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junio 8, 2013

Pensiones, envejecimiento y distribución de la renta

Iturria: Albert Recio Andreu / mientrastanto.org – 2013/06/01

Era cosa cantada que el nuevo ajuste se iba a centrar en las pensiones públicas. Se trata de un tema, como el laboral, recurrente desde hace muchos años y que ya se ha tocado sucesivas veces. La última con Zapatero. Rajoy está condenado a repetir la misma política pero sin tantos remilgos, a pesar de haber nombrado un comité de expertos para dar un barniz tecnocrático a la reforma. Unos tecnócratas que año tras año repiten un mismo esquema simplista que en gran medida contiene las respuestas en el enunciado.

La justificación de las propuestas de recorte de las pensiones (otra cosa no es, aunque se vista de alargar la vida laboral, o de “aplicar un coeficiente corrector”) se fundamenta en un esquema simple: el alargamiento de la vida de la gente prolonga el periodo de jubilación, aumentando considerablemente el gasto en pensiones. Como además se ha reducido la fertilidad, el volumen de personas en edad de trabajar se reduce y no se reemplaza en volumen suficiente a las personas que abandonan el mercado laboral. De lo que se colige una desproporción de la ratio jubilados/activos. Ello abriría dos escenarios: o mantener las pensiones actuales, con la consiguiente sobrecarga para la población activa (que habría de aumentar considerablemente su contribución a la seguridad social), o reducir la pensión individual para reducir la carga a pagar. La prolongación de la vida laboral sería una modalidad intermedia entre las dos, pues por una parte si trabajamos más tiempo cobraremos menos años la pensión y por otra estaremos contribuyendo más a sufragarla. Con cuatro miradas a las pirámides de edad y unas pocas proyecciones económicas, el argumento parace convincente.

La defensa del actual sistema de pensiones se ha basado en cuestionar alguna de estas hipótesis: los mismos economistas que ahora defienden los recortes vieron desmentidas sus anteriores previsiones sobre proyecciones demográficas, en torno a las cuales argumentan sobre el problema del empleo. Por ejemplo, si ahora la Seguridad Social está en déficit no es debido a un problema demográfico, sino a otro de raíz económica: hay más de 6 millones de personas dispuestas a trabajar (y a aportar contribuciones) a las que hoy la lógica del sistema económico les niega esta posibilidad. Se trata de críticas ciertas: si fracasaron las viejas previsiones que aseguraban que el sistema de seguridad social ya tendría que haber colapsado es porque no se han cumplido sus hipótesis: en cuanto la actividad económica se disparó, no dejó de llegar gente al mercado laboral español, tanto del interior (aumento la participación laboral de las mujeres, especialmente) como del exterior. Si se trata de ir reemplazando la gente que sale del mercado laboral, bastaría una buena política inmigratoria para llenar los huecos de los que se van jubilando. El problema no es la demografía, sino el funcionamiento de la economía y las políticas migratorias. A ello añanden los heterodoxos que al pensar en las contribuciones necesarias para financiar las pensiones hay que tener en cuenta no solo el volumen de personas que trabajan sino también su productividad: si ésta crece, el mismo número de gente está en condiciones de financiar con su producción un volumen mayor de dinero. Por tanto, la defensa tradicional del sistema actual se basa en considerar que la viabilidad de las pensiones se puede sustentar promoviendo una política económica de pleno empleo, permitiendo un flujo migratorio adecuado y aumentando la productividad.

Comparto bastantes de estos argumentos. Pero me temo que no abordan el meollo de la cuestión y que van a ser desoídos con relativa facilidad. No estoy seguro de cuál va a ser el comportamiento de la productividad en una economía que ha esquilmado reservas naturales como la de petróleo. Ni tengo mucha confianza en que sin cambios radicales podamos esperar que en el corto o medio plazo podamos pensar en el relanzamiento de políticas económicas de pleno empleo. Y por esto me parece necesario que, sin despreciar los contraargumentos posibilistas, desarrollemos un debate más general en el que repensar la cuestión de las pensiones en particular y del envejecimiento en general.

La cuestión fundamental es que una sociedad debe mantener al conjunto de su población en un grado aceptable de bienestar. Y debe ser capaz de conseguir tanto los recursos adecuados para garantizarlo como un sistema distributivo que permita a todo el mundo acceder a él. Qué constituye un nivel de bienestar aceptable es sin duda una cuestión discutible, que sin embargo exige una acción social permanente. Una parte de la victoria del neoliberalismo se ha basado en la capacidad del capital de modelar el concepto de bienestar, confundiendo necesidades básicas, caprichos y males sociales en un mismo paquete (y a la vez metiendo en la categoría de “trabajo” actividades que aportan bienestar social, otras que son simple reflejo de un modelo de dominación e incluso algunas que deberían entrar en la categoría de ocio). Hay que plantear el debate de las pensiones dentro de otro más general sobre la distribución de la renta. Si la sociedad va a ser más rica en el futuro, como prometen los economistas ortodoxos, no tiene sentido que sea una parte de la población, la de edad más avanzada, la que tenga que empobrecerse de forma absoluta o relativa. Si la sociedad va a ser más pobre, como sospechan sobre todo los economistas ecológicos, tampoco tiene sentido que sea la gente mayor la que deba pagar el pato. En este caso habría que plantear un modelo distributivo y de organización social viable para todo el mundo.

Hay otra cuestión asociada tan vital como la del reparto. La del trabajo. En el debate del envejecimiento tiene dos dimensiones. En primer lugar está el hecho que en un mundo con empleos diferentes el impacto laboral sobre la vitalidad, la salud y la posibilidad de trabajar es muy desigual. No todo el mundo llega en iguales condiciones a la misma edad y por tanto no todos tienen las mismas posibilidades de desarrollar, con los parámetros actuales, una actividad laboral “normal” a la misma edad. Alargar la edad de jubilación castiga especialmente a las personas con empleos “manuales” (aunque casi todos lo sean, no son reconocidos homólogamente). Lo de trabajar hasta los setenta años lo puede sustentar un profesor universitario o un directivo, pero no un trabajador de la construcción o una enfermera. La propia continuidad de la vida laboral está sujeta al espacio laboral de cada cual. El sistema castiga duramente a las personas con trayectorias laborales intermintentes, a los empleos más precarios, a los que suelen ser pobres toda su vida laboral. Y, por otra parte, el envejecimiento obliga a plantear otra cuestión fundamental, al exigir una mayor carga laboral de cuidados. La forma como se resuelva esto — con trabajo familiar, con servicios públicos, con trabajo informal…— afectará directamente a las desigualdes sociales —de renta y de trabajo— y de nuevo a la cuestión de la distribuciónde la renta.

Romper la presión sobre las pensiones públicas exige, a mi entender, abrir el espacio de debate más allá del que nos proponen. Obliga a plantear socialmente la cuestión de qué es una distribución social justa, cómo hay que contribuir a la misma, qué carga laboral debemos soportar. El neoliberalismo —y los grupos de capital que representa— ha tenido éxito porque ha sabido acotar los marcos de debate que le son favorables. Sólo cambiando de marco referencial forzaremos una perspectiva diferente.

