría de los mismos bienes o servicios a menor precio y con mayor calidad y eficacia.

Los medios de comunicación e incluso muchas revistas académicas están llenas de textos dirigidos a justificar y desarrollar estas tres ideas pero, como señalé al principio, la evidencia empírica muestra claramente que no tienen mucho fundamento y que no reflejan la realidad de lo que sucede cuando se privatizan empresas o servicios públicos.

Es verdad que la Unión Europea ha impuesto un adelgazamiento del sector público (con el mismo objetivo que en España) pero no lo es menos que aquí se ha llegado más lejos innecesariamente, con el único propósito de satisfacer en mayor medida a los grupos privados interesados en quedarse con la antigua propiedad pública. Buena prueba de ello es que en otros países aún perviven empresas públicas en sectores estratégicos que en España han sido desmantelados.

Tampoco es verdad que las privatizaciones sean una fuente de ingresos netos para los Estados. Son, por el contrario, un negocio ruinoso. Las que se llevaron a cabo de 1984 a 1996 reportaron un total aproximado de 13.200 millones de euros, y las que se realizaron de este último año a 2007, unos 30.000 millones. La prueba de que fueron operaciones nefastas para los intereses del conjunto de la sociedad española es que solo cuatro empresas en su día privatizadas (Telefónica, Gas Natural, Endesa y Repsol) obtuvieron en un solo año, 2011, unos beneficios superiores a los 10.000 millones de euros, y todas las de energía y telecomunicación más de 12.000. Si a ello se le suman los que hubieran proporcionado los antiguos bancos públicos y las demás empresas privatizadas, es fácil deducir que lo que ha producido su traspaso a manos privadas es una extraordinaria merma en los ingresos del Estado.

Finalmente, tampoco es cierto que la privatización haya generado más competencia. En realidad, se ha reproducido el mismo mercado de carácter oligopolista, ineficiente y caldo de cultivo de grandes acuerdos para imponer precios a los consumidores. La prueba la tienen mes a mes todos los españoles cuando pagan las tarifas que suelen estar entre las más elevadas de toda Europa.

Y tampoco es cierto que la privatización vaya acompañada de mejor calidad en el servicio. Por el contrario, diversos estudios han demostrado que las política de privatizaciones están asociadas al aumento de la mortalidad por abuso de alcohol, enfermedades cardiovasculares, suicidios y homicidios, especialmente entre hombres. Y está bien demostrado que llevan consigo la disminución del número de médicos, dentistas y de camas cuando se llevan a cabo en el sector hospitalario.

Los estudios empíricos que se han llevado a cabo en España, como el de las profesoras Laura Cabeza y Silvia Gómez Ansón, demuestran que las antiguas empresas públicas no han registrado “mejora significativa en la rentabilidad, en la eficiencia, en el volumen de ventas y de inversión, ni cambios significativos en el nivel de endeudamiento o en el empleo” después de haber sido privatizadas (“Los procesos de privatización en España: determinantes e implicaciones de la eficiencia empresarial”, ‘Estudios de economía aplicada’, vol. 27-2, 2009, p. 20).

Los resultados de las privatizaciones han sido simplemente el beneficio de los grupos privados que adquirieron la propiedad pública a bajo precio. No hay rentabilidad social en ellas y en realidad constituyen un vergonzoso expolio al conjunto de la sociedad. Por eso urge que en España se lleve a cabo una investigación profunda de las privatizaciones realizadas, de las condiciones en que se efectuaron, de sus beneficiarios y de lo que éstos dieron a cambio a quienes las aprobaron y ejecutaron, que no ha sido poco, como puede comprobarse casi a diario cuando se tienen noticias de la corrupción tan generalizada en los partidos que las impulsaron. Ningún robo debe quedar impune y es un elemental deber de ejercicio democrático que la ciudadanía conozca lo que se ha hecho con su patrimonio, así como castigar a los culpables de su dilapidación en manos de grupos privados amigos.

enero 29, 2013

La nueva cocina del Complejo Hospitalario de Navarra comete errores que ponen en riesgo la salud de los enfermos

Iturria: gara.naiz.info – 2013/01/27

PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD NAVARRA

La empresa valenciana Medicat, que comenzó el lunes pasado a servir las comidas en Virgen del Camino, ha incumplido normas básicas de seguridad alimentaria, según constatan trabajadores de Osasunbidea. El descontrol al atender a pacientes con necesidades específicas ha supuesto alteraciones en el tratamiento de enfermos. La empresa carece de personal y probablemente no pueda suplir esta falta de recursos, ya que debe ajustarse a un presupuesto recortado.

