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febrero 13, 2013

Crisis ecológica e indignación global

Iturria: esthervivas.com – 2013/02/13

Josep Maria Antentas y Esther Vivas

La humanidad se encuentra frente a una crisis ecológica global que forma parte intrínseca de la crisis sistémica del capitalismo. En la crisis de nuestro presente se interrelaciona una crisis financiera y económica, energética y alimentaria, política y social (por el aumento de las desigualdades y el estallido de la crisis de los cuidados). Asistimos en realidad a una verdadera crisis de civilización. Una crisis que en su conjunto ha puesto encima de la mesa la incapacidad del sistema capitalista para satisfacer las necesidades básicas de la mayor parte de la población mundial y para atajar la crisis ecológica que él mismo ha creado y que amenaza la propia supervivencia de la especie y de la vida en el planeta.

La interrelación entre la crisis económica y la crisis ecológica global, cuya mayor expresión es el cambio climático, es de hecho una de las especificidades de la situación actual distinta a las precedentes como la crisis de 1929 y los años treinta. La magnitud del desafío ecológico no hace sino aumentar el potencial de inestabilidad global para el próximo periodo, que estará marcado por el agotamiento, a medio plazo, de un modelo energético basado en el petróleo y los combustibles fósiles, el aumento de las catástrofes naturales debido a las alteraciones climáticas, y los desequilibrios estructurales crecientes del sistema agroalimentario mundial.

Los fracasos de las cumbres del clima de Copenhague 2009, Cancún 2010, Durban 2011 y la reciente de Doha, que ha transcurrido en medio de la indiferencia generalizada, ponen de manifiesto cómo el sistema capitalista es incapaz de dar respuesta a una crisis que él mismo ha creado (Antentas y Vivas, 2009). Estas citas resultaron ser un fracaso sin paliativos y una oportunidad perdida donde ni siquiera la retórica hueca y la pompa de los jefes de Estado, que se fue apagando cumbre tras cumbre desde la grandilocuencia de Copenhague hasta la invisibilidad de Doha, pudo esconder la falta de medidas reales aprobadas. No hay voluntad política para dar respuesta a la crisis climática y ecológica a la que nos enfrentamos ya que una solución real requeriría  el núcleo duro del actual modelo económico.

La ofensiva de la economía verde
La nueva ofensiva del capitalismo global por privatizar y mercantilizar masivamente los bienes comunes tiene en la economía verde su máximo exponente. Una economía verde que, contrariamente a lo que su nombre indica, no tiene nada de “alternativa” sino que busca aumentar las bases para explotar y hacer negocio con la naturaleza. En un contexto de crisis económica como el actual, una de las estrategias del capital para recuperar la tasa de ganancia consiste en privatizar los ecosistemas y convertir “lo vivo” en mercancía. Al mismo tiempo que en el marco de la crisis ecológica, climática y alimentaria, se presentan las nuevas tecnologías (nanotecnología, agrocombustibles, geoingeniería, transgénicos…) como instrumentos para frenar el calentamiento global y la hambruna, cuando en realidad su aplicación obedece a criterios mercantiles y empresariales.

Sus promotores son, precisamente, aquellos que nos han conducido al callejón sin salida en el que nos encontramos: grandes empresas transnacionales, con el apoyo activo de gobiernos e instituciones internacionales. Aquellas compañías que monopolizan el mercado de la energía (Exxon, BP, Chevron, Shell, Total), de la agroindustria (Unilever, Cargill, DuPont, Monsanto, Bunge, Procter&Gamble), de las farmacéuticas (Roche, Merck), de la química (Dow, DuPont, BASF) son las principales impulsoras de la economía verde, a la vez que se configuran nuevas fusiones y adquisiciones empresariales (Grupo ETC, 2011).

Asistimos a un nuevo ataque a los bienes comunes donde quienes salen perdiendo son las comunidades indígenas, campesinas, de pastores, pescadores… del Sur global, cuidadoras de dichos ecosistemas, quienes serán expropiadas y expulsadas de sus territorios en beneficio de las empresas transnacionales que buscan hacer negocio con los mismos. La economía verde privatiza la naturaleza convirtiendo el acceso a la tierra y a los alimentos en transacciones comerciales y a las políticas públicas, que deberían garantizar estos derechos, en competencia de mercado (Ribeiro, 2011).

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, donde se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que posteriormente desembocaría en el Protocolo de Kioto, las empresas transnacionales ya dieron muestras de un lavado de imagen verde para ocultar sus prácticas con un fuerte impacto medioambiental y esquivar responsabilidades. Lo “verde” no es nuevo, pero la economía verde va mucho más allá e implica la neocolonización de los ecosistemas y de la naturaleza y busca transformarlos en mercancías de compra y venta. Una ofensiva resultado de la competencia por controlar los recursos naturales y hacer negocio con “la vida”.

El 99% y nuestro planeta
El agravamiento de las consecuencias sociales de la crisis y la intensificación de las políticas de ajuste han provocado una reacción social de largo alcance. Con las revoluciones en el mundo árabe como aguijón emergió en 2011  un nuevo ciclo internacional de protesta que tiene su elemento motriz en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas que buscan transferir su coste a las capas populares. El leiv motiv de la “rebelión de los indignados” pone en el centro de la diana a quienes son identificados como responsables de la crisis y su gestión. En el caso español, tiene un doble eje constitutivo inseparable: la crítica a la clase política y a los poderes económicos y financieros. A los últimos se les señala como responsables de la crisis económica y a los primeros se les acusa, precisamente, por su servilismo y complicidad con el mundo de los negocios. En Estados Unidos, el movimiento Occupy, en cambio, pone más énfasis en la crítica al poder económico que a la clase política, llevando a cabo un ataque frontal a Wall Street y a la minoría privilegiada simbolizada por el 1%. De todos modos, detrás subyace el rechazo a los dos grandes partidos, a la política de Obama, y a las élites de Washington.

En Europa y Estados Unidos la resistencia indignada se centra en la movilización contra los recortes sociales, las privatizaciones, la banca y el pago de una deuda ilegítima, temas que fueron dominantes en los países de América Latina y en otros continentes del sur en las décadas anteriores. En definitiva la indignación colectiva se expresa como movilización contra los intentos del capital financiero de sacrificar al conjunto de la sociedad para salvarse a sí mismo y de reorganizar el conjunto de las relaciones sociales en beneficio propio.