La defensa de la negociación colectiva

La última reforma laboral contenía importantes bombas de relojería de efectos retardados. La más importante afectaba a la negociación colectiva. El objetivo explícito de la reforma era limitar la negociación colectiva al marco de la empresa. Y para ello introducía mecanismos, como la limitación de la ultractividad a un año, que iban a facilitar la transición. Al concluir el término de vigencia de los convenios colectivos, los empresarios que quisieran podían dejar pasar un año para que dejar que se extinguiera completamente y, una vez eliminada toda protección del viejo convenio, imponer una negociación a la medida. En algunos casos, simplemente para imponer clausulas más favorables que las del anterior convenio, sobre la base del chantaje de que o firmas esto o no hay acuerdo. En otros, dinamitando los convenios sectoriales simplemente forzando a negociar nuevos convenios de planta o de empresa.

Los principales estudios internacionales sobre los espacios de la negociación colectiva son concluyentes. Allí donde predominan los convenios de empresa —especialmente en el mundo anglosajón— las desigualdades laborales de todo tipo, especialmente las salariales, son mucho mayores y afectan incluso a personas de una misma profesión. Allí donde la norma es negociar a nivel de empresa hay enormes sectores de asalariados a los que no llega la negociación colectiva. Sus condiciones laborales vienen marcadas por las normas legales —salario mínimo, jornada legal de trabajo— y lo que individualmente quiera dar el empresario. Es un modelo favorable al empleo para pobres, al autoritarismo y al paternalismo empresarial (la cara amable del otro paternalismo). La fragmentación de la negociación colectiva abre además las puertas a una competencia empresarial basada en lo peor —el que paga menos y explota más tiene la esperanza de desbancar a sus rivales—. En lugar de promover la eficiencia se consigue rentabilidad a base de elevados costes sociales. La negociación colectiva a nivel de empresa promueve la injusticia social y la ineficiencia productiva.

El modelo de negociación colectiva español es al respecto bastante confuso. Combina negociación de empresa y convenios sectoriales. Un modelo complejo del que muchas empresas han sabido sacar tajada recurriendo a la subcontratación —que les permite utilizar de forma indirecta mano de obra en diferentes condiciones laborales según el convenio que se le aplica— o incluso diferenciando las condiciones de su propia empresa (en el curso de una investigación sobre el sector de componentes de coche, encontramos por ejemplo una misma empresa que en la provincia de Barcelona aplicaba cuatro convenios colectivos, uno distinto en cada planta). El sindicalismo español no ha sido capaz de generar un marco general en la negociación colectiva que, por ejemplo, limitara por arriba y por abajo las diferencias salariales. Y ello explica el elevado grado de desigualdad salarial de nuestro país. Aunque hay que reconocer que al menos los convenios de sector han conseguido generar un suelo de condiciones laborales en los sectores que ocupan la base de la pirámide ocupacional. Esta falta de perspectiva igualitaria ha afectado tanto a las corrientes más acomodaticias de nuestro sindicalismo —que han tendido a negociar sin cuestionar los marcos— como a los sectores radicales más propensos a primar las luchas en las grandes empresas que a promover un marco de negociación más integral. Al fin y al cabo, todo el mundo hace lo que puede.

Ahora la cosa es mucho peor. Pues de lo que se trata es no sólo de rebajar derechos sino de romper los suelos de negociación. La demanda de movilización sindical es totalmente justa, aunque quizás llega tarde y habría exigido una amplia campaña de información pública de lo que representa el cambio de modelo. De momento han conseguido un acuerdo con la patronal que da un margen de tiempo para seguir negociando. Es posible que incluso para una parte de empresarios la desregulación de condiciones de trabajo a que puede llevar la quiebra del sistema actual les puede parecer una aventura peligrosa. Pero el peligro sigue ahí y conjurarlo solo se puede conseguir si se consigue que una enorme masa social entienda y luche por imponer un marco de negociación que garantice condiciones laborales dignas para todo el mundo.

Jóvenes: la nueva moda en política de empleo

Que la situación de los jóvenes es crítica está fuera de duda. Hace dos meses ya me referí a ello en este mismo cuaderno y las cosas siguen igual. Lo discutible es focalizar el tema como lo han hecho las autoridades europeas, con una maniobra que en parte trata de dar respuesta a una situación insostenible, pero que puede resultar una mera estrtaegia de distracción.

En primer lugar, porque el paro masivo de los jóvenes es un reflejo extremo del problema más general de empleo que atenaza a las sociedades europeas. Un problema que solo tiene salida en el marco de una política general de pleno empleo. Cuando las politicas de empleo son generales tiene sentido organizar políticas adaptadas a colectivos con características especiales. Es lo que ya sabían los redactores del Informe Beveridge en 1943. Pero cuando se carece de una política general, focalizar el tema en un solo sector no resuelve el problema y se convierte en una vía que puedeenfrentar a sectores de parados entre sí. La aplicación de medidas específicas en este contexto tienden a incluir otros componentes negativos: generar empleos en condiciones degradadas para el colectivo en cuestión (como ocurre con el nuevo marco contractual que condena a los jóvenes españoles a la precariedad laboral asegurada hasta los treinta años), o justificar la transferencia de costosas subvenciones a los presuntos creadores de empleo.

Todo ello está presente en la pomposa política de empleo juvenil que anuncia la Unión Europea. Los jóvenes dan miedo y hay que entretenerlos con algo. Pero para que den miedo de verdad y obliguen a cambios sustanciales en la lógica de las políticas es necesario que entiendan que en su situación tienen escasas posibilidades de mejorar si no se desarrolla una verdadera política de empleo y bienestar, un cambio institucional orientado a garantizar a todo el mundo —jóvenes, mujeres, personas mayores,…— una vida laboral y personal digna. De ahí que uno, que es malpensado, sospecha que lo que ahora se nos trata de vender es una nueva maniobra de diversión y división para mantener el statu quo.

Tejidos ensangrentados: el coste de la globalización

La muerte de más de un millar de personas al hundirse una fábrica-taller en Bangladesh ha hecho evidente lo que muchas personas ignoran. El bajo coste de los textiles asiáticos (y de otros países pobres) tiene un coste social no contabilizado: el de “la sangre, sudor y lágrimas” de cientos de miles de personas condenados a largas, duras y costosas jornadas laborales para producir unas prendas que nunca podrán vestir. El discurso liberal dice que gracias a estas actividades está aflorando una nueva clase media bienestante en esos países, aunque más bien parece que lo que se está desarrollando son unas capas parasitarias que cooperan con las multinacionales en la explotación de sus propios compatriotas. El discurso liberal también dice que lo que tenemos es una competencia entre la producción más cara de los países ricos y la más barata de los pobres (y por ello si queremos mantener el empleo no tenemos otra posibilidad que renunciar a derechos sociales). Pero lo que también ha puesto en evidencia este nuevo desastre social es que aquí, de competencia poca. Que se trata de un sistema de organización piramidal en la que la cúpula está ocupada por las grandes marcas internacionales que tienen una limitada competencia en sus mercados. La historia se repite, hace poco tiempo supimos de la explotación en las fábricas chinas de los subcontratistas a cuenta de Apple. Hoy son las glamourosas marcas textiles, las Zara, Corte Inglés, Mango, Tchibo, H&M, C&A, Tommy Hilfinger…. las que aparecen relacionadas con el desastre. Unas empresas reluctantes a negociar con los sindicatos y pagar pequeñas mejoras salariales.