El arranque de la privatización de las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra no ha podido ser más polémico. Mediterránea de Cátering, una empresa vinculada al PP valenciano, comenzó el lunes a hacerse cargo de las cocinas del Hospital Virgen del Camino (el día 1 comenzarán en el Hospital de Navarra y, el día 11, en la Clínica Ubarmin). En estos días, han aflorado muchas críticas por el sabor de las comidas y por los retrasos. Sin embargo, las incidencias que se han ido recogiendo apuntan a algo más grave, a un riesgo sanitario para los pacientes de los hospitales.

La plantilla extremadamente corta de Mediterránea de Cátering (Medicat) ha cometido errores alarmantes. Desde el lunes, se han ido registrando incidencias en los servicios de comidas que pueden calificarse como graves y que evidencian que están tan desbordados que no pueden seguir los sistemas de Control de Puntos Críticos (APPCC) mínimos exigibles para dar de comer a enfermos. Los hechos que a continuación se relatan han sido recogidos por el personal de Osasunbidea y, según ha podido saber GARA, próximamente serán remitidos al Servicio de Medicina Preventiva del Departamento de Salud.

Retrasos, descontrol e «higiene»

Uno de los problemas más evidentes ha sido la incapacidad de llevar la comida a su hora a los hospitalizados. La tardanza genera problemas evidentes en el caso de los diabéticos (ha habido casos donde la comida y la merienda han llegado casi a las misma hora). Lo más grave, sin embargo, es que los retrasos han obligado a modificar los tratamientos de forma generalizada. Muchos medicamentos son agresivos para el sistema digestivo y, por ello, su administración está vinculada a la ingesta de alimentos, de tal forma que, si la comida se retrasa, la toma de las pastillas tampoco puede realizarse a la hora preceptiva. Ha habido de casos de pacientes a los que la comida les ha llegado más de una hora y media tarde.

Además, Medicat ha incumplido normas básicas de higiene. En el desayuno del lunes, empleados recogieron alimentos y cajas que se habían caído al suelo y, en el servicio de comidas de ese día, algunos no usaron mascarillas. En otro servicio, trabajadores manipularon los alimentos con ropa de calle, sin usar la vestimenta adecuada. También se ha constatado que un encargado valenciano (supuestamente, uno de los más expertos y traído por Medicat para instruir a los nuevos contratados) manipuló los alimentos sin usar guantes. Asimismo, han relatado que los platos «salen manchados» de las cocinas.

Además de los retrasos y la falta de higiene, se está generando un gran descontrol para llevar a cada paciente su menú específico. Uno de los errores más llamativos es que se ha servido café a niños. Y no se trata de un error aislado. Por ejemplo, el lunes «no se distinguía por el color el puré de patata y el puré de patata y zanahoria», reza una de las incidencias. Asimismo, en otra nota del servicio de comidas del día 21 se afirma que «los carros no tienen ningún indicativo ni señal de la planta a la que va destinado». En consecuencia, ya no es solo que no se puedan preparar menús terapéuticos para patologías específicas, sino que aunque se preparen, se corre el riesgo de que no lleguen al paciente. Este extremo también se ha producido en un servicio de cenas, donde 19 menús llegaron por error a una planta y se quedaron en el carrito. De otra parte, también han denunciado que no se introdujo en el ordenador «la composición de los platos, por lo que las alergias no se pueden controlar». Conocidos estos errores administrativos, tampoco es de extrañar que a un grupo de diabéticos les llevaran plátanos para merendar.

La falta de recursos es la clave

El problema que parece aflorar tras estas incidencias está en el poco personal que Mediterránea de Cátering (Medicat) está empleando. Aunque la empresa propiedad de un fondo de capital riesgo ha dispuesto unas máquinas flamantes y modernas para distribuirá la comida en «línea de frío», cuenta con muy pocos trabajadores. Según ha podido saber este periódico, hay unos 34 empleados en las cocinas de Virgen del Camino, trabajando a distintos turnos, por lo que rara (o ninguna) vez coinciden todos.