En la agenda indignada, sin embargo, las cuestiones específicamente medioambientales y la crisis ecológica y climática han jugado un rol secundario, en un momento donde recortes, desmantelamiento de servicios públicos, desahucios, paro y ayudas a la banca dominan el panorama. En cambio, hoy la defensa de los bienes comunes, de los ecosistemas y de la biodiversidad son temas centrales en la agenda de los movimientos sociales en los países del Sur. Muchas de sus comunidades son las primeras en enfrentar las consecuencias del cambio climático (aumento del nivel del mar, sequías, etc.) y el impacto medioambiental de las falsas soluciones promovidas por el capitalismo verde (agrocombustibles, programa REDD, almacenamiento de CO2 bajo tierra).

Colocar la cuestión de la crisis ecológica y climática en tanto que aspecto central de la crisis sistémica contemporánea en la agenda de las luchas sociales indignadas es una cuestión pendiente y estratégica, para poder plantear un proyecto de ruptura consecuente con el actual modelo económico y social. La crisis actual plantea la necesidad urgente de cambiar el mundo de base y hacerlo desde una perspectiva anticapitalista y ecosocialista radical, en el sentido que le dan al término autores como Kovel y Löwy (2008). Indignados y occupiers en su lucha contra la tiranía de la minoría financiera global tienen el reto de enlazar las movilizaciones contra el ajuste estructural y las opuestas a la crisis climática en una perspectiva  convergente e integradora entre lo “social” y lo “medioambiental” cuyo nexo debe ser el rechazo a la (in)civilización del capital y a la mercantilización generalizada del planeta y la sociedad. Se trata de poder avanzar así hacia, en  palabras de John Bellamy Foster (2009), una imprescindible “revolución ecológica que necesariamente tiene que ser también una revolución social”.

Bibliografía
ANTENTAS, JM. y VIVAS, E. (2009) “Justicia climática y justicia social: un mismo combate contra el capitalismo global”, Ecología Política 39, p. 103-106.
BELLAMY FOSTER, J. (2009) The ecological revolution. Nueva York, Monthly Review Press.
GRUPO ETC. (2011) “¿Quién controlará la economía verde?”:http://www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/ETC_wwctge_ESP_v4Enero19small.pdf
KOVEL, J. y LÖWY, M. (2008) “Un Manifiesto Ecosocialista”:http://marxismolibertario.blogspot.com.es/2008/02/un-manifiesto-ecosocialista.html
RIBEIRO, S. (2011) “Los verdaderos colores de la economía verde”, ALAI 468-469, p. 23-26.

*Artículo publicado en Ecología Política, nº44, diciembre 2012.

diciembre 20, 2012

¿Dónde están la transparencia, la asunción de responsabilidades y la rendición de cuentas?

Iturria: Gara.net – 2012/12/20

ASIER BLAS PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICA EN LA UPV-EHU

El aspecto más preocupante es la falta de asunción de responsabilidades por parte de TIE por casos como los del Ayuntamiento de Sabadella

El 27 de noviembre de 2012 me sorprendieron dos noticias: la ONG Transparencia Internacional España (TIE) presenta unos datos que dicen que, junto al Gobierno de La Rioja, el Gobierno Vasco es la administración autonómica más transparente; ambas CCAA obtenían 97,5 puntos de transparencia sobre un máximo de 100. A mí, por tiempos, la noticia me daba ganas de ir al baño. La cuestión es que pocos días antes acababa de tener una experiencia con la administración autonómica vasca en la que ha reinado la opacidad y falta de transparencia en comparación con la práctica habitual de las diferentes administraciones del Estado español, es decir, la administración autonómica vasca es la campeona de las opacas como mínimo en un aspecto (de esto ya hablaré en otra ocasión porque me va a dar juego el asunto).

La cuestión es que mientras el Gobierno Vasco ponía a enfriar el champagne apareció otra noticia que debería haber invalidado o, al menos, cuestionado el «galardón» en forma de mención que había recibido el ejecutivo de Vitoria-Gasteiz. Resulta que el mismo día se puso en marcha una operación policial contra la corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell. Nada nuevo en el horizonte, no hay ciudadano catalán que no sepa que en algunas instituciones catalanas están arrastrando un problema muy serio de corrupción. Lo de la seriedad también tiene que ver mucho con el tamaño, porque miren a su alrededor, pongan un poco de atención y verán que la administración pública y la empresa privada están plagadas de pequeñas corruptelas o pseudocorruptelas que son muy difíciles de probar. Pero, volviendo al tema, en el año 2010 la ONG TIE había calificado y premiado al Ayuntamiento de Sabadell, junto a otros cinco, como los más transparentes (100 puntos de 100 puntos posibles). Sin embargo, para muchos medios de comunicación parece ser que este detalle poco importaba para juzgar la veracidad del que califica al Gobierno Vasco como muy transparente.

Lo preocupante de este caso es la ausencia de reflexiones sobre cómo valorar una noticia de este tipo antes de lanzarse a promocionarla a bombo y platillo sin ningún espíritu crítico y con un tinte publicitario, aunque no sea intencionado. La simple presentación de la noticia, por muy objetivamente que se haga, puede ser propaganda pura y dura. Por ejemplo, si mañana elaboramos un índice de transparencia, organizamos una rueda de prensa, lo presentamos y decimos que el Gobierno Vasco es la institución autonómica menos transparente, no creo que la noticia fuera recogida por los medios de comunicación. Pero claro, quizás ustedes pensarán que nosotros no somos Transparencia Internacional España, y sí, tienen razón, por ello deberíamos de tener más credibilidad que quien entrega un premio de transparencia a un Ayuntamiento como el de Sabadell. Es más, tendríamos la oportunidad de meter la pata y créanme que mucho tendríamos que meterla para llegar al nivel de TIE.

El problema es que muchos medios de comunicación antes de elaborar y publicar sus informaciones no se hacen preguntas tan simples y necesarias como las siguientes: ¿quiénes son los que hacen el índice? ¿Quiénes están detrás y quién los ha elegido? ¿Dónde consiguen el dinero? ¿Cómo hacen el índice?… y así hasta llegar a las preguntas claves: ¿hacen bien su trabajo y son eficaces? ¿Cuál es el grado de fiabilidad del índice?