No hay que ser muy experto para entender la situación. Al menos en España donde la familia Ortega, propietaria de Inditex, y la familia Andic, propietaria de Mango, se han situado entre las personas más ricas de España y del planeta en pocos años. Su historia es la del éxito de sus marcas. Pero la acumulación de un excedente tan rápido está sin duda deteminada por su capacidad de obtener un elevado margen gracias al ahorro de coste en la producción internacional. Aunque tampoco podemos perder de vista que sus condiciones laborales en la cadena de distribución dejan mucho que desear: forma parte del segmento de empleo juvenil, mayoritariamente femenino, donde predominan los bajos salarios y el empleo a tiempo parcial agravado por la continua variabilidad de horarios a que están sometidos los empleados. Por cierto, dentro de esta cadena de desastres siempre hay unos peores que otros: mientras que Inditex ha aceptado entrar en algún tipo de negociación, por el momento e Corte Inglés figura entre las empresas reluctantes a cualquier pacto, algo que no parece extraño conociendo la política antisindical que la empresa desarrolla en España.

¿Podemos hacer algo ante todo esto? Lo más simple es dejarles de comprar. Aunque el problema con el poder de los consumidores es que casi nunca tenemos suficiente información para saber quién actua de forma distinta. Por ello es bueno combinar acción colectiva e individual. Y parece claro que la primera debe ir orientada en una triple dirección: imponer cambios en las políticas comerciales mundiales —permitiendo un cierto grado de proteccionismo a los países en desarrollo para que su industria no dependa exclusivamente de las exportaciones—; apoyar los avances democráticos y de los movimientos sociales en estos países —hay que acorralar a los gobernantes que dan cuerda a los represores locales—; y exigir algún tipo de carga a las empresas locales que importan en condiciones infames.

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abril 6, 2013

“Dicen que las pensiones son un problema sólo para generar un nuevo negocio para el sector financiero”

Iturria: Marcos Pérez Pena / eldiario.es – 2013/04/03

La economista Miren Etxezarreta, catedrática de la UAB, ofreció una conferencia este martes en la Semana Galega de Filosofía sobre la “estrategia del olvido en el capitalismo”.

La economista Miren Etxezarreta, catedrática de la UAB, ofreció una conferencia este martes en la Semana Galega de Filosofía sobre la “estrategia del olvido en el capitalismo”. Experta en Economía Agraria y en el sistema público de pensiones, actualmente participa activamente en diversos movimientos sociales, y en particular en el Seminario de Economía Crítica TAIFA dedicado a promover la crítica de la Economía convencional, la formación de economistas jóvenes y la divulgación crítica de temas económicos de actualidad a través de la publicación de Informes de Economía Crítica. Es también habitual leer sus artículos en Rebelión, Le Monde Diplomatique o en Público y fue muy comentada su intervención ante el Parlament de Catalunya en 2011 en el marco de las protestas del 15M. En el contexto de unas jornadas que giran alrededor de la memoria, afirmó que para el capitalismo “la memoria constituye poco más que una rémora que puede motivar unos gastos y actitudes no generadores de beneficios, y cuya incidencia debe reducirse a la menor expresión”.

En su conferencia defendió que “la memoria en el capitalismo o se ignora, o resulta orientada a cooperar al logro de los objetivos del sistema económico existente”. ¿El capitalismo emplea la desmemoria como instrumento?

Afecta sobre todo a la inmediatez de los resultados. Frente a la memoria, en el capitalismo importa el presente inmediato, el capitalismo obliga al consumo permanente y continuo. En contraposición, van apareciendo grupos de gente que apuestan por prácticas de producción y consumo alternativas. Supone una forma de oposición al capitalismo a través de la generación de ámbitos de autonomía y de formas de hacer diferentes.

Usted es experta en el sistema de pensiones. ¿Su crisis es tan grave como nos dicen desde el Gobierno?

El sistema de pensiones público depende mucho del mercado de trabajo porque en el contexto español son las cotizaciones de los trabajadores en activo las que pagan las pensiones de los jubilados. Si se deteriora el mercado de trabajo -tenemos seis millones de parados y seguramente aumentarán-, eso es un peligro para el sistema de pensiones, si se mantiene el mismo sistema tal y como está. Desde el Gobierno lo que están haciendo es replantear el sistema sobre la base de reducir el gasto. Todas las medidas se dirigen a ese objetivo: reducir las pensiones del futuro. Esto será así si realmente se quiere que sea así, pero no hay ninguna razón por la que las pensiones se tengan que pagar sólo con las cotizaciones de los trabajadores, en muchos países se pagan las pensiones con impuestos generales. El tema de las pensiones es básicamente una cuestión de distribución de las rentas y de la riqueza del país. Es un tema político, no de inviabilidad. Porque yo podría decir “más inviable es el ejército”, pero el ejército se paga con impuestos. El día que el ejército lo paguen los soldados o los generales podremos comenzar a hablar de inviabilidad. Si se quiere que las pensiones las paguen sólo unos trabajadores que cada día son menos puede haber problemas, pero tampoco tan graves como nos quieren hacer creer.

¿Se intenta beneficiar a los planes privados de pensiones?

La razón de esos discursos y de las propuestas de revisión del sistema de pensiones es un intento a nivel mundial de potenciar las pensiones privadas. Las pensiones privadas son un ámbito enormemente goloso para los mercados financieros, son unas bolsas de capital que las entidades financieras quieren manejar. Se lleva hablando de las pensiones privadas desde mucho antes de esta crisis. En 1994 el Banco Mundial ya elaboró un informe que afirmaba que las pensiones públicas eran inviables. Y siguen diciendo lo mismo, porque es un discurso falaz, hecho de medias verdades. Es cierto que si cada día hay menos trabajadores habrá más problemas para financiar las pensiones, pero también es verdad que se podrían financiar a través de los impuestos si hubiera un sistema de impuestos decente.

Las pensiones privadas necesitan más capital que las pensiones públicas porque hay que reunir más de 250 mil euros de cotizaciones para poder tener derecho a la pensión mínima cuando tengas 65 años. A ver qué trabajador puede ahorrar esa cantidad para una pensión privada. Y para tener una pensión media de 850 euros, que es la media de la pública, habría que tener 750 mil euros. Además, esos fondos privados están invertidos en bolsa y ya vemos lo que está pasando con la bolsa. Lo que pasó aquí con las preferentes puede pasar con el dinero que está invertido en acciones. Decir que las pensiones privadas son la solución para lo que está pasando con las pensiones públicas es una mentira. Se dice que las pensiones son un problema porque se quiere generar un nuevo tipo de negocio para el sector financiero. Pero las pensiones privadas corren tanto o más peligro que las públicas.

¿El discurso es parecido a la defensa que se hace de la austeridad como única solución, en vez de apostar por fórmulas para obtener más recursos?

Incluso el discurso oficial está cambiando. Por ejemplo, la señora Lagarde ya dijo que los programas de ajuste no son suficientes para resolver el problema. Y la mayor parte de los analistas coinciden en que estas políticas están empeorando la situación de los países en crisis. En el caso del Estado español, tenemos una economía absolutamente colapsada. Es evidente que esa no es la solución.