Entre 34 personas deben servir comidas a unas 400 personas, en régimen de desayuno, merienda y cena. La comida se elabora de lunes a viernes por la mañana y se ultracongela de forma inmediata. Posteriormente se recalientan en los carros que los distribuyen. Los alimentos de los fines de semana, por tanto, nunca se elaboran en el día. Además, Medicat se vanagloria de su tecnología de frío, capaz de conservar los alimentos cocinados hasta cinco días antes de servirlos.

Aunque la mayoría de los menús (en torno al 60%) son de dieta denominada «basal», común para todos, buena parte de los menús son muy concretos, porque se adecúan a las necesidades de los pacientes. Es ahí donde Medicat no da abasto.

Además de los basales, hay menús que son diferentes por patologías relativamente comunes y conocidas: menús para celíacos, para diabéticos, intolerantes a la lactosa, etc. Sin embargo, al tratarse de un hospital, también hay menús que tienen que ser absolutamente personalizados. Los ejemplos más claros de este tipo son los menús de alérgicos o la gente que está enferma por problemas concretos (como los quemados, cuya dieta debe contener alto contenido proteínico para que la piel se regenere con mayor velocidad).

La capacidad de Medicat de corregir la situación es limitada. Por ahora, solo ha despedido a pinches a quienes culpa de los errores. Esta empresa ganó un concurso ajustando los precios, por lo que su margen de ampliar los recursos manteniendo su margen de beneficio puede resultar insuficiente. A pesar de su tecnología, la empresa está desbordada atendiendo a 400 pacientes, pero cuando asuma también Ubarmin y el Hospital de Navarra, deberá de atender a 800. Medicat no tiene previsto ampliar sus instalaciones.

Capacidad de reacción

Hasta ahora, con un servicio de cocinas propio del hospital, la capacidad de elaborar menús personalizados era muy alta. Hablando con fuentes internas del Complejo Hospitalario, han explicado al periódico que pacientes requerían que la comida les fuera pesada al gramo y que solo trabajadoras especializadas ejecutaban esa labor. «Era un trabajo más de secretaria que de cocinera, pues consistía en pesar y anotar todo», explican.

Las necesidades de los pacientes no han variado y tampoco las peticiones. Osasunbidea tiene un servicio de nutricionistas que es el que pauta qué alimentos se deben servir a cada paciente. Este servicio hasta ahora resultaba ágil. Un paciente podía, en un primer momento, tener pautado un menú básico, pero si su situación iba a peor y se complicaba (por ejemplo, por una diarrea), existía margen para reelaborar un menú más aconsejable.

Por lógica, un servicio más barato no puede ofrecer un servicio igual. La privatización de las cocinas es un recorte del gasto sanitario motivado por el hecho de que Osasunbidea no tiene dinero suficiente para pagar una alimentación hospitalaria como la que ya tenía y que, en 20 años, no registró una sola intoxicación. Si Osasunbidea carece de ese dinero es porque UPN no ha consignado fondos suficientes a la partida del Departamento de Salud (donde se prevé un recorte del 6,3% en los presupuestos prorrogados de 2013).

En este punto, la situación es similar a la del Servicio de Urgencias Rurales, cuyo desmantelamiento se paralizará a través de una nueva ley (con los votos de PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai) que derogará el decreto emitido por UPN. El problema es que, en este caso, la privatización de las cocinas fue avalada por el PSN cuando gobernaba junto a Yolanda Barcina.

La «línea fría» es un avance, pero bajo control público

La tecnología que utiliza Medicat sí supone un avance, a ojos de los expertos. Uno de los nutricionistas más importantes de Osasunbidea, el doctor Eugenio Oria, reclamó un servicio en línea fría, que es algo habitual en los hospitales del Estado francés. Los argumentos de Oria fueron empleados posteriormente por UPN para vender la entrada de Medicat como un avance médico. Sin embargo, fue el propio Oria una de las primeras voces autorizadas en desmarcarse de la privatización de las cocinas para dejarlas en manos de una empresa privada. Según el pensamiento de Oria, el control de los médicos sobre los alimentos de los enfermos debe ser cada vez mayor y ampliar así el potencial de la nutrición como método terapéutico en los hospitales.