En el caso que nos ocupa, no hay más que mirar su página web, ver quiénes son y la información que hay en ella. Generalidades, sobre todo, para explicar lo que es Transparencia Internacional a nivel internacional y poca cosa más. Diría que es poco transparente la información que dan, especialmente en el caso español. No se dice nada sobre cuándo y cómo fueron elegidos sus miembros, sobre quiénes financian la ONG, etc. En casa de herrero cuchillo de palo. No obstante, que cada uno/a juzgue visitando su página web y sus informes, más bien informaciones poco desgranadas y extremadamente incómodas de consultar. La estrategia podría no ser inocente, ¿tanto cuesta colgar un documento PDF donde se recoja todo, en lugar de tener que ir clickando enlaces para entrar en una tabla, en otra tabla, en una pequeña explicación, etcétera?

Sin embargo, el aspecto más preocupante es la falta de asunción de responsabilidades por parte de TIE tras casos como los del Ayuntamiento de Sabadell, del que al parecer no ha ofrecido explicación alguna. Tampoco tengo la impresión de que la mayoría de los medios de comunicación hayan tratado de averiguar qué dice TIE al respecto y, por supuesto, tampoco me ha parecido que haya sido lo habitual relativizar el índice de transparencia autonómico de esta ONG a la vista de los antecedentes. Nada nuevo en el horizonte, es demasiado habitual que se les reconozca legitimidad a organismos privados que han demostrado hacer mal su trabajo.

El ejemplo más conocido es el de las agencias de calificación crediticia o agencias de rating, recordemos que Bernard Madoff, posiblemente uno de los mayores estafadores de la historia, estaba calificado por Standard & Poors con una triple A. En aquella ocasión, la crisis de las subprime (hipotecas basura) fue completamente obviada por las agencias de calificación, de igual manera que lo hicieron con empresas quebradas como Parmalat o Enron. Pueden ustedes sacar sus conclusiones.

diciembre 19, 2012

ELA ve a los políticos “atrapados a cal y canto” por el capital

Iturria: Expansion.com – 2012/12/19

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, “Txiki”, ha defendido hoy la capacidad de organización y la movilización para hacer frente a las “durísimas” consecuencias de una situación en la que la clase política, ha dicho, “está atrapada a cal y canto para hacer lo que el capital quiere”.

“Si el sindicato no está en la empresa va a ser menos útil que un frigorífico en el Polo”, ha subrayado Adolfo Muñoz en un mitin organizado por ELA en el frontón Labrit de Pamplona al que, según este sindicato, han asistido unas 2.000 personas, que posteriormente se han dirigido en manifestación hasta el Parlamento.

Tras una pancarta en la que se leía, en euskera, “Presupuestos a favor del pueblo” y, en castellano, “No a los recortes sociales”, los manifestantes han recorrido diversas calles del centro de la ciudad portando ikurriñas y banderas verdes con el anagrama de ELA.

Durante su marcha han proferido consignas como “no a los recortes”, “repartir el trabajo y la riqueza” o “no falta dinero, sobran ladrones”.

Previamente, Adolfo Muñoz ha criticado los recortes y las políticas “antisociales” del Gobierno de Navarra, comunidad cuya reforma fiscal ha considerado “mala” y cuyos presupuestos ha situado como “rehenes de una política fiscal injusta y de una posición ideológica”.

Se ha referido además a Caja Navarra para opinar que ha sido “el mayor expolio que se ha hecho desde la conquista de Navarra por Castilla”, contando además con apoyos que ha justificado en el “tú me tapas, yo te tapo”.

No se han librado de sus críticas las cajas vascas, a las que ha atribuido “espectáculos patéticos”, “chantajes”, “presiones” o “trueques” para “estar en los consejos de administración que van a dirigir la privatización de las tres cajas”.

Sobre Gamesa, ha señalado que “se ha regalado” a la empresa un ERE para despedir a 330 personas en toda España, 204 de ellas en Navarra, que ha contado únicamente con el rechazo de ELA. “Con la reducción salarial de los que se quedan se va a pagar a los que se van y si luego si necesitan gente, contratarán todavía más barato”, ha criticado.

Muñoz ha defendido también la labor de ELA frente a “otro modelo sindical” que “se deja financiar y entra en redes clientelares”, y ha señalado que “a duras penas” han ganado el debate social pero no el político “porque la clase política está atrapada a cal y canto para hacer lo que el capital quiere”.

“El problema está en que la clase política no quiere conectar con una sociedad que le exige desde la calle que cambien las políticas”, en un momento en que la patronal se aprovecha “sin escrúpulos” de la reforma laboral para despedir a los trabajadores. “Han decidido dejarnos solos con mucha gente que lo está pasando mal”, ha sostenido el dirigente sindical.

En esta situación, en la que a su entender “es evidente” que “todo el escenario político se ha corrido hacia la derecha”, también “han creado miedo” para que “todo eso funcione”. “A la gente han metido miedo, que es un elemento de disciplina terrible contra el que también tenemos que luchar”, ha concluido.

noviembre 1, 2012

La configuración política actual de los mercados hace a los muy ricos cada vez más ricos

Iturria: Sin Permiso / Daniel Raventós, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UB – 2012/10/30

Es un estúpido y viejo mantra: la política económica que se hace es la única posible. No hay otra opción, no hay alternativa. Utilizó la expresión en un sentido campanudo el darwinista social y liberal Herbert Spencer hace más de un siglo y medio, pero fue Margaret Thatcher quien la llevó a la fama. Hasta fue conocida como Thatcher “Tina” (there is no alternative). Es la absurda idea según la cual las decisiones económicas son exclusivamente técnicas. Cualquier decisión, según este sedicente razonamiento, es producto de la conclusión que la técnica nos aconseja. Fue John Kenneth Galbraith uno de los muchos que escribió ya hace algunos años contra semejante pretensión: “[L]a economía no existe aparte de la política, y es de esperar que lo mismo siga sucediendo en el futuro.” [1] Pero el supuesto argumento de “no hay alternativa” tiene muchos adeptos. Es así porque se repite sin cesar desde gobiernos, algunos medios académicos y muchos medios de comunicación, y hasta parece que a veces lo lamentan.