¿Tienen base real los optimistas discursos que hablan del alejamiento de la posibilidad de un rescate y del inicio de la recuperación?

Tenemos una economía que no tiene capacidad productiva, que tiene una altisima deuda, y además los programas de ajuste no hacen más que asfixiar la poca capacidad que se podía tener de gestionar la deuda -no de pagarla, porque la deuda es impagable-. La economía española estáin articulo mortis. ¿Es cierto que de momento se está pudiendo eludir el peligro del rescate? Bien, de momento sí. Pero ya veremos qué pasa, porque somos tributarios de lo que pase en otros países. Si pasa algo en Chipre, nos afecta, se pasa algo en Alemania, nos afecta. Vivimos en la economía global y a los débiles a economía global nos afecta más.

Yo no creo mucho en eso de que “ya pasó lo peor”, porque no sé donde se van a integrar seis millones de parados. Puede que se comience a producir un poco más, pero eso no resuelve el problema del paro. Llevamos mucho tiempo diciendo que el año que viene llegará la recuperación yel año que viene no llega nunca. Y creo que el 2014 tampoco va a ser de recuperación. Y además hay que pensar “recuperarse de donde?”. Estamos muy abajo. Caimos mucho ya, por ejemplo en salario o en bienestar. Si recuperarse es comenzar a funcionar un poco, aun nos faltaría subir otra vez toda esa cuesta para volver al lugar en el que estábamos, si alguna vez llegamos allí.

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febrero 17, 2013

Ahora sí que el sistema de pensiones es una estafa piramidal

Iturria: Diego Morales / diegomorales.net – 2013/02/09

Si hubiera titulado el artículo “el sistema de pensiones es una estafa piramidal” más de uno habría pensando que eso ya lo venían diciendo los que defienden los planes de pensiones privados. Basta realizar la búsqueda en internet “el sistema de pensiones es una estafa piramidal” para encontrarse más de 23.000 referencias. No es casualidad. El negocio de los planes de pensiones privados es un caramelo para las entidades bancarias, un mercado que en España no termina de despegar: sólo el 8% de los ciudadanos españoles tienen contratado un seguro de pensiones privado. Entonces, ¿a qué viene este título? La clave está en el “ahora sí”.

El Gobierno está usando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para comprar bonos del estado  en un momento en el que casi nadie está interesado en comprar deuda española. ¿Cuánto? Al menos el 90%, alrededor de 60.000 millones de euros. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social surgió en los años de “bonanza económica” para crear fondos de estabilización con el fin de asegurar las pensiones contributivas en caso de recesión en el futuro. Repito, para asegurar el pago de las pensiones. Lo que está haciendo el Gobierno es todo lo contrario: utilizar ese fondo de previsión para comprar bonos del tesoro. ¿Consecuencias? Por un lado apenas quedan fondos para asegurar las pensiones y por el otro el gobierno está invirtiendo en deuda soberana en un momento en el que “los mercados” no están interesados en comprarla. Catástrofe asegurada.
 
Más datos. En septiembre del año pasado el Gobierno retiró 3.000 millones de euros del Fondo para cubrir deuda. En noviembre tuvo que retirar 4.000 millones de euros más para pagar pensiones porque, como se puede ver, la “recesión del futuro” para la que se creó el Fondo de Reserva ya estaba aquí. Con estas dos retiradas el Gobierno rebaso el límite anual (3%) y se vio “obligado” a modificar la Ley Reguladora del Fondo de Reserva para los ejercicios 2012, 2013 y 2014, fijando el nuevo límite de disposición en base al “equivalente al importe del déficit que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social que, al efecto, elabore la Intervención General de la Seguridad Social” (Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad Social – Consejo de Ministros 30/11/2012).
 
Ahora sí que el sistema de pensiones es una estafa piramidal, no antes. Los defensores de los planes de pensiones privados llevan años diciendo que siempre lo ha sido. Mentían. Una estafa piramidal era Madoff o el Forum Filatélico, donde no existía ningún fondo de reserva sino que todo el dinero de los nuevos entrantes se utilizaba para pagar a los salientes. La existencia del Fondo de Reserva de la Seguridad Social echa por tierra esa tesis. El problema es que ahora, ahora sí, no existe tal fondo porque, como he comentado, lo han vaciado. El problema no es la naturaleza de las pensiones públicas sino las circunstancias políticas -y no económicas- que lo han convertido en lo que tenemos ahora: una estafa. Si los distintos Gobiernos hubiesen actuado correctamente -lo cual está visto que es imposible- no tendríamos este problema.
 
Las pensiones, en un marco político sin chorizos (como bien los describen en The Economist), no estarían en peligro. Los detractores de las pensiones públicas defienden, además, que el modelo público de la seguridad social es inviable por el envejecimiento demográfico en España. Sin embargo, como bien ha explicado Vincenç Navarro en el diario El País, las pensiones no podrían estar en peligro por esa causa ya que el incremento productivo por cada trabajador aumenta cada año, supliendo ese problema con creces.
febrero 5, 2013

Pensiones y deuda pública

Iturria: Vicenç Navarro / ATTAC – 2013/02/04

Uno de los objetivos más importantes del capital financiero (es decir, de la banca, de los fondos de alto riesgo y de las compañías de seguros, entre otras instituciones) es privatizar la Seguridad Social y, muy en particular, las pensiones públicas. Éstas representan los fondos más importantes en cualquier país, incluyendo en España. Los trabajadores y empresarios cotizantes pagan sus cuotas a la Seguridad Social para financiar, entre otros beneficios, las pensiones. Y, como hay más ingresos al fondo de pensiones que beneficios, se ha ido acumulando un fondo de reserva considerable (alrededor de 65.000 millones de euros). Es mucho dinero y el capital financiero quiere meterle mano. Representa una gran golosina. En contra de lo que se informa a la población en los medios influenciados por el capital financiero (que son la mayoría), hoy el capital financiero tiene mucho dinero y va en busca de más. Éste es su próximo gran proyecto: que esta reserva pase a manos de las instituciones financieras privadas en lugar de las públicas (esto también ocurre, por cierto, con la sanidad pública, de la que hoy tal capital financiero desea la privatización para poder también meterle mano, beneficiándose de ello. La evidencia de que esto es así es abrumadora).

Uno de los argumentos que utiliza el capital financiero a través de sus portavoces o grupos de investigación afines, como FEDEA, es que el crecimiento de las pensiones públicas es una de las mayores causas del crecimiento del déficit y de la deuda pública. Y de ahí la necesidad de que se reduzcan tales pensiones públicas. Este argumento se ha repetido miles de veces en los mayores medios donde la sabiduría convencional se produce y reproduce. Y de tanto repetirse, la gente normal y corriente, que adquiere su información a través de tales medios, acaba creyéndoselo.

Pues bien, tal argumento es una mentira enorme. Y utilizo el término mentira deliberadamente. Mis lectores saben que no me gusta utilizar expresiones en mis escritos que puedan interpretarse por mis adversarios, que son muchos, como insultos. Pero es imposible que los portavoces del capital financiero no sepan que la Seguridad Social es una institución autónoma que no se contabiliza en el presupuesto del Estado. No puede, por lo tanto, contribuir al déficit del Estado. Es más, donde sí están entrelazadas ambas instituciones es en la compra de la deuda pública por parte de la Seguridad Social. Los fondos de reserva de las pensiones públicas son uno de los mayores compradores de deuda pública del Estado español, tal como ha indicado The Wall Street Journal en sus series sobre la deuda pública en España. Y lo que es más preocupante es que el 90% de los fondos de reserva de la Seguridad Social están invertidos en bonos públicos del Estado.