Además, se da la circunstancia de que Medicat es una empresa polémica. CCOO de Murcia denunció los precios abusivos que esta empresa facturaba a hospitales de esa comunidad, como bricks de leche a 4,6 euros o tés a 3,6. La alarma emitida por este sindicato, arropado por IU de Murcia, fue más allá, alertando de que Medicat facturaba comidas que finalmente no se servían.

De otra parte, el sindicato LAB, denunció que en Tutera, donde la cocina hospitalaria lleva tiempo privatizada, el incremento de los precios de cada menú ha subido, año tras año, más que el IPC, por lo que es un mal precedente.

diciembre 25, 2012

El negocio de privatizar lo público

Iturria: NuevaTribuna.es / Edmundo Fayanas Escuer | Profesor y licenciado en Historia – 2012/12/18

El  neoliberalismo nos va a plantear dentro de poco privatizar hasta el aire que respiramos. En ese absurdo mundo neoliberal que representa Rajoy y su PP, pretenden la privatización entre otros  aspectos, la sanidad y la educación.

¿Qué significa privatizar la sanidad? Los neoliberales del PP plantean la privatización sanitaria, y esto pasa por demoler un sistema público sanitario eficiente y barato, por otro que nos lleva a la ruina, como veremos. Veamos algunos aspectos.

Modelos sanitarios que son referentes para el PP.

• El modelo anglosajón o norteamericano, donde lo privado es lo que manda. Todos deben saber que las empresas sanitarias norteamericanas que cotizan en el Dow Jones  neoyorkino son las más rentables, muy por encima de las financieras, es decir, son empresas donde el beneficio prima sobre la salud. Según numerosos estudios realizados por distintas organizaciones médicas se reconoce que más de un 20% de las intervenciones quirúrgicas en centros privados no son necesarias y lo único que buscan es el beneficio.

El gasto sanitario de Estados Unidos es del 17% del PIB.   Este no cubre al 20% de su población, pues no tiene ninguna cobertura sanitaria y otro 50% tiene una cobertura médica muy por debajo del sistema público español.   Sin embargo tiene un coste que duplica al español. ¿Es esta la alternativa del PP?

• El modelo holandés está gestionado por mutuas privadas. El sistema es universal, gratuito y el Estado fija los límites de los servicios de salud esenciales.  Se empezó pagando 170 euros mensuales, pero ya están en 210 euros y con una disminución de las prestaciones que tenían, que rondan el 25%, es decir pagar más por recibir menos.   Holanda gastó, en 2010, el 15% de su PIB, es decir un 65% más que el gasto sanitario de España y además con menos prestaciones.

Este sistema fue impulsado por la derecha a inicios del 2000, con los mismos argumentos que usa el PP, diciendo que lo privado da más barato el servicio y con mayor eficiencia. Entonces el gasto estaba en el 12 % de su PIB, actualmente está en el 15% y con menores servicios,

Su cartera de prestaciones sanitarias como ya hemos visto ha disminuido, pero además el sistema deja hoy a 150.000 holandeses sin ningún tipo de seguro y otros 320.000 no pueden pagarlo, es decir, tenemos un 5% de su población sin cobertura médica.   A todo ello hay que añadirle, que en sus presupuestos sanitarios del 2010 se presenta un déficit de 1.400 millones de euros ¿Es este el modelo que plantean los del PP?

• El sistema sanitario español gasta aproximadamente el 9% de su PIB, mientras que en la Unión Europea a 15 es del 12%.  En la última década, el crecimiento del gasto sanitario español ha sido del 2,7% anual, mientras que en los países de la U. E. ha sido del 4,1%. El coste sanitario en 2010 por cada español era de 1.673 euros, mientras que en la Unión Europea a 15 era de 2.103 euros anuales.

El número de trabajadores sanitarios españoles representan el 4,1%, mientras que en la Unión Europea a 15 es del 6,6%. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Vicenc Navarro “gran parte del crecimiento sanitario en España ha sido en el sector privado.   España es uno de los países en los que la población paga más por sus servicios sanitarios privados y ello es consecuencia del subdesarrollo del sector sanitario público”.

¿Qué pasa con la sanidad madrileña?

En su intento de privatización, no hay un solo informe económico que lo avale ni ningún organismo médico que lo apoye. Siguen con la cantinela de que lo privado es más barato que lo público. Queda desmontado rápidamente, simplemente consiste en acudir a los presupuestos que ellos presentan para ver, que la mentira es algo congénito en el PP. Veamos los datos que aportan los presupuestos  sanitarios de la Comunidad de Madrid.