La política económica, tal como indica el orden de las palabras, es primero política y después económica. No hay nada más falso que las cantinelas más repetidas por casi todos los gobernantes europeos: “son las medidas que el país necesita”, “son necesarios estos sacrificios para salir pronto de la crisis”, “la situación económica impone estas desagradables medidas”, “todos debemos sacrificarnos para salir adelante”, etc., etc. Ni una medida de política económica mínimamente importante es neutral en un sentido preciso: que perjudica o beneficia a toda la población. Toda medida de política económica perjudica a unos sectores sociales y beneficia a otros. Ejemplos, meros ejemplos: bajar los impuestos a los más ricos, congelar o bajar las pensiones, facilitar y abaratar los despidos laborales, gravar con aranceles productos extranjeros, bajar el sueldo de los trabajadores del sector público, destinar menos recursos a la educación pública, introducir el copago sanitario, idear unos presupuestos públicos de austeridad en plena recesión… ¿Es difícil descubrir quién gana y quien pierde en cada uno de estos casos? Cosa bien distinta es la (supuesta) justificación que se da en cada caso por parte de los responsables gubernamentales. Primero se decide a qué sectores sociales va a favorecerse y después se instrumentan los medios económicos que hará posible lo primero. En palabras de Joseph Stiglitz: “El gobierno tiene la potestad de trasladar el dinero de la parte superior a la inferior y a la intermedia y viceversa” [2].

Si existe confusión, o se quiere sembrarla más bien, con lo que realmente es una política económica, también la hay con lo que es el “mercado”. Sin ninguna duda, ambos términos están muy relacionados. Para empezar no existe el mercado en singular. Existen muchos mercados y con características muy diferentes entre ellos. El mercado semanal de muchos pueblos y el mercado de los artículos de alta montaña, poco si algo tienen que ver. El mercado de libro de viejo y el mercado financiero (si aquí también está justificado hablar en singular) menos aún tienen en común, etc. La configuración de un mismo mercado varía también históricamente, claro está. La ley Glass-Steagall, vigente de 1933 a 1999 en EEUU, configuró unos mercados financieros harto diferentes a los modelados por la ley Gramm-Leach-Bliley que sucedió a la anterior. El mismo mercado tenía unas prohibiciones o no las tenía antes y después de esta ley. Tenía una configuración política distinta en uno y otro momento.

Todos los mercados, absolutamente todos, están configurados políticamente y son producto de la intervención del Estado, mediantes legislaciones, normas, decretos y regulaciones. Cualquier mercado es el resultado de opciones políticas que se concretan en determinados diseños institucionales y reglamentaciones jurídicas.

El economista Dean Baker plantea la misma cuestión en otros términos. Para Baker la idea tan extendida de que la derecha sería partidaria de la “desregulación” del mercado y la izquierda sería, por el contrario, partidaria de la “regulación” es completamente falsa. Este economista afirma que “La derecha tiene tanto interés como los progresistas en que el sector público se implique en la economía. La diferencia radica en que los conservadores quieren que el sector público intervenga de un modo que redistribuya el ingreso en provecho de los más pudientes. La otra diferencia está en que la derecha es lo suficientemente lista como para ocultar estas intervenciones, tratando de que parezca que las estructuras que redistribuyen el ingreso hacia los de arriba no son más que el resultado del funcionamiento natural del mercado”.

Algunos ejemplos de la configuración política de los mercados: en un mercado laboral puede haber o no salario mínimo interprofesional, posibilidad de despido libre o determinados requisitos más o menos severos para el despido. Y otros: la ley puede permitir en determinados mercados la existencia o no de monopolios y oligopolios. Y aún otro ejemplo más concreto: si Bill Gates no tuviera la cesión por parte del gobierno de Estados Unidos del monopolio sobre Windows en el mercado del software, no sería tan rico. En el escrito citado de Dean Baker: “Sin el monopolio creado por la protección de los derechos de autor, cualquiera en cualquier lugar del mundo podría bajarse instantáneamente los programas de Microsoft sin coste alguno”. Sea dicho de pasada: la innovación está reñida con los monopolios. Recuérdese que Microsoft, por seguir con este monopolio, no ha sido la empresa que haya inventado el primer navegador, ni la primera hoja de cálculo, ni el primer procesador de textos, ni el primer reproductor de productos audiovisuales, ni el primer motor de búsqueda… Las oligopólicas compañías farmacéuticas, otro conocido caso, gastan más en mercadotecnia que en investigación puesto que los precios de los fármacos son tan superiores a los costos de producción que sale a cuenta dedicar recursos a convencer (o comprar) a médicos para que recomienden determinados fármacos. Las compañías oligopólicas de las tarjetas de crédito obtienen una comisión de los comercios, cuando un cliente paga por este medio, superior al dinero que obtiene el comerciante por la misma transacción. Poco tiene que ver eso con la investigación y la innovación y mucho con la llamada búsqueda de rentas [3]. Y la lista es mucho más larga.

La actual configuración política de los mercados explica perfectamente que los ricos sean cada vez más ricos antes y durante la crisis económica, junto al hecho de que la mayor parte de la población sea cada vez más pobre. No es la primera vez que recurro a los datos de los informes World Ultra Wealth Report. Muy recientemente se ha publicado el informe correspondiente a 2012-13. Cabe recordar que este informe entiende por Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI), es decir, individuos con altísimo valor neto, a los que tienen activos superiores a los 30 millones de dólares. En el bien entendido que no se contabilizan entre esos activos la primera residencia, los bienes consumibles, los bienes coleccionables y los bienes de consumo duradero. Es decir, se trata de evaluar en estos informes lo que estos ricos tienen como efectivo y en activos fácil y rápidamente convertibles en líquido. Se trata, como resulta evidente, de personas con una riqueza real muy superior a los 30 millones de dólares. Los 30 millones de dólares que definen a un UHNWI son pues de bienes inmediatamente convertibles en efectivo. Pues bien, en el reciente informe 2012-13 apenas ha habido cambios en el año 2012 respecto al año anterior. En total el informe contabiliza 187.380 UHNWI en todo el mundo (un 0,6% más que el año anterior) y una riqueza conjunta de 25,7 billones de dólares (un 1,8% menos que el año anterior). Algunas precisiones son interesantes. Dentro de estos 187.380 hay diferencias también muy grandes. Los sujetos que tienen unos activos, tal como se han definido un poco más arriba, superiores a mil millones de dólares suman 2.160 en todo el mundo. Estos 2.160 no son el 1% más rico, ni el 0,1%, son exactamente el 0,00003% de los 7.000 millones que formamos la humanidad. Tienen unos activos acumulados (recuérdese la restrictiva definición) de 6,2 billones de dólares (el PIB del Reino de España es aproximadamente de 1,4 billones de dólares). En el año 2012 los situados en esta franja privilegiada han aumentado un 9,4% y su riqueza conjunta lo ha hecho un 14% [4]. No puede decirse lo mismo, ni en términos remotamente proporcionales, de la mayoría de la población. Las terribles consecuencias sociales y psicológicas para muchísimas personas causadas por el empobrecimiento de porcentajes altísimos de la población ya es irreversible. De aquí que muchos prefieran hablar de la desigualdad en privado. Como Mitt Romney, por ejemplo. El candidato ultraderechista a la presidencia de EEUU dijo en un programa de televisión el pasado 11 de enero: “Creo que lo mejor es hablar de la desigualdad en lugares discretos.”