La Seguridad Social está, pues, resolviendo, en lugar de dificultando, el llamado problema de la deuda pública española, deuda pública que, por cierto, ha sido creada artificialmente debido al enorme poder del mismo capital financiero. Si el Banco Central Europeo (BCE) (que no es un Banco Central sino un lobby de la banca) hubiera prestado dinero al Estado español a los mismos intereses que ha prestado a la banca, hoy España no tendría ningún problema de deuda pública. Ha sido el capital financiero el que ha creado el problema de la deuda pública a través de su dominio de las instituciones que gobiernan el euro y muy en particular el BCE. Y ahora que la deuda pública está en peligro, son, de nuevo, los fondos públicos de la Seguridad Social los que la salvan. Esto, que está ocurriendo sin que apenas se conozca, se está haciendo a un elevadísimo coste: el de que no puedan pagarse las pensiones del futuro, lo cual no tendrá nada que ver (repito nada que ver) con la famosa transición demográfica y la supuesta inviabilidad de las pensiones (debido a que no habrá suficientes jóvenes para pagar las pensiones de los ancianos), sino con el elevadísimo riesgo de haber invertido la gran mayoría de los fondos de reserva en la deuda pública que probablemente el Estado no podrá pagar. En realidad, los responsables de los fondos de reserva han actuado bajo presiones del Estado, comprando y comprando deuda pública en dimensiones claramente excesivas, poniendo al propio sistema de pensiones en peligro.

A aquellos que continúan alarmando a la ciudadanía indicando que las pensiones no son viables o que la deuda pública está causada por las pensiones, hay que señalarles que la evidencia científica no apoya ni lo uno ni lo otro. Es más, la deuda pública podría resolverse fácilmente, bien imprimiendo euros por el Banco de España y con ello comprar deuda pública (lo cual es permitido en la normativa del Sistema Europeo de Bancos Centrales) o estableciendo agencias públicas de crédito que pudieran pedir prestado dinero al Banco Central Europeo a los mismos intereses que la banca privada (lo cual es permitido por el artículo 123.1 del Tratado de Lisboa) como bien documenta Juan Torres en su artículo “Hay alternativas, incluso dentro del euro” en la revista Alternativas Económicas. Que no se consideren estas alternativas, se debe al enorme poder del capital financiero. Así de claro.

 Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

enero 17, 2013

Europa y la OCDE aprietan al Gobierno con las pensiones

Iturria: diagonalperiodico.net – 2013/01/08

Arrancan en el Parlamento los debates para endurecer el acceso a las pensiones, tal y como anunció el Gobierno en diciembre ante las presiones de la Unión Europea.

El año 2013 comienza marcado por una nueva embestida del Ejecutivo al sistema público de pensiones. El Consejo de Ministros del 28 de diciembre se cerraba con la postergación durante tres meses de la regulación de la jubilación anticipada y parcial y, en rueda de prensa, Rajoy hablaba de la “necesidad” de que nadie se jubile a los 58 años. El presidente anunció la apertura de un debate en el marco del Pacto de Toledo en el que se abordará, además de las jubilaciones anticipadas, el llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo de ajuste relacionado con el aumento de la esperanza de la vida. Dicho debate comenzaba hoy miércoles en comisión parlamentaria.

Diferentes presiones han vuelto a aparecer en el escenario económico actual, en esta ocasión representadas por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde Bruselas se alude al informe Sostenibilidad Fiscal 2012, en el que se dice que el gasto esperado en el sistema de pensiones del Estado español estará por encima de la media de la UE y que dicho sistema sólo será sostenible si se retrasa la edad de jubilación. Por su parte, la OCDE pide la privatización de las pensiones, ya que prevé que éstas supondrán un 15% del PIB en el año 2050,situación que considera insostenible. Como respuesta a esta presión, el Gobierno español ya ha comenzado a plantearse una nueva reforma del sistema público de pensiones para 2013 que contemple la aceleración de un proceso que desem­boque en la jubilación generalizada a los 67 años o incluso en un nuevo aumento de la edad de jubilación.

La Reforma de 2011

En la situación actual, y con la reforma de las pensiones de abril de 2011 ratificada hace unos días mediante un decreto del Gobierno para su entrada en vigor el 1 de enero de 2013, se establece un incremento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Además, entra en vigor un incremento progresivo desde los 15 a los 25 años del período de cómputo para el cálculo de la pensión, con el objetivo de completar dicho proceso en 2021. Según el Gobierno, esta reforma ha tenido un “impacto positivo visible en el gasto en pensiones”, pero todavía lo considera insuficiente. Dicha reforma se estableció en su día como respuesta a las presiones del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, representantes de los intereses del capital financiero encabezado por la banca y las compañías de seguros.Dichas presiones han calado en todos los países de la Unión Europea, que ya han comenzado a reformar sus sistemas de pensiones en cuanto a la edad mínima de jubilación. Tras las reformas, España se situará en uno de los niveles de edad más altos, superada únicamente por Irlanda y Reino Unido, que atrasarán la edad mínima de jubilación a los 68 años. Estos sistemas contrastan enormemente con la edad mínima de jubilación en América Latina, situada en 60 años en países como Uruguay y Venezuela, o 58 años en el caso de Bolivia.

Beneficios privados

Estas sucesivas reformas del sistema público están beneficiando enormemente a las entidades que gestionan los sistemas privados de pensiones, que han aumentado su capital en este tipo de activos financieros. Según un informe del año 2012 del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá sobre la reforma de las pensiones en España, los partícipes en planes de pensiones privados entre 1991 y 2011 han pasado de 710.000 a 8,7 millones, y en ese período el patrimonio depositado en dichos planes se ha multiplicado por 31 hasta sumar un total de 53.000 millones.

A este auge del sistema privado han contribuido también las políticas fiscales desarrolladas en el Estado español en los últimos 20 años, que han favorecido la disminución de fondos de pensiones públicos, la disminución de sus cuantías y una tributación más favorable para el ahorro privado –se calcula que cada año el Estado deja de ingresar 2.000 millones a causa de las desgravaciones por las aportaciones a fondos de pensiones privados. Esto ha tenido como consecuencia que se haya trasladado a la ciudadanía que existe una crisis de las pensiones públicas y hayan tratado de destinar parte de sus ahorros a fondos privados.

La cara oculta de estos fondos privados es que en realidad no son pensiones, y no pueden sustituir a un sistema público de pensiones, ya que se trata de fondos privados constituidos por los ahorros que cada persona deposita de forma voluntaria en la entidad gestora de dicho fondo (por lo general, un banco) hasta el momento de su jubilación. Dicho fondo lo invierte el banco en el mercado financiero y, cuando el titular del fondo se jubila, retira el capital generado. Este capital puede ser una cantidad menor al dinero que había ahorrado, hecho que se da cuando la rentabilidad de las inversiones es negativa, algo propio de las recesiones.