En el año 2010, la Comunidad de Madrid presupuestaba en 277.375 euros el coste anual por cama en le sistema público, mientras que pagó 434.686 euros el coste anual por cama en los hospitales de gestión privada o semi privada. ¿Es lo privado más eficiente que lo público con sus datos?

En el año 2011, los fondos destinados en los presupuestos sanitarios madrileños aumentaban en el sector privado un 30%, mientras que los de la sanidad pública se les recortaban un 9%. Los siete hospitales con gestión semiprivada y que su construcción estaba presupuestado en 701 millones de euros, cuando se terminen de pagar habrán costado a la sanidad madrileña  unos 5.000 millones de euros, es decir, un 700%. A esto se le llama hacer un negocio redondo. ¿Es esto a lo que ellos llaman eficiencia económica?

Por si aún  les quedan dudas del modelo, en los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2011, el coste que se pagó a la multinacional Capio por cama/año fue de 535.000 euros y a la Fundación Jiménez Díaz unos 675.000, es decir, más del doble que  a la pública.

En los propios presupuestos de 2013, nos hablan de  un coste en lo público de 400-442 euros persona, mientras que los privatizados nos hablan de 505 euros en el hospital de Valdemoro, 592 euros en el de Móstoles y 586 euros en el de Torrejón.

Los presupuestos de 2013 presentan un recorte de 787,75 millones, que significa un recorte del 17,1% respecto al de 2012. El reparto de dicho recorte es: los hospitales públicos tiene un 16,19%, los de gestión semi privada un 28,66% en un intento de descapitalización para así justificar su privatización, mientras que los centros privados tienen un aumento del 4%.

El actual sistema de privatización se basa fundamental en tres empresas. Veamos:

• Capio, que surge en el año 1998 como Ibérica de Diagnóstico e Cirugía, IDC. Es vendida en el año 2005 a la multinacional sanitaria sueca Capio por 331 millones de euros. En el 2011, se separa de la multinacional sueca aunque conserva el nombre, y paga 900 millones de euros. Su actual accionariado está compuesto por CVC Capital Partners, que es un fondo de capital riesgo británica con sede en Luxemburgo, que es un paraíso fiscal, con el 80 % de su propiedad y siendo dirigidos por personajes muy próximos al PP. El restante 20% está en manos de Abertis que se dedica a aparcamientos y autopistas, Cortefiel en textil o la telefónica “R”. El 65 % de sus ingresos provienen del gasto público.

• Ribera Capital que se creó para llevar adelante el proyecto de privatización de la sanidad pública valenciana, participando Adeslas que aportaba su saber sanitario. Las empresas constructoras Dragados y Lubasa y en el apartado financiero Bancaja y la CAM ¿Les suena?

Actualmente, el Banco Sabadell está intentando aumentar su participación en dicha empresa, proveniente de la adquisición de la CAM y negocia con Bankia para comprarle la parte de Bancaja. Está claro que ve negocio. Además forman parte, Adeslas que pertenece a la sociedad británica Goodrower y Sanitas, que pertenece al grupo británico Bupa International.

• El grupo Quirón-UPS. Dominado mayoritariamente por el fondo de capital riesgo Doughty Hanson.

Después de todos estos datos podemos concluir con varias consideraciones:

• Quieren convertir un servicio público eficiente, barato y apreciado, en otro en el que el beneficio privado prime sobre la salud y además dirigirlo hacia un oligopolio.

• El beneficio privado es el fin, la propia Capio presume de que por cada euro invertido ella obtiene 2,7 euros, este negocio se obtiene a costa de nuestra salud.

• ¿Por qué tanto interés del PP en la privatización? Hay muchísimos rumores sobre notables políticos del PP en estas empresas. Yo no tengo datos y además estos son difíciles de dar dada la opacidad de estas empresas, pero sí cabe preguntarnos sobre dos exconsejeros de la sanidad madrileña, Lamela y Güemes.

• En Estados Unidos son las empresas sanitarias y farmacéuticas las que más invierten en política apoyando al candidato republicano e hicieron todo lo posible para que Obama no sacara su reforma sanitaria. En un sistema de financiación de los partidos políticos tan opacas como la española, cabe preguntarnos, si estas empresas sanitarias no juegan ya el mismo papel que las norteamericanas.