Las grandes desigualdades no son producto de la crisis. La crisis las acentúa, pero la configuración política de los mercados que ha posibilitado las grandes desigualdades es anterior a la crisis. Un par de datos, el primero referido a EEUU y el segundo al Reino de España, que muestran la magnitud de la catástrofe. Primero, justo antes de la crisis, en el 2007, “el 0,1 por ciento más rico de EEUU recibió en un día y medio aproximadamente lo que el 90 por ciento inferior recibió en un año” [5]. Segundo, la participación de los salarios en el PIB ha sido menguante en el Reino de España desde el año 1981 (73%) al 2012 (57,3%), y la Comisión Europea calcula que para 2013 la participación será del 56,3%. Esta realidad, quiénes son sus causantes y beneficiarios, quiénes sus perdedores… resulta cada vez más evidente para las poblaciones que principalmente en Europa, “el enfermo del planeta (…) que está a la vanguardia de la idiocia organizada“, protestan, luchan y expresan su malestar. Atenas, Lisboa, Bilbao, Barcelona, Roma, Madrid… no en todas partes de forma igual (ojalá las cosas fueran tan sencillas), pero las poblaciones que sufren las políticas económicas y las configuraciones políticas actuales de los mercados lo comprenden, lo ven. ¿Cómo es que la mayor parte de gobernantes (o dicen que) no lo ven? De las posibles respuestas, hay dos de muy destacadas. Una la menciona, por ejemplo, Paul Krugman cuando se refiere a la atención que recibe la “gente muy seria”, un tipo de humanos muy particulares definidos por este autor como “personas que expresan opiniones que son consideradas razonables por los que mueven los hilos” [6]. Pero quizás mejor es aún la que ya hace años señaló Upton Sinclair: “Es difícil que un hombre comprenda algo, cuando su salario depende de que no lo comprenda.”

Notas:
[1] John K. Galbraith, Historia de la economía, Ariel, Barcelona, 2007.
[2] Joseph Stiglitz, El precio de la desigualdad, Taurus, Madrid, 2012.
[3] La “búsqueda de rentas” no produce riqueza añadida y es un mecanismo por el cual la renta cambia de manos. Se puede realizar mediante leyes, facilidades concedidas por los gobiernos, etc. Los ricos han captado muchas rentas de la mayoría de la población gracias a las legislaciones que han logrado imponer mediante, aunque no de forma única, los muchísimos cabilderos que actúan cerca de los legisladores para ese fin.
[4] Este enriquecimiento no tiene nada que ver en la inmensa mayoría de casos con mérito alguno. Véase, por ejemplo, George Monbiot, “Mitt Romney and the myth of self-created millionaires”, The Guardian, 24-9-12, que puede leerse traducido en Sin Permiso en http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5287.
[5] Pueden consultarse los datos que cita Stiglitz enwww.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/ftpdocs/115xx/doc11554/averagefederaltaxrates2007.pdf
[6] Paul Krugman, ¡Acabad ya con esta crisis!, Crítica, Barcelona, 2012.

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febrero 14, 2012

La mecánica del muro

http://mecanicadelmuro.wordpress.com

¿Asistimos a un cambio histórico en el modelo social y económico?

Parece que nuestra civilización se enfrenta a una inevitable transición, un punto de inflexión forzado por la decadencia de un modelo insostenible. La aparente bonanza que vivimos años atrás actuó de máscara de la realidad, y ahora el futuro se nos antoja en forma de escasez, inequidad y perdida de libertades.

Comenzamos a tomar consciencia de nuestros actos, la máscara está quebrando y el cambio de modelo parece inevitable, pero… ¿Quién conducirá el cambio?

Ante esta perspectiva vemos como crece el interés por descifrar esta compleja telaraña con el fin de crearnos una opinión crítica propia. La información económica ha pasado a primer plano, nos bombardean con datos, estadísticas y conceptos que nos alejan de la realidad, pero, ¿Podemos enfrentarnos a este reto desde un punto de vista meramente  económico?

Un muro nos separa de lo que podríamos ser, un muro mental que no nos deja ver más allá y que encierra una realidad construida al servicio de aquellos que dictan las normas. De las claves de como funciona este muro depende la posibilidad de encontrar las grietas que nos permitan derribarlo y construir entre todos una sociedad más justa, evolucionada y sostenible, donde seamos más conscientes de nuestros recursos y del reparto que hagamos de ellos.

“Sólo los secretos pequeños han de ser protegidos. Los grandes se mantienen secretos por la incredulidad pública”.

Marshall Macluhan.

 

“MECÁNICA DEL MURO” es un proyecto documental colaborativo bajo licencia Creative Commons 3.0 que nace con la intención de arrojar algo más de luz sobre los fallos del sistema que nos rige y proponer soluciones concretas. Pretende alimentar de conocimiento a todo aquel que pretenda avanzar en su propia opinión e incorporar a quienes quieran proponer dudas, ideas, contenidos, así como proporcionar estudios e investigaciones objetivas que nos ayuden a descifrar las claves.

El proyecto se centra en la realización de un largometraje documental, pero pretende ser algo más mediante la centralización de entrevistas a expertos, artículos, links y contenidos gráficos en el blog.

¿Qué subyace bajo la biblia económica neoliberal?

¿Quiénes son los actores que ponen en práctica sus normas?

¿De qué herramientas se valen?

¿Sobre qué frentes inciden?

¿Cómo repercute todo ello en el individuo y en la sociedad?

¿Qué alternativas tiene el sistema actual?