Según un estudio de 2009 de Pablo Fernández y Javier del Campo sobre la rentabilidad de los fondos privados de pensiones, Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 1994-2009, en el periodo 1999-2009, el 93% de los fondos del sistema individual obtuvo una rentabilidad inferior a la inflación y el 99,3% obtuvo una rentabilidad inferior a la de los bonos del Estado a diez años. Por su parte, el informe subraya que un sistema público de pensiones, además de sostenible y justo, es un mecanismo de redistribución de rentas desde los períodos de actividad a los de no-actividady de renta productiva entre las generaciones que trabajan y las que reciben la pensión.

Además, son muchos los economistas, como el Nobel de economía Joseph Stiglitz, u otros expertos como Adolfo Jiménez, Camila Arza, o Vicenç Navarro, los que han demostrado la falta de rigor científico y de fundamento de las teorías neoliberales de privatización. Entre sus argumentos, figura el hecho de que un aumento del porcentaje que representan las pensiones sobre el PIB no implica necesariamente una situación insostenible, ya que normalmente se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB en el futuro, lo que permite disponer de una cantidad de recursos mucho mayor para los no pensionistas, argumento reforzado por el hecho de que hace 50 años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB, y hoy emplea un 8%. La sociedad, en cambio, tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces. Ya hace 50 años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, algunas voces liberales decían que en 50 años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país, cosa que no ha sucedido.

Frente al error de que el aumento en la esperanza de vida obliga a retrasar la edad de jubilación para poder mantener los ingresos del sistema, estos economistas señalan que en España (y en Europa) la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de forma muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 a 80 años. Según el catedrático Vicenç Navarro, “la mortalidad por cada grupo de edad ha ido descendiendo (también entre los ancianos), pero los años de vida que el anciano vive ahora no son cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones tomando como base esta lectura errónea de los datos penaliza a la población, pues asume que los ancianos viven más años de los que en realidad viven”.

Claves de la reforma

Aumento cada año de la edad y del mínimo de años cotizados
El Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones del 4 de febrero de 2011 entre los sindicatos UGT y CCOO, las organizaciones patronales CEOE y CEPYME, y el Gobierno estableció el aumento a 67 años de la edad de jubilación. En 2027 se habrá completado esta medida y sólo se podrán jubilar a los 65 quienes hayan cotizado más de 38 años y seis meses. Hoy se pueden jubilar a los 65 quienes hayan cotizado 35 años y tres meses.

La pérdida de poder adquisitivo implícita en los recortes del gobierno
La decisión del Gobierno de no cubrir la desviación respecto a la inflación de las pensiones ha hecho retroceder un 2% la cuantía de estas rentas, a lo que se une la no actualización a la base de cálculo de las mismas. La entrada en vigor del pacto de las pensiones cambiará el cálculo de la base reguladora de la pensión –que tenía en cuenta las cotizaciones de los últimos 180 meses–: añadirá un año más hasta 2022, y para la base de cotización se tendrán en cuenta los últimos 25 años.

La hucha de las pensiones y la deuda
Un 90% del fondo de reserva de la Seguridad Social, la cuenta para resolver posibles problemas de tesorería en pagos de prestaciones contributivas como las pensiones, fue invertido por el Gobierno a lo largo de 2011 para la compra de bonos de deuda española, considerados una inversión de riesgo por parte de las agencias de calificación. El porcentaje de estas inversiones ha subido desde que en 2005 el Ejecutivo aprobara este tipo de operaciones. En 2007 ya representaba el 51,3% del total del fondo. Entre septiembre y octubre de 2012, el Gobierno ha tenido que adelantar 7.000 millones de euros del fondo de reserva para el pago de las pensiones.

diciembre 13, 2012

El ‘hachazo’ a las pensiones: una decisión injusta, torpe y falaz

Iturria: Borja Suárez Corujo / diario.es – 2012/12/13

  • Se trata de una decisión injusta: el pensionista medio (833 euros mensuales) habrá perdido sólo este año 222 euros
  • También es torpe, en la medida en que puede haber vulnerado la Constitución
  • Y es falaz por el incumplimiento del programa electoral y por la deliberada confusión con la que se aplica la medida

El fracaso de la aplicación de una política de austeridad a ultranza se ha cobrado nuevas víctimas: los pensionistas. El “caprichoso” calendario electoral ha querido que gallegos, vascos y catalanes hayan ido a votar sin conocer cuál iba a ser finalmente la suerte de las pensiones en 2012. Esto es, si el Gobierno compensaría la pérdida de poder adquisitivo acumulada a lo largo del año como consecuencia de una revalorización inicial de las pensiones en enero pasado del 1% muy inferior al IPC interanual del 2,9% en el mes de noviembre, que es el que se toma como referencia según la Ley. Pese a que apenas cuatro días antes de tomar la decisión el Gobierno, por boca de su Secretario de Estado de Seguridad Social, todavía defendía que había margen para compensar esta desviación, el enésimo Decreto-ley aprobado por los populares ha dejado sin efecto este mecanismo legal de compensación, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas de casi dos puntos (1,9%).

Ante todo, se trata de una decisión injusta. Todos los pensionistas, incluidos los perceptores de pensiones mínimas, sufren ese perjuicio en 2012: el pensionista medio (833 euros mensuales) habrá perdido sólo este año 222 euros. Y a ello hay que añadir el perjuicio que supondrá la suspensión del mecanismo de revalorización en 2013. Me explico. Las pensiones se incrementarán el próximo año en un 1 ó 2% en función de su cuantía; pero para los pensionistas (casi) tan relevante como esto es que tal será la subida cualquiera que sea la inflación en noviembre de 2013. Si tenemos en cuenta que en los quince últimos años –con la única excepción de 2009– el IPC se ha situado en noviembre siempre por encima del 2%, parece previsible que los pensionistas vuelvan a perder poder adquisitivo en 2013.

Por si no fuera poco, esta doble congelación parcial de las pensiones viene a añadirse a otras decisiones del Gobierno del PP que han recortado la renta disponible de los pensionistas con consecuencias directas en su calidad de vida y en la del resto de miembros de las unidades familiares en las que se integran cuyos ingresos dependen cada vez más de aquéllos. Se hace referencia a las subidas de impuestos (IVA, IRPF) pero, sobre todo, al recorte de las prestaciones por dependencia y al copago farmacéutico.

La decisión del Gobierno de Rajoy también es torpe, en la medida en que puede haber vulnerado la Constitución. Desde un punto de vista jurídico, la actualización de las pensiones por desviación de la inflación no es una mera expectativa, sino un derecho que al final del mes de noviembre ya se ha devengado conforme a lo que establece la Ley General de Seguridad Social. Por eso es razonable considerar que su inaplicación sobrevenida es, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, contraria a dos principios consagrados en el artículo 9.3 de nuestra Norma Fundamental: el de seguridad jurídica y el de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales.

En tercer lugar, no menos grave es que pueda calificarse la decisión de falaz. No sólo por esas reafirmaciones sobre la voluntad del Gobierno de cumplir el mandato legal, por el incumplimiento de su programa electoral y de mandatos parlamentarios recientes o por la incoherencia de utilizar para justificar su actuación los mismos argumentos que tan fieramente criticaron desde la oposición. Sino, en particular, por la deliberada confusión con la que se aplica la medida: con tal de evitar el término “congelación” –y así seguir vinculando este estigma al PSOE– los populares optan por una fórmula que, respaldada por una potente política comunicativa, pretende ocultar que sólo en 2012 la pérdida de poder adquisitivo de todos los pensionistas ha sido mayor que la que experimentaron durante el Gobierno de Zapatero.