Es hora de una vez, que los españoles ejerzamos nuestros derechos ciudadanos y rechacemos no solo la privatización sanitaria, sino a todas las empresas españolas que participan en ella.  Para ello propongo, se saquen los dineros del banco Sabadell, no se compre en Cortefiel, no se aparque en Abertis. Si lo hacemos podemos pararlos y hacerles entender que con nuestra salud, cero negocio.

abril 8, 2012

Los centros sanitarios privados superan ya a los de gestión pública

Iturria: Rebelión – 2012/04/05

El sector hospitalario privado cuenta con 477 centros en todas las comunidades

El sector sanitario privado ha experimentado un importante crecimiento en el número de centros en los últimos años, tanto que ya ha superado a la red de centros sanitarios públicos.

Actualmente, hasta 477 hospitales en España pertenecen al sector privado, lo que representa el 51% del total de los centros hospitalarios existentes en nuestro país.

En relación al número de camas, los hospitales privados ofrecen una dotación de 53.530 camas, lo que supone un 33% del total de camas existentes en España. Además, el sector cuenta con otros 2.100 centros médicos ambulatorios.

Para Juan Abarca, secretario general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) -un organismo que integra a 18 grupos de hospitales privados y compañías de seguros implicadas en la sanidad privada- estos datos confirman que el sector sanitario privado representa un elevado peso en el sector productivo español, lo que permite liberar recursos de la sanidad pública.

“El sector sanitario privado contribuye a la descarga y al ahorro del sistema público. Descarga porque descongestiona la sanidad pública a través de la actividad que llevan a cabo los hospitales privados, tanto altas hospitalarias como intervenciones quirúrgicas. Y ahorro porque dado el modelo de seguro sanitario privado en España, que es un seguro duplicado, los 7 millones de asegurados con pólizas privadas utilizan menos o no utilizan la sanidad pública, lo que puede considerarse una subvención oculta para el sistema público”, asegura Abarca, director general de HM Hospitales.

Mayores grupos de hospitales

Dentro del mercado hospitalario privado se diferencian tres grandes tipos de centros: los grupos hospitalarios dedicados a la gestión de hospitales (el 26 por ciento del total), los hospitales pertenecientes a aseguradoras sanitarias (el 5,3) y los hospitales y clínicas independientes, que son la mayoría, el 68,3%.

Entre los primeros, destaca la Orden de San Juan de Dios, con 27 hospitales, seguido de las Hermanas Hospitalarias con 16, y Capio y USP Hospitales, con ocho hospitales cada uno. Hospiten y Recoletas (8), Nisa y Quirón (7), Cruz Roja (6) y HM Hospitales (5), completan la lista de mayores grupos hospitalarios privados.

Por su parte, cinco compañías aseguradoras cuentan con red hospitalaria propia, entre las que sobresale Asisa con 13 hospitales, Aliança (6), Caser (3), Sanitas (2) e IMQ (2).

Descongestionar lo público

Con esta implantación, el sector sanitario privado defiende que su actividad descongestiona la sanidad pública y reduce las listas de espera. Así, estos hospitales registraron en 2009 más de 1,3 millones de altas, lo que representa el 25 por ciento del total.

Las especialidades que han tenido un mayor crecimiento en hospitales privados frente a los públicos han sido rehabilitación y obstetricia, según los datos del IDIS.

Además, en los hospitales privados se atendieron en 2011 más de 5,6 millones de urgencias y realizaron un 32 % de la actividad quirúrgica total. Estos centros también desarrollan actividades de alta complejidad que requieren de avances tecnológicos. Según el IDIS, aproximadamente el 20% de las sesiones de radioterapia y quimioterapia realizadas en nuestro país se lleva a cabo por hospitales privados y el 45% de los PET y el 38% de las resonancias magnéticas existentes están ubicados en centros privados.

La generación de empleo entre los profesionales sanitarios y la formación e investigación en estos centros es otro atractivo del sector. Actualmente, el sector sanitario privado emplea aproximadamente a 253.000 profesionales, de los que el 22% de los mismos son médicos.

Además, cuenta con 10 hospitales universitarios y 15 centros con 90 plazas de formación especializada por el sistema de residencia. A este respecto, destaca que el 86% de los hospitales pertenecientes al Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad tiene alguna acreditación de calidad de ámbito internacional.

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