EL PROYECTO YA ESTÁ EN MARCHA, ¡COLABORA CON NOSOTROS!

febrero 13, 2012

Lan eta Negoziazio Kolektiboaren Erreformaren” ELAren balorazioa

Erreformak langile-klasea txirotu eta lan-harremanetan enpresen boterea areagotzen du

2012/02/13

ELAren iritziz joan zen ostiralean Rajoyren gobernuak onartutako lan erreformak langabezia eta pobrezia gehitzea ekarriko du. Nabarmena den bezalaxe erreformaren helburua defentsa kolektiboa ahultzea eta langileak gero eta lan-baldintza okerragoak onar ditzaten makurraraztea da. Egoera honen aurrean, ELAk mobilizazioen erronka onartu egin du.

febrero 13, 2012

La soga se aprieta sobre el cuello de Grecia

Declaraciones de Juan Torres López en RT TV: La soga se aprieta sobre el cuello de Grecia

10 feb 2012 – rt.com

febrero 13, 2012

Camino al desastre

Andrés Martínez Lorca – 2012/02/13 – Rebelión

La crisis del capitalismo en Europa está llevando al empobrecimiento creciente de amplias masas populares, al hundimiento político de la socialdemocracia que tan buenos servicios le prestó al sistema desde la Guerra Fría y al éxito electoral de los partidos conservadores. Bajo la partitura de los que hace años condujeron a la ruina económica a muchos países de América Latina y apoyaron las dictaduras del Cono Sur, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los grandes bancos ─ que han provocado el desastre financiero que ahoga el crédito y lleva al cierre de empresas y al despido creciente de trabajadores ─, dirigen sin disimulo la política europea.

En España el gobierno del PSOE asumió sin ningún reparo esa política neoliberal cuyos objetivos pueden resumirse en estos puntos: erosión del ya precario Estado de bienestar; privatización creciente de las pocas empresas públicas que quedaban; recorte de salarios y congelación de pensiones; subida de impuestos indirectos; liquidación de gran parte de las pequeñas empresas; desinterés en la persecución del fraude fiscal; protección de las rentas del capital. Tras haberle hecho el trabajo sucio a sus socios del bipartidismo, el PP obtuvo una holgada victoria en las elecciones generales, fruto más bien de la desastrosa política económica del gobierno Zapatero que de las aparentes ventajas de su propio programa electoral. Sin tomar tierra durante toda la campaña, Mariano Rajoy centró todas sus intervenciónes en una fórmula mágica: crear empleo. ¿Qué ha sido de esa promesa?

En su primera intervención ante la Cámara de Diputados, el nuevo presidente de gobierno echó un jarro de agua fría: “este año va a ser malo; en 2012 empeorarán las cifras de paro”. ¡Así que esas tenemos ahora con ustedes en el poder! Según él, el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria “respeta escrupulosamente lo pactado con el PSOE” en la llamada reforma exprés de la Constitución, aprobada en agosto pasado con los votos de ambos partidos y que sitúa a los mercados por encima de los ciudadanos.

Como los bancos son quienes en verdad llevan el timón, se han permitido ser más explícitos que el siempre enigmático Rajoy. Según el BBVA, la tasa de paro rondará el 25% hasta… mediados de 2013. “Este año se perderán unos 2.000 empleos diarios. Pensamos que el número de parados llegará a 5.700.000 personas”, ha declarado Rafael Doménech, responsable del banco para la economía española.

Después de estas dramáticas cifras que avergüenzan a la ciudadanía y desprestigian a los dirigentes políticos, el gobierno del PP no ha tomado ninguna medida concreta que impulse la actividad productiva, haga circular el crédito y fomente el empleo. A pesar de encontrarnos en plena recesión, su respuesta ha sido hasta ahora la de reducir la inversión pública, impulsar los recortes presupuestarios, congelar el salario mínimo, facilitar el despido y reducir los derechos laborales. Veamos brevemente su reflejo en los acuerdos del Consejo de Ministros.

A los pocos días de constituirse, el gobierno adoptó unas severas medidas económicas y fiscales que, según puede leerse en El País (día 26 enero de 2012), representan “el mayor ajuste en la historia de España, valorado en 15.189 millones de euros”. Después, aprobó un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria orientado a reducir el gasto público y a proponer sanciones a los eventuales infractores, según explicó a los diputados el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro: http://politica.elpais.com/politica/2012/01/26/actualidad/1327576506_760804.html

El 3 de febrero se publicó el Decreto-ley de saneamiento del sector financiero. Un análisis detallado y crítico del mismo ha sido llevado a cabo por Juan Torres López y Alberto Garzón en un artículo de lectura recomendada: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144301

Para estos economistas, “la reforma no ataja los problemas de fondo que han dejado sin financiación a las empresas que crean empleo y a las familias, no proporciona remedios que garanticen que el crédito quede asegurado y se limita a favorecer descaradamente los intereses de los grandes bancos españoles”.

Y ahora llega la guinda que corona la tarta de esta antipopular política económica y social: el gobierno ha aprobado por Decreto-ley, es decir, de inmediata entrada en vigor, la anunciada Reforma laboral. El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar su texto. Se trata de una verdadera Contrarreforma que echa por tierra los pocos derechos laborales que habían dejado en pie las previas reformas neoliberales dictadas por el gobierno del PSOE. La locuaz vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado con su habitual desparpajo que “marcará un antes y un después en la legislación laboral”. Y así es, por desgracia.

Llama la atención su extensísimo preámbulo de 9 páginas y 7 apartados que es toda una cortina de humo autojustificatoria que bien puede servir como ejemplo de encubrimiento ideológico de unas draconianas medidas antisociales. Además de algunas perlas literarias como la idea de “flexiseguridad” ─ que no es sino una versión postmoderna de la vieja ley del embudo, es decir, la “flexibilidad” a soportar por el trabajador y la “seguridad”

a disfrutar por el empresario─, la tesis central es de una manifiesta inconsistencia lógica. Ante el fracaso de la política económica seguida en España, la consecuencia lógica sería criticarla y cambiarla. Pues no para estos cerebros neocapitalistas en estado puro cuya pirueta sofística (con perdón para los viejos sofistas) concluye con esta luminaria que podemos leer en dicho preámbulo: “La crisis económica ha puesto en evidencia… la insostenibilidad del modelo laboral español”.

Entre los puntos novedosos que contiene el Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, podemos destacar los siguientes: reduce la indemnización por despido improcedente, amplía las causas del despido objetivo, suprime la autorización previa de la administración en los expedientes de regulación de empleo (ERE), favorece la flexibilidad de horarios y la movilidad geográfica, autoriza a las empresas en dificultades a desvincularse de lo pactado en los convenios y permite a las empresas de trabajo temporal (ETT) poder funcionar también como agencias de colocación. El diario La Vanguardia ofrece el siguiente resumen: http://www.lavanguardia.com/economia/20120210/54252850910/reforma-laboral.html

Según anunció con antelación el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, esta reforma iba a ser “extremadamente agresiva”1. Para el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en confesiones semipúblicas durante la reciente cumbre de la Unión Europea,“la reforma laboral me va a costar una huelga general”. Por una vez, estoy de acuerdo con ambos políticos conservadores, tanto respecto al juicio de valor del primero como en el arriesgado pronóstico del segundo.