Dos apuntes para finalizar. De un lado, esta reducción de las pensiones marca seguramente el inicio de un proceso agresivo de recortes en materia de Seguridad Social que, no se olvide, es el corazón de nuestro Estado de bienestar. De otro, el desgaste que previsiblemente va a sufrir el Gobierno de Rajoy como consecuencia de esta medida no va a poder a ser capitalizada por el PSOE si no es capaz antes de reconocer que congelar las pensiones en 2011 fue un error político mayúsculo.

diciembre 11, 2012

ELA denuncia la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas mientras la banca recibe “más y más dinero”

Iturria: Finanzas.com – 2012/12/10

El sindicato ELA ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas debido a la “no actualización” de las cuantías que perciben, mientras la banca recibe “más y más dinero” con préstamos que “pagaremos con durísimas reformas estructurales”.

En un comunicado, ha criticado al Gobierno de Mariano Rajoy que, pese a que “en su programa electoral aseguró que recortaría en todo menos en sanidad, educación y pensiones”, en su primer año de mandato los recortes en sanidad y educación “superan ya los 10.000 millones de euros, a los que se suman el copago farmacéutico o la subida de las tasas universitarias”, y además “ahora ha llegado el turno de las pensiones”.

De este modo, ha lamentado que el Ejecutivo central “ha dejado sin vigor en 2012 el artículo de la ley que le obliga a revalorizar las pensiones de acuerdo al Indice de Precios al Consumo”, después de que el anterior gobierno, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, decidiera “congelarlas” en 2011.

“Poco después, en el primer Consejo de Ministros de Rajoy que se celebró el 30 de diciembre de 2011, decretó un aumento de las pensiones en 2012 del 1 por ciento. Pero tocaba esperar a noviembre de 2012 para ver si el incremento era suficiente. Los precios han subido en noviembre un 2,9 por ciento en tasa interanual, por lo que se concluye que ese incremento llevado a cabo a principios de año no fue suficiente”, ha advertido.

ELA ha destacado que la “no actualización” de las prestaciones supondrá una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas de un 1,9 por ciento.

El sindicato vasco ha indicado que, tras aprobarse el incremento de pensiones en 2013 de un 1 por ciento –salvo las inferiores a 1.000 euros, que subirán un 2 por ciento–, “habrá que esperar a la decisión que tomen en noviembre del próximo año para ver si revisan las pensiones o no las revalorizan al igual que ha sucedido este año”.

A ello, ha añadido, se suma “la incógnita de si cambiará o no el criterio de actualización en la prevista puesta en marcha del factor de sostenibilidad, que se abordará en la reforma de las pensiones”.

La central ha explicado que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros contempla otros cambios como la regulación del Fondo de Reserva ya que “queda suspendido” para 2012, 2013 y 2014 el límite en que se podía recurrir a este fondo para pagar las pensiones, establecido en el 3 por ciento del gasto anual en pensiones contributivas. “SOLO EL INICIO”

En un contexto en que “la cuantía de las prestaciones se ve mermada”, ELA ha denunciado que “la banca sigue recibiendo más y más dinero” y, mientras el ahorro por “no actualizar” las pensiones en 2012 se eleva a 2.100 millones, el gobierno ha anunciado que “los primeros 39.468 millones de euros que Europa presta al Estado español para entregárselo a los cuatro bancos nacionalizados y el banco malo llegarán a mediados de este mes”.

“El FROB estará listo para inyectar 17.960 millones en Bankia, 9.080 millones de Catalunya Banc, 5.425 millones en NCG Banco y 4.500 millones en el Banco de Valencia (que ha sido vendido a La Caixa por un euro, tras esta inyección de dinero público). Esto sólo es el inicio, ya que habrá una cuantía adicional cuando se presenten los planes de reestructuración de las otras entidades no nacionalizadas que necesitan ayudas públicas”, ha alertado.

El sindicato ha resaltado que, pese a “lo que se nos ha hecho creer”, este préstamo viene condicionado con “durísimas medidas que serán vigiladas muy de cerca por la Troika”. De este modo, ha lamentado, “estos préstamos los pagaremos con durísimas reformas estructurales”, de forma que “la sociedad se empobrecerá más, el paro incrementará y seguirán con la destrucción del estado de bienestar”.

Además, ha augurado que “es previsible que no se recupere prácticamente nada de esas decenas de miles de millones de euros que se dan a la banca”.

noviembre 1, 2012

Nueva reforma de la Seguridad Social

Iturria: José Ramón Urrutia Elorza / Noticias de Gipuzkoa – 2012/10/29

El gobierno del PP, con las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario del día 27 de setiembre, prepara una nueva reforma de la Seguridad Social, que sería la décima desde la transición a la democracia, sin que la aprobada por los socialistas con los sindicatos UGT y CCOO como compañeros de viaje el pasado mes de julio del año 2011, haya prácticamente entrado aún en vigor.

Pocos meses después de la publicación de la última reforma en el Boletín Oficial del Estado, el Director del Departamento Europeo del FMI decía textualmente, anticipándonos lo que nos va a venir, “La reforma no es tan buena como las que hemos visto recientemente en otros países europeos”.

¿Qué aspectos más importantes puede contemplar la reforma anunciada?

1.-La modificación de las condiciones de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial.

Parece muy posible que en el nuevo texto se retrase el acceso a la jubilación anticipada desde los 61 años a los 63 años, sin las excepciones actualmente vigentes.

A fecha presente un trabajador puede jubilarse anticipadamente a los 61 años con una reducción de su pensión. A partir del 1 de enero de 2013, y con la reforma aprobada por el presidente Rodríguez Zapatero, la jubilación prematura solo se podrá conseguir a los 63 años, salvo para los despedidos por causa objetiva económica y en los casos de jubilación parcial por contrato de relevo, que mantienen la posibilidad de hacerlo a los 61 años.

El gobierno del PP, con la nueva reforma anunciada, pretende suprimir estas dos excepciones, y generalizar los 63 años como edad más temprana para acceder a la pensión de jubilación.

Poner más dificultades a la jubilación anticipada a los 61 años, afectará a los trabajadores que pierdan su empleo en edades elevadas.

En la actualidad un trabajador que sea despedido o que pierda su puesto de trabajo en edad superior a los 50 años, con la dificultad existente a la fecha y en un futuro próximo en el mercado laboral, el único camino posible, salvo una rápida readaptación profesional y ubicación en otro puesto de trabajo, es el de agotar el período de percepción tanto de la prestación por desempleo y del subsidio, si tuviera derecho a ello, como paso previo a la jubilación anticipada.

En el año 2011, a nivel estatal, se beneficiaron de la jubilación anticipada más de 110.000 trabajadores, casi el 40% de los que alcanzaron ese año la prestación de jubilación.

2.-La aceleración en la aplicación de los factores de sostenibilidad existentes en la reforma socialista.