Las medidas económicas y sociales tomadas por el gobierno están hundiendo al país y llevando a la miseria a cientos de miles de familias. Eso lo ve todo el mundo, incluso los defensores a ultranza de este descarnado capitalismo de saqueo exprés. Su aprobación por los dirigentes de la UE, del Fondo Monetario Internacional y de los grandes bancos confirma a quién benefician.

Pero lo peor de todo es el sistemático desprecio a la inteligencia de la ciudadanía, la mentira contínua a través de los grandes medios al anunciar que los recortes en derechos, en salarios y en inversión pública se hacen… para crear empleo.

Aceptemos de una vez por todas esa repugnante y repetida mentira oficial. Se cierran fábricas para crear empleo, se bajan los sueldos para fomentar el consumo, se reduce la inversión pública para aumentar la productividad, se facilita y abarata el despido también para crear empleo, se pisotean los derechos laborales para mejorar el nivel de vida de los trabajadores, se destruye lo público para beneficiar… al pueblo.

Y a quien no trague el engaño, ¿cómo se le convence? Con el «consenso a palos» que empleó la policía en la noche del viernes contra los pacíficos manifestantes de la Puerta del Sol.

Nota:

1 El curriculum de este ministro es dificilmente superable desde el punto de vista del neoliberalismo rampante. Entre sus recientes cargos profesionales sobresalen estos: desde 2006, consejero asesor para Europa de Lehman Brothers y director de la filial de ese banco estadounidense en España y Portugal hasta su quiebra en 2008. Ese mismo año se incorporó a PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa multinacional especializada en auditoría y consultoría, como responsable de la división financiera. Profesor en la facultad de Económicas de la Universidad de Navarra del Opus Dei desde 2005. Destacado ideólogo en el ámbito económico de la Fundación derechista FAES, presidida por José María Aznar.

febrero 13, 2012

¿Cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra?

Yves Julien/Jérome Duval – 11/02/2012 – cadtm.org

La deuda del Estado español está en el punto de mira de toda Europa, ya que los mercados financieros (bancos de inversión, fondos buitres y aseguradoras) han estado y siguen especulando con ella, con un solo objetivo: llevarse jugosos beneficios. Y esto a costa del empobrecimiento de la población en su conjunto, porque toda esta especulación conlleva un aumento progresivo de los intereses a pagar, reduciendo, a su vez, otros gastos del Estado, como ahora: la educación, las prestaciones de jubilación, viudez y desempleo, justicia, sanidad o servicios sociales. Todas estas medidas de austeridad, equivalentes a los planes de ajuste estructural llevadas a cabo en el sur del planeta a partir de los años 80, no hacen más que aumentar las desigualdades sociales, a través del empobrecimiento cada vez mayor de las personas, especialmente de las más vulnerables (mujeres, minorías étnicas, jóvenes, inmigrantes, personas en paro y jubiladas).

No obstante, y en oposición con el discurso dominante, no son los gastos públicos los que han hecho que incrementara la deuda del Estado español. Al contrario, han sido medidas, cuyo beneficio para el conjunto de la población es más que dudoso, las que han provocado los déficits que han obligado un endeudamiento cada vez mayor. Por ejemplo, la baja de impuestos sobre sucesiones y donaciones, sobre el tramo superior del IRPF, y la supresión del impuesto sobre el patrimonio han beneficiado a los más ricos, cuyo patrimonio ha sido también protegido por el fraude fiscal, la bajada de impuestos sobre sociedades y las SICAV, como premio a su avidez y descontrol.

Por lo tanto, la lógica imperante es de hacer pagar al conjunto de la población las ventajas económicas conseguidas por un pequeño número de personas adineradas a través de la deuda. Pero no resulta fácil conocer la proporción exacta del presupuesto dedicado a pagar la deuda. Esto se debe a una voluntad política deliberada de esconder estas cuestiones a la población, facilitada por el carácter peculiar del endeudamiento de los estados, muy diferente al entendimiento general de los préstamos a particulares o empresas. Para estos préstamos, el dinero prestado (llamado capital), así como los intereses, se reembolsan conjuntamente a lo largo del tiempo acordado. En el caso de un estado, solo los intereses de los préstamos (llamados letras, bonos u obligaciones del Estado, según sean a corto, medio o largo plazo) se van reembolsando a lo largo de su duración, mientras que el capital se debe devolver de golpe cuando acaba (vence) el préstamo. Por esta razón, el funcionamiento habitual de los Estados es de endeudarse más para pagar los vencimientos de las antiguas deudas, permitiendo a los estados esconder estos gastos, ya que se equilibran a nivel presupuestario: los gastos por pago de vencimientos equivalen a los ingresos por emisión de deuda nueva. No obstante, aumentando la deuda por el déficit resultando de una mala gestión presupuestaria, se incrementa cada vez más el pago, que a su vez necesita cada vez más emisiones. Además, esta nueva deuda puede ser emitida en condiciones diferentes, por ejemplo con tasas de interés más altas (lo que ha estado ocurriendo últimamente), que desembocan en el clásico efecto bola de nieve (aumento de la deuda por el efecto combinado de altas tasas de interés y nuevos préstamos para pagar endeudamientos anteriores).

El estudio minucioso de los presupuestos generales del estado (accesibles a través de la página web del Ministerio de Economía y Hacienda) permite averiguar la cantidad de dinero gastada por el Estado español a título de reembolso de capital durante los últimos años (ver tabla). Por ejemplo, el reembolso de capital para el año 2010 es comparable al presupuesto total del Estado para ese año. Si sumamos intereses y capital reembolsados últimamente, vemos que entre 2000 y 2010, el Estado español ha reembolsado más de 3 veces lo que debía en 2000, y sigue debiendo casi el doble. Esta tabla también permite ver como los intereses y el capital reembolsados así como la deuda total no han parado de aumentar desde el año 2000, y con la actual especulación sobre la deuda del Estado español, esta tendencia no va a cambiar.

¿Cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra?

En conclusión, parece totalmente injusto ahorrar sobre los servicios públicos como educación y sanidad para reembolsar una deuda con el fin de aliviar un déficit que benefició a los más acomodados. Bajo presión popular, el Estado tiene que abrir todas las cuentas públicas de la deuda para que el pueblo, apoyado sobre el derecho nacional e internacional, pueda decidir si se debe reembolsar lo que ha sido pagado varias veces y que carece de legitimidad. Así, esta auditoría de la deuda pública española permitiría invertir la transferencia de riqueza operada por el servicio de la deuda en beneficio de los acaudalados tenedores de títulos de deuda hacia la población en su conjunto, para su bienestar.

febrero 13, 2012

La «obra social» de la banca usurera

Patxi Zamora – 2012/02/13 – Gara.net

Las grandes plusvalías del suelo han ido a parar a manos de unos pocos. Entre 2002 y 2005 el segmento del 10% más rico incrementó su patrimonio un 50% Un estado con millones de viviendas vacías y miles de personas desahuciadas mediante leyes tercermundistas es insostenible

Pareja con hijos y trabajo estable firma un crédito con entidad bancaria para, previa tasación, la compra de vivienda; para ello la hipoteca y la avala con la de otros familiares. Tras años pagando puntualmente, la pareja queda en el paro y no puede seguir abonando los recibos. Acude al banco y le plantea una moratoria o bien la entrega (dación en pago) de la vivienda. También le ofrece a la entidad la propiedad de la vivienda y que esta se la realquile a precio de mercado. La respuesta es negativa para cualquiera de las posibilidades y se le comunica que, en caso de impago, será desahuciada, sus familiares avalistas también y mantendrá la deuda de por vida. Por su parte, el banco subastará la vivienda (con la nueva modalidad exprés, a través de las notarías, podría autosubastársela por un precio ridículo y revenderla por lo que estime). Así habrá cobrado miles de euros de la hipoteca durante años, se lucrará en la venta tras el desahucio, se apropiará de la vivienda avaladora y mantendrá la deuda de sus clientes.

Las constructoras más importantes han conseguido no pocos contratos millonarios gracias a sobornos a los políticos. ¿Alguien ha visto a sus ejecutivos, que en definitiva fueron los que incitaron a delinquir y entregaron la mordida, acudir a los juzgados a declarar como imputados? Los banqueros Ibarra y Botín, reconociendo implícitamente su delito, descuido según ellos, han tenido que pagar millones de euros por impuestos de cantidades astronómicas evadidas al fisco. Habrá quien me acuse de demagogia, pero la realidad es mucho más cruda. La hipocresía del sistema y sus delincuentes de guante blanco pasean su impunidad ante las tragedias que se están viviendo. No hay estado de derecho cuando existe una justicia para los pobres (ahora les llaman «de escasos recursos») y otra para los próceres de la nación. Y como decía San Agustín, «un país que no tiene Justicia equivale a una banda de ladrones». Con la ley en la mano resulta evidente que la vivienda no es un derecho sino un producto especulativo. A las mismas entidades bancarias que reciben miles de millones de ayudas públicas y que financian generosamente la visita del Papa, ONGs o, como Banca Cívica («nuestra» ex CAN), recogen alimentos para necesitados, no les tiembla el pulso para dejar en la calle a familias sin ingresos por la pérdida de sus puestos de trabajo.

Desde el comienzo de la crisis en 2007, en Euskal Herria se han llevado a cabo unas 7.400 ejecuciones hipotecarias, 2.700 de ellas en Navarra, la mitad por la fuerza, dejando, en cada una de ellas, a una familia sin casa y otra casa deshabitada. En el Estado español 70 mil pierden su vivienda cada año. La causa no es otra que la deriva financiera del capitalismo que ya estudiara Carlos Marx, todavía tan vigente en sus análisis. Una economía de casino legalizada al servicio de gangsters que son adulados por reyes y gobernantes prestos a seguir sus directrices y su ejemplo.

Entre 1997 y 2007 el coste de la vivienda libre se triplicó artificialmente al tiempo que no existe en el mundo estado con tantas viviendas vacías (6 millones según el INE). Los años del «todo urbanizable» y los créditos fáciles para el negocio de la venta de hipotecas en la Bolsa (una locura tramposa, jugar con las hipotecas como si ya estuvieran cobradas) han derivado en la mayor crisis conocida, agudizada por los indecentes sueldos y dietas de ejecutivos y cargos públicos que, junto a los dividendos a los especuladores, se jalaron todos los beneficios del boom.

Las grandes plusvalías del suelo han ido a parar a manos de unos pocos. Entre 2002 y 2005 el segmento del 10% más rico incrementó su patrimonio un 50%, mientras la mayoría perdía poder adquisitivo real. Diversos expertos reclamaron al gobierno en 2007 que adquiriera parte de las viviendas y creara un parque público de alquiler. En otros países que sufrieron similares circunstancias, las entidades financieras pusieron en el mercado (venta y alquiler) ese stock de viviendas a unos precios moderados y les dieron salida. Asumieron unas pérdidas, pero les permitió volver a funcionar. En el reino borbónico pretenden subsanar las deudas provocadas por esos activos inmobiliarios «tóxicos» solo con las ayudas públicas a las entidades financieras, que continúan repartiendo dividendos.

Frente a estos abusos nacen las PAH (plataformas de afectados por las hipotecas), asambleas autónomas que pretenden aportarles defensa jurídica y apoyo, negociando con los bancos e intentando frenar los desahucios con plantes y reocupaciones. Además, las PAH impulsan una Iniciativa Legislativa Popular que recoja la dación en pago (liquidación de la deuda hipotecaria una vez entregadas las llaves) y una moratoria para los desahucios.

Está en manos de la presión social poner fin a este sinsentido que permite a los usureros acumular viviendas envenenando el problema de la burbuja inmobiliaria. La ley debe orientarse hacia el bienestar social, a luchar contra la especulación y a proteger el arrendamiento como fórmula de futuro. Porque las raíces del «propietarismo» y la alergia al alquiler hay que buscarlas en la ley del suelo de 1956 -el franquismo entendió que un país de propietarios era mucho menos susceptible de derrocar al régimen que un país de inquilinos- que hizo extraordinariamente rentable la venta de vivienda y muy poco atractivo el alquiler.

El poder del complejo inmobiliario financiero parece invencible. Pero la paciencia de la ciudadanía tiene un límite y experien- cias como las PAH han puesto en marcha una lucha justa, con propuestas llenas de sentido común que van a sumar cada día nuevas solidaridades. Un estado con millones de viviendas vacías y miles de personas desahuciadas, mediante leyes tercermundistas que favorecen a la delincuencia especulativa, es insostenible. La usura del siglo XXI merece que movimientos sociales, sindicales, políticos y la ciudadanía se impliquen para combatirla.

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