La nueva renovación pretende revisar, en concreto acortar, los períodos transitorios establecidos en la anterior reforma, para elevar cuanto antes a 67 años la edad de retiro, dejando abierta la opción de los 70 años. En cuanto a los años de cotización los 37 años serán requisito imprescindible, pudiéndose ampliar hasta los 38,5 años.

En íntima relación con todo lo anterior, se intenta ampliar el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación superando los 25 años, y tendiendo hacia un alargamiento progresivo que contemple toda la carrera profesional del trabajador, como ya se viene utilizando en otras reformas llevadas a cabo recientemente en la UE. Este aspecto ya se anunciaba y se anticipaba en la última reforma aprobada. Además en función del aumento de la esperanza de vida del colectivo de pensionistas y beneficiarios, el sistema público irá exigiendo más años de cotización y actualizando las bases de cotización para conseguir la prestación de jubilación (sostenibilidad del sistema).

Por ahora, el período de carencia, mínimo exigido para tener derecho a pensión de jubilación, se mantendrá en quince años.

Todo lo anterior supondrá una rebaja sustancial e importante en la futura pensión del actual cotizante, con el único objetivo de frenar el déficit galopante del sistema público de pensiones.

3.- La rebaja de las cotizaciones y la subida de las bases máximas.

Parece ser, que la rebaja comprometida con los empresarios, para ayudar a la tan esperada recuperación del empleo, y que iba implicar una reducción en los ingresos por cotización por parte de los empleadores en los ejercicios 2013 y 2014, tal como se especificaba en el documento-programa remitido por el gobierno con fecha de agosto pasado a la Comisión Europea como compromiso de información a cambio de la prórroga de un año en la exigencia de reducción del déficit a una cuantía equivalente al 3% del PIB español, no se va a llevar a efecto.

Por otro lado, el gobierno del PP va a proponer que la base máxima de cotización para los trabajadores por cuenta ajena se incremente en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, así mismo el ejecutivo subirá también en ambos años un punto adicional a la variación del IPC la cuantía de la pensión máxima. Este último aspecto no se había contemplado ni modificado desde hace muchos años en las reformas llevadas a cabo.

Las bases de cotización en el régimen de la Seguridad Social están topadas en 3.230 euros/mes, y un colectivo importante de trabajadores de cierta cualificación, responsabilidad y con salarios superiores queda exento de cotización. Con la elevación de la base mensual se intenta incrementar los recursos del sistema público. En la actualidad solo el 4% de los aportantes totales cotiza sobre la base máxima.

Además el ejecutivo del PP, salvo imprevisto de última hora, también se propone llevar a cabo un incremento adicional de un punto en la base mínima de cotización de todos los trabajadores autónomos.

Como colofón, es intención de la Administración del Estado completar a su cargo la financiación de los COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE LAS PENSIONES (contribución para aquellos que no han llegado a cotizar el mínimo requerido), lo que supone en realidad adelantar el compromiso adquirido en el Pacto de Toledo, y aliviar a la Seguridad Social, a sus cotizantes y pensionistas, de una carga y un compromiso que nunca debieron de haber financiado, ya que es un gasto social que siempre debía de haber sido soportado por el Presupuesto del Estado, y con cargo a los impuestos recaudados. En algo se aliviará el déficit de la Seguridad Social.

octubre 29, 2012

ELAk Elkarkidetzako ekarpenak egin daitezkeela eta egin behar direla berresten du

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/26

ELAk positibotzat jotzen du Konstituzio epaitegiak, Eusko Jaurlaritzak jarritako inkostituzionalitate errekurtsoa tramitera onartu izana eta EAEko administrazio guztiei exijitzen die bertan behera utzi dituzten Elkarkidetzara egin beharreko ekarpenak mantendu eta aktibatu ditzaten.

Aurreko abenduan, Rajoyren Gobernuak, Dekretuz, administrazio publikoei enplegu pentsio planei egin beharreko ekarpenak egiteko ezintasuna ezarri zien. EAEko udal eta foru administrazioan, urte askotan borrokaz eta negoziazioaz lortu eta kontsolidaturiko Elkarkidetza BGAEari eraso zuzena suposatu zuen horrek.

Dekretu hauek medio, Rajoyren Gobernua inposatu nahian dabilen erabakiak, Pentsio alorrean Europako ildoen kontrako erabakiak dira, bizi arteko Elkarkidetza bezalako sistemen alde egin eta langileak babestu beharrean, berauek txirotu eta babesik eta erregulaziorik gabe uzten baititu. 

Hau ez da langileen lan baldintzen aurkako eraso bat bakarrik, baita Euskal Autogobernuaren aurkako eraso argi bat ere. Izan ere, BGAE alorrean, konpetentziak transferituak daude eta Espainiako Gobernua gai honetan dekretuz sartzean, berauek bereganatzen ari baita.

Zentzu honetan, positibotzat jotzen dugu Konstituzio epaitegiak, Eusko Jaurlaritzak  administrazio publikoei pentsio planei ekarpenak egiteko debekua ezartzen dien 20/2011 Erret Dekretuaren aurka jarritako inskostituzionalitate errekurtsoa onartu izana,

ELAk Hego Euskal Herriko instituzioei exijitzen die Madriletik ezarri nahi dizkiguten dekretuak ez aplikatzeko eta Euskal Herrian politika propioak aplikatzeko, eta ildo honetan, Elkarkidetzara egin beharreko ekarpenak mantendu eta bertan behera utzitakoak aktibatu ditzatela, izan ere gaur egun, ekarpenak egiteko borondate politikoa duenak, egin baititzake.

octubre 29, 2012

ELA insiste en que se pueden y se deben hacer aportaciones a elkarkidetza

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/26

ELA valora positivamente que se haya aceptado a trámite el recurso de incostitucionalidad que interpuso el Gobierno Vasco y exige a todas las administraciones de la CAPV a que mantengan y en su caso reanuden las aportaciones suspendidas a Elkarkidetza.

El pasado mes de diciembre el Gobierno de Rajoy dictó mediante un Decreto, la prohibicion para las administraciones publicas de realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo.

Para la administracion local y foral de Euskadi, un ataque gravísimo a la EPSV Elkarkidetza, logrado y consolidado mediante muchos años de lucha y negociacion.

Las decisiones que a base de decreto está queriendo imponer el Gobierno de Rajoy contradicen las directrices Europeas en el tema de las pensiones, ya que en vez de proteger a los trabajadores/as y apostar por un sistema vitalicio como el de Elkarkidetza, desregulan y desprotegen a los mismos apostando por empobrecerles.

No es sólo un ataque a las condiciones laborales de los/as trabajadores/as, sino también un ataque claro al Autogobierno vasco al estar transferidas las competencias en materia de las EPSV y al decretar el Gobierno en esta materia, se está apoderando de las mismas.

En este sentido valoramos positivamente que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno Vasco  contra el Real Decreto Ley 20/2011 que prohibe a las administraciones publicas realizar aportaciones a planes de pensiones.

Desde ELA, exigimos a las instituciones de Hego Euskal Herria, a que no acepten los decretos de Madrid y apliquen políticas propias en Euskadi, y por consiguiente mantengan o reanuden las aportaciones suspendidas a ELKARKIDETZA, ya que hoy, el que tenga voluntad política de pagar, lo puede hacer.